Bienvenidos a la Andalucía del “gobierno imposible”. Así la bautizó Juanma Moreno durante la campaña electoral, poniéndose en la tesitura de tener que meter a Vox en su Ejecutivo, en caso de perder la mayoría absoluta.

Este domingo tomará posesión como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, por tercera vez, y la semana que viene nombrará a los 13 consejeros de su gabinete. Uno de ellos, el flamante vicepresidente, será el portavoz de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. Desde hoy, “Manolo”. “Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto”, le dijo, en un primer gesto público de afabilidad, para destensar la tensísima comparecencia posterior a la rúbrica del pacto de gobierno PP-Vox, el cuarto en España.

El jueves pasado en el Parlamento, media hora antes de la segunda votación de investidura, ambos líderes firmaron un acuerdo de gobierno y de legislatura que garantiza la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo, la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y un reparto de carteras desigual: 12 para el PP, una para Vox. Hasta ahí, la sonrisa etrusca de Moreno.

La única consejería de Vox es una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, “la misma que gestionaba Juan Marín”, líder de Ciudadanos, en el primer Gobierno de coalición que presidió Moreno [2019-2022]. Este paralelismo no es simple anécdota.

El líder popular lo usa como un guiño indisimulado para todos los analistas y periodistas parlamentarios que recuerdan aquella primera legislatura —“la Andalucía encapsulada”; la del “mucho ruido y pocas nueces”— y les viene a la cabeza el papel de comparsa que jugó el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos.

Moreno aspira a encajonar a su nuevo socio de Gobierno en el mismo marco mental que al anterior: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente. Tan satisfecho por hacerse un hueco en el Consejo de Gobierno, que terminarían fagocitados políticamente por el PP, borrados del Parlamento [de 21 escaños a cero], reafiliados masivamente al partido de Moreno —antes rival; ahora jefe— y colocados todos en puestos de tercer y cuarto nivel en el nuevo Ejecutivo con mayoría absoluta del PP [a excepción de la consejera de Empleo, que pasó del naranja al azul sin moverse del gabinete].

Esa es la proyección mental que hace el presidente andaluz, esa es la estrategia. Y, a partir de aquí, el desguace de la marca Juanma Moreno, referente de la derecha moderada en España. De la “vía andaluza” a la prioridad nacional. De la “revolución verde” a la contrarrevolución y el “no al fanatismo climático”.

En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia' (Editorial Espasa) aparece un tigre como metáfora de la política radical e intolerante, lo opuesto a la moderación que defiende su autor. “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shere Kahn?”, escribe Moreno, valiéndose del protagonista y el antagonista de El Libro de la Selva.

En su libro también aparece Sir Winston Churchill que, frente a la amenaza creciente del nazismo y la tesitura de negociar o entrar en guerra contra Hitler, también citó a un tigre, probablemente el mismo: “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca” (1940).

“Leyes ideológicas”: Violencia de Género, Trans y colectivo LGTBI

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, está atravesado de principio a fin por todas las obsesiones xenófobas de la extrema derecha y otras guerras culturales: el rechazo, estigmatización y, a ratos, la criminalización de los inmigrantes; el enfrentamiento a las políticas medioambientales y contra el consenso europeo en torno al Pacto Verde y la Agenda 2030 [que Moreno solía lucir con un pin en la solapa de su chaqueta]; el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos (“Se acabaron las mariscadas”), de las ONG y las ayudas a la cooperación internacional; y el rechazo a las “leyes ideológicas”, que aparecen en el penúltimo punto del texto sin nombres ni apellidos, pero a las que Vox ha identificado abiertamente durante los últimos cuatro años de sesiones parlamentarias.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse.

Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas (¿toca discutir sobre el “efecto práctico actual” del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)?

El partido de Santiago Abascal ya planteó derogar estas leyes en aquella primera negociación con el PP a cambio de sus votos en la primera investidura de Moreno, pero entonces los populares, pese a tener el peor resultado de su historia (26), aguantaron el envite y las leyes finalmente se salvaron. Ahora entramos en otro escenario, más confuso, en el que los dos socios de Gobierno van a interpretar, cada uno a su manera, si lo que dice ese artículo del acuerdo significa exactamente lo que parece.

Y esto va a ocurrir prácticamente con las 150 medidas, sobre todo las más duras, las que cuentan con una redacción más ambigua, que no son pocas. Ocurrió así en 2019: el PP se va a aferrar a la estricta literalidad de lo que está escrito en el pacto, negro sobre blanco, y Vox hará una reinterpretación extensiva del mismo. “Eso no es lo que dice el acuerdo”; “Eso no forma parte del pacto”; “Cada uno es libre de interpretar como quiera, pero el pacto dice lo que dice” [reminiscencias del primer pacto PP-Vox].

Esto ya está ocurriendo. Prioridad nacional: “Exclusión de acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Cinco minutos después de firmar el acuerdo, Moreno aseguró que la “prioridad nacional”, lejos de reajustar la normativa para discriminar al inmigrante en el acceso a las prestaciones públicas, era un sinónimo del “baremo” que ya usa la Administración en el reparto de ayudas: “La prioridad social es el arraigo”, dijo. “La prioridad nacional va a ser más que el arraigo. Que los españoles sean los primeros en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública protegida”, le corrigió Gavira horas después.

Aferrados a la “legalidad vigente”

El árbitro de esta previsible discordia sobre el verdadero significado del acuerdo de gobierno será “el marco de la legalidad vigente”, presente cada dos por tres a lo largo de las 60 páginas, como una suerte de guardián de las esencias democráticas. Moreno ha consentido en aceptar medidas de índole racistas -como la segregación de los enfermos extranjeros, para cuantificar el coste diferenciado que representan para la sanidad pública-, pero las más disruptivas vienen condicionadas (“amortiguadas”, dice un alto dirigente del PP-A) por alusiones explícitas al “cumplimiento de la ley”. Que no dejan de ser llamativas, tratándose de un programa de gobierno.

“La política social del Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”; “En la medida en que lo permita la legislación vigente...”; “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda... adecuado a la legalidad vigente”; “Se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad vigente...”. “El acuerdo es legal”, se apresuró a ponerle nombre el propio presidente andaluz nada más firmarlo, sin que ningún periodista aún lo hubiese leído ni preguntado. PP y Vox han firmado un pacto programático de gobierno “sereno”. “Y legal”.

Aunque parezca de perogrullo, aunque en el lenguaje administrativo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las referencias al marco legal sean una constante y de obligada mención, lo que se firmó el jueves no deja de ser un documento político, al que el PP ha metido esas morcillas como “salvaguarda” de lo que está por venir: ese Gobierno “imposible” que vaticinaba Moreno en campaña.

Un Ejecutivo con “gente que no tiene experiencia de gestión en la administración”. “Algunas de las propuestas que hacen son irreales y otras son ilegales. Lo que no va a hacer el PP es incumplir la ley”, avisó el dirigente popular hace apenas un mes, cuando la prioridad nacional aún era un “eslogan vacío y efectista”.

Ahora los hombres del presidente y el propio Moreno son conscientes de que están atrapados en el marco mental de la ultraderecha, que les han impuesto su agenda y su lenguaje político, pero confían en que “todo esto pase pronto, en cuanto nos pongamos manos a la obra”. “La mitad de las cosas son irreales y las otras ilegales”, habían dicho. Y eso lo mantienen. “El terremoto político de las primeras horas era inevitable. Pero esto dura dos días, en cuanto se pongan a gobernar no les vamos a poner frenos nosotros, se los va a poner la realidad”, dice un consejero en funciones.

En la sala de mandos del Palacio de San Telmo esperan que Vox, una vez dentro del Ejecutivo, no tarde en darse cuenta de lo encorsetada que está la administración pública, la parsimonia burocrática, la fiscalización interna de los interventores y los letrados, lo rígidas que son las leyes y lo implacable que es la Constitución Española al velar por los derechos básicos de los ciudadanos, sin distinción de su origen. “No tardarán en darse de bruces con la realidad. Les pasó a los comunistas, cuando entraron en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán, le pasó al Podemos de Pablo Iglesias que se aburrió enseguida de ser el vicepresidente de Pedro Sánchez, y le pasará a Vox”, vaticinan las mismas fuentes.

Todavía es pronto para valorar el impacto real de ese acuerdo en las políticas públicas de Andalucía. Los populares confían en que pase la tormenta pronto y, tras el verano, regresar a la legislatura del “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que sí se puede calibrar -el presidente, desde luego, ya lo ha hecho- es el desgarro que este documento ha provocado en su propia imagen pública.

La política ya no es solo “el arte de lo posible”, no en el siglo XXI. No en el siglo de Instagram y de TikTok. La imagen pública de Juanma Moreno —tan trabajada y promocionada los últimos cuatro años de mayoría absoluta— son los cimientos del poder institucional del PP en Andalucía, desde la Junta a las diputaciones, desde las alcaldías hasta el Congreso de los Diputados.

Seis elecciones consecutivas ganadas, primera fuerza en las ocho provincias y en 600 de los 785 municipios de la comunidad. “Necesitamos un Juanma Moreno en cada pueblo”, bromeaba su equipo de campaña en las municipales de 2023, mientras paseaban a su estrella frenéticamente por todo el territorio andaluz.

“Pelos en la gatera”

Juanma Moreno va a seguir siendo un dirigente templado en las formas, porque él no es una persona bronca y su estilo de hacer política nunca ha sido pendenciero. Ni desde que es gobernante, ni cuando estaba en la oposición. Pero, a todas luces, en este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de ese capital político. “Nos hemos dejado pelos en la gatera”, ha repetido estos días.

Y llama la atención que el PP —el PP nacional que ha celebrado este pacto más incluso que el andaluz— considere que ese sacrificio personal de Moreno es un mal menor, porque les ha costado mucho consolidar esa marca… Y porque sin esa marca personal el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta, y después de este acuerdo con la ultraderecha cuesta imaginar que vuelva a conseguirlo. “Andalucía no estaba preparada para pasar de votar al PSOE, que gobernó 37 años seguidos, a votar al PP. Era necesaria una marca personal que sirviera de puente”, decía en campaña uno de los hombres del presidente.

El aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro: que la política podía no ser ideológica. Que se puede gobernar sin ideología o que se puede “encapsular” la ideología, o suplantarla por conceptos menos envenenados, como el “sentido común”, lema de campaña de Vox en las pasadas andaluzas.

El pacto con la ultraderecha destila ideología de ultraderecha, y Moreno sabe que eso pincha en el músculo dormido de la izquierda. “Esto lo cambia todo. Empieza una nueva partida. Se acabó la marca Juanma”, anunció el viernes María Jesús Montero ante el comité director del PSOE andaluz, para subrayar que la extrema derecha vuelve a gobernar en Andalucía “por primera vez desde el franquismo”.

Juanma Moreno ha sabido alimentarse de la desafección política vendiéndose como un líder no político, un oxímoron si atendemos la famosa cita de Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Pero un oxímoron de éxito con el que la derecha logró gobernar en Andalucía después de 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder.

Con la investidura de Moreno Bonilla, el Partido Popular da un paso más, asumiendo definitivamente la prioridad nacional y todos los postulados de la derecha ultra como propios. Ya no se puede alegar excepción, ya no hay vía andaluza que los diferencie. Vox ha conseguido que su agenda ultra pase a formar parte de la agenda de toda la derecha española.

Si a ello sumamos la prioridad nacional que esta semana proponía Aznar, una idea según la cual había que obviar a los nacionalismos de cara a la formación de gobierno para apoyarse únicamente en la derecha española, el proceso ya está completado. PP y Vox formarán a partir de ahora un todo indisoluble que aspira a gobernar España. Veremos si lo consiguen.

La secretaria general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este jueves como “vergonzoso” que el Parlamento andaluz vaya a afrontar la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin “conocer los detalles” del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que “por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un Gobierno en Andalucía”.

En declaraciones a los periodistas poco antes del inicio del debate en el Pleno del Parlamento, Montero ha asegurado que el pacto de PP y Vox es “doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo”.

