“Del análisis de la documentación aportada y de las declaraciones obrantes en las actuaciones no se puede concluir que existan indicios de la comisión por parte de los investigados de los delitos que se les imputan”. Así reza el auto judicial relativo a una nueva causa judicial que ha quedado en nada tras una denuncia del asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, esta vez contra la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez.

Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

En este caso, ha sido el titular del juzgado de instrucción 18 el que ha archivado la causa en la que el asesor popular denunció a Gómez por presunta prevaricación, administración desleal y malversación en varios contratos de publicidad por un total de 19.578 euros firmados con los diarios Levante-EMV y Las Provincias.

Salom aseguraba en su denuncia que no existió “contrato alguno para la ejecución de la campaña publicitaria” y que se adjudicó “de forma verbal, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.

Sin embargo, el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deja en evidencia que las acusaciones no tienen ningún tipo de fundamento: “Se aportan los expedientes administrativos que fueron abiertos para la contratación y pago de las páginas publicitarias; en dichos expedientes constan informes de necesidad del gasto, existencia de crédito, autorización al gerente, la propuesta del periodico en cuestión, las facturas la verificación del servicio y las ordenes de pago, ajustandose por tanto a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público”.

De hecho, los acusados solicitaron “deducción de testimonio por denuncia falsa, estafa procesal, injurias y calumnias” contra Salom, una petición que el juez desestima, aunque traslada la opción de que “la parte que se considere perjudicada pueda ejercer las acciones penales que considere oportunas”. El auto de archivo es recurrible mediante recurso de reforma o de reposición.

Al respecto, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha comentado que estudiarán si abren la vía de la denuncia falsa contra Salom. Gómez ha criticado que esta denuncia cuenta con el agravante de que se iterpuso “en febrero de 2019, unos meses antes de las elecciones municipales, con un claro objetivo electoralista y con el visto bueno de la que ya era candidata a la alcaldía del PP, María José Catalá, quien sigue permitiendo este tipo de prácticas de Salom, a quien mantiene como asesor de su grupo”.

Un sinfín de archivos que han costado 9.500 euros al Ayuntamiento

Entre los responsables polícos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones, figuran, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Carlos Galiana, Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco procesos, y que aún está pendiente de declarar en una causa por supuesto fraccionamiento de contratos.

La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.

Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.

Los últimos casos que se han desestimado afectaron al concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), fallecido el pasado verano, y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver.

La factura de la frenética actividad judicial del polémico asesor popular ya se eleva a un total de 9.500 euros para las arcas del Ayuntamiento de València, puesto que todos los ediles encausados, una vez archivadas las denuncias, tienen derecho a socilitar que la corporación municipal abone los gastos de su defensa.

Así lo han hecho ya el alcalde, Joan Ribó (3.600 euros), la exconcejala socialista Maite Girau (2.200 euros) y el concejal de Comercio y Cultura Festiva, Carlos Galiana (3.700 euros).

La factura de la frenética actividad judicial que emprendió en el pasado mandato el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom acaba de subir otros 3.600 euros y ya se eleva a un total de 9.500 euros para las arcas del Ayuntamiento de València.

Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes el reintegro de 3.600 euros al alcalde de València, Joan Ribó, en concepto de gastos de abogados tras verse implicado en una de las denuncias del asesor del PP, quien le acusaba de no facilitar documentación sobre un expediente abierto al Ayuntamiento por la Agencia de Protección de Datos, una denuncia que como el resto acabó en archivo.

El alcalde de Compromís tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

Recientemente, el Ayuntamiento ya tuvo que abonar otros 2.200 euros en concepto de gastos de abogados a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau, y 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana, por el mismo concepto, tras sendas denuncias de Salom archivadas.

Otros responsables políticos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones son, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco causas. En su caso, lleva un coste acumulado en su defensa de unos 10.000 euros que en su momento podrá reclamar.

La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.

Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.

Los últimos casos que se desestimaron afectaron al recientemente fallecido, Ramón Vilar (PSPV), y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el nombramiento de María Oliver (Unides Podem) como asesora del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, tras el archivo de la causa por la que fue procesada por un convenio suscrito cuando era concejal de València en Comú en el Ayuntamiento de València.

Oliver dimitió el pasado mes de noviembre como asesora de Asuntos Generales de la Vicepresidencia segunda para dedicarse a la defensa de su inocencia ante una denuncia del PP por el convenio suscrito para realizar el mapa escolar de València, una denuncia del conocido asesor Luis Salom.

El juzgado decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que figuraba como procesada la exconcejala y exresponsable de Educación después de que ninguna de las acusaciones (Fiscalía y PP) presentara escrito de calificación contra ella en relación con el convenio suscrito entre la administración local y la Universitat de València (UV) para estudiar el sistema educativo.

Dalmau, también de Unides Podem, expresó su satisfacción a través de un comunicado en el que destacó que “siempre” ha creído en la inocencia de Maria Oliver. “Ahora es también motivo de alegría por lo que aporta su valía profesional al equipo”, manifestó.

Por su parte, Oliver agradeció a Dalmau su apoyo y manifestó que continuará la tarea técnica que empezó en septiembre en secretaría autonómica de Vivienda y Función Social. Mostró su “compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, algo que “requiere una implicación bien sea directamente en política, haciendo trabajo técnico o bien como activista”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia continúa manteniendo que los concejales y los asesores del grupo popular investigados en el 'caso Imelsa' deberían apartarse del consistorio, y ha criticado que ni el presidente del partido a nivel nacional, Mariano Rajoy, ni su homóloga en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, “han conseguido poner orden”.

