Las quejas por el ruido que desde hace años impide vivir tranquilos a cientos de vecinos del barrio madrileño de Delicias han llegado al Defensor del Pueblo. Por primera vez desde que el espacio polivalente comenzó a funcionar en 2022, el organismo, liderado por Ángel Gabilondo, se ha pronunciado sobre el polémico recinto y ha advertido al Ayuntamiento de Madrid de una posible lesión de los derechos fundamentales como consecuencia de la superación de los objetivos de calidad acústica.

En un escrito emitido el pasado 21 de agosto por el defensor público en respuesta a una queja enviada por una vecina del barrio a finales de 2024, Gabilondo reprocha al Gobierno de Almeida la concesión de autorizaciones para el Espacio Ibercaja Delicias que han permitido durante meses superar los límites legales de ruido. Según el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, los residentes han visto vulnerados derechos fundamentales como la salud y la intimidad domiciliaria, además de ser apartados de la participación efectiva en los procesos administrativos como parte interesada. En este sentido, Gabilondo insta a evaluar “la incidencia que dicha decisión pueda tener, para adoptar las medidas necesarias dirigidas a atenuar las molestias y garantizar el descanso de los vecinos”.

El Defensor del Pueblo también critica que a ningún vecino se le permitió participar como parte interesada en los procedimientos administrativos, vulnerando así los derechos reconocidos por los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esto habría garantizado el derecho a audiencia y la posibilidad de recurrir decisiones que afectan directamente a la comunidad.

Además, no se abrió un período de información pública, lo que, según el dictamen, limita la transparencia y la participación ciudadana, elementos esenciales en un entorno urbano donde las decisiones sobre ocio y eventos afectan a numerosos residentes. “Siendo tantas las personas afectadas por la autorización de la superación de los objetivos de calidad acústica, sería razonable que al menos se sometiera el procedimiento al segundo de esos trámites, y que tampoco pueda negarse automáticamente la legitimación de una persona afectada en potencia que quiere recurrir esa decisión”, indica Gabilondo.

Otro de los puntos cuestionados por el Defensor es la utilización prolongada de licencias temporales. Las autorizaciones, inicialmente concebidas como excepciones eventuales, se han prorrogado de manera continuada durante más de un año, convirtiendo lo excepcional en habitual. Según el escrito, el Ayuntamiento no ha justificado de manera adecuada el interés general que motivaría la superación de los límites de ruido, incumpliendo el principio de proporcionalidad que debe regir este tipo de decisiones y que garantiza que los derechos de la mayoría no se vean afectados de manera injustificada por intereses particulares o por la presión de determinados sectores económicos.

Según explica el portavoz de la plataforma vecinal Delicias Para Tod@s, Manuel Díaz, en conversación con Somos Arganzuela, es la primera vez que un organismo público de carácter estatal respalda las quejas de los vecinos. “El defensor no se limita a analizar los ruidos, sino que va mucho más allá, reconociendo vulneraciones de derechos fundamentales y la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”, subraya. Para los residentes del barrio supone una victoria que Gabilondo confirme lo que llevan denunciando desde hace años: la administración municipal “ha sido cómplice” de LetsGo, la organizadora de eventos que explota el Espacio Delicias, permitido que opere sin cumplir la normativa vigente.

A pesar de que el Espacio Delicias comenzó a funcionar en 2022, las inspecciones por parte del Ayuntamiento no se llevaron a cabo de manera inmediata. Las primeras visitas llegaron en 2023 y 2024, cuando constataron que el espacio no cumplía la normativa vigente en materia de contaminación acústica, por lo que llegaron a operar durante dos años completos sin respetar los límites establecidos. “El Ayuntamiento ha permitido que se superen los permisos sin tomar medidas efectivas durante todo ese tiempo”, denuncia Díaz, recordando que, mientras tanto, los vecinos sufrían molestias continuadas que afectaban su vida cotidiana y su salud.

La cercanía del recinto con la Residencia de Mayores Ballesol, ubicada en el número 15 de la calle Amaltea, también ha sido señalada como un incumplimiento legal. La instalación se encuentra a menos de 150 metros de la residencia, lo que contraviene lo establecido en el punto 3 del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) y en las prescripciones de la resolución del Director General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Este aspecto es especialmente sensible, ya que afecta directamente a personas vulnerables, como los mayores residentes, que se ven expuestos a niveles de ruido perjudiciales, con riesgo de alteraciones del sueño, ansiedad y otros efectos sobre la salud, por lo que el Defensor considera que “la consecuencia del incumplimiento del régimen establecido en la OPCAT no es menor, y no puede ser considerada una cuestión a corregir sin más.

Gabilondo se centra además en los procedimientos administrativos seguidos por el Ayuntamiento. Si bien se llevaron a cabo inspecciones, se levantaron actas y se impusieron medidas correctoras, incluyendo limitadores de sonido, control de generadores y distancia mínima de equipos, estas actuaciones no han sido suficientes para proteger el descanso y la salud de los vecinos. Algunas sanciones se cerraron después del reconocimiento voluntario de responsabilidad y el pago de multas, mientras que en otras ocasiones no se abrió procedimiento al estar los niveles dentro de los límites autorizados, lo que a la vista de la oficina evidencia una aplicación desigual de la normativa y una falta de vigilancia efectiva.

En relación con los recursos presentados por la vecina a la que responde el escrito, el Defensor recuerda que sus quejas fueron inadmitidas bajo el argumento de que no tenía la condición de “interesada” en los procedimientos, a pesar de que su legítimo interés estaba claramente vinculado al impacto acústico en su vivienda y en la comunidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, citada por el Defensor, establece que las administraciones públicas deben garantizar la protección de derechos fundamentales frente a contaminaciones acústicas, y que los vecinos afectados deben poder participar en los procesos administrativos para asegurar la proporcionalidad y legalidad de las decisiones adoptadas.

El Defensor del Pueblo concluye que, aunque formalmente el Ayuntamiento cumplió con los trámites administrativos, de fondo se ha producido una aplicación laxa del régimen excepcional de ruido. La autorización reiterada de superación de límites, sin motivación suficiente ni consideración de entornos sensibles como residencias de mayores, supone una vulneración de los principios de proporcionalidad, temporalidad y participación ciudadana. “La excepción no puede convertirse en la regla general”, enfatiza Gabilondo en el escrito, subrayando que la continuidad de estas prácticas puede sentar precedentes negativos para la gestión de eventos y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

El Defensor también establece que la contaminación acústica afecta directamente a derechos constitucionales como la salud (artículo 43 CE), el medio ambiente (artículo 45 CE) y la intimidad domiciliaria (artículo 18 CE), recordando que la jurisprudencia española y europea reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas en estos casos. Gabilondo insiste en la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad y motivación suficiente antes de permitir excepciones a los límites de ruido, así como garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y transparencia.

El portavoz vecinal subraya que estos argumentos servirán para reforzar la batalla judicial abierta con el Ayuntamiento por la modificación de la normativa que prohíbe la privatización del parque Tierno Galván y otras autorizaciones similares, al demostrar que “las actuaciones municipales pueden generar vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales cuando no se aplican criterios de proporcionalidad, justificación y control efectivo”.

Cinco años de polémica y una licencia anulada

El Espacio Delicias lleva generando controversia desde que se puso en funcionamiento en 2022. El último giro en la trama judicial tuvo lugar el pasado mes de enero. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló la licencia que el Ayuntamiento de la capital había concedido al complejo de ocio, al considerar que la actividad desarrollada no podía considerarse temporal. La sentencia atiende al recurso presentado por Ecologistas en Acción, que había denunciado “molestias y ruidos” en el distrito de Arganzuela y cuestionaba la prórroga de la licencia temporal otorgada por el Consistorio en 2022.

El Espacio Delicias lleva operando durante cinco años mediante concesiones sucesivas de licencias temporales. Todo comenzó en 2018, cuando el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Adif firmaron un protocolo para el desarrollo del uso dotacional de los suelos de la antigua estación, destinado a equipamientos y servicios públicos para los vecinos. Con el paso del tiempo, el Consistorio permitió la instalación de varias carpas sobre soleras de hormigón destinadas a actividades de ocio y espectáculos, que se mantuvieron a través de autorizaciones temporales reiteradas.

La sentencia emitida el pasado mes de enero señalaba que el Ayuntamiento “ha incumplido palmariamente” el plazo máximo de seis meses que establece la normativa para este tipo de licencias temporales, un aspecto que el Defensor del Pueblo reitera en el escrito. El dictamen judicial subrayaba que la concesión sucesiva de permisos “no es acorde con la temporalidad de las mismas y menos con la temporalidad de seis meses”. De hecho, la solicitud de nueva licencia de julio de 2022 ya reconocía que la actividad no podía considerarse temporal, al estar vinculada a expedientes anteriores. Según el juez, esta práctica de prórrogas continuadas vulneraba la normativa vigente sobre temporalidad y convertía en permanente una actividad que debía ser excepcional.

Tanto el Consistorio como LetsGo, la empresa que gestiona el espacio, presentaron un recurso de apelación contra esta sentencia. Por ello, desde Ecologistas en Acción lanzaron un crowdfunding para conseguir la financiación necesaria para afrontar los gastos judiciales y consiguieron llegar el objetivo fijado. La sentencia supuso una importante victoria para el grupo ecologista y los vecinos y podría poner fin a la actividad privada promovida por Adif y permitida por el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2020.

Por su parte, los promotores del Espacio Ibercaja Delicias y LetsGo mantienen que la actividad “sigue operando con normalidad” a pesar de la anulación de la licencia. En el último año el recinto ha acogido la exposición Harry Potter: The Exhibition y una experiencia inmersiva de El Juego del Calamar. Actualmente, el espacio se encuentra ocupado por la muestra interactiva Jurassic World: The Experience, que ha ampliado su estancia hasta el 2 de noviembre. Además, también se celebran otros eventos privados para marcas. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital tramita una reforma del entorno para facilitar el acceso de los clientes de este espacio de ocio privado.

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a varias organizaciones internacionales de defensores y a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para solicitarles que se inste al Gobierno de Israel “al cese de las hostilidades contra la población palestina en Gaza”. 

Gabilondo ha recurrido a la Defensora del Pueblo de Europa, al Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), a la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo (AOM), a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GAHNRI), así como a la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) para pedirles que desde sus instituciones y organizaciones de ámbito internacional “se impulse y promueva una toma de posición compartida con la comunidad internacional, y se inste al Gobierno de Israel al cese de las hostilidades contra la población palestina en Gaza”.

Ángel Gabilondo hace este llamamiento, también como Institución Nacional de Derechos Humanos en España, “ante la gravedad de la situación que ha sido recientemente subrayada en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU”, que concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y reclamó a los Estados “actuar para pararlo”. El Defensor del Pueblo subraya, además, que la situación se está viendo agravada con el inicio de una nueva ofensiva por parte del Ejército de Netanyahu que “amenaza con la desaparición total de Ciudad de Gaza”.

“Lo hago –apunta Gabilondo–, desde la convicción de que están en juego los derechos fundamentales y singularmente el derecho a la vida, pues como señala Chris Sidoti, miembro de esa Comisión Independiente, ‘las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza’”. 

Continúa Gabilondo citando a Sidoti, que recalcó: “La destrucción de residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas, la industria pesquera… Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de la destrucción. Y la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles”.

La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno de Asturias ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su “inacción” al mantener el monumento de “Los héroes de Simancas” que está ubicado en el colegio de La Inmaculada, conocido popularmente como “el de los jesuitas”.

Famyr sostiene que tanto la administración local como la regional incurren en un “flagrante incumplimiento” de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática.

Exaltación franquista

La permanencia del monumento en el Colegio de La Inmaculada, antiguo Cuartel de Simancas de Gijón, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la federación que ha solicitado su retirada por lo que implica de exaltación franquista, “al estar dedicado a los caídos por Dios y por España, en homenaje a los golpistas que asaltaron la legalidad republicana en 1936”.

Su portavoz, Rafael Velasco, asegura que ni el ayuntamiento, ni el gobierno regional han siquiera contestado a las reiteradas peticiones para que se cumpla la Ley de Memoria Democrática.

El silencio administrativo

“Más de cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Asturias y dos años después de aprobarse la ley estatal, el símbolo franquista sigue proyectado sobre el espacio público. Y no por descoordinación o desidia, sino por una política activa de encubrimiento institucional, de complicidad consciente de las administraciones públicas con la impunidad del franquismo”, ha afirmado.