“Creo que Andalucía merece más, no es de recibo que estemos a estas alturas sin conocer qué es lo que vamos a votar dentro del Parlamento”, ha censurado la líder del PSOE-A, que ha calificado la votación como “un fraude absoluto de investidura” para dar paso a un gobierno “que está en las antípodas de lo que propone el PSOE, porque va a practicar políticas que ya conoceremos la letra pequeña pero que desde luego nada tienen que ver con el proyecto de garantía de oportunidades que queremos impulsar los socialistas”.

Critica que Moreno “no tenga valentía”

Tras dejar claro que el pacto PP-Vox da paso a un gobierno “legítimo emanado de las urnas”, Montero ha centrado sus críticas en que “ni siquiera se nos haya dado la oportunidad de valorar en esta segunda votación por mayoría simple” su contenido porque “el acuerdo que se presenta el primer día y lo que se presenta según las palabras del propio señor Moreno, era un gobierno en solitario y desgranó una serie de medidas en las que desde luego no estarán todos aquellos puntos que la ultraderecha de Vox ha incorporado”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno “no tenga valentía para explicar en qué consiste ese acuerdo” ante el pleno del Parlamento, ya que se ha mostrado convencida de que la Mesa de la Cámara no atenderá su petición para que el contenido del pacto PP-Vox se pueda debatir. “Queda media hora y todavía no lo sabemos, es una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas que antes de la votación no se haya conocido con tiempo suficiente la letra pequeña”, ha concluido.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de “robo democrático” el hecho de que se vaya a votar al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Parlamento autonómico sin que todos los grupos conozcan el acuerdo alcanzado entre el presidente en funciones, Juanma Moreno, y Vox con el que será posible echar a andar la legislatura.

En declaraciones a los medios, José Antonio García ha asegurado que a Moreno “le da vergüenza, o la ha perdido toda”, explicar antes de la sesión el contenido del acuerdo, del que se han anunciado un centenar de medidas. “Nos parece de sentido común” que, antes de la votación, haya un turno en el que se explique en qué consiste el acuerdo entre el PP y Vox para que Juanma Moreno revalide como presidente andaluz. “Todos tenemos el derecho a saber qué se ha pactado y a poder debatir sobre ello”. “Qué tiene que esconder” Moreno, se ha preguntado el portavoz de la formación de izquierdas.

Adelante Andalucía ha querido dejar claro que le parece “alucinante” que “a 60 minutos de votar al candidato a la Presidencia de la Junta, independientemente de lo que cada partido vote, no conozcamos el contenido del acuerdo”. “Es un atropello democrático”, ha insistido García, que ha lanzado un aviso al “ex moderado Moreno”: “Las formas son importantes”.

Igualmente, el portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado de que el acuerdo entre el PP y Vox implica que “se están cachondeando del Parlamento y del candidato” incluso, ha apuntado, al haberse confirmado por Alberto Núñez Feijóo esta mañana. Moreno “no le importa ni a los suyos en Madrid”.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de “infame” el acuerdo alcanzado entre PP-A y Vox para la investidura del presidente en funciones y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno (PP), al que ha situado como “un peón en la operación entre Feijóo y Abascal”. “Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía”, ha añadido.

“Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fueron Azcón, Mañueco y Guardiola”, ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz poco antes del inicio de la segunda votación para la investidura de Moreno.

Maíllo ha criticado el “desprecio” al Parlamento que a su juicio supone anunciar el pacto horas antes de la segunda votación, sin que se pueda debatir en la cámara. Asimismo, ha lamentado lo “oculto” del contenido de las negociaciones en las últimas semanas.

“No hay partido de España con Austria que oculte el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy”, ha subrayado al mismo tiempo que ha señalado que la alianza en Andalucía supone un “salto cualitativo” en comparación con los acuerdos entre ambas formaciones en el resto de comunidades.

“Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Y es el primer día del final porque vamos a establecer alianzas sociales en Andalucía que no vamos a permitir ni van a permitir un retroceso en derechos”, ha aseverado.

Andalucía, la comunidad más poblada de España, se aproxima lenta pero inexorablemente a un pacto de gobierno entre PP y Vox clave para el futuro del país y de las próximas elecciones generales. Lo que están ultimando las dos fuerzas conservadoras en estas horas, previas a la segunda votación de investidura de Juanma Moreno, tendrá mucho más repercusión política que los pactos que ya han firmado en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo tendrá, necesariamente, por volumen: porque Andalucía contiene más habitantes que las otras tres comunidades juntas -8,5 millones de personas, casi el 20% del país-; porque maneja más presupuesto que las otras tres regiones juntas -51.600 millones de euros-; y porque aporta al Congreso 61 diputados de los 350 escaños.

La pica de Santiago Abascal en este territorio significa que “ya no hay marcha atrás”: la ultraderecha se ha hecho imprescindible para la gobernabilidad en el bastión de Juanma Moreno, referente del PP más moderado, al que ahora le empujan su centro de gravedad política hacia posiciones más ultra, más incómodas. “Juanma es una pieza de caza mayor” para Abascal, mascullan en el Palacio de San Telmo.

Si el acuerdo aún no está cerrado en Andalucía, es precisamente porque Moreno y los suyos pelean in extremis para conservar un perfil propio dentro del PP, para mantener esa singularidad que le hace destacar en su propio partido, como baluarte de la moderación, la concordia, el diálogo, y firme enemigo de la polarización, la bronca, el ruido y la crispación.

“Andalucía ya no es una excepción”

Moreno quiere firmar menos contrapartidas que otros barones territoriales del PP, porque considera que su resultado en las elecciones del 17 de mayo -el 41,16% de los votos y 53 escaños- es porcentualmente superior al resto: tiene más votos que hace cuatro años, es primera fuerza en las ocho provincias, saca más ventaja al segundo (PSOE) y al tercero (Vox) y, sobre todo, se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pero también es muy consciente de que “a Vox no le interesan las matemáticas”. “A ellos les da igual si necesitamos dos votos a favor o cuatro abstenciones, ellos tienen 15 diputados y van a hacer valer sus 15 diputados”, se lamentan en el entorno del presidente andaluz. “No entiendo por qué lo que es bueno para el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León no va a ser bueno para el PP de Andalucía”, dijo este miércoles el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en Tele 5. “Andalucía ya no es una excepción”, subrayan fuentes del grupo parlamentario.

Es el mito de Juanma Moreno, el verso suelto dentro del PP por obra y gracia de su mayoría absoluta, justo lo que Abascal aspira a desmontar. Y no es el único, porque una parte nada desdeñable de su propio partido, la que va desde Isabel Díaz Ayuso hasta el núcleo duro que rodea a Alberto Núñez Feijóo, ya da por amortizada su comunión con la ultraderecha, “la única fórmula posible para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa” en las generales de 2027, dicen fuentes de la dirección nacional.

Vox quiere, por tanto, alinear a Juanma Moreno con María Guardiola, con Jorge Azcón y con Alfonso Fernández-Mañueco, imponiendo las mismas cláusulas en la negociación: la “prioridad nacional”, ese axioma antiinmigrante que ya han engullido los otros tres barones del PP; el discurso beligerante contra la población extranjera, rechazando el reparto de los menores extranjeros no acompañados...

Esta parte, aunque sea la más mediática, es la que está más amortizada en el equipo de Moreno. En su primer pacto de investidura con Vox, en 2019, ya cimbrearon la negociación pidiendo la “deportación de 52.000 inmigrantes de Andalucía”, algo que posteriormente retiraron. Entonces, los populares se congratularon de haber logrado los votos de Vox a cambio de promesas en materia migratoria que “son competencias del Estado”. “A mí eso sólo me obliga a escribirle una carta al ministro de Interior”, ironizaba uno de los dirigentes del PP que estuvo en aquella negociación.

“Quieren más poder y más presupuesto”

Esos primeros tres años de convivencia política entre PP y Vox sirven de manual para entender lo que vamos a ver ahora: la ultraderecha, desde fuera del Gobierno andaluz, solía reinterpretar el acuerdo augurando unas consecuencias políticas que, en la práctica, nunca se dieron (véase en qué quedó el cacareado debate sobre el llamado “pin parental”); mientras que el PP, desde dentro del Ejecutivo junto a Ciudadanos, circunscribía su compromiso a la literalidad del pacto. Ni más ni menos. A la postre, los de Abascal consiguieron de aquel acuerdo más titulares rimbombantes que medidas reales.

Ahora, la preocupación del equipo negociador de Moreno ha pasado de largo de la prioridad nacional y se centra en reivindicaciones más tangibles. “Son más pragmáticos, quieren más poder y más presupuesto”, dice un dirigente popular. En esta lista de peticiones estaría la entrada de Vox en un Gobierno de coalición, que el PP ya da por descontado, según las fuentes consultadas, aunque hay “flecos importantes” sobre el reparto de competencias.

De entrada, los de Abascal aspiran a dirigir la consejería de Agricultura, igual que en el resto de territorios, aunque aquí el presupuesto que manejarían alcanza los 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas; o bien una cartera de “perfil social” que les permita maniobrar en sus guerras culturales (natalidad y políticas antiabortistas; asfixia financiera a ONG y ayudas a la cooperación...).

También reclaman dos miembros en la Mesa del Parlamento, para arrebatar a los populares el control absoluto del órgano que marca los tiempos y las prioridades legislativas de este mandato (esto obligaría a dimitir a dos de los miembros que puso el PP); una mayor presencia en los órganos de extracción parlamentaria, como la Defensoría del Pueblo Andaluz, y en especial en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA); y un replanteamiento del “pacto verde”, del posicionamiento político respecto a los acuerdos alcanzados en Bruselas que afectan al campo andaluz; y modular el discurso de Moreno respecto al cambio climático: “no al fanatismo climático”, le indicó su líder, Manuel Gavira, durante su intervención en el Pleno.

En el espacio de mayor coincidencia están las rebajas fiscales, bandera de Moreno con la que Vox siempre ha estado de acuerdo, y la desregulación y desburocratización de los trámites administrativos para agilizar los proyectos empresariales.

“Humillación”

El debate de investidura de Moreno en el Parlamento andaluz dejó al descubierto un cambio de registro entre la “humillación” de la sesión del lunes -la dirección nacional de Vox anunció el voto en contra cuando Moreno aún iba por la mitad de su discurso- y la “reconciliación” de la sesión del martes, en la que ambas formaciones se trataron con mimo y escenificaron un acercamiento de posturas, una predisposición a pactar “cuanto antes”.

A partir de ahí, comenzó en el PP andaluz el proceso para relativizar todo lo que antes de las elecciones parecía un “lío”. De entrada, ese “eslogan vacío” de la “prioridad nacional”, en palabras del propio Moreno. “Algunas propuestas son irreales y otras son ilegales. En este caso es la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes orgánicas las que nos marcan lo que tenemos que cumplir y el PP no va a vulnerar nunca la ley. Ahora, que ellos lo quieren denominar prioridad nacional, me parece muy bien”, dejó dicho durante la campaña.

Tras la votación fallida del martes, Moreno salió del hemiciclo confiado en cerrar el acuerdo con Vox en las siguientes 48 horas, antes de la segunda votación del jueves, próxima a las siete de la tarde, cuando se cierra el plazo límite. “La prioridad nacional la han firmado en todos los sitios. Es una habilidad coger una cosa que existe y decir que es tuyo”, avanzaban ya desde el entorno del presidente andaluz, tras admitir que estaban “cerrando flecos en la parte programática, y después irá la formación del gobierno”.

Por la parte de Vox, donde negocian dos emisarios de Abascal enviados desde Madrid, la sensación de prisa es infinitamente menor que en el PP. La ultraderecha se ha instalado en una posición de máximos -aunque Moreno les agradeció durante el debate su “esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”- y exige “plazos concretos y garantías de cumplimiento”.

