Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

El mundo está cambiando y la guerra está cambiando con él. “Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico”, dice Ángel Gómez de Ágreda.

Gómez de Ágreda (Salamanca, 1965) es coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la reserva, piloto militar de transporte con más de 4.000 horas de vuelo y paracaidista con 624 saltos. Doctor en Ingeniería, ha sido analista jefe de geopolítica en el Ministerio de Defensa, jefe de cooperación en el Mando Conjunto de Ciberdefensa y agregado de Defensa en las embajadas Corea del Sur y Japón. Especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial, acaba de publicar Un mundo falaz. El nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación (Ariel).

En esta entrevista con elDiario.es, Gómez de Ágreda profundiza en conceptos como “la guerra cognitiva”, potenciada por la IA. Pero, también, en cómo el poder de las grandes tecnológicas está extendiéndose también hasta los sistemas de defensa de los Estados. A veces, de la mano de empresas mucho más opacas: “Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir”.

De fondo, la carrera de la IA entre EEUU, China y una Europa que necesita actuar “para no perder su voz”. Un mundo en constante cambio y tensión, pero en el que el coronel anima a la sociedad civil a dar “un paso adelante” para “restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos”.

Las herramientas de las grandes tecnológicas son claves en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Se está difuminando la barrera entre la tecnología civil y la militar?

Hasta ahora los ataques se han estado basando en inteligencia procesada en las nubes de Microsoft y de Google, especialmente en la de Microsoft. Con lo cual no solo se han convertido en parte del armamento que está utilizando el ejército, sino que además son una pieza fundamental para la recolección de inteligencia.

Anthropic es el único caso en el que ha habido algo de reticencia por parte de una empresa al uso de su tecnología, pero solo para algunos usos (vigilancia masiva o armas autónomas).

El caso de Anthropic puede haber tenido mucho de escenificación. Al fin y al cabo, en Irán EEUU sigue utilizando sus sistemas junto con Palantir y otras soluciones. Lo que ha supuesto esta maniobra es, por un lado, una campaña propagandística muy rentable para Anthropic, con un gran número de nuevos suscriptores. Por otro lado, creo que también demuestra que el debate sobre la ética de los sistemas civiles empleados con fines militares ha quedado reducido a algo que discuten las grandes empresas y la administración de Estados Unidos, mientras el resto nos quedamos fuera, esperando a ver qué deciden. Nos están apartando de la decisión sobre cómo se van a utilizar unos sistemas que, además, funcionan con nuestros datos: el 70% de los datos de personas, gobiernos y ejércitos del mundo están ahora mismo en las nubes de los hyperscalers (Microsoft, Google y Amazon). Están utilizando nuestros datos en su beneficio y son ellos quienes establecen las reglas sobre cómo podrán usarse.

¿Cree que la gente tiene capacidad de reacción ante esto? ¿O que es demasiado difuso para actuar?

Es tan difuso y aparentemente tan alejado del día a día que resulta invisible, cuando en realidad ocurre lo contrario: está metido tan transversalmente en cada aspecto de tu vida que ya has dejado de verlo. Es como el agua para los peces: es su medio natural. Ahora mismo nuestro medio natural es esta realidad sintética que se está generando, y, por eso, la mayor parte de la gente no solo no se resiste, sino que lo considera una ventaja porque le da comodidad para operar en el día a día.

Es importante que la sociedad civil dé un paso adelante para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos

La única salida, como decíamos, pasa por ese esfuerzo personal de identificar no tanto que te están engañando, sino que te están manipulando; que están actuando sobre tus emociones más que sobre tus percepciones. Y después algo que me parece fundamental: poner en común esas reflexiones individuales. El sentido común se genera en comunidad. Por eso es importante que la sociedad civil dé un paso adelante, probablemente en grupos pequeños al principio, para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y Estados que opera en detrimento de los ciudadanos.

¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué recomendaría a alguien interesado en generar esas comunidades?

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones. Eso puede ocurrir en la familia, en comunidades de vecinos, o, a nivel más amplio, en comunidades de interés. Pero no pueden ser digitales, en el sentido de las actuales redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema. La prensa, por ejemplo, tiene un papel fundamental. Generar grupos de opinión en torno a medios: no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos poder generar ese espíritu crítico. Me comentaba antes de la entrevista que elDiario.es tiene casi 120.000 socios, y eso me parece un modelo estupendo: cada uno de esos socios forma parte de una discusión interna orientada no a generar la realidad, sino a entenderla tal como es.

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones, pero no puede ser en las redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema

En el libro denomina a las grandes tecnológicas como “imperios del silicio”. Teniendo en cuenta esa integración de sus sistemas en la seguridad nacional, ¿le preocupa que los estados estén delegando su capacidad de defensa, de inteligencia, incluso su poder militar en empresas privadas?

Esto ya ocurrió antes. En el Imperio Romano se contrataron legiones enteras de mercenarios bárbaros para defender la frontera, y la cosa no acabó bien. Luego lo vimos con las compañías de Indias Orientales, como la británica, la holandesa o la francesa, que acabaron convirtiéndose en imperios paralelos. En Londres mandaba más la Compañía Británica de Indias que el Parlamento, porque era ella quien controlaba las colonias y de ahí llegaba la riqueza. Al final hubo que reabsorberlas dentro del Estado porque se habían convertido en virreinatos.

Pero el modelo al que parece que tendemos ahora no es el colonialista, sino el inverso: delegar a las empresas el control de las políticas y que esas empresas utilicen a los estados como proxies (apéndices). Es el modelo parecido al de la película RoboCop, no sé si la ha visto.

Me pilla algo lejana.

El trasfondo muestra a una compañía con tanto poder gracias a sus robots de seguridad que acaba usando al alcalde como legislador para favorecer sus propios intereses. Ahora estamos yendo hacia un modelo en el que las grandes tecnológicas utilizan a los estados como herramientas. Los países grandes apenas pueden ya controlarlas y cuando hablamos de países más pequeños, como Sri Lanka, Myanmar o Nepal, donde ha habido revueltas, muertos y caídas de gobiernos relacionadas con las redes sociales, el presidente del país era incapaz de conseguir que alguien de la oficina de Mark Zuckerberg le cogiera el teléfono.

Un ejemplo muy concreto: la base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial y, a partir de esos datos, puede inferir cómo piensas, lo que te hace mucho más fácil de manipular. Estas empresas además controlan las comunicaciones y alimentan las bases de datos de los estados, con lo cual generan el escenario y manipulan a los actores sin contar con ellos. Tener todos esos datos juntos te da mucho más poder que el que tiene Hacienda, Tráfico y cualquier otro organismo por separado, porque aquí está todo integrado y lo que construyen es una imagen en 3D de cada persona.

La base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial

El discurso suele pivotar sobre las grandes tecnológicas, pero como menciona hay actores menos conocidos para el público general que tienen un papel clave en esta militarización de las tecnologías civiles. Uno de ellos es Palantir, clave en los bombardeos de Gaza, en el sistema de deportación de migrantes en Estados Unidos, en el Pentágono, ahora también en Irán.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa. Pasa lo mismo que con Clearview: cuando un agente del ICE se acerca a un coche, no pide documentación, simplemente apunta con el móvil y ya sabe quién es el ocupante gracias a su tecnología. Han conseguido una capacidad de integrar datos y extraer conclusiones en tiempo real que es espectacular. Eso nos permite avanzar en muchísimos terrenos, pero también en los negativos: la manipulación.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa

Y hay que preguntarse en manos de quién estamos dejando todo esto. Los fundadores, Alex Karp y Peter Thiel, son filósofos. Ambos con ideas bastante radicales. Thiel podría calificarse de anarcocapitalista, de extrema derecha. Es coherente con su negocio, por otro lado, porque hace falta una determinada forma de pensar para montar estas empresas.

Esto se relaciona con otro de los conceptos centrales de su libro: la guerra cognitiva. ¿Podría explicar cómo es esa batalla que se libra en nuestras cabezas?

Es una se ha librado siempre. Desde la aparición del lenguaje, este se ha utilizado para sustituir, de alguna manera, a la realidad. Los conceptos no son la realidad; son lo que nosotros entendemos de ella. Son las sombras del mito de la caverna de Platón. El problema es que, desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese.

Desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese

¿Qué es lo que estamos haciendo? No hemos dejado de librar la guerra, pero sí hemos trasladado buena parte del conflicto del campo de batalla a la mente. En lugar de destruir cosas, las presentamos como destruidas. Generamos emociones. Por ejemplo, el bombardeo de Donald Trump durante su primer mandato contra una base en Siria: avisó dos días antes para que la evacuaran. Lanzó decenas de misiles Tomahawk, con un coste de millones de dólares cada uno. No hubo víctimas. ¿Para qué sirvió ese bombardeo? No para destruir la base, ya que no era necesario destruirla, sino para construir un relato: que Estados Unidos estaba implicado en esa guerra y tenía capacidad de acción.

Es decir, hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones. Lo vemos en los discursos políticos del propio Trump, pero también en ámbitos como la publicidad. Si a eso le añadimos las enormes capacidades de la inteligencia artificial para manipular percepciones, lo que estamos haciendo es facilitar que los humanos desarrollen empatía hacia las máquinas; en última instancia, para beneficiar a las empresas que las construyen.

Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones

¿Ve el mismo patrón en los asesinatos selectivos de la cúpula iraní? ¿Un mensaje de “el régimen tiene las horas contadas”?

Ése es un error de cálculo, porque la cadena de mando en Irán está muy bien establecida: después del dos viene el tres, después del tres el cuatro. Eso no va a hacer caer al régimen. Lo que sí se está mandando es un mensaje a la población: “estamos eliminando los obstáculos que teníais”. Pero eso es propaganda tradicional, no guerra cognitiva en sentido estricto. Lo que sí se está viendo mucho es la batalla de relatos: yo estoy destruyendo todo, a mí no me están destruyendo nada. Como cuando Irán intentaba vender que había alcanzado un portaviones americano y los americanos lo negaban. Deepfakes, vídeos manipulados de alta calidad, jugar con los objetivos para afectar al comercio y la economía mundial, mucho más allá de lo que realmente esté ocurriendo sobre el terreno. Todo es manipulación, todo es guerra dentro de las emociones de la gente.

¿Hay alguna estrategia para protegerse de esa propaganda tan quirúrgica?