Un silencio administativo que también hace extensivo al gobierno central, que tampoco ha respondido a la solicitud presentada por la federación en julio de 2024.

“La memoria democrática no se defiende con palabras huecas, se defiende actuando contra los símbolos, los privilegios y las estructuras del franquismo todavía vigentes. Cada monumento franquista en pie, cada calle dedicada a los criminales, cada impunidad garantizada -añade- es una afrenta diaria a la memoria de los republicanos, de los antifascistas, de los trabajadores represaliados, de las mujeres perseguidas, de los asesinados en los paredones”.

Posibles responsabilidades

Famyr, sin embargo, va más allá y además de exigir a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen y ordenen la retirada de este símbolo franquista incide en la relevancia de que investiguen las responsabilidades de las personas que, desde el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno regional, “han tolerado” su permanencia.

“No hay democracia sin ruptura. No hay memoria sin justicia. No hay República sin derrocar el legado franquista que aún contamina nuestras instituciones”, expone Rafael Velasco.

Apologia del golpe de estado de 1936

Hace justo un año, Famyr presentó sendas solicitudes, ante las dos administraciones asturianas, para que, en cumplimiento de la legislación de memoria democrática, se eliminase del espacio con proyección pública el monumento a “Los héroes del Simancas”. Pero no obtuvo respuesta alguna.

“Este monumento no es que tenga contenidos franquistas, sino que es desde el primer momento de su construcción, como recoge las grabaciones del NODO de la epoca, una autentica apología del golpe de estado de 1936 y de glorificación, y homenaje público, a sus protagonistas en Gijón”.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido “medidas estructurales” para “mejorar” la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera después de la “grave situación” detectada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, las ha diferenciado de las personas sin hogar que pernoctan allí y “que no están pidiendo asilo”, sino “mostrando su pobreza” a una sociedad “insensible”.

“Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian”, ha indicado Gabilondo este martes. Lo ha hecho durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para presentar el Informe anual de la actividad de la institución en 2024.

Según ha señalado, el análisis pone de manifiesto “la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional”. También ha visitado a algunas de las cientos de personas que duermen en las instalaciones, hacia las cuales ha pedido más comprensión y menos crispación: “Pensemos a qué obedece eso, no nos esforcemos en ver cómo hacemos para que desaparezca de nuestra vista, que parece que es lo único que nos importa, que no los veamos. 'Póngalos usted en un sitio que no se les vea, quítemelos de la Gran Vía, mándemelos a un sitio que no me incomode'”, ha criticado Gabilondo.

En este sentido, Gabilondo ha explicado que se han reunido con AENA, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Mesa de la Hospitalidad (entidad responsable de un estudio sobre la composición de estas personas sin hogar) y están “buscado fórmulas” entre todos para encontrar una solución.

Más de 34.000 quejas al Defensor del Pueblo en 2024

Gabilondo ha acudido a la Cámara Baja junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena. Durante su intervención, han repasado las principales actuaciones de la institución en 2024 y ha precisado que en ese año tramitaron 34.402 quejas.

Según ha precisado, los asuntos relacionados con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, Interior, Educación, Economía o Sanidad protagonizaron el mayor número de quejas. Las comunidades desde las que más escritos se recibieron fueron las de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Catalunya (3.441) y Comunitat Valenciana (3.231).

Entre otras sugerencias recogidas en el informe, Gabilondo ha pedido incrementar el número de profesionales de salud mental, mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, solucionar los retrasos para la valoración de la discapacidad, y garantizar una protección específica a las mujeres mayores víctimas de violencia de género.

En materia migratoria, ha recordado que la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas y, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha advertido de que “sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico.

Además, Gabilondo ha constatado que un año más la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40%, por lo que ha propuesto poner en marcha “un procedimiento alternativo para estas personas” de origen venezolano para “aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la oficina de asilo y refugio”.

Sobre las quejas recibidas por reintegro de prestaciones sociales por cobro indebido, Gabilondo considera que ha llegado el momento de revisar la Ley General de la Seguridad Social -artículo 55- para paliar los efectos “injustos” que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las familias vulnerables. Entre otros asuntos, también se ha referido a la implantación de las zonas de bajas emisiones, al edadismo, al “desfase” entre el desarrollo tecnológico y los mayores, que quedan “orillados”, o a las quejas contra Cercanías en Madrid y Barcelona.

Gabilondo ha hecho mención especial a la “dolorosa situación” de “extrema vulnerabilidad” en la que viven los habitantes de la Cañada Real Galiana, que desde hace más de cuatro años no disponen de suministro eléctrico y ha dicho que están a la espera de las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, al que la institución remitió un informe.

Día histórico para las víctimas de la pederastia clerical. Para Juan, Ana, Teresa, Francisco. Javier, Laura, Amor, Patricia... supervivientes de abusos a menores en la Iglesia católica y que esta mañana asistieron, como invitados, a la presentación del informe del Defensor del Pueblo ante el pleno del Congreso. Las víctimas han entrado en el Congreso, todavía queda que lo hagan en otra plenaria, la de la Conferencia Episcopal.

“Nos comprometimos a escuchar su palabra y su voz, pero no limitarnos a eso”, abrió su intervención Ángel Gabilondo, quien lanzó una petición pública a políticos, Gobierno e Iglesia. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos”.

“Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue”, indicó Gabilondo en su intervención, en la que recalcó que “se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia”. Y es que, recalcó, “lo que ha sucedido ha sido posible por el silencio de quienes pudieron hacer más para evitarlo”.

Un año y medio después de que la Cámara Baja se lo encomendara, el Defensor del Pueblo entregó un informe que, en su opinión, “responde a lo que las víctimas vienen requiriendo: ser atendidas, escuchadas y correspondidas”. “Que no se postergue”, clamó, insistiendo en que “nuestro país está entre los últimos en haberlo hecho”. “El tiempo es decisivo”, subrayó.

Tras agradecer el trabajo de los medios de comunicación, sin los que –aseguró– “hubiera sido mucho más difícil” este trabajo, Gabilondo repasó algunas de las conclusiones del informe: la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener “constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Se trata de “un informe vivo”, pues tras la publicación del informe han continuado llegando testimonios.

Los testimonios recogidos “han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos”.

La respuesta de la Iglesia

“Una parte es contestar, y la otra responder”. Así habló el Defensor del Pueblo de la “respuesta dispar” de la Iglesia. “Hubo una tendencia a minimizar los casos, manzanas podridas.... De la minimización se ha pasado a un progresivo reconocimiento de los hechos, y a una mayor comprensión de las víctimas, aunque queda mucho por hacer”, subrayó. Otra cosa es “la percepción de las víctimas” respecto a la actuación de la Iglesia. Ellas han relatado que “las respuestas han sido insuficientes, incluso dilatorias”.“ Las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico. Espero que esto se haga”, denunció Gabilondo, aunque reconoció que ha habido avances. Eso sí, “todavía insuficientes”.

“Durante años ha habido voluntad de ocultamiento o protección de los abusadores”, condenó Gabilondo, poniendo como “ejemplos de malas prácticas” los numeroso casos de traslado de parroquias o a otros países, de los religiosos acusados de abusos sexuales, que en esos nuevos destinos siguieron cometiendo estos delitos. También habló el Defensor del Pueblo de la “responsabilidad” de otros poderes, que durante años también miraron para otro lado.

Hablando de la polémica encuesta encargada a GAD3 y que, extrapolando los datos, hablaba de 440.000 posibles víctimas de la pederastia clerical, Gabilondo defendió su importancia “para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso”.

El muestreo se elaboró sobre una base de 8.013 personas, revelando que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España más de 400.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. Un 3,36% de los encuestados manifiesta que los abusos sufridos se produjeron en el ámbito familiar.

Finalmente, Gabilondo desgranó algunas de las 24 recomendaciones contenidas en el informe, dirigidas “al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española”, con el objetivo principal de “dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio”.

Hay que separar la infancia de una institución que no hace nada por atajar el escándalo de violencia sexual. Es una obligación democrática

Ione Belarra — Podemos

“Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos”, finalizó el Defensor del Pueblo, quien desgranó algunas de las propuestas incluidas en el informe: entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas “por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020”. También, “la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial –creado para la ocasión– sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica”. Junto a ello, la apertura de los archivos eclesiásticos y la reforma de la prescripción de los delitos de pederastia. 

Gabilondo acabó su discurso con un llamamiento a los legisladores: “Se acabó el silencio. Su ruptura no se debe sin más a esa comisión asesora, se debe al esfuerzo de tantas víctimas, que merecen y necesitan una respuesta. Todo dependerá, en gran medida, de su respuesta, señorías”.

“Borrachera de revancha contra la Iglesia católica” 

Todo el Parlamento, excepto VOX, recogió el guante tendido por el Defensor del Pueblo. Los grupos exhibieron un apoyo (casi) unánime a las víctimas, y a la necesidad de que el Parlamento “pase de las palabras a los hechos” y tome medidas efectivas para atajar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Solo la ultraderecha de Vox aprovechó sus siete minutos para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica” con la encomienda (aprobada en su día por la Cámara Baja) de que el Defensor del Pueblo llevara a cabo un informe sobre la pederastia clerical.

También resultó muy crítica la intervención de Ione Belarra (Podemos), quien lamentó que “el PSOE se equivocó en el enfoque” del informe, al que calificó de “proceso a puerta cerrada” que “ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el debate público”, lo que “contribuye a perpetuar el silencio”. “A la jerarquía le da igual lo que han hecho los agresores. No contarán con nuestro silencio ni complacencia”, resaltó Belarra, quien exigió revisar los acuerdos en materia educativa con la Iglesia y “separar la infancia de una institución que no hace nada por atajar el escándalo de violencia sexual. Es una obligación democrática”. 

En este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso. No tenemos que pagar nosotros por los delitos de otros

Jordi Salvador — ERC

Por su parte, el PNV avaló el “informe serio, objetivo y empático” del Defensor del Pueblo, y criticó, como prácticamente todos los grupos, la “respuesta de minimización” por parte de la Iglesia católica. “Las víctimas deben ser escuchadas, tienen derecho a la verdad y se debe hacer justicia, la iglesia tiene que hacer una reflexión seria”, recalcó Joseba Andoni. 

¿Quién debe pagar las indemnizaciones?

Por su parte, Bildu exigió el desarrollo de una normativa que obligue a la Iglesia “la reparación en un proceso transparente”, y la creación de un fondo estatal “financiado solo con la contribución de la Iglesia”, algo que también defendieron Junts y ERC. Por parte de los republicanos, Jordi Salvador denunció la “inaceptable impunidad que todavía persiste” y destacó la dimensión del problema: “400.000 niñas y niños no son sino la punta del iceberg de una sociedad que produjo un nacionalcatolicismo criminal (…). Es intolerable en una democracia que se dice justa”, recalcó.  

“Hemos de exigir acciones concretas, asunción de responsabilidades. En este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso”, recalcó Salvador, quien incidió en que ha de ser la Iglesia la que cargue con las indemnizaciones: “No tenemos que pagar nosotros por los delitos de otros”. Al tiempo, propusieron, junto al resto de la izquierda, la imprescriptibilidad retroactiva de los abusos, y la revisión del Concordato, “una reliquia del pasado que otorga privilegios inaceptables”.  

Al PSOE no importan las víctimas, ni los victimarios, simples peones en su borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica

Ignacio Hoces Íñiguez — Vox

“Hemos fallado como sociedad, y ahora toca pedir perdón y hacer política de verdad para enmendar ese error”, señalaron desde SUMAR, que propuso crear una comisión de trabajo “con la mayor premura posible” para cumplir con las recomendaciones del informe.  

Sin lugar a dudas, el protagonista fue el diputado de Vox Ignacio Hoces Íñiguez quien, tras exigir “las penas más duras para los autores de estas atrocidades: que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas”, arremetió contra Gabilondo asegurando que “el Defensor del Pueblo es el defensor de Pedro Sánchez”, y vertiendo dudas sobre los testimonios de las víctimas. “Estamos seguros de que muchos casos son verdad, pero muchos otros han dejado mucho que desear. Gabilondo no ha estado a la altura”, señaló el diputado de la ultraderecha, quien acusó al PSOE de ser “expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política” y de “estar dispuestos a todo con tal de tapar la corrupción”. 

