“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

Apenas un 17,2% de las viviendas turísticas de Andalucía cumplen los requisitos para poder anunciarse en las principales plataformas, como Booking o Airbnb. Así lo admite la patronal de propietarios y gestoras de viviendas turísticas de Andalucía (AVVAPro), que alerta de un “colapso” por la “barrera burocrática insalvable” del nuevo Registro Único puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, al que pide una moratoria que evite la retirada de miles de anuncios. AVVAPro alerta de “graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales” para “familias y profesionales”. Desde julio, la inscripción y puesta al día en ese registro es requisito para obtener el código con el que anunciarse en las plataformas de referencia.

En Andalucía hay 153.517 viviendas que cuentan con una licencia vigente concedida por la Junta de Andalucía para operar como vivienda turística, pero una inmensa mayoría no han completado los dos procesos obligatorios para inscribirse en el Registro Único, aprobado en diciembre de 2024 y puesto en marcha en julio de 2025. De esta forma, 86.411 (el 57%) no se han inscrito, y de las 67.106 que sí lo han hecho, sólo el 40% (unas 26.840) han presentado en tiempo (antes del 2 de marzo) el nuevo modelo con las estancias de 2025, según los datos de AVVAPro. Según estas cifras, casi 130.000 estarían en el limbo.

En teoría, a partir de este martes sólo una mínima parte de las viviendas con licencia, poco más de 25.000, podrían anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking. El resto, tendrán una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos al no haber recibido un número de registro por no cumplir con las exigencias del Ministerio.

Según la patronal, el impacto sobre la actividad turística en algunos municipios puede ser mayúsculo. Los bajos porcentajes de inscripción “amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía”, alerta AVVAPro.

Dos registros

El atasco afecta a viviendas que operan de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Andalucía y están inscritas en el registro autonómico. Es decir, legalmente; al menos, a priori. Esas viviendas deben ahora inscribirse también en el Registro Único estatal para poder anunciarse en las principales webs. Y Andalucía, cuyo turismo representa en torno al 13% del PIB, es la comunidad autónoma en las que el registro único ha rechazado más inscripciones, 21.000, según las cifras ofrecidas por el Ministerio hace un mes. Siete de los 20 municipios con mayor número de peticiones denegadas están en Málaga: Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

Fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía dice haber desinscrito más de 13.000 viviendas turísticas hasta febrero de 2026, si bien este medio desveló que en Málaga caducaron cientos de expedientes de desinscripción por la inacción combinada de Ayuntamiento y Junta.

Con todo, el Ministerio rebaja el impacto sobre la operatividad del sector del nuevo registro único. Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez explican que de las más de 150.000 con licencia en vigor, hay muchas que no están operando realmente o que se comercializan por otras vías. En noviembre de 2025, el INE calculaba 91.757 viviendas turísticas operativas en Andalucía en las principales plataformas, por las 150.000 inscritas en el Registro. “El registro andaluz no tiene por qué ser una foto de las viviendas que se quieren publicar en plataformas”, subrayan.

De esta forma, las que no han cumplido aún los dos requisitos del nuevo registro no serían 130.000, como da a entender la patronal, sino como máximo unas 65.000 (91.757 del total que se anunciaban menos 26.840 que ya están inscritas y han presentado el registro de estancias de 2025).

Choque de competencias

De fondo, late una disputa entre la Junta de Andalucía (además de otras comunidades autónomas y las patronales) y el Gobierno central sobre cómo afrontar el fenómeno de los pisos turísticos y su impacto sobre la disponibilidad de vivienda, particularmente en zonas con una abundante oferta turística disparada en los últimos años y escasez de vivienda asequible, como Málaga, la Costa del Sol, Cádiz o algunos barrios de Sevilla. El Gobierno central no oculta su voluntad de sacar viviendas del mercado turístico para reincorporarlas al residencial. El Gobierno andaluz, a través del consejero Arturo Bernal, ha calificado esta visión de “ideologizada”.

El choque es de competencias, porque la Junta de Andalucía tiene las de Turismo (y por tanto, la concesión de licencias de pisos turísticos) y la administración central tiene las de Vivienda. En Andalucía existe desde 2016 un registro para todas las viviendas turísticas, pero el Ministerio impuso la obligación de que, desde julio de 2025, estas viviendas se inscribieran también en un nuevo registro, aduciendo que la Unión Europea obliga a contar con uno “único” para todo el territorio. Si no están inscritas en ese registro las viviendas no obtienen un código con el que anunciarse en las principales plataformas.

La Comisión ha dado hasta finales de mayo para que Junta y Gobierno central eliminen esta duplicidad, mientras en el Tribunal Supremo se dirime cuál de las dos administraciones es competente.

Plazo “suficiente”

En medio de esta batalla legal, la denuncia del lobby de las viviendas turísticas apunta a un problema práctico, que algunos operadores trasladan desde hace tiempo: las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en algunas provincias con muchas viviendas turísticas (Cádiz o Málaga) están tardando en entregar la acreditación de que la vivienda tiene uso turístico; además, los registros de la propiedad (que operan el nuevo registro del Ministerio) también están saturados.

A esto se ha sumado la entrada en vigor de un nuevo requisito, previsto en el Decreto de diciembre de 2024 pero cuyo cumplimiento no se ha exigido hasta este 2 de marzo: un modelo en el que se consignen las estancias en cada vivienda turística a lo largo del año, a presentar también ante el Registro de la Propiedad, al que se carga con un nuevo trámite.

Fuentes del Ministerio aseguran que se han presentado la “inmensa mayoría” de los modelos, sin cuantificar ni desglosar por comunidades. El Ministerio cree que el plazo de un mes que ha dado es suficiente “dada la simplicidad del modelo” y que ha ofrecido ayuda presencial y telefónica a quien la ha necesitado. “En cualquier caso, el Colegio de Registradores está trabajando con el Ministerio de Justicia para determinar la forma de proceder con los restantes casos en los que no ha habido depósito.

Según la patronal, el problema es de gestión. “No se puede penalizar a propietarios legales por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes”, señala AVVAPro.

El “muro burocrático” sería generalizado en todas las provincias, pero afecta especialmente a provincias como Málaga, Cádiz o Huelva. En Málaga, la provincia con mayor volumen de licencias (87.370, el 57% de todas las de Andalucía), sólo se han completado 36.939 registros. En Cádiz, se han completado 7.306 registros de 23.497 viviendas con licencia.

Según AVVAPro, los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas “representan la principal fuente de ingresos”, como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%), Conil de la Frontera (31%), Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%), Lepe (24%), Benahavís y Benalmádena (25%).

El Parlament balear ha rebutjat, amb els vots de PP i Vox, instar els Consells Insulars a posar en marxa un programa específic de seguiment i control de l'oferta turística il·legal durant el proper estiu. L'arxipèlag figura, de fet, entre les comunitats autònomes amb major nombre d'habitatges turístics i de temporada que operen fora de la legalitat, d'acord a les dades fetes públiques el passat dilluns pel Ministeri d'Habitatge en el marc de la posada en marxa del nou registre únic de lloguers de curta durada. En total, 3.062 sol·licituds de registre obligatori han estat revocades a Balears per no complir amb els requisits exigits per poder comercialitzar-se com a allotjaments turístics o de temporada.

La iniciativa, registrada pel PSIB-PSOE, es recolzava en el consens social existent al voltant de la saturació turística que travessen les illes -amb un 80% de residents a favor de reduir el nombre de turistes i de places, segons una enquesta del propi Govern-, la qual cosa provoca un impacte directe en el territori i els preus de l'habitatge. El document posava l'èmfasi, així mateix, en el fet que l'Executiu presidit per la popular Marga Prohens hagi eliminat els principals instruments per limitar el creixement del sector.

La proposició no de llei (PNL), debatuda a la Comissió de Turisme, Cultura, Esports, Treball, Funció Pública i Diàleg Social, ha estat tombada amb els vots en contra dels set diputats de PP i Vox, enfront dels sis vots favorables del PSIB, Més per Mallorca i el Grup Mixt.

El text rebutjat, defensat pel diputat Llorenç Pou, recordava que l'actual Govern va aixecar la moratòria turística aprovada el 2022 per l'anterior Executiu d'esquerres a través de la llei de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de Balears, que a més va donar un període de fins a quatre anys -també eliminat- perquè els Consells establissin la capacitat de càrrega de turistes que podia suportar cadascuna de les illes.

La iniciativa lamentava, així mateix, la supressió de la mesura de decreixement de places establerta per l'anterior norma, que instava a donar de baixa dues places per poder donar d'alta una nova. “Atès que s'han eliminat la data topall per a la determinació del límit de càrrega de les illes i la mesura d'intercanvi del 'dos per un', les decisions de l'actual Govern han provocat que l' únic camí per reduir el nombre de places sigui la reducció de l'oferta il·legal”, afegia el text, que assenyala la creació, per part del Consell de Mallorca, de dues borses transitòries a través de les quals “s'està ampliant el nombre de places comercialitzades a la illa”.

El text subratllava a més el fracàs de les mesures aprovades fins ara per combatre aquest fenòmen, com la possibilitat de precintar habitatges turístics il·legals. En aquest sentit, Pou ha recriminat que els resultats obtinguts per la mesura aprovada en aquest sentit a l'octubre de 2023 per l'actual Executiu “han estat nuls”, atès que “no s'ha pogut precintar cap habitatge turístic il·legal a Balears”.

Davant aquest escenari, els socialistes defensaven que la reducció de l'oferta turística il·legal s'ha convertit en “l'únic camí” per contenir el nombre de places. Per a això, la PNL instava els Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en coordinació amb el Govern, a executar durant l'estiu de 2026 un programa de seguiment i control que permetés als serveis d'inspecció turística comprovar si els habitatges detectats el 2025 com a anunciants d'estades il·legals a plataformes en línia com Airbnb que, un any després, continuen comercialitzant-se.

El Parlament balear ha rechazado, con los votos de PP y Vox, instar a los Consells Insulars a poner en marcha un programa específico de seguimiento y control de la oferta turística ilegal durante el próximo verano. El archipiélago figura, de hecho, entre las comunidades autónomas con mayor número de viviendas turísticas y de temporada que operan fuera de la legalidad, de acuerdo a los datos hechos públicos el pasado lunes por el Ministerio de Vivienda en el marco de la puesta en marcha del nuevo registro único de alquileres de corta duración. En total, 3.062 solicitudes de registro obligatorio han sido revocadas en Balears por no cumplir con los requisitos exigidos para poder comercializarse como alojamientos turísticos o de temporada.

La iniciativa, registrada por el PSIB-PSOE, se apoyaba en el consenso social existente en torno a la saturación turística que atraviesa las islas -con un 80% de residentes a favor de reducir el número de turistas y de plazas, según una encuesta del propio Govern-, lo que provoca un impacto directo en el territorio y los precios de la vivienda. El documento hacía hincapié, asimismo, en en el hecho de que el Ejecutivo presidido por la popular Marga Prohens haya eliminado los principales instrumentos para limitar el crecimiento del sector.

