El pueblo que lucha para conocer la encuesta de Adolfo Suárez que daba la victoria a la República
Esporles (Mallorca) es un municipio situado en la Serra de Tramuntana –declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco–, cuyo pico más elevado, el Puig Major, alcanza los 1.445 metros. En esta localidad, un pueblo pequeño que apenas alcanzaba los 5.182 habitantes en 2022 –según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat)–, un grupo de 74 vecinos ha emprendido una batalla, a través de una petición registrada ante el Defensor del Pueblo, para que la ciudadanía española conozca el resultado de la encuesta que el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, habría encargado antes de que se aprobara la Constitución española, sobre si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano en el contexto de la Transición española.
“Pensamos que es importante registrar esta petición porque la democracia gana en calidad en la medida en que no tiene rincones oscuros”, explica a elDiario.es Albert Catalán, uno de los promotores de la iniciativa. “Suárez se arrogó la potestad de esconder una información que tenía en ese momento para justificar la introducción de la figura del rey y de la monarquía en la Ley para la Reforma Política”, argumenta Catalán, lo cual fue determinante para que figurara en la Constitución de 1978. “Es una cuestión cívica el hecho de querer que la democracia sea lo más transparente posible y ofrezca el máximo de luz sobre las decisiones que se toman”, opina.
Esta reivindicación empezó de manera casual. En febrero de este año, algunos de los integrantes de este grupo se dirigieron al entonces senador del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal, Vicenç Vidal (candidato de Sumar Més a las elecciones generales del 23 de julio), natural de Esporles, para preguntarle sobre esta cuestión. Una información que supuestamente está en manos del Gobierno, según desveló La Sexta Columna, a raíz de una entrevista de Suárez con la periodista Victoria Prego en 1995, pero cuyo “desliz” no había salido a la luz.
El 17 de febrero, Vidal, en una pregunta parlamentaria, cuestionaba cómo era posible que seis años después todavía no se hayan hecho públicas las encuestas. En la entrevista de Suárez con Prego, el expresidente del Gobierno reconocía que en 1977, cuando llevó a cabo la Reforma Política, introdujo las palabras “Rey” y “monarquía” porque los sondeos que tenía el Gobierno –que no se publicaron– anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. Suárez hizo esta confesión a la periodista tapando el micro para que no se registraran sus palabras.
En su respuesta, de 5 de abril, el Gobierno respondía que la cuestión que planteaba Vidal estaba siendo abordada a través de una ley que todavía no se había aprobado, esto es, el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía el Ejecutivo, reconociendo implícitamente la existencia de la encuesta (o encuestas) que se formuló a la opinión pública española durante la Transición.
El Gobierno se acoge a una ley franquista
“Mi sorpresa fue cuando recibo la respuesta de que hay que reformar la Ley de Secretos Oficiales, pero no se me contesta en el fondo”, explica a elDiario.es Vicenç Vidal. “La encuesta existe y querría saber, después de más de 40 años de monarquía, qué pensaban los ciudadanos de aquella época”, argumenta Vidal. El exsenador cree que la monarquía, en estos momentos, está cuestionada debido a los escándalos en los que se ha visto implicado el Rey emérito Juan Carlos I. En este sentido, Vidal considera que cualquier jefe de Estado elegido democráticamente “si hubiera realizado esta malversación, habría abandonado la vida pública, cosa que no hizo Juan Carlos I”, en referencia a que el Rey emérito abdicó en Felipe VI, pero la ciudadanía española no ha podido pronunciarse sobre el modelo de Estado que prefiere. “[El Rey emérito] Está exiliado para no contribuir con sus impuestos a pagar los servicios públicos”, critica.
Mi sorpresa fue cuando recibo la respuesta de que hay que reformar la Ley de Secretos Oficiales, pero no se me contesta en el fondo. La encuesta existe y querría saber, después de más de 40 años de monarquía, qué pensaban los ciudadanos de aquella época
“Me resulta llamativo que una encuesta, sin mayor trascendencia o efecto [sobre el modelo de Estado] se pueda convertir en un secreto y que para desclasificarla y conocer su contenido haya que reclamar amparo al Defensor del Pueblo”, explica a elDiario.es, en su condición de juez, Juan Pedro Yllanes, vicepresidente saliente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. “Creo, sinceramente, que el referéndum o la consulta al pueblo para determinados asuntos que son de trascendencia tiene base constitucional. Por tanto, indagar en la opinión de la ciudadanía acerca del modelo de Estado sería democráticamente muy sano”, afirma Yllanes.