“Al PSOE no importan las victimas, ni los victimarios, simples peones en su borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica”, lanzó Hoces, que acusó a Pedro Sánchez de utilizar a las bvíctimas como “munición para atacar a al iglesia”, y denunciando a la izquierda de “introducir la ideología trans a los niños”. “Es una aberración de perturbados, una enferma promoción de la pederastia”, finalizó. 

Sus palabras fueron contestadas por el diputado del PSOE Herminio Rufino Sánchez, quien acusó a Vox de “no tener entrañas” y “revictimizar a las víctimas”. Utilizando los testimonios de varias de ellas, el PSOE defendió que “es necesario responder”. “Ahora es el turno de las instituciones y poderes públicos” para ofrecer respuestas y reparación a los supervivientes de la pederastia, con un plan de respuesta cuyo objetivo sea “saldar una deuda con todas las víctimas que han estado olvidadas y silenciadas” y llamando a la Iglesia católica a “dar pasos en ese sentido”. En este punto, anunció, “la voluntad del Gobierno de España sigue siendo la de llegar a un acuerdo e implementar las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. “El PSOE siempre estará con las víctimas, nunca con los agresores”.  

Finalmente, Marta González Vázquez, por el PP, lamentó las ausencias de los ministros Félix Bolaños (Justicia) y Sira Rego (Infancia) en el debate, y saludó el informe del Defensor, aunque matizó que sus datos son “útiles pero distorsionados” al no tener en cuenta el fenómeno global de los abusos, sino únicamente su impacto en la Iglesia católica. Al tiempo, defendió la progresiva toma de postura de la Iglesia, y avaló la “reparación integral” propuesta por los obispos en el plan PRIVA. “A los poderes públicos nos corresponde la tarea de atajar y eliminar esta lacra en todos los ámbitos”, finalizó.

Toda la información en www.religiondigital.org

“Se requiere algo más, y es decisivo: la adopción de medidas concretas”. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado este martes a Congreso y Senado a que adopten medidas para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, una tarea aún pendiente de realizar por el Estado tras abordar la extensión del problema en su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Una respuesta necesaria.

Gabilondo ha presentado su investigación ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, a la que ha instado a actuar para avanzar en la restauración de las víctimas, elemento central del trabajo realizado por la institución, según ha recordado. En su intervención, el Defensor ha subrayado que todo lo sucedido en este ámbito se ha debido al “silencio y ocultación” en torno a los abusos, tanto de la Iglesia como de otras instituciones responsables, al menos, de velar por la seguridad de los menores. “No es cierto decir que todos los sabían, pero tampoco decir que nadie lo sabía”, ha explicado. Ha recordado el Defensor en este sentido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado en alguna ocasión que el Estado no puede desinhibirse del cuidado de los menores en ninguna circunstancia.

El Defensor del Pueblo ha esperado que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos “contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes”.

“No se pretende dejar zanjada la cuestión”

Gabilondo ha recordado que la labor no concluye con la realización del informe y ha exigido a Congreso y Senado que empiecen a adoptar medidas que sirvan para reparar a las víctimas. “No se pretende haber ofrecido la respuesta ni dejar zanjada la cuestión”, ha recordado. “Está pendiente o en el mejor de los casos produciéndose”, ha insistido, mientras informaba de que España ha sido “de los últimos países” en investigar la cuestión, cuando en otros como Francia, Bélgica o Canadá ya han hecho actualizaciones de investigaciones pasadas.

El Defensor del Pueblo ha explicado que su institución propone 24 recomendaciones concretas para reparar a las víctimas, articuladas en torno a cinco ideas centrales: la necesidad de reconocer el problema por parte de los poderes públicos; la comprensión del mismo; considerar las causas y consecuencias; la puesta en evidencia de la manera en que se ha abordado el problema, que ha consistido en la negación o minimización; la reparación y asunción de responsabilidades. La recomendación del Defensor del Pueblo es crear un fondo estatal para la reparación. La duda es si debe estar alimentado por el Estado, por la Iglesia o a medias.

Vox ha presentado a la Iglesia poco menos que como una víctima de los abusadores, "que han utilizado a la Iglesia para encubrir sus crímenes"; el PP ha defendido que la Iglesia sí ha colaborado con la investigación y ha afeado a Gabilondo que no haya investigado todos los crímenes

En el turno de réplicas de los grupos parlamentarios, todos los intervinientes se han mostrado consternados por el panorama que dibuja el informe de Gabilondo, excepto Vox, que ha cargado contra el Defensor del Pueblo insinuando que solo la investigación podría constituir una malversación y contra Sánchez por una amalgama de razones que iba desde la ablación en Mauritania hasta la ley del solo sí es sí, y algo menos el PP, que sí ha condenado los abusos en la Iglesia, pero ha lamentado que se haya dejado fuera “el 95% de los casos”, todos los que en opinión de la diputada Carmen Navarro se producen fuera del ámbito de la Iglesia. Ambas formaciones, la primera con más entusiasmo pero también la segunda, han rechazado los abusos, pero han respaldado la labor actual de la Iglesia católica para lidiar con esta situación.

Vox ha presentado a la institución poco menos que como una víctima (“los criminales han utilizado a la Iglesia para encubrir sus crímenes”, ha explicado el diputado Ignacio Hoces), ha acusado al Gobierno de “atacar a la Iglesia católica” y de no investigar a todas las víctimas de los abusos sexuales y el PP ha defendido que la Iglesia sí ha colaborado con la investigación, afirmación que contradice el informe de Gabilondo.

El Defensor del Pueblo se ha agitado ante lo que ha considerado un intento de minimizar lo sucedido. “¿Que no es para tanto? Dígaselo a las personas que lo han vivido”, ha retado a los diputados. El mayor enganchón lo ha tenido Gabilondo con el diputado de Vox, quien después de hablar en la presentación de un informe sobre pederastia de ablaciones en Mauritania, del “peligro de importar medio millón de inmigrantes” y de “sobredimensionar” los abusos en la Iglesia ha acusado al Defensor del Pueblo de “manipulación y demagogia”. En su segunda réplica Gabilondo no le ha contestado.

450.000 víctimas vinculadas a la Iglesia

El informe del Defensor del Pueblo, de 777 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una muestra de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La encuesta revela que, en general, un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculados a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido. “Creemos que son unos datos muy significativos, aunque no es necesario extrapolarlos y por eso no lo hemos hecho en el informe”, explicó en su momento el Defensor del Pueblo.

Ángel Gabilondo ha enfatizado, de nuevo, la importancia de los testimonios, recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas porque “revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas”.

En el Informe se recogen los testimonios de 487 víctimas, obtenidos en entrevistas realizadas tanto en Madrid como en otros puntos de la geografía nacional. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas subrayan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

En cualquier caso, el objetivo del informe no era cuantificar de manera indubitada y “en una cifra concreta” el número de víctimas de abusos sexuales, ha insistido Gabilondo. “Pretenderlo habría implicado ignorar el silencio de algunas víctimas o el fallecimiento de otras”, ha recordado el Defensor. Todos los testimonios recogidos por el Defensor, ha recordado Gabilondo, tenían entre 30 y 70 años; la mayoría de ellos están en la cincuentena.

Críticas de PP y Vox a la investigación

La segunda parte de la intervención de Gabilondo se ha centrado en las críticas vertidas por PP y Vox a la investigación realizada por el Defensor del Pueblo. Ambos partidos han acusado a Gabilondo de realizar una investigación dirigida y limitada, que deja fuera la mayoría de los casos de abusos, han dicho, y sin competencias. Hoces, de Vox, ha llegado a insinuar que el Defensor malversa al entrar en esta cuestión.

Gabilondo ha explicado en su réplica que él había recibido una encomienda del Parlamento y eso ha hecho. Además, ha revelado, la fundación Abogados Cristianos ya presentó una querella por prevaricación, malversación, provocación a la discriminación y al odio por hacer el informe. El Defensor ha informado de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitió la querella mediante un auto.

Vox y el PP habían insistido en sus intervenciones en que Gabilondo se había dejado fuera la mayoría de los casos de abuso, por ejemplo los supuestos abusos a menores tutelados en Baleares y Asturias (ha dicho Vox, el Defensor le ha reprochado que se haya “olvidado” de citar a Madrid, donde también ha sucedido) o en otros ámbitos, como el educativo o el familiar.

Gabilondo se ha mostrado dispuesto a ampliar la investigación si así se le encomienda (“aunque este tardará más”, ha advertido), ha reseñado que su institución no ataca a nadie pero sí ha subrayado que “la Iglesia no es una institución como el resto, se le requiere un proceder ejemplar” y ha valorado que “todas las medidas que está tomando la Iglesia son muy positivas, especialmente en las congregaciones religiosas” y ha insistido a diputados y senadores en que impulsen medidas de reparación.

El Defensor del Pueblo no recurrirá la ley de amnistía como sí han hecho el Tribunal Supremo y, entre otras, una decena de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El organismo que dirige Ángel Gabilondo ha contestado a una treintena de peticiones recibidas para que impugne la norma y explica que no lo hará “tanto por razones institucionales como de fondo”, al entender que ya ha sido recurrida por varios tribunales y que la ley no incurre en arbitrariedad.

El Tribunal Constitucional ya ha recibido una decena de recursos contra la ley de amnistía y este mismo miércoles ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tiene todavía pendientes de admisión recursos presentados por varias comunidades autónomas, la gran mayoría gobernadas por el Partido Popular, y no se espera que las deliberaciones empiecen antes de los próximos seis meses.

El organismo, capacitado para interponer este tipo de recursos e impugnaciones ante el tribunal de garantías, explica en primer lugar que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya han presentado sus propias cuestiones de inconstitucionalidad y entiende que debe apartarse de “los asuntos en los que ha habido intervención judicial”. También, añade, se ha tenido en cuenta “el respeto a los ciudadanos hasta ahora amnistiados por los jueces en aplicación de esta Ley”.

En cuanto al fondo de la ley, entiende el Defensor del Pueblo que el análisis que realiza sobre la proporcionalidad de la norma encuentra motivos “tanto históricos, de derecho comparado, jurisprudenciales y conceptuales” que “permitirían contradecir” esa supuesta arbitrariedad que llevaría a presentar el recurso.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a las comunidades autónomas para interesarse por aquellos pacientes que no tienen dónde ir cuando reciben el alta en un centro hospitalario. Los afectados por esta situación son mayoritariamente personas de avanzada edad, con vulnerabilidad económica, enfermedad cronificada y con ausencia de apoyo en su entorno familiar.

La institución del Defensor del Pueblo, dirigida por Ángel Gabilondo, quiere conocer el alcance de este fenómeno –los datos disponibles en los principales hospitales del país–, cómo los abordan los diferentes centros y cuáles son los protocolos que se aplican para intentar ofrecer una solución a este problema.

La actuación se ha iniciado preguntando a las consejerías y departamentos de Sanidad autonómicos. Una vez se obtengan la información general solicitada se procederá a formular las recomendaciones que la institución estime pertinentes.

El Defensor del Pueblo va a solicitar, entre otras cosas, datos actualizados de cada uno de los principales hospitales generales de cada comunidad autónoma sobre el número de pacientes que se encuentran con indicación de alta pero con la imposibilidad de hacerse efectiva, así como sobre los periodos de prolongación de la estancia hospitalaria por razones no clínicas.

También quiere conocer la institución las iniciativas que ya se han puesto en práctica para hacer frente a estos casos, y qué medidas de coordinación están adoptando las consejerías y administraciones sociales para agilizar la disposición de plazas en centros residenciales o sociosanitarios –a donde estas personas vulnerables puedan ser derivadas tras recibir el alta hospitalaria–.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella que la asociación Abogados Cristianos presentó contra el Defensor del Pueblo por su informe en el que calculaba que unas 450.000 personas habían sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Los jueces entienden que no hay indicios de delitos de prevaricación, malversación o de odio como planteaba la asociación ultracatólica, y niega que “suponga una criminalización de los miembros de la Iglesia Católica”.

El informe del Defensor del Pueblo, institución que dirige Ángel Gabilondo, incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población española había sufrido abusos en un entorno religioso, una estimación de 450.000 víctimas en todo el país. La mitad de ese número, añadía, habían sido agredidas por un sacerdote.

El informe, el primero oficial e independiente sobre este asunto, denunciaba también las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” en congregaciones y órdenes religiosas y reclamó un fondo estatal para el pago de indemnizaciones para las víctimas con aportaciones de la Iglesia.