La proposición no de ley (PNL), debatida en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha sido tumbada con los votos en contra de los siete diputados de PP y Vox, frente a los seis votos favorables del PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.

El texto rechazado, defendido por el diputado Llorenç Pou, recordaba que el actual Govern levantó la moratoria turística aprobada en 2022 por el anterior Ejecutivo de izquierdas a través de la ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, que además dio un periodo de hasta cuatro años -también eliminado- para que los Consells establecieran la capacidad de carga de turistas que podía soportar cada una de las islas.

La iniciativa lamentaba, asimismo, la supresión de la medida de decrecimiento de plazas establecida en la anterior norma, que instaba a dar de baja dos plazas para poder dar de alta una nueva. “Dado que se han eliminado la fecha tope de la determinación del límite de carga de las islas y la medida de intercambio del 'dos por uno', las decisiones del actual Govern han provocado que el único camino para reducir el número de plazas sea la reducción de la oferta ilegal”, añadía el texto, que señala la creación, por parte del Consell de Mallorca, de dos bolsas transitorias a través de las cuales “se está ampliando el número de plazas comercializadas en la isla”.

El texto subrayaba además el fracaso de las medidas aprobadas hasta ahora para combatir este fenómeno, como la posibilidad de precintar viviendas turísticas ilegales. En este sentido, Pou ha recriminado que los resultados obtenidos de la medida aprobada en este sentido en octubre de 2023 por el actual Ejecutivo “han sido nulos”, dado que “no se ha podido precintar ninguna vivienda turística ilegal en Balears”.

Ante este escenario, los socialistas defendían que la reducción de la oferta turística ilegal se ha convertido en “el único camino” para contener el número de plazas. Para ello, la PNL instaba a los Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en coordinación con el Govern, a ejecutar durante el verano de 2026 un programa de seguimiento y control que permitiera a los servicios de inspección turística comprobar si las viviendas detectadas en 2025 como anunciantes de estancias ilegales en plataformas en línea como Airbnb que, un año después, continúan comercializándose.

Seis plataformas han retirado más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel, tras un requerimiento del Ministerio de Consumo, que el pasado mes de diciembre ordenó la eliminación de 138 páginas. Según han anunciado este lunes desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, “se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los restantes”. En total, se han suprimido ya 108 anuncios.

Para exigir el bloqueo de estos anuncios, Consumo se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

El Ministerio no indica el nombre de las compañías que alojaban estos anuncios, aunque en una comunicación anterior si señalaba que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”. Esta organización publicó el pasado mes de septiembre un informe en el que citaba a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. En él, mencionaba que Booking y Airbnb “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes”, además de figurar en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020.

En una entrevista en el programa 'La Hora' de RTVE, Bustinduy ha explicado que esta restricción no solo afecta a los anuncios en España, sino también en “otros países”. “Esto es el derecho internacional, es lo que dice la legislación internacional. Solo lo estamos aplicando y cumpliendo”, ha indicado, en referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, que recuerda a los Estados su “obligación de tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.

Los vecinos de la calle Valverde 41 fueron expulsados hace años de sus viviendas para poner en marcha sobre el mismo inmueble un negocio de pisos turísticos sin licencia. Lo ha desvelado el área de Urbanismo este martes, al comunicar la inadmisión de un plan especial para legalizar esta actividad, que actualmente se anuncia en plataformas de alquileres turísticos.

Se da la circunstancia de que el bloque se encuentra justo enfrente de Valverde 42, otro edificio donde sus inquilinos se han declarado en lucha para intentar frenar otro proceso especulativo similar, iniciado por un fondo buitre que intenta expulsarlos para sustituirlos por otros visitantes de rentas más altas.

Justo después del Pleno del Ayuntamiento en el que Urbanismo ha reconocido la falta de permisos para poder alquilar legalmente viviendas a turistas, el PSOE ha anunciado el registro de una denuncia ante la Agencia de Actividades por la actividad irregular de estos pisos situados en Valverde 41. En la demanda se solicita “inspección para que constate la irregularidad de las viviendas de uso turístico que actualmente operan ahí, y que con la misma celeridad se proceda a emitir una orden de cese, y posterior expediente sancionador”.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que con la aprobación del Plan Reside este tipo de negocios está prohibido en el distrito Centro y que su sistema de inspecciones está funcionando para clausurar los pisos Airbnb ilegales. Sin embargo, no parece que haya sucedido en este caso, por lo que los socialistas han puesto el foco en la clausura de este espacio.

“Hoy hemos dado un paso más para poner fin a la absoluta impunidad con la que el Partido Popular está permitiendo la proliferación de pisos turísticos ilegales en el centro de Madrid”, explica el concejal Antonio Giraldo, responsable de Urbaniso del Grupo Municipal Socialista.

“Durante el pleno ordinario de hoy ha quedado meridianamente claro que estos pisos no cumplen las condiciones técnicas necesarias para desarrollar una actividad económica de este tipo”, añade Giraldo a la vez que denuncia “la doble vara de medir del Partido Popular: por un lado reconocen que no se puede conceder la licencia y, por otro, permiten que estos pisos sigan operando, perjudicando gravemente a los vecinos y vecinas”.

El PSOE cree que el caso de Valverde 41 “no es una situación aislada. Es un nuevo ejemplo de las maniobras y trapicheos del Partido Popular con los pisos turísticos, anteponiendo intereses económicos a la convivencia, al derecho a la vivienda y al cumplimiento de la legalidad”. Y advierte que “desde el Partido Socialista no vamos a parar. Vamos a seguir denunciando cada caso, utilizando todas las herramientas legales e institucionales a nuestro alcance, hasta que Madrid deje de ser un coladero de pisos turísticos ilegales y se recupere el centro para quienes viven en él”.

El Ministerio de Consumo ha ordenado a siete multinacionales la retirada de sus plataformas de más de un centenar de anuncios de alojamientos de uso turístico ubicados en territorios palestinos ocupados por Israel. El departamento que dirige Pablo Bustinduy se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

En total, este ministerio ha detectado 138 anuncios, publicados en siete plataformas, a las que ha enviado ya un primer requerimiento en el que “se les ha instado a la inmediata retirada o bloqueo en España” de las páginas identificadas, bajo la advertencia de que “si no lo hacen, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones” por parte de este departamento, indican desde Consumo en un comunicado difundido este martes.

Aunque el ministerio no señala el nombre de las compañías, para proteger las actuaciones, sí indican que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”.

Esta organización publicó en septiembre un informe en el que señalaba a aquellas compañías que “facilitan el genocidio, la ocupación y el apartheid de Israel”. Aunque el documento hacia hincapié en empresas de defensa o infraestructuras, como Boeing, Lockheed Martin o la vasca CAF, también apuntaba que compañías del sector turístico online “han contribuido al mantenimiento, la consolidación y la expansión de asentamientos ilegales israelíes”.

Amnistía Internacional citaba en su informe a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor, a quienes habían pedido ya en 2019 “que se desvincularan responsablemente de hacer negocios” allí, pero que seis años después “siguen teniendo anuncios en ellos”.

“Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos”, señaló en septiembre la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, quien advirtió que sus responsables “deben asegurarse de que no están implicadas en forma alguna en la ocupación ilegal y los crímenes de derecho internacional de Israel”, ante el “riesgo de incurrir en responsabilidad civil y, en algunos casos, incluso de posible responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de Israel”.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. “Las principales plataformas de viajes en línea, utilizadas por millones de personas para reservar alojamiento, se benefician de la ocupación vendiendo un turismo que sostiene las colonias, excluye a los palestinos, promueve las narrativas de los colonos y legitima la anexión”.

“Una comunidad cálida y amorosa”

Albanese menciona específicamente a dos: Booking y Airbnb. Estas compañías, señala el informe, “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes” y figuran en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020. Ambas habrían ampliado sus anuncios en la zona en los últimos años, en algunos casos con mensajes que “blanquean la violencia de los colonos”. El informe cita un anuncio de Airbnb en Tekoa, que promociona el enclave ocupado como una “comunidad cálida y amorosa”.

El Ministerio de Consumo no indica el nombre de las plataformas a las que ha enviado este primer requerimiento, pero si señala que los alojamientos que anuncian en ellas “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial ilegal bajo el derecho internacional”. En el comunicado, recuerda que “en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law presentó una demanda en Francia contra un famoso servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada”.

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado publicó el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, para facilitar el cumplimiento del artículo 3 del real decreto-ley de medidas contra el genocidio, que prohíbe la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes. Consumo se acoge también a este listado, de más de 200 códigos, donde están ubicados los alojamientos que las plataformas deberán retirar de sus páginas en España.

Desde este ministerio recuerdan que según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, “los Estados tienen la obligación de tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”, algo que perseguía el real decreto-ley aprobado por el Gobierno en septiembre y cuya medida más relevante fue el embargo de armas.

La investigación abierta por el ministerio sobre estas siete multinacionales llega apenas una semana después de que el último Consejo de Ministros aprobase la transferencia de “material de defensa y doble uso” israelí para el gigante aeronáutico Airbus, empresa de la que el Estado español tiene un 4%, aplicando la excepción en nombre de “intereses nacionales” que permitía el real decreto-ley. En concreto, el Gobierno justifica esa excepción alegando que el material es fundamental para varios proyectos que tienen un “importante efecto arrastre para el sector [aeroespacial], que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción” y para “preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.

Esta decisión no sentó bien al socio minoritario del Ejecutivo. En la reunión del gabinete del pasado martes, donde se aprobó la medida, los ministros de Sumar, entre los que se encuentra el de Consumo, Pablo Bustinduy, registraron una serie de objeciones como forma de protesta. Esta es la única vía formal que tienen para expresar su rechazo a las decisiones que se firman en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Consumo ha identificado 2.198 anuncios ilegales de pisos turísticos en Asturias publicados en la plataforma Airbnb. La gran mayoría, 2.136, carecían de número de registro obligatorio, mientras que 62 incluían un número falso.

Estos hallazgos forman parte de un control nacional más amplio que ha detectado 65.122 anuncios ilícitos en toda España, lo que ha derivado en la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar alojamientos turísticos sin licencia, según los datos facilitados por el ministerio.

Asturias, entre las más afectadas

A nivel nacional, las comunidades con mayor número de anuncios ilegales son la Comunidad Valenciana (21.938), Canarias (12.728), Galicia (6.956), Baleares (4.305) y Andalucía (3.352). Asturias se sitúa así entre las regiones más afectadas por la oferta de alojamientos turísticos fuera de la normativa.

