El Grupo Parlamentario Compromís ha iniciado una ofensiva parlamentaria para fiscalizar hasta el último euro destinado a las oficinas de los antiguos jefes del Ejecutivo valenciano. A través de su síndic, Joan Baldoví, la formación ha registrado una solicitud formal ante el Consell para obtener copia literal de todas las facturas, tiques y documentos que justifiquen los gastos en dietas, alojamientos y desplazamientos de todos los expresidentes entre 2023 y 2026. Esta reclamación se produce después de que saliera a la luz el elevado gasto en combustible de Francisco Camps, cuyo coche oficial generó una factura de 13.076,65 euros en 2024 y ascendió a 14.774,40 euros en 2025.

Baldoví ha calificado la situación de “descontrol total”, denunciando que mientras los valencianos sufragan sueldos de 75.000 euros a los exmandatarios, también deben hacerse cargo de por vida de gastos corrientes como comidas, chóferes las 24 horas y asesores vitalicios. La coalición ha puesto el foco en la necesidad de transparencia, exigiendo el desglose por mes y subconcepto de los consumos de los vehículos asignados, incluyendo no solo la gasolina y los peajes, sino también los servicios de limpieza.

El coste de mantenimiento de estas estructuras es una de las principales críticas de la formación, que cifra en casi un millón de euros el gasto previsto para las oficinas de los expresidentes solo durante el año 2026. Según los cálculos de Compromís, el gasto acumulado desde la creación de estos organismos alcanzará los 8,5 millones de euros al finalizar el presente ejercicio, una cifra que consideran inasumible y propia de un sistema de “privilegios” que debe ser reformado.

Ante lo que consideran un uso injustificado de recursos públicos, Compromís insiste en modificar la Ley de Expresidentes para que la Generalitat solo cubra necesidades logísticas puntuales y debidamente acreditadas. La propuesta de la coalición busca acabar con las oficinas permanentes y el gasto discrecional, limitando el apoyo institucional a actos específicos vinculados con la condición de expresidente o la promoción del autogobierno, evitando así que los ciudadanos costeen de forma vitalicia gastos que el síndic ha tildado de desorbitados.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que “la batalla con Mónica Oltra por la ciudad de València es muy apetecible”, pero se sigue postulando para liderar el PP valenciano y presentarse como candidato a la Generalitat.

En una rueda de prensa celebrada en su despacho en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el expresident ha señalado que le parece “de lo más interesante luchar contra Oltra y Pilar Bernabé”, a quienes ha calificado como “destructoras de libertad y democracia”.

“Han pasado cosas muy interesantes en los últimos días: tenemos nueva candidata de Compromís al Ayuntamiento de València”, ha señalado Camps al ser preguntado por Oltra.

Sin embargo, el expresident ha reiterado “su ilusión” de ser presidente del Partido Popular, para lo que reclama “constantemente” -ha asegurado- la celebración del congreso regional del partido y después presentarse a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, ha asegurado que el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, a quien ha calificado como “un personaje histriónico y menor”, “le ha metido en campaña”, en referencia a la polémica por el gasto de combustible de su coche oficial.

“Si los de Compromís han decidido que entre en campaña, que sepan que, en estos momentos, Martes Santo por la tarde, vuelvo a estar ya en campaña”, ha subrayado Camps.

En este sentido, el expresident ha aclarado que su único partido es el Partido Popular: “Siempre seré político a las órdenes del PP” y ha añadido: “El líder del PP tiene que dar la sensación de que quiere y de que puede ganar por mayoría absoluta. Este partido no se merece a nadie que no tenga esa capacidad y ese sentimiento”.

No por esperado ha generado menos sorpresa. El anuncio realizado este sábado por la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de liderar la candidatura de Compromís a la alcaldía de València ha puesto patas arriba el tablero político en la tercera ciudad de España. Este 28 de marzo de 2026 marca el inicio de la carrera por conquistar el que fuera el segundo gran bastión de los gobiernos del cambio de 2015 —solo superado en población por la Barcelona de Ada Colau—.

Se avecinan unos comicios que pueden ser de los más interesantes del país: la distancia entre los bloques de izquierda y derecha es de un concejal y todos los partidos presentan a sus mejores candidatos. Y aún puede haber más sorpresas.

Mónica Oltra demostró este sábado que, pese al juicio pendiente —aún sin fecha— por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido, una causa sostenida únicamente por acusaciones impulsadas por la extrema derecha, ha dedicado los cuatro años fuera de la política a reflexionar, observar su entorno e identificar las recetas necesarias para vencer “desde el amor” a unos ultras que considera “envalentonados”.

Oltra es consciente de que se enfrentará a un proceso judicial complejo, probablemente agravado por la llamada pena de banquillo, pero también sabe que del infierno se puede volver. Y tiene como espejo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: el político brasileño resurgió tras pasar por la cárcel por graves acusaciones que acabaron desacreditadas y terminó ganando a la extrema derecha en su país. “Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy”, dijo el actual presidente brasileño al vencer a Bolsonaro en 2022.

La exvicepresidenta será la candidata de Compromís, pero nadie duda de que aspira también a convertirse en la referencia de todas las izquierdas situadas a la izquierda del PSOE. También del denominado “espacio de ruptura”: sectores que se sienten cada vez más perdedores del sistema y que actualmente migran en masa hacia opciones como Vox o Se Acabó la Fiesta (SALF).

Será clave ver cómo la coalición valencianista articula una lista unitaria en la que Podemos y Esquerra Unida —ambos sin representación en València— se sientan cómodos y remen en la misma dirección. Tampoco tienen muchas más