“No vamos a cometer los mismos errores que con el acuerdo de investidura de 2019, que no cumplieron, por mucho que digan ahora que sí. Ya no somos novatos”, dice una fuente del grupo parlamentario Vox, tras subrayar que “ni van a renunciar a entrar en el gobierno ni a arrebatar la mayoría absoluta al PP en la Mesa del Parlamento”.

La oposición de izquierdas en bloque ha exigido a Moreno que vuelva a comparecer en el Parlamento, tras firmar el pacto con Vox, para someterlo al debate de la Cámara. El PSOE de María Jesús Montero prevé solicitar por escrito este debate bis de investidura al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, porque considera que el primero fue “un fraude y una humillación” para los andaluces. “Se votó un proyecto de gobierno en solitario, cuando todo el mundo sabe que hay un pacto con la ultraderecha”, ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

El portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, acusó a Montero de haber “importado a Andalucía el veneno del sanchismo desde el Congreso” y volvió a reprocharle que no haya facilitado la investidura de Moreno. “Han dicho que llega el fin del mundo, pero tienen en su dedo votar y no van a hacer nada para evitar ese fin del mundo”, ironizó.

Martín aseguró que “hoy están más cerca que ayer” del acuerdo con la ultraderecha, y defendió el diálogo con ellos por dos motivos: porque es “el único que ha mostrado disposición al diálogo”, y porque “con la izquierda no podemos compartir nada”.

La segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno ha retratado el aislamiento del candidato del PP y presidente de la Junta en funciones en el Parlamento andaluz, aún lejos de la reelección. Sus rivales políticos -todavía Vox se encuentra entre ellos, pero menos- le han hecho ver que la distancia que le separa de la mayoría absoluta necesaria para ser investido esta tarde es, simbólicamente, mucho más larga y empedrada que los dos votos afirmativos que le faltan. “Usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”, le espetó el portavoz de la ultraderecha, Manuel Gavira, en cuanto subió a la tribuna.

Moreno entró el lunes en el debate de investidura preparado para el desplante que le hizo Gavira al terminar un discurso de hora y media en el que desgranó su programa de gobierno y reivindicó su estilo de hacer política, centrándose en lo que le une al partido de Santiago Abascal, y orillando lo que le separa: se ha quedado corto, no ha mencionado la “prioridad nacional” ni ha hablado del “problema de la inmigración”, aún no hay acuerdo entre el PP y Vox y el martes votaremos que no, le vino a decir su futuro socio.

Para lo que no estaba preparado el presidente andaluz era para escuchar cómo el portavoz nacional de la ultraderecha anunciaba, desde Madrid, que dijese lo que dijese (y en ese instante aún le quedaba más de la mitad del discurso por decir), el voto de sus 15 diputados sería no. Y que volvería a ser no el jueves -cuando le basta con la abstención de cuatro parlamentarios- y que seguirá siendo no en adelante, hasta que el referente del PP más moderado se doblegue a las exigencias de Vox, como hicieron antes que él María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León.

Aunque se vanaglorien de “decir lo mismo en toda España”, estos días no es lo mismo escuchar a un dirigente de Vox en Andalucía que en Madrid. En la capital de España prima el “yo” de Vox y el sometimiento del PP; en Sevilla se usa ya el “nosotros”, y se habla de “trabajar juntos” y centrados en el “enemigo” común: la izquierda en general y Pedro Sánchez en particular.

Con todo, en la segunda sesión plenaria volvió a ocurrir lo mismo que el primer día: arrancó el debate a las diez de la mañana y la primera votación de la investidura de Moreno está fijada para las seis de la tarde -necesita mayoría absoluta-, pero a las 13.30 horas subió a la tribuna Gavira -“Aquí está el elefante”, bromeó- y terminó con el debate por anticipado. “Nuestro voto va a ser que no”, sentenció, “los andaluces le han dicho, señor Moreno, que usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”.

El portavoz de Vox fue tajante, pero también escenificó el acercamiento al PP, centrando sus esfuerzos en atizar al Gobierno de Pedro Sánchez, el mejor pegamento que une a las derechas. El partido de Abascal votará que no, pero ha dejado a Moreno las balizas para no perderse en el camino para llegar a un acuerdo. Y es un camino pedregoso para el referente del PP moderado: “Nuestro voto será un sí a la prioridad nacional, trabajamos en un acuerdo que nos permita priorizar a los de casa”, subrayó.

Y luego añadió otros imponderables de la ultraderecha que arañan “los principios” que Moreno se prometió, el día antes, no traicionar: “Nuestro voto será un fin al fanatismo climático, a la desregulación y al lastre de la burocracia, y a terminar con las políticas de puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza nuestra prosperidad. Será un bastión del sentido común y frente a la mafia que representa Pedro Sánchez”, sentenció. “Cuando llegue el momento, votaremos que sí, pero no a Moreno, sino al acuerdo de gobierno”.

Gavira le recordó una y otra vez a Juanma Moreno que se estrenó como presidente andaluz, en 2019, porque Vox así lo quiso. Le recordó que ya firmaron con él un acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios, pero que entonces “no cumplió, por eso hoy necesitamos un compromiso de cumplimiento con calendario”.

En la réplica, Moreno pidió “un esfuerzo de aproximación” de ambas formaciones. “Es una realidad que Vox es distinto al PP y que el PP es distinto a Vox. Tenemos visiones diferentes”, dijo, para lamentar el rechazo de todos los grupos a su investidura, y se mostró confiado en desatascar el pacto con la ultraderecha el jueves, cuando le baste la mayoría simple para ser reelegido.

El candidato popular agradeció al partido de Abascal, insistementemente, “su esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”. Y, por fin, empezó a hablar de inmigración. No se le oyó citar la “prioridad nacional”, pero sí metió en el mismo relato la inmigración y la inseguridad y la delincuencia.

Moreno pasó de cuestionar la política migratoria del Gobierno de Sánchez y el “reparto injusto” de menores extranjeros no acompañados entre comunidades -la razón que esgrimió Vox para salirse de sus gobiernos autonómicos de coalición con el PP- a hablar, muy duramente, de su “preocupación por la seguridad y las mafias ligadas al narcotráfico”.

Gavira, en su última intervención, volvió a tirarle de la oreja al presidente, pero dejó enfilado el acuerdo. “Ustedes han dicho: Vox no es nuestro socio preferente, es el único partido que se ha ofrecido. Y esto no suma, esto no ayuda. Usted y yo nos hemos dicho cosas muy feas y duras la pasada legislatura, y tenemos que guardarlas en un cajón en beneficio de los andaluces, y esa es nuestra actitud”, avisó.

Maíllo a Moreno: “La prioridad nacional es racista. Usted tiene que decidir”

En la hora y media larga que duró el discurso de investidura, el lunes, Juanma Moreno dejó dos huecos ostensibles que se convirtieron en noticia: no habló de la negociación con Vox, que arrancó hace una semana, y no mencionó la inmigración. Su primer rival en el segundo turno del debate, el líder federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, se lo reprochó nada más subir a la tribuna: “Tiene tanto valor político lo que no ha dicho como lo que ha dicho”, dijo.

“La prioridad nacional es una idea supremacista, clasista, racista y, sobre todo, xenófoba. En definitiva, es una idea fascista. Y usted tiene que decidir”, le espetó al candidato a la reelección. Y sentenció: “Necesita ser investido presidente con los votos de Vox, pero no es más que una pieza de peón en el tablero, como los presidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Quiere ser diferente, pero le han dicho que cumpla con la hoja de ruta”.

Maíllo regresó a la tribuna tras abandonar su escaño, en 2022, para regresar a la docencia. En su primer discurso atizó al presidente y le auguró que “se le había acabado el papel de moderado, porque tendrá que asumir la agenda de Santiago Abascal y del señor Feijóo”. El dirigente izquierdista enumeró las guerras culturales de la ultraderecha, desde el negacionismo climático y contra la violencia de género, hasta el discurso antiinmigrante, y expuso al barón del PP frente a sus “contradicciones”.

En un momento, incluso, llegó a preguntarle directamente: “¿Me considera un enfermo mental? Pues usted está negociando con un partido que considera a los gays enfermos mentales”, le ha espetado, mientras el dirigente popular negaba con la cabeza, visiblemente molesto.

En la réplica, Moreno puso las cartas sobre la mesa: de la inmigración dijo que es una competencia estatal, y que la postura de su partido “no ha cambiado”. “Queremos una inmigración ordenada, regulada e integrada en nuestra sociedad” y que venga a trabajar “en sectores que necesiten mano de obra”. Pero ya empezó a introducir matices para converger con la postura ultra de Vox, cuestionando que la mayoría de menores extranjeros no acompañados que llegan a España sean realmente menores.

“La falta de políticas migratorias de [Pedro] Sánchez trata a los inmigrantes como mercancías. Y trasladan a supuestos menores que no son menores. Demuestra falta de sensibilidad y mucha arrogancia de un Gobierno supuestamente de izquierdas que utiliza la inmigración como un instrumento político”, señaló.

Pero Moreno se demoró más para hablar del “elefante en la habitación”: “Sí, estamos negociando con el grupo Vox. Es más, nos gustaría llegar a un acuerdo cuanto antes, aquí no hay ni trampa ni cartón”, dijo, para subrayar que le urgen formar Gobierno y empezar a diseñar los Presupuestos Andaluces del año que viene en tiempo y forma. El candidato popular ha bautizado a las tres formaciones de izquierdas como “el bloque del bloqueo”, y les ha afeado que “no quieran negociar con el que ganó las elecciones, pero tampoco quieren que negociemos con el único grupo con el que podemos negociar: ni comen ni dejan comer”.

El presidente andaluz en funciones blandió el fantasma de la repetición electoral, que tocarían el 25 de octubre, y aplazarían la formación del nuevo Gobierno a las próximas Navidades. “¿Los andaluces quieren medio año de vacío?”, le preguntó a Maíllo.

García a Moreno: “¿Vamos a tener un vicepresidente no irá al 28F”

En el turno de Adelante Andalucía, su portavoz José Ignacio García se ha esmerado en “desmontar al personaje Juanma”. “Para usted Vox es un enorme favor, porque le hace parecer el personaje moderado que no es”, le ha dicho, tras recordarle que “nunca” ha tenido problemas para. ponerse de acuerdo con Vox.

“Se sube aquí a decirnos que va a tener que hacer cosas malas, y que si va a tener que pactar con la extrema derecha, es nuestra culpa”, le ha afeado. “No le hizo falta Vox para dejar tiradas a más de 2.000 mujeres con cáncer de mama, para aprobar cuatro universidades privadas, para que nuestros jóvenes tengan que pagar cursos de FP privados por 5.000 euros, para que las ciudades fueran invivibles por la gentrificación y el precio de la vivienda. Lo hizo usted solito”, ha insistido.

El dirigente andalucista se ha referido también a la prioridad nacional como un trampantojo que “impide hablar de los problemas de sanidad, educación y vivienda”. “Si usted es tan humanista como el Papa, suba aquí y diga que la prioridad nacional es un invento racista”, ha subrayado.

El líder de Adelante Andalucía, que ha pasado de tener dos diputados a contar con ocho, se ha preguntado, retóricamente, si “vamos a tener a un vicepresidente de la Junta que niegue la violencia machista; que no vaya al 28F; que diga ‘Andalucía es una patria islamista de un tal Blas Infante’...”. “¿Qué va a pasar el 4 de diciembre? Tendremos un vicepresidente que diga que la bandera de Andalucía es un trapo; que diga que los niños y niñas trans son enfermos... ¡Y que niegue el cambio climático! ¿Cómo va a ir al Comité de las Regiones Europeas, que usted es tan importante allí, que se van a cachondear de usted…”, le ha espetado.

Moreno ya respondió a Maíllo cuando le reprochó que asumiera el negacionismo de Vox ante el cambio climático y el pacto verde europeo. “Yo, Juanma Moreno Bonilla, creo que hay cambio climático, es más, considero que el responsable es la actividad humana”, había dicho.