La ley obliga a que todos los pisos turísticos cuenten con un número de registro visible en cualquier anuncio, ya sea en páginas web o plataformas de alquiler vacacional. Esta normativa busca proteger a los viajeros, garantizar la calidad del alojamiento y evitar la competencia desleal frente a hoteles y alojamientos regulados.

Gijón, Oviedo y costa oriental

La multa impuesta a Airbnb refleja la creciente presión de las administraciones para que las plataformas de alquiler cumplan con la legislación y aseguren que los anuncios publicados sean legales y transparentes. En Asturias, el control sobre los pisos turísticos se ha intensificado en los últimos años, especialmente en zonas con fuerte demanda como Gijón, Oviedo y la costa oriental, donde la proliferación de apartamentos vacacionales había generado conflictos con vecinos y comerciantes locales.

El Principado recuerda a propietarios y turistas que alquilar un piso turístico sin licencia conlleva sanciones económicas y administrativas, y anima a comprobar que los anuncios incluyen el número de registro antes de formalizar cualquier reserva.

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.

El conseller de Turisme de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha informat en una roda de premsa aquest dimecres que la plataforma Airbnb ha retirat més de 4.400 anuncis il·legals a l'illa perquè no comptaven amb el corresponent número de registre. Aquesta iniciativa, que forma part de l'acord que manté la plataforma amb la institució insular, implica l'eliminació de més de 20.000 places del mercat il·legal.

Per la seva banda, el Departament de Turisme del Consell ha centrat l'activitat dels seus 27 inspectors en els habitatges de lloguer turístic il·legal. Rodríguez ha informat que han realitzat 1.659 inspeccions al lloguer turístic il·legal durant aquest estiu, gairebé el triple que el 2023 (593), les quals suposen el 55% del total de les actuacions dutes a terme.

En total, el Consell Insular ha obert 188 expedients i n'ha resolt 221. L'import total proposat per a sanció és de 10 milions d'euros, més del doble que el de 2024, que va ser de 4,4 milions d'euros.

L'organisme públic també ha inspeccionat 100 establiments per comprovar si tenen llits elevables, dels quals 77 ja han lliurat una documentació que ha de ser analitzada. Així mateix, el Consell Insular ha inspeccionat que 102 locals respecten el mínim de producte local i ha comprovat que el grau de compliment és del 100%.

El conseller considera que els resultats de la campanya d'estiu “no poden ser més prometedors” i ha destacat que, des de setembre de 2023, han millorat el procés d'inspecció i han reduït els temps d'espera. “Estem molt satisfets amb els resultats”, ha celebrat.

Per a Rodríguez, l'acord amb les plataformes Airbnb i Holidu representa un “pas decisiu” per combatre l'oferta il·legal, la qual és “molt perjudicial” per a “la majoria” que “fa les coses bé”. “Dona els seus fruits”, ha resumit Rodríguez, qui ha apostat per la col·laboració públic-privada com “el camí” per erradicar l'oferta il·legal.

El conseller de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha informado en una rueda de prensa este miércoles que la plataforma Airbnb ha retirado más de 4.400 anuncios ilegales en la isla porque no contaban con el correspondiente número de registro. Esta iniciativa, que forma parte del acuerdo que mantiene la plataforma con la institución insular, implica la eliminación de más de 20.0000 plazas del mercado ilegal.

Por su parte, el Departamento de Turismo del Consell ha centrado la actividad de sus 27 inspectores en las viviendas de alquiler turístico ilegal. Rodríguez ha informado que han realizado 1.659 inspecciones al alquiler turístico ilegal durante este verano, casi el triple que en 2023 (593), las cuales suponen el 55% del total de las actuaciones llevadas a cabo.

En total, el Consell Insular ha abierto 188 expedientes y ha resuelto 221. El importe total propuesto para sanción es de 10 millones de euros, más del doble del de 2024, que fue de 4,4 millones de euros.

El organismo público también ha inspeccionado a 100 establecimientos para comprobar si tienen camas elevables, de los cuales 77 ya han entregado una documentación que debe ser analizada. Asimismo, el Consell Insular ha inspeccionado que 102 locales respetan el mínimo de producto local y ha comprobado que el grado de cumplimiento es del 100%.

El conseller considera que los resultados de la campaña de verano “no pueden ser más prometedores” y ha destacado que, desde septiembre de 2023, han mejorado el proceso de inspección y han reducido los tiempos de espera. “Estamos muy satisfechos con los resultados”, ha celebrado.

Para Rodríguez, el acuerdo con las plataformas Airbnb y Holidu representa un “paso decisivo” para combatir la oferta ilegal, la cual es “muy dañina” para “la mayoría” que “hace las cosas bien”. “Da sus frutos”, ha resumido Rodríguez, quien ha apostado por la colaboración público-privada como “el camino” para erradicar la oferta ilegal.

Frenazo en seco al aumento de anuncios que ofrece la plataforma Airbnb en Madrid. La página que recopila toda su oferta actual, Inside Airbnb, ha registrado un descenso del 15,7% en septiembre con respecto a los datos que contabilizaba solo dos meses antes, en julio: ha pasado de 16.959 pisos turísticos a 14.297, según las últimas cifras disponibles.

El descenso es el primero que se produce en la capital de España a lo largo de toda la serie histórica de este servicio y ha sido publicado por el Ayuntamiento de Madrid, que en una nota de prensa distribuida este martes cita las diferentes medidas puestas en marcha desde el consistorio para perseguir los miles de apartamentos turísticos que operan en Madrid sin licencia, entre ellas el Plan Reside.

Sin embargo, los efectos de este plan en las cifras se limitaban a los 10 días desde que entró en vigor, el pasado 4 de septiembre, hasta la fecha en la que la página Inside Airbnb efectuó la recopilación de los datos, el 14 de septiembre.

Sí que tuvieron más semanas para hacer efecto dos medidas impulsadas desde el Gobierno de España, como el la orden de despublicar 65.000 anuncios en toda España, lanzada a Airbnb desde el Ministerio de Consumo en el mes de julio. Y el regístro único al que obliga el Ministerio de Vivienda también desde este verano, que afecta a estos mismos anuncios.

¿Qué medida ha tenido más peso a la hora de conseguir que 2.662 Viviendas de Uso Turístico hayan desaparecido de su página de comercialización más popular? Es difícil de valorar con este primera dato, aunque sin duda todas las medidas puestas en marcha por las administraciones locales y nacional han empujado al descenso en una serie histórica que hasta ahora había crecido sin tope aparente.

Hace justo un año, en noviembre de 2024, la cifra de anuncios sobre apartamentos turísticos en Madrid alcanzó los 17.490 en la ciudad, según la misma fuente de Inside Airbnb, una web independiente que periódicamente vuelca en sus servidores los datos de esta página de alquileres para visitantes. A partir de entonces se han ido produciendo descensos que este verano han sido más notables.

La caída coincide con las citadas medidas ministeriales puestas en marcha este verano pero también con las cuantiosas multas que está imponiendo el Ayuntamiento de Madrid desde hace año y medio: hasta 100.000 euros por ejercer la actividad comercial de alojar turistas sin la obligatoria licencia municipal para este tipo de negocios. En la capital, el 97% de los pisos Airbnb carecen de este tipo de permiso y son, por lo tanto, ilegales y debieran acoger alquileres a largo plazo.

No obstante, los primeros meses estas sanciones apenas hicieron mella e incluso el número de establecimientos turísticos ilegales aumentó durante los primeros meses de ejecución. Por ello el consistorio trabajó en el Plan Reside, su apuesta para reordenar los pisos turísticos prohibiéndolos de forma dispersa en la almendra central en todos los edificios donde tuvieran que convivir con otros pisos de carácter residencial. La normativa ha sido polémica, ya que la oposición considera que abre la puerta también a que bloques enteros de viviendas hasta ahora para residentes a largo plazo se dediquen por completo a los turistas. Por eso tanto PSOE como Más Madrid la han recurrido.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que esta normativa servirá para “garantizar una oferta turística ordenada y legal” y recuerda que también ha puesto en marcha un plan informativo para detectar los pisos turísticos ilegales con el Colegio de Administradores de Fincas (CAFMadrid). Además de publicar el listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real.

Plan de avisos con los administradores de fincas

Según los datos del citado colegio, desde junio se ha reducido en 1.423 el número de viviendas de uso turístico registradas. El convenio firmado con los administradores ha servido para que estos se dirijan a los propietarios de las posibles viviendas turísticas irregulares, detallándoles cuáles son las cuantías de las sanciones y los pasos para proceder a su legalización, en caso de que sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.

La Agencia de Actividades ha elaborado y facilitado al CAFMadrid tres modelos de carta dirigidos a tres tipos de destinatarios, que están siendo difundidas a través de los administradores de fincas colegiados en sus respectivas comunidades de propietarios. En las cartas dirigidas a los propietarios de pisos en los que se desarrolla una actividad de vivienda turística sin constar con Declaración Responsable en la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid ni el preceptivo título habilitante municipal, se advierte de que se ordenará el cese inmediato y que estas actividades están sujetas a la apertura de procedimientos sancionadores con una primera multa de 30.000 euros, una segunda por importe de 60.000 euros y una tercera por 100.000 euros.

Además, gracias a esta colaboración se creará una base de datos de acceso para los firmantes en la que se facilitará el listado de viviendas turísticas con declaración responsable inscritas en la Comunidad de Madrid (dirección, número, piso y puerta), pero sin licencia municipal. A partir de este listado, el CAFMadrid identificará a los titulares de cada uno de estos pisos en los que se presume que se puede estar ejerciendo la actividad de vivienda de uso turístico, a efectos de dirigirles de forma personalizada la carta modelo 2. Una vez entregada de forma fehaciente a estos propietarios, se indicará en el listado de acceso compartido. También se identificarán los titulares y pisos en los que se desarrolla una actividad completamente ilegal y el administrador de la comunidad entregará el modelo 3 de la carta, señalándolo en el listado.

El sector turístico extremeño cuenta con una nueva herramienta imprescindible para avanzar hacia la profesionalización y la rentabilidad. Check-in al Éxito, la obra de Jorge Villar Guijarro, está siendo recibida como un manual de referencia por empresarios y empresarias del turismo rural y urbano. Se presenta como una guía práctica, clara y directa que ayuda a los propietarios a recuperar el control de su negocio y dejar de depender exclusivamente de las grandes plataformas de reservas. Con un estilo cercano y basado en la experiencia real, Villar ofrece estrategias de revenue management, (gestión del rendimiento económico) marketing digital, automatización y gestión de clientes que ya están marcando la diferencia en el sector.