La Fundación de Abogados Cristianos decidió querellarse contra el propio Gabilondo al entender, entre otras cosas, que ese informe promovía el odio contra la Iglesia católica, sus miembros y sus fieles. También que había supuesto, una malversación de fondos y medios públicos.

Unas acusaciones que acaba de rechazar de plano la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sobre el delito de odio, los magistrados explican que no es posible atribuir ese ilícito a un informe para cuya elaboración contribuyó la propia Conferencia Episcopal. Lo hizo con el documento “Par dar luz”, en el que la propia Conferencia reconocía la existencia de esos abusos.

El informe, sigue el Supremo, tampoco llevaba a la “criminalización” de los integrantes de la Iglesia. “Se limita a recopilar con datos objetivos la realidad de los abusos, la respuesta de la propia institución y la actuación de los poderes públicos sirviéndose para ello del testimonio de las víctimas y de las informaciones facilitadas por la Conferencia Episcopal Española, las diócesis y los institutos de vida consagrada”, dice el Supremo.

Para el Supremo, las acusaciones de Abogados Cristianos tenían un “carácter espurio”. Entre otras cosas, porque la querella apuntaba a la responsabilidad penal, incluso, de la Presidencia del Congreso de los Diputados aunque no se acusaba de nada a la Presidencia de esa institución. “Sin duda por ser consciente que escapan al control jurisdiccional las actividades legislativas como las que nos ocupa haciendo, por tanto, inviable la persecución penal contra el querellado”, afirma el Supremo.

La pederastia no es un fenómeno que se produzca exclusivamente en el seno de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sí es la única confesión religiosa en cuyo seno se produce. No solamente en España, sino en todos los países en que la Iglesia Católica está presente. Aunque no ha sido fácil en ningún país que se reconociera la dimensión del problema y que se abriera una investigación sobre el mismo, en todos ha acabado siendo reconocida la existencia del problema y en todos ha acabado siendo investigado. 

España ha sido el país en el que la Conferencia Episcopal se ha resistido más que en ningún otro al reconocimiento de la existencia del problema. De ahí que haya sido el último en el que se ha abierto una investigación, que ha tenido que hacerse por el Defensor del Pueblo por encargo de las Cortes Generales. Aunque a la Conferencia Episcopal se le ofreció que se integrara en la Comisión investigadora, decidió no hacerlo. En un número muy elevado de las diócesis, o se ha rechazado cualquier tipo de colaboración en la investigación o se ha prestado una colaboración muy limitada. En algunas, por el contrario, sí se ha producido la colaboración que se les solicitó.

Como escribí el mismo día en que se hizo público el Informe, el Defensor del Pueblo ya ha hecho lo que podía hacer. Ahora son las Cortes Generales las que tienen que decidir qué respuesta debe darse al problema. 

Y lo primero que deberían hacer es solicitar a la Conferencia Episcopal que diera acceso a las Cortes a los archivos de todas las diócesis, de tal manera que se tuviera conocimiento de todo lo que la Iglesia Católica ha ido sabiendo sobre la práctica de la pederastia en su seno y sobre la forma en que se ha reaccionado ante la misma. La sociedad española tiene derecho a saber lo que consta en los archivos de las distintas diócesis respecto a la pederastia. En el caso de que la Conferencia Episcopal se negara a la solicitud de las Cortes Generales, habría que denunciar los Acuerdos con la Santa Sede. 

La Iglesia Católica tiene una posición privilegiada en el ordenamiento jurídico español que no tiene en el ordenamiento de ningún otro país europeo. En ninguna otra Constitución se la menciona expresamente en el artículo en el que se reconoce la “libertad religiosa” como derecho fundamental y en ningún otro país dispone la Santa Sede de unos acuerdos con el Estado que le proporcionan a la Iglesia una posición destacadísima tanto en lo que a la financiación como en lo que a la prestación del derecho a la educación se refiere.  

La Conferencia Episcopal no puede argumentar que la pederastia no se produce solamente en su seno para eludir su responsabilidad. Porque no hay ninguna institución que ocupe la posición que ocupa la Iglesia Católica en el Estado Constitucional español. No ya ninguna otra confesión religiosa, sino ninguna institución del tipo que sea. La ejecutoria de la Iglesia Española en lo que a la pederastia se refiere supone un caso extremo de deslealtad a una sociedad y a un Estado que la ha tratado con una generosidad excepcional. 

La sociedad española no puede tolerar que la Conferencia Episcopal siga, en lo que a la pederastia se refiere, la estela de Vox respecto a la violencia de género, que es exactamente lo que está haciendo. En las manos de las Cortes Generales está evitar que esto ocurra y que al problema se le dé la respuesta que debe dársele.   

El penalista Josep Tamarit (Barcelona, 1971) ha pasado los últimos 15 meses inmerso en uno de los proyectos más apasionantes de su carrera profesional: coordinar la redacción del primer informe oficial e independiente sobre los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. El texto, que parte de un encargo del Parlamento al Defensor del Pueblo y en el que han colaborado 17 expertos de diferentes perfiles, da voz a las víctimas, certifica la “dimensión estructural o sistémica” de un problema que desde sectores de la Iglesia se había circunscrito a “casos esporádicos” y hace propuestas específicas de reparación que han soliviantado a la jerarquía eclesiástica. 

Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y experto en victimología, Tamarit afirma que la “negación” del problema por parte de la Iglesia ha sido “una de las cosas más dolorosas para las víctimas”. Y pide a la institución católica —que define como “muy plural”— que reconozca la gravedad del problema, haga “modificaciones” en aspectos que permitan reducir el riesgo de abuso y que repare a las víctimas. No obstante, también destaca la responsabilidad subsidiaria de los poderes públicos: “Si la Iglesia no cumple con lo que se espera de ella, el Estado también es responsable”, subraya. 

¿Qué valoración general hace del informe? ¿Está satisfecho?

Haber hecho el informe tarde en relación a otros países ha tenido la ventaja de que teníamos la experiencia de otras investigaciones, lo que nos daba información y perspectiva para situar el problema en un contexto más amplio. Pero eso también nos obligaba a evitar una demora excesiva, por lo que hemos trabajado mucho y en muchos frentes para que estuviera listo en 15 meses. Además, hemos afrontado la dificultad de que no teníamos acceso a información completa de lo que podía tener la Iglesia católica, que en otros países sí ha abierto los archivos. 

Afirma que la Iglesia no ha puesto a disposición de los expertos toda la documentación en su poder. ¿Cómo valora su colaboración? 

La encomienda partía del Congreso de los Diputados, no de la Iglesia, que la recibió de entrada con cierta reticencia, aunque acabó expresando una voluntad de cooperación. Esta cooperación se ha producido pero ha sido dispar en cuanto a los distintos actores. No hay que olvidar que la Iglesia católica es muy plural. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mantenido más de 80 reuniones con la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, con el decano del Tribunal de la Rota, con las congregaciones… con la voluntad de recabar información y explicar los objetivos del informe para que todo el mundo tuviera la tranquilidad de que no iba contra nadie, sino a favor de la verdad, de revelar lo que había sucedido y buscar el modo de darle respuesta. 

Ha habido obispados que han estado muy reticentes a colaborar. Algunos, incluso, hostiles.

Ha habido respuestas muy positivas por parte de muchas organizaciones, de muchas congregaciones y de algunos obispados. Pero también ha habido obispados que han estado muy reticentes a colaborar. Algunos, incluso, hostiles. Todo eso es parte no solo de la pluralidad, sino de un proceso de evolución. Por lo tanto, en una visión optimista, confío en que poco a poco la Iglesia vaya aceptando la necesidad de reconocer el problema y de cooperar en su solución.

Lo que sabemos por ahora es que la Conferencia Episcopal, aunque ha pedido perdón a las víctimas, ha cargado contra la extrapolación de las cifras del informe y ha afirmado que sólo participará en el fondo estatal si incluye a “todas las víctimas” de abusos. ¿Qué le parece?

Las cifras están claras. Se ha establecido el porcentaje aproximado de la población que habría estado afectada por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Pero da la impresión de que hay gente a la que le cuesta entender cuál es el sentido de una estimación. Es un fenómeno que ha tenido lugar durante muchos años. Y, por lo tanto, esa idea de que si fueran ciertas estas cifras estaría afectando a mucha gente no es así porque las cifras hacen referencia a víctimas, no al número de abusadores. De esas cifras no se infiere que todos los miembros de la Iglesia hayan sido abusadores ni nada parecido. Hay que digerir bien las cifras y hacer una reflexión un poco más sosegada sobre lo que se ha aportado, que viene a demostrar que la magnitud del fenómeno es importante. 

Que la Iglesia participe en un organismo en el que se establecieran ayudas es lo que se prevé en la recomendación. Que esto pueda extenderse a otras víctimas es algo que, en todo caso, debe establecer el Parlamento

También destaco que se hayan fijado en los testimonios, pues es muy importante conocer las consecuencias de los abusos. Y eso sobre todo se percibe a través del análisis de los testimonios, donde hay información suficiente para darse cuenta de la profundidad del problema y de la necesidad de tomarlo muy seriamente.

Por otro lado, que la Iglesia participe en un organismo en el que se establecieran ayudas es lo que se prevé en la recomendación. Que esto pueda extenderse a otras víctimas es algo que, en todo caso, debe establecer el Parlamento o quien tome la decisión de impulsarlo. Estoy muy de acuerdo en que haya otras víctimas que puedan verse beneficiadas, pero la Iglesia debe preocuparse de lo que a ella le tocaría asumir en lo que hace referencia a las víctimas de abusos en la Iglesia, no a las de otros contextos. 

Parece que el hecho de que se hayan puesto cifras ha irritado especialmente a la jerarquía católica… Según ese sondeo, un 1,13% de la población habría sufrido abusos en un ámbito religioso, lo que supondría que hay 450.000 víctimas. 

La extrapolación que han hecho los medios de comunicación viene de una encuesta que se ha hecho con todo el rigor propio de un estudio sociológico. Aunque se ha tomado una muestra representativa de la población, no es una cifra exacta. No queremos que se ponga el acento en la cifra. Que sea esa cifra o un poco menos o un poco más no cambia lo sustancial: que se ha podido probar que ha habido una prevalencia importante del abuso sexual en el contexto de la Iglesia católica, que no son casos aislados. Y que ha habido un problema realmente muy extendido.

España no es el único país que ha elaborado una encuesta. ¿Por qué se incluyó? ¿Fue una cuestión que generó debate? 

En la Comisión estábamos de acuerdo en que este estudio demoscópico tenía que estar en el informe. Era importante, primero, porque disponíamos de muy pocos datos previos. De hecho, el único dato que teníamos era la encuesta que hizo en 1994 el profesor Félix López y que desde entonces ha sido la referencia principal de todos los especialistas en abuso sexual infantil en España. Ahí ya salió que un 1% de la población había sufrido abusos por parte de algún miembro de la Iglesia católica. Pero esa encuesta tiene casi 30 años y era necesario actualizarla y completarla. 

Desde ciertos sectores se había negado que esto fuera un problema extendido y se decía que eran casos esporádicos. Determinar cuántos casos son era fundamental cuando se estaba poniendo en cuestión la dimensión del problema. Lo importante no era conseguir una cifra con una aproximación absoluta a la real, pero que nos hayamos podido acercar a ella sí lo es. La cifra es parecida a la que se ha encontrado en otros países, lo que nos confirma que no está lejos de la realidad. 

¿Además de la cifra se ha detectado que el fenómeno del abuso sexual infantil en el contexto de la Iglesia católica presenta en España características semejantes a las de otros países?

Sí. Se ha encontrado un dato que es constante en todos los países y es que hay más víctimas hombres que mujeres, lo que es una excepción respecto a los abusos sexuales en general. También hay semejanzas en cuanto a edades: se ha encontrado que hay más personas afectadas de edades más avanzadas que de edades más jóvenes. Esto confirma que hubo unos años en los que este fenómeno fue mucho más prevalente y que luego se ha ido reduciendo por muchas razones: hay menos niños en contacto con personas del ámbito de la Iglesia católica, hay menos niños en escuelas religiosas, hay menos clérigos… Hay que pensar que también ha habido otros cambios sociales positivos que han hecho que los abusos sexuales vayan disminuyendo, lo que significa que los esfuerzos que estamos haciendo desde muchos sectores están dando resultados. 

