La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso con el que Carles Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. El pleno, con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador, acepta estudiar durante los próximos meses la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito alegando que la malversación del procés sí supuso un enriquecimiento para Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El tribunal entiende que en estos recursos existe una “especial trascendencia constitucional” que avala su admisión a trámite “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Los magistrados rechazan la petición de medidas urgentes de estos recursos, que pedían que se amnistiara la malversación de forma cautelarísima.

La ley de amnistía, que desde su entrada en vigor hace más de un año ha beneficiado a más de 300 personas entre activistas, policías y políticos, recibió el aval del Constitucional hace unos meses, cuando la mayoría progresista del pleno rechazó de forma casi íntegra el recurso del PP. Este nuevo recurso de Puigdemont y sus dos exconsellers ataca la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación que les atribuye desde 2017 el juez Pablo Llarena.

En la práctica, esta imputación es la que impide que Puigdemont pueda regresar a España sin arriesgarse a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo, una de las principales reivindicaciones del independentismo a la hora de negociar esta norma. La Sala de lo Penal entendió que el hecho de que los líderes del procés usaran medios públicos para organizar el referéndum independentista de 2017 implicaba que no habían tenido que ponerlo de su bolsillo y, por tanto, había constituido un enriquecimiento ilícito que no perdona la ley de amnistía.

La admisión a trámite ubica una posible decisión del Constitucional sobre el caso de Puigdemont dentro de varios meses. El Supremo, que además de rechazar la amnistía para la malversación del procés impugnó la propia ley ante el Constitucional, no fue unánime en este criterio: la magistrada Ana Ferrer votó a favor de amnistiar la malversación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se pronunciaron en sentido contrario.

El pleno del tribunal de garantías analiza esta semana varios aspectos relacionados con la amnistía después de rechazar el recurso del PP y avalar la norma en sus líneas fundamentales. Los magistrados tienen previsto rechazar las impugnaciones presentadas por el gobierno de Aragón y por el propio Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a amnistiar a Carles Puigdemont. La decisión de la sala de confirmar el criterio del juez Pablo Llarena y dejar el delito de malversación fuera de la ley de perdón del procés marca un camino largo para el expresident catalán: tendrá que acudir al Constitucional, pero no es previsible que reciba una respuesta antes de un año. Mientras tanto, la vigencia del delito de malversación mantiene intacta su orden de detención y la prohibición, por tanto, de volver a España.

Los jueces no han estimado los argumentos del líder de Junts, pero tampoco los de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió a la Sala de lo Penal que corrigiera a Llarena y que tuviera en cuenta que la intención del legislador cuando puso en marcha la amnistía era perdonar todos los delitos relacionados con el procés catalán de 2017 y no algunos hechos de forma selectiva. También criticó que el juez hubiera planteado, por primera vez en ocho años de proceso judicial, que el desafío soberanista afectó a los intereses de la Unión Europea para justificar su negativa a amnistiar la malversación.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido avalar estos razonamientos punto por punto. La malversación del procés, entienden los magistrados, no es amnistiable porque Puigdemont y el resto de políticos encausados sí se enriquecieron personalmente: no pagaron de su bolsillo el referéndum del 1-O porque tiraron del dinero y recursos públicos de la Generalitat. Y porque la independencia de Cataluña no se consumó, pero de haberlo hecho habría afectado, añaden, a la relación de España con la Unión Europea.

Esta decisión, explican fuentes del caso a elDiario.es, deja un único camino al expresident catalán: recurrir ante el Tribunal Constitucional. Previamente tendrá que plantear una improbable nulidad ante el mismo Supremo y después ya presentar alegaciones en amparo ante el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Lo que aleja el horizonte de una decisión inmediata hasta, aproximadamente, dentro de un año. Después, si el Constitucional no le es favorable, podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El delito de malversación es el único ilícito del procés que se mantiene en pie en la causa que, ocho años después, sigue abierta contra los políticos catalanes que nunca volvieron a España para declarar ante los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La reforma del delito de sedición cercenó esa parte de la acusación, con los jueces rechazando que pudiera ser sustituido por unos simples desórdenes públicos, y la malversación de dinero público se mantiene desde entonces como único vestigio de la causa penal contra el desafío independentista de 2017.

El tribunal de la Sala de lo Penal que ha examinado el caso no se refiere de forma explícita a las medidas cautelares que derivan de la imputación por este delito. No era algo que se hubiera recurrido en este trámite. Pero en la práctica, el aval a que siga acusado de malversación implica que la orden de detención nacional que pesa sobre él sigue intacta: la que, supuestamente, le impide entrar en España sin ser detenido, aunque en agosto de 2024 acudió a las inmediaciones del Parlament en la sesión de investidura de Salvador Illa para después escapar de los Mossos y volver a Bruselas sin ser arrestado.

El camino hasta el Constitucional

La decisión del Supremo, por tanto, mantiene viva la situación que desde Junts consideran un fallo de la ley de amnistía: la aprobación de la norma, esencial para obtener el apoyo independentista en la última investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en 2023, no ha tenido el efecto esperado y Carles Puigdemont no puede volver a España sin miedo a ser detenido y ser enviado inmediatamente a prisión por parte de Llarena.

El camino hasta el Tribunal Constitucional no es corto. Su recurso de amparo, que solo podrá presentar después de intentar la nulidad ante el propio Supremo, tendrá que pasar en primer lugar el filtro de la admisión a trámite y después esperar durante meses a que los magistrados den una respuesta. Hasta entonces es improbable que la amnistía se le aplique de forma cautelar.

El Constitucional ya tiene dos decenas de recursos contra la amnistía encima de la mesa y, tal y como ha explicado recientemente su presidente Cándido Conde-Pumpido, tiene intención de resolver los más relevantes antes del próximo verano: el que interpuso el PP contra toda la ley, los interpuestos por algunas comunidades autónomas y también la cuestión prejudicial del propio Tribunal Supremo. Pero también tiene otros que tratan casos idénticos al de Carles Puigdemont y eso puede acelerar los trámites y las deliberaciones al ser la misma acusación.

El pleno admitió estudiar, el pasado mes de febrero, los recursos de otros políticos encausados por el procés que tenían la misma queja: que el Supremo no hubiera accedido a amnistiar su malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyas condenas de prisión por este delito fueron indultadas por el Gobierno pero con unas condenas de inhabilitación que, a día de hoy, les impiden presentarse a unas elecciones.

Esos pleitos iniciados a instancias de sus antiguos compañeros de Govern tratan sobre si la amnistía se aplica o no al delito de malversación, aunque sus casos tienen matices distintos: ya fueron condenados, los indultos borraron sus condenas de prisión y su pelea se centra, sobre todo, en una inhabilitación para ejercer cargos públicos que, en el caso de Junqueras, no vence hasta el año 2031. Pero una decisión sobre sus alegaciones podría tener incidencia en el caso de Puigdemont y acelerar la respuesta del Constitucional una vez sentadas las bases de su doctrina.

La causa principal del procés se ha convertido en la única cita judicial pendiente de Carles Puigdemont después de que el Supremo haya dado carpetazo a la conocida como 'trama rusa' que el juez Joaquín Aguirre impulsó de forma ilegal en contra de las órdenes de la Audiencia de Barcelona. Todo también a la espera de la vertiente internacional del caso sobre su posible extradición: el juez Llarena lleva casi dos años a la espera de tomar una decisión después de que el Tribunal General de la UE retirara la inmunidad al expresident.

Las alegaciones de Puigdemont tienen al Supremo en contra pero algunos puntos de apoyo: el criterio de la Fiscalía y también los votos particulares de la magistrada Ana Ferrer que considera que la ley sí tenía la intención de amnistiar la malversación.

El Tribunal Supremo estudia desde hace semanas si imputa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por injuriar y amenazar a una fiscal ante los casi 700.000 seguidores de su canal de Telegram. Los magistrados tramitan la exposición razonada que un juzgado de València remitió el pasado mes de febrero contra el agitador por varios mensajes en los que publicaba la foto de la fiscal Susana Gisbert, especialista en delitos de odio, llamando a “buscar” su identidad y publicando fotos privadas.

El líder de 'Se Acabó La Fiesta' dedicó varios mensajes a esta fiscal en febrero de 2024, cuando dedicó una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio, llamando a buscar “sus identidades” y publicando sus fotografías. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía.

En dos de esos mensajes publicó varias fotografías de la fiscal Susana Gisbert, una de ellas mientras hablaba con una periodista, y la jurista denunció al agitador por injurias y amenazas. El caso llegó primero a un juzgado de València, que ha decidido ponerlo en conocimiento del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal está ahora pendiente de abrir una causa contra él.

Por el momento, el primer movimiento del juez Pablo Llarena ha sido prorrogar la causa durante seis meses ante la cercanía de final de los plazos procesales. La Fiscalía, favorable a abrir la causa contra el eurodiputado, explicó que “es preciso” practicar diligencias: tramitar el suplicatorio, que Alvise declare, que declaren también testigos, y que se haga una pericial sobre su canal de Telegram para saber qué control tiene el agitador sobre los comentarios de sus seguidores.

El Supremo, por ahora, está “pendiente de resolver sobre su competencia para el conocimiento del asunto y de analizar si concurren las razones que justificarían la tramitación de un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”, explica el auto del juez Llarena que, por el momento, alarga las diligencias durante medio año más.

Media docena de causas contra Alvise

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si abre media docena de causas que juzgados de todo el país han remitido contra él en los últimos meses, después de que obtuviera tres escaños en el Parlamento Europeo y quedara aforado. Una de ellas es la acusación de la Fiscalía de haber financiado ilegalmente su candidatura europea con los 100.000 euros que le dio en efectivo el empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, después de prometer una legislación favorable para su sector.

Hay varias causas pendientes de decisión en el Supremo sobre el líder de 'SALF': por difamar a un diputado del PSOE por León, por amenazar a una jueza de Sevilla, por promover altercados en la calle Ferraz de Madrid frente a la sede del PSOE o por difundir audios confidenciales del 'caso Kitchen', entre otros. También está pendiente de llegar al alto tribunal la causa abierta contra él en Sevilla por acoso a una de las hijas del Presidente del Gobierno.

En este caso fue la propia fiscal Susana Gisbert la que denunció los mensajes de Alvise y sus seguidores ante los juzgados al entender que había incurrido en amenazas e injurias contra ella, tanto él como sus seguidores en los comentarios de su canal.

Esta semana, según informa Europa Press, también ha trascendido que un juzgado de Sevilla ha abierto la puerta a abrir la imputación de Alvise en el Supremo por difundir bulos sobre la muerte de un joven en Sevilla en las vías del tren de la estación de Santa Justa. El agitador llegó a plantear la posibilidad de que hubiera implicado un “grupo de gitanos” cuando el fallecimiento fue debido a una electrocución sin intervención de terceros.

El magistrado Pablo Llarena ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes que tanto Interior como los Mossos d'Esquadra elaboraron sobre la fuga de Carles Puigdemont de la capital catalana el pasado mes de agosto. El magistrado entiende que pudo cometerse un ilícito de “omisión del deber de perseguir delitos” y otro más de encubrimiento por parte de algún agente. En su providencia, el instructor del procés asegura que los informes que ha estudiado “no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial” hubiera detenido al líder de Junts “en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban”. Tampoco era imposible, añade, su “seguimiento y alcance”.