Las voces más destacadas del turismo en Extremadura coinciden en su valor. Pilar Acosta Llera, CEO del Gran Hotel Don Manuel y vicepresidenta de CETEX (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura), asegura que Check-in al Éxito es mucho más que una guía práctica: “Es un acto de transparencia y generosidad que entrega a los propietarios un camino claro para gestionar con éxito sus alojamientos”. Daniel Morán, presidente de TUJERTE, lo define como una herramienta útil “tanto para quienes comienzan como para quienes ya llevan tiempo en el sector y necesitan nuevas perspectivas”. En la misma línea, Nacho Lozano, presidente de Feextur (Federación Extremeña de Empresarios de Turismo), subraya que “mientras otros querrán vender un libro, Villar entiende en primera persona la problemática de los propietarios y aporta referencias reales para mejorar la gestión de un alojamiento turístico”.

El prólogo del libro arranca con una evocación personal: la historia de su bisabuela y su posada en Moraleja, un lugar con alma que se convirtió en inspiración para rescatar la tradición de la hospitalidad y adaptarla a la era digital. Tras formarse en instituciones como ICADE, Reims Management School -École Hôtelière de Lausanne- y la Universidad de Extremadura, donde prepara su doctorado en Sostenibilidad Turística y Turismo Regenerativo y después de trabajar en Londres y París, Villar regresó a Cáceres decidido a transformar la forma de entender los alojamientos turísticos. La llegada del rodaje de Juego de Tronos a la ciudad fue un catalizador de su proyecto, obligándole a crecer y profesionalizarse rápidamente.

En sus páginas, el autor defiende que la rentabilidad y la sostenibilidad no son caminos opuestos, sino complementarios, y que la gestión turística debe partir del respeto por el entorno, la autenticidad y la integración con la comunidad local. Desde esa perspectiva, propone un modelo de desarrollo que genere bienestar compartido, impulse la economía de proximidad y preserve el carácter de los destinos.

Esa mirada se traduce en prácticas concretas: la convivencia respetuosa con el vecindario, la integración del alojamiento en la vida cotidiana del barrio, la colaboración con los comercios locales y la creación de experiencias que aporten valor al visitante sin alterar la identidad del lugar.

La obra se estructura en tres grandes bloques temáticos. En El Motor de tu Rentabilidad, Villar explica cómo fijar tarifas estratégicas, aplicar precios dinámicos y analizar la competencia para maximizar beneficios. El Imán de Huéspedes aborda las claves para atraer clientes: desde impulsar la reserva directa hasta diseñar páginas web efectivas y aplicar técnicas de marketing digital. Finalmente, en El Propietario CEO, el autor enseña cómo pasar de gestor a líder, incorporando herramientas de automatización y creando experiencias memorables que fidelicen a los huéspedes. El libro se completa con anexos que incluyen plantillas prácticas, un glosario de términos clave y un decálogo del propietario ético y responsable, convirtiéndose en un manual integral para quienes buscan profesionalizar y hacer crecer su alojamiento.

El propietario rehén

Check-in al Éxito aborda también el llamado “síndrome del propietario rehén”, la frustración de quienes se sienten prisioneros de las altas comisiones, los algoritmos y las exigencias constantes de las grandes plataformas de reservas. Frente a ello, propone un plan de fuga que permite a los propietarios recuperar control, tiempo y libertad: un método probado para fijar precios rentables, atraer reservas directas, construir una marca propia y automatizar la gestión.

Villar aporta una autoridad singular gracias a su perfil híbrido. Combina la experiencia real como propietario y gestor, la visión estratégica como exconcejal de Turismo y el rigor académico como doctorando en Turismo. Fue pionero en el uso de Airbnb en Extremadura desde 2010 y ha escalado su negocio bajo la presión de eventos internacionales de impacto como el rodaje de Juego de Tronos.

“El libro que a mí me habría gustado tener cuando empecé”, destaca el autor, “un mapa de batalla que une el corazón de una posada de frontera con las herramientas más potentes del mundo digital. Mi objetivo es que los propietarios dejen de ser el mejor empleado de las OTAs (Online Travel Agencies, agencias de viajes online) y se conviertan en los CEO de su propio negocio, un negocio que les dé libertad, no que se la quite”.

Dirigido a propietarios y gestores de apartamentos, hoteles y casas rurales, Check-in al Éxito se presenta como un manual pionero que aspira a marcar un antes y un después en la forma de gestionar el turismo en Extremadura y más allá.

“És un cotxe dièsel i manual, amb un llit a l’interior sense finestres posteriors, cosa que vol dir que pots passar desapercebut per a tothom. Recomano aparcar al bosc lluny de la ciutat, el nord de l’illa és el millor lloc durant la nit per dormir tranquil. Durant el dia, recull el llit i condueix amb seguretat per l’illa, tens una minifurgoneta per gaudir-la!”.

En Richard va escriure aquest text, hi va adjuntar unes fotos, es va inventar un número de llicència turística i va publicar el material al web d’Airbnb. També li va posar preu a la seua oferta: posar-se al volant de la “HomeGurú” –així ha batiat el llit rodamón– sortia per 635 euros des de dijous 25 fins a dimarts 30 de setembre. 127 euros la nit. La tarifa podria semblar cara fins que es calcula què costaria dormir i llogar un cotxe a l’illa que Richard anima a gaudir als seus potencials clients: l’Eivissa que a inicis de tardor es prepara per al tancament de les seves discoteques, cobertes i descobertes. El chupinazo que apaga la festa i liquida la temporada.

L’anunci d’en Richard se salta la llei a plena llum del dia. N’hi ha prou d’entrar al web del Consell Insular, clicar a la pestanya lluita contra l’intrusisme i llegir: “Tampoc està autoritzada l’acampada lliure, per la qual cosa no està permès l’allotjament turístic en camper, caravanes, tendes de campanya o cabanes fora dels càmpings autoritzats de l’illa”. Però l’anunci d’en Richard, també, és la prova més flagrant que la fita de la qual el president eivissenc, Vicent Marí, va presumir divendres passat és mentida: l’illa que governa no és “el primer territori d’Espanya” on “desapareix l’oferta il·legal d’Airbnb”: “La gent ha de ser conscient que a Eivissa qui la fa, la paga. És delicat voler fer-se el llest i saltar-se la llei. Qui vingui a fer negoci que ho faci de manera legal. Aquest Consell i els ajuntaments tenim un objectiu clar: l’intrusisme forma part del passat perquè seguirem lluitant fins que s’aturi”. N’hi havia prou amb rastrejar aquell mateix dia –per sobre– un web que, una setmana més tard, continua sense eliminar completament l’oferta fraudulenta. Igual que altres intermediaris per reservar vacances, com Booking. L’intrusisme no s’ha aturat a Airbnb, tot i que el Consell Insular xifra la reducció de places irregulars en 14.532.

La minifurgoneta que s’anima a aparcar lluny d’ulls indiscrets –i possibles multes– té companyia. Al seu costat, una setmana després que els populars proclamessin el final de la pirateria a través d’Airbnb, continuen apareixent “barcos”, “tendes de campanya” i, com denuncia Elena López Bonet, socialista que s’asseu al banc de l’oposició a la institució eivissenca, sobretot, “habitacions en habitatges particulars i cases que apareixen sense registre turístic o amb un registre inventat per donar aparença de legalitat”. L’estratègia que va utilitzar en Richard amb la seua HomeGurú. El seu codi, òbviament, no apareix entre les 2.395 referències inscrites al portal del Registre Turístic del Consell. El d’un nombre indeterminat d’habitatges que es publiciten a Airbnb, tampoc.

Un dels anuncis disponibles és una furgoneta oferta a Airbnb com a allotjament turístic per dormir 'a la natura' de l’illa. Els clients també hi troben la possibilitat de llogar un vaixell com si fos una habitació d’hotel

Aquesta realitat contradiu les felicitacions que va llançar Marga Prohens, presidenta del Govern i líder del PP a les Illes Balears, quan va obrir dijous de la setmana passada, 18 de setembre, una compareixença en què també va ser present la plataforma que ofereix lloguers turístics a canvi del 15% de comissió. “La meva enhorabona al Consell d’Eivissa per haver liderat des del principi aquesta lluita, el meu agraïment perquè l’experiència dels quatre anys de la legislatura passada ha estat un valor imprescindible que ara també permet estendre amb més velocitat els vostres resultats a la resta d’illes, i el meu agraïment també a Airbnb per la seva responsabilitat i col·laboració en garantir la legalitat de l’oferta”, va dir Prohens.

La presidenta balear, Marga Prohens (PP), va felicitar Airbnb: 'La meva enhorabona al Consell d’Eivissa per haver liderat des del principi aquesta lluita i el meu agraïment també a Airbnb per la seva responsabilitat i col·laboració en garantir la legalitat de l’oferta'

elDiario.es va sol·licitar al departament de premsa d’Airbnb una entrevista telefònica amb Sara Rodríguez. En tancar aquesta edició, l’agenda “saturada” d’aquesta executiva que treballa a Espanya i Portugal per a una companyia amb seu a Irlanda no havia permès a aquest diari obtenir declaracions. Fa una setmana, envoltada per Prohens, Marí i la resta de presidents insulars de l’arxipèlag (territoris on, segons es va prometre a la compareixença d’Eivissa, els anuncis il·legals desapareixeran d’Airbnb a mitjan octubre), Rodríguez va presumir: “Gràcies als esforços de la comunitat d’amfitrions i d’Airbnb, la gran majoria dels anuncis de les Illes Balears ja mostren el número de registre. Aquests anuncis són els preferits pels viatgers, no tenen un impacte comercial significatiu per a l’empresa i, alhora, donen suport al compliment a nivell local. Estem posant les bases d’un model de negoci més sòlid i amb més resiliència que beneficia el conjunt de les Illes Balears”. Frases transplantades d’un comunicat oficial que ofereix l’empresa als mitjans. El text –sense aportar percentatges– assegura que la “gran majoria d’anuncis actius” a les Illes Balears “mostren un número de registre”.

Airbnb, que no ha ofert declaracions a elDiario.es, presumí que 'gràcies als esforços de la comunitat d’amfitrions i d’Airbnb, la gran majoria dels anuncis de les Illes Balears ja mostren el número de registre'

L’equip de govern del Consell Insular tampoc no ha autoritzat que cap representant polític ni Enrique Gómez Bastida, el coronel de la Guàrdia Civil que dirigeix l’oficina contra l’intrusisme, fes declaracions per a aquest article durant els darrers dies. Els populars, en canvi, sí que van respondre a principi de setmana a la consellera López, tal com es podia llegir al Diario de Ibiza: “Han d’acceptar l’èxit d’aquestes mesures. (...) El PSOE ha eliminat dels seus pantallazos el número de llicència inserit, evidenciant que la seva única intenció és fer mal a la imatge d’aquest equip de govern, que sempre ha estat ferm en la lluita contra l’intrusisme”.