Ahora que una investigación independiente ha acreditado que la pederastia del clero es un fenómeno con una “dimensión estructural o sistémica”. ¿Cuál debería ser la respuesta de la Iglesia?

Nosotros hemos hecho, en primer lugar, recomendaciones a los poderes públicos porque es lo que nos pidió el Congreso. Pero, evidentemente, también hay recomendaciones a la Iglesia porque se han detectado deficiencias en la forma en que ha abordado el problema. Ha habido factores de riesgo que tienen que ver con aspectos estructurales de la organización eclesial, no con aspectos dogmáticos, y que pueden ser cambiados. 

En este sentido, recomendamos a la Iglesia que reconozca la gravedad del problema —la negación ha sido una de las cosas más dolorosas para las víctimas—, que esté dispuesta a hacer modificaciones en aspectos que permitan reducir el riesgo de abuso y que repare a las víctimas. En estos últimos tiempos la Iglesia ha ido introduciendo cambios positivos, pero en gran medida orientados a la prevención más que a la reparación. Le ha sido más cómodo mirar hacia adelante que hacia atrás. Y es bueno que se mire hacia adelante, pero también es necesario mirar hacia atrás sobre todo cuando no se han podido cerrar las heridas y hay gente que necesita un reconocimiento y una reparación.

Una de las principales propuestas en relación a esa reparación es la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado” en el que ambas partes “colaboren” en el reconocimiento, y la reparación de las víctimas de delitos prescritos, que son una gran mayoría. ¿Por qué era importante dar ya una respuesta a estas víctimas? 

Hemos tenido como una prioridad hacer propuestas que permitan dar una respuesta eficaz y lo más pronta posible a las víctimas que hasta ahora no han obtenido ningún tipo de reconocimiento, ni reparación, ni ningún tipo de respuesta. Y, por este motivo, no nos hemos inclinado hacia propuestas como la imprescriptibilidad, que afectaría a los delitos cometidos desde su entrada en vigor, nunca a las víctimas ahora existentes. 

Nos hemos basado en modelos que hay en otros países. Por ejemplo, en el modelo belga, que está basado en un órgano mixto que se creó por acuerdo entre el Parlamento Federal y la propia Iglesia católica y en el que se recogían las demandas de delitos prescritos y, de acuerdo con un baremo, se acordaban unas indemnizaciones que pagaba fundamentalmente la Iglesia católica. La propuesta va en esa dirección. El Parlamento tendrá que concretar cómo quiere hacerlo y ver qué cooperación presta a la Iglesia Católica. Lo ideal sería que la Iglesia católica colaborara y pudiera hacerse una solución en un órgano mixto. 

¿Y qué ocurre si la Iglesia no quiere colaborar?

Si la Iglesia Católica no coopera, nosotros dirigimos nuestra recomendación a los poderes públicos y estos no pueden escabullirse. O sea, si la Iglesia no cumple con lo que se espera de ella, el Estado también es responsable. Nuestra posición se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que el Estado es responsable de los abusos cometidos, al menos, dentro del sistema educativo. Aunque la titularidad del centro sea privado, el Estado tiene un deber de supervisión y si ha fallado en sus obligaciones tiene un deber de indemnización.

Es el Estado el que ha dejado a la Iglesia católica encargarse de la educación. En ningún caso debemos ver esto como que se desvía la atención y que la Iglesia se puede lavar las manos. En primer lugar le toca a la Iglesia, pero en segundo lugar, al Estado

El Estado no puede desentenderse de lo que sucede en el sistema de educación. Y esto es así desde el año 1970, cuando legalmente quedó establecido que una cosa es la titularidad de los centros y otra cosa es la responsabilidad del Estado para asegurar que estos centros sean un entorno seguro para los niños. Es el Estado el que ha dejado a la Iglesia católica encargarse de la educación. En ningún caso debemos ver esto como que se desvía la atención y que la Iglesia se puede lavar las manos. En primer lugar le toca a la Iglesia, pero en segundo lugar le toca al Estado. 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se dirigió expresamente el pasado viernes al Gobierno, al Congreso y a la Iglesia católica...

Hay que ser optimista. Y por el conocimiento de lo que ha sucedido en otros países se ha detectado que en general la Iglesia católica, como institución, ha hecho una evolución en este tema. En la mayor parte de los países se ha visto el mismo patrón: se ha empezado negando el problema, luego se ha ido aceptando a regañadientes y, finalmente, se ha llegado a una fase de mayor disposición a aceptar, a colaborar, a reparar y a reconocer el problema. España ha ido siguiendo hasta ahora una evolución un poco lenta, aunque en el ámbito de la Iglesia ha habido de todo. 

Desde algunos sectores, especialmente vinculados a la Iglesia, se defiende que la investigación debería extenderse a los abusos en otros ámbitos. ¿Qué le parece esta postura? ¿Por qué tenían que investigarse de forma independiente los abusos sexuales en la Iglesia católica?

Me parecería perfecto que se extendiera la investigación a otros ámbitos, aunque como experto no me toca decir qué va primero o qué va después. Cuanto más conocimiento se aporte sobre la victimización de menores, mejor. Pero había una preocupación especial en la sociedad española respecto a los abusos en la Iglesia católica por su relevancia y por la gravedad del daño, que tiene además una dimensión de daño espiritual que lo caracteriza. Este argumento cuando viene de la propia Iglesia y no va acompañado de otros gestos suena muy defensivo. La Iglesia debería ser la mayor interesada en que se investigara lo que ha ocurrido en su casa. 

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con víctimas tras el informe? ¿Qué le han trasladado?

No es mi rol hablar con las víctimas. Lo único que puedo decir es que en la Unidad de Atención, que todavía no se ha cerrado, se están recibiendo nuevos testimonios. Hay gente que después de haberse presentado el informe ha decidido ir a ofrecer su testimonio. 

Fueron más de cinco horas de discusiones en medio de una gran división interna, pero a última hora de este lunes la Conferencia Episcopal finalmente valoró de forma oficial el informe que presentó el viernes el Defensor del Pueblo y en el que se señala a la Iglesia católica española por intentar ocultar los abusos sexuales cometidos en la institución y que, según sus cálculos, podría haber afectado a cientos de miles de personas.

“Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, señalan los obispos en su nota.

En la sede de la Conferencia Episcopal solo había un tercio de los obispos presentes –aunque sí estaban en la sala muchos de los relevantes, como Omella o Argüello, Cobo o García Magán– mientras que el resto participó de forma telemática. En el comunicado dejan claro que valoran “de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas”, y que consideran “valiosas las recomendaciones propuestas” en el informe.

Una de ellas es la creación de un fondo de reparación para las víctimas, sobre el que, al parecer, hay bastante consenso. Pero la Iglesia deja la iniciativa en manos del poder político: “La Asamblea Plenaria se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad” porque, afirman, “dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo”.

“Víctimas de segunda”

Es decir, como la pederastia no es un problema solo de la Iglesia, que haya trabajo conjunto pero que sea el Gobierno sea el impulsor de las medidas. “Además –remachan– poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría, a las que convertiría en víctimas de segunda”.

“Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta”, señala la nota, que admite que “un solo caso de abusos es intolerable”, pero reivindica que “la Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones”.

La Conferencia Episcopal entiende que la línea marcada por el Defensor del Pueblo es “en buena medida convergente con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo”. La única decisión ejecutiva de la reunión ha sido la de “encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación”, algo que se llevará a cabo a partir de la próxima Plenaria.

“La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración”, finaliza el escrito.

¿Despedir a Cremades o asumir su informe?

El principal punto de fricción de la velada fue qué hacer con la auditoría encargada al despacho Cremades&Calvo Sotelo. Desde el principio, dos posturas encontradas: una, la partidaria de asumir el informe y tratar de consensuar con el bufete las conclusiones y recomendaciones (especialmente en cuanto a la reparación y a la responsabilidad por encubrimiento); la otra, más radical, que abogaba por anular el contrato, al considerar su incumplimiento por parte del despacho, y tratar de evitar filtraciones.

Al final, ni una cosa ni otra: “En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades y está prevista para el 20 de noviembre próximo. La Asamblea Plenaria ha decidido posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022”, se lee en el comunicado.

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Alguien me contó, hace ya algún tiempo, que la glándula timo está en ese lugar central del pecho donde se golpean los feligreses católicos con el puño cuando, en misa, rezan esa oración llamada “Yo confieso” y dicen aquello de “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”. Esta misma semana, una amiga, me explicó que esa glándula, la timo, tiene un significado espiritual y que mientras los griegos decían que era el lugar donde residía el alma, la cultura oriental la tiende a asociar a emociones vitales como la felicidad. Sea como sea, más allá de esta conexión espiritual, científicamente, la timo se ha mostrado como una glándula fundamental para el sistema inmunitario e incluso, recientemente, se ha descubierto que puede ser una de las claves para el anti envejecimiento.

Por alguna extraña razón, en la glándula timo, la confesión de los pecados, el perdón y la salud del cuerpo, el envejecimiento y la liberación del alma he pensado al escuchar las conclusiones de la investigación que ha hecho el Defensor del Pueblo sobre las agresiones sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia Católica española durante la dictadura franquista y parte de la democracia. Cerca de medio millón de víctimas menores de edad en su momento (unas 440.000) que representan casi un 1% de la población total. Una cifra, un dato, que coloca a la Iglesia Católica española a la cabeza de las iglesias del mundo donde han campado, con impunidad y complicidad, los depredadores sexuales de niños y niñas que formaban parte de las órdenes religiosas encargadas de colegios, escuelas de catequesis, centros juveniles, “orfanatos”, “inclusas”, “hospicios”, centros sanitarios, centros de atención social, pisos, residencias, proyectos sociales… Instituciones todas ellas dependientes de la Iglesia Católica y que siempre han contado, y aún siguen contando, con el apoyo de los poderes públicos y la financiación para llevar a cabo su labor. 

Quizá sea el momento de plantearse un intercambio: dinero público a las órdenes y congregaciones que sabemos están implicadas en los casos de estas agresiones a cambio de un ejercicio fiable de verdad, justicia y reparación (incluido el perdón) a las víctimas. Obviamente esto no es tan fácil, aunque debería suceder. Sobre todo, porque lo de la Iglesia Católica y las vulneraciones de derechos masivas viene de lejos. Desde el genocidio de la “conquista de América” hasta la dictadura franquista y entrada la democracia, los capítulos oscuros están ahí en medio del desconocimiento generalizado. 

Es entre los años 60 y 90, la época en la que se produjeron los abusos en el ámbito religioso que recoge el informe del Defensor del Pueblo. Estos relatos que cuentan las víctimas ya adultas, mayoría hombres, dejan evidencia de otro capítulo más de la historia de los horrores de una Iglesia que nunca pide perdón. Una Iglesia cuyos miembros, religiosos y también religiosas, han vivido en la inmunidad que supuestamente debe dar esos golpes de pecho del “yo confieso” sobre la glándula timo. Golpes y oraciones que de nada sirven a las víctimas supervivientes, porque estamos hablando de crímenes, de delitos, de agresores sexuales, depredadores que, además de pecadores que arderán en el infierno (según la fe católica), son delincuentes que han de ser condenados a penas de prisión por estas agresiones sexuales infames.  

Otra vez más los representantes oficiales de la Iglesia Católica española se niega a pedir perdón y reparar a las víctimas supervivientes, se niegan a colaborar con la Justicia, se niegan a entonar “el mea culpa” por un silencio y colaboración que fue necesaria para que tantos y tantos niños y niñas estuvieran indefensos en manos de sus religiosos y sacerdotes más depravados. Los representantes de la Iglesia Católica española no piden perdón, pero sí perdonan y perdonaron a los sacerdotes y religiosos pederastas y criminales con nuevos destinos, nuevas víctimas y más silencios. Los representantes de la Iglesia Católica española, ante los casos de pederastia que han cometido los suyos, perdonan “a los malos” con el cielo de la impunidad y condenan “a los buenos” al infierno del trauma, del recuerdo y del dolor. 

Hoy nuestra democracia no es mejor, no hasta que estos representantes eclesiales –y también políticos (ahí está Vox y el sector más ultraconservador del PP)– respeten a los y las supervivientes de sus agresiones que han tenido el coraje de encabezar esta rebelión contra el silencio y la impunidad.