Carles Puigdemont acudió a las inmediaciones del Parlament de Catalunya el pasado mes de agosto en la jornada de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo president. Compareció durante varios minutos en un escenario a pocos metros del recinto y después desapareció tras juntarse con los cientos de personas que le jaleaban en las inmediaciones del lugar. Los Mossos d'Esquadra, ese día encargados del dispositivo, no le detuvieron en ese momento y Puigdemont terminó abandonando el país tras el fracaso de la operación tradicionalmente bautizada como 'Jaula'.

El juez Pablo Llarena, que desde hace años reclama la detención y puestas a disposición judicial del expresident por su implicación en la causa principal del procés, reaccionó poco después. Pocas horas después del fracaso de su intento de detención, el magistrado del Tribunal Supremo pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a la policía autonómica catalana. En su informe, los Mossos reconocieron “errores” en el dispositivo. Interior, por su parte, descargó toda la responsabilidad en los Mossos al explicar que habían “rechazado” apoyo operativo.

Ahora el magistrado explica que no hay que descartar la posibilidad de que agentes en activo ayudara a Puigdemont a huir, e insta a los juzgados de Barcelona a abrir una causa por un delito de encubrimiento y otro de omisión del deber de perseguir delitos, ilícitos atribuidos a los agentes de la autoridad. Por el momento tres agentes de la policía autonómica catalana han sido suspendidos después de ser arrestados y acusados de ayudar a Puigdemont a perpetrar su fuga.

El magistrado, en una providencia conocida este jueves, explica también que después de examinar los informes no encuentra razones para que Puigdemont no hubiera sido detenido antes de desaparecer o incluso durante su persecución posterior. “Los informes no reflejan impedimentos”, explica el juez.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que según su criterio la ley de amnistía no elimina el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El magistrado ha rechazado el recurso que el expresident catalán presentó contra su primera decisión en ese sentido: “Decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del procés de 2017 para organizar el referéndum del 1 de octubre, afirma el instructor de la causa.

Ni el magistrado que instruyó la pieza principal del procés ni tampoco la Sala de lo Penal, que juzgó y sentenció el caso, han aceptado aplicar esta norma al delito por el que todavía está procesado el líder de Junts y hoy diputado en el Parlament catalán. La pervivencia de la acusación por malversación es la que, a día de hoy, mantiene activa la orden de búsqueda y captura nacional contra Puigdemont después de que el caso Tsunami por terrorismo quedara archivado por un error del juez Manuel García Castellón.

Una de las decisiones tomadas en este sentido contaba con un voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer, compañera de sala de Llarena. En este nuevo auto, el instructor contesta que “en los más de 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo español no existe ni una sola resolución” que permita amnistiar la malversación de Puigdemont.

Llarena añade que esta decisión no es una “disquisición” del Tribunal Supremo, sino que ha sido el legislador quien ha “ofrecido una interpretación auténtica” del término “enriquecimiento” que les permite entender que usar medios públicos para poner en marcha el procés no es amnistiable. Incluso si el beneficio que se le atribuye a Puigdemont no implica “el material incremento de capital” del propio expresident.

La causa principal del procés es, por el momento, la única causa abierta contra Puigdemont. La acusación contra él por sedición decayó con la despenalización de este delito, y después de que los jueces entendieran que no se podía sustituir por los desórdenes públicos, pero los jueces mantuvieron activa la causa contra él por malversación. El Supremo también está a la espera de tomar una decisión sobre la vertiente de la 'trama rusa' en la que el juez Joaquín Aguirre acusa al expresident, entre otros delitos, de terrorismo por las supuestas injerencias de un entramado de origen ruso en el procés.

Varios partidos han criticado la decisión del juez. “Ir en contra de la amnistía es ir en contra de España, de la normalidad y de la política”, ha dicho la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal. “El Supremo rechaza aplicar una ley emanada del parlamento, la Ley de Amnistía, demostrando una vez más que en el siglo XXI los avances democráticos se frenan con golpes de togas. Este golpe a la democracia es el resultado de la rendición del PSOE ante la derecha judicial”, ha dicho en sus redes sociales la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y del eurodiputado de Junts Toni Comín ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que pide una sanción disciplinaria para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la “desatención” y el “retraso injustificado y reiterado” en la tramitación y resolución de los recursos de reforma que ha interpuesto contra la decisión de no aplicarles la ley de amnistía. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, el presidente y el eurodiputado de Junts consideran que el magistrado ha cometido una falta disciplinaria muy grave. 

Su abogado, Gonzalo Boye, recurrió los pasado 8 y 9 de julio la decisión de Llarena de no aplicarles de amnistía y de mantener en vigor la orden de busca y captura contra ambos. Su defensa considera que el delito de malversación que el juez atribuye a Puigdemont y Comín entra en los márgenes de la norma porque no se enriqueció “personalmente” y que, además, esa decisión va contra la “voluntad del legislador”. Pero el magistrado todavía no ha resuelto esos recursos, lo que impide que se pueda seguir el trámite e impugnar después esas decisiones ante la Sala de lo Penal del Supremo. 

En esa instancia no se espera una resolución favorable para ambos, dado que sus magistrados ya se han pronunciado en el mismo sentido que Llarena en relación a los ya condenados por el procés, como Oriol Junqueras. Pero sólo cuando se agote esta vía, el dirigente de Junts podrá ir al Tribunal Constitucional. Para ello tendrá que alegar una vulneración de derechos susceptible de generar amparo que, además, tenga trascendencia constitucional.

Ahí su defensa cuenta con una baza a su favor: el voto discrepante de la progresista Ana Ferrer. En su escrito, la magistrada advierte de que la interpretación para vetar la amnistía de sus compañeros de sala “corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”, dos de los supuestos en los que el Constitucional puede corregir las decisiones de los tribunales ordinarios, tal y como ha ocurrido recientemente en el caso de los ERE de Andalucía.

“Teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma y se trasladaron las correspondientes copias, los recursos de reforma interpuestos por los denunciantes debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024”, dice el recurso, que invoca para ello el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La ley del Poder Judicial considera que es una falta muy grave “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”. Las faltas muy graves pueden acarrear una suspensión de funciones de hasta tres años o la obligación al traslado forzoso, con la consiguiente imposibilidad de concursar.

Dos días después de presentarse en Barcelona, dar un breve discurso y esfumarse sin ser detenido por ningún cuerpo policial, Carles Puigdemont reapareció el pasado día 10 en la que bautizó como Casa de la República de Waterloo, en Bélgica. Allí ha permanecido desde que se marchó de España en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum del 1-O. Y desde allí afronta ahora un incierto horizonte judicial después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera dejarle fuera de una ley de amnistía pensada, en gran parte, para aliviar su situación penal. En el Gobierno se consideraba esencial para la normalización política de Catalunya tras el procés. 

Esa decisión del juez Llarena, cuestionada por el Ejecutivo y que sólo comparte la extrema derecha de Vox, certifica que a su enmarañado caso judicial pueden quedarle todavía varios capítulos por escribir. El auto que deniega la aplicación de la ley de amnistía al que fuera president de la Generalitat ya ha sido recurrido por su defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Entienden que el delito de malversación que el juez atribuye a Puigdemont entra en los márgenes de la norma porque no se enriqueció “personalmente” y que, además, su resolución va contra la “voluntad del legislador”. 

Pero la decisión está ahora en manos de la Sala de lo Penal del Supremo, en concreto, de los tres magistrados encargados de resolver los recursos presentados contra resoluciones del instructor de la causa del procés. Y no se espera una resolución favorable para Puigdemont, dado que este tribunal ya se ha pronunciado en el mismo sentido que Llarena en relación a los ya condenados por el procés, como Oriol Junqueras. 

Sólo cuando se agote esta vía, el dirigente de Junts podrá ir al Tribunal Constitucional. Para ello tendrá que alegar una vulneración de derechos susceptible de generar amparo que, además, tenga trascendencia constitucional. Ahí su defensa cuenta con una baza a su favor: el voto discrepante de la progresista Ana Ferrer. En su escrito, la magistrada advierte de que la interpretación para vetar la amnistía de sus compañeros de sala “corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”, dos de los supuestos en los que el Constitucional puede corregir las decisiones de los tribunales ordinarios, tal y como ha ocurrido recientemente en el caso de los ERE de Andalucía.

Reactivar la euroorden 

Entre tanto, Puigdemont seguirá fuera de la amnistía y con una orden de busca y captura vigente si pisa España de nuevo. Además, está encima de la mesa la posibilidad de que el juez del Supremo reactive la orden europea de detención que mantiene en suspenso desde 2019 ahora que ha perdido la inmunidad tras dejar de ser eurodiputado. La extrema derecha de Vox, que ejerce la acusación popular, ya le ha reclamado que trate de abrir un nuevo proceso de extradición que se ha atascado en diferentes tribunales de Europa en los últimos años. En ese caso, Puigdemont se arriesgaría a ser detenido en cualquier punto de la UE.

La malversación es un delito relevante en la causa del procés no solo porque es el único que lleva aparejada una pena de prisión. También es el único tipo penal que hasta ahora los tribunales extranjeros que han examinado las peticiones de extradición han aceptado como vía de entrega de Puigdemont a España. Fue en Alemania en 2018, pero el juez Llarena la rechazó al descartar los jueces germánicos la rebelión y la sedición. Después de que el propio Supremo desechara el delito de rebelión y de la derogación del delito de sedición, su procesamiento quedó reducido a malversación y desobediencia. Y este último delito sí fue amnistiado, así que sólo queda la malversación. 

La tesis de Llarena es que no es posible 'borrar' ese delito dado que Puigdemont y el resto de dirigentes se ahorraron dinero al promover el referéndum con fondos de la Generalitat en lugar de pagarlo de su bolsillo. Y que, en consecuencia, sí hubo enriquecimiento personal. Es una interpretación que burla la redacción de la ley, que es clara al respecto. La norma establece que la medida de gracia ampara los delitos de malversación siempre que no hayan tenido “un propósito de enriquecimiento”. Esto es, de obtener “un beneficio personal de carácter patrimonial”. 

El movimiento del Supremo evidencia también que de nada ha servido que la norma se retocara en su última redacción precisamente para apuntalar esa idea. O que en la sentencia del procés, redactada por estos mismos jueces, no se hiciera mención alguna al enriquecimiento personal de los condenados por malversación. Ese fallo no cuantificó la malversación, aunque dio por probado que la cifra desfalcada superó “ampliamente” los 250.000 euros que marcan el suelo para empezar a aplicar el tipo agravado. 

Tampoco es la primera vez que la interpretación de este delito por parte de los tribunales genera objetivos contrarios a la reducción del castigo a los líderes del procés. En 2023, el Supremo y la Fiscalía dejaron en papel mojado la reforma de la malversación que pactaron el Gobierno y ERC para adaptar una respuesta penal que consideraban desproporcionada ante los hechos del otoño de 2017.

Pero el Alto Tribunal insistió en que Puigdemont debía ser procesado por el tipo agravado, que recoge condenas de hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación, y que no se le podía aplicar el tipo atenuado establecido tras esa reforma. Con la amnistía, la malversación vuelve a estar ahí. Y la extrema derecha de Vox confía en ella para que sea el vehículo que permita finalmente extraditar a Puigdemont después de sus dos huidas. 