“En sis anys no s’ha precintat cap pis turístic. No n’hi ha prou amb retirar oferta, aquests habitatges il·legals han de tenir un ús residencial. El que va passar al Consell, reunint els representants de la indústria turística –contraataca la socialista López–, a més d’una pantomima, va ser una posada en escena per contrarrestar l’anunci que Pedro Sánchez, uns dies abans, havia fet contra el lloguer turístic il·legal”. Diumenge 14 de setembre, durant un míting que se celebrava a Màlaga –emblema de la gentrificació, una de les ciutats més lucratives per a empreses com Airbnb– un president del Govern en mànigues de camisa augurava la “prohibició” de 53.000 lloguers turístics il·legals –molts d’ells a Andalusia, també a Canàries, Catalunya, la Comunitat Valenciana– perquè “passin a ser lloguers permanents per a la gent jove”.

Bustinduy: lloances al PP eivissenc

El foc creuat de declaracions polítiques ha creat, tanmateix, aliances inesperades. Després de l’escenificació del seu acord –ja comunicat a la primavera– amb Airbnb de Prohens i Marí, Pablo Bustinduy, ministre de Consum, va aplaudir els conservadors eivissencs assenyalant altres objectius: “És una tasca lloable i m’és igual el signe polític. (...) Hem cooperat com hauria de ser normal entre administracions i n’està donant, de fruits. Tant de bo aprenguessin del Consell d’Eivissa dirigents del PP com el senyor Almeida o el senyor Mazón. (...) L’oferta il·legal expulsa les famílies de les seves cases i vulnera greument el dret constitucional a l’habitatge”.

La bona sintonia entre Marí i Bustinduy es va evidenciar el febrer passat, quan el polític de Sumar –fins a 2019, a Podemos– va viatjar a Eivissa amb un punt en l'agenda: conèixer el problema dels habitatges il·legals en una illa de la qual sort escopida població pels preus del mercat immobiliari. En les operacions de compravenda de pisos de segona mà, el metre quadrat sol superar els 5.000 euros. Tres mesos abans, el desembre del 2024, el Ministeri de Consum havia decidit obrir un expedient sancionador a Airbnb per negar-se a eliminar del seu web milers de pisos turístics sense llicència. Fonts del Consell Insular confirmen que “ni a Airbnb, ni a cap altra plataforma” se li han imposat sancions. La institució eivissenca s’ha estimat destinar els seus esforços, treballant conjuntament amb els cinc ajuntaments de l’illa –tots governats pel PP– a multar qui hi ha darrere dels anuncis. Els correctius econòmics són durs: oscil·len entre els 50.000 i el mig milió d’euros, però no apunten al missatger. 

Airbnb no ha rebut cap sanció. Les autoritats d’Eivissa han preferit multar qui hi ha darrere dels anuncis. Els correctius econòmics són durs: oscil·len entre els 50.000 i el mig milió d’euros

Pulsos judicials contra Airbnb

Al web del despatx d’advocats Cuatrecasas –un dels més importants d’Espanya– recorden que la sentència 2/2022 del Tribunal Suprem va anul·lar uns expedients administratius que la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya va iniciar, el 2014, contra “Airbnb Ireland UC (Airbnb Ireland) i Airbnb Marketing Services SL (AMS) per bloquejar, suprimir o suspendre definitivament de la pàgina web tots els anuncis d’allotjaments turístics publicats pels usuaris en què no constés el número d’inscripció turística”. Triturant una sentència del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Suprem va considerar que la plataforma simplement posava “en contacte arrendadors i arrendataris d’habitatges vacacionals, sense transformar-ho en un negoci d’arrendament d’habitatge”. En paraules de Cuatrecasas: “Un servei neutral”.

La start-up que Brian Chesky –dissenyador industrial–, Joe Gebbia –dissenyador gràfic– i Nathan Blecharczyk –nen prodigi de la computació– van il·luminar a San Francisco fou ràpida a saltar fronteres. De Califòrnia a la conquesta del món, multiplicant mida i musculatura. El 2024, setze anys després de la seua fundació, la tecnològica registrava factures per valor de 10.592 milions d’euros. Comptes que suposen un impacte –directe i indirecte– en els països més turístics. En l’economia espanyola, segons un informe intern d’Airbnb –que va reportar la revista Forbes– ronda els 8.500 milions anuals.

El 2024, setze anys després de la seva fundació, Airbnb registrava factures per valor de 10.592 milions d’euros

No resulta senzill, idò, topar amb un gegant així als jutjats. L’Ajuntament de Barcelona, tanmateix, va explicar a principi d’estiu que es plantejava fer-ho –“accions administratives, civils i fins i tot penals”– si la companyia continuava fent el ronso per eliminar l’oferta il·legal. “Tenen comportaments arcaics i dilatoris”, va dir Jaume Collboni, un alcalde que ha decretat fulminar els 10.000 pisos turístics legals que existeixen a la seva ciutat de cara al 2028. La fórmula? No renovar les llicències quan caduquin. Aquesta és la política que no contempla el PP balear: la primavera passada va blindar per decret 90.000 places turístiques a l’arxipèlag amb el suport de Vox. Conservadors i ultradretans confien, així, en la bona voluntat d’Airbnb. Malgrat el precedent tan proper de Barcelona, al comunicat de premsa emès després de l’acte al Consell Insular d’Eivissa, la multinacional assegura que “dóna suport ferm al compliment” de la llei “a nivell local” i que “les obligacions de registre no tenen un impacte econòmic significatiu” en el seu balanç de resultats.

Més del doble d’habitatges turístics que Barcelona

La proporció d'habitatges turístics legals a Eivissa (una per cada 69 habitants) és més exagerada que en la capital catalana (per cada pis turístic hi ha al voltant de 168 veïns censats). A causa de la nostra alta oferta turística, al propietari li és més rendible llogar habitacions, per temporada, a turistes (de manera legal o il·legal), a empreses… I, pels mateixos motius, s’ha impossibilitat l’accés a la compra a les persones de classe treballadora. Entre milionaris que volen la seua segona residència a l’illa i inversors que veuen en els preus alts una possibilitat de guanyar diners fàcilment, la població de l’illa s’ha vist relegada i sense capacitat d’estalvi“, radiografia Daniel Moya Granda. El portaveu del Sindicat de Llogateres d’Eivissa i Formentera considera ”una dada tremenda“ que tots els habitatges que legalment no són llars suposin ”18.298 places turístiques“. ”Equival a la població de gairebé tot Sant Antoni, el segon nucli més important de l’illa. Hem de desincentivar el rendisme no residencial i la compra d’habitatge que no sigui per viure-hi. Si no ho feim, continuarem buidant els nostres pobles de vesins per posar-hi turistes“, explica Moya.

'No hi ha una manca d’habitatge, sinó que l’habitatge s’està utilitzant per a altres usos que no són el residencial. Al propietari li és més rendible llogar habitacions, per temporada, a turistes (de manera legal o il·legal), a empreses... Entre milionaris que volen la seva segona residència a l’illa i inversors que veuen en els preus alts una possibilitat de guanyar diners fàcilment, la població de l’illa s’ha vist relegada i sense capacitat d’estalvi

Daniel Moya Granda — Portaveu del Sindicat de Llogateres d’Eivissa i Formentera

La Federación Empresarial y Hotelera de Ibiza y Formentera veu l’assumpte des d’un prisma ben diferent. La seua presidenta, Maria Costa Roig, qualifica de “pionera” la cooperació entre el Consell Insular i Airbnb: “Aquest primer acord el considerem molt important per demostrar que és possible i també, a nivell pedagògic, necessari. No només s’ha demostrat amb dades que s’han reduït en més de 2.000 turistes per dia a Eivissa que presumiblement s’han sumat a l’oferta legal i regulada, promovent un equilibri adequat entre els recursos de l’illa, els turistes i els residents. (...) Creim que és molt important l’efecte que està tenint”. Tot i ser optimista, Costa convida a mirar a llarg termini: “Suposam que això és un primer pas per continuar avançant i creiem que el següent serà identificar aquells que usen números de manera fraudulenta i eliminar-los. Entenem que això és un procés i que certes coses poden portar temps, i confiem que el Consell prengui les mesures correctes d’ara endavant, que, com tot, s’haurà de veure”.

Això és un primer pas per continuar avançant i el següent serà identificar aquells que usen números de manera fraudulenta i eliminar-los

Maria Costa Roig — Presidenta de la Federació Empresarial i Hotelera d’Eivissa i Formentera

Els avisos que van pronosticar la gentrificació

“La irrupció d’Airbnb ha provocat la incorporació de noves places turístiques en zones urbanes, l’augment de preu en el lloguer residencial està íntimament lligat a la proliferació d’habitatges turístics: no només s’està posant en risc el dret a l’habitatge de molts residents, sinó que pot portar a una certa fractura social a l’illa”. La cita pertany a Airbnb en Menorca: ¿una nueva forma de gentrificación turística?, un estudi d’Ismael Yrigoy Cadena, doctor en Geografia i professor de la Universitat de les Illes Balears, que es va publicar… el 2017. Una data clau per entendre per què a les quatre illes de la comunitat autònoma compartir llar, el 2025, costa de mitjana 558 euros al mes. Un 47% més que abans de la pandèmia. Més que en cap altre indret d’Espanya.

En el seu estudi, el geògraf Yrigoy considerava que Airbnb havia proliferat a les Illes Balears durant els primers anys de vida de la plataforma gràcies al “beneplàcit de l’establishment” autòcton. Era la mateixa època en què l’Ajuntament de Madrid, amb Manuela Carmena com a alcaldessa, rebia cartes d’Airbnb per intentar aconseguir que els barris del centre de la ciutat continuessin sent residencials: “Aquesta nova regulació només beneficiarà unes poques grans empreses, deixant a milers de famílies i comunitats locals sense una font d’ingressos clau (...) eliminarà la possibilitat que puguin beneficiar-se del turisme”.

L’efecte a l’arxipèlag va ser evident: s’encetava llavors un trencament social que poc es pareixia a l’economia col·laborativa que publicitava Airbnb. Mentre experts com el geògraf Yrigoy alertaven que “l’agent gentrificador” passava a ser “el veïnat de la porta del costat” –obrint una escletxa entre els membres de classe mitjana que podien llogar una segona (o tercera o quarta…) residència i qui no tenia un títol de propietat al seu nom–, al Parlament tirava endavant una Llei de Lloguer Turístic que navegava un mar de dubtes. Redactar-la i votar-la va provocar fortes tensions en el primer executiu de centreesquerra que va presidir Francina Armengol. Va ser, sobretot, un Més per Mallorca, que controlava la Conselleria de Turisme, contra Podem, que volia prohibir de manera més expressa la presència de turistes en edificis plurifamiliars. La negociació entre els socis va ser caòtica i la nova llei va deixar la patata calenta de la prohibició expressa en mans dels governs insulars i els ajuntaments. A dia d’avui, només Palma, Calvià i el Consell d’Eivissa ho tenen vetat sobre el paper.