El equipo del alcalde Joan Ribó se ha expresado en estos términos después de que el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia haya estimado el recurso interpuesto por Luis Salom, asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento investigado por presunto blanqueo en el 'caso Imelsa', y haya anulado la suspensión de empleo y sueldo que sobre él acordó el gobierno municipal.

Tras conocer esta sentencia, el equipo de gobierno ha explicado que está estudiando, junto a la asesoría jurídica, la decisión judicial para ver “cuáles son los términos en los que el juez hace su argumentación”.

Asimismo, ha defendido que desde el consistorio se han tomado “las decisiones necesarias para salvaguardar la honorabilidad del Ayuntamiento y los valencianos”. También considera que “los concejales y asesores del PP imputados por haber blanqueado dinero y con ostentosas grabaciones donde ellos mismos lo admiten -ha recordado las palabras de la exedil Maria José Alcón: ”esto es corrupción política total“-, deberían apartarse del consistorio”.

El equipo de Ribó ha subrayado que “ni Mariano Rajoy ni Isabel Bonig han conseguido todavía poner orden en su propio partido, ni limpiar de corrupción sus siglas”.

Finalmente, ha resaltado que “ya parece que es una cuestión de connivencia e incapacidad”, y ha añadido que “independientemente de lo que haga el Ayuntamiento, el PP debería de apartar a los imputados por corrupción”.

Victoria parcial del asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre el alcalde de Valencia, Joan Ribó. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha anulado la resolución del tripartito municipal -integrado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- por la que suspendía de sueldo y empleo al polémico cargo de confianza de la concejal 'popular', Beatriz Simón, imputado por supuesto blanqueo de dinero negro para financiar las campañas del PP de la ciudad.

Así, en la sentencia se estima el recurso interpuesto por Salom y se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó el pasado 5 de febrero en el que se le abría expediente disciplinario. Con esta decisión, el juez obliga al consistorio a abonar las costas, aunque contra ella cabe recurso por parte de la corporación local. Pese a la suspensión de sueldo, Salom seguía cobrando un mínimo de 1.100 euros, ya que al tratarse de una suspensión cautelar, el Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Ayuntamiento, por el que también se rige el personal eventual, establece un mínimo de percepción sobre el sueldo base del afectado.

El juez argumenta en su escrito que no consta que “en las actuaciones penales iniciadas por el supuesto caso de blanqueo se haya adoptado medida judicial o cualquier otra que determine la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo en condición de confianza o asesoramiento especial para el PP.”. Es más, indica que “no ha quedado acreditada la existencia de elementos de particular urgencia en el establecimiento de la medida de suspensión provisional”. Y es por eso por lo que el magistrado afea a la junta de gobierno local que no diera audiencia al controvertido asesor del PP.

Pero el magistrado va más allá. Cuestiona las razones dadas por el equipo municipal de Joan Ribó, ya que no entiende por qué su situación procesal “alteraría el funcionamiento de los servicios públicos, ya que por la naturaleza eventual de su puesto de trabajo no puede ejercer de forma directa potestades públicas”. Y le recuerda al consistorio que al tratarse de un delito de tipo patrimonial como es el blanqueo ya le denegó al Ayuntamiento la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular debido a que “no se aprecia ni especial titularidad en el bien jurídico protegido ni perjuicio económico estimable”.

Pese a todo, en la sentencia el magistrado reconoce que existe una “amplia discrecionalidad para la adopción de medidas cautelares de suspensión de funciones para empleados” aunque, según el escrito, “la motivación o justificación debe vincularse a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción”.

Salom también es conocido por sus controvertidas acciones desde el Ayuntamiento de Valencia y por su elevada actividad en las redes sociales. Su última polémica en las redes fue respecto al sueldo del concejal y diputado provincial de València en Comú, Roberto Jaramillo. También registró la marca Guanyem, con la que se iba a presentar la confluencia encabezada por Ada Colau en Barcelona, que acabó usando la marca En Comú.

Luis Salom, el conocido también como 'el asesor de los líos' -especialmente por su actividad en twitter-, y también imputado en el caso Imelsa por el presunto blanqueo de capitales del PP de València, se quedará con las marcas 'Guanyem València' y 'Guanyem Barcelona' que registró antes que las formaciones que hoy forman parte de los gobiernos de ambas capitales.

Según recogen diversos medios de comunicación la Oficina de Patentes ha fallado a favor de Luis Salom que de este modo se queda con la propiedad intelectual de la marca 'Guanyem' que registró anticipadamente y trató de vender a Ada Colau y Pablo Iglesias. Salom pidió así a los dirigentes que, para renunciar a las marcas, donaran 10.000 euros cada uno a la organización religiosa 'Sant Joan de Déu' en València, condición a la que no se sometieron los políticos y optaron por la fórmula 'València en Comú' y 'Barcelona en Comú'.

Luis Salom actualmente está suspendido de empleo y sueldo por su investigación en la presunta trama de financiación irregular del PP de València. Entre sus últimos rifirrafes públicos en las pasadas fallas acudió al balcón del ayuntamiento para presenciar una mascletá, asistencia que fue reprochada por el concejal Giuseppe Grezzi (Compromís) y que acabó en bronca.