Los representantes de la Iglesia Católica española, de sus congregaciones, de sus órdenes religiosas y de sus diferentes estamentos deben pedir perdón por haber sido la casa de los horrores para tantos niños, niñas, adolescentes, chicas y chicos jóvenes en nuestro país. Desde las agresiones sexuales hasta las humillaciones, malos tratos y degradación que han sufrido en las instituciones que regentaron, especialmente durante la dictadura franquista, como la del Patronato de la Mujer. Quizá sea eso, que la monstruosidad de lo sucedido es tan grande que elijan callar, porque están orando en silencio. Nuevamente, encubrimiento y complicidad con la crueldad, que no deja de ser más crueldad. 

Ojalá haya una fractura en el seno de esa Iglesia por parte de quienes viven su fe desde otros lugares comunes a la justicia social y al compromiso con los derechos humanos, me consta que los hay. Pero hasta que ellas y ellos no hagan su propia revolución, su propio #SeAcabó, va a ser muy difícil materializar la reparación real y sentida a cada uno de los hombres y mujeres víctimas de estas agresiones sexuales. Quizá es momento de que desobedezcan, de que haya una rebelión dentro de la Iglesia que reactive la glándula timo no para machacarla con inútiles golpes de pecho sino para iniciar un movimiento de liberación contra una institución que protege y salva a los pederastas (para que luego digan de la ley del sí es sí)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho público este viernes el informe sobre las víctimas de abusos, que más bien deberían ser calificados de agresiones, sexuales en el seno de la Iglesia Católica, distribuidos casi por igual entre aquellas protagonizadas por sacerdotes y por no sacerdotes. En conjunto afecta a unas 450.000 personas, lo que nos sitúa en el primer lugar de todos los Estados europeos. 

No creo que nadie se haya visto sorprendido por el resultado del informe, ya que no hay ningún otro país europeo en el que la presencia de la Iglesia Católica sea comparable a la que tiene en España y en el que, además, tras la Guerra Civil, la Iglesia haya disfrutado durante un periodo tan prolongado de la posición privilegiada que tuvo la Iglesia española. 

La Conferencia Episcopal ha convocado para el próximo lunes una reunión de urgencia en la que, previsiblemente, hará una valoración del informe del Defensor del Pueblo y alegará lo que estime pertinente. Habrá que esperar, en consecuencia, a lo que en dichas alegaciones se diga, para poder emitir una opinión lo más objetiva e imparcial posible sobre el informe del Defensor del Pueblo.

Hay que subrayar, sin embargo, la anomalía de que la Conferencia Episcopal se negó a formar parte del equipo dirigido por el Defensor del Pueblo para llevar a cabo la investigación, aunque se mostró dispuesta a colaborar desde fuera, y que encargó al bufete Cremades-Calvo Sotelo una investigación propia, que todavía no ha concluido. Parece que el bufete ha solicitado una ampliación del plazo para ponerle fin. 

Por qué confía la Conferencia Episcopal más en un bufete privado que en un órgano de naturaleza constitucional como es el Defensor del Pueblo, es algo que no puede dejar de causar una cierta perplejidad. ¿Puede considerar la Conferencia Episcopal menor la presunción de independencia e imparcialidad del titular de un órgano contemplado en la Constitución, regulado mediante ley orgánica y elegido por la misma mayoría parlamentaria exigida para la reforma de la Constitución y la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que la que se pueda reconocer a un bufete privado? Un bufete privado carece de presunción de independencia e imparcialidad por definición. ¿A qué viene ese encargo?

En todo caso, no se puede perder de vista que el Defensor del Pueblo es un “alto comisionado de las Cortes Generales” y que, en consecuencia, son éstas las que tendrán que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan, si consideran necesario adoptar alguna. 

El Defensor del Pueblo ha cumplido con la tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Pero quien tiene que decidir qué se hace ante la situación puesta de manifiesto por el Informe son las Cortes Generales. O por decirlo de otra manera, el Informe del Defensor del Pueblo es, en cierta medida, un punto de llegada, pero jurídicamente es un punto de partida. Es el punto de llegada material de la actuación de un órgano “auxiliar”, que no puede decidir, sino únicamente proponer. Ahora empieza el momento jurídico que es tarea de las Cortes Generales. Ellas son las que tendrán que decidir qué se debe hacer.

Tal vez sea el momento de revisar los acuerdos con la Santa Sede, que se introdujeron de contrabando en nuestro ordenamiento constitucional, ya que fueron negociados por el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez mientras se estaba elaborando la Constitución, pero sin contar en absoluto con las Cortes Constituyentes. Dichos acuerdos se publicaron unos días después de la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente son unos acuerdos preconstitucionales, aunque formalmente son posconstitucionales. El Gobierno presidido por Adolfo Suárez sabía que esos acuerdos no pasarían nunca el filtro de unas Cortes constitucionales. Por eso se aprobaron de la forma en que se aprobaron. Hay que poner fin a esa situación anómala y negociar democráticamente la relación del Estado con la Iglesia. Tal vez sin tales acuerdos no se habría tardado tanto en llegar a donde acaba de llegar el Defensor del Pueblo.

Un grupo de 74 vecinos de Esporles (Mallorca), una pequeña localidad situada en la Serra de Tramuntana que apenas alcanzaba los 5.182 habitantes en 2022, ha emprendido una batalla ante el Defensor del Pueblo para que la ciudadanía conozca el resultado de la encuesta que el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado antes de que se aprobara la Constitución española, sobre si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano en el contexto de la Transición española.

Después de haber registrado la petición ante el órgano que preside el socialista Ángel Gabilondo, Albert Catalán, uno de los promotores, explicó a elDiario.es que “es importante registrar esta petición porque la democracia gana en calidad en la medida en que no tiene rincones oscuros”. “Suárez se arrogó la potestad de esconder una información que tenía en ese momento para justificar la introducción de la figura del rey y de la monarquía en la Ley para la Reforma Política”, argumentó Catalán, y añadió que ello fue determinante para que la monarquía figurara en la Constitución de 1978 aprobada por la ciudadanía española. “Es una cuestión cívica el hecho de querer que la democracia sea lo más transparente posible y ofrezca el máximo de luz sobre las decisiones que se toman”, destacó.

Supuestamente, el Gobierno de Adolfo Suárez preguntó a la ciudadanía, mediante encuestas, qué modelo de Estado preferían –si monarquía o república–, como confesó el expresidente del Gobierno en una entrevista en televisión con la periodista Victoria Prego tapando el micro para que no se registraran sus palabras. Suárez le dijo a Prego que cuando llevó a cabo la reforma política de 1977 introdujo las palabras “Rey” y “monarquía” en el texto constitucional porque los sondeos que tenía el Gobierno –que son los que quiere sacar a la luz el grupo de vecinos de Esporles– anunciaban que el modelo republicano era el preferido por la ciudadanía española.

En su respuesta del 20 de julio, firmada por Teresa Jiménez–Becerril Barrio, adjunta primera del Defensor del Pueblo, el organismo declina tramitar la petición de los firmantes porque considera que no se aprecia “la existencia de una actuación de alguna Administración pública”. El Defensor del Pueblo reconoce que tanto la Constitución como la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ampara al organismo en la defensa de los derechos constitucionales del título 1 de la norma suprema. El organismo, entre sus competencias, puede supervisar “la actuación de las administraciones públicas para el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como las de sus agentes”, en base al artículo 103.1 de la Carta Magna.

Sin embargo, en su escrito de contestación, el organismo se centra en un aspecto concreto de la petición de los vecinos de Esporles para luego rechazarla. En dicha solicitud, los ciudadanos mallorquines recuerdan que el 17 de febrero, el entonces senador del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal, Vicenç Vidal, en una pregunta parlamentaria, cuestionó cómo era posible que seis años después de que La Sexta Columna desvelara el desliz de Adolfo Suárez con Victoria Prego no se hubieran hecho públicas las encuestas.

Del mismo modo, los firmantes de la petición recordaron la respuesta del Gobierno, de 5 de abril, que indicaba que la cuestión que planteaba Vidal estaba siendo abordada a través de una ley que todavía no se había aprobado, esto es, el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista. Centrándose en este aspecto de la petición de los firmantes, el Defensor del Pueblo responde que la petición se sale del ámbito de actuación del organismo, que debe ceñirse “a la supervisión de las administraciones públicas”. “Este ámbito de competencias excluye la supervisión tanto de las Cortes Generales, como poder legislativo, como del Gobierno en su actuación como poder ejecutivo”, responde el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo dice que no tiene competencias

El Defensor del Pueblo, para no registrar dicha petición, añade que “no puede intervenir ante la disconformidad de los ciudadanos con el contenido concreto de una disposición legal o recogiendo el planteamiento de la necesidad de una reforma normativa en un sentido determinado propuesto por los ciudadanos”. El organismo defiende que son el Congreso de los Diputados –cuando aprueba las leyes– y el Gobierno –en el ejercicio de su potestad reglamentaria– quienes ostentan las competencias para “aprobar las normas que han de estar vigentes en cada momento en un ámbito material concreto”.

“La actuación del Defensor del Pueblo nos parece decepcionante”, lamenta a este diario Albert Catalán, uno de los promotores de la iniciativa, quien añade que las razones del organismo para no admitir a trámite la petición registrada “no se ajustan a los fundamentos de esta, ni al mandato legal que tiene que presidir la actuación del Defensor del Pueblo, que es supervisar la actuación de las administraciones públicas para esclarecer sus acciones y proposiciones en relación con los ciudadanos”.

En su escrito de réplica, los vecinos de Esporles argumentan que es, precisamente, el artículo 103.1 de la Constitución (que establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho), así como la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, a lo que se acogen para “solicitar la actuación del Defensor del Pueblo”.

Los promotores de la iniciativa entienden que el Defensor del Pueblo centra su réplica “erróneamente” al focalizarla en la pregunta que planteó en su momento el senador Vicenç Vidal al Gobierno y la respuesta de éste. “Es una información que se aporta de forma complementaria a nuestra petición y al fundamento de esta, que no es otro que nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas a esclarecer los actos y las resoluciones de las administraciones públicas en relación con los ciudadanos”, explica el grupo de vecinos en su respuesta, concretando que lo que se solicita es el derecho a conocer “el contenido de las encuestas realizadas en el periodo preconstitucional por parte del Gobierno de Adolfo Suárez”.

El Defensor del Pueblo, en su justificación para no tramitar la petición, argumenta que no se aprecia “la existencia de una actuación de alguna Administración Pública”, mientras que los firmantes de la petición indican que la queja “se relaciona de manera inequívoca con ‘una actuación de alguna Administración Pública’: la realización de encuestas de opinión por parte del Gobierno, cuya actuación (...) no se ve en absoluto limitada por una petición de transparencia presentada por el Defensor del Pueblo en el ejercicio de la potestad de supervisión que le confiere la legislación vigente”.

El Defensor dice que no se aprecia “la existencia de una actuación de la Administración Pública”, pero los demandantes indican que la queja “se relaciona con una actuación de la Administración Pública": la realización de encuestas por parte del Gobierno

Ahondando en sus argumentos, los firmantes de la petición justifican que “es innecesaria una reforma legal para que el Gobierno pueda publicar la información que se le solicita”. Los promotores de la iniciativa no entienden que el Defensor del Pueblo argumente que no está entre sus competencias “intervenir ante la disconformidad de los ciudadanos con el contenido concreto de una disposición legal o recogiendo el planteamiento de la necesidad de una reforma normativa en un sentido determinado propuesto por los ciudadanos” como base para rechazar la tramitación de la petición, ya que no es una demanda que hayan registrado.

Los firmantes recuerdan que el Defensor del Pueblo puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, en base a la legislación actual, para que, si así lo resolviera, “se condenara al Gobierno a publicar la información solicitada”. Por estas razones, en su respuesta del 28 de julio, el grupo de Esporles solicita que se considere “desajustada” la respuesta del Defensor del Pueblo para que proceda a “admitir a trámite” su queja y se inicien “las acciones consecuentes”.

Yllanes: “Carece de sentido ocultar la encuesta”

Juan Pedro Yllanes, exmagistrado de la Audiencia de Palma y exvicepresidente del Govern, explicó a elDiario.es que le resultaba “llamativo que una encuesta, sin mayor trascendencia o efecto [sobre el modelo de Estado] se pueda convertir en un secreto y que para desclasificarla y conocer su contenido haya que reclamar amparo al Defensor del Pueblo”. “Creo, sinceramente, que el referéndum o la consulta al pueblo para determinados asuntos que son de trascendencia tiene base constitucional. Por tanto, indagar en la opinión de la ciudadanía acerca del modelo de Estado sería democráticamente muy sano”, afirmó Yllanes.