“Es un coche diésel y manual, con una cama en el interior sin ventanas traseras, lo que significa que puedes pasar desapercibido para cualquiera. Recomiendo aparcar en el bosque lejos de la ciudad, el norte de la isla es el mejor lugar durante la noche para dormir tranquilo. Durante el día, recoge la cama y conduce con seguridad por la isla, ¡tienes una minifurgoneta para disfrutar de la isla!”.

Richard escribió este texto, adjuntó unas fotos, se inventó un número de licencia turística y publicó el material en la web de Airbnb. También le puso precio a su oferta: ponerse al volante de la “HomeGurú” –así ha bautizado a la cama rodante– saldría por 635 euros desde el jueves 25 al martes 30 de septiembre. 127 euros la noche. La tarifa podría parecer cara hasta que se calcula lo que costaría dormir y alquilar un coche en la isla que Richard anima a disfrutar a sus potenciales clientes: la Eivissa que a principios de otoño se prepara para los cierres de sus discotecas, cubiertas y descubiertas. El chupinazo que apaga la fiesta y finiquita la temporada.

El anuncio de Richard se salta la ley a plena luz del día. Basta entrar en la web del Consell Insular, clicar en la pestaña lucha contra el intrusismo y leer: “Tampoco está autorizada la acampada libre, por lo que no está permitido el alojamiento turístico en Camper, caravanas, tiendas de campaña o cabañas fuera de los campings autorizados en la isla”. Pero el anuncio de Richard, también, es la prueba más flagrante de que el hito del que el presidente ibicenco, Vicent Marí, presumió el viernes pasado es mentira: la isla que gobierna no es “el primer territorio de España” donde “desaparece la oferta ilegal de Airbnb”: “La gente tiene que ser consciente de que en Eivissa quien la hace, la paga. Es delicado quererse pasar de listo y saltarse la ley. Quien venga a hacer negocio que lo haga de manera legal. Este Consell y los ayuntamientos tenemos un objetivo claro: el intrusismo forma parte del pasado porque seguiremos luchando hasta que se pare”. Bastaba rastrear aquel mismo día –por encima– una web que, una semana más tarde, sigue sin eliminar completamente la oferta fraudulenta. Igual que otros intermediarios para reservar vacaciones, como Booking. El intrusismo no se ha parado en Airbnb, pese a que el Consell Insular cifra la reducción de plazas irregulares en 14.532.

La minifurgoneta que se anima a aparcar lejos de ojos indiscretos –y posibles multas– tiene compañía. Junto a ella, una semana después de que los populares proclamaran el final del pirateo a través de Airbnb, siguen apareciendo “barcos”, “tiendas de campaña” y, como denuncia Elena López Bonet, socialista que se sienta en el banco de la oposición en la institución ibicenca, sobre todo, “habitaciones en viviendas particulares y casas que aparecen sin registro turístico o con un registro inventado para dar apariencia de legalidad”. La treta que utilizó Richard con su Home Gurú. Su código, obviamente, no aparece entre las 2.395 referencias inscritas en el portal de Registre Turístic del Consell. La de un número indeterminado de viviendas que se publicitan en Airbnb, tampoco.

Uno de los anuncios disponibles es una furgoneta ofrecida en Airbnb como alojamiento turístico para dormir 'en la naturaleza' de la isla. Los clientes también encuentran la posibilidad de alquilar un barco como si fuera una habitación de hotel

Esta realidad contradice las felicitaciones que lanzó Marga Prohens, presidenta del Govern y líder del PP en las Illes Balears, cuando abrió el jueves de la semana pasada, 18 de septiembre, una comparecencia en la que también estuvo presente la plataforma que ofrece alquileres turísticos a cambio del 15% de comisión. “Mi enhorabuena al Consell de Eivissa por haber liderado desde el principio esta lucha, mi agradecimiento porque la experiencia de los cuatro años de la legislatura pasada ha sido un valor imprescindible que ahora también permite extender con mayor velocidad vuestros resultados al resto de islas, y mi agradecimiento también a Airbnb por su responsabilidad y colaboración en garantizar la legalidad de la oferta”, dijo Prohens.

La presidenta balear, Marga Prohens (PP), felicitó a Airbnb: 'Mi enhorabuena al Consell de Eivissa por haber liderado desde el principio esta lucha y mi agradecimiento también a Airbnb por su responsabilidad y colaboración en garantizar la legalidad de la oferta'

elDiario.es solicitó al departamento de prensa de Airbnb una entrevista telefónica con Sara Rodríguez. Al cierre de esta edición, la agenda “saturada” de esta ejecutiva que trabaja en España y Portugal para una compañía con sede en Irlanda no había permitido a este periódico obtener declaraciones. Hace una semana, rodeada por Prohens, Marí y el resto de presidentes insulares del archipiélago (territorios donde, según se prometió en la comparecencia de Eivissa, los anuncios ilegales desaparecerán de Airbnb a mediados de octubre), Rodríguez presumió: “Gracias a los esfuerzos de la comunidad de anfitriones y de Airbnb, la gran mayoría de los anuncios de las Islas Baleares ya muestran el número de registro. Estos anuncios son los preferidos por los viajeros, no tienen un impacto comercial significativo para la empresa y, al mismo tiempo, apoyan el cumplimiento a nivel local. Estamos sentando las bases de un modelo de negocio más sólido y con mayor resiliencia que beneficia al conjunto de las Islas Baleares”. Frases calcadas a las que ofrece la empresa en un comunicado oficial. El texto –sin aportar porcentajes– asegura que la “gran mayoría de anuncios activos” en las Illes Balears “muestran un número de registro”.

Airbnb, que no ha ofrecido declaraciones a elDiario.es, presumía de que 'gracias a los esfuerzos de la comunidad de anfitriones y de Airbnb, la gran mayoría de los anuncios de las Islas Baleares ya muestran el número de registro'

El equipo de gobierno del Consell Insular tampoco ha aprobado que ningún representante político ni tampoco Enrique Gómez Bastida, el coronel de la Guardia Civil que dirige la oficina contra el intrusismo, hiciera declaraciones para este artículo durante los últimos días. Los populares, en cambio, sí contestaron a principio de semana a la consellera López, como se podía leer en Diario de Ibiza: “Deben aceptar el éxito de estas medidas. (...) El PSOE ha eliminado de sus pantallazos el número de licencia insertado, evidenciando que su única intención es dañar la imagen de este equipo de gobierno, que siempre ha sido firme en la lucha contra el intrusismo”.

“En seis años no se ha precintado un piso turístico. No basta con retirar oferta, esas viviendas ilegales deben tener un uso residencial. Lo que ocurrió en el Consell, reuniendo a los representantes de la industria turística -contraataca la socialista López-, además de una pantomima, fue una puesta en escena para contrarrestar el anuncio que Pedro Sánchez, unos días antes, había hecho contra el alquiler turístico ilegal”. El domingo 14 de septiembre, durante un mitin que se celebraba en Málaga –emblema de la gentrificación, una de las ciudades más lucrativas para empresas como Airbnb– un presidente del Gobierno en mangas de camisa auguraba la “prohibición” de 53.000 alquileres turísticos ilegales –muchos de ellas en Andalucía, también en Canarias, Catalunya, la Comunitat Valenciana– para que “pasen a ser alquileres permanentes para la gente joven”.

Bustinduy: alabanzas al PP ibicenco

El fuego cruzado de declaraciones políticas ha creado, no obstante, alianzas inesperadas. Tras la escenificación de su acuerdo –ya comunicado en primavera– con Airbnb de Prohens y Marí, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, aplaudió a los conservadores ibicencos apuntando a otros objetivos: “Es una tarea loable y me da igual el signo político. (...) Hemos cooperado como debería ser normal entre administraciones y los frutos se están notando. Ojalá aprendieran del Consell de Eivissa dirigentes del PP como el señor Almeida o el señor Mazón. (...) La oferta ilegal expulsa a las familias de sus casas y vulnera gravemente el derecho constitucional a la vivienda”.

La buena sintonía entre Marí y Bustinduy se evidenció el pasado febrero, cuando el político de Sumar –hasta 2019, en Podemos– viajó a Eivissa con un punto en la agenda: conocer el problema de las viviendas ilegales en una isla de la que sale escupida población por los precios del mercado inmobiliario. En las operaciones de compraventa de pisos de segunda mano, el metro cuadrado suele superar los 5.000 euros. Tres meses antes, en diciembre de 2024, el Ministerio de Consumo había decidido abrir un expediente sancionador a Airbnb por negarse a eliminar de su web miles de pisos turísticos sin licencia. Fuentes del Consell Insular confirman que “ni a Airbnb, ni a ninguna otra plataforma” se le han impuesto sanciones. La institución ibicenca ha preferido destinar sus esfuerzos, trabajando conjuntamente con los cinco ayuntamientos de la isla –todos gobernados por el PP– en multar a quien está detrás de los anuncios. Los correctivos económicos son duros: oscilan entre los 50.000 y el medio millón de euros, pero no apuntan al mensajero. Que, en el caso de Airbnb, se embolsa el 15% de cada reserva.

Airbnb no ha recibido ninguna sanción. Las autoridades de Eivissa han preferido multar a quien está detrás de los anuncios. Los correctivos económicos son duros: oscilan entre los 50.000 y el medio millón de euros

Pulsos judiciales contra Airbnb

En la web del despacho de abogados Cuatrecasas –uno de los más importantes de España– recuerdan que la sentencia 2/2022 del Tribunal Supremo anuló unos expedientes administrativos que la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya inició, en 2014, contra “Airbnb Ireland UC (Airbnb Ireland) y Airbnb Marketing Services SL (AMS) para bloquear, suprimir o suspender definitivamente de la página web todos los anuncios de alojamientos turísticos publicados por los usuarios en los que no constara el número de inscripción turística”. Triturando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Supremo consideró que la plataforma simplemente ponía “en contacto a arrendadores y arrendatarios de viviendas vacacionales, sin transformarlo en un negocio de arrendamiento de vivienda”. En palabras de Cuatrecasas: “Un servicio neutral”.

La start up que Brian Chesky –diseñador industrial–, Joe Gebbia –diseñador gráfico– y Nathan Blecharczyk –niño prodigio de la computación– alumbraron en San Francisco fue rápida en saltar fronteras. De California a la conquista del mundo, multiplicando tamaño y musculatura. En 2024, dieciséis años después de su fundación, la tecnológica registraba facturas por valor de 10.592 millones de euros. Cuentas que suponen un impacto –directo e indirecto– en la economía de los países más turísticos. En la española, según un informe interno de Airbnb –que reportó la revista Forbes– ronda los 8.500 millones anuales.