"Sometidos únicamente al imperio de la ley"

Constitución Española

Ahora que ya se ha desfogado todo el mundo hablando del estrambote, el ridículo, la cobardía y lo grotesco del mete y saca de Puigdemont va siendo hora de que hablemos del vodevil y el esperpento del juez Llarena. Es un poco más difícil, hay que tener memoria y algo de conocimientos, está peor visto, pero no por eso deja de ser más evidente. Iremos de menos a más, por darle emoción. 

Un juez serio no suspende sus vacaciones -según han contado los colegas- avisa a las partes incluida la teniente fiscal del Supremo y a su propio gabinete de prensa previendo que le van a detener a un requisitoriado por muy figura pública y política que sea, dado que por la gravedad del delito no era. Un juez que no está buscando sanar una herida personal se queda donde está y cuando el juez de instrucción del lugar de detención avisa al Tribunal Supremo de que le han puesto a disposición al individuo en cuestión, entonces y solo entonces, ordena que se lo lleven a su despacho en el día y hora que elija. Lo del momentazo de gloria, cuando te has creído que un tipo que te lleva plantando cara jurídica en Europa siete años se va a dejar detener por la cara para que tu lo enchirones, es muy revelador de las ganas que te corroen que a todas luces van mas allá de lo profesional.

Luego tenemos la pataleta a posteriori. No se ha dejado detener. Yo lo ordené. ¿Qué han hecho? Tengamos en cuenta que en España puede haber, no sé, ¿3000 personas en busca y captura? No tengo claro que se pueda exigir que el Estado ponga todos los medios posibles, incluso los reservados para delitos gravísimos, para detener a uno concreto de ellos por un delito no tan grave. Lo de la jaula de quita y pon es de hacérselo mirar. Oficia Llarena a Interior sobre el control de fronteras del espacio Schengen, en las que normalmente no se hace ese control ¿es proporcionado instalarlo en plenas vacaciones, parando y revisando todos los vehículos, porque un requisitoriado concreto ha dicho que va a entrar? ¿Sólo por La Junquera o hay que hacerlo por todos los pasos fronterizos pirenaicos? ¿Dónde acaba la inacción respecto a la orden judicial? Lo digo también porque, oigan, a los jueces de Málaga se les escapó un líder de la Mocro Maffia que amenaza a la hija del jefe del Estado de Países Bajos y nos dijeron que eran “cosas que pasan” o cuando a las juezas de Benidorm dejaron en libertad a la mayor red de mafiosos rusos ya en prisión preventiva por un olvido, también, cosas que pasan. Lo gordo es lo de Puigdemont y su amnistiada malversación.

Esa malversación tan importante de perseguir, tan relevante, tan europeísima que el propio juez renunció a perseguir cuando Alemania le dijo que le aceptaba la euroorden pero solo por ese delito. Entonces la malversación le pareció un chichinabo porque lo quería por una rebelión que ya nos dijo el propio Tribunal Supremo que no existió. Eso por no hablar del momento activo la euroorden, la desactivo, la vuelvo a activar... que casi deja en una broma las zozobras de los Mossos. ¿Debemos pedirle cuentas a Llarena de por qué no aceptó esa entrega por malversación? ¿No tenía obligación de hacerlo? Ah, es que no me lo dan por lo que yo quiero ñiñiñi. Es lo que hay, así funciona la colaboración europea y es una forma de control del poder judicial. Esos controles que algunos no quieren asumir. 

Vayamos a la realidad de que el Tribunal Supremo ha decidido no aplicar una ley promulgada por las Cortes usando subterfugios difíciles de aceptar. Que la ley quedó mal redactada, te explican. La interpretación de las leyes debe hacerse en su literalidad, en el sentido que quiso el legislador y, en último caso y si eso no las aclara, en la interpretación judicial. He visto a jueces recurrir a las actas del Congreso para asegurar el sentido e intención del legislador. Aquí la literalidad existe, la intención legislativa es clara pero en la Sala II han decidido reinterpretar su posición respecto a la malversación de nuevo para lograr el objetivo de no amnistiar a Puigdemont. 

El derecho no se está aplicando, más bien se está utilizando como excusa. 

Y ahora, en pleno vodevil y en lo que un castizo deslenguado llamaría un ataque de cuernos, vamos a asistir a un intento de represión sin respaldo legal. Han sido detenidos tres mossos -alguno en excedencia o de baja- y leo que buscan a la persona con discapacidad que conducía el coche adaptado en el que se fue el ex president. Digo que la buscarán para cortésmente preguntarle si quiere colaborar, porque no ha cometido ningún delito. Lean el artículo 451.3 del Código Penal donde dice que se considera encubrimiento a los que ayuden a sustraerse de una busca y captura SI (condicional o sea que establece condiciones) se trata de delitos de traición, homicidio del Rey (y el resto de parentela), genocidio, lesa humanidad, delito contras las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos y tráfico ilegal de órganos. Venga, vuelvan a leer: ¿dónde pone malversación?. Pues eso. Respecto a los funcionarios el 471 nos habla de los que dejen fugarse a un condenado, preso o detenido -no se da el caso- si fueran los encargados de la conducción y la custodia, pero han detenido mossos que ni siquiera estaban en activo. 

No queda aquí la cosa. Que han apuntado a Interior y no sé si al propio Marlaska que está aforado al Supremo y es astilla de la misma madera. Sólo cabe esperar que no comience una nueva espiral de despropósitos jurídicos en torno a este episodio del que, insisto, gran parte de la responsabilidad es del propio Llarena. Sucede que cuando se entra en la pendiente de no ser absolutamente estricto con la ley, de ver terrorismo donde obviamente no lo hay, y tantas otras cosas, luego es facilísimo deslizarse por una pendiente resbaladiza en la que algunos jueces parecen estar en una trinchera personal. 

Esté uno a favor o en contra de la amnistía, incluso de que se diera por siete votos, la cuestión es que está publicada en el BOE y sólo el Tribunal Constitucional está facultado para decidir su anulación. Todo lo demás es entrar de domador o de payaso al circo de varias pistas, lo que te inhabilita para criticar a Puigdemont, al que se empeñan en llamar cobarde. Incluso personas que opinan que intentar impedir que te encarcelen injustamente es más una heroicidad que una cobardía y este proceso penal es injusto desde el primer momento, dado que lo que la legislación española tenía previsto para este caso era el artículo 155 de la Constitución. Sí, ese que ahora parece nada pero que suponía y supuso anular la soberanía popular, destituir a sus representantes y tomar el control en su lugar. Ahí es nada en una democracia, si es que saben qué es eso. 

No sé si Puigdemont ha hecho el ridículo, si lo ha hecho España -ese país en el que según la prensa anglosajona se amnistía y no se aplica la amnistía- pero tengo claro que el ridículo hace tiempo que se ha instalado en las togas de algunos jueces -de algunos concretos y sin que nada tenga que ver con el puñetero franquismo- cuyos motivos y razones he desgranado en otras ocasiones y seguiré desgranando en el futuro. Lástima que todos los de su condición que lo saben, a pesar del bochorno que experimentan, prefieran callar. 

La visita fugaz de Carles Puigdemont a Barcelona antes de volver a desaparecer y, según anunció él este viernes, a última hora, volver a Waterloo (Bélgica), no consiguió paralizar la investidura de Salvador Illa pero sí abrió un nuevo frente judicial en un procés cuyo entierro político se acababa de oficiar. Desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ha pedido explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre qué falló para que el expresident se esfumara ante cientos de personas, y tres agentes de la policía autonómica están siendo investigados. No está claro que este fracaso del operativo policial se traduzca en problemas judiciales para el expresident de la Generalitat pero varios artículos del Código Penal sí castigan a quien ayuda a un prófugo a esquivar la Justicia.

A diferencia de cuando abandonó España en 2017, sobre Puigdemont sí pesa una amenaza real: está en búsqueda y captura por orden del juez Llarena. El pasado julio, el magistrado declaró que el delito de malversación que se atribuye a los líderes independentistas —el líder de Junts entre ellos— no es amnistiable. En consecuencia, mantuvo en vigor una resolución judicial que obligaba a las fuerzas de seguridad a detenerle en cuanto tuvieran constancia de que hubiera pisado territorio nacional. 

Sin embargo, Puigdemont consiguió acceder al centro de Barcelona, dar un breve paseo, hacer un discurso ante miles de personas y después escapar sin dejar rastro. Según su equipo, llevaba varios días en la capital catalana. De nada sirvió el operativo de más de 300 agentes desplegados por toda Catalunya que trataron de encontrarlo tras su reaparición. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró este viernes que el dirigente ya se encuentra fuera de España. Y la realidad es que los únicos detenidos el jueves acabaron siendo dos Mossos d’Esquadra acusados de ayudar a escapar al expresident, a los que se sumó un tercero a última hora del viernes.

A última hora, Puigdemont publicó un mensaje en X asegurando que tras su fuga de Barcelona había vuelto a Waterloo (Bélgica). “Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo ocurrido ayer. Y lo haré. Pero son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar, y confío en que se entienda que necesiten todavía unas horas para reponer y tomar aire”, ha escrito, el expresident.

Puigdemont cargaba contra “el inefable Departamento de Interior” por haber impuesto, a su juicio, una “ola represora que ha desatado el conseller Elena y el comisario jefe de los Mossos” que “es digna de Marlaska o de Zoido”. Puigdemont asegura que por el operativo para detenerle, los mossos han emprendido “la vía hacia su españolización”, descalificando la rueda de prensa ofrecida por el conseller de Interior y la cúpula de los mossos, este viernes.

En cuanto a los mossos detenidos, uno de ellos es el titular del vehículo en el que se sospecha que se fugó Puigdemont. Quedó en libertad horas después. El juzgado, con el criterio en contra de la Fiscalía, rechazó el 'habeas corpus' que había solicitado, una figura legal que permite a un detenido ser puesto de forma inmediata a disposición judicial para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. En caso de que finalmente se abra una causa judicial, se le citará como investigado.  

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Barcelona, el comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent, dejó la puerta abierta a que se produzcan más arrestos. “Cualquier agente que se acredite que ha participado en la huida o en la llegada de Puigdemont será detenido y puesto a disposición judicial”, afirmó, horas antes de conocerse la tercera detención. Además, los Mossos admitieron que fallaron en su previsión de que el líder de Junts intentaría entrar al Parlament donde se celebró el debate de investidura Salvador Illa y cargaron contra las autoridades que le acompañaron y contra los agentes que colaboraron en su huida. 

Las preguntas del juez Llarena

El juez Llarena, en teoría de vacaciones, siguió con atención el desarrollo del operativo fallido y movió ficha 24 horas después. A primera hora del viernes emitió dos escritos dirigiéndose de forma directa a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior para preguntar por qué los operativos para detener a Puigdemont, a quien reclama desde 2017, habían “fracasado”. 

Las preguntas del magistrado no revelan si pretende abrir algún tipo de diligencia por la vía penal, pero muestran su intención de identificar a cualquier posible responsable. Quiere saber si el error se cometió a pie de calle, ya fuera en el Passeig Lluís Companys o en un puesto fronterizo. También si fue consecuencia de la planificación del operativo. Una vez tenga la respuesta, explican fuentes jurídicas, será cuando decida si merece la pena abrir una investigación penal al margen de las pesquisas que ya se desarrollan sobre los dos mossos arrestados. 

El viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responsabilizó en exclusiva a la Generalitat de la huida de Puigdemont. “Todo el operativo que garantizaba que la investidura se pudiera desarrollar con normalidad y que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo corría a cargo de los Mossos, son la Policía competente porque son y actúan como policía judicial”, afirmó. 

El caso todavía no está judicializado, pero la legislación penal española sí tiene elementos para castigar a quien ayuda a un prófugo a esquivar a la Justicia. Por ejemplo, el artículo 451.3 del Código Penal prevé, en algunos supuestos, penas de entre seis meses y tres años de cárcel a quien ayude al presunto responsable de un delito a “eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura”. Para ello, sin embargo, se tendría que probar que los mossos actuaron “con abuso de funciones públicas”, que es el requisito que exige el Código Penal. Esto es, que se aprovecharon de su condición de policías para ayudar en la huida del expresident. 

Por otro lado, el Código Penal también prevé penas de multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen “abiertamente” a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. En una providencia del pasado junio, el juez ordenó expresamente que se comunicara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que continuaban “vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” contra Puigdemont y otros investigados y que debían “proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.

Asimismo, también puede incurrir en pena de inhabilitación, el funcionario que “intencionadamente” deje de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. En este caso, la malversación por la utilización de fondos públicos para poner en marcha el procés que se atribuye a Puigdemont. 

El caso, todavía pendiente de desarrollo judicial, llega con el procés teóricamente enterrado desde el punto de vista judicial y político. El arranque de la legislatura de Salvador Illa con Junts como segunda fuerza política y sin el control total del Parlament que llegó a ostentar el independentismo coincide con la entrada en vigor de la ley de amnistía y el archivo de buena parte de las causas penales que rodean el procés de 2017. 

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha dirigido por escrito a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior para pedir explicaciones por la huida de Carles Puigdemont. En sendas providencias, el magistrado solicita detalles sobre “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial” y sobre cuál era el operativo “inicialmente aprobado” y que órdenes se dieron para su arresto en la frontera.

También pide identificar a “los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue”. El instructor de la causa del procés, por tanto, quiere conocer el detalle de quién diseñó la detención de Puigdemont, quién daba las órdenes sobre el terreno y qué falló para que se esfumara sin poder ser detenido.

El dirigente catalán llegó ayer a las inmediaciones del Parlament poco antes de las nueve de la mañana, en el día de la investidura de Salvador Illa como nuevo president. Se dirigió a varios centenares de seguidores para denunciar que “un país con una ley de amnistía que no amnistía tiene un problema democrático”.

Poco después desapareció sin que el dispositivo Jaula de los Mossos consiguiera dar con él: decenas de agentes vigilaron durante horas los accesos y salidas de Barcelona, así como numerosos puestos fronterizos, sin encontrar al expresident. Hay dos agentes de la policía autonómica investigados por colaborar con él, uno de ellos relacionado con el coche en el que huyó del lugar nada más terminar su discurso. El departamento de Interior del Govern, hasta ayer dirigido por Joan Ignasi Elena, puso en marcha pesquisas internas y, entre otras, llamará a declarar a Jordi Turull, líder de JxC.

En los últimos meses, tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, el Supremo ha tomado diversas decisiones en torno al caso de Puigdemont para concluir que el delito de malversación que se le atribuye no está perdonado por la ley. El juez Pablo Llarena decidió hace unos días que la causa contra él por ese delito seguía abierta y que su orden nacional de detención, dentro de las fronteras españolas, también seguía vigente. A la espera de conocer el desarrollo de la causa conocida como la 'trama rusa' en la que el juez Joaquín Aguirre también ha rechazado la aplicación de la amnistía.

Por el momento se desconoce el paradero de Carles Puigdemont. Personas de su entorno, como su abogado Gonzalo Boye, afirman que ya ha abandonado el país. El propio expresident, a través de su cuenta de Instagram, escribió un mensaje sin revelar dónde se encontraba varias horas después de su discurso.

La investidura de Illa

La llegada de Puigdemont, anunciada días antes, tuvo lugar apenas una hora antes de que el Parlament de Catalunya celebrara el pleno para investir como nuevo president a Salvador Illa con el apoyo de ERC y los Comuns. El debate y las intervenciones de los grupos tuvieron que retrasarse en varias ocasiones a petición de Junts por varias derivadas de la llegada y huida de Puigdemont, la última por informaciones falsas sobre una supuesta orden de detención contra Jordi Turull por ayudarle a escapar.

El candidato del PSC y exministro de Sanidad fue investido después de varias horas de debate. La llegada anunciada de Puigdemont había introducido la posibilidad, asumida por todos los partidos, de que sería arrestado y de que el pleno, por tanto, tendría que retrasarse algunos días, pero la huida aceleró los trámites y la investidura pudo votarse a última hora del jueves.

Ahora serán los Mossos d'Esquadra y el Ministerio del Interior los que tendrán que dar explicaciones ante el juez Pablo Llarena por el fracaso del operativo policial. Está previsto que tanto Joan Ignasi Elena, responsable de Interior en la Generalitat en el Govern de Pere Aragonès, como varios mandos de la policía autonómica, comparezcan este viernes para dar su versión de los hechos.

A lo largo del jueves dos Mossos d'Esquadra fueron arrestados bajo la acusación de colaborar con Puigdemont para eludir el dispositivo policial. Uno de ellos sigue bajo custodia de los agentes mientras que otro quedó en libertad tras comparecer ante la jueza de guardia.

El ejecutivo central responsabiliza en exclusiva de la huida del expresident a los Mossos d'Esquadra. En declaraciones a los medios este viernes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado: “Todo el operativo que garantizaba que la investidura se pudiera desarrollar con normalidad y que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo corría a cargo de los Mossos, son la Policía competente porque son y actúan como policía judicial”.

Casi siete años después de marcharse a Bélgica en 2017 para no ser juzgado por los hechos del procés, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha regresado este jueves a Catalunya. Su detención, si se produce, tendrá importantes consecuencias en el plano judicial, pero en este momento los Mossos desconocen dónde se encuentra.

El pasado 1 de julio, el juez que instruyó la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, declaró que el delito de malversación que se atribuye a los líderes independentistas —Puigdemont entre ellos— no es amnistiable. En consecuencia, mantuvo vigente la orden nacional de detención por ese delito que pesa sobre él desde 2023.

Eso significa que el político catalán seguía en búsqueda y captura y, por tanto, se arriesgaba a ser detenido por orden del Alto Tribunal en caso de regresar a España. La existencia de esa resolución ordena a las fuerzas de seguridad su arresto para asegurar que responda ante la Justicia tras años esquivando a los tribunales. 

La detención de Puigdemont en su reaparición en Catalunya parecía probable, pero el líder de Junts se ha esfumado tras su discurso público. En caso de que fuera detenido, el dirigente pasaría a disposición del juez de instrucción del lugar en que se encuentre, previsiblemente el de guardia de Barcelona, a pocos metros del Parlament. Se espera que, en ese supuesto, el titular de ese juzgado se ponga en contacto con el Tribunal Supremo, que es el órgano que le investiga desde 2019. 

Agosto es un mes de poca actividad en los juzgados, con la mayor parte de plazos suspendidos, y en muchos tribunales se mantiene un retén de magistrados conocidos como “sala de vacaciones”. En el caso de la Sala de lo Penal del Supremo, no está previsto que el juez Pablo Llarena, instructor del procés, trabaje en agosto y el juez de guardia para la primera quincena es Javier Hernández, una de las últimas incorporaciones al departamento en 2020 procedente del Tribunal Superior de Catalunya.

Está por ver, por tanto, si Llarena intervendrá o si dejará que sea Hernández el que resuelva la situación procesal de Puigdemont. Sea quien sea, tendrá que decidir si se le traslada a Madrid para tomarle declaración en el Supremo, si acuerda que ese trámite lo lleve a cabo el juzgado de Barcelona o si resuelve dejarle en libertad y citarle para más adelante.

El precedente de Ponsatí

Respecto a lo que pueda ocurrir con el expresident, existe el precedente de la exconsellera Clara Ponsatí, que regresó voluntariamente a España en 2023 después de cinco años en el extranjero esquivando a la Justicia. En el caso de Ponsatí, que entonces era eurodiputada, Llarena acordó ponerla en libertad y citarla casi un mes después en Madrid. No obstante, en su caso estaba únicamente investigada por un delito de desobediencia, que no implica pena de cárcel. 

Cuando llegó la fecha de ir al Supremo, la dirigente dio plantón a Llarena alegando que se encontraba en Bélgica por trabajo y el juez dictó una nueva orden nacional de detención. Entonces, fue arrestada por los Mossos d’Esquadra en una visita a Barcelona y trasladada a la Ciutat de la Justicia. Allí le tomó declaración el juez de Barcelona, a quien Llarena envió las preguntas que debía formularle. Después, decretó su puesta en libertad a la espera de juicio y quedó sin efecto la orden de detención acordada en su día. 

Ponsatí estuvo detenida casi cinco horas y presentó un ‘habeas corpus’ al considerar que había sido arrestada de forma ilegal. Esa figura legal permite a un detenido ser puesto de forma inmediata a disposición judicial para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. 

Su abogado es el mismo que representa a Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye. En el caso de que acordara seguir esa misma estrategia para el caso del expresident, implicaría involucrar al Constitucional para que este proceso penal quede en suspenso hasta que el tribunal de garantías decida sobre si su caso es o no amnistiable. Los magistrados, también con una Sala de Vacaciones para el mes de agosto, tendrían que decidir si las alegaciones de Puigdemont se pueden resolver por la vía cautelarísima antes incluso de que les llegue, como tal, un recurso. 

Delito de malversación

Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que el caso no es totalmente homologable. Puigdemont sigue procesado por un delito de malversación, que podría traducirse en hasta 12 años de cárcel. La aplicación de la amnistía a este tipo penal ha emergido como el gran obstáculo que ha afrontado la ley para surtir efecto. Se trata de un delito relevante en la causa del procés porque es el único que, derogada ya la sedición, lleva aparejada una pena de prisión. 

La tesis de Llarena —y de la Sala de lo Penal del Supremo— es que el desvío de fondos para la realización del referéndum del 1-O no entra en las exclusiones previstas en la ley, que contempla que quedarán amnistiados los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Así, el juez defiende que para que exista un beneficio personal no es necesario que se produzca un aumento del patrimonio, sino que basta un “ahorro económico”. En este caso, sostiene que los dirigentes independentistas eludieron “sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal” y que lo hicieron “con cargo a todos los contribuyentes de Cataluña”.

En todo caso, la decisión de no aplicar la amnistía no es firme. Fue recurrida por la Fiscalía, que considera que “no es ajustada a Derecho” y va contra la “voluntad del legislador”. Y también por el propio Puigdemont. Todo apunta que acabe ante el Tribunal Constitucional.

Otro de los interrogantes que se abren es la posible entrada en la cárcel del dirigente independentista. Para decretar la prisión provisional, alguna de las partes personadas en el procedimiento debe pedírselo al juez, algo que se da por hecho al ser Vox acusación popular. No se espera que lo hagan ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, que el pasado junio pidieron que se aplicara la amnistía a todas las conductas vinculadas con el referéndum independentista del 1-O y se levantara la orden de detención contra él.