Para el ciudadano de a pie: confiar más en los propios sentidos y menos en los sensores; quedarte con lo que realmente estás viendo tú. Hay poco más que podamos hacer. Y el problema es que, desde el punto de vista institucional, la forma más cómoda y eficiente de combatir la desinformación del adversario es con desinformación propia o con censura, ninguna de las cuales favorece el juicio individual de las personas.

¿Como, por ejemplo, la censura de los medios rusos en Europa que vimos tras el comienzo de la guerra de Ucrania?

Exacto, y lo curioso es que fuimos nosotros los primeros en aplicarla. Fue el Occidente libre el que censuró los medios rusos, y el que tiene varias agencias de la OTAN y de la Unión Europea en ciudades clave como Helsinki o Riga con el único encargo de vigilar y contrarrestar la desinformación procedente de Rusia. EUvsDisinfo, el Centro de Excelencia de Guerra Híbrida de la OTAN... Son organismos específicamente creados para eso. Pero no son actores neutrales, no son árbitros: son protagonistas. Con lo cual lo que te cuenten puede ser tan falso como lo que están contrarrestando.

Otro de los temas clave del libro es la explicación de las diferentes estrategias de EEUU y China en la carrera de la inteligencia artificial. Hay una estadística muy llamativa que indica que la población china es la más optimista del mundo respecto al avance de la IA...

Cierto, y con bastante diferencia respecto a los países occidentales, además.

A pesar de que aquí no dejamos de advertir de que el Partido Comunista está utilizando esta tecnología para construir un aparato de vigilancia estatal orwelliano.

Es más parecido al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es más amable.

¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

La explicación me parece clara. En Estados Unidos hay grandes empresas desarrollando modelos de negocio basados en inteligencia artificial, con muchísima inversión cruzada entre ellas, generando tecnología que muchas veces no llega al ciudadano más allá de los modelos de lenguaje que la gente usa para hacer un meme o echarse una novia digital. En China, en cambio, están utilizando tanto los desarrollos propios como los americanos para crear aplicaciones que el ciudadano ve cada día en su móvil y que le facilitan la vida. WeChat es desde hace años mil veces mejor que WhatsApp, no hay comparación. Las empresas chinas trabajan para llevar a la sociedad un producto y al Estado una herramienta, o un arma. Son dos modelos completamente distintos: uno tecnológico-económico y otro tecnológico-social, enfocado directamente en lo que usa el ciudadano. Y por eso en China la inteligencia artificial se percibe como mucho más útil: está ayudando a la gente todos los días en multitud de tareas.

Ha dado una clave: en China, cualquier desarrollo de IA puede ser tomado por el Estado para aplicación militar. ¿Cree que la actuación de Trump con Anthropic pretende ser ejemplarizante para corregir esa desventaja estratégica? ¿El hecho de que en EEUU las empresas sí pueden vetar el uso de su tecnología al Gobierno?

Tengo mis dudas. Lo que el caso Anthropic señala es una excepción, no la norma. Ha sido ejemplarizante precisamente porque ha sido noticia que una empresa no coopere sin restricciones con el gobierno, no al revés. No demuestra que haya una separación real entre los intereses de las grandes empresas y los del Estado, sino que en general son convergentes, y ha habido una que ha decidido salirse. Pero han sido los únicos: ¿qué está pasando entonces con todas las demás?

En China tuvimos el caso de Jack Ma, que en un momento se salió de la disciplina del partido y fue purgado, exiliado en Japón. Pero más allá de la retórica de la fusión cívico-militar en China frente a la teórica no-fusión en Estados Unidos, estamos viendo cómo las fuerzas armadas estadounidenses utilizan las nubes de los hyperscalers o Palantir con muy poca diferencia práctica respecto al modelo chino. La distinción real es esta: en China el Estado entra en la toma de decisiones de una empresa en cuanto es lo suficientemente grande. En Estados Unidos la empresa desarrolla modelos que después vende al Estado, con más libertad en la generación del negocio. Pero la utilización final por parte de los estados no se diferencia tanto, lo cual deja a los países que no tienen grandes empresas tecnológicas propias en una situación muy vulnerable.

¿Cree que China puede ganar la carrera de la inteligencia artificial?

A corto plazo, Estados Unidos sigue por delante en desarrollo de IA. Pero China está varias generaciones por encima en campos muy importantes: centrales nucleares —que aprendió de Francia y de Estados Unidos y ya los supera—, baterías, imanes permanentes, materiales críticos donde mantiene un oligopolio que Washington está intentando romper con acuerdos puntuales. Algunos campos los tiene muy desarrollados, y además cuenta con algo que Estados Unidos no tiene: una política coherente a largo plazo. De Trump a Biden y a Trump de nuevo, lo único en lo que se ponen de acuerdo es en que China es una amenaza. La forma de afrontarla cambia con cada administración. Xi Jinping lleva al frente desde 2012 o 2013, consolidando cada vez más su poder y dando continuidad a una estrategia.

Dicho esto, creo que nos queda muchísimo por ver de lo que tienen tanto China como Estados Unidos, tanto en desarrollos aplicados a defensa como a la sociedad. La mayor parte no han salido a la luz. Con lo cual, es muy difícil saber quién está realmente por delante. Lo que sí está claro es que China no es un rival lejano, sino, como dicen los mismos estadounidenses, un competidor cercano.

Están guardando sus cartas.

Exacto, y esto es algo que ya ocurre mucho, por ejemplo, en ciberseguridad, con la atribución de los ataques. Si tú me atacas, para poder señalarte necesito herramientas de atribución, pero si las revelo, pierdo la ventaja porque tú estudiarás como evitar que te detecte. Entonces lo que se hace es decir: “sé que has sido tú, confiad en mí”, pero sin explicar cómo lo sé. Aquí está pasando algo parecido. Estamos viendo ovnis cognitivos, de alguna manera: cosas que suceden y no sabemos cómo porque nadie nos está contando todos los adelantos que tienen. Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer.

Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer

En medio de todo esto se encuentra Europa. ¿Cree que puede encontrar su hueco basándose en la regulación de la IA, como ha intentado hasta ahora?

No. Si Europa no es un actor relevante industrial y tecnológico, tampoco le van a dejar serlo jurídicamente. Ya lo estamos viendo: hay enormes presiones desde Estados Unidos para impedir que la regulación europea se aplique en toda su extensión a las empresas americanas. Sin autonomía estratégica, industrial y tecnológica, Europa cae en la irrelevancia también en el ámbito regulatorio.

Para ser relevante, Europa primero tiene que diseñar y fabricar sus propios sistemas. Y la clave son los estándares: esa es la gran batalla entre Estados Unidos y China, la misma que se libró con Huawei y el 5G. Quien establece los estándares, manda. Europa tiene muchísimo talento y, a diferencia de Estados Unidos o China, genera menos animosidad en el Sur Global. Tenemos que aprovechar esa posición para ser nosotros quienes fijemos esos estándares. Si lo conseguimos, podremos regular de verdad. Si no, podremos escribir normas, pero el estándar seguirá siendo el de otros y el funcionamiento por debajo seguirá siendo el mismo.

El clima de guerra a nivel internacional ha hecho que por primera vez en la UE se empiecen a vincular los discursos de soberanía tecnológica y de defensa, con nuevos fondos para desarrollar estas capacidades.

El gobierno aprobó el paquete de 1.300 millones recientemente [finalmente fueron 1.129 millones]. Es muchísimo. Pero ¿sabe cuánto vale una fábrica de semiconductores?

Por las cifras de la que iba a construir Intel en Alemania, unos 30 o 40.000 millones.

Exacto. 1.300 millones es una salvajada, pero estamos a varios órdenes de magnitud de lo necesario. Draghi hablaba de 800.000 millones de inversión para Europa, no de 1.300. Lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente de registro y dejar de pensar en términos de los últimos 80 años, porque ese mundo ya no existe. No es que esté cambiando: ya ha dejado de ser así. Estamos en una transición hacia un nuevo orden global, y si queremos tener algo que decir en su diseño, tenemos que ser relevantes. Para eso necesitamos nuestros propios estándares y nuestra propia voz. Sin ella, seremos incapaces de defender nuestros propios valores.

¿Defender nuestra propia voz significa más inversión en defensa?

Significa más inversión en autonomía tecnológica e industrial, que después deriva en mayores capacidades de defensa. Pero no sirve de nada aumentar el gasto en defensa si no se hace sobre una base tecnológica e industrial propia que te dé autonomía real a la hora de utilizar esos medios.

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, habría estado proporcionando información en tiempo real a Moscú sobre las discusiones y las decisiones que adoptaban los 27 países de la UE en las cumbres del Consejo Europeo en Bruselas, según ha publicado este domingo The Washington Post. El periódico estadounidense asegura tener testimonios de funcionarios europeos de seguridad en el que acusan al titular húngaro de Exteriores de mantener durante años un contacto estrecho con homólogo ruso, Sergey Lavrov.

La publicación coincide con un momento de máxima tensión entre Bruselas y Budapest. Hungría sigue vetando el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda financiar su guerra contra Rusia y el paquete número 20 de sanciones contra intereses rusos. Los obstáculos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, responden a los problemas a los que se enfrenta su partido para la reelección en las próximas elecciones del 12 de abril. Orbán ha convertido a Ucrania y a la UE en la fuente de todas las desgracias que ocurren en Hungría como principal argumento de su campaña electoral. 

La cercanía del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán con Moscú no es algo nuevo, Desde hace años Orbán respalda a Rusia y asegura que el conflicto en Ucrania es un asunto donde la UE no debería inmiscuirse. El ministro húngaro para Europa, János Bóka, ha declarado que la información de The Washington Post “es una noticia falsa que se está difundiendo ahora como una reacción desesperada al impulso de Fidesz en la campaña electoral. Pero el pueblo húngaro no será engañado”, según informa Politico.

Desde la Comisión Europea se ha señalado este lunes que “las informaciones sobre que el ministro húngaro de Exteriores supuestamente reveló a su homólogo ruso las conversaciones a puerta cerrada a nivel ministerial en el Consejo son sumamente preocupantes. La relación de confianza entre los Estados miembros y con la institución es fundamental para el trabajo de la UE. Esperamos que el gobierno húngaro proporcione las aclaraciones correspondientes”.

Otros mandatarios ha declarado abiertamente que no les extraña la información publicada por el medio estadounidense. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha señalado en la red social X que “la noticia de que el entorno de Viktor Orbán informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie. Llevamos mucho tiempo sospechándolo. Esa es una de las razones por las que solo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo únicamente lo imprescindible”.