Me resulta llamativo que una encuesta, sin mayor trascendencia o efecto [sobre el modelo de Estado] se pueda convertir en un secreto y que para desclasificarla y conocer su contenido haya que reclamar amparo al Defensor del Pueblo
El CIS ya desclasificó una encuesta de 1974
Los promotores destacan que el hecho de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desvelara el 25 de abril una encuesta que había encargado el régimen de Franco en 1974 para conocer el estado de la opinión pública sobre la Revolución de los Claveles que había tenido lugar en Portugal, y que también se había clasificado, invalida el argumento del Gobierno. “Esta desclasificación constituye, justamente, un precedente que invalida el argumento aducido por el Gobierno sobre la supuesta necesidad previa de ‘actualizar el régimen jurídico preconstitucional en esta materia’”. Por este motivo, consideran que el Ejecutivo estaría vulnerando el derecho fundamental recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución que indica que se reconocen y protegen los derechos “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
“Me parece una iniciativa muy razonable: es importante porque es una cuestión básica que define el modelo de Estado. Creo que la gente tiene que poder acceder a la información clave que condujo a tomar la decisión que se tomó”, asevera Vidal. “Vivimos en una democracia madura, la sociedad quiere participar y tener todos los instrumentos necesarios. Por tanto, creo que no se tiene que esconder [la encuesta]”, afirma el exsenador. “Hay que promover la transparencia y dar toda la información para que conozcamos estos datos”, recalca Vidal.
Catalán, uno de los promotores de la iniciativa, considera que la petición que han registrado la podría suscribir “cualquier demócrata”, independientemente de su ideología política o preferencia por un modelo de Estado u otro. “Voté a favor de la Constitución. No solo eso: la defendí públicamente. Creo que eso me carga de razones, a mí y al resto de mis compañeros [que han registrado la petición] para pedir que nos expliquen toda la verdad hasta donde sea posible”, asegura Catalán, que cree, al mismo tiempo, que hacerla pública podría poner en cuestión algunos aspectos que ocurrieron durante la Transición. “Han pasado muchos años y habría que ver cuál es el estado de opinión de la gente y de los diferentes partidos políticos”, matiza.
“Es evidente que si la información se confirma, ofrecería una nueva percepción de la manera en que se gestionó la Transición”, analiza Catalán. “La verdad es que sí [le sorprendió la confesión de Suárez a Prego]. De hecho, si uno ve la entrevista, se da cuenta de que él sabe que está revelando información delicada, por eso tapa el micro, porque era consciente de que lo que decía era bastante fuerte”, concluye.
Sería “muy interesante” saber qué pensaban los españoles
En este sentido, Yllanes destaca que la monarquía parlamentaria, como modelo de Estado, “es uno de los preceptos constitucionales que goza de mayor protección y para cuya reforma se necesita una mayoría reforzada, algo casi imposible de alcanzar” [por falta de consenso]. “A estas alturas de nuestro sistema democrático, mantener como secreto de Estado una encuesta de hace más de 40 años acerca del modelo de Estado que preferían los españoles me parece que carece de cualquier sentido”, manifiesta el juez. “Sería muy interesante saber qué respondieron los españoles a esa encuesta”, asegura Yllanes.
Sobre el hecho de que el Gobierno se ampare en una Ley de Secretos Oficiales de 1968, con el régimen franquista en vigor, el juez defiende que “parece evidente que las circunstancias han cambiado y que, por lo tanto, lo que era un secreto oficial en una dictadura no se corresponde con lo que pueda ser en una democracia”. “Creo que cualquier ley franquista que tengamos en vigor reclama inmediatamente su reforma”, argumenta Yllanes, que recuerda que todavía tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, del periodo de la Restauración borbónica –con Alfonso XII como jefe de Estado–. Por tanto, no es la única ley anterior a 1978 que hay en vigor en España.
El juez tiene dudas sobre si la iniciativa del grupo de vecinos de Esporles saldrá adelante. “Creo que no hay vulneración de derechos fundamentales, salvo que entendamos que negar el acceso al resultado de la encuesta que se realizó fuese una vulneración del derecho a recibir libremente información veraz”, afirma Yllanes. El magistrado indica que tal vez tenga más recorrido plantear un recurso de inconstitucionalidad. “Una ley de 1968 seguramente presenta defectos de constitucionalidad una vez entrada en vigor la Constitución de 1978”, argumenta Yllanes. “Sería interesante que desde el Defensor del Pueblo se pudiese plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucionalidad respecto de una ley aprobada durante el franquismo”, recalca el juez.
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