Para tomar una posible decisión sobre la entrada en prisión, el Supremo tiene que tener en cuenta tres elementos: el riesgo de fuga, que puede resultar evidente dado que ha estado casi siete años fuera de España; de que pueda seguir delinquiendo o destruir pruebas. Ante ese hipotético escenario, Puigdemont podría alegar que la decisión de Llarena de aplicar la amnistía no es firme —está recurrida ante él mismo y lo previsible es que acabe llegando al Tribunal Constitucional—. Y que, en consecuencia, su derecho a la libertad se vería vulnerado si entra en prisión y después una instancia superior acaba dándole la razón y aplicando la amnistía.

La situación procesal de Puigdemont constituye, en términos jurídicos, el último gran fleco del procés. Por eso, dilatar su resolución interesa sobre todo a quienes se sirven políticamente del conflicto catalán o encuentran en él su razón de ser. Entre ellos podemos contar al propio procesado, que no pierde la oportunidad de extraer rédito de su perfil de víctima; también a los representantes de la ultraderecha patria, principal acreedora del nacionalismo español. Pero, en realidad, si alguien se ha esforzado en mantener abierta la herida democrática que dejó el procés, a base de prolongar artificialmente el debate jurídico orquestado en torno a Puigdemont, han sido los propios tribunales. En su afán por conservar un papel protagonista, algunos órganos judiciales no han dudado en retorcer la ley y deformar los procesos de los que conocen hasta convertirlos en auténticas causas generales de marcado carácter inquisitivo. No parecen darse cuenta de que la imagen que proyectan con ello favorece precisamente a quienes tratan de perseguir.

El ejemplo más claro es sin duda el de Tsunami Democràtic. La causa fue archivada el pasado 9 de julio por el Tribunal Supremo después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidara todas las diligencias acordadas a lo largo de los tres últimos años -nada menos-, por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón. Durante el periodo en que estuvo abierta la investigación, el instructor, transformado en una suerte de acusador judicial, modificó a placer la calificación de los hechos y amplió infundadamente el número de encausados. Lo hizo sin que nada ni nadie le pusiera límites, fuera de plazo, en contra del criterio de la fiscalía y con el único fin de imputar a Puigdemont un delito, el de terrorismo, no susceptible de amnistía o indulto. Hasta le llamó a declarar como investigado sin ser competente para investigarle -por tratarse de un aforado-; una falta de competencia de la que el propio juez era plenamente consciente, tal y como demuestra el hecho de que acto seguido elevara la causa al Supremo. 

Pero García Castellón no es el único que se ha excedido en sus facultades como instructor a la hora de complicar el regreso del expresident fugado. Existe otro procedimiento igual de delirante e irregular que aún sigue abierto en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona. Es conocido como “la trama rusa”. En el marco del mismo, Joaquín Aguirre, otro magistrado a las puertas de la jubilación, como García Castellón, lleva investigando desde hace ya más de 5 años las supuestas injerencias de los servicios de inteligencia rusos en el procés. Tras una serie de infructuosas pesquisas, la Audiencia Nacional rechazó el conocimiento del asunto por carecer de fundamento. Sin embargo, ante el desplante, el instructor decidió ampliar el objeto de la causa en lugar de archivarla. Así, el pasado 26 de junio dictó un auto en que encargaba nuevos informes a la Comisaría General de Información de la Policía sobre extremos tan dispares como los “contactos” mantenidos por los independentistas con “rabinos judíos” que comercian con criptomonedas, “la mafia rusa” y “formaciones de ultraderecha” europeas. Todo ello con el fin declarado de “construir un mapa” que conecte a los promotores del 1-O con los agentes de Putin. También amplió el número de investigados, incluido Puigdemont, a quien imputó por traición -otro delito difícil de amnistiar-, para posteriormente remitir las actuaciones contra él al Tribunal Supremo. A ver si esta vez había suerte.

En ambos casos se repite la misma lógica: investigaciones prospectivas que no dan ningún resultado concreto pero permanecen abiertas durante años y sirven, a la postre, para acabar imputando el delito que más convenga al “enemigo de España” que toque. Luego, cuando ya no pueden estirar más el chicle, mandan el bodrio de expediente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a otra cosa. 

Puede que estas performances procesales no lleven a nada en términos jurídicos, dada su falta de fundamento, pero sin lugar a dudas condicionan el juego democrático, permitiendo además que la cúspide de nuestra jurisdicción, el Tribunal Supremo, se despache a gusto y contente a sus fieles. Muestra de ello es que su Sala Segunda asumiera la calificación realizada por García Castellón sobre los hechos investigados en Tsunami Democràtic como terrorismo; la extravagante interpretación del enriquecimiento personal realizada por Pablo Llarena en aras a inaplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont y, más recientemente, la retórica netamente ideológica presente en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la propia sala contra la ley de amnistía. 

Con este tipo de pronunciamientos, eminentemente políticos, sus artífices sitúan al Poder Judicial en el centro del debate más polarizado que existe en la actualidad, acabando con cualquier expectativa de imparcialidad que pudiéramos albergar sobre ellos y obligando a la sociedad en su conjunto a posicionarse a favor o en contra de sus resoluciones. Como consecuencia, el 50 % de la ciudadanía consideran mala o muy mala la independencia de los tribunales según el Eurobarómetro publicado en julio de este año.

Este tipo de prácticas judiciales también confirman el sesgo inquisitivo presente nuestro sistema penal, empezando por la mera existencia del juez de instrucción. Una figura superada en el resto de países del mundo; entre otros motivos, debido al riesgo de politización que supone atribuir a un juez la posibilidad de impulsar investigaciones penales de oficio, sin más cortapisas que su propio criterio. Si, además, como es el caso, algunos de estos jueces bordean la legalidad para dar rienda suelta a sus manías persecutorias, nos situamos directamente en escenarios previos a la modernidad democrática, donde las funciones de acusador y enjuiciador se concentraban en un mismo sujeto, encargado de investigar a personas y no hechos concretos. Nada mas lejos, en resumidas cuentas, del modelo constitucional de juez, concebido según la tradición jurídica liberal como garante de derechos antes que como mero represor. 

Aunque la imagen de inquisidor no define al grueso de nuestra judicatura, ni siquiera a la mayor parte de los instructores, su relevancia mediática está cobrando ya una importante factura al tercer poder del Estado, que de uno de los cuerpos funcionariales mejor considerados, ha pasado a ser el servicio público peor valorado de todos según el CIS de diciembre de 2023. Pero, sobre todo, está dando alas al relato independentista más confrontativo, basado en la idea de una España opresora e iliberal que subyuga al disidente. Un marco mental perfecto para la ilusión autoritaria de la que el propio Puigdemont se nutre con el fin de proyectar una influencia política mucho mayor de la que le proporciona el menguante respaldo social a su fracasado proyecto independentista. Solo así se explica el hecho de que, en el momento de la historia donde la independencia cuenta con menor apoyo entre los catalanes, - 51% la rechaza frente al 41% que la apoya, según el estudio de 11 de mayo del Centre de Estudis d’Opinió de la Generalitat-, su vuelta a España y previsible detención sea utilizada por el mismo como una forma de sacudir el escenario nacional. Ahora justamente que los números le relegan a la irrelevancia para formar gobierno. 

Y es que, con su persecución inquisitorial a Puigdemont, el activismo judicial conservador está denostando una profesión, la suya, que además es poder del Estado; erosionando los cimientos de nuestro modelo de justicia penal, concebido en el marco de la Constitución como un sistema de garantías, no como un mero mecanismo de represión estatal y, quizás esto sea lo más paradójico de todo, sobredimensionando las expectativas políticas del independentismo más cínico y oportunista.

El Tribunal Supremo insiste en que hablar de 'lawfare' no constituye un delito de amenazas. En un escrito reciente, la Sala de lo Penal ha decidido inadmitir una denuncia de Manos Limpias contra Gabriel Rufián, Jordi Turull y Santos Cerdán en la que acusaban a los tres políticos de amenazar a jueces como Manuel García Castellón, Pablo Llarena o Manuel Marchena al hablar de 'lawfare' en varias intervenciones públicas, algunas de ellas desde la tribuna del Congreso. Los jueces explican que puede tratarse de una “falta de respeto” pero en ningún caso de un delito de amenazas, como sostiene el pseudosindicato ultra que impulsa la acusación popular contra Begoña Gómez.

El pasado mes de mayo, el alto tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre una denuncia similar presentada por Manos Limpias contra Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. La parlamentaria independentista se refirió a media docena de jueces que habían participado en el procés para asegurar que “había que juzgarles de inmediato, cesarles”, calificando a estos magistrados de “indecentes”.

El Supremo ya inadmitió esa primera denuncia, explicando que las expresiones de Nogueras estaban amparadas en la inviolabilidad parlamentaria de diputados y senadores cuando hablan desde la tribuna. Posteriormente tuvo que analizar un segundo pleito penal interpuesto por Manos Limpias contra otros políticos por declaraciones similares aunque no emitidas todas desde el Congreso de los Diputados.

En este caso, el pseudosindicato ultra de Miguel Bernad acusaba de un delito de amenazas a Gabriel Rufián (ERC), Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts) por hacer alusión al 'lawfare' en distintos puntos de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno así como para sacar adelante la amnistía. Para Manos Limpias, por ejemplo, la alusión al 'lawfare' que hacía el acuerdo entre PSOE y refleja “de manera inequívoca un delito de amenazas contra el poder judicial”.

Lo mismo decía Manos Limpias sobre las comisiones de investigación proyectadas en torno a este asunto. Gabriel Rufián, en el debate de investidura de Sánchez, también “dejó de una manera clara amenazas a los jueces en general y en particular a los intervinientes en los procesos penales del secesionismo”. Por último, la organización ultra destacaba unas palabras de Turull en TV3 sobre la amnistía para sumarle a la lista de presuntos autores de las amenazas.

El Tribunal Supremo entiende que ninguna de esta declaraciones ni alusiones al 'lawfare' puede ser considerada un delito de amenazas. “Nos encontramos con meras manifestaciones genéricas contra el poder judicial, pensando en una posible actuación del mismo en un futuro”, dice el alto tribunal.

Las declaraciones de los políticos denunciados, explica la Sala de lo Penal, “pueden ser tachadas de falta de respeto y consideración ante los Magistrados a los que se refiere en concreto y frente a uno de los poderes del Estado en general, como el es el poder judicial” pero “no se está amenazando con la causación de un mal para ellos o para personas allegadas a los mismos”.

“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. La frase la pronunció el entonces titular de Hacienda, Cristobal Montoro, en el 2018. El ministro recordó que la interventora de la Generalitat estaba obligada a entregar semanalmente los informes de gastos de la Administración catalana y que no se había detectado ningún desvío de fondos.

La sentencia del procés condenó a los acusados por malversación pero no fijó cuál había sido la cifra de dinero público desfalcado ni hizo referencia a un supuesto perjuicio a las finanzas de la Unión Europea.

Para los magistrados del TSJC, la malversación entra dentro de los delitos amnistiables por la ley aprobada por el Congreso. Para los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena es todo lo contrario: el asidero para no conceder el olvido judicial a los impulsores del procés que ostentaban cargos públicos y que juzgó el Tribunal Supremo. Su argumento es simple aunque cuestionable: los fondos públicos no acabaron directamente en las cuentas bancarias de los impulsores del 1-O pero sí evitaron que tuvieran que pagar el referéndum de su bolsillo. 