Uno de los miembros del PP de Valencia imputado por blanqueo de capitales, Luis Salom, el asesor de los líos, ha cargado contra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por su falta de rigor y por negarle información.

Salom, investigado por, supuestamente, entregar mil euros al partido que luego éste le devolvería con dinero que habría salido de mordidas o comisiones ilegales, no se ha cortado en Twitter:

Así ha criticado Salom la información proporcionada por el TSJ sobre el caso Taula. Y, con el siguiente tuit, la política informativa general de la institución, que, entre otras cuestiones, se ocupa de informar a la opinión pública sobre aquellos casos de relevancia pública que se gestionan en los juzgados valencianos:

Salom y el resto de asesores investigados están suspendidos de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Valencia.Sus críticas al TSJ fueron provocadas tras el último anuncio público sobre la operación Taula o el caso Imelsa, que ha dejado al PP de Valencia casi sin grupo municipal. Según la última hora proporcionada por el TSJ, el juez ha ordenado investigar las cuentas de un concejal, dos exediles y una asesora; y ha archivado la causa contra uno de los 48 investigados, marido de una asesora también imputada.

Comunicado del TSJ

El Juzgado de Instrucción nuevo 18 de Valencia, que investiga el “Caso Imelsa”, ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial respecto de uno de los 48 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en la pieza separada abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia.

El magistrado, de conformidad con el criterio del fiscal, estima la petición del investigado y concluye que “resultando insuficientes, a la vista de lo actuado, los indicios de participación en los hechos (…) debe acordarse el sobreseimiento provisional y parcial de las presentes actuaciones” respecto de este imputado, marido de una asesora del grupo municipal popular también investigada en estas diligencias.

El instructor acuerda además recabar información sobre las cuentas bancarias en las que aparezcan como titulares o autorizados otros cuatro investigados: un concejal, dos exediles y una asesora.

El juez también solicita a una entidad financiera información sobre la cuenta bancaria de la mujer de otro de los asesores investigados, a quien además cita para que declare como testigo el próximo 15 de abril.

Con respecto a la secretaria del grupo municipal, imputada en la pieza principal del “Caso Imelsa” y en la pieza en la que se investiga solo el blanqueo de capitales, el titular de Instrucción 18 ordena que le sea devuelta parte de la documentación intervenida en el registro de su vivienda “por carecer de todo interés para la causa”.

En total, el “Caso Imelsa” hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones que éstos realizaron al partido para blanquear un dinero de procedencia ilícita.

En medio del pulso entre los concejales imputados del PP y la dirección autonómica del partido, el polémico asesor del Ayuntamiento, Luis Salom, ha vuelto a protagonizar un episodio controvertido. Imputado por el presunto blanqueo de la caja B del PP de Valencia, su presencia este jueves en el balcón del consistorio junto con los ediles también investigados Cristóbal Grau y Beatriz Simón derivó en un encontronazo con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís).

Salom -que se encuentra suspendido de empleo y sueldo- se situaba al final del balcón, junto a la puerta de acceso. A pocos metros, estaba Grezzi, que cuando se percató de su presencia se dirigió a él reprochándole que estuviera en el balcón e invitándole a abandonar el Ayuntamiento. “Es intolerable, no tiene que manchar las instituciones valencianas, que son de todos”, criticó Grezzi, que pidió “respeto” y “decencia” para la corporación local. Y recordó a través de su cuenta en Twitter: “Es una vergüenza que Luis Salom, suspendido de empleo y sueldo por delitos de blanqueo y cohecho, esté en el balcón”.

El asesor imputado defendió su presencia y afirmó que “no va a tolerar más insultos, amenazas y acciones absolutamente fuera de la legalidad. La actitud de Grezzi es un abuso de autoridad”. Y remató ante este incidente: “Si lo quiere hacer aquí lo puede hacer y si no, lo tendrá que hacer ante un juez porque yo no voy a tolerar más insultos, más amenazas y más acciones absolutamente fuera de la legalidad”. Además, Salom aprovechó para anunciar que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, el órgano que aprobó su suspensión cautelar de empleo y sueldo.

Polémico historial

Polémico historialResponsable de varias campañas digitales del PP, Salom dice ser técnico superior de administración de sistemas informáticos y estar afiliado al partido desde 2003. Bloqueó durante tres semanas su cuenta de Twitter tras la dura derrota de su formación en las elecciones de mayo aludiendo a las numerosas descalificaciones que recibía. En junio de 2015 ya había publicado más de 100.000 tuits. Y, aunque su actividad no es accesible para decenas de usuarios a los que tiene bloqueados, parece que sigue agitando el ciberespacio.

Una de sus últimas controversias en las redes fue respecto al sueldo del concejal y diputado provincial de València en Comú, Roberto Jaramillo. También registró la marca Guanyem, con la que se iba a presentar la confluencia encabezada por Ada Colau en Barcelona. La justicia lo investigó por eludir a los medios al declarar ante el juez por el presunto lavado de dinero negro por el que está imputado.