En este sentido, Yllanes destacó que la monarquía parlamentaria, como modelo de Estado, “es uno de los preceptos constitucionales que goza de mayor protección y para cuya reforma se necesita una mayoría reforzada, algo casi imposible de alcanzar” [por falta de consenso]. “A estas alturas de nuestro sistema democrático, mantener como secreto de Estado una encuesta de hace más de 40 años acerca del modelo de Estado que preferían los españoles me parece que carece de cualquier sentido”, manifiestó el juez. “Sería muy interesante saber qué respondieron los españoles a esa encuesta”, aseguró Yllanes.

A estas alturas de nuestro sistema democrático, mantener como secreto de Estado una encuesta de hace más de 40 años acerca del modelo de Estado que preferían los españoles me parece que carece de cualquier sentido

Juan Pedro Yllanes — Exmagistrado de la Audiencia de Palma y exvicepresidente del Govern

Sobre el hecho de que el Gobierno se ampare en una Ley de Secretos Oficiales de 1968 (con el régimen franquista en vigor) para no publicar el contenido de las encuestas, el juez defendió que “parece evidente que las circunstancias han cambiado y que, por lo tanto, lo que era un secreto oficial en una dictadura no se corresponde con lo que pueda ser en una democracia”. “Creo que cualquier ley franquista que tengamos en vigor reclama inmediatamente su reforma”, argumentó Yllanes, que recordó que todavía tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, del periodo de la Restauración borbónica –con Alfonso XII como jefe de Estado–. Por tanto, no es la única ley anterior a 1978 que hay en vigor en España.

El juez ya expresó sus dudas a este diario sobre si la iniciativa del grupo de vecinos de Esporles saldría adelante. “Creo que no hay vulneración de derechos fundamentales, salvo que entendamos que negar el acceso al resultado de la encuesta que se realizó fuese una vulneración del derecho a recibir libremente información veraz”, afirmó Yllanes. El magistrado indicó que tal vez tenga más recorrido plantear un recurso de inconstitucionalidad. “Una ley de 1968 seguramente presenta defectos de constitucionalidad una vez entrada en vigor la Constitución de 1978”, argumentó Yllanes. “Sería interesante que desde el Defensor del Pueblo se pudiese plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de una ley aprobada durante el franquismo”, recalcó el juez.

La falta de recursos estables empujó a Canarias a una crisis de acogida de migrantes en 2020. Hoteles, campamentos y, en ocasiones, la calle fueron algunos de los lugares donde pasaron las noches las personas que llegaban al Archipiélago en patera. La creación de dispositivos de emergencia fue la solución estrella. Sin embargo, tres años después, algunos de estos centros siguen en pie utilizándose como recursos de protección estables. El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por esta práctica en los centros de menores no acompañados, después de varias visitas no anunciadas a cinco de estos recursos de las Islas.

El Gobierno regional ya trabaja en la estabilización de estos recursos. La Consejería de Derechos Sociales contará con 1,2 millones de euros aprobados en noviembre por el Consejo de Ministros que, según explicó a esta redacción la viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Gemma Martínez, se emplearán en las derivaciones a la Península y también a estabilizar los recursos creados durante la emergencia. De esta manera, aseguró Martínez, se podrá dar continuidad a los proyectos de las entidades que acompañan a los menores. 

Los campamentos de acogida del conocido Plan Canarias también se presentaron en 2021 como una respuesta de emergencia para hacer frente a la acogida de todos los supervivientes de la ruta canaria. Sin embargo, las carpas de estos centros distribuidos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura aún no han desaparecido. Las difíciles condiciones de vida en el campamento de Las Raíces, el de mayor capacidad de la comunidad autónoma, ha traído consigo conflictos e incluso huelgas de hambre. 

Ante las quejas presentadas al Defensor del Pueblo por parte de activistas, el órgano respondió en septiembre de 2022 que el Ministerio de Migraciones estaba preparando un expediente con el fin de “realizar mejoras en las instalaciones” en el campamento de Las Raíces. En la respuesta, a la que ha tenido acceso esta redacción, se afirma que se sustituirán las carpas por módulos prefabricados, que se introducirán mejoras en las duchas y en los baños, se acondicionarán el comedor y la cocina y se crearán zonas de actividades. 

“Indocumentados” pese a tener un acta de nacimiento

La presencia de adultos “con documentación que acredita esta circunstancia” en establecimientos reservados para niños y adolescentes es otro de los problemas que alerta al Defensor del Pueblo. La convivencia de mayores y menores de edad ha traído consigo importantes problemas. En Gran Canaria, los trabajadores de los apartamentos Puerto Bello, habilitados como centros de acogida, denunciaron casos de abusos y explotación sexual a menores por parte de usuarios con más de 18 años.  

El informe entregado por Ángel Gabilondo a las Cortes apunta a la “preocupante” falta de recursos en la Fiscalía de Las Palmas para agilizar los decretos de determinación de la edad, por el que “permanecen a la espera cientos de menores”. En algunos casos, los recién llegados a Canarias son sometidos a estas pruebas a pesar de que cuenten con documentación de su país de origen que prueba su edad. Algo que el Defensor del Pueblo rechaza. “No es razonable” considerar “indocumentados” a los menores que arriban a España “con un acta de nacimiento y un pasaporte que no hayan sido impugnados”, reza el documento. 

La institución continuará haciendo seguimiento de este tapón, que no ha logrado desatascarse por completo desde el año 2020. Así, ha solicitado que se amplíe la información recibida en relación a las actuaciones que se realicen para dotar de los medios humanos necesarios a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado concluyó que “la única solución” es el desarrollo de una ley específica que regule la determinación de la edad, diseñando así un procedimiento judicial con todas las garantías. Según ha recogido el Defensor del Pueblo, el Anteproyecto de Ley está pendiente de recibir el dictamen del Consejo de Estado y el informe del Consejo General del Poder Judicial. 

Otra de las lagunas detectadas en Canarias versa sobre el desamparo al que quedan abocados muchos jóvenes extranjeros al cumplir la mayoría de edad. A finales de 2022, de los 2.266 menores registrados en la comunidad autónoma, menos de 800 contaban con una autorización de residencia, según los datos de la Delegación del Gobierno. La tramitación de este documento es “especialmente urgente en aquellos casos en los que están próximos a cumplir 18 años”, advierte el informe. 

Encontrar a un familiar desaparecido 

Al menos 1.700 personas han muerto intentando llegar a Canarias en patera en el último año. Detrás de cada persona desaparecida, existe un familiar que desespera por saber si su ser querido está vivo o no. Las redes sociales, la prensa o las ONG son algunas de las herramientas que las familias utilizan para llegar a sus allegados. Sin embargo, en muchas ocasiones, se topan con la falta de respuestas. Esta es una de las preocupaciones que ha reflejado el Defensor del Pueblo en su informe de 2022 acerca de la gestión del fenómeno migratorio entre África Occidental y Canarias.

Durante 2022, los familiares se han dirigido también a este órgano para conocer el paradero de sus parientes y para interponer denuncias por su desaparición. Por esta razón, la institución ha anunciado que está estudiando la posibilidad de formular una resolución para mejorar los protocolos de actuación en este ámbito.

Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el colectivo Caminando Fronteras cuentan con programas específicos para localizar familiares desaparecidos en rutas migratorias. La guía de Caminando Fronteras recomienda a las familias que exijan a los estados que inicien las labores de búsqueda. “Incluso puedes exigir que todos los estados se coordinen”, añade el documento. La denuncia puede presentarse por cualquier familiar en consulados, unidades policiales o juzgados. 

El CATE de Barranco Seco, “un modelo a seguir” 

Ángel Gabilondo valora de manera positiva la “mejoría significativa en las condiciones de las personas detenidas”. “Se aprecia el esfuerzo realizado para conjugar los estándares de seguridad necesarios con las especiales condiciones en las que llegan estas personas tras duras travesías marítimas”, señala el informe. 

Para el Defensor, el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde las personas migrantes deben pasar un máximo de 72 horas bajo custodia policial, se ha convertido en el “modelo” de estas instalaciones que “podría ser replicado en otras islas”. Como elementos positivos destaca la posibilidad de los usuarios de usar sus móviles y de caminar por los espacios al aire libre. Mientras tanto, los CATE de Lanzarote y Fuerteventura “no reúnen las condiciones necesarias” y deben introducir “cambios sustanciales en el régimen de funcionamiento”. 

En el caso de Fuerteventura, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que dé las instrucciones que sean necesarias con el fin de que los menores de edad, las mujeres embarazadas o las personas que manifiesten solicitar protección internacional no sean detenidas tras sobrevivir a la ruta. “En estos casos se deberían tener identificados en cada localidad, en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones, los recursos del sistema de acogida humanitaria para su inmediata derivación”, subraya el documento. 

“Las mujeres que llegan acompañadas de bebés o menores de corta edad constituyen un buen ejemplo de esta situación, por tanto, de vulneración de derechos”, asevera el Defensor. Así, insta a las administraciones a mejorar los protocolos con enfoque de género y de infancia en la acogida humanitaria.

Hace ahora un año que el Defensor del Pueblo empezó a elaborar el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Desde entonces, solo unas “pocas” diócesis han contestado las solicitudes de información para delimitar hechos y dirimir responsabilidades, según ha indicado el defensor, Ángel Gabilondo, este lunes, tras presentar en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el informe anual de 2022 del trabajo de la institución. Gabilondo ha avisado de que la investigación, encomendada por el Congreso, se publicará antes de que concluya la legislatura y se dará cuenta de qué obispos no han colaborado. También ha señado que está cerrada la investigación respecto a las muertes en el salto de la valla de Melilla del pasado junio y que se mantienen las “diferencias de criterio” con el Ministerio del Interior respecto al rechazo en frontera.

La investigación de los abusos de la iglesia es, según Gabilondo, un trabajo “de muchos años” que no se agotará con la legislatura, pero el defensor quiere dar cuenta de los avances antes de las elecciones. “Daremos la información que tengamos y la que no tengamos”, ha advertido, en el sentido de señalar concretamente a aquellas diócesis de las 70 de España que no respondan a las solicitudes de información. “No tengo por qué dudar de que la Iglesia va a colaborar”, ha indicado. Ha recordado, asimismo, que se reunió el año pasado tanto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, como con el secretario general, César García Magán, y que ambos le transmitieron “claramente” que no participarían en la investigación directamente, pero sí colaborarían. “Es el momento de demostrar esa colaboración”, ha emplazado, aunque ha apuntado que, según la información que ha recibido, algunos obispos están más dispuestos que otros.

Respecto a los sucesos de Melilla, Gabilondo ha insistido en que no coincide con Interior en que esté garantizada que el rechazo en frontera de migrantes se haga de forma individualizada y de acuerdo con las normas de derecho internacional. “Yo no califico la actuación de otros órganos”, ha dicho, pero ha recalcado que las reclamaciones sobre el particular del Defensor del Pueblo no son algo “exótico”. “Ellos [por Interior] consideran que esto se hace así [conforme a la ley]”, ha añadido, aunque ha dicho que sabe que en el Ministerio “tienen la percepción de que tienen que mejorar”.

Reforzar la sanidad y los servicios públicos

Gabilondo ha indicado que el informe es un poco más breve que en ediciones anteriores, pero que se han tramitado más expedientes —31.452, 2.051 más que en 2021–. Entre las preocupaciones de los ciudadanos, de nuevo la sanidad, que requiere de forma urgente un “acuerdo estable” para limitar sus carencias, principalmente en la atención primaria. La seguridad social y el empleo, junto con la Administración de Justicia —señaladamente, por la aplicación de la nueva Ley de Registro Civil– suman entre las tres categorías más de una cuarta parte de los expedientes tramitados. 

El informe recopila otras actuaciones suscitadas a lo largo del año pasado de las que ya se habían adelantado las conclusiones. En ese sentido, se reitera que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó “con respeto a lo dispuesto en la normativa vigente” en lo que se refiere a las “presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones”, si bien admite que la regulación puede estar desfasada; la ley es de 2002, mucho antes de que existiesen los teléfonos móviles inteligentes y sus aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que cabe una “reflexión” sobre la “suficiencia o insuficiencia del control judicial existente”, que en la actualidad se limita a la intervención de un magistrado del Tribunal Supremo.