El magistrado Llarena ya había expresado en público su rechazo a la amnistía incluso antes de que estuviese aprobada. “Una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley”, argumentó en un discurso pronunciado en el Colegio de Procuradores de Madrid en el mes de noviembre. 

Marchena, más prudente en público, se ha pronunciado a través del auto de la Sala de lo Penal en la que se rechazó aplicar la amnistía. “El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos”, se afirma en la resolución de 61 páginas hecha pública la semana pasada.  

Que Llarena no lo pondría fácil era más que previsible. Marchena no había dado pistas pero en el auto queda claro que ha decidido reinterpretar su propia sentencia puesto que como recuerda Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó el fallo que condenó a los líderes del procés por sedición, malversación y desobediencia,  ni en esa sentencia ni en otras resoluciones del caso se hizo alusión a “ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial”. Esa nueva conjetura la califica en su voto particular de “deducción artificiosa”.

Descabalgado el juez García-Castellón por un error propio en la instrucción del caso Tsunami, que ha quedado en nada, y no porque no fuese terrorismo (que no lo era), seguía cabalgando el juez Aguirre y su famosa ‘trama rusa’, más famosa que trama. Ahora el magistrado barcelonés ha acelerado, algo nada habitual en sus interminables instrucciones, para remitir al Supremo la exposición razonada en la que reclama la imputación de Puigdemont. 

Según Aguirre, la supuesta injerencia rusa provocó una “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial”, que es precisamente la exclusión que marca la ley de amnistía para el delito de traición. Ahora será también Marchena quien deberá decidir si da por buena la existencia de la trama rusa o coincide con la Audiencia de Barcelona que ya avisó a Aguirre que no había caso por más que insistiese.

Puigdemont, un trofeo mayor para Llarena y Marchena, sigue prometiendo que esta vez sí regresará a Catalunya aunque se arriesgue a ser detenido. Si cumple su palabra sería para asistir al debate de investidura, si es que lo acaba habiendo. La cosa no ha cambiado y solo Salvador Illa tiene opciones de ser investido. La dirección de ERC está por la labor aunque para ello deberá convencer también a sus bases. 

Tanto socialistas como republicanos aseguran que las conversaciones van bien y a buen ritmo pero aún no hay nada cerrado. ERC respira aliviado por el regreso de Marta Rovira pero la guerra interna está siendo peor de la que incluso ellos auguraban. El partido quiere reforzarse desde la oposición y le conviene debilitar tanto como pueda a Puigdemont (aseguró que si no conseguía ser president no se quedaría en el Parlament). Para los republicanos una cosa es coordinarse con Junts para plantar cara a los jueces y otra es dejarse arrastrar por los intereses electorales de Puigdemont.

Marchena y Llarena parecen dispuestos a seguir engrandeciendo la figura del líder de Junts en un momento en que sus expectativas son más que limitadas, como se constató en las últimas elecciones catalanas. Engrandecer a Puigdemont y a la vez complicar la vida un poco más a Pedro Sánchez.

¿Amnistía? ¿Qué amnistía?. El Tribunal Supremo se subleva ante la norma. Ninguna sorpresa. Aznar ya dijo aquello de que “el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte y el que se pueda mover que mueva”. Algunos magistrados, con sus declaraciones y sus escritos,  ya habían emitido señales de que así lo harían. Y Feijóo, tras la aprobación de la ley en el Congreso, ya vaticinó que la derrota de la misma no había sido posible en las Cortes, pero que lo sería en los tribunales.

Así que el Supremo ha movido ya ficha y declarado no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés. En consecuencia, mantiene las órdenes de detención de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluìs Puig. Igualmente, no levanta la inhabilitación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa al entender, en una motivación un tanto exótica, que sí hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial, que es el hecho que excluía la norma del olvido penal. Los jueces Llarena y Marchena argumentan que los políticos independentistas malversaron porque no pagaron de sus bolsillos el referéndum del 1-O

La intención del legislativo era obvia, pero los jueces no están por la labor de aplicar la norma porque entienden que todo ha sido consecuencia de una chanfla con motivaciones políticas. Exactamente lo que desde el independentismo y algunos sectores progresistas achacan a los togados desde hace tiempo: que anteponen su ideología a criterios estrictamente jurídicos.

La decisión de este lunes anticipa en todo caso lo que ya se preveía, que serán el Constitucional y la justicia europea quienes resuelvan el alcance de la norma. Esto además de complicar aún más la gobernabilidad de Catalunya, cuyas formaciones políticas andan en pleno proceso de negociación para una posible investidura. Puigdemont ha elevado el tono de la crítica, tratado de “mafiosos” a los jueces y evocado a la mafia siciliana al hablar de “La Toga Nostra”, pero ahora se encuentra ante la tesitura de decidir si cumple con su palabra de regresar a España para la sesión de investidura, si es que se celebra y no se repiten las elecciones, o se arriesga a cruzar los Pirineos y ser detenido.

Salvador Illa, por su parte, tendrá que emplearse a fondo en sus habilidades negociadoras para convencer a ERC de que no atienda los cantos de sirena de Puigdemont en favor de la unidad independentista contra el Estado represor. Y los republicanos, decidir si quieren seguir siendo una copia de Junts o transitar por una senda propia. De momento, y no parece que sea ésta una buena señal para Illa, el expresident y quien fuera su número dos en el Govern de la Generalitat y vicepresidente, Oriol Junqueras, se vieron el pasado domingo en Waterlooo después de varios años sin mantener contacto, aunque tanto Junts como ERC han querido desvincular el anuncio del Supremo de las negociaciones de la investidura.

Aún así todo se complica. La anhelada normalización de la política catalana, el choque entre los poderes judicial y legislativo y, lo más grave de todo, la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia. No en vano, el 60% de los españoles desconfía de los jueces, según una reciente encuesta de Simple Lógica para elDiario.es, en la que la mayoría de afirma que en nuestro país existe ‘lawfare’ en alguna de sus manifestaciones: judicialización de la política o instrumentalización de la justicia. Un 44% señala directamente además que hay casos de persecución judicial. Y es que en lo que respecta al procés, una cosa es hacer justicia y otra muy distinta, hacer de justiciero, que es el papel que algunos togados parecen desempeñar con la aplicación de la amnistía.

Si alguien aún tiene alguna duda, ahí están los audios publicados por Canal Red del juez Joaquín Aguirre, el instructor del caso Voloh sobre la trama rusa del procés, en los que se ufana, en plena negociación entre Junts y el Gobierno para cerrar la ley de amnistía, de haber tumbado la norma y, meses después, de que haría caer al Ejecutivo de Sánchez. “Me han dicho que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”, afirmó dos días después de firmar un auto con el que prorrogó, a pesar de que la Audiencia de Barcelona le había pedido que la cerrara por falta de nuevos indicios.

Nada de todo ello hubiera sido posible si en España no hubiera habido un gobierno como el de Mariano Rajoy, hoy ilustre comentarista deportivo,  que hizo dejación de sus funciones, no quiso buscar soluciones políticas al conflicto con Catalunya y endosó a la judicatura la misión de salvar a España del indepentismo. De aquellos polvos, estos lodos y el afán justiciero de algunos jueces de pensamiento mucho más que conservador.

El Tribunal Supremo ha anunciado que no amnistiará el delito de malversación por el que está imputado y procesado Carles Puigdemont. El juez instructor del procés y la Sala de lo Penal entienden que el perdón de la ley no alcanza al uso de dinero y medios públicos para impulsar el referéndum de 2017, cerrando al mismo tiempo la puerta a acudir a Europa para que examine la amnistía y su aplicación al caso del expresident catalán. La única opción de que el Tribunal de Justicia de la Unión se termine pronunciando sobre uno de los flecos clave de la ley es que el Tribunal Constitucional sea el que eleve el debate hasta Luxemburgo, algo que solo ha hecho una vez en sus más de cuatro décadas de historia.

Tanto el juez instructor de la causa del procés como el tribunal que juzgó y sentenció el caso han dejado claro que el delito de desobediencia atribuido a varios líderes independentistas sí es amnistiable, pero que la malversación no lo es. La ley excluye del perdón a quienes malversen dinero público en su propio beneficio para enriquecerse, y el Supremo interpreta que eso fue lo que hicieron los integrantes del Govern de Carles Puigdemont que impulsaron el procés: usar los fondos de todos los catalanes para no tener que pagar el referéndum de su bolsillo.

El segundo argumento que esgrimen las dos resoluciones del Supremo conocidas este lunes es que la malversación del procés cumple con otro requisito para quedarse fuera de la amnistía: afectaron a la Unión Europea. No a sus fondos, porque los propios jueces reconocen que no hay pruebas de que ese dinero saliera de las arcas de la Unión, pero sí a sus intereses de forma indirecta: la independencia de Catalunya, explica Pablo Llarena, habría afectado por ejemplo a la recaudación de impuestos que forman parte de la financiación de la UE y sus presupuestos.

Desde su puesta en marcha hasta su aprobación, el Partido Popular ha confiado en que los tribunales centrales –el Supremo y la Audiencia Nacional– elevarían el asunto de forma casi inmediata a Luxemburgo a través de sendas cuestiones prejudiciales. Una de las cábalas que hacían los de Alberto Núñez Feijóo en la calle Génova era que el caso llegara rápidamente al TJUE y que la aplicación de la amnistía quedara en suspenso hasta que los jueces europeos se pronunciaran, algo que rara vez sucede en un plazo inferior a un año y medio. Diversos medios de comunicación publicaron que esta era la intención, entre otros, del Tribunal Supremo.

El movimiento de los jueces de lo penal ha llegado por un camino distinto, que zanja en primera instancia el debate sobre si la malversación es o no amnistiable y que retrasa y dificulta el posible desembarco de los magistrados de Luxemburgo. Los autos todavía son recurribles ante el propio Tribunal Supremo, que no solo ha dejado clara su opinión sobre la malversación sino también sobre llevar el caso al TJUE: considera que no es necesario que un tribunal internacional explique la jurisprudencia española sobre la distracción de caudales públicos y si es necesario o no el enriquecimiento personal de los culpables.

No significa que la amnistía no vaya a llegar nunca a manos del Tribunal de Justicia, aunque el caso concreto de Puigdemont es materia exclusiva del Tribunal Supremo y ningún otro juez puede elevarlo por su cuenta. El expresident sí podrá llevar las decisiones del tribunal y el juez ante el Constitucional, donde el propio Supremo ya ha elevado una consulta sobre el delito de desobediencia y la amnistía. Y en el Constitucional se abren varios caminos, al margen de los múltiples recursos que se han anunciado contra la ley en sí misma.

Una de esas vías es que el Constitucional acepte a estudiar el fondo del asunto y tome una decisión sobre la aplicación concreta al caso de Puigdemont. Otra sería si el Constitucional aceptara elevar su propia cuestión prejudicial al TJUE, algo que solo ha hecho una vez en sus más de 40 años de historia, cuando en 2011 decidió preguntar a Europa por el proceso de entrega a Italia de un condenado por fraude. Una tercera vía sería estudiar si el Supremo ha vulnerado los derechos de Puigdemont al no elevar la cuestión prejudicial.