Con el foco puesto sobre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), la presión sobre el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia es menor. Eso sí, de momento. Los concejales tienen aún varias semanas de margen hasta que se levante el secreto de sumario, momento en el cual deberían entregar el acta si permanecen imputados, según acordó el PP de la ciudad con la dirección autonómica. Que eso ocurra sin pugna se antoja complicado.

Mientras eso ocurre, Alfonso Novo ha recuperado la portavocía del PP en el Ayuntamiento al defender la posición de los 'populares' en el pleno de este jueves sobre la comisión de investigación que, precisamente, deberá depurar las responsabilidades políticas sobre la parte de la 'operación Taula' que afecta a la gestión del PP en la institución. Tras la macrorredada policial contra el PP, se citó a declarar como imputado a Novo y a diversos asesores, entre ellos Luis Salom, conocido por sus polémicas actuaciones en las redes sociales. Con su imputación, el PP ordenó que María Àngels Ramón-Llin substituyera a Novo como portavoz en el pleno municipal.

Sin embargo, días después la imputación sobre el presunto blanqueo de dinero negro para financiar las campañas electorales fue masivo: se citó a 49 concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de la ciudad. Con la mayoría del grupo popular imputado -solo se salva Eusebio Monzó- Novo ha recuperado la portavocía. Y todo, pese a que está suspendido de militancia y se le ha retirado el carné del PP.

Durante su intervención en el pleno ha criticado al portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, por “querer ejercer de instructor, ejecutor y sentenciador” al propugnar la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la 'operación Taula' antes de que se levante el secreto de sumario. “Tenga paciencia, no tenga prisa. Todo llegará señor Giner”, ha interpelado Novo. “Se trata de trabajar para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el futuro. En Cataluña y en Madrid han empezado comisiones de investigación sin que se haya levantado el secreto de sumario”, ha replicado Giner.

Jordi Peris, que ha defendido la posición del gobierno municipal conformado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, ha vuelto a repetir: “Para llegar al fondo del asunto debemos conocer en detalle el sumario. Por eso, es conveniente esperarse a conocer el sumario para empezar a trabajar”. Como ya se acordó en la comisión de Participación, Derechos e Innovación Democrática, la comisión para depurar las responsabilidades políticas empezará cuando se conozca el sumario. El pleno de este jueves ha ratificado su creación.

El PP considera “precipitado, injusto y arbitrario” el anuncio realizado este jueves por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de llevar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de este viernes el cese de un asesor del grupo municipal del PP, en referencia a Luis Salom, investigado dentro de la 'Operación Taula', derivada del caso Imelsa.

Ribó ha anunciado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento suspenderá este viernes a Luis Salom tras seguir imputado después de su declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga esta causa.

Fuentes populares sostienen que el alcalde, con su decisión, “no respeta ni la presunción de inocencia, ni el derecho a la defensa, ni los tiempos del procedimiento judicial” y añaden que, en estos momentos, “no existe ninguna resolución o auto del juez que cambie la situación judicial del citado asesor”.

A juicio de las mismas fuentes, “la arbitrariedad, la falta de equidad, el ventajismo y las prisas” de la decisión del alcalde “para hacer de estos hechos una causa general contra el PP, queda patente cuando en la Diputación y en la Generalitat su partido, Compromís, mantiene coaliciones con formaciones políticas que tiene imputados entre sus cargos públicos y asesores, como el caso del socialista y exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, investigado por malversación de caudales públicos, prevaricación y por un delito contra la Hacienda pública”.

Asimismo, las fuentes populares consideran que el cese del asesor “podría comportar una ilegalidad y declararse improcedente por no estar motivado”.

La 'operación Taula' puede terminar, de momento, con la carrera política del asesor más polémico del Ayuntamiento de Valencia. El alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha anunciado tras la junta de gobierno de este jueves la destitución del asesor del PP, Luis Salom, al seguir como imputado por blanquear presuntamente dinero negro procedente de mordidas.

Pero Ribó no tomará la medida de forma directa. Como ocurrió con la secretaria del grupo municipal detenida en la macrorredada del PP, Mari Carmen García Fuster, el alcalde ha pedido a la portavoz de los populares de la ciudad, Mari Àngels Ramón-Llin, que sea el propio grupo municipal del PP el que registre el cese del asesor.

Según la investigación, Salom habría propuesto lavar el dinero recibido en negro por los concejales y los asesores tras hacer las donaciones en la campaña a través de compras en grandes almacenes. Una vez efectuada la adquisición, a los pocos días se acudía para devolver el objeto y pedir que se le retornara el dinero en billetes pequeños. La justicia, además, investiga al cargo de confianza del PP por acceder a los juzgados a declarar por una puerta restringida. Lo mismo que hizo la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en sus declaraciones por el caso Nóos.

Salom también es conocido por sus controvertidas acciones desde el Ayuntamiento de Valencia y por su elevada actividad en las redes sociales. Su última polémica en las redes fue respecto al sueldo del concejal y diputado provincial de València en Comú, Roberto Jaramillo. También registró la marca Guanyem, con la que se iba a presentar la confluencia encabezada por Ada Colau en Barcelona.

La Dirección General de Justicia de la Generalitat ha abierto una investigación interna sobre el acceso al edificio que alberga los juzgados de Valencia de una de las personas citadas a declarar en el Juzgado de Instrucción 18 de la capital, en el marco de la denominada 'operación Taula'.