'GameChanger' para alterar la campaña electoral húgara

La conexión entre Moscú y el partido de Orbán no solo se queda en el traspaso de información. The Washington Post asegura que oficiales del servicio de inteligencia ruso, SVR, sugirieron que podría ser necesaria una acción drástica, lo que se conoce como estrategia de “Cambio de Juego” (Gamechanger en inglés), que consiste en “alterar todo el paradigma de la campaña electoral con la puesta en escena de un intento de asesinato contra Viktor Orbán”. En este sentido, el periódico estadounidense recuerda cómo funcionó para Donald Trump en las encuestas el supuesto intento de asesinato durante la campaña electoral de las presidenciales estadounidenses de julio de 2024.

Fuentes del Gobierno ruso respondieron: “Hemos declarado en repetidas ocasiones que Rusia no interviene en las elecciones de otros países. Nos gustaría enfatizar una vez más que la interferencia en la campaña electoral húngara de ninguna manera proviene de la parte rusa”.

La Administración Trump ha mostrado claramente el apoyo a Orbán. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reiteró su claro respaldo al primer ministro ultranacionalista, el mejor aliado de Donald Trump en la UE.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró el pasado febrero cuando visitó Hungría que Trump estaría incluso dispuesto a brindar ayuda económica a Hungría si fuera necesario: “Puedo decirles con total confianza que el presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito, ya que la relación que mantenemos aquí en Europa Central a través de ustedes es esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los años venideros”.

“Si se enfrentan a dificultades financieras, si se enfrentan a obstáculos para el crecimiento, si se enfrentan a amenazas para la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que esto tiene para nuestro país, en encontrar formas de prestarles ayuda si alguna vez se diera el caso”, recalcó Rubio.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

La vida de Margaretha Geertruida Zelle, más conocida por su nombre artístico Mata Hari, acabó de la forma que pocos esperaban. La mujer, que se había dado a conocer como cortesana de la élite europea, terminó fusilada por los franceses, que la acusaron de trabajar para los alemanes. Su muerte sirvió para construir el mito de “espía fatal”, pero ¿quién fue realmente esta mujer?

Margaretha nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden (Países Bajos) en el seno de una familia acomodada que la envió a estudiar magisterio a una escuela privada. No queda claro si la joven comenzó una relación con el director del centro o si esta fue víctima de acoso, pero lo que se sabe con certeza es que su padrino decidió sacarla de allí. 

A los 18 años, desesperada por cambiar de aires, respondió a un anuncio del periódico en el que Rudolf MacLeod, un capitán del ejército neerlandés veinte años mayor que ella, anunciaba que buscaba esposa. Margaretha y Rudolf se comprometieron una semana después de conocerse y se casaron en julio de 1895.

Juntos se fueron a vivir a la isla de Java, donde comenzó la pesadilla. Margaretha vivió un matrimonio infeliz y violento, marcado por un marido alcohólico que pronto empezó a maltratarla. Tuvieron dos hijos, Norman y Jeanne, pero el varón murió cuando tenía dos años. En 1902, la pareja volvió a Europa y al poco tiempo decidieron divorciarse, momento en el que Margaretha perdió la custodia de su hija.

Su relación con el espionaje, a debate

Margaretha tuvo que encontrar la manera de sobrevivir por su cuenta, y fue entonces cuando creó el personaje que se convertiría en su alter ego: Mata Hari, que en malayo significa “ojo del día”. Instalada en París, empezó trabajando en un circo, donde comenzó a destacar con sus bailes eróticos que más tarde la llevaron a ser contratada en fiestas privadas. 

Al dinero que conseguía con aquellos bailes, en los que casi se quedaba desnuda, se sumaron los regalos que empezó a recibir de sus amantes, casi todos empresarios ricos y militares relacionados con el poder político. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, su fama y su relación con estos personajes poderosos la pusieron en el punto de mira de algunos gobiernos.

Georges Ladoux, jefe del Deuxième Bureau (servicio de inteligencia francés), llegó a la conclusión de que Mata Hari estaba actuando como agente doble, por lo que decidió arrestarla y acusarla de espionaje. La mujer fue condenada a la pena capital. Hoy en día, son muchos historiadores los que creen que el papel que tuvo como espía fue mínimo o exagerado, y que más bien fue utilizada como chivo expiatorio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.

Según el jefe de Estado, “alguien le dio la orden” a ese oficial de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de “evitar” el encuentro en Washington.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La supuesta maniobra contra Petro está relacionada además con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.

Benedetti dijo hoy que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho [...] y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”, agregó Benedetti.

El ministro, que llamó “cobarde” a Urrego, dijo que el oficial destituido “tomó partido para delinquir” pese a que “su cargo le prohíbe deliberar en política”.

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

“Soy completamente inocente”, dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse “a cualquier prueba técnica”, como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

“Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.

Si se quisiera buscar un símil literario que describiera a Jackson Lamb, el agente del MI5 responsable de la infame 'Casa de la Ciénaga', un edificio gris y cochambroso de Londres donde son destinados los espías castigados por su mal comportamiento, ese sería sin duda el de Ignantius J. Reilly, protagonista de La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Sucio, fumador empedernido, bebedor, malhablado y consumidor compulsivo de productos grasientos y llenos de azúcar, Lamb es el protagonista de una serie de novelas que han hecho célebre a su creador, el escritor inglés Mick Herron (Newcastle, 1963).

Herron revolucionó con sus tramas la novela de espías británica merced a la estrambótica personalidad de Lamb, jefe de un grupo de agentes tan eficaces en sus acciones como incapaces de mantener el orden y la disciplina. Pero más allá del éxito literario, la fama en grandes letras le llegó a este flemático urdidor de historias gracias a la serie televisiva Slow horses, una de las triunfadoras de la plataforma Apple TV.

Slow horses destaca, además, por su elenco interpretativo, en el que sobresale un antológico Gary Oldman en el papel de Jackson Lamb. Herron, que el pasado jueves recibió en Barcelona el premio Pepe Carvalho en el marco del festival literario BCNegra, también estrenó el pasado otoño nueva serie estelar en Apple TV, Down Cemetery Road, basada en sus primeras novelas y que tiene como intérprete protagonista nada menos que a Emma Thompson. El novelista conversó con elDiario.es antes de la ceremonia.

Este otoño ha llegado a Apple TV una nueva serie basada en sus novelas, Down Cemetery Road. ¿Está satisfecho del resultado?

Estoy muy feliz, aunque evidentemente en esta serie ha habido un gran esfuerzo adaptativo, porque Zoe, la protagonista, por ejemplo, apenas aparece en la primera novela, pero de cara a adaptarla a la pantalla hemos forzado su presencia para uniformizarla con las novelas siguientes. En general estoy muy contento con la adaptación tanto de esta nueva serie como en el caso de Slow horses. Y claro, también muy contento con el casting, que en ambos casos es de lujo: Emma Thompson, Kristin Scott Thomas, Gary Oldman y los demás representando mis personajes... Como escritor, ver a tus personajes representados por estos actores es realmente lo más.

Empezó a publicar con éxito en 2003, a los 40 años. ¿A qué se dedicaba antes de ser novelista?

Pues antes de ser un escritor con éxito, era un escritor sin éxito... [risas]. La verdad es que la única constante a lo largo de mi carrera ha sido la escritura y, aparte de eso, he tenido otros empleos que al final lo que hacían era sostener el que pudiera escribir en mis ratos libres, ya que me proporcionaban alimento y un techo. Tuve dos empleos que básicamente eran prácticamente lo mismo, pues fui subeditor en un periódico de Oxford y luego tuve un trabajo similar en Londres.

Cuando el primer empleo, no era un autor publicado. En el caso del segundo, sí, pero aún no era un autor de mucho éxito. Durante 15 años seguí haciendo ese trabajo hasta que realmente pude sostenerme económicamente con mi carrera de escritor. Al final esos trabajos siempre han sido algo relacionado con la lengua pero no eran algo que agotase mi lado creativo, y así siempre llegaba al final de la jornada laboral con energía para poder escribir.

¿Pero nada relacionado con periodismo o tareas de inteligencia y espionaje?

No, jamás, aunque quizás mi trabajo en oficinas, con toda su burocracia, sí ha ayudado a concebir cómo funcionan ciertos organismos y eso lo he trasladado de alguna forma a mis historias sobre espías. Pero nunca me he dedicado ni al periodismo ni a la política ni al mundo de los espías. Al final todo es inventado. Lo que probablemente sí tengo son muchas influencias de otros autores.

Tanto en la serie de la 'Casa de la Ciénaga', que inspira la serie Slow Horses, como en Down Cementery Road, sus héroes son personas extrañas, incluso extravagantes. En el caso de Slow Horses, las dosis de antiheroismo que acumula Jackson Lamb, su protagonista, que encarna magistralmente Gary Oldman, son parte muy importante del éxito de las historias.

Creo que, de algún modo, la disfunción social de mis personajes acaba siendo el tema de las novelas. En el caso de la 'Casa de la Ciénaga', tenemos este escenario de fondo con todos esos espías fracasados, estas personas que no han tenido éxito y que han sido enviadas al exilio. Y las dirige Lamb, ese tipo cuya misión es hacerles la vida imposible, que se sientan fatal... Pues a mí me parece que es inevitable que el perfil del personaje sea una persona desagradable en todos sus aspectos: que fume, que beba, que sea sucio y glotón.

Hay, tal como se revela, una cuestión de auto odio, porque a la vez es un agente brillante, una leyenda del MI5 que, por algún motivo, cayó en desgracia, una historia que le ha llevado a sentirse fatal consigo mismo. Pero debo reconocer que el crear a Jackson Lamb y darle ese perfil de antihéroe no fue una decisión consciente. De hecho, yo no lo percibo como un antihéroe, simplemente lo veo como un personaje cuyo papel es este: su rol es el de hacer sentir mal a todo el mundo.

¿Cuánto tiene Mick Herron de los vicios de Jackson Lamb?

El personaje de Lamb es un monstruo que se ha creado a sí mismo, no en base a mi experiencia vital, así que sus hábitos de comida, bebida, etc., no tienen nada que ver conmigo [risas]. Aun así, reconozco que a veces me da hasta miedo lo fácil que me resulta canalizar lo que dice y hace Lamb, pero es algo que me pasa solo cuando estoy escribiendo. Cuando estoy hablando con otras personas no me pasa, no soy así, en general soy una persona feliz.

¿Qué le parece la encarnación de Jackson Lamb que crea Gary Oldman? ¿Es como usted lo imagina mientras escribe sus novelas?