En los últimos años el Constitucional ha obligado a distintos tribunales a elevar preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión. Lo hizo, por ejemplo, con la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo y el bono social eléctrico en 2019. En otras muchas ocasiones, sin embargo, ha declarado que la denegación de estas cuestiones prejudiciales no afectan a los derechos fundamentales de los recurrentes, por ejemplo a la hora de examinar y rechazar recursos precisamente de la causa del procés independentista.

El primer pronunciamiento del Supremo, por tanto, no paraliza la aplicación de la ley de amnistía y declara que la malversación del procés no puede ser perdonada. Mientras tanto, juzgados y tribunales de todo el país aplican el dictamen a la espera de saber si los autos dictados hasta la fecha cuadran con los conocidos este lunes. El primer amnistiado, por ejemplo, ha sido el exconseller Miquel Buch, condenado precisamente por malversar dinero público al otorgarle una escolta a Carles Puigdemont de forma irregular.

Junts y ERC irán al Constitucional

A nivel judicial, tanto Junts como ERC ya han anunciado su intención de recurrir el bloqueo del Supremo a la amnistía. El primer paso será impugnar las decisiones ante el propio tribunal, pero los dos partidos han avanzado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional con el objetivo de que el tribunal de garantías obligue al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de condenados por el procés.

“El Supremo intenta derogar y no aplicar una ley vigente. Es insultante y gravísimo”, ha manifestado la vicesecretaria de derechos y libertades de ERC, Marta Vilaret. Por su lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que el Supremo “se salta la ley y sigue persiguiendo al independentismo”.

Al margen de los recursos contra la decisión del Supremo, la negativa a la amnistía del Alto Tribunal se produce en un contexto de negociaciones complejas entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Los republicanos quieren blindar la negociación política de cualquier decisión judicial, pero Junts ya ha usado las resoluciones del Supremo para insistir en su presión a los republicanos para “ir a la una” de cara a un intento fallido de investidura de Carles Puigdemont.

En el plano político, Turull ha reiterado la promesa de Puigdemont de volver a Catalunya aunque se mantenga su orden de detención para un pleno de investidura que, a más tardar, se tendría que celebrar el 26 de agosto. Ante la imposibilidad de que Puigdemont sea investido por falta de mayoría, Junts pretende una repetición electoral que le permita volver a lanzar los dados mediante una candidatura unitaria con ERC pero liderada por el expresident que sirva de revulsivo a las sucesivas debacles electorales independentistas.

A la espera de la decisión de Puigdemont durante el verano, la resolución de este lunes del Supremo torpedea el objetivo principal de la ley de amnistía: poner el contador a cero y olvidar las consecuencias penales del procés. Los partidos son conscientes de que difícilmente se podrá completar la normalización de la política catalana mientras haya un expresident en el extranjero que resulte detenido y encarcelado en caso de pisar España.

El Tribunal Supremo ha declarado que el delito de malversación que se atribuye a los líderes políticos del procés, entre ellos Carles Puigdemont, no es amnistiable y, por tanto, el expresident será detenido si pone un pie en España. Tanto la sala que sentenció la causa como el juez Pablo Llarena entienden que el dinero público que usaron para impulsar el referéndum de 2017 si fue a parar a su beneficio personal porque así no tuvieron que pagarlo de su bolsillo, lo que excluye de la amnistía esa malversación. La Sala de lo Penal, con un voto en contra de una de las magistradas, eleva una consulta al Tribunal Constitucional para que decida las consecuencias prácticas que la amnistía debe tener, entre otros, para Oriol Junqueras, decisión de la que depende que pueda presentarse a las próximas elecciones catalanas.

Tanto la Sala como el juez Llarena tenían pendiente pronunciarse sobre el alcance de la amnistía desde hace varios días. En el caso de la sala que preside Manuel Marchena, sus argumentos giran en torno a la ejecución de las condenas firmes e indultadas para Junqueras y varios líderes políticos separatistas más tras la sentencia de 2019. En el caso del juez Llarena, por la malversación que atribuye desde 2017 a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, todavía pendientes de extradición y juicio. La Fiscalía, después de tener que llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala, apostó por pedir la amnistía total en casos como el de Puigdemont.

El instructor y la Sala coinciden en sus argumentos para denegar que el perdón abarque al uso de dinero público para impulsar el procés: los fondos públicos no acabaron directamente en sus cuentas bancarias pero sí evitó que tuvieran que pagar el referéndum de su bolsillo. “El dinero público para emplearlo en agrados personales, o endosar los gastos de bienes o servicios privados y autorizar después que sean pagados por la Administración, supone un acto de claro enriquecimiento”, dice Llarena sobre Puigdemont, llegando a comparar el procés con el de alguien que paga la boda de un hijo con dinero público.

La Sala de lo Penal, en otro auto emitido de forma simultánea, incide en ese argumento: “El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”, afirman los magistrados que sentenciaron y condenaron el procés en 2019. “Quien dilapida los fondos públicos y los dedica a financiar el proceso independentista obtiene el incuestionable beneficio personal que se deriva de no aportar dinero procedente de su peculio”, añaden.

Eso, según los magistrados del Supremo, impide aplicar la amnistía al delito de malversación en sus distintos frentes, tanto para los ya condenados como para los que, como Puigdemont, están pendientes de juicio. Y en el caso del expresident tiene una consecuencia directa: Llarena mantiene su orden nacional de detención, lo que implica que el candidato de Junts a presidir la Generalitat no puede volver a España sin arriesgarse a ser arrestado.

Llarena también desarrolla un segundo argumento para justificar que la amnistía no alcance a la malversación: en el caso del procés también afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. El dinero que malversaron no salió de fondos comunitarios, reconoce el magistrado, pero el procés afectó a la Unión de otra manera: “Afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea, con reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión”. Según el magistrado, el procés comprometía la recaudación, entre otros, del IVA.

El juez instructor del procés ha decidido aplicar la amnistía al delito de desobediencia del que estaba acusada la líder de ERC, Marta Rovira, para anular la orden de detención que pesa sobre ella. Rovira todavía está imputada en otra causa judicial relacionada con el procés: Tsunami Democràtic. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha intentado sin éxito varias veces que las autoridades suizas entreguen a la dirigente independentista acusada de terrorismo en el marco de las protestas masivas contra la sentencia del procés en 2019.

No llevan el asunto a Europa

La Sala de lo Penal también tenía pendiente decidir si debía borrarse el delito de desobediencia atribuido a algunos condenados por desoír al Constitucional mientras impulsaban el procés. La respuesta, en este caso, es afirmativa: “La desobediencia queda abarcada en su integridad, sin matices”, dice la sala que preside Manuel Marchena. Pero antes de poner en marcha las consecuencias prácticas, el Supremo prefiere elevar el asunto al Constitucional en relación con este delito concreto: “Es evidente que ese mandato de clausura no puede operar como una inmediata causa de archivo de una ejecutoria”.

Tanto Llarena como la Sala justifican que la aplicación de la amnistía a la malversación del procés sea decidida en el Supremo y no llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial. Ambos consideran, según explican en sus autos, que la ley de amnistía y la jurisprudencia española sobre la malversación no necesitan de la intervención de los magistrados de Luxemburgo. “Carece de sentido promover una duda prejudicial sobre la interpretación de una cuestión fáctica, no jurídica”, dice la Sala.

La Sala dedica una parte de su auto a cargar con dureza contra la norma y contra el proceso legislativo que ha alumbrado la ley de amnistía. El legislador, afirma, ha interrumpido “cien años de jurisprudencia” sobre la malversación para amnistiar “unos hechos y unos protagonistas muy concretos”, en relación con el procés y los líderes políticos independentistas. “Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza”, añade. El auto critica también la “precipitación”, afirma, con que se ha sacado adelante la ley. “Contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa”, lamenta el Supremo.

Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los líderes del procés independentista por sedición, malversación y desobediencia, ha emitido un voto particular en sentido contrario al resto de sus compañeros. Para ella “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía es perdonar este delito de malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Recuerda, entre otras cosas, que ni en la sentencia del procés ni en otras resoluciones del caso hicieron alusión a “ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial” que ahora sí se pone encima de la mesa.

Las causas abiertas al procés independentista catalán llevan años encontrándose con obstáculos cuando llega el momento de enfrentarse a los tribunales de otros países. Suiza ha sido el último país en poner reparos a las peticiones de los jueces españoles, en este caso enfriando la del juez Manuel García-Castellón de localizar a Marta Rovira, a la que acusa de terrorismo en Tsunami Democràtic. A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

El último varapalo ha llegado desde Berna con la firma de Guillaume Rousseau, de la oficina federal helvética de Justicia. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón movió ficha el pasado mes de noviembre y decidió impulsar su causa por posible terrorismo en Tsunami Democràtic, que investiga las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés. Uno de sus escritos partió en dirección a Suiza reclamando a las autoridades que localizasen a Marta Rovira de cara a su posible imputación. Rovira lleva en el país desde marzo de 2018, poco antes de su cita como imputada en el Tribunal Supremo con el juez Llarena.

La respuesta de Suiza no es definitiva porque pide más información al juez García Castellón antes de decidir, por ejemplo, si la de Rovira es una acusación de “carácter político”, análisis habitual en este tipo de solicitudes. Pero sí pone varias pegas. Pide más información sobre la futura ley de amnistía y sus efectos sobre esta causa, y pide también a García Castellón que sea más preciso a la hora de detallar la relación de la dirigente de ERC con las manifestaciones que cortaron el aeropuerto de El Prat en 2019. Cuestiona, finalmente, que el magistrado de la Audiencia Nacional pida información sobre sus cuentas hasta junio de 2020 si las protestas de Tsunami fueron en octubre del año anterior.

Este documento recuerda, de hecho, que la petición del juez del caso Tsunami es “muy similar” al de una comisión rogatoria que puso en marcha sin éxito el mismo magistrado en 2019. Una solicitud de entrega de Rovira que ya fue denegada entonces por un escrito firmado también por Rousseau. Hace un lustro, Suiza ya fue contundente con García Castellón: ni organización criminal ni terrorismo en Tsunami Democràtic para Marta Rovira.

“El terrorismo se define como un acto de violencia criminal que pretende intimidar a una población o a obligar a un Estado o una organización internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, un acto cualquiera. Los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos, exigencia de esta norma suiza”, fue la respuesta. Las reticencias mostradas por Suiza, por tanto, no son nuevas para el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco lo son para el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que seis años y medio después de asumir la causa contra el procés no ha conseguido que los países donde se marcharon los líderes independentistas entreguen, hasta la fecha, a ninguno de ellos. En algunos casos ha sido el criterio de los jueces de otros países pero también el paso del tiempo, la sentencia del procés y los cambios del Código Penal han sido determinantes en los fracasos de los tribunales españoles.

De Alemania a Luxemburgo: la entrega de Puigdemont

Carles Puigdemont abandonó España a finales de octubre de 2017. Poco antes de que la Fiscalía se querellara contra él y todo su Govern, y después ser destituido por la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. No acudió a la llamada de la Audiencia Nacional y empezó entonces una sucesión de peticiones desde España a distintos países europeos, a día de hoy infructuosas o en suspenso.