En 2024, dieciséis años después de su fundación, Airbnb registraba facturas por valor de 10.592 millones de euros

No resulta sencillo, por tanto, chocar con un gigante así en los juzgados. El Ajuntament de Barcelona, sin embargo, explicó a principio de verano que se planteaba hacerlo –“acciones administrativas, civiles e incluso penales”– si la compañía continuaba remoloneando para eliminar la oferta ilegal. “Tienen comportamientos arcaicos y dilatorios”, dijo Jaume Collboni, un alcalde que ha decretado fulminar los 10.000 pisos turísticos legales que existen en su ciudad de cara a 2028. ¿La fórmula? No renovar las licencias cuando caduquen. Esa es la política que no contempla el PP balear: la pasada primavera blindó por decreto 90.000 plazas turísticas en el archipiélago con el apoyo de Vox. Conservadores y ultraderechistas confían, por tanto, en la buena voluntad de Airbnb. Pese al precedente tan cercano de Barcelona, en el comunicado de prensa emitido tras el acto en el Consell Insular d’Eivissa, la multinacional asegura que “apoya completamente el cumplimiento” de la ley “a nivel local” y que “las obligaciones de registro no tienen un impacto económico significativo” en su balance de resultados.

Más del doble de viviendas turísticas que Barcelona

La proporción de viviendas turísticas legales en Eivissa (una por cada 69 habitantes) es más exagerada que en la capital catalana (por cada piso turístico hay alrededor de 168 vecinos censados). “Lo que siempre decimos es que no hay una falta de vivienda, sino que la vivienda está utilizándose para otros usos que no son el residencial. Debido a nuestra alta oferta turística, al propietario le es más rentable alquilar habitaciones, por temporada, a turistas (de forma legal o ilegal), a empresas… Y, por los mismos motivos, se ha imposibilitado el acceso a la compra a las personas de clase trabajadora. Entre millonarios que quieren su segunda residencia en la isla e inversores que ven en los altos precios una posibilidad de ganar dinero fácil, la población de la isla se ha visto relegada y sin capacidad de ahorro”, radiografía Daniel Moya Granda. El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera considera “un dato tremendo” que todas las viviendas que legalmente no son hogares supongan “18.298 plazas turísticas”. “Equivale a la población de casi todo Sant Antoni, el segundo núcleo más importante de la isla. Debemos desincentivar el rentismo no residencial y la compra de vivienda que no sea para vivir. De lo contrario, seguiremos vaciando nuestros pueblos de vecinos para meter a turistas”, explica Moya.

No hay una falta de vivienda, sino que la vivienda está utilizándose para otros usos que no son el residencial. Al propietario le es más rentable alquilar habitaciones, por temporada, a turistas (de forma legal o ilegal), a empresas... Entre millonarios que quieren su segunda residencia en la isla e inversores que ven en los altos precios una posibilidad de ganar dinero fácil, la población de la isla se ha visto relegada y sin capacidad de ahorro

Daniel Moya Granda — Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera

La Federación Empresarial y Hotelera de Ibiza y Formentera ve el asunto desde un prisma bien diferente. Su presidenta, Maria Costa Roig, califica de “pionera” la cooperación entre el Consell Insular y Airbnb: “Este primer acuerdo lo consideramos muy importante para demostrar que es posible y también, a nivel pedagógico, necesario. No sólo se ha demostrado con datos que se han reducido en más de 2.000 turistas por día en Ibiza que presumiblemente se han sumado a la oferta legal y regulada, promoviendo un adecuado equilibrio entre los recursos de la isla, los turistas y los residentes. (...) Creemos que es muy importante el efecto que está teniendo”. Aunque es optimista, Costa invita a mirar a largo plazo: “Suponemos que esto es un primer paso para seguir avanzando y creemos que el siguiente será identificar a aquellos que usan números de forma fraudulenta y eliminarlos. Entendemos que esto es un proceso y que ciertas cosas pueden llevar tiempo, y confiamos en que el Consell tome las medidas correctas de aquí en adelante, que, como todo, habrá que ver”.

Esto es un primer paso para seguir avanzando y el siguiente será identificar a aquellos que usan números de forma fraudulenta y eliminarlos

Maria Costa Roig — Presidenta de la Federación Empresarial y Hotelera de Ibiza y Formentera

Los avisos que pronosticaron la gentrificación

“La irrupción de Airbnb ha provocado la incorporación de nuevas plazas turísticas en zonas urbanas, el aumento de precio en el alquiler residencial está íntimamente ligado a la proliferación de viviendas turísticas: no sólo se está poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de muchos residentes, sino que puede llevar a cierta fractura social en la isla”. La cita pertenece a Airbnb en Menorca: ¿una nueva forma de gentrificación turística?, un estudio de Ismael Yrigoy Cadena, doctor en Geografía y profesor de la Universitat de les Illes Balears, que se publicó… en 2017. Una fecha clave para entender por qué en las cuatro islas de la comunidad autónoma compartir hogar, en 2025, cuesta de media 558 euros al mes. El doble que antes de la pandemia. Más que en ningún otro rincón de España.

En su estudio, el geógrafo Yrigoy consideraba que Airbnb había proliferado en las Illes Balears durante los primeros años de vida de la plataforma gracias al “beneplácito del establishment” autóctono. Era la misma época en la que el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, recibía cartas de Airbnb por tratar de conseguir que los barrios del centro de la ciudad siguieran siendo residenciales: “Esta nueva regulación sólo beneficiará a unas pocas grandes empresas, dejando a miles de familias y comunidades locales sin una fuente de ingresos clave (...) eliminará la posibilidad de que puedan beneficiarse del turismo”.

El efecto en el archipiélago, según expertos como Yirigoy, era ya entonces un quiebro social que poco se parecía a la economía colaborativa que publicitaba Airbnb. Mientras expertos como él alertaban de que “el agente gentrificador” pasaba a ser “el vecino de la puerta de al lado” –abriendo una brecha entre los miembros de clase media que podían alquiler una segunda (o tercera o cuarta…) residencia y quien no tenía un título de propiedad a su nombre–, en el Parlament salía adelante una Ley de Alquiler Turístico que navegaba un mar de dudas. Redactarla y votarla provocó fuertes tensiones en el primer ejecutivo de centroizquierda que presidió Francina Armengol. Fue, sobre todo, un Més per Mallorca, que controlaba la Conselleria de Turisme, contra Podem, que quería prohibir de forma más expresa la presencia de turistas en edificios plurifamiliares. La negociación entre los socios fue caótica y la nueva ley dejó la patata caliente de la prohibición expresa en manos de los gobiernos insulares y los ayuntamientos. A día de hoy, apenas Palma, Calvià y el Consell d’Eivissa lo tienen vetado sobre el papel. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso de Airbnb, a cuenta de 34.728 de los 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos que el Ministerio de Consumo había ordenado retirar. Aunque el pronunciamiento judicial llega después de que la plataforma aceptase bloquear todas las páginas que no cumplían con los requisitos y la normativa, supone un segundo varapalo para la compañía, que no había retirado este recurso ante el TSJM.

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo viene de lejos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió en diciembre un expediente sancionador a la plataforma por negarse a eliminar 65.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia, una práctica considerada como una infracción grave, con sanciones de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la misma.

Estos miles de anuncios venían en tres paquetes. Airbnb recurrió la primera tanda, de 5.800 viviendas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó las actuaciones de Consumo primero y rechazó un segundo recurso de la plataforma después. Entre medias, la compañía recurrió una segunda tanda, de 34.000 anuncios.

Pese a que Airbnb pactó en junio con el Ministerio de Vivienda retirar los 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales, la plataforma mantuvo abierta la vía judicial con Consumo. De hecho, pese al cambio de estrategia de la compañía, que pasó de negarse a bloquear esas páginas, al margen de este proceso, este Ministerio continúa con el expediente sancionador iniciado en marcha. Ya entonces, desde el equipo de Bustinduy trasladaban que la retirada de estos anuncios había sido “instada por los tribunales” y que, en ningún caso, afectaba “a los procedimiento que puedan estar abiertos” porque “se trataría de hechos anteriores”.

En concreto, la Dirección General de Consumo identificó tres supuestas ilegalidades: no incluir el número de licencia o registro en los anuncios, un requisito en varias normativas autonómica y que suponía la infracción más común; incorporar número de licencia que no corresponden con los expedidos por las autoridades; o no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores, una práctica que puede inducir a error respecto a los derechos como consumidor de quien contrata el servicio.

Desde Consumo celebran que “la justicia vuelve a respaldar” sus resoluciones y defienden que estas actuaciones se enmarcan el objetivo fijado por el ministro de “contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país”.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assegurat que a Eivissa s'ha retirat ja el cent per cent dels anuncis il·legals a la plataforma Airbnb. Així ho ha dit Prohens en roda de premsa, després de participar en la Mesa Extraordinària de Lluita contra l'Intrusisme. Segons ha explicat Prohens, en la reunió han conegut “els impressionants avanços” reeixits en la lluita contra l'intrusisme.

Prohens ha considerat que encara és aviat per a realitzar una valoració de la temporada però, amb dades registrades fins al juliol passat, ja poden observar-se tendències en el conjunt de les Illes, amb una contenció del turisme en temporada alta o un major creixement del valor i no del volum, ja que la despesa turística ha crescut més del doble que el nombre de visitants.

Així, ha afirmat que Balears es dirigeixen cap a un model “més sostenible” i de “major qualitat”. No obstant això, dins d'aquest full de ruta, existia un compromís “irrenunciable” com és la lluita contra l'oferta il·legal. “Avui, el Consell d'Eivissa presenta decreixement de l'oferta turística il·legal”, ha destacat Prohens, recordant que a l'Illa aquesta labor va començar fa sis anys.

Després de repassar les accions del Govern en la lluita contra l'intrusisme, Prohens ha explicat que s'han aconseguit modificacions legislatives que permeten precintar oferta il·legal o l'increment de sancions. Ara, segons ha afegit, la resta dels Consells segueixen la labor iniciada per la institució insular d'Eivissa, per la qual cosa en dos anys podran presentar resultats.

“No volem pirates en l'allotjament, però tampoc taxis 'pirates' o festes il·legals”, ha afegit Prohens, qui ha volgut felicitar el Consell d'Eivissa per liderar aquesta lluita contra l'intrusisme. També ha agraït la col·laboració d'Airbnb per la seva “responsabilitat”. “Avui, som pioners en tota Espanya”, ha insistit.

Reunió

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha repassat algunes dades abordades en la Mesa, assegurant que ha estat una reunió “molt productiva” i ha destacat que Eivissa és el primer lloc d'Espanya on ha desaparegut tota l'oferta il·legal en la plataforma Airbnb.

En concret, des de juliol de 2024 s'han eliminat 2.831 anuncis il·legals que representaven 14.532 places turístiques. Avui dia, es comercialitzen 2.051 anuncis que equivalen a 13.251 places, reduint-se un 48% el número d'aquestes places. El nombre d'anuncis s'ha reduït en més d'un 52%. “Eivissa deixa de ser una illa de pirates on tot val”, ha afegit.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que en Eivissa se ha retirado ya el cien por cien de los anuncios ilegales en la plataforma Airbnb. Así lo ha dicho Prohens en rueda de prensa, después de participar en la Mesa Extraordinaria de Lucha contra el Intrusismo. Según ha explicado Prohens, en la reunión han conocido “los impresionantes avances” logrados en la lucha contra el intrusismo.