Lo que ha hecho Gary es impresionante, es adueñarse del papel aportando sus propias ideas, sus propias emociones; se podría decir que casi me ha robado el personaje. Me parece que ha pensado muchísimo en Jackson, tan obsesivamente como yo, ya que Lamb es la persona en la que más he pensado en mi vida desde el punto literario. Y me parece que a Gary le ha pasado lo mismo.

Se habla de usted como el novelista que ha conseguido retirar de las novelas de espías el glamour que tradicionalmente han tenido, ya fueran las de Ian Fleming, las de John Le Carré o las de Frederick Forsyth...

Para mí, esta idea de retirar todo el glamour de las novelas de espías resulta la única forma de enfocar mis historias, de otro modo lo vería como algo falso, porque yo no lo siento así y no me interesa escribirlo así. De todas formas, pienso que los géneros siempre evolucionan de una manera cíclica, pasan a lo largo de las décadas por distintos momentos, y quizá yo empecé a escribir de esta forma en el momento incorrecto en los ciclos, en el tiempo. Me explico: hace unos años releí las novelas de Len Deighton, todas ellas de espías que fueron publicadas en los 60 del siglo pasado.

Me di cuenta de que realmente había bebido mucho de ellas, pues las había leído en mi adolescencia. Todo lo que yo he intentado hacer en mis novelas, esto de retirar el glamour, la vida de oficina, el humor negro, etc., lo había hecho él cuarenta años antes. Luego vinieron las novelas de Flemming y las películas de James Bond, que están muy bien, son muy divertidas, pero pertenecen a la parte del ciclo del espía glamuroso, que no es la mía.

También conviene destacar en sus novelas la crítica, a veces nada velada, a la política y la sociedad británicas.

Cuando escribo, en general sobre el Reino Unido, estoy pensando sobre todo en la situación política, por eso doy una perspectiva más oscura que la que puede tener la gente en general en su vida. Reino Unido comenzó a descarrilar tras el Brexit, pero también después de la crisis financiera de 2008, cuando la situación política se puso en caída libre. Por eso la perspectiva que doy de mi país es bastante oscura y desesperanzada, con esa larga sucesión de primeros ministros británicos, a cuál peor. En Reino Unido llevamos mucho tiempo sin experimentar lo que es un buen gobierno.

¿Qué poder tiene Mick Herron sobre los contenidos de las series sobre sus novelas?

Respecto de las series televisivas, mi papel ha sido de asesor. No he llegado a escribir nada, pero sí que he atendido las consultas de los guionistas. He pasado mucho tiempo en la sala de guionistas porque, claro, adaptar una novela a televisión siempre resulta muy difícil. Lo he disfrutado mucho, y lo sigo disfrutando, porque es un proceso que continúa y es muy distinto del trabajo de escribir novelas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la causa en la que investigaba el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros con el software Pegasus ante la “impotencia investigadora” que supone la falta de cooperación de Israel, país donde se desarrolló ese sistema. En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado apunta que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que lleva al sobreseimiento de la causa.

Cabe recordar que el instructor archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 por el mismo motivo y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía allí por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados.

Ahora, el magistrado explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados y que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar “sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna”. A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de la compañía.

El magistrado afirma que este problema le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación. “Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”, añade.

La investigación

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación --que se inició en abril de 2022-- la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se detectaron como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información “exfiltrada” entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. El mismo se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Grande-Marlaska.

La segunda se detectó el 31 de mayo y la información “exfiltrada” fue de 130 MB. Ésta habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sahara, por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el instructor señalaba que presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año.

Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sido objeto de una infección el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información “exfiltrada” (inferior a 1 kb) sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones “vacuna”.

Este sábado, 20 de diciembre, se cumplen 75 años del fallecimiento de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía vasco bajo el apodo de 'Turuta' al servicio de la CIA de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La efeméride llega cuando el Instituto de la Memoria (Gogora) lo ha reconocido como víctima por haber sido torturado durante la dictadura, cuando regresó a España procedente de Venezuela en una misión encargada por el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. La de 'Turuta' es una historia de película -'Karmele', de Asier Altuna- o de novela -'Elkarrekin esnatzeko ordua', de Kirmen Uribe- y es solamente el segundo reconocido con la ley vasca de memoria histórica de 2023 en la mano después del consejero republicano Alfredo Espinosa, fusilado en la Guerra Civil.

Los homenajes a 'Turuta' se han iniciado este viernes en Ondarroa, la localidad de origen de Karmele Urresti, la esposa de Letamendi. Y se repetirán este lunes en Bilbao, donde nació él en 1901. Este segundo tendrá un rango más institucional. Su sonoro apodo se debe a que era músico, trompetista para más detalles. En la Guerra Civil fue comandante de una guarnición de 'gudaris', los milicianos nacionalistas que combatieron en defensa de la legalidad republicana. Pero los franquistas, auxiliados por alemanes e italianos, conquistaron todo el territorio vasco ya en el verano de 1937. Y pasó al exilio.

Primero fue a París, al conocido palacio del 11 de la avenida de Marceau que ahora ha recuperado el PNV. “Es allí donde se puso a las órdenes del lehendakari” como un agente del SVI, el Servicio Vasco de Información, la agencia de espionaje creada por Aguirre en la Guerra Civil. Pero los nazis llegaron también a Francia. Su siguiente parada fue ya en América. En concreto, acabó en Venezuela. El SVI, en cambio, estableció su cuartel general en Nueva York. Allí trabó acuerdos de colaboración con la OSS (actual CIA), el FBI y también con el SOE británico. Todo esto está documentado en papeles secretos desclasificados ya tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido. En España eso aún no es posible a falta de la reforma de la ley de secretos oficiales.

Uno de esos papeles es el informe de la CIA titulado “Mission Letamendi”, que explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo en paralelo a las derrotas de Alemania e Italia. El lehendakari, como también describió la CIA, llegó a pedir armas a Estados Unidos para su plan para derrocar al régimen. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxoztarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” -el PNV era una formación católica y conservadora, mas siempre operó del lado de los republicanos- estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”.

Explica la familia, que en 2024 inició un proceso judicial no para buscar condenas sino para que la Justicia ponga negro sobre blanco esta historia, que sufrió “graves torturas en comisaría”. Estuvo en prisión sin condena hasta mayo de 1947, es decir, nueve meses. 'Turuta' optó por desplazarse a Barcelona, donde siguió trabajando como agente del SVI con las identidades de “Damián Landa” o “Darío Landa”. Pero fue arrestado nuevamente en septiembre de ese mismo año por la Brigada Político-Social. Otra vez más le decomisaron documentación interna de la oposición. Aquí se sabe que fue torturado por los agentes José Nogués Recoo y Fernando Escudero Arcocha. Son los dos nombres que aportó la familia a la Justicia. Hay más, pero no se han investigado. Lo dejaron “marcado” tanto física como psicológicamente. “No pudo revertir las secuelas”, abundan.

Fue procesado en 1948 y la Fiscalía militar pidió para él diez años de cárcel por delitos de espionaje. En febrero de 1950 llegó la sentencia condenatoria contra él tras un proceso sin garantías. Finalmente, le cayeron cinco años de reclusión por ser responsable de una “conspiración para la rebelión”. Estuvo preso en la propia Barcelona, pero también en Madrid y Guadalajara, según su expediente penitenciario. “Su estancia en prisión fue durísima” y llegó a dejar de comer. “Los muertos no comen”, contó otro reo sobre la delicada situación del torturado. En octubre le concedieron un indulto por su estado de salud. Estaba al “límite” cuando se reunió con su familia. El 20 de diciembre de 1950, estando en casa de un hermano en Madrid, falleció.

La entidad Gizarte Eskubideen Behatokia (GEB) resalta que también la familia del fallecido padeció la represión. “El ensañamiento del Estado no tuvo límites”, remarcan. Exponen que Urresti, la esposa del músico-espía, regresó al exilio de Venezuela tras su fallecimiento y no pudo instalarse en Ondarroa hasta un cuarto de siglo después, en 1975. Su hermano Joseba Andoni Urresti, sacerdote, usó el apodo 'Jacques' en la clandestinidad y participó en la Red Comète de apoyo a los aliados. Otro hermano, Josu, “fue detenido y encarcelado” y pasó cuatro años entre rejas, hasta 1940. La suegra de Letamendi, Carmen, fue “desterrada”, inhabilitada como maestra y multada con 75.000 pesetas, unos 450 euros al cambio de 2002. Les expoliaron bienes: dos viviendas, dos embarcaciones o un taller. Otro hermano, Gaizka Urresti, acabó siete veces detenido, fue encarcelado en cuatro de ellas y “tortuado en numerosas ocasiones”. Dos hijos de 'Turuta' también fueron arrestados en la dictadura. Según GEB, hay una “clara línea de continuidad” en la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la dictadura y que incluso se interna en el período democrático. Este caso “no es aislado” y es la realidad para “decenas de familias vascas”. El PNV, como partido, ha apoyado el reconocimiento como víctima de su militante.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido este jueves por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

No obstante, Esteban sí que ha dicho conocer la existencia de una pericial que constata el rastro de Pegasus en el teléfono de Van den Eynde, así como de un informe de Amnistía Internacional en el que se recoge que, tras una petición a través de la Ley de Transparencia, el Ministerio del Interior confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dispone del citado 'spyware', según las mismas fuentes jurídicas.

En el caso del abogado, no existe una pericial de Mossos d'Esquadra porque la Audiencia de Barcelona lo rechazó, pero una pericial de Citizen Lab constató que sufrió un ataque con Pegasus en su teléfono móvil en 2020, coincidiendo con una reunión por videoconferencia con los abogados del procés.

Tras la declaración de Casteleiro y Esteban, Irídia ha lamentado que desde el CNI continúen sin dar explicaciones “sobre uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”, amparándose, según la entidad, en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionale

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha admitido ante la jueza que los exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie fueron espiados con Pegasus entre los años 2019 y 2020, con el aval del Tribunal Supremo, aunque sin aclarar los ataques corroborados por los Mossos d'Esquadra en años anteriores que no tenían permiso del Alto Tribunal.

Casteleiro, que en mayo de 2022 relevó al frente del CNI a Paz Esteban tras su dimisión por el escándalo del espionaje masivo al independentismo, ha declarado este lunes por videoconferencia ante la titular del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, que investiga el espionaje a Sànchez, a su sucesora en la ANC, Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí.

Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los exlíderes de la ANC. La clave de la declaración como testigo de Casteleiro estaba en las fechas: la infiltración en el móvil de Sànchez, según el análisis forense, se hizo con y sin permiso del Supremo, en un ejemplo de falta de control a las actividades del CNI por parte del Alto Tribunal.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

En el caso de Sànchez, los Mossos ratificaron que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

La magistrada acordó citar a declarar como testigo a Casteleiro, quien entre los años 2020 y 2022 fue secretaria de Estado de Defensa, y para ello pidió al Consejo de Ministros que la autorizara a revelar información reservada sobre los hechos, protegidos por la ley de secretos, y desclasificara la información sobre el espionaje a los líderes de la ANC, informa EFE.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros remitió a la jueza instructora dos autos en los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI autoriza a los servicios secretos a interceptar las comunicaciones de Sànchez y Paluzie, en distintos períodos entre los años 2019 y 2020, y autorizó a Casteleiro a declarar ante la jueza sobre esa cuestión.

Los autos remitidos por el Consejo de Ministros -como sucedió en el caso de las resoluciones enviadas al juez que investiga el espionaje al expresident Pere Aragonès- contienen fragmentos suprimidos, por contener información sensible.

Durante su declaración, la testigo se ha remitido a las resoluciones del Supremo que avalaban el espionaje y ha soslayado cualquier pregunta relativa al uso o el funcionamiento de Pegasus, escudándose en que esas cuestiones quedan fuera del ámbito de información desclasificada sobre la que el Gobierno le autoriza a hablar.

Ello ha impedido aclarar una cuestión clave planteada por la acusación particular sobre el uso de Pegasus en el móvil de Jordi Sànchez entre los años 2015 y 2017, que la testigo no ha respondido escudándose en que afecta a información reservada.

Según fuentes de la ANC, la jueza preguntó al Consejo de Ministros si les constaba espionaje a los expresidentes de la entidad entre los años 2015 y 2022, que es el período en el que Mossos han detectado infecciones.

El informe de la policía catalana apunta a que la mayoría de las intrusiones en el móvil de Sànchez tuvieron lugar entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017 -dos días antes de que entrara en prisión preventiva por el procés-, es decir en la etapa en que presidió la ANC y, por lo tanto, antes de que fuera objeto de investigación judicial por el 1-O.

Casteleiro prestó ya declaración como testigo ante la jueza de Barcelona que investiga el espionaje al diputado de ERC Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba y está citada para el próximo 18 de diciembre para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus al exeurodiputado republicano Jordi Solé y a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.

Por los ataques con Pegasus, la exdirectora del CNI Paz Esteban está siendo investigada en cinco causas distintas, a raíz de las querellas presentadas por afectados por el caso de espionaje masivo al independentismo

Por su centralidad en el mapa regional, Colombia ha sido siempre un lugar estratégico para las agencias de inteligencia estadounidenses. Su proximidad al Canal de Panamá y el papel en la producción y tráfico de cocaína han sido, además, razones de peso para que servicios secretos de múltiples países destinen agentes en Bogotá. Pero varios episodios de los últimos meses revelan que el país es hoy un hervidero del espionaje internacional.

Uno de los últimos casos no hizo mucho ruido a pesar de ser una seria alerta de seguridad nacional. Algo no cuadraba, sin embargo, en las imágenes emitidas a principios de julio en el telediario de mayor audiencia nocturna en Colombia. En ellas se registraba la captura, en la ciudad portuaria de Barranquilla, de un veinteañero vestido con una cazadora al viejo estilo universitario estadounidense.

Se trataba de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, aprehendido en la terminal de autobuses local por su presunto rol como enlace y reclutador de agentes para el Servicio Federal de Seguridad, los servicios de inteligencia rusos, según denunciaron las autoridades. Antes de ser esposado y reducido boca abajo bajo en el asfalto hirviente del Caribe, había transitado por Moscú, Lituania, Noruega y España. Tenía una orden de detención de la Interpol de la máxima prioridad. Y la Policía colombiana seguía sus pasos.

Casi dos meses más tarde, el 13 de octubre, dos activistas exiliados venezolanos sufrieron un atentado cometido por sicarios a plena luz del día en el norte de Bogotá. Los opositores políticos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, que sobrevivieron, habían huido a Colombia en mayo. Lo hicieron tras la detención policial, sin amparo judicial, de un amigo periodista en Caracas.

Media docena de expertos consultados para este reportaje bajo condición de anonimato sostienen la tesis de que se trató de una represalia de las fuerzas de Maduro y se preguntan sobre la estrategia de los servicios de seguridad e inteligencia para protegerse de estas actividades criminales.

“El país hoy es un espacio de disputa internacional estratégica. El Gobierno colombiano tuvo siempre lazos muy fuertes con Washington, que tiene aún una oficina con misión especial en las instalaciones del Ministerio de Defensa, pero tras la llegada de Petro han entrado otras variables en juego”, explica un veterano analista. La política del Ejecutivo de Petro fue extremar la precaución con los estadounidenses y las acciones de Washington en la región han tensado al máximo esas relaciones. El propio presidente Trump ha introducido a Petro y su familia en la lista de narcotráfico, lo que, evidentemente, complica la cooperación a cualquier nivel.

Falta de recursos para el contraespionaje

El problema, a su juicio, radica en el poco contrapeso de las políticas de inteligencia estratégica del Ejecutivo en Bogotá. De hecho, en más de tres años del Gobierno de Petro, se han depurado diversas unidades.

También ha habido múltiples relevos de agentes y funcionarios dentro de un sistema de contrapesos que opera a través de ramas paralelas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía cuentan cada uno con sus propios servicios secretos. A estas se suma la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), creada en 2011 para coordinar y, en teoría, ejercer algún control sobre todas las anteriores.

“En tres años acabaron con numerosos grupos de operaciones especiales. Reemplazaron a veteranos entrenados por los estadounidenses. La directiva de presidencia era tener todas las prevenciones posibles con la CIA”, explica otro investigador. Menciona en concreto el desmonte de los batallones de inteligencia de frontera, que tenían como tarea supervisar los movimientos a lo largo de los 2.219 kilómetros de límite común con Venezuela.

Otro estudioso del tema añade: “Petro desmanteló la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Esa fue una decisión estratégica fatal para el país. También depuró unidades militares de despliegue rápido o de fuerza conjunta en zonas de disputa con grupos armados”.

El argumento del Gobierno es que la corrupción enquistada en muchas de aquellas unidades suponía una ventaja para los criminales. Tras el caso de la Dipol se halla, por ejemplo, la turbia compra por 11 millones de dólares del programa de espionaje Pegasus a los israelíes en 2021. Un investigador y politólogo recuerda, sin embargo, que la situación no es nueva.

Durante las Administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también hubo recortes similares guiados por sus afinidades políticas. Históricamente, los servicios secretos se han instrumentalizado con seguimientos contra opositores y periodistas, o a través de agentes enfocados en obstaculizar el proceso de paz del Estado con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La ideología entorpece el trabajo

En gobiernos anteriores, además, los movimientos del bloque geopolítico de Venezuela, Cuba y Nicaragua eran prioritarios. Por eso el experto habla de una “ideologización” permanente de la inteligencia que ha derivado en “enormes retrocesos operativos”. “En ese vacío se han vinculado con mayor intensidad agencias extranjeras interesadas, sobre todo, en obtener información de Venezuela”, afirma.

También precisa que, a partir de 2010, comenzaron a llegar funcionarios muy “sospechosos” a algunas embajadas: “Nos empezamos a cuestionar si, más allá del conflicto colombiano, existe un pulso profundo a nivel regional que ya no depende solo del impacto del narcotráfico”.

Desde entonces, han surgido noticias como la expulsión de dos miembros de la legación rusa en 2020. O la presencia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela en Colombia en 2024, entre otras. “En este cuatrienio también ha habido un despliegue considerable de chinos e iraníes que antes actuaban en Caracas. Hoy lo hacen en Colombia porque, en esencia, no hay nadie que los persiga”, opina un investigador.

Fue en este contexto en el que, hace unos días, el presidente Petro anunció que suspenderá parte del intercambio de información con las agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, su ministro de Interior, Armando Benedetti, matizó el alcance de la decisión y aseguró que la colaboración con el FBI y la DEA, entre otras, seguiría su curso.

El pragmatismo acaba siendo necesario. “La desconfianza entre este Gobierno y los americanos ha existido desde el principio de esta Administración. No obstante, la Casa Blanca reconoce que la importancia de Colombia, en términos de información sobre crimen organizado, es fundamental y, en lugar de abordar a una DNI hiperpolitizada, han mantenido la conversación con cada una de las demás fuerzas por separado”, recuerda uno de los expertos consultados.

El nombramiento de un ministro de Defensa militar como Pedro Sánchez en febrero de este año ayudó a calmar un poco las cosas. El escenario internacional, no obstante, es crítico. A los bombardeos estadounidenses contra lanchas supuestamente cargadas de droga se suma la llegada a aguas del Caribe del USS Gerald R. Ford; el mayor buque de guerra del mundo, que hace sombra al régimen de Nicolás Maduro. La tensión va en ascenso.

Entre tanto, los analistas barajan otros retos para los organismos de inteligencia colombianos. Uno de los consultados apunta que “hay una nueva dimensión económica en torno al control de las minas de oro”, pero advierte de que “con las purgas de oficiales en el DNI o la Policía, y el hecho de que algunos países ya no son un objetivo claro a nivel estratégico, se ha perdido mucha capacidad de tener información sólida sobre quién entra y sale del país”.

El espionaje sin orden judicial de policías nacionales a los movimientos sociales suma una nueva causa. Pero no contra ningún uniformado, sino contra activistas que protestaron contra uno de los agentes protagonistas de la infiltración. Un juzgado de Barcelona investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por formar un “grupo criminal” cuya principal acción fue el lanzamiento de pintura a la comisaría de la Policía Nacional de Maó (Menorca), donde estaba destinado uno de los policías infiltrados.

Así lo ha podido saber elDiario.es tras tener acceso al auto del Tribunal Supremo que ha dirimido la discrepancia entre el juzgado de Barcelona (que entendía que la causa debía investigarse en Menorca por ser el lugar donde se perpetraron las pintadas) y el de Maó (que envió la causa a la capital catalana al entender que fue desde allí donde “se organizó” la protesta). El Alto Tribunal ha decidido que el caso se instruya desde Barcelona, tal y como había pedido la Fiscalía.

La base de la causa es el informe realizado por agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Maó, esto es, la misma sede en la que trabajaba el agente infiltrado en enero de 2025, cuando los activistas de Arran lanzaron pintura contra su edificio. El “grupo criminal” del que hablaba la Policía en su atestado se mantuvo en el auto del juzgado de Maó que, asumiendo la tesis policial, abrió una causa por este delito, además del de daños y acoso.