La investigación se abre para determinar si uno de los interrogados este miércoles, Luis Salom, logró acceder al edificio judicial de forma irregular, es decir, por una puerta distinta a la principal, que es la utilizada por todos los ciudadanos que acuden a dicha sede por cualquier motivo, incluida su citación judicial, y sin que afecte para ello el motivo por el que hayan sido convocados por el juez correspondiente. Así lo ordena una directriz dictada hace tiempo por el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, según un comunicado de la Generalitat.

Asimismo, se va a investigar si Salom y su abogado pudieron acceder al edificio a través del juzgado de guardia. El pasado mes de septiembre, la Dirección General de Justicia ordenó la clausura del acceso que une esas dependencias con el resto del edifico por razones de seguridad.

La indagación abierta trata de verificar si esa fue la vía utilizada por Salom y su letrado para acceder a la Ciudad de la Justicia y, en caso positivo, qué falló para que haya podido producirse tal hecho, a los efectos de depurar las correspondientes responsabilidades si las hubiera.

Alfonso Novo, el presidente y portavoz del PP en Valencia, suspendido de militancia tras su imputación en la Operación Taula, también ha declarado este miércoles ante el juez que instruye el caso. En su caso, ha entrado y salido por la puerta principal, la preceptiva, sin poder eludir a los medios de comunicación apostados para conocer su opinion sobre el caso de corrupción que afecta a su partido. Salom, asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha protagonizado varias trifulcas en redes sociales y registró, impidiendo su uso en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, la marca Guanyem en Valencia y Barcelona.

Los 24 detenidos y cinco imputados por la trama corrupta supuestamente desarrollado desde el PP de Valencia están acusados de varios delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. No, de momento, de financiación ilegal. Eso podría cambiar pronto.

La investigación del caso Imelsa u Operación Taula se desarrolla por muchas vías, una de ellas, los ingresos aparentemente irregulares del PP. Según El Confidencial,varias instituciones controladas por los populares cobraban comisiones ilegales del 3% a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Ese modus operandi ha podido ser habitual en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.

Eso explicaría que la única petición de prisión de la fiscalía haya sido para Carmen García Fuster, las imputaciones de cuatro miembros del PP local con acceso a las cuentas y el mensaje insistente que llega desde los investigadores: Rita Barberá, ahora senadora, y Gerardo Camps, exvicepresidente de la Generalitat y ahora diputado en el Congreso, podrían estar implicados en el asunto.

Financiación ilegal y blanqueo de dinero

García Fuster, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, controlaba las cuentas del partido en la ciudad. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión -no atendido por el juez, que la ha dejado en libertad con cargos- por las supuestas irregularidades en las finanzas de la formación.

La mano derecha de Barberá pudo urdir o participar de un burdo sistema para blanquear dinero procedente, presuntamente, de donaciones ilegales o mordidas en la adjudicación de contratos: concejales o trabajadores del partido transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recibían, para no dejar rastro, en billetes de 500. El PP niega esa práctica.

La tesis de la Fiscalía es que las comisiones ilegales -ese supuesto 3%- obtenidas mediante la adjudicación de contratos públicos servían para lucrar a miembros de la trama y para engrasar con dinero negro el funcionamiento del partido. La Audiencia Nacional juzgará la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana por otro caso sonado, Gürtel. En él está imputado David Serra, exnúmero dos del partido, también investigado en la Operación Taula.

Los imputados, con acceso a las cuentas

El resto de imputados del PP de Valencia estarían sujetos a investigación por su acceso a las cuentas del partido. Alfonso Novo, como presidente del partido; María José Pi, como administrativa del grupo popular en el Ayuntamiento, y Luis Salom, como asesor. Todos han declarado ante la Guardia Civil a la espera de comparecer ante el juez. Los otros miembros del PP detenidos en la operación, la exconcejal María José Alcón y su exasesor, Pedro Aracil, fueron detenidos por los indicios de su implicación en el cobro de comisiones, sin perjuicio de su participación en la supuesta financiación ilegal.

El papel de Barberá

Los investigadores apuntan que Gerardo Camps y Barberá, en el senado tras 24 años (1991-2015) en la alcaldía, podrían ser salpicados por el caso. Esquerra Unida, el partido que destapó el caso, cree que la senadora estaría imputada de no tener la condición de aforada por su pertenencia a la cámara alta. No se le podría investigar sin el preceptivo permiso del Tribunal Supremo. De momento, la exalcaldesa guarda silencio.

Los registros que realizó la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valencia este martes no se centraron solo en el caso Imelsa. Según ha revelado este miércoles el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), los agentes reclamaron al consistorio información acerca el caso 'Ritaleaks', donde se investigan gastos suntuosos de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), cargados al erario público, un posible fraccionamiento de contratos públicos y también la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia. Eso estrecha aún más el cerco sobre la actual senadora, ya que esa investigación la afectaría más directamente. 

Acompañado de los portavoces de los dos socios de gobierno de Compromís, Joan Calabuig (PSPV-PSOE) y Jordi Peris (València en Comú), Ribó ha pedido a Barberá que “asuma su responsabilidad política”, ya que “se ha estrechado el cerco sobre sus colaboradores más cercanos”. Y ha lanzado una pregunta: “Si ella era la 'jefa', si controlaba con mano férrea el Ayuntamiento, ¿como es que no conocía lo que hacían sus tenientes alcalde y concejales?”. 