Prohens ha considerado que todavía es pronto para realizar una valoración de la temporada pero, con datos registrados hasta el pasado julio, ya pueden observarse tendencias en el conjunto de las Islas, con una contención del turismo en temporada alta o un mayor crecimiento del valor y no del volumen, puesto que el gasto turístico ha crecido más del doble que el número de visitantes.

Así, ha afirmado que Balears se dirigen hacia un modelo “más sostenible” y de “mayor calidad”. Sin embargo, dentro de esta hoja de ruta, existía un compromiso “irrenunciable” como es la lucha contra la oferta ilegal. “Hoy, el Consell de Ibiza presenta decrecimiento de la oferta turística ilegal”, ha destacado Prohens, recordando que en la Isla esta labor comenzó hace seis años.

Tras repasar las acciones del Govern en la lucha contra el intrusismo, Prohens ha explicado que se han logrado modificaciones legislativas que permiten precintar oferta ilegal o el incremento de sanciones. Ahora, según ha añadido, el resto de los Consells siguen la labor iniciada por la institución insular de Eivissa, por lo que en dos años podrán presentar resultados.

“No queremos piratas en el alojamiento, pero tampoco taxis 'piratas' o fiestas ilegales”, ha añadido Prohens, quien ha querido felicitar al Consell de Eivissa por liderar esta lucha contra el intrusismo. También ha agradecido la colaboración de Airbnb por su “responsabilidad”. “Hoy, somos pioneros en toda España”, ha insistido.

Reunión

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha repasado algunos datos abordados en la Mesa, asegurando que ha sido una reunión “muy productiva” y ha destacado que Eivissa es el primer lugar de España donde ha desaparecido toda la oferta ilegal en la plataforma Airbnb.

En concreto, desde julio de 2024 se han eliminado 2.831 anuncios ilegales que representaban 14.532 plazas turísticas. Hoy en día, se comercializan 2.051 anuncios que equivalen a 13.251 plazas, reduciéndose un 48% el número de estas plazas. El número de anuncios se ha reducido en más de un 52%. “Ibiza deja de ser una isla de piratas donde todo vale”, ha añadido.

Las plataformas digitales en las que se comercializan viviendas turísticas deberán retirar de sus páginas más de 53.000 anuncios ilegales. La eliminación se produce tras la puesta en marcha de la ventanilla única, puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda, y la obligación de contar con un número de registro, que debe estar disponible en las webs desde el pasado 1 de julio. Según los datos del departamento que dirige Isabel Rodríguez, desde que este sistema comenzó a operar, el registro ha recibido un total de 264.998 peticiones para residencias vacacionales, de las que se han revocado el 20%.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más solicitudes han sido revocadas por no cumplir con la legalidad vigente ni los requisitos para destinar viviendas a uso turístico, con 16.740 inmuebles; seguido de Canarias, con 8.698, y una tensión del mercado inmobiliario evidente; y Catalunya, con 7.729. En una intervención en el programa Espejo Público, la ministra Rodríguez ha defendido que, con la “crisis” de vivienda actual, “no podemos permitirnos el lujo” de que estos inmuebles se destinen a usos no residenciales.

En este sentido, el Gobierno confía en que estas viviendas, que no podrán comercializarse en plataformas como de uso turístico, pasen al mercado del alquiler residencial. Algo para lo que el Ministerio ha planeado “incentivos”, como bonificaciones fiscales para los propietarios que pongan sus casas en alquiler residencial.

Los encargados de otorgar o negar los códigos que los propietarios necesitan para anunciarse en plataformas digitales son los Colegios de Registradores. Si estos comprueban que los propietarios no cumplen con los requisitos, se les permite subsanarlos en un plazo de tiempo, tras el cual las plataformas deberán retirarlos. Rodríguez ha puesto en valor la colaboración con las plataformas, no así con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. “Es necesario que hagan lo propio”, ha reclamado, porque “un piso en alquiler ilegal es una familia expulsada de un barrio o un joven que no puede emanciparse”.

De hecho, la ministra ha destacado que “la comunidad autónoma que tiene más viviendas ilegales, Andalucía, ha recurrido (la normativa) a los tribunales, cosa que no han hecho las plataformas”. Sevilla es el municipio con mayor número de anuncios que no cumplen la normativa, 2.289, seguido de Marbella (1.802), Barcelona (1.564) y Málaga (1.471). Hay que tener en cuenta que los números no se corresponden, per se, con viviendas. Es decir, las plataformas deberán retirar 53.000 anuncios, pero una misma vivienda puede estar anunciada en varias plataformas, por lo que el número final se reduciría.

Desde el Ministerio llevan semanas poniendo el foco en la “gran anomalía” de la Comunidad de Madrid, donde la tendencia es inversa a la del resto de comunidades. Mientras, en el total nacional, casi el 79% de las solicitudes son para viviendas de uso turístico y el resto para alquiler de temporada, en Madrid solamente el 17% de las peticiones son para inmuebles vacacionales, 3.513, de las que más de un tercio habrían sido revocadas. El dato contrasta con el que maneja el Ministerio de Consumo, que ha identificado más de 15.000 solo en la ciudad de Madrid. “¿Es que no hay pisos turísticos ilegales? En absoluto, es que aquí se está amparando esa ilegalidad”, ha denunciado Rodríguez.

Este filtro de anuncios ilegales llega después de que la plataforma Airbnb se aviniese a eliminar otras 65.000 páginas, tras un largo conflicto con el Ministerio de Consumo, que abrió a la plataforma un expediente sancionados, que sigue su curso, por negarse a borrarlos previamente. En esta ocasión, la propia plataforma ha reconocido que, de esta nueva tanta, “se ha identificado que menos del 10% de los números del registro que fueron revocados corresponden a anuncios que están en Airbnb” y que “se procederá a darlos de baja”.

Este jueves 4 de septiembre ha entrado en vigor en Madrid la norma que el Ayuntamiento aprobó en mayo para intentar reorganizar los pisos turísticos en la capital. El Consejo de Gobierno de la Comunidad dio su visto bueno a la norma municipal hace una semana y con la publicación hoy del texto en el Boletín Oficial regional comienza a aplicarse de forma definitiva.

El Plan Reside, que es como ha llamado el Gobierno de Almeida a este cambio normativo, apuesta por separar a turistas de residentes, vetando los pisos Airbnb dispersos en el corazón de Madrid mientras a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos con ciertas condiciones. En el la periferia (todo lo que no es la almendra central, lo situado fuera de la M-30), su plan es permitirlos en los bajos, sótanos o primeras plantas. Estas son sus principales claves.

Sobre el papel el plan de Almeida es más restrictivo para la proliferación de pisos turísticos que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante la alcaldía de Manuela Carmena, al que ahora sustituye: permite las VUT en menos lugares que actualmente y blinda totalmente algunos espacios donde los que hasta la suspensión de licencias para actividad turística podían abrir legalmente estos negocios. Sin embargo, también abre la puerta a una posibilidad que no había antes: la de convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio publicado por el PSOE.

Es difícil que en realidad tres de cada cuatro edificios del centro se conviertan en hoteles para turistas, pero lo que sí que temen partidos de la oposición y asociaciones vecinales es que haya un gran número de bloques de vivienda de alquiler que sean vaciados de inquilinos para ser sustituidos por turistas. De hecho es algo que ya está sucediendo en lugares como Mesón de Paredes 88, General Lacy 22, Tirso de Molina 20 o Trafalgar 22, donde sus dueños han expulsado o intentan echar a los residentes con alquileres a largo plazo para dedicar su propiedad al turismo, que genera más rentabilidad.

Debido a la posibilidad de que fondos buitres adquieran bloques enteros para dedicarlos al turismo, los socialistas lo califican de “Plan Especula” y Más Madrid llama “Plan Expulsa” a este cambio normativo, avisando de que hasta 315.000 pisos podrían convertirse legalmente en turísticos en Madrid, frente a los 15.000 que existen actualmente.

Otra de las críticas más habituales de la oposición es que el plan no garantiza tampoco el cierre de los miles de pisos ilegales que operan actualmente en Madrid. El área de Urbanismo aprobó sanciones más duras de hasta 100.000 euros contra las propiedades Airbnb sin licencia pero en los seis primeros meses de estas sanciones el número de viviendas turísticas sin ella aumentó por miles, según datos del propio Ayuntamiento.

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, definenden que la finalidad del plan es “proteger la calidad de vida del residente en la ciudad sin menoscabo del desarrollo económico”. Y aseguran que la normativa pretende “recuperar e incrementar el parque de vivienda como uso residencial habitual en la zona central”, apuntando a que además de regular la actividad turística el consistorio ofrece con la aprobación ventajas urbanísticas para convertir edificios de uso terciario en uso residencial con incentivos como el incremento de la edificabilidad existente. Por último, también permite la transformación de equipamientos dotacionales privados, catalogados y obsoletos en uso residencial (unos 210 en el centro histórico de la ciudad) para viviendas de alquiler asequible o coliving.

El PSOE, que califica la normativa que acaba de entrar en vigor de “Plan Expulsa”, denunica que en realidad esta modificación normativa supone una enorme recalificación en toda la ciudad, al permitir usos con mayor rentabilidad económica en inmuebles que hasta ahora solo podían utilizarse para residentes, lo que puede hacer subir el valor de todos estos inmuebles y también el precio de la vivienda. Supone además la legalización de la actividad de bastantes negocios turísticos que llevan años explotando estos edificios sin licencia municipal, sobre los que hasta ahora el Ayuntamiento ha tenido muy difícil actuar debido a la capacidad litigadora de las empresas que los gestionan, que suelen recurrir las multas y utilizar todo tipo de argumentos legales para alargar los procesos sancionadores.

El Ayuntamiento de Madrid permite con la entrada en vigor del Plan Reside que muchos edificios situados en calles principales se puedan convertir en turísticos con un simple cambio de licencia. Un estudio del PSOE calcula que serán 2.831, el 17% del total en el casco histórico de Madrid, que comprende los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, parte de Retiro y también parte de Arganzuela. Además, también podrán hacerlo los edificios ubicados en calles más secundarias, también con una petición de licencia pero con una limitación teórica de 15 años. Estos suponen el 39% según el mismo estudio, 6.637 bloques de viviendas.

Por último, hay un tercer grupo de edificios que podrán destinarse de forma integral a Viviendas de Uso Turístico (VUT) mediante la petición de un plan especial, debido a su alto grado de protección. Serán el 17% (2.800 bloques). Solo el 27% se queda a salvo de la conversión en pisos Airbnb (4.438 edificios).