Según el juez de Maó, los seis activistas de Arran forman parte un “grupo criminal”, delito habitualmente empleado contra bandas de crimen organizado o narcotraficantes, con “suficiente estructura y reparto de roles” no solo para viajar desde Barcelona a la isla para realizar las pintadas, sino también para grabarlas en vídeo y difundirlas desde la cuenta de la entidad.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

La infiltración del agente en los movimientos sociales de Barcelona fue desvelada por La Directa en 2023. Activistas estudiantiles, del barrio Gòtic de Barcelona y de un casal del Eixample reconocieron al policía como uno de sus compañeros de militancia con el que compartieron asambleas y concentraciones contra los desahucios durante meses. El policía llegó a puestos de coordinación en el núcleo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona.

El espionaje de este agente sin control judicial en movimientos sociales transcurrió en paralelo al de otros policías infiltrados en círculos anarquistas de Barcelona, independentistas de Girona o los movimientos sociales de Madrid y València. La Justicia ha rechazado investigar las infiltraciones y ha desestimado de plano todas las querellas de los afectados sin abrir ninguna investigación.

Por el contrario, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen abiertos sendos procedimientos a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se infiltraron en diversos movimientos sociales en la última década.

A la causa de la capital de España se suma ahora la que el juzgado de Barcelona, por orden del Supremo, instruirá contra los seis activistas de Arran. Previsiblemente, la jueza de instrucción los citará como investigados en las próximas semanas para completar la investigación, pues en el juzgado Maó ya declaró el policía infiltrado.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

Los activistas, arguyó el juez de Maó, “organizaron los actos desde Barcelona”, ciudad desde la que también cree que se publicó el tuit que divulgó la protesta. Ese mismo criterio adujo la Fiscalía del Supremo, quien señaló que los textos de los tuits “incitan al odio”.

En uno de los vídeos de Arran, agregó el fiscal del Alto Tribunal, “se observa al agente de la Policía Nacional salir del interior de la comisaría de Mahón”. Unido al mensaje del tuit de la entidad independentista, “sugiere que quienes se desplazaron a Menorca subieron los vídeos una vez regresaron a Barcelona”, lo que según el fiscal “evidencia funciones de financiación (compra del billete), ejecución material (pintadas), cooperación en la ejecución (vigilancia en vehículo próximo a las fechadas) y emisión y difusión del mensaje de odio (post en redes sociales)”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que un empresario español será juzgado por el espionaje al que fue sometido Julian Assange, fundador de WikiLeaks, durante varios años en la embajada de Ecuador en el centro de Londres. Los jueces confirman que David Morales, empresario a cargo de la seguridad de la embajada en esos años, y uno de sus colaboradores deben sentarse en el banquillo acusados de grabar y difundir a los servicios secretos las reuniones que Assange mantenía en el edificio, espionaje por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

El fundador de WikiLeaks, considerado el máximo responsable de la filtración de decenas de miles de documentos que expusieron, entre otras cosas, las torturas a los presos de Guantánamo y Abu Grahib o los cables de inteligencia estadounidense, denunció en 2019 que la empresa responsable de la seguridad de la embajada de Ecuador había instalado micrófonos ocultos en el edificio para registrar sus reuniones para después difundir su contenido al servicio secreto ecuatoriano o a personas en Estados Unidos.

Esa primera querella contaba con información que después ampliaron las diligencias que puso en marcha la Audiencia Nacional: los registros en la empresa de seguridad y la casa de su dueño en Cádiz así como la documentación y testimonios aportados por testigos protegidos que revelaban el alcance del espionaje: micrófonos ocultos en extintores, cámaras e incluso un streaming mientras él se recluía en la embajada para evitar las extradiciones a Suecia y Estados Unidos.

El empresario David Morales, exmilitar y en ese momento encargado de la seguridad de la embajada, recurrió la decisión del juzgado de procesarle tanto a él como a uno de sus antiguos colaboradores y la Sala de lo Penal acaba de confirmar que ambos irán a juicio. “Se dedicaron a la obtención de información sobre Julian Assange así como de las personas que con él se entrevistaban en la citada sede, grabando tanto las imágenes como el contenido de estas reuniones, facilitándolas a terceras personas”.

El juicio todavía no tiene fecha pero sí escritos de acusación. La Fiscalía solicita hasta 13 años y medio de cárcel para Morales mientras que la acusación, que ejerce el despacho del exjuez Baltasar Garzón, sube a 20 la petición de presidio para él. El sumario del caso ha desvelado que esas grabaciones no solo afectaron a Assange: fueron grabados políticos como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando el gobierno de su país pasó a manos de Lenin Moreno, entre muchos otros mandatarios, periodistas y abogados que le visitaron en la embajada.

El empresario y exmilitar español David Morales, según las pruebas pendientes de juicio, es quien “organiza las grabaciones, identifica a las personas objetivo de aquellas y adquiere los medios necesarios para conseguirlo”, según recuerda la Sala. Existen, añaden los jueces, “plurales indicios” para llevar a ambos a juicio, no solo por el espionaje sino también por supuestos sobornos a funcionarios de Ecuador y, finalmente, por varias armas que Morales tenía en su casa de Cádiz sin licencia.

Julian Assange fue uno de los hombres más buscados de todo el planeta en la segunda década el nuevo milenio. Cara visible de WikiLeaks y de algunas de las filtraciones más relevantes de la historia reciente, este programador australiano vivió seis años de su vida recluido en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar las extradiciones y a Estados Unidos. Ahora un juicio en Madrid sentenciará si, en esos años, Assange fue espiado por varios servicios secretos a través de un empresario español, encargado de la seguridad de la embajada en la que vivió, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión por grabar no solo a la víctima, también a políticos, periodistas, abogados y diplomáticos que se reunieron con él.

Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks en 2006. La página web se convirtió pocos años después en el escaparate de las filtraciones que expusieron las grandes vergüenzas ocultas de Estados Unidos: el vídeo del asesinato de 12 personas bajo el fuego de un helicóptero Apache en Bagdad en 2007, las torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib o decenas de miles de 'cables' de inteligencia sobre el espionaje estadounidense, entre otros, a los gobiernos de Francia, Japón, Alemania o Italia.

El activista australiano se instaló en 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición. Por un lado, las autoridades de Suecia le acusaban de haber agredido sexualmente a dos mujeres, algo que él negaba y que terminó en archivo. Por otro, Estados Unidos abrió su propia investigación, condenó a la soldado Chelsea Manning por ser su fuente y Assange se atrincheró en la embajada, a escasos metros de Hyde Park, mientras su vida era monitorizada, grabada y se daban órdenes para retransmitirla en directo por streaming.

Este espionaje será juzgado en la Audiencia Nacional en Madrid, algo que es posible porque aunque los hechos ocurrieron en el centro de Londres, el principal acusado es un empresario español: David Morales, exmilitar destinado durante años en los Balcanes ahora aquejado de una grave enfermedad cuya empresa, Undercover Global, gestionaba la seguridad de la embajada donde se escondía Assange. Según las acusaciones, Morales monitorizó desde Cádiz que sus trabajadores grabaran todas las reuniones del activista australiano con abogados, médicos, periodistas y políticos durante al menos un año.

Según explica él mismo, Morales fue militar antes de montar su propia empresa privada de seguridad en 2008. Fue en 2015 cuando el gobierno de Ecuador adjudicó la seguridad de su embajada londinense a esta compañía radicada en la localidad gaditana de Puerto Real, a más de 2.000 kilómetros, para reforzar la protección del edificio y controlar las entradas y salidas durante la estancia de Assange. Un contrato firmado cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y que evolucionó a mediados de 2017, pocos meses después de la llegada de Lenin Moreno al poder en Quito y de que Suecia levantara los cargos contra él. Según las acusaciones del caso, en ese momento las órdenes de David Morales cambiaron: tenía que grabar todo lo que hacía Assange. Imagen y sonido.

Hasta ese momento el circuito interno de cámaras solo captaba imágenes del interior de la embajada para controlar quién entraba y salía del edificio. Los empleados de Morales cambiaron los aparatos de forma clandestina para que también recogieran sonido y, en la práctica, grabaran las conversaciones. También pusieron micrófonos ocultos, uno de ellos escondido en la parte de abajo de un extintor de la sala de reuniones de la embajada. Según el relato que hace la Fiscalía, incluso llegaron a copiar los teléfonos y agendas de políticos y periodistas que visitaban al fundador de WikiLeaks.

Toda la información iba directa al Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), la agencia ecuatoriana de espionaje. En un momento dado, sostienen las acusaciones de este proceso judicial, grabar no fue suficiente y el empresario español acusado dio la orden de retransmitir en directo las reuniones de Assange. Se estableció así un enlace para dar en streaming la vida del fundador de WikiLeaks con dos espectadores: los servicios secretos de Ecuador y “los amigos de Estados Unidos”. Todo mientras el empresario español pagaba a escondidas a funcionarios de Ecuador para seguir teniendo el contrato de la embajada.

El espionaje a uno de los hombres más buscados del planeta pasó desapercibido hasta que en 2019 la Audiencia Nacional aceptó abrir una investigación. El despacho de Baltasar Garzón, que junto con el letrado Aitor Martínez también fue espiado mientras ejercían la defensa de Assange, presentó una querella que ya apuntaba a los hechos que, años después, se han convertido en el auto de procesamiento.

Esa primera querella aportó tres declaraciones de testigos protegidos clave para levantar el secretismo que pesaba sobre el espionaje coordinado que habían ejecutado sobre Assange durante años. Los registros posteriores del juzgado en el domicilio del acusado y la sede de su empresa terminaron por revelar todo el material que ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él seis años después.

Correa, Varoufakis y hasta Pablo Iglesias

Saber de lo que hablaba Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador mientras WikiLeaks funcionaba a pleno rendimiento era la caza mayor de cualquier servicio de inteligencia de primer nivel. No solo por lo que él pudiera revelar, sino por las personas con las que se reunía en el edificio. Los trabajadores de la empresa gaditana de seguridad documentaron sus conversaciones y encuentros con amigos, médicos y colaboradores pero también con políticos, periodistas, diplomáticos y sus propios abogados.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia, por ejemplo, fueron “objeto de espionaje”. Y también se documentaron sus reuniones con dirigentes latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) o José Mujica (Uruguay) así como con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las visitas de diversos dirigentes de este partido a Assange desde su llegada a Londres han sido públicas desde el nacimiento de la formación en 2014. La Fiscalía también ubica al exministro griego Yanis Varoufakis entre los testigos del caso.