Pese a que ha criticado que esta operación “destruya en un día la recuperación de la buena imagen para Valencia” y ha añadido que “supone un problema añadido para reclamar inversiones al Gobierno central”, el alcalde ha considerado “innecesario” crear una comisión de investigación, tal como pedía el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner. “El tema está judicializado, y, por tanto, debemos dejar trabajar a la justicia y actuar con cautela”. Compromís, en cambio, en las Corts Valencianes sí que ha reclamado la creación de una comisión para investigar el escándalo. Así lo ha anunciado su portavoz parlamentario, Fran Ferri.

Ribó, sin embargo, ha pedido al líder del PP de Valencia e imputado en la operación, Alfonso Novo, que dimita como portavoz del grupo municipal popular. “Que se mantenga como portavoz lastra la imagen del Ayuntamiento”, ha afirmado. Desde el gobierno municipal también se ha pedido al grupo municipal popular que cese a los dos asesores imputados. “El gobierno local tomará las decisiones correspondientes para cesarlos si no lo hace el PP”, ha sentenciado Ribó. 

En la macrorredada policial que está sacudiendo el PP valenciano no solo hay detenidos. También hay imputados. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha imputado -ahora investigado tras la nueva denominación tras la reforma de la ley de enjuiciamiento judicial- al asesor del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom, conocido por sus polémicas a través de la red social Twitter. Junto a él, también está imputado el líder del PP de Valencia ciudad y exconcejal de Urbanismo, Alfonso Novo. Ambos deberán comparecer en el juzgado este miércoles, según ha confirmado Novo en declaraciones a Europa Press.

Novo que ha calificado de “rastrera” a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra (Compromís), por sus declaraciones, ha expresado su estupor por la citación del juzgado. “No sabemos porque estamos investigados”, ha afirmado en referencia al asesor también. El líder del PP en la ciudad de Valencia ha asegurado que “no piensa dimitir de sus cargos orgánicos”. Y ha confirmado que los agentes han bloqueado correos electrónicos del grupo municipal y han registrado tres ordenadores.

Salom, responsable de varias campañas digitales del PP, dice ser técnico superior de administración de sistemas informáticos y estar afiliado al partido desde 2003. Bloqueó durante tres semanas su cuenta de Twitter tras la dura derrota de su formación en las elecciones de mayo aludiendo a las numerosas descalificaciones que recibía. En junio de 2015 ya había publicado más de 100.000 tuits. Y, aunque su actividad no es accesible para decenas de usuarios a los que tiene bloqueados, parece que sigue agitando en el ciberespacio.

Su última controversia en las redes fue respecto al sueldo del concejal y diputado provincial de València en Comú, Roberto Jaramillo. También registró la marca Guanyem, con la que se iba a presentar la confluencia encabezada por Ada Colau en Barcelona. En los últimos días alardeaba de que el PP expulsa “a los delincuentes”.

Roberto Jaramillo, edil de València en Comú, ha portat al jutjat el PP de València i un dels seus assessors, Luis Salom, cèlebre per la seua hiperactivitat i agressivitat en xarxes socials, per una pretesa vulneració del seu dret a l’honor. El regidor a València per la marca que té el suport de Podem ha presentat un acte de conciliació en el jutjat. Si els denunciats no rectifiquen, presentarà una demanda. Hi demanarà 20.000 euros d’indemnització al PP i 5.000 a Salom. Jaramillo dedicarà les compensacions, si es concedeixen, a organitzacions socials.

L’origen de la iniciativa judicial rau en les afirmacions fetes pel PP i secundades per Salom al voltant del patrimoni de Jaramillo. Aquest, un estudiant d’enginyeria enrolat en política arran de la seua implicació primerenca en el fenomen Podem, va presentar una primera declaració en què declarava que tenia zero euros: ni un duro en bancs ni cap patrimoni. 

Posteriorment, complint la seua obligació legal, va actualitzar la declaració: tenia una mitjana de 200 euros en compte corrent, producte de la seua remuneració com a regidor en l’equip de govern de València. El PP, no obstant això, basant-se en el que es recollia en el Butlletí Oficial de la Província, va posar en dubte la veracitat del seu patrimoni. Els tuits de la discòrdia es poden veure ací.

“És absolutament fals que jo haja ocultat patrimoni i la meua declaració de béns s’ajusta del tot a la realitat”, assegura Jaramillo. “No es poden tolerar aquest tipus d’infàmies en què se m’atribueix la comissió d’un delicte”. Segons Jaramillo, amb aquests tuits, “el PP i Salom només han pretés danyar el meu honor i denigrar-me davant dels meus conveïns amb informacions falses”.

Salom va ser acusat de xantatge per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per haver registrat la marca Guanyem a València.

Roberto Jaramillo, edil de València en Comú, ha llevado al juzgado al PP de Valencia y uno de sus asesores, Luis Salom, célebre por su hiperactividad y agresividad en redes sociales, por una supuesta vulneración de su derecho al honor. El concejal en Valencia por la marca apoyada por Podemos ha presentado un acto de conciliación en el juzgado. Si los denunciados no rectifican, presentará una demanda. En ella pedirá 20.000 euros de indemnización al PP y 5.000 a Salom. Jaramillo dedicará las compensaciones, en caso de ser concedidas, a organizaciones sociales.