El barón del PP ha cambiado el registro que solía usar con el portavoz de Adelante Andalucía, que la pasada legislatura tenía dos diputados y ésta cuenta con ocho. En el PP creen que el crecimiento sorpresivo del partido andalucista, que concentra gran parte del aumento de participación en las elecciones, les arrebató la mayoría absoluta.

Pero Moreno hoy lo ha negado de plano: “Usted no me quita votos a mí en ningún espectro social”, ha dicho, para atribuir su éxito electoral a la “erosión” de otras formaciones de izquierdas, sobre todo del PSOE, “que está en vías de desaparición”.

El dirigente popular ha sido más duro esta vez con García, al que le ha situado en el ángulo de la “izquierda radical”. “¿Usted es independentista o no? ¿Usted quiere la independencia de Andalucía?”, le ha interpelado, para luego acusarle de haber “sabido disimular una izquierda radical, anticapitalista y ultranacionalista con la sonrisa cuando a mí me ha acusado de opacar la realidad”.

“El andalucismo que usted representa es chiquito, no por el número de votos, si no porque su andalucismo es la blanquiverde con una estrella roja”, ha señalado. Y en la dúplica, también le ha atizado por no presentarse, a las claras, como una fuerza anticapitalista. “Ustedes se llamaban Anticapis, ¿no? Anticapitalistas es una propuesta política del siglo XIX, ya no son tan modernos”, señaló.

Juanma Moreno marca distancias con el resto de los presidentes autonómicos del PP que validaron el acuerdo de gobierno con Vox en sus discursos de investidura. Las negociaciones continúan a puerta cerrada para alcanzar un punto de encuentro que valide durante los próximos cuatro años un ejecutivo que permita, cuanto antes, aprobar los presupuestos autonómicos, según reclamaba repetidamente este lunes el líder de andaluces. No pronunció ‘prioridad nacional’, como hizo su homóloga en Extremadura, pero tampoco dio pie a relacionar inmigración e inseguridad, evitando el gesto a la ultraderecha. Una de cal y otra de arena con el objetivo de que la ‘vía andaluza’ recoja lo perdido tras no renovar la mayoría absoluta en las elecciones del 17M y que volverá a ser el camino marcado de cara a las generales, como bastión de Núñez Feijóo y guiño a las municipales.

Es más, las palabras más duras del discurso de investidura de Moreno no tuvieron otra diana que la oposición y el Gobierno de Pedro Sánchez. A las izquierdas las acusó de ni siquiera haber intentado, aunque bien lo sabía, recabar apoyos ante los resultados de unos comicios que él mismo “no quería” y, de alguna forma, obligarlo a tender la mano a sus contrincantes más directos. Pero la ‘vía andaluza’ se toma sus tiempos y, a pesar de que Moreno escenificó un distanciamiento ideológico y gestor de Vox, en el Parlamento andaluz quedaron el consejero Antonio Sanz y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, tratando de reconducir las negociaciones en la tarde del lunes. 

Al contrario de Andalucía, los barones del PP que gobiernan con Vox llegaron al hemiciclo con los deberes hechos a la jornada de investidura: Guardiola firmó el pacto en Extremadura el 17 de abril y cinco días más tarde fue proclamada presidenta tras cuatro meses de paralización; mientras, en Aragón, el PP de Jorge Azcón rubricaba el documento con Vox el 22 de abril para ser elegido el día 28; y Castilla y León protagonizó el último acuerdo el pasado 3 de junio, antes de que Fernández Mañueco fuera refrendado como presidente autonómico el 10 de junio. ¿Darán los de Santiago Abascal este balón de oxígeno a Moreno tan rápido? Las exigencias a las que se ha plegado el PP en el resto de comunidades no serán una excepción en el sur, aunque Moreno haga gala de su número de escaños:53 frente a los 15 de la ultraderecha. Aún así, el voto a favor o la excepción será la moneda de cambio.  

La extremeña Guardiola, de lleno con la inmigración

Moreno dejó pasar hasta 12 días después del 17M para levantar el teléfono, le recriminaba Manuel Gavira, la cara andaluza de Vox, al igual que “las prisas” con las que los apremiaban los populares, conocedor de la importancia de contar con esos 15 diputados que facilitarían su acción de gobierno. Eso sí, “cuando toque”, declaró hace dos días. Y la sorpresa se dio cuando llegó el “no”: un “no” esperado, pero temprano, ya que llegó 40 minutos antes de que terminara el discurso de investidura en el Parlamento, un golpe duro para quienes persiguen que haya una foto a pesar de las cortapisas de Moreno. “Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones: bloqueo y repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces”, manifestaba en el atril, para lo que pidió evitar el enrocamiento entre ambas partes y “saber ceder buscando el interés general de los andaluces”.

La pujanza económica, la industria, la creación de empleo, los servicios públicos, el turismo, el sector agrario... Moreno solo pronunció tres veces el nombre de Vox mientras que “Estado” llegó a escucharse hasta en siete ocasiones y “Gobierno central” otras doce; y la “prioridad” se dirigió a la vivienda, a los jóvenes, al sistema público de salud y a las políticas de agua.

En cambio, Guardiola se metió de lleno el pasado 18 de abril en la inmigración: “El inmigrante no es un culpable por defecto, es una persona con sus derechos y con sus deberes, pero la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano”, intentando diferenciar las circunstancias del individuo con las políticas estatalas a las que enfila el ala conservadora. “Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quien no tiene ninguna legitimidad”, en alusión a Cataluña, el eslabón perdido del PP, que sirvió en cada uno de los discursos, incluido el de Moreno, para hablar de una injusta financiación autonómica. Así, Guardiola lograba contentar a la ultraderecha a la vez que armonizaba con los principios del PP.

Entre los puntos firmados por cada gobierno del PP con Vox hay varios relacionados la ordenación migratoria, como el total desamparo a los menores migrantes. Si bien la extremeña reconoció su protección, habló de “la creación de una unidad de verificación del fraude prestacional y del padrón”, una concesión al partido ultraconservador para trampear la prioridad nacional, ya que, a día de hoy, el requisito que se puede extender para acceder a las ayudas y servicios sociales son los años de residencia en el territorio, y no la nacionalidad. En total, apenas tres minutos dentro de la amplia y detallada exposición que ya daban por hecho los ultras.  

Aragón y Azcón, “inspirados por la prioridad nacional”

Guardiola marcó el tono para los siguientes barones del PP en este nuevo ciclo electoral donde Vox centra su ofensiva contra la inmigración a través del principio discriminatorio de ‘prioridad nacional’ o deriva su discurso contra las políticas medioambientales de la Unión Europea. Temas más simples y generales, menos conflictivos y arriesgados, evitando así volver a poner el foco el negacionismo de la violencia de género o el rechazo al colectivo LGTBIQ+. Una rebaja de decibelios que son producto de una lepenización, en la senda de la extrema derecha francesa, para lograr arrancar el voto femenino y del colectivo queer de manos del PP. Temas incómodos que defendió Moreno en su intervención con mención a las políticas de igualdad y en diversidad, y que pasaron por alto Azcón y Mañueco.

En Aragón, Jorge Azcón salió al hemiciclo y defendió sin pudor su pacto con Vox en aras de la aprobación de las cuentas autonómicas durante los próximos cuatro años. “Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, ensayó, “es un principio fácil de entender: quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. El PP sonríe, porque acepta la treta, sin hablar de principios normativos, modificación legislativa, porque sabe que excede a sus competencias. Un teatrillo que contemplan sus socios, ¿a qué costo?

“Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad”, repitió, recriminándole a la oposición que “dejara de rasgarse las vestiduras”, porque “estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González”. Por tanto, las medidas de los populares pasan por endurecer la exigencia de mínimos, un grave escollo tanto para las personas recién llegadas como para un nacional que vuelve a su hogar, sin llegar a torpedear la sanidad pública universal, que volvió a entrar en vigor en el país este marzo. Así y todo, Azcón solo le dedicó tres minutos a la ‘prioridad nacional’, que pronunció dos veces, en el bloque intermedio, diluyendo así el efecto sobre su discurso.

Castilla y León renuncia a los retrocesos

Otros tres minutos y solo una mención a Vox. “Porque dialogar es escuchar, reflexionar y aceptar. Es acercar. Es recordar que todos tenemos parte de verdad, pero nadie tiene toda la verdad. Un diálogo que, en definitiva, es democracia”, amansó a la bancada de la oposición y a los propios Alfonso Fernández Mañueco al inicio de la investidura en Castilla y León. ¿La verdad de Vox que intentarán compensar los populares con medidas a medio gas? El barón popular conoce a sus socios de gobierno, con quienes ya rompió en el pasado, al igual que Juanma Moreno, y se refirió al principio esgrimido a partir “del arraigo real y verificable de sus beneficios con nuestra tierra”.

Esta es la única manera que tiene el PP de eludir e incluir en su discurso los requiebros éticos y legislativos a este mandato discriminatorio, tal y como expuso en los tres puntos de referencia que se marca el Gobierno autonómico: acatar “de manera escrupulosa” lo que dicen las leyes, nombrando a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, un sistema que no reconocen sus socios; segundo, “prestando de manera general” los servicios públicos esenciales sin alusión a las expulsiones de personas irregulares que firmaron; y tercero, “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad”.

El paso a la contra que marcó con sus predecesores fue la referencia a la inmigración, que, aunque mantiene los mandatos del PP, recoonce su aportación en la riqueza de la autonomía: una “inmigración legal y ordenada es fuente de progreso, por ello, siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo”, achacando a “las políticas fracasadas” del Estado el resto de males. “Quiero una Comunidad al servicio de todas las personas que viven aquí, por encima de sus orígenes o diferencias”, remató, “quiero una Comunidad rica en valores, humanista, tolerante”.

Moreno, que evitó la confrontación directa, tomó también las referencias humanistas del discurso del papa León XVI en el Congreso de los Diputados aludiendo “que lo legal sea verdaderamente humano” y a su consabido “diálogo, moderación y cercanía” para marcar el tono en el que se deben dar los siguientes cuatro años. Unas declaraciones que acarrearon el portazo de Vox en pleno debate de investidura, porque la estrategia nacional de la ultraderecha está en homogeneizar a todos los barones del PP y presentarlos como un partido más del sistema, obsoleto, así que la imagen de la ‘excepción Moreno’ no es una opción. Como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, otra ventana se abre, la que continúa para las negociaciones.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha insistido este lunes en acusar al PP-A y Vox de estar haciendo un “puro teatro” tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y se ha reafirmado en augurar un pacto entre ambas formaciones que, según ha criticado, se está escribiendo “en despachos de Madrid”, y que depende de lo que decida la dirección nacional de la ultraderecha.

Al igual que el resto de las izquierdas, el rechazo del discurso del dirigente popular es patente. Así, se suma a lo estimado por Antonio Maíllo, de la coalición Por Andalucía, y por José Ignacio García, de Adelante Andalucía, que niegan su apoyo al presidente en funciones y critican la supeditación de Moreno al dictamente de las esferas nacionales.

La también portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha realizado una valoración del discurso de investidura de Juanma Moreno, del que destacó que se trata de “un presidente encantado de conocerse”. Además, ha criticado que ha ofrecido “un discurso hueco y aburrido que viene a tapar de lo que realmente no quiere hablar, que es del elefante en la habitación”.

También ha sostenido que, en vez de “un discurso de investidura”, Moreno se ha dedicado a “embestir”, porque “no ha parado de confrontar con el PSOE y con el Gobierno de España”, y ha insistido en señalar que el PP-A y Vox están protagonizando un “puro teatro”.

“Se dirán lo que quieran públicamente, pero tienen la mano agarrada debajo del escaño”, ha aseverado en esa línea la representante socialista, después de que no se haya alcanzado aún un acuerdo de gobernabilidad entre PP-A y Vox en el marco de las negociaciones abiertas tras la pérdida de la mayoría absoluta de los 'populares' en las elecciones del 17 de mayo. Al respecto, ha enfatizado que Moreno “no acepta el resultado”, y que está en una “fase de negación”, y el discurso que ha ofrecido este lunes ha sido “una estafa”.