El primer gran varapalo llegó unos meses después, ya en 2018. Carles Puigdemont había sido detenido en Alemania cuando cruzaba el país para volver desde Dinamarca hasta Bélgica, pero el tribunal germano de Schleswig-Holstein rechazó subirle a un avión y entregarle en las condiciones que proponía el juez Pablo Llarena: lo harían por malversación, pero no por rebelión, delito que entonces estaba aún encima de la mesa. El magistrado español rechazó el trato que proponían sus homólogos alemanes.

Empezó entonces a escucharse en el Supremo y en la Fiscalía un lamento que, a día de hoy, sigue haciendo eco por los pasillos de ambas instituciones: que los tribunales de otros países vayan mucho más allá de sus límites a la hora de analizar y rechazar estas extradiciones. El propio Llarena llegó a denunciar en un auto la “falta de compromiso” de las autoridades alemanas y la Fiscalía acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de “ignorar” la normativa europea.

Puigdemont volvió a ser arrestado en la isla italiana de Cerdeña en septiembre de 2021 y el resultado fue el parecido. Los jueces de Sassari dejaron en libertad al expresident catalán sin cautelares y supeditando una posible extradición al resultado de los pleitos pendientes sobre su inmunidad parlamentaria. Ese resultado llegó en julio de 2023, pero tampoco ha desencallado, por el momento, la situación, aunque fuera una contundente victoria, la primera por escrito, del juez Llarena.

Fue el Tribunal General de la Unión Europea el que retiró la principal protección de Carles Puigdemont: su inmunidad de europarlamentario. La suya y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Una vez conocida esa decisión, el juez Llarena optó por la prudencia y anunció que no tomaría ninguna decisión hasta que los tribunales europeos resolvieran los posibles recursos y medidas cautelares que planteara la defensa del expresident. Esa posible reactivación de las órdenes de extradición por parte del Supremo, según fuentes del caso, sigue a la espera después de la derrota sin paliativos de Puigdemont en esa fase del proceso.

El contexto legal y judicial ha cambiado mucho desde que arrancó la causa del procés. Las primeras peticiones de entrega de la causa principal se cursaron por un delito de rebelión impulsado por la Fiscalía que quedó descartado de plano en la sentencia del procés. Una reforma legal posterior eliminó el delito de sedición por el que se condenó a los acusados y obligó a modificar el andamiaje legal del caso: Carles Puigdemont, en la actualidad, está acusado solo de malversación de caudales públicos. Todos estos cambios han propiciado la vuelta de otros políticos catalanes que se fueron de España y nunca acudieron a la llamada del Supremo.

Ponsatí, Gabriel y Serret

El 11 de marzo de 2021 las cámaras se agolpaban en la calle Marqués de la Ensenada como en los grandes momentos de la causa del procés. Minutos antes había trascendido que, por primera vez en cuatro años, una de las integrantes destituidas e imputadas del Govern había regresado a España y se había presentado en el despacho de Pablo Llarena. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura, había decidido volver. Después de casi cuatro años en Bélgica, había obtenido un escaño en el Parlament de Catalunya y ya no se exponía a una pena de cárcel sino solo de inhabilitación.

La sentencia del procés no solo había descartado la rebelión. También había descartado que su departamento invirtiera ni un solo euro en el procés, por lo que la malversación quedaba descartada. En la actualidad, a la espera de pronunciamiento firme por parte del Supremo, Serret ha sido condenada a un año de inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Catalunya.

Fue la primera en volver de lo que el independentismo denomina “exilio” y los tribunales españoles califican de “fuga”. En julio de 2022 fue Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, la que acudió también voluntariamente al Supremo para entregarse tras cuatro años en Suiza. Su causa, en la que llegó a estar imputada por desobediencia en el Supremo, quedó archivada recientemente por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El goteo de retornos voluntarios culminó en marzo de 2023 con la vuelta a España de Clara Ponsatí. La exconsellera del Govern se convirtió en parte del núcleo duro del expresident en su huida de la causa del procés. Ponsatí optó por Escocia, donde los tribunales de Edimburgo rechazaron su entrega hasta que se mudó a Bélgica, donde ejerce como eurodiputada. Inicialmente procesada por rebelión y malversación, los dos delitos más graves de la nómina de acusaciones de Llarena, volvió a España y después de varios intentos, detenciones y puestas en libertad, compareció ante el juez. Acusada solo por desobediencia, se expone a la inhabilitación en un proceso que está a la espera de juicio en el Supremo.

Todas las causas relacionadas con el procés, tanto las que se tramitan en España como las que tienen un pie en el exterior, están ahora pendientes de un nuevo factor que puede ser determinante: la futura ley de amnistía. La respuesta de las autoridades de Suiza a la petición de Manuel García Castellón revela que la norma, cuyo primer borrador no salió adelante en el Congreso por la falta de apoyo del partido de Puigdemont, puede tener su incidencia también en el extranjero. El contenido de la ley, y saber si la acusación de terrorismo contra Puigdemont prospera, serán las dos claves que marquen el futuro de las ramificaciones internacionales del procés que desde hace siete años traen de cabeza a los jueces españoles.

Más de una treintena de leyes han pasado durante el año que está a punto de terminar el filtro de su tramitación en el Congreso. 17 de ellas fueron aprobadas, otras decayeron por falta de apoyos o por el adelanto electoral. Pero hay una que, como ninguna otra, ha soliviantado al tercer poder del Estado incluso antes de que se conociera su literalidad.

La ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañan— han encontrado un inédito movimiento impulsado por sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y del Legislativo, con todos los altavoces imposibles. Y obviando, de paso, su obligación de mantener la apariencia de imparcialidad en el debate partidista. 

Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”. 

En el centro de la respuesta está un órgano caducado, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde hace un lustro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales, hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”. 

De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, que sí se ha mostrado muy beligerante ante las alusiones a las comisiones parlamentarias de investigación que recoge el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. El documento no contempla la inclusión automática en la ley de amnistía de los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos—, pero sí abre la puerta a que este tipo de asuntos se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.

Finalmente, las comisiones aprobadas son tres: una sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; otra sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos al president Pere Aragonés; y la más controvertida, sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Todo apunta por tanto, a que ese supuesto juicio político a miembros de la judicatura —alentado por ERC y Junts— no va a tener lugar. Las comisiones están centradas en la cloaca policial y la actuación del CNI, el organismo al que se dirigieron todas las miradas tras estallar el escándalo de Pegasus. 

Las comisiones y el 'lawfare'

Pese a ello, las alusiones al ‘lawfare’ en el acuerdo entre PSOE y Junts indignaron sobremanera al mundo judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales —también las progresistas— lanzaron comunicados de reproche al entender que implicaba una “intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes”. A elevar el suflé en las semanas posteriores contribuyó el señalamiento por parte de dirigentes de Junts a jueces con nombres y apellidos. Tanto es así, que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, llegó a cancelar un encuentro institucional con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya estaba agendado por la Moncloa. 

La versión oficial sostuvo que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadraron el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” a Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; o Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel desde la tribuna del Congreso. 

Estas andanadas han obligado a Bolaños a emplearse a fondo para tratar de pacificar las relaciones con un importante sector de la judicatura. Desde que asumió la cartera ha aprovechado casi cada vez que se le ha puesto un micrófono delante para reiterar su respaldo a los jueces. La actitud del ministro es valorada en sectores del Supremo —donde celebran la reunión finalmente mantenida con su presidente, Francisco Marín—, aunque también hay quien le reprocha cierta tardanza en su reacción. 

Es una crítica a la que se ha sumado el presidente interino del CGPJ, que desde que resultó elegido por ser el vocal de más edad del órgano tampoco ha escatimado en pronunciamientos públicos y reprimendas a los políticos por los “ataques” a los jueces. “Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo [en alusión al 'lawfare'] en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, afirmó en referencia al posicionamiento público del PSOE en contra de convocar a jueces a esas comisiones, tal y como pretenden los independentistas.  

Unas citaciones que, de producirse —lo que parece muy improbable dada la negativa de los socialistas— el CGPJ ya ha avisado de que no va a autorizar. Y que, según su presidente, abrirían un “choque” institucional. No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Guilarte, que también ha pedido al Gobierno que no propicie “desencuentros desclasificando, para su espuria difusión” documentos como los relacionados con el uso de Pegasus por parte del CNI después de que el Gobierno dijera que  si un juez “pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional” se procedería a la misma.

“El principio del fin de la democracia”

En todo caso, en el ámbito de la judicatura, las críticas más intensas al alivio penal del procés y a esas comisiones de investigación han llegado desde la APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera. La Asociación cuenta con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo. Antes incluso de que se registrara la norma, esta asociación auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”.

Su presidenta, la jueza María Jesús del Barco, se ha prodigado en entrevistas y en los últimos días ha elevado el tono hasta el punto de afirmar que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.

En el ámbito de la Fiscalía, las principales objeciones a la amnistía han llegado desde la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, que llegó a pedir por carta a la Comisión Europea que interviniera para frenar cualquier iniciativa de despenalización del 1-O señalando de forma expresa los mecanismos utilizados por la UE para tratar de sancionar a Polonia y Hungría. Su presidenta, Cristina Dexeus, también ha concedido varias entrevistas en las que ha cargado duramente contra el alivio penal del procés. No obstante, la actuación de la AF ha ido especialmente dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que ha tenido una actitud tibia ante el asunto de la amnistía y el ‘lawfare’.  

García Ortiz ha mostrado en varias ocasiones en público el respaldo expreso a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', pero ha renunciado a pronunciarse sobre la amnistía al entender que no entra dentro de sus competencias. “No emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política”, afirmó el pasado 21 de diciembre en el Congreso. 

Del presidente “psicópata” al “apesebrado” fiscal general

Más allá de las críticas desde el ámbito asociativo —que tienen reconocida una mayor protección— también hay jueces que a nivel particular se han cobijado bajo las redes sociales o las páginas de opinión de medios de la derecha mediática para cargar contra el Gobierno. Quizá el caso más paradigmático es el del juez de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que utilizó sus redes para llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. Cerró su cuenta en Twitter después de que el CGPJ le abriera un expediente. 

Pero hay más. El mismo día que trascendía la sentencia del Supremo que anulaba el ascenso de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, uno de los firmantes de esa resolución, José Luis Requero, firmaba un artículo en La Razón en el que acusaba a la izquierda y al nacionalismo de “haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado” y tildaba de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Afirmaciones que parecen el ejemplo perfecto de la “politización de la justicia” que denuncian los mismos togados que se manifiestan ante juzgados y tribunales o auguran “el principio del fin de la democracia” si se aprueba definitivamente la despenalización de los hechos que derivan del ilegal referéndum independentista. 

Algunas de las decisiones más controvertidas no tienen tanto que ver con posicionamientos públicos, sino con la propia actividad judicial. Y ahí ha sobresalido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien en vísperas de la negociación del PSOE con Carles Puigdemont y Junts impulsó la causa de Tsunami, abierta hace cuatro años, para ahora imputar un delito de terrorismo al expresidente catalán. Para alcanzar esa acusación, el juez tuvo que vincular a Puigdemont con la supuesta organización Tsunami, algo que ni hacía la Guardia Civil en su informe final, y después responsabilizar a los manifestantes de haber provocado la muerte por infarto de un turista extranjero que tuvo que alcanzar a pie el aeropuerto de El Prat. El movimiento de García Castellón ha sido denunciado por los partidos independentistas como un signo evidente de 'lawfare' en la justicia española.