El origen de la iniciativa judicial está en las afirmaciones hechas por el PP y secundadas por Salom alrededor del patrimonio de Jaramillo. Éste, un estudiante de ingeniería enrolado en política tras su implicación temprana en el fenómeno Podemos, presentó una primera declaración en la que declaraba poseer 200 euros: ni un duro más en bancos ni patrimonio alguno.

El PP, sin embargo, en base a lo recogido por el Boletín Oficial de la Provincia, que recogía cero euros de patrimonio, puso en duda la veracidad de su patrimonio. Los tuits de la discordia se pueden ver aquí. Jaramillo siempre intentó explicar que la alusión en un documento oficial a cero euros de patrimonio se debió a un error.

“Es absolutamente falso que yo haya ocultado patrimonio y mi declaración de bienes se ajusta por completo a la realidad”, asegura Jaramillo. “No se puede tolerar este tipo de infamias en las que se me atribuye la comisión de un delito”. Según Jaramillo, con estos tuits, “el PP y Salom solo han pretendido dañar mi honor y denigrarme ante mis convecinos con informaciones falsas”.

Salom fue acusado de chantaje por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por registrar la marca Guanyem en Valencia. El PP no ha querido dar su opinión a este periódico sobre el asunto.

Tras la marcha de la exalcaldesa Rita Barberá al Senado, los populares en la ciudad de Valencia, ahora presididos por el concejal Alfonso Novo, parecen desorientados. A falta de un líder que vuelva a relanzar al partido y defina una estrategia de oposición que les permita recuperar el terreno electoral perdido, los grandes gestos contra el actual tripartito no han tenido el efecto deseado. O se convierten en ridículos como el protagonizado esta semana a cuenta del coste de la reforma del despacho en alcaldía. Estos son cinco de las 'pifias' más sonadas en lo que va de mandato.

-El misterio de la bandera de España del puerto. La primera pifia de los populares de Valencia se produjo a los pocos días de la toma de posesión de Joan Ribó (Compromís) como nuevo alcalde de Valencia. Fue a mediados del mes de junio cuando uno de los antiguos asesores del PP de Rita Barberá acusó a Ribó vía Twitter de eliminar la gran bandera de España que ondea junto a una senyera en la marina del puerto de Valencia. Sin embargo, el temporal que azotó a la ciudad aquellos días jugó una mala pasada al asesor popular, ya que en realidad la enseña española se había quedado enrollada en el mástil, como demostraron con imágenes otros usuarios de la red social.

- El insuficiente azul de la Senyera. Un mes después, otra bandera, en este caso la senyera, fue motivo de airadas críticas por parte de varios ediles y asesores del PP de Valencia, durante la Batalla de Flores. El equipo de gobierno municipal que preside Ribó decidió eliminar de las vallas las banderas de España, para cubrirlas en su totalidad con varias senyeras unidas. Varios fueron los reproches de los populares, a cada cual más surrealista. Desde que se perseguía crear un efecto óptico en el que mandaran exclusivamente las barras amarillas y rojas, hasta que la intención era minimizar el ancho del azul de la bandera para que se viese lo menos posible. Oposición de altos vuelos.

-El concejal que quería ocultar sus 200 euros. La red social Twitter fue escenario una vez más de otro conflicto, con el asesor del PP de Valencia más polémico como protagonista. El pasado 31 de octubre, Luis Salom se basó en la declaración de bienes que hizo el concejal de València en Comú Roberto Jaramillo nada más acceder al cargo, para acusarle de mentir al no constar ningún patrimonio tanto en metálico como en inmuebles, ni ninguna deuda a su nombre. Jaramillo, quien renunció a su sueldo como diputado provincial en la Diputación de Valencia, es estudiante y vive con sus padres, por lo que en aquel momento no tenía patrimonio alguno, tal y como argumentó la directiva de Podemos. Sin embargo, tras actualizar su declaración de bienes ya constaban 200 euros de media en su cuenta corriente en virtud de su retribución como edil de Valencia. Salom, que cobra 4.000 euros al mes como asesor del PP, puso en duda la veracidad de la declaración de Jaramillo en virtud de lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

-Primeras noticias de que la senyera ya era BIC desde 1962. Desde el PP, se quería forzar al ejecutivo de Ribó en polémicas como el de las banderas. Se buscaba o bien que se uniera a sus pretensiones de declarar de Bien de Interés Cultural (BIC) la enseña valenciana, y así se destacaba su iniciativa a su cargo, o bien retrataban el no apoyo del tripartito con la controversia consecuente sobre el no respeto a los símbolos por parte del nuevo gobierno local. Sin embargo, la moción se quedó en papel mojado. ¿La razón? Desde Compromís mostraron un certificado realizado por la Conselleria de Cultura en la que determinaba que la senyera ya era BIC desde 1962. De apuntarse un tanto, los populares quedaron como desconocedores de la protección que tenía la bandera valenciana.