En todo caso, hay “indignación” de los socialistas por lo que ha considerado “más grave” de lo ocurrido este lunes, y es que, mientras Moreno “alardeaba de 'vía andaluza' y hacía un discurso en la sede de la soberanía popular”, donde están “representados más de ocho millones de andaluces, desde Madrid, Vox decía cuál iba a ser el futuro de Andalucía”, y avisando de que este martes votará que 'no' a la investidura del candidato 'popular' y “el jueves ya veremos”.

“Humillación al pueblo andaluz”

“Esto es una humillación sin precedentes al pueblo andaluz”, ha aseverado la portavoz socialista, que ha lamentado que Moreno esté “en brazos de la dirección nacional de Vox”, y que el “futuro” de los andaluces “se está escribiendo en un despacho en Madrid”, y “contra los andaluces y sus derechos”.

Sobre el discurso de Moreno, la dirigente socialista ha llamado la atención sobre sus promesas de “reformar”, porque, “en el lenguaje del Partido Popular”, eso “significa privatizar”, y en esa línea ha augurado que “van a seguir volando por los aires los derechos de los andaluces” si sigue gobernando el líder del PP-A.

En todo caso, María Márquez ha sostenido que, “como pasó” tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, en las que el PP-A pactó con Ciudadanos y con Vox para la investidura de su líder, lo que cuente Juanma Moreno “de nada vale”, y habrá que “escuchar lo que diga Vox en Madrid para saber realmente qué va a pasar con el futuro de Andalucía”.

Sin abstención

También ha criticado que Moreno se ha dejado en su discurso varias cuestiones “en el tintero”, y “ha vuelto a mentir con el modelo de financiación autonómica” que plantea el Gobierno central, además de que no ha hecho “ninguna mención” a la “financiación de los ayuntamientos en Andalucía, que depende también del Gobierno de la Junta”, que mantiene “congeladas las asignaciones de la Patrica -Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma- en sus Presupuestos”, según ha denunciado.

A preguntas de los periodistas, además, María Márquez ha descartado una abstención del Grupo Socialista para posibilitar la investidura de Moreno, porque está “radicalmente en contra de las políticas” que está practicando en el Gobierno de la Junta, además de que, según ha abundado, con su discurso ha trasladado que no tiene ninguna “intención de intentar entenderse” con el PSOE, ya que ha realizado “un discurso de confrontación permanente con el Gobierno de España”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado el “poco tiempo” dedicado en el discurso de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, a la violencia machista, los derechos de las personas LGTBI o el cambio climático, temas que ha calificado como “vetados” por Vox.

“Hora y media de discurso vacío, evitando los temas que le tiene vetados Abascal”, ha reprochado García, para terminar calificando de “vergüenza” la intervención de Moreno para ser investido presidente.

En esta línea, el portavoz de Adelante ha asegurado que Moreno se “ha quitado el disfraz” y le ha pedido que “diga la verdad” sobre el contenido de sus negociaciones con Vox. “Quince segundos dedicados a igualdad y a la lucha contra la violencia machista, catorce segundos a las personas LGTBI y los problemas son de otros, sigamos como estamos, que si nos criticáis es que desprestigiáis la sanidad en Andalucía. Una vergüenza de discurso”, ha reiterado García en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

Asimismo, ha asegurado que Moreno “no tiene programa de gobierno” y ha señalado la “falta de propuestas” en materias como educación, sanidad o universidades. “Cuando uno no tiene una solución a un problema y no afronta la realidad lo que hace es no mirarlo, pero cuando uno no mira el problema normalmente el problema se hace más grande”, ha concluido.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso inicial de investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, del que ha asegurado que “ha certificado la defunción de su vía moderada”, al mismo tiempo que ha lamentado su “opacidad” por las negociaciones entre el PP-A y Vox para formar gobierno.

“No ha contado absolutamente nada del único hecho políticamente relevante en estos días que ha sido el diálogo opaco, oscurecido y absolutamente hermético que tiene con la única fuerza con la que ha hablado y con la que descuelga el teléfono, que es con la ultraderecha de Vox”, ha afirmado en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

“Insulto, mentira y falta de transparencia”

En este línea, ha criticado el “triunfalismo” y “exceso de victimismo” mostrado a su juicio por el presidente en funciones, al mismo tiempo que ha asegurado que Moreno “no tiene capacidad para ofrecer un proyecto de futuro”. En este sentido, Maíllo ha reiterado que es necesario “conocer la factura” en relación con los contenidos de un posible pacto de gobierno entre PP-A y Vox.

“Parece como el niño de colegio que te pisa el cuello, que se trae al matón del recreo, y que después te pide ser su amigo. Difícilmente se puede establecer un marco de diálogo desde el insulto, la mentira y la falta de transparencia”, ha señalado en referencia a las acusaciones de su contrincante sobre las negativas de las izquierdas a entablar diálogo con el PP.

Llevaba Juanma Moreno 40 minutos leyendo su tercer discurso de investidura como presidente de la Junta de Andalucía, prometiendo la continuidad de su estilo de hacer política -“la moderación, la concordia”- y la continuidad de su “agenda reformista”, partiendo del reconocimiento de que nada de ello sería posible sin los votos de Vox.

Dos síes en la sesión de este martes, que requiere mayoría absoluta; o cuatro abstenciones el jueves, cuando basta la mayoría simple, recordaba el propio Moreno, cuando el portavoz del partido de Santiago Abascal, desde la sede central en Madrid, reventó todos los guiños, promesas y compromisos que le quedaban por leer, anunciando que sus 15 diputados votarán no mañana y probablemente también el jueves. Y quizá seguirán así en adelante, cuando empiece la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral, hasta que dobleguen al barón andaluz: “En primera [votación] no, y en segunda me parece que no. Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, dijo el portavoz nacional de la ultraderecha, José Antonio Fúster.

Así empieza la decimotercera legislatura en Andalucía y termina antes de tiempo, de sopetón, el tercer discurso de investidura de Moreno. Los 109 diputados siguieron escuchándole, pero tomaron nota de que “alguien desde un despacho en Madrid había decidido el futuro inmediato de Andalucía”, como auguró el barón popular en la campaña de las elecciones del 17 de mayo, que ganó con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta. “El lío” ha comenzado, está por ver si dura cuatro años o cuatro días.

De la negociación entre PP y Vox para investir a Moreno y garantizar la gobernabilidad de la comunidad más poblada de España se sabe poco, porque los partidos han impuesto un cierre de puertas y un silencio absoluto. Abascal ha enviado a dos negociadores a Sevilla, como ya hizo en 2019, Javier Bazán y Montserrat Lluis. Por parte del PP, todos son andaluces: Moreno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general del partido, Antonio Repullo, personas de confianza del barón territorial.

Pero el candidato popular debía saber que lo de hoy no iba a ir más allá de una declaración de principios, de ahí que usara su momento de gloria en el Parlamento para hacer un alegato de la llamada “vía andaluza”, trampantojo de la moderación, la estabilidad y el diálogo: “Mi carácter y mis valores son sólidos y no cambiarán”, avisó a Vox.

Y en hora y media larga de discurso, no sólo no ha mencionado la polémica “prioridad nacional”, ese axioma xenófobo que los de Abascal han impuesto a los otros presidentes del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León a cambio de sus votos. Moreno ni siquiera ha hablado de inmigración ni del peso de los inmigrantes en la economía andaluza -fuerza motriz del sector agroalimentario y de la hostelería- como hizo en 2022, cuando tenía mayoría absoluta; ni de inmigrantes “irregulares”, asociados a la delincuencia y la falta de “orden” en las políticas migratorias, competencia exclusiva del Gobierno central, como hizo en 2019, cuando sí necesitaba los votos de Vox.

En la Andalucía del tercer discurso de investidura de Moreno, la población migrante no existe. La dirección nacional de Vox ya había dado el portazo a mitad de discurso pero, por si había dudas, su candidato y portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, remató la faena al terminar de escuchar al dirigente popular: “Hemos escuchado algunas cosas que nos han gustado y cosas que no nos han gustado. No ha entrado en materias como la inmigración y la inmigración es un problema”, ha subrayado Gavira, preguntándose si María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueño estaban “cometiendo ilegalidades” al asumir su “prioridad nacional”.

No está claro si Vox va a pelear en Andalucía, como en el resto de comunidades, por entrar en el Gobierno del PP y exigir la consejería de Agricultura. Pero sí es evidente que el gran objetivo político de Abascal en esta comunidad, capital para las próximas elecciones generales, es evitar que Juanma Moreno siga siendo una excepción, una singularidad en el PP. Eso se acabó cuando perdió la mayoría absoluta y ahora Vox quiere alinear a todos los barones territoriales con la misma vara de medir, dependientes todos de él.

“Continuidad” y agenda “reformista”

Juanma Moreno ha sido elegido presidente de Andalucía en dos ocasiones: la primera, en 2019, con el peor resultado de la historia del PP (26 diputados) y los votos prestados de Ciudadanos y de Vox; en la segunda, en 2022, le bastaron los apoyos de su partido, que había ganado con una rotunda mayoría absoluta (58 escaños).

El tercer discurso de investidura del candidato popular, pronunciado este lunes en el Parlamento andaluz, busca un equilibrio entre el primero y el segundo: es una reivindicación de la “continuidad” de las políticas “reformistas” que ha desarrollado su gobierno los últimos ocho años (no sólo los últimos cuatro de mayoría absoluta) y de un modelo socioeconómico que considera de “éxito”; y es, sobre todo, un alegado en defensa de su estilo de hacer política (la moderación y la concordia“ de la llamada ”vía andaluza“).

“Tengo la convicción de mantenerla como vía del nuevo gobierno andaluz. Gobernaré para todos. Mi carácter y mis valores son sólidos y no cambiarán por las coyunturas políticas”, ha prometido Moreno, reafirmándose en su estilo templado, comparándose con el discurso “humanista” que el Papa León XIV pronunció recientemente en el Congreso.

Pero, a la vez, el discurso de investidura de Moreno es un texto trufado de guiños, promesas y cesiones a la ultraderecha, necesaria tanto para su reelección como para la gobernabilidad estable de la comunidad más poblada de España. El presidente en funciones no se llamó a engaño, lo dijo nada más empezar: “Nos hacen falta dos escaños, esa es la realidad, y cerrar lo sojos a la realidad sería un error”, adelantó Moreno, que situó su debate en la encrucijada que todos conocen: “o bloqueo institucional o repetición electoral”, pero también desde el minuto uno señaló como responsables del “lío” potencial a las tres izquierdas que nunca facilitarán su investidura -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía-, nunca a su socio preferente, que a día de hoy tampoco le apoya.

Equilibrios imposibles

El debate de investidura, que continuará este martes con la réplica de los grupos políticos, ha sido un ejercicio de contorsión en el que Moreno se ha aferrado a sus principios -“moderación, seguridad, estabilidad”- y ha reintroducido partes de la agenda política de Vox.

“Reintroducido”, porque ya lo hizo en 2019, tras firmar el primer pacto del PP con la ultraderecha en España, que empezó a romper los consensos sobre igualdad de género y lucha contra la violencia machista; sobre las políticas contra el cambio climático; sobre europeismo y autonomismo; sobre la integración de los inmigrantes desde una perspectiva socioeconómica (no vinculada a la delincuencia), e incluso sobre memoria histórica (Andalucía fue la primera comunidad donde el PP no votó en contra de una Ley de Memoria autonómica, aunque tras casi ocho años de gobierno haya asfixiado las políticas memorialistas achicando la financiación).

Moreno hizo suyos algunos de los postulados más ultra del partido de Santiago Abascal, aunque se protegió de las críticas bajo la “Andalucía encapsulada” -esa estrategia exitosa que aisló la política andaluza del ruido colindante- y, más tarde, logró desprenderse de algunos de aquellos estigmas gracias a la mayoría absoluta de 2022 (otros los ha mantenido hasta hoy, como el polémico teléfono de “violencia intrafamiliar”, término con el que Vox niega la violencia de género).