El consejero extremeño de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha abogado este miércoles por la modificación de la Ley del Aborto para que la norma incluya un registro de objetores de conciencia. De esta forma, ha respondido al ser cuestionado por las cifras aportadas por el Defensor del Pueblo en relación a que el 100% de los abortos realizados en 2020 en Extremadura se efectuaron en clínicas privadas.

Vergeles ha dicho que subrayado que respeta “la objeción de conciencia, un derecho que tienen los profesionales, junto al derecho a la interrupción voluntaria al embarazo que poseen las mujeres”. En este sentido ha afirmado que ambos derechos “deben conjugarse” y por ello, desde su punto de vista, debe realizarse una modificación de la Ley del Aborto para realizar un registro de objetores de conciencia “igual que se ha efectuado en el caso de la Ley de Eutanasia”.

Y es que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado este miércoles de que todos de los abortos en Extremadura, Murcia y Madrid se realizan en centros privados, un porcentaje que en Castilla- La Mancha se sitúa en el 99,9 % y en Castilla y León en el 82,5 %, pese a que según la ley, esto debería ser de “carácter excepcional”.

En el extremo contrario, el Defensor indica que seis comunidades autónomas realizan más del 90 por ciento de estas intervenciones en centros públicos: Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Además, también destaca que en Andalucía el 46,2 por ciento de los abortos se realizan en la red pública, un porcentaje que se eleva al 60 por ciento en Aragón, y al 71,7 por ciento en Galicia.

Así responde Gabilondo en la misiva a una queja de la líder de Más Madrid, Mónica García, sobre el caso de Marta Vigara, que en 2020 acudió al Hospital Clínico San Carlos con una posible rotura de placenta por lo que su vida corría riesgo, y en el hospital se negaron a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo porque “había latido fetal” pese a que la viabilidad del feto era “prácticamente inexistente”.

En su respuesta, el Defensor del Pueblo señala que “esta ausencia prácticamente absoluta de IVE en la red sanitaria pública debería ser objeto de valoración y análisis por la Consejería de Sanidad, ello sin prejuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios”, en alusión a la objeción de conciencia al que pueden acogerse los sanitarios para no practicar abortos.

Gabilondo apunta que los centros hospitalarios deberían tener un protocolo para hacer frente a estos casos, de forma que cuando no se vaya a practicar el aborto en un centro de la red sanitaria pública los servicios administrativos del hospital gestionen la derivación al “centro más adecuado” evitando “añadir una penalidad adicional a la paciente”.

No obstante, hace hincapié en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010 en el sentido de que la prestación sanitaria del aborto se realizará en la red sanitaria pública o en centros vinculados a la misma, “teniendo carácter excepcional” el acudir a centros privados. 

Apenas lleva seis meses en el cargo y Ángel Gabilondo ya ha salido al rescate de Pedro Sánchez en dos ocasiones como Defensor del Pueblo. La suerte de ‘retiro dorado’ que el PSOE llevaba años reservando al exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha terminado con una tarea inusitada por parte de la institución, que se ha puesto al servicio del Gobierno en sendas ocasiones en las que se encontraba en un brete con sus socios parlamentarios: la petición de una investigación sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia y la exigencia de explicaciones sobre el espionaje a unas 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco a través del sistema Pegasus, un software que, en principio, solo está disponible para estados y sus agencias de inteligencia. 

Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del PSOE querían una comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos que durante décadas se han cometido en el seno de la Iglesia. El propio presidente se comprometió personalmente a tomar cartas en el asunto tras el desgarrador testimonio del escritor Alejandro Palomas. En ese momento el Ejecutivo asumió la investigación, aunque siempre rechazó llevarla a cabo en el Parlamento bajo la premisa de guardar la privacidad de las víctimas. En paralelo, la Fiscalía unificó las denuncias y comenzó sus propias diligencias y, en medio de la presión, el PSOE anunció una iniciativa para que fuera el Defensor del Pueblo quien asumiera la investigación. La fórmula fue instar a esa institución a llevar a cabo un procedimiento que contara con la propia Iglesia. 

Han pasado tres meses desde que la propuesta recibió el aval del Congreso y aún no se ha activado el procedimiento. Fuentes de la institución que dirige Gabilondo explican que “se está trabajando en el diseño de la comisión” que va a llevar a cabo los trabajos que culminarán en un informe que será remitido al Congreso. La intención del Defensor del Pueblo es tener lista la comisión en el mes de junio, para lo que tiene que seleccionar “los perfiles” de los expertos que la van a integrar y la “logística” de su funcionamiento. La Conferencia Episcopal ya ha dejado claro que no pretende colaborar con esas pesquisas. Un grupo de víctimas, entre los que se encuentra Palomas, también han anunciado que no participarán en esas pesquisas y que solo lo harán en una “comisión de la verdad” que tenga capacidad coercitiva.

Gabilondo allana el camino para cambiar la ley del CNI

Mucho más veloz ha sido el Defensor del Pueblo en el análisis de la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el espionaje a los líderes independentistas. La activación de esa investigación fue anunciada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en su viaje a Barcelona cuando estalló el escándalo. Entonces hizo una oferta a la Generalitat que también pasaba por un “control interno” en los servicios de inteligencia cuyos resultados se desconocen pero que ha acabado con la destitución de la directora, Paz Esteban, por el hackeo de los teléfonos de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. 

Durante su comparecencia en el Congreso esta semana, Sánchez aseguró que el análisis se produjo “de oficio” por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el alto comisionado no comunicó la puesta en marcha del proceso hasta dos días después de que lo anunciara el ministro de Presidencia. Gabilondo ha dado carpetazo a la investigación tras revisar la documentación clasificada que le facilitaron en las instalaciones del CNI en cinco visitas que se produjeron los días 26 y 29 de abril, 3, 5 y 6 de mayo en las que también tuvo la ocasión de pedir explicaciones al personal de los servicios de inteligencia. Su conclusión es que las 18 intervenciones a líderes independentistas fueron legales porque contaban con la preceptiva autorización judicial. 

“Los autos estaban extensamente motivados”, señala el informe que apunta al “elevado grado de detalle de la información de la que disponía el magistrado del Tribunal Supremo para adoptar la decisión”. Sin embargo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que es una de las personas que accedió a la información clasificada en la comisión de gastos reservados cuestionó esa afirmación. “Lo verdaderamente grave es que el juez no sabía exactamente qué estaba autorizando, no había manera de que lo supiera”, afirmó el diputado vasco, que fue muy crítico con el uso “para todo” del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo justifica las razones que llevaron a los servicios secretos a vigilar a esas 18 personas bajo el argumento de la misión de los servicios de inteligencia de detectar los riesgos o amenazas que afecten “a la independencia e integridad de España”, pero nada dice de los 47 infectados por Pegasus restantes que ha acreditado Citizen Lab y de los que se desvincula el Gobierno. A pesar de que sostiene que todo se ha hecho en cumplimiento estricto de la legalidad, Gabilondo echa un cable al Gobierno al darle la justificación para anunciar la reforma de la ley que regula el CNI apenas una semana después.

“El debate debe ceñirse a la suficiencia o insuficiencia de los controles”, señala el texto rubricado por Gabilondo: “En lo que se refiere al control judicial previo, el Defensor del Pueblo ha podido comprobar su correcto funcionamiento en los casos analizados (...). No obstante, los 20 años transcurridos, la impresionante evolución tecnológica de las últimas dos décadas (lo que incluye sistemas como el spyware Pegasus), los cambios que vendrán en un futuro próximo, la ”aceleración“ de las tecnologías de la comunicación y la información, en fin, deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir. La interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”.

“Por ello, y sin que proceda tampoco proponer fórmulas concretas, lo que debiera corresponder a otros sujetos del Estado de Derecho a través de mayorías muy amplias, al tratarse de verdaderas cuestiones de Estado, considera el Defensor del Pueblo que debieran explorarse las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial”, concluye el informe allanando el camino al Gobierno. 

Sánchez cogió el guante y prácticamente calcó sus palabras: “El Gobierno reformará la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, en la línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. En la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación”. 

El presidente sostiene que el control previo de las interceptaciones de las comunicaciones en España son superiores a otros países europeos, como Portugal, Reino Unido o Países Bajos, y que se respetan los derechos fundamentales de todo el mundo. Aún así, considera que se deben mejorar. “Las principales preocupaciones de los ciudadanos son: si se han respetado o no los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos y si podemos garantizar una mejor regulación para garantizar y salvaguardar esos derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Y las dos respuestas que da el Gobierno de España son sí: se han garantizado y se puede reforzar esas garantías, por eso vamos a plantear estas dos modificaciones legislativas”, expresó en el Parlamento.

Sin embargo, Moncloa no da ningún detalle de cuál es la fórmula que pretende plantear en la modificación legislativa. El PNV ha apuntado a una “decisión colegiada” de varios jueces para evitar que la interpretación pueda estar contaminada por cuestiones ideológicas, por ejemplo, y que haya una comprobación posterior del estricto cumplimiento del mandato. En Moncloa se limitan por ahora a apuntar a la “voluntad política” de llevar a cabo esa reforma que fían para largo, que no ha satisfecho a los socios y que el PP no parece entusiasmado con avalar.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado este viernes, durante la presentación del informe de 2021 de la institución, que la invasión de Ucrania “es ya una crisis humanitaria” que debe conllevar a todas las instituciones a “atender su repercusión en los derechos humanos y a trabajar por facilitar el refugio y la ayuda”.

Además de recordar que el organismo es “la institución nacional de los derechos humanos”, Gabilondo ha asegurado que situaciones como la de Ucrania evidencian “hasta qué punto” la humanidad vive “en espacios de enrome fragilidad e incertidumbre”. “De nuevo, la guerra. Esta vez, en las puertas de Europa, con numerosas víctimas y desplazados, refugiados en ocasiones”, ha lamentado.

Aunque no formaba parte del informe, a Gabilondo se le ha preguntado en rueda de prensa por la comisión de expertos que le encomendó el Congreso de los Diputados la semana pasada para investigar los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica. El defensor ha asegurado que el objetivo de dicha comisión será “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades”, la “reparación de las víctimas” y la “planificación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención de abusos sexuales”.

A su juicio, en esa comisión deberá haber presencia de las asociaciones de víctimas, psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, un abogado del Estado, altos funcionarios, expertos en derecho canónico, criminólogos y representantes de la Iglesia católica.

Retos en materia sanitaria

El Defensor tramitó el año pasado 29.401 expedientes y atendió telefónicamente a 32.974 ciudadanos. Gabilondo ha asegurado que muchas de ellas han tenido que ver con la pandemia y, en concreto, ha remarcado que ha habido “quejas” en “materia sanitaria”. “La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente”, ha señalado.

Entre ellos, ha mencionado las “restricciones en la asistencia sanitaria presencial en los centros de salud”, el “aumento de las listas de espera”, la “restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales en el acceso a residencias de mayores” o la limitación de visitas en las cárceles. En 2021, ha añadido Gabilondo, “se han producido verdaderas situaciones de emergencia social”, con el consiguiente “incremento de la demanda de asistencia de recusos sociales”.

En el informe, el Defensor hace especial hincapié en “la dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores” que, “apesar de la respuesta de los profesionales” ratifica “la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas”.

Otro de los aspectos relevantes del informe tiene que ver con las carencias de las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda. “Se requiere más cooperación y coordinación entre administraciones y organismos”, ha señalado Gabilondo, que ha denunciado que “el parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandas que reúnen los requisitos”. “Las listas de espera para acceder a una vivienda se prolongan en el tiempo y ofrecen pocas alternativas”, ha lamentado.

Vivienda e inmigración

En su opinión, “los procedimientos de adjudicación de viviendas han de ser más ágiles y transparentes” y, además, ha resaltado que “la convocatoria de ayudas económicas destinadas al pago del alquiler vinculadas al Plan Estatal de Vivienda se resuelve con meses de retraso respecto al plazo establecido”, así como que “no hay una cuantía suficiente y los requisitos no siempre son fáciles de cumplir”.

También ha hecho mención Gabilondo a las quejas recibidas en materia de inmigración y asilo. Con todo, ha pedido “realizar un refuerzo de los servicios públicos” que atienden a “los sistemas generales de acogida humanitaria de personas que entran irregularmente en España”, los que “se ocupan de los casos susceptibles de protección internacional” y “la estancia de España de menores extranjeros no acompañados”.