-El gran despilfarro de Ribó... firmado por el PP. Era una denuncia destinada a romper la austeridad pregonada por el alcalde Joan Ribó. Vicente Igual, edil del PP, denunciaba este miércoles que el tripartito se había gastado 40.000 euros en reformar el despacho de alcaldía. Y que el nuevo equipo municipal se había ocupado de “ocultar”. Sin embargo, del éxito de esta denuncia se paso a la vergüenza al explicar el concejal de régimen interno, Sergi Campillo, que la reforma aprobada no era para la alcaldía de Valencia, sino para la pedanía de Castellar-l'Oliveral. Es más, según aclaró Campillo, el expediente lo firmó en 2014 el mismo edil que lo denunciaba. Y los números de ese gasto eran justos los desvelados por Igual. El coste de la reforma ejecutada en el despacho del alcalde ha sido de cerca de 14.000 euros realmente.

Luis Salom, l’assessor del PP cèlebre per la seua hiperactivitat i agressivitat en les xarxes socials, no para. Ha tingut una altra baralla digital, ara amb Roberto Jaramillo, membre de Podem, regidor de València en Comú en l’ajuntament presidit per Joan Ribó i diputat provincial. Salom ha acusat Jaramillo de mentir amb la seua declaració de béns.

La disputa en Twitter ha vingut al cas de les declaracions de béns de Jaramillo. Aquest, un estudiant d’enginyeria enrolat en política després de la seua implicació primerenca en el fenomen Podem, va presentar una primera declaració en què declarava que tenia zero euros i un duro en bancs ni cap patrimoni. “Lamentablement, com la majoria de la seua generació, Roberto és un jove que viu amb els pares i que no té béns, ingressos o patrimoni”, va dir Podem al seu dia.

Posteriorment, va actualitzar la seua declaració: tenia una mitjana de 200 euros en un compte corrent, producte de la remuneració com a regidor en l’equip de govern de València. El PP, no obstant això, basant-se en el que havia recollit el Butlletí Oficial de la Província, va posar en dubte la veracitat del seu patrimoni.

Jaramillo va reaccionar indignat davant de les crítiques i va acusar els populars de difamar-lo. Ha renunciat al sou en la diputació i ara està enfrontat a la direcció de Podem a València per la destinació de la part del sou que els càrrecs d’aquest partit cedeixen a tercers. Salom, que cobra 4.000 euros mensuals per la seua tasca com a assessor, no es creu l’edil de València en Comú. Va intentar demostrar la seua tesi al·ludint a diversos exemples i recuperant el seu conegut esperit guerrer. Ha mantingut disputes ben sonores amb Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, o Ana Pastor, presentadora de televisió. Fins i tot va registrar la marca Guanyem, per la qual cosa va rebre acusacions d’extorsió de la mateixa Ada Colau.

Responsable de diverses campanyes digitals del PP, Salom diu que és tècnic superior d’administració de sistemes informàtics i que està afiliat al partit des del 2003. Va bloquejar el seu compte de Twitter després de la dura derrota de la seua formació en les eleccions del maig al·ludint a les nombroses desqualificacions que rebia. La seua comunicació en la xarxa de micromissatges està vetada ara per als desconeguts. Al juny del 2015 ja havia publicat més de 100.000 piulades. I, encara que la seua activitat ara no és publica, sembla que continua agitant en el ciberespai.

Luis Salom, el asesor del PP célebre por su hiperactividad y agresividad en redes sociales, no para. Ha tenido una nueva trifulca digital, ahora con Roberto Jaramillo, miembro de Podemos, concejal de València en Comú en el ayuntamiento presidido por Joan Ribó y diputado provincial. Salom ha acusado a Jaramillo de mentir con su declaración de bienes.

La disputa en Twitter ha venido a cuenta de las declaraciones de bienes de Jaramillo. Éste, un estudiante de ingeniería enrolado en política tras su implicación temprana en el fenómeno Podemos, presentó una primera declaración en la que declaraba poseer cero euros: ni un duro en bancos ni patrimonio alguno. “Lamentablemente, como la mayoría de su generación, Roberto es un joven que vive con sus padres y que no tiene bienes, ingresos o patrimonio”, dijo Podemos en su día.

Posteriormente, actualizó su declaración: tenía una media de 200 euros en cuenta corriente, producto de su remuneración como concejal en el equipo de gobierno de Valencia. El PP, sin embargo, en base a lo recogido por el Boletín Oficial de la Provincia, puso en duda la veracidad de su patrimonio.

Jaramillo reaccionó indignado ante las críticas, acusando a los populares de difamar. Ha renunciado a su sueldo en la diputación y ahora está enfrentado a la dirección de Podemos en Valencia por el destino de la parte del sueldo que los cargos de ese partido ceden a terceros. Salom, que cobra 4.000 euros al mes por su labor como asesor, no cree al edil de València en Comú. Intentó demostrar su tesis aludiendo a varios ejemplos y recuperando su conocido espíritu guerrero. Ha mantenido sonoras disputas con Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, o Ana Pastor, presentadora de televisión. Incluso registró la marca Guanyem, por lo que recibió acusaciones de extorsión de la mismísima Ada Colau.

Responsable de varias campañas digitales del PP, Salom dice ser técnico superior de administración de sistemas informáticos y estar afiliado al partido desde 2003. Bloqueó durante tres semanas su cuenta de Twitter tras la dura derrota de su formación en las elecciones de mayo aludiendo a las numerosas descalficaciones que recibía. En junio de 2015 ya había publicado más de 100.000 tuits. Y, aunque su actividad no es accesible para decenas de usuarios a los que tiene bloqueados, parece que sigue agitando en el ciberespacio.