El espionaje, según las acusaciones, no se limitó a grabar las reuniones de Assange. El personal de la embajada se quedaba los teléfonos de las personas que iban a visitarle y, mientras tanto, sacaban fotos a los móviles, sus tarjetas SIM, los números de serie IMEI e, incluso, de los mensajes que recibían. Llegaron incluso a conseguir las contraseñas para acceder al teléfono y el correo electrónico de la actriz Pamela Anderson durante una de sus visitas.

Dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuando el tribunal ponga fecha al juicio: el empresario y exmilitar gaditano David Morales y su colaborador, el belga Michel Wallemacq, que según las acusaciones participó activamente en el plan de espionaje urdido en Cádiz y ejecutado en Londres. Para el primero Assange pide 20 años de prisión por los 13 que solicita la Fiscalía. Se le atribuyen dos delitos de revelación de secretos, otro más de cohecho por los sobornos que pagó para retener el contrato y uno adicional de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas Browning que la Policía encontró en su casa durante los registros.

El tribunal, que ya ha abierto juicio oral contra ambos, tiene pendiente hacer pública la lista de testigos que comparecerá en el juicio, aunque en el proceso hay pocas dudas de que una de las comparecencias ineludibles será la Julian Assange. Quedó en libertad en junio del año pasado tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y pasar un lustro en la cárcel británica de Belmarsh. Ahora lleva una vida discreta en Australia con una aparición pública pendiente de fecha: su testifical en el juicio por el espionaje que padeció en la embajada de Ecuador en Londres.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de WikiLeaks.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dejó caer durante la reciente celebración del Debate sobre el Estado de la Región que había sido espiado por uno de los subdelegados del Gobierno de Pedro Sánchez en una de las cinco provincias de la región.

“Yo sé que si apareciera un caso de corrupción, por supuesto, se alegraría la oposición. Y mire que hemos tenido incluso hasta un subdelegado del gobierno en Castilla-La Mancha buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente”, deslizaba desde la tribuna de oradores, cuando se encontraba en pleno debate dialéctico con el PP y Vox.

Ese día, Page había iniciado su discurso erigiendo a la comunidad autónoma como territorio a salvo de “frentismo” y de “corrupción”. Por la tarde, tanto PP como Vox sacaron a relucir, precisamente, los supuestos casos de corrupción en los que está inmerso el PSOE nacional.

Vox identificó al PSOE (y a Page por añadidura) con una “banda criminal” y el PP dijo que es un partido “corrupto, machista y desleal para España” para afear después al presidente castellanomanchego que vaya a “seguir pidiendo el voto para el PSOE”.

Emiliano García-Page respondió a la 'pinza' dialéctica de las derechas y lo hizo hablando de un episodio -el ‘fuego amigo’ en forma de espionaje- que calificó de “serio por no decir grave”. Dijo que lo había denunciado donde tenía que hacerlo. De hecho, según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha se presentó “una queja formal en Madrid”, poco después de que eso sucediera, hace ahora algo más de un año.  

Su consejera portavoz Esther Padilla lamentó el pasado viernes que no se hubiera cesado al subdelegado del Gobierno en cuestión del que no ha salido a relucir el nombre.

Milagros Tolón: “No me consta”

Hoy la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha sido preguntada por esta cuestión. A ella “no le consta” que ninguna Subdelegación del Gobierno haya “investigado a nadie” y ha optado por resaltar “el magnífico trabajo” que hacen los delegados del Gobierno, “no solamente de Castilla-La Mancha sino de toda España, en momentos complicados, no solamente con las dificultades que tenemos del día a día”.

“A mí, como delegada del Gobierno, no me consta que ningún subdelegado ni desde ninguna Subdelegación se haya investigado a nadie”, decía para mostrar después todo su “respeto” al presidente del Ejecutivo regional: “No creo que nadie pueda cuestionar su honradez después de tantos años”.

Distintas subdelegaciones del Gobierno en Castilla-La Mancha preguntadas por Europa Press al respecto durante este lunes se han remitido a las palabras de la delegada del Gobierno en la región sobre este asunto.

La empresa pública Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) ha denunciado ante la Fiscalía del Principado de Asturias la venta de aplicaciones informáticas de su propiedad a terceros países sin su conocimiento, ni consentimiento.

Los hechos fueron descubiertos tras una denuncia registrada, el pasado 28 de julio, a través del sistema interno de información de la compañía.

Identificación nominal

Itvasa abrió una investigación interna para tratar de verificar esta denuncia que determinó la existencia de indicios que “sin prejuzgar responsabilidades” podrían ser compatibles con actuaciones ilícitas, según ha informado este viernes el Principado.

El informe detalla los resultados de la investigación interna e identifica a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones de las que Itvasa se desvincula al no haber tenido conocimiento previo de estas transacciones comerciales.

No obstante, puntualiza que esta identificación se realiza “salvaguardando la presunción de inocencia” de las personas identificadas.

La investigación de la Fiscalía

La empresa ha remitido este informe con sus conclusiones a la Fiscalía dentro de su compromiso “con la legalidad, la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales”.

El Principado advierte que esta comunicación no implica pronunciamiento alguno sobre la tipicidad penal, sino que permite que el ministerio fiscal,“con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, el inicio de las actuaciones oportunas”, subraya el Gobierno regional. 

Las inspecciones

Por su parte, Itvasa ha anunciado que no ofrecerá por ahora más detalles con el fin de salvaguardar la investigación, la confidencialidad y la presunción de inocencia. 

La empresa ha ratificado que estos hechos que ha denunciado ante la Fiscalía asturiana no afectan a la prestación de sus servicios, que “se mantienen con total normalidad”.

La compañía continúa actualmente con su plan de renovación y mejora tecnológica para ofrecer un servicio “más ágil y de mayor calidad” a la ciudadanía, al tiempo que sigue reforzando sus controles internos y su sistema de cumplimiento normativo. 

El conflicto laboral

Los trabajadores vivieron el año pasado un conflicto laboral que duró cuatro meses y provocó importantes retrasos en las inspecciones de vehículos por las convocatorias de huelga que abocaron a la anulación de cientos de citas.

El servicio volvió a recuperar el pulso habitual tras la implantación de un plan de choque que permitió rebajar la larga lista de espera que llegó a sumar hasta un total de 33.000 conductores afectados por los paros y pendientes de una nueva cita para la inspección de su vehículo.

En la primavera de 1994, Federico Varese, un veinteañero italiano que estudiaba en la Universidad de Oxford, estaba de viaje por los Urales para documentarse en pos de su doctorado sobre la mafia rusa. Allí recibió un paquete con todo el correo que le había llegado a su college. Lo abrió en un tren hacia Moscú, y, entre anuncios de fiestas de graduación, facturas y recordatorios académicos, encontró un sobre con su apellido mal escrito: “Federico Barese, Esq.”. El remitente era “John le Carré (David Cornwell)”. 

Le Carré, el pseudónimo con el que empezó a publicar en 1961 el entonces espía Cornwell, ya era un autor célebre desde hacía décadas, desde que el éxito El espía que surgió del frío lo sacó del anonimato y del servicio de inteligencia británico. Las novelas y la traición de un agente que reveló su identidad le hicieron abandonar oficialmente el trabajo al servicio del Estado británico en 1964. Pero cuando Varese lo conoció, el autor mantenía muchas de las formas, misteriosas, concienzudas y detallistas, que había aprendido desde casi adolescente. 

En 1994, Le Carré quería saber más del contexto post-soviético y los conflictos en el Cáucaso. Había localizado al joven italiano como experto y le propuso una cita cuando volviera a Oxford. Quedaron en Al-Shami, un restaurante libanés que todavía hoy hace esquina en una callejuela enfrente de la sinagoga de Jericho, el barrio de Oxford inmortalizado también en las novelas del inspector Morse. 

El escritor había llegado antes de tiempo y le estaba esperando al fondo de la sala, con la espalda pegada a la pared. Varese recuerda aquel día, intimidado por el autor, que hablaba con familiaridad con el personal del restaurante y decía haber llegado hasta allí con “un conductor libanés”.

Algo nervioso y pendiente de lo que escribía el escritor en su bloc de notas y lo que no, le explicó el contexto y los detalles que el autor pedía. Pero ese, como dice hoy Varese con un susurro, “fue el comienzo de una gran amistad”. 

Poco después, el escritor le mandó varios borradores de la novela Nuestro juego, y el italiano, que recuerda su inglés imperfecto de entonces y sus 29 años atrevidos, acabó sugiriendo cambios en la trama que Le Carré aceptó. La obsesión del escritor consagrado era no fallar en los detalles, en qué cigarrillos fumaban los mafiosos rusos o cómo sacarían el dinero de Moscú. 

“Le importaba la verdad. Le importaba la exactitud… La crítica que más ilusión le hizo fue cuando un periodista del New York Times dijo que era ‘muy preciso'”, cuenta a elDiario.es Varese, hoy catedrático de Criminología en Oxford y que también da clase en Science Po en París. 

Hablamos junto a una vitrina iluminada en una sala oscura de una biblioteca de Oxford que contiene fotos que él consiguió de tatuajes de mafiosos rusos al lado de manuscritos, post-its e imágenes de Le Carré. Varese es ahora comisario de la exposición sobre John le Carré en la Biblioteca Weston de la Universidad de Oxford, a la que el autor donó su archivo de borradores, dibujos (el escritor soñó primero con ser ilustrador), correspondencia y extensa documentación para sus novelas. El archivo en Oxford de Le Carré ocupa ahora más de 1.200 cajas.

El oficio

La exposición utiliza en el título la palabra “tradecraft”, que Le Carré empleaba para referirse a las herramientas del oficio de espía y que se aplican a las de escritor.

Varese, que tuvo la idea de la exposición, se emociona al recordar a su amigo, que murió inesperadamente después de una caída en su casa de Cornualles por una neumonía no cogida a tiempo en diciembre de 2020, en plena pandemia. Al profesor le tiembla la voz al recordar la primera vez que volvió a aquella casona después de la muerte de David —él siempre le llama por su verdadero hombre— y Jane, su esposa, que ya estaba hospitalizada por varios problemas de salud cuando él falleció y murió dos meses después. Señala las fotos también expuestas de la casa que él mismo tomó, recuerda cuánto le impresionó ver detallado el argumento de una novela sin escribir en pizarras blancas, y sus cosas casi como las dejó. 