“La igualdad de hombres y mujeres es un principio irrenunciable”, ha subrayado este lunes, reafirmando su compromiso en la lucha contra la “violencia de género”. Esta frase, quizá en 2019, habría puesto en riesgo el apoyo de Vox, que entonces tenía el rechazo al feminismo en el frontispicio de su agenda, pero desde entonces los de Abascal han experimentado un proceso de lepenización que, como los ultras de Francia, han orillado algunas guerras culturales para centrarse casi de forma monográfica en el discurso antiinmigrante.

El barón popular ha buscado también la complicidad de Vox en el reproche sistemático contra el Gobierno de Pedro Sánchez, un escenario de coincidencia con los de Abascal durante toda la pasada legislatura. Todo lo que falla en Andalucía, ha venido a decir Moreno, falla por falta de inversión, por falta de compromiso o directamente porque el Ejecutivo de España está dinamitando las opciones de esta comunidad autónoma, de 8,5 millones de personas, y que maneja un presupuesto de 55.000 millones de euros.

La medida estrella del discurso de investidura de Moreno en 2022 fue una batería de rebajas fiscales con un impacto de 620 millones de euros en las arcas públicas durante los cuatro años de mandato, 260 millones sólo el primer ejercicio. No se ha cumplido aquella previsión, pero el PP sigue ostentando hoy la bandera de la “rebaja masiva de impuestos”, con la que Vox está plenamente alineado.

Moreno ha avanzado en esa “reforma fiscal”: nueva reducción del IRPF y Transmisiones Patrimoniales; deduccióin por la compra de gafas y lentillas a menores de 25 años; volver a suprimir el impuesto de Patrimonio; bonificar el impuesto de Sucesiones entre hermanos; y ha vuelto a prometer mayor “desregulación” y “desburocratización”, que agilice los proyectos económicos.

La primera “prioridad” que ha mencionado no ha sido la “prioridad nacional” de Abascal (ese sintagma xenófobo), sino la vivienda, el gran problema social de nuestro tiempo (25.000 personas se manifestaron el sábado en Málaga reclamando una respuesta habitacional); y la “prioridad sanitaria”, prometiendo que el presupuesto de la cartera de Salud crecerá sistemáticamente cada año.

También, en esta línea, el líder popular ha esbozado una “revolución del modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud, que ya ha quedado obsoleto hace años”, y ha anunciado como medida “pionera” un plan de “prevención” contra la soledad no deseada, que afecta a más de un millón de andaluces.

Otro de los “principios irrenunciables” que ha esgrimido Moreno es la defensa “frente a terceros” del sector agroalimentario, pilar de la economía andaluza, que moviliza 15.600 millones de euros al año. En este capítulo los equilibrios del presidente de la Junta han sido complicados, porque su partido (junto al PSOE) apoyó el acuerdo comercial Mercosur en el Parlamento europeo, al que Vox se opone abiertamente.

Moreno ha defendido la “preferencia comunitaria”, es decir, el marco europeo [sigue siendo presidente del Comité de Regiones Europeas], pero también ha introducido las críticas de la ultraderecha al desarrollo de esas políticas, denunciando que algunas cláusulas de esos acuerdos europeos con países extracomunitarios “dañan a nuestros productores”. “Exigiremos precios justos y ser respetados frente a productos de terceros países a los que no se le exigen las mismas obligaciones y estándares ambientales que a nosotros”, ha subrayado.

Vox aspira, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a hacerse con la Consejería de Agricultura, aunque en Andalucía el volumen de presupuesto que maneja es infinitamente mayor, con unos 2.000 millones de euros anuales.

El barón del PP hizo un llamamiento a la “unidad y la valentía” de la Cámara en un tramo de su discurso en el que rechazó de plano el nuevo modelo de financiación autonómica, firmado por la jefa de la oposición, la socialista María Jesús Montero, que le observaba desde su escaño. Moreno ha reclamado “suficiencia financiera” y ha acusado a Sánchez de “discriminar a Andalucía en las inversiones del Estado”.

La medida estrella del discurso de investidura de Moreno en enero de 2019 no estaba en el discurso, sino en la imagen en sí misma: el primer presidente de la Junta de Andalucía que no era del PSOE en 37 años. Sería elegido con los votos de los dos partidos que habían reducido al PP al esqueleto: los liberales de Ciudadanos y los ultras de Vox.

Uno de los cambios evidentes en la jornada de hoy es el ambiente de naturalidad con la que Moreno regresa a la investidura de manos de la ultraderecha, esta vez, sin el ambiente de asombro de entonces, sin las manifestaciones masivas de organizaciones feministas que en enero e 2019 rodearon el Parlamento en protesta por la alianza de PP con Vox, y respaldada por la mitad de los consejeros del Gobierno en funciones de Susana Díaz, dirigentes del PSOE-A, de Izquierda Unida y de Podemos. Hoy ya nadie se rasga las vestiduras ni alerta sobre el “fascismo”, que fue una palabra común en el diario de sesiones hace dos legislaturas.

Votación el martes y el jueves

El candidato popular ha desgranado los ejes de su tercer mandato y, hasta el martes a las 10.00 horas, el Parlamento no escuchará la réplica del resto de candidatos sobre la tribuna: María Jesús Montero, por el PSOE; Manuel Gavira, por Vox; José Ignacio García, por Adelante Andalucía; y Antonio Maíllo, de la coalición Por Andalucía. Obviamente será la palabra de Gavira la más esperada, si para entonces no se ha hecho público el acuerdo entre ambas formaciones.

La primera votación está prevista para la tarde del martes 30 de junio. Si Moreno no sale investido en ese momento, habrá una segunda votación 48 horas después, el jueves 2 de julio, en la que sólo necesitaría mayoría simple, es decir, bastaría con que los diputados de Vox se abstuvieran.

Reacciones de la oposición

Al término de la sesión, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso inicial de investidura del presidente en funciones de la Junta, asegurando que “ha certificado la defunción de su vía moderada”, al mismo tiempo que ha lamentado su “opacidad” por las negociaciones entre el PP-A y Vox para formar gobierno.

“No ha contado absolutamente nada del único hecho políticamente relevante en estos días que ha sido el diálogo opaco, oscurecido y absolutamente hermético que tiene con la única fuerza con la que ha hablado y con la que descuelga el teléfono, que es con la ultraderecha de Vox”, ha afirmado Maíllo en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de “vergüenza” el “poco tiempo” dedicado en el discurso de investidura de Moreno, a la violencia machista, los derechos de las personas LGTBI o el cambio climático, temas que ha calificado como “vetados” por la formación de ultraderecha con la que negocia un pacto de gobierno.

En nombre del grupo socialista, la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, ha cargado contra Moreno por “permitir” que el futuro gobierno se esté escribiendo “en un despacho de Vox en Madrid”, y que depende de lo que decida la dirección nacional de la ultraderecha, toda vez que ha sido el portavoz del partido de Santiago Abascal, desde la sede central en Madrid, quien ha avanzado que Vox votará en contra de la investidura de Moreno, mientras el propio candidato del PP leía su discurso previo a la votación prevista para este martes.

Juanma Moreno llega a su tercer debate de investidura, este lunes y martes en el Parlamento andaluz, sin tener aún los votos necesarios de Vox para repetir como presidente.

El candidato popular, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, podía haber dilatado sine die los plazos para negociar con la ultraderecha, pues ni el Estatuto de Autonomía ni el reglamento de la Cámara imponen un plazo al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, para convocar el Pleno de investidura.

Sin embargo, Moreno le pidió a Aguirre que lo convocase “cuanto antes” y éste, con disciplina de partido, lo hizo en cuanto terminó la ronda de contactos con los candidatos de los cinco partidos con representación.

Esta semana, por tanto, Moreno se somete a dos votaciones de investidura, la primera el martes (que requiere mayoría absoluta), y la segunda el jueves (con mayoría simple) y, si ambas fracasan, se activa la cuenta atrás para repetir las elecciones. Este segundo escenario es altamente improbable. De hecho, la activación acelerada del proceso de investidura sugiere que la negociación entre el PP y la ultraderecha está “muy avanzada”, indican fuentes populares, que tenían claro que Andalucía, con un presupuesto de 55.000 millones de euros para 8,5 millones de habitantes, “no puede permitirse estar sin gobierno seis meses, como le ocurrió a Extremadura”.

Moreno entra este lunes en el salón plenario del Parlamento andaluz -sin límite de tiempo- para leer un discurso de investidura que se alejará necesariamente del que pronunció hace cuatro años, cuando le abrigaba la mayoría absoluta, e introducirá “guiños” a Vox para incorporar sus exigencias al nuevo Gobierno.

De la negociación entre ambos partidos se sabe aún poco, de modo que el interés está en adivinar cuánto ha cedido el presidente popular a los postulados y las guerras culturales de la ultraderecha, en especial al discurso antiinmigrante de los de Santiago Abascal y su polémica “prioridad nacional”.

El margen de cesión es el que servirá también para analizar cuánto sacrifica Juanma Moreno de su consabida moderación, de su centralismo, de la famosa “vía andaluza” que, tanto en las formas como en el contenido, le han convertido en una singularidad dentro del propio PP. Lo va a tener difícil, porque lo que quiere Vox es, precisamente, cobrarse esa pieza de caza mayor. Obligar a Moreno a plegarse a sus condiciones -que le alejan de la centralidad donde se hizo fuerte y con la que ganó las elecciones al PSOE tras 37 años en el poder- como antes se plegaron María Guardiola en Extremadura; Jorge Azcón en Aragón; y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

A menos que este mismo lunes se cierre y se presente el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox en Andalucía, el discurso de investidura de Moreno seguirá las mismas pautas que la de sus predecesores en esas tres comunidades: el presidente de la Junta en funciones centrará su discurso en “lo que les une, que es mucho”, y orillará “lo que les separa”.

En el espacio de convivencia entre PP y Vox estarán las rebajas fiscales, la desburocratización, el ahorro en los gastos “superfluos”, las ayudas a la natalidad, y todo un bloque de exigencias, denuncias y artilugios de confrontación contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, el verdadero pegamento de las derechas.

En el segundo espacio, el de la discordia, es donde se va a mirar el programa presidencial de Moreno con microscopio, porque ahí se concentra el discurso sobre inmigración (que Vox asocia sistemáticamente a la delincuencia, como también hace el PP nacional); el cambio climático (que Moreno reconoce y Abascal niega); la gestión del sector agroalimentario, capital para la economía andaluza, que Vox ha convertido en un ataque antieuropeísta (con duras críticas al acuerdo de Mercosur votado por PSOE y PP); el alegato andalucista y autonomista, que la ultraderecha desprecia, y el feminismo.

Sobre esto último, cabe recordar que Vox ha protagonizado una suerte de lepenización en los últimos cuatro años, orillando sus ataques al feminismo y a las leyes contra la violencia de género y contra la homofobia, que en 2019 exigieron derogar a cambio de apoyar la investidura de Moreno. Hoy, y así quedó claro en la campaña electoral, el monopolio de su discurso está en el rechazo y la criminalización del inmigrante.

Los dos imponderables de la ultraderecha son, como en otros territorios, escuchar a Juanma Moreno en el Parlamento hace suyo el lema de la “prioridad nacional” -en campaña lo llamó “eslogan vacío”, porque plantea un escenario “ilegal e inconstitucional”- y entrar en su gabinete para gestionar la consejería de Agricultura, que en Andalucía maneja un presupuesto de 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas.

Nadie en el Ejecutivo en funciones ni en el PP-A ve posible que Moreno se salve del “tsunami de la prioridad nacional” pero, matizan, “si tiene que hacerlo, lo hará sin renunciar a sus principios”. ¿Cómo logrará ese equilibrio? “Hablando a la vez de la prioridad andaluza”, arguye uno de sus asesores, como ya hizo en campaña. “No son cosas incompatibles”, sentencia.

Guardiola no nombró este concepto xenófobo en su discurso de investidura, pero sí hizo guiños a Vox vinculando a los inmigrantes con la inseguridad y la delincuencia. Moreno también lo hizo en la ponencia política del Congreso regional donde fue reelegido presidente del PP andaluz, aunque luego lo borró de su programa electoral, y prefirió ligar a la población extranjera con las políticas sociales. Lo previsible es que el barón popular reitere que los inmigrantes son indispensables para la economía andaluza, por la agricultura, la ganadería e incluso la hostelería -sectores punteros del PIB regional- “donde los andaluces no quieren trabajar, porque es muy duro”.

Reabrir los puentes con Vox

A nadie debe sorprenderle si Juanma Moreno reabre puentes con Vox este lunes y martes. En realidad es lo que ha venido haciendo durante toda la legislatura pasada, aun teniendo mayoría absoluta, cuidándose mucho de no tensar la cuerda con el único partido con el que puede pactar y gobernar.

Durante cuatro décadas no existió nada ni a derecha ni a izquierda del PP andaluz con lo que poder coaligarse para arrebatar el gobierno al todopoderoso socialismo andaluz. En 2012 ganó las elecciones por primera vez, pero se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta, y una coalición entre el PSOE e Izquierda Unida dejó a Javier Arenas fuera del Palacio de San Telmo. En 2018, con el peor resultado de su historia (26 diputados), el PP de Moreno se alió con los liberales de Ciudadanos y con los ultras de Vox para consumar la alternancia política en la única comunidad de España que aún no la había experimentado.

Moreno vuelve esta semana a aquella primera legislatura de pactos obligados -tras el cómodo intermedio de cuatro años de mayoría absoluta-, pero lo hace con más fortaleza que entonces. Tiene 53 diputados, más que toda la izquierda junta, ganó las elecciones del 17 de mayo con el mejor resultado de su historia, fue primera fuerza en las ocho provincias y su liderazgo hoy es indiscutible. El resultado del 17-M, dicen los suyos, le avalan para reclamar “un Gobierno en solitario”, contando con el apoyo externo de Vox.

Pero los de Abascal no quieren que el barón andaluz siga siendo una excepción. Los principales negociadores del futuro Gobierno andaluz por parte de Vox están en Madrid, como vaticinó el propio Moreno en campaña, y para ellos esta investidura es una meta volante más en su camino a la Moncloa.

El debate de investidura arranca este lunes a las 12.00 horas. El candidato popular desgranará los ejes de su tercer mandato y, hasta el martes a las 10.00 horas, el Parlamento no escuchará la réplica del resto de candidatos: María Jesús Montero, por el PSOE; Manuel Gavira, por Vox; José Ignacio García, por Adelante Andalucía; y Antonio Maíllo, de la coalición Por Andalucía. Obviamente será la palabra de Gavira la más esperada, si para entonces no se ha hecho público el acuerdo entre ambas formaciones.

La primera votación está prevista para la tarde del martes 30 de junio. Si Moreno no sale investido en ese momento, habrá una segunda votación 48 horas después, el jueves 2 de julio, en la que sólo necesitaría mayoría simple, es decir, bastaría con que los diputados de Vox se abstuvieran.

Tampoco es éste el escenario que se busca, los populares trabajan para amarrar los 15 votos de la bancada ultraderechista (no sólo los dos que necesitan) y para sellar un pacto de gobernabilidad que incluya los cuatro presupuestos autonómicos y dé estabilidad a la legislatura, para evitar así la espada de Damocles que sobrevoló cada una de las cuentas andaluzas en la primera legislatura.

Entonces Vox solía mantener el secreto de su voto hasta el mismo día del debate presupuestario, rebañando sus exigencias al Gobierno en minoría de PP y Ciudadanos hasta el último minuto, y evidenciando su dependencia absoluta de los de Abascal. Si la investidura de Moreno llegara a fracasar en la segunda votación, la cuenta atrás de dos meses para la repetición de elecciones echaría a andar.

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha convocado este miércoles el pleno de investidura del popular Juanma Moreno los próximos días 29 y 30 de junio (lunes y martes), tras culminar la ronda de contactos con los candidatos de los cinco partidos con representación. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, es el único con opciones de ser reelegido.

La decisión de Aguirre activa la cuenta atrás para investir al próximo presidente de la Junta y formar nuevo gobierno, o repetir las elecciones si Moreno no logra los apoyos de la Cámara en los próximos dos meses. Pero el paso dado hoy sugiere que PP y Vox tienen ya amarrado el pacto de gobernabilidad que llevan semanas negociando en silencio, sin que ninguna de los dos partidos haya dado ninguna información.

Los términos de la negociación no distan mucho de los que han fraguado los gobiernos de coalición entre el PP y la ultraderecha en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Los de Santiago Abascal han puesto como requisito ineludible la asunción del término xenófobo “prioridad nacional”, ya asumido por los otros tres presidentes autonómicos, y como aspiración de fondo, entrar en el Ejecutivo de Moreno para gestionar la cartera de Agricultura, que en esta comunidad mueve 2.000 millones de euros (más que las otras tres regiones juntas).

El pasado 11 de junio se constituyó el Parlamento andaluz, los 109 diputados electos tomaron posesión de sus escaños y la falta de acuerdo entre PP y Vox dejó la Mesa de la Cámara bajo control de los populares, que se hicieron con cinco de los siete sillones de este órgano de decisión. Los populares ostentan ahora una mayoría absoluta en la segunda institución de Andalucía -la que fiscaliza al Ejecutivo- que no lograron en las urnas.

El candidato y portavoz de Vox, Manuel Gavira, explicó que esa foto fija era “provisional”, que su partido no quiso aceptar los puestos que le ofreció el PP en la Mesa de la Cámara, porque aspira a negociar todo el paquete completo con los de Moreno, esto es, las políticas y las cláusulas que Vox ya ha colado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León; la entrada de su grupo en el futuro Gobierno de Moreno y la presencia de sus diputados en el órgano rector del Parlamento.

Esto último, aunque parezca menor, será clave en el discurrir de la legislatura, si Vox exige tener dos miembros en lugar de uno, para que el PP no tenga mayoría aboluta en el órgano que maneja los tiempos de los debates y las iniciativas parlamentarias en este mandato.

En esa sesión constitutiva fue reelegido presidente de la Cámara Jesús Aguirre, en segunda vuelta y sólo con los votos de su partido. Aguirre ha convocado esta semana, uno a uno, a los cinco candidatos con representación, empezando por Moreno que le apremió a convocar el pleno de investidura “cuanto antes” para intentar formar gobierno en julio y esbozar los Presupuestos de 2027, cuya primera fecha de tramitación es el 31 de julio (la presentación de la envolvente financiera, las macrocifras de las cuentas del año que viene).

Aguirre ha tardado 24 horas en hacer caso a Moreno y ha activado la cuenta atrás de la legislatura. Ese mensaje va dirigido a Vox, que tiene la llave de la legislatura, aunque Gavira ha enfriado las expectativas de Moreno y aseguró que, hoy por hoy, su formación está en el no, y aún queda mucho por negociar.

Los partidos de izquierdas, en cambio, daban por sentado que ambas formaciones conservadoras ya han cerrado un preacuerdo de gobierno, y que Moreno será investido presidente en la primera quincena de julio.

Murcia ya tiene alcaldesa. La primera de toda la historia del Ayuntamiento capitalino. Se trata de Rebeca Pérez (PP), que asume el cargo tras el fallecimiento del antiguo primer edil, José Ballesta: “Asumo el honor y la enorme responsabilidad de ser la primera alcaldesa. Lo hago con emoción, humildad y la máxima voluntad de diálogo”, ha expresado Pérez en el Pleno de toma de posesión, que se ha celebrado este viernes a las diez de la mañana.

Ha sido investida con 15 votos a favor. En la votación, con Rebeca Pérez como única candidata, la oposición ha votado en blanco. “Hoy me corresponde estar a la altura de Murcia, gobernar con rigor y responsabilidad de futuro”, ha manifestado tras la entrega del bastón de mando, visiblemente emocionada.

“Hace tres años adquirimos un compromiso con todos los murcianos”, ha insistido la recién estrenada alcaldesa: “Lo hicimos bajo el liderazgo del alcalde Ballesta y con un amplio respaldo electoral, nos propusimos que Murcia brillase”. La primera edil ha confiado en “estar a la altura de las circunstancias”, gobernar “con rigor, con responsabilidad y visión de futuro”. Para hacer de la administración local “una administración moderna, cercana y capaz de dar respuestas rápidas a todos sus vecinos”.

“Una ciudad limpia, segura y amable”

Rebeca Pérez ha definido a su equipo como “trabajador” y “reformista”: “Tengo a mi lado un equipo comprometido con esta ciudad y el interés general”, ha celebrado. Pérez ha hecho un repaso a algunos proyectos estratégicos “ilusionantes y que serán una realidad en los próximos meses” como la fortaleza de origen islámico del rey lobo, el parque metropolitano alcalde José Ballesta o la recuperación del yacimiento de San Esteban. “Queremos una ciudad limpia, segura y amable; este gobierno municipal trabajará para una Murcia generadora de oportunidades”, se ha comprometido la ya alcaldesa antes de destacar en sus agradecimientos a Ballesta, “el alcalde eterno”, por “su huella imborrable en nosotros y nuestra ciudad”.

El acto ha sido multitudinario, con más de 200 asistentes que han visto la investidura de la primera alcaldesa mujer. Al acto ha asistido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, además del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Los asistentes han coreado “Rebeca” y “Murcia entera te quiere” mientras Pérez presentaba su candidatura.

Técnicamente, Pérez ya es la primera alcaldesa de Murcia desde la semana pasada, cuando se convirtió en alcaldesa en funciones tras la muerte de Ballesta. Diez días después, es investida como primera edil, cargo que desempeñará hasta las elecciones municipales del próximo año.

El acto de toma de posesión ha sido igual al de Ballesta cuando recuperó la alcaldía en el año 2023, después de perderla en la moción de censura. Hasta el último momento, Rebeca Pérez fue la mano derecha de Ballesta, siendo la primera vicealcaldesa del municipio y primera teniente de alcalde.

La mayoría absoluta de los populares ha dejado vía libre a Pérez en su investidura. En teoría, en la sesión plenaria cada uno de los partidos con representación en el Ayuntamiento debían presentar a su candidato. Tanto PSOE como Vox han declinado proponer alcalde.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, se ha negado a presentar candidatura por “las circunstancias” que rodean la toma de posesión: “No solo hemos perdido a un alcalde, hemos perdido a un amigo que en unos tiempos de zozobra ha sido un contrapunto y un ejemplo admirable. Ha sido alcalde hasta el último minuto, un ejemplo en la adversidad”. Vox se ha ofrecido a la nueva alcaldesa “para todo aquello en lo que puedan ayudar”.

“Necesitamos que se ejecuten los proyectos”

Por su parte, el portavoz socialista, Ginéz Ruiz Maciá ha destacado que la de este viernes “no es una sesión de investidura normal, por ello no vamos a presentar candidatura”. “Sea cual sean las circunstancias hoy ha sido investida como la primera alcaldesa de Murcia, y eso es motivo de celebración”. Sí que Maciá ha recordado que “Murcia necesita un equipo de gobierno que ejecute proyectos, que no se rescaten entre presupuesto y presupuesto, campaña electoral, tras campaña electoral”.

Al asumir Pérez la alcaldía, se ha tenido que nombrar a un nuevo concejal para los populares, el siguiente de su lista. Se trata de Pedro Luis Balibrea, director de Inforges.

Por el momento se encuentran vacante las carteras de Fomento y Patrimonio, que hasta ahora ocupaba la recién nombrada alcaldesa. La portavocía del Ayuntamiento, que también formaba parte de las funciones de Pérez, fue asumida la semana pasada por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz tras la Junta de Gobierno.