Varese suspira al pensar que Le Carré estaría escribiendo ahora novelas muy documentadas y relacionadas con la actualidad. “Anticipó el imperialismo ruso. Ahora habría viajado conmigo a Ucrania”, dice.

El error

Varese apunta admirado a las notas en una vitrina transcritas por Jane de un viaje del escritor a Congo y Ruanda para documentarse, y repite: “¡Son 600 páginas!”. 

El autor ya octogenario viajó con una periodista a la que solía pedir ayuda, Michela Wrong, y otro investigador experto en la región para documentarse para la novela La canción de los misioneros, sobre la explotación en esa zona bendecida por el Reino Unido de Tony Blair. El texto ya estaba en imprenta, pero a la vuelta cambió el manuscrito para meter dialectos, detalles de la vegetación y marcas en las calles. 

Estaba obsesionado con la precisión desde que mientras investigaba en los años 70 para su novela El honorable colegial había descubierto en un viaje a Hong Kong que una escena de El topo no tenía sentido. La persecución en ferry entre la ciudad de Kowloon y la isla de Hong Kong no cuadraba porque ya había entonces un túnel entre la isla y la tierra firme que sus personajes habrían utilizado, y del que no tenía noticia porque se había fiado de una guía de viajes desactualizada.

A partir de entonces, no quiso utilizar lugares en los que no hubiera estado, igual que prefería que sus protagonistas estuvieran inspirados en gente que conocía.

“No hay personajes ficticios en Le Carré. Todos están basados en personas reales”, explica la comisaria de la exposición e historiadora especializada en la Guerra Fría Jessica Douthwaite, que también destaca la obsesión con los detalles y el trabajo similar al de un buen reportero. “Para ello, también tenía una red de colaboradores e informantes que fue creciendo con el tiempo y que funcionaba en las dos direcciones. Él también les ayudaba”.

El trabajo de Jane

Jessica Douthwaite destaca el trabajo incansable de Jane, que transcribía por la tarde en el ordenador lo que había escrito su marido por la mañana a mano y que seguía revisando varias veces al día con notas sobre el texto tipográfico. Hay trozos de papel recortados y pegados con cola o con clips, de difícil conservación porque se van oxidando.

La obsesión del escritor eran las primeras 100 palabras, el primer capítulo, y los reescribía continuamente, como se ve con el manuscrito de El topo. Era un proceso largo, lleno de tachones y con letra a mano que él mismo a veces no entendía. 

“No lo podría haber conseguido sin Jane”, recuerda Douthwaite. En la exposición no hay mención a la traición durante décadas de Cornwell a su esposa con empleadas y otras mujeres revelada en una biografía después de su muerte.

La investigadora dice que no ha encontrado rastro de nada parecido, pero no ha indagado en toda la correspondencia que ahora está en los archivos de la Biblioteca de Oxford.

El papel de Oxford

Le Carré quería que sus papeles estuvieran en Oxford, “la casa espiritual de Smiley”, su agente de ficción, y donde el autor estudió. Estuvo dos años en el college Lincoln estudiando lenguas modernas en los años 50, cuando ya había sido reclutado por los servicios de espionaje británicos. Solo tenía 17 años y estudiaba en la Universidad de Berna, en Suiza, cuando empezó a espiar a grupos relacionados con la Unión Soviética y, después, a entrevistar a personas huidas del otro lado del telón de acero.

En 1953, una nota académica sobre su trabajo en Oxford dice: “Ha superado los exámenes de manera muy inteligente. Debe sacar más partido de sus hechos”.

La universidad fue para él uno de los refugios lejos de su familia. Su madre se fue de casa cuando él tenía cinco años y hasta que él se marchó a los 16 vivió a ratos con su padre, Ronnie, un conseguidor que llegó a acumular deudas de cientos de miles de libras, pasó por la cárcel y decía detestar los libros que su hijo leía a escondidas. Somerset Maugham, Charles Dickens y Graham Greene eran sus favoritos.

Más allá de la Guerra Fría

Las novelas de Le Carré fueron evolucionando como la historia desde la caída del muro de Berlín. Los relatos a partir de los 90, como muestran El jardinero fiel o El sastre de Panamá, se centran más en el crimen organizado y la oligarquía rusa que se entremezcla con el establishment británico, los abusos de las grandes corporaciones, la degradación del medio ambiente y la explotación de los países más pobres. 

Por su propia experiencia como espía enmascarado de diplomático cuando trabajaba para el MI6, el servicio de inteligencia dedicado al exterior, en Bonn y Hamburgo, Le Carré también mostraba especial empatía por los vecinos del centro y el este de Europa que habían vivido al otro lado del Telón. Algunas de sus novelas fueron utilizadas como instrumento de propaganda por la Unión Soviética, como ejemplo de la supuesta decadencia de los espías británicos y sus dudas morales.

El historiador y periodista Timothy Garton Ash cuenta que a finales de los años 90 le envió el manuscrito de su libro El expediente, sobre el archivo que descubrió de sí mismo en la Stasi, de los tiempos en los que era un joven periodista en Berlín y había sido espiado por los que creía amigos. Le Carré le contestó con una carta de 16 páginas en la que le aconsejó que no se pusiera él de “víctima”. Las “verdaderas víctimas” eran “los pobres alemanes del Este, malhumorados, intimidados, chantajeados” que habían informado sobre él. Garton Ash le hizo caso.

Años después, en sus memorias, Volar en círculos, John le Carré escribió: “La auténtica verdad reside, si es que reside en algún lugar, no en los hechos, sino en los matices”.

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La exposición John le Carré: Tradecraft está abierta hasta el 6 de abril de 2026 en la Biblioteca Weston de la Universidad de Oxford. La entrada es gratuita.

La Fiscalía de Madrid ha iniciado una investigación penal sobre la infiltración de dos trabajadores del Senado en los ordenadores de otros empleados y cargos de la Cámara Alta. Así consta en un escrito remitido por el organismo al presidente del Senado, Pedro Rollán, y al que ha tenido acceso elDiario.es. En él se asegura que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. La investigación se puso en marcha hace dos meses y sigue abierta.

El Senado despidió a dos trabajadores el pasado mes de mayo por espiar durante meses a trabajadores y cargos de la Cámara Alta, así como a la propia institución. Una investigación interna determinó que los empleados habían accedido sin permiso a ordenadores personales de senadores, además de los equipos de otros empleados. Las pesquisas internas confirmaron que los dos trabajadores (que eran pareja) habían “accedido de forma indebida (...) a los portafirmas de senadores, cargos e integrantes del personal de la Cámara”. También descargaron “documentos” de los equipos de los senadores, según un comunicado oficial del Senado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, emitió un segundo comunicado, esta vez en su nombre, en el que aseguró que la actuación de las personas despedidas obedecía “a un interés personal y no político”. También descartó una intromisión en los perfiles de los senadores. El PP domina la Mesa del Senado con su mayoría absoluta. elDiario.es se ha puesto en contacto con el gabinete de Rollán sin haber obtenido respuesta.

El amplio expediente disciplinario abierto, y que concluyó con el despido de los dos empleados, contradijo la versión de Rollán. El documento señala expresamente que los empleados despedidos “habrían utilizado” sus “credenciales” para “acceder al sistema con privilegios de administrador, accediendo a bandejas y descargas de documentos de personal y altos cargos del Senado, así como de Senadores y Senadoras”.

La versión oficial fue que los dos trabajadores, casados entre sí, intentaron ganar ventaja en un proceso interno de promoción para uno de ellos. Pero esta tesis provocó dudas, ya que, tal y como recogía el expediente, uno de ellos tenía garantizado el ascenso en disputa. Además, los accesos comenzaron en marzo de 2024, siete meses antes de ser descubiertos y previamente a que se convocara la plaza que querían adjudicarse: el concurso de méritos que se hizo público en septiembre de ese año.

El letrado que dirigió la investigación interna dejó escrito que había “indicios” de que el motivo del espionaje fue ganar ventaja en el concurso, pero añadió: “No resultan suficientes para concluir cuál era la intención con la que se condujeron”. “Son conjeturas” que “no resultan suficientes para considerar cierta la voluntad dolosa de los inculpados de influir en el resultado del concurso”, afirmó.

Ante las dudas surgidas, la letrada mayor, Sara Siera, aseguró por escrito a todos los grupos que no existió “ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado” ni “ningún espionaje ni robo de información”. Que “nadie” accedió “a los ordenadores personales de los senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso”, que “no” hubo “ninguna infiltración masiva en la identidad digital de los senadores/as” y que “nadie” usó “las claves de los senadores/as”.

Fiscalía investiga, Protección de Datos archiva

Las contradicciones motivaron que el PSOE reclamara que el Senado pusiera el expediente en conocimiento tanto de la Agencia de Protección de Datos como de la Fiscalía. El traslado se produjo a principios de julio. Y la Fiscalía de Madrid respondió el 29 del mismo mes. “El día 8 de julio se ha recibido en esta fiscalía provincial su comunicación, poniendo en nuestro conocimiento un expediente disciplinario cuyos hechos objeto podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”, apunta la fiscal encargada de la investigación. “Por la presente pongo en su conocimiento que, para su estudio, se han incoado las presentes diligencias de investigación preprocesal de cuyo resultado final se dará cumplida cuenta”, añade.

Las pesquisas, que están en fase de estudio, las está dirigiendo la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. Fuentes fiscales consultadas por elDiario.es indican que, dos meses después de su apertura, se siguen realizando diligencias para tratar de determinar el alcance penal de la filtración de los datos de senadores. 

En las diligencias preprocesales, como es el caso, la Fiscalía hace requerimientos de información y peticiones de informes a los cuerpos policiales. También puede tomar declaración a denunciados, denunciantes y otras personas relacionadas con los hechos. En el caso de que la fiscal encuentre indicios suficientes de delito presentará una querella ante los juzgados, lo que podría derivar en la apertura de una causa judicial. Si de las actuaciones no resulta acreditada la existencia de un delito se procedería al archivo.

Quien no ha abierto ninguna investigación es Protección de Datos. elDiario.es se ha puesto en contacto con la agencia pública, desde donde explican que “la notificación de brecha quedó registrada tras valorar las medidas adoptadas por el responsable del tratamiento”, en consonancia con los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que se archivó. El motivo alegado: que el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replique el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”

Las mismas fuentes sostienen que la agencia analizó “la información remitida por el responsable del tratamiento”, que “se valoraron las medidas adoptadas”, de nuevo, que no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. “Por ello, se registró la brecha sin acciones adicionales”, zanjan desde Protección de Datos.