Un mensaje emocionado, en el que ha lanzado agradecimientos, ha enfatizado la importancia de los servicios públicos, ha destacado el papel de Aragón en España, ha incidido en el problema de la vivienda... y en el que ha lanzado un toque a la oposición: “Es esencial para la democracia respetar el sentido de las urnas”, les ha recordado. Jorge Azcón ha tomado posesión este jueves y se convierte así en el primer dirigente del PP que repite en el cargo como presidente del Gobierno de Aragón.

En un acto cargado de solemnidad en el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre familiares, amigos, cargos institucionales y compañeros de partido, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero sin el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, Azcón ha empezado su parlamento expresando el “profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir” de nuevo el cargo y ha agradecido a continuación a Vox y a su propia formación el apoyo.

“Los dos grupos, con nuestras diferencias y nuestros encuentros, vamos a trabajar con lealtad y determinación para desarrollar un programa de Gobierno único pensado para mejorar la vida de los aragoneses”, ha aludido al acuerdo con la extrema derecha.

Y en este punto ha hecho alusión a la oposición política con un mensaje directo: ha querido dar las gracias a quienes “saben respetar esa voluntad popular y a las instituciones encargadas de plasmarla”. Los aragoneses, ha recordado, siempre han presumido de su “inclinación hacia el pacto” y de “fomentar los valores democráticos”. “Y eso incluye el respeto a los resultados de los procesos electorales, que deben ser aceptados no sólo cuando avalan nuestras posiciones, sino especialmente cuando colisionan con la ideología propia”, ha incidido, sin dar lugar a dudas al significado de sus palabras.

Tampoco se ha olvidado el ya jefe del Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras mencionar la alusión estatutaria sobre la colaboración con el Estado, basada “en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua”, ha urgido al Gobierno central a “abordar” con “celeridad aquellas infraestructuras” necesarias para el progreso de la comunidad y a dotar los recursos públicos de “financiación suficiente”.

Por otro lado, Azcón ha querido destacar el papel actual de Aragón, que “fue entendida como una tierra despojada de oportunidades” y ahora “construye con paso firme su propio futuro”. También, ha afirmado, es una “tierra de acogida”, aunque con matices: lo es “todos aquellos que vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores”.

Ha destacado la “referencia” de las dos leyes fundamentales, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de este ha puesto como ejemplo varios artículos.

Uno, el que promueve el derecho a una vivienda digna: “Esta es una de las encomiendas más importantes”, ha señalado, y se ha comprometido a “multiplicar por tres” el parque de vivienda pública en Aragón. El segundo, el que alude al pleno empleo de calidad. Y el tercero, el que habla “de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica”.

El Pleno de las Cortes de Aragón ha elegido este miércoles, 29 de abril de 2026, presidente del Gobierno autonómico de la XII legislatura con los 26 votos de su grupo, el PP, y 13 de Vox —una de las diputadas de Vox, Lorena García, se encuentra de baja médica—, que suman 39 diputados de un total de 67 escaños. Los restantes grupos, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, han votado en contra.

La votación ha sido por llamamiento, comenzando por el diputado del PP José Luis Bancalero, y no ha deparado sorpresas, produciéndose el resultado anunciado días atrás. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha proclamado la investidura de Azcón, que ha recibido los aplausos de PP y Vox.

Azcón encara de esta forma su segunda legislatura de gobierno, tras ser elegido presidente por primera vez en el verano de 2023, cuando formó el primer Ejecutivo con Vox, que duró un año, siguiendo un año más el Gobierno de la XI legislatura con el PP en solitario.

El jefe del Ejecutivo convocó elecciones autonómicas el pasado mes de diciembre, después de que Vox rehusara apoyar el proyecto de ley de presupuestos. Los comicios se celebraron el 8 de febrero, a lo que ha seguido una negociación de más de dos meses que concluyó a mediados de este mes de abril con la firma de un acuerdo con Vox que recoge medidas como la prioridad nacional y la aprobación de cuatro presupuestos, de 2027 a 2030.

“Primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España y por tanto Aragón”. Con esa idea, el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha justificado este miércoles el voto favorable de su grupo a la investidura de Jorge Azcón, en un discurso muy centrado en la llamada “prioridad nacional”. Nolasco ha asegurado que Vox respalda la investidura “desde la convicción de que Aragón encara una nueva etapa” y ha insistido en que no están ahí “para regalar un voto ni ocupar un sillón”, sino para “cumplir el mandato de las urnas”. A su juicio, los resultados dejan claro que los aragoneses piden “más firmeza para afrontar los problemas reales” y no “anteponer intereses de partido”.

En su respuesta, Azcón hoy no ha hecho suyo el concepto de “prioridad nacional”, como sí hizo este martes en la primera jornada del debate. Hoy, en la respuesta a Nolasco, se ha limitado a destacar que “la prioridad absoluta es la democracia”. Ha defendido que la acción de gobierno debe basarse en “la separación de poderes, el Estado de derecho y la legalidad”. A su juicio, esa defensa de “la democracia, de nuestro país y de Aragón” es lo que debe “unir mucho más que separar” a ambos partidos.

El portavoz de Vox ha defendido que su formación “no vuelve más débil, vuelve más fuerte”, con “un acuerdo escrito, medidas concretas y plazos”, y ha recalcado que no se trata de “un cheque en blanco”, sino de “un compromiso real con Aragón y con España”. Buena parte de la intervención ha girado en torno al acceso a ayudas y vivienda. “No puede ser igual quien lleva toda la vida contribuyendo que quien acaba de llegar sin vínculo ni arraigo”, ha afirmado, defendiendo medidas como el control del empadronamiento o del fraude y que “los ocupas” no puedan acceder a vivienda pública. “No es discriminación, es sentido común”, ha añadido.

También ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de “solo reconocer la democracia cuando los resultados son favorables”, y ha respondido a las críticas recibidas: “Cuando nos llaman fascistas, se lo están llamando a cientos de miles de aragoneses”. Durante su intervención, Nolasco ha reivindicado que Vox representa “la voz de los aragoneses”, citando a “la familia que lleva años trabajando”, “el joven que tuvo que marcharse”, “el autónomo que no sabe si podrá afrontar las cuotas” o “el agricultor y el ganadero abandonados”.

Entre las líneas del acuerdo, ha mencionado más recursos para sanidad y un plan contra las listas de espera, apoyo al sector primario frente a “imposiciones externas”, bajadas de impuestos, impulso a la natalidad y medidas contra la despoblación, con más conectividad e infraestructuras. En el punto de la natalidad, ha defendido que “no se trata de traer gente de fuera para que nos sustituya, sino también dejar que la gente de aquí pueda tener hijos como se ha hecho siempre, dándoles facilidades”.

En materia migratoria, ha apostado por una política “seria, ordenada y legal”, rechazando el reparto de menores no acompañados y pidiendo más control sobre el uso de los recursos públicos. Sobre vivienda, ha insistido en “garantizar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones”, con la idea de que “quien más ha aportado no puede ser el último en recibir este apoyo”.

Nolasco ha cerrado su intervención dirigiéndose a Azcón: “Hoy Vox votará a favor, lo que implica votar a favor de un compromiso, único firmado entre dos partidos”. Un acuerdo, ha añadido, “con quienes están cansados de promesas y quieren resultados” y con quienes consideran que “Aragón no puede permitirse otra legislatura perdida”. “Seremos leales pero también exigentes, constructivos pero firmes, parte del Gobierno pero no dejaremos de ser Vox”, ha concluido.

Por su parte, Azcón ha defendido el pacto suscrito entre PP y Vox, destacando que incluye “117 apartados” que abordan “lo que preocupa a los aragoneses”, aunque no recojan “todas las competencias del Gobierno”, que —ha asegurado— también se ejercerán. “Cada consejero aplicará lo que establece el pacto”, ha señalado. El candidato ha puesto en valor la experiencia de gobierno de Nolasco y ha subrayado que “la experiencia mejora el gobierno”, al permitir tomar decisiones “con mayor prudencia” y “conocimiento”. En todo caso, ha advertido de que la investidura “no es el final”, sino “el comienzo”, y que ahora “empieza de verdad la carrera” de gobernar.

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.

El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.

Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.

La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.

Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.

Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.

El PP y la extrema derecha han formalizado su pacto de gobierno al votar a favor de la investidura de María Guardiola, que tomará posesión del cargo el viernes a las 19.30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida. Tras ello, Guardiola tendrá que conformar su nuevo Ejecutivo, donde Vox tendrá una vicepresidencia, con competencias en desregulación, familia y servicios sociales (incluida la inmigración), y la consejería responsable de agricultura y ganadería.

Este miércoles se celebrará la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola y será el turno de los grupos parlamentarios, que ya han dado a conocer su opinión sobre el discurso de la líder del PP, en el que ha desgranado la acción de su futuro gobierno, pero ha omitido al polèmico concepto de “prioridad nacional”, recogido en el pacto entre PP y Vox.

El PSOE ha considerado que Guardiola “ha pasado por el aro” de Vox y ha intentado que los ciudadanos también lo hagan, todo ello en una intervención “faltona, incómoda y lleno de cinismo político”. El socialista José María Vergeles ha dicho que los extremeños y extremeñas han asistido a un discurso que “pasará a la historia más negra” de esta región.

“Guardiola, que no ha podido tapar las vergüenzas del acuerdo con Vox, ha tenido que claudicar para ocupar el sillón de presidenta”, ha dicho Vergeles, quien ha puesto en duda que el futuro Gobierno extremeño pueda llevar a cabo legalmente numerosas medidas A su juicio, la presidenta en funciones “ha vendido su alma a cambio de un sillón” y el precio de ello “lo pagará la sociedad”, “ha perdido el poder de la palabra” y ha “arrojado” la coherencia “por la ventana”.

El diputado del PSOE se ha preguntado “por qué Guardiola no ha hecho referencia a 'la prioridad nacional', el eje del acuerdo de gobernabilidad, marcado por ”una traición“ a los derechos y a ”la línea de flotación de la democracia“. ”Extremadura es mucho mejor que este Gobierno de vergüenza“, ha agregado Vergeles.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que la candidata del PP la Presidencia de la Junta ha “claudicado” ante Vox y ha calificado su discurso de investidura de “rancio”, “indecente”, “mentiroso” y “vergonzoso”.

“Se ha travestido de Vox, parecía la candidata de Vox en este discurso de investidura”, ha dicho a la vez que ha augurado que no durará el acuerdo de gobierno cuatro años, pues “habrá muchos cuchillos por la espalda” y si no, “traerá mucho dolor a las familias extremeñas y a los que más necesitan del estado de bienestar”. En este sentido, ha dicho que Guardiola ha “tomado el pelo” a todos los extremeños al intentar pasar un “acuerdo inconstitucional e ilegal” por “democrático y natural” y con su firma cava su “tumba política”.

A su juicio, el pacto entre ambas formaciones de derechas “pivota” sobre inmigración y se ha cuestionado si Extremadura no se podía permitir acoger a 300 menores extranjeros no acompañados, porque “si es así, entonces el estado de bienestar está quebrado”. Además, se ha preguntado cuál es el plan B de Guardiola ante esto, “que sigan hacinados en Canarias o que no les dejemos llegar a puerto seguro”

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que, si en otras comunidades donde su formación y el PP pueden formar gobierno, se logra un acuerdo similar al de Extremadura se estará “ante el fin de la pesadilla sanchista”.

Según ha dicho, el discurso de Guardiola ha sido “realista”, ya que ha plasmado “desde su sensibilidad” el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, que será detallado con mayor profundidad mañana por el presidente de su grupo, Óscar Fernández.

Para el portavoz de Vox, este acuerdo es “la garantía de que por fin en Extremadura se va a producir el cambio que más del 60% de los extremeños han avalado con su voto”, ya que se trata “de la voluntad mayoritaria plasmada en un documento de colaboración paara que Extremadura progrese”, ya que ese es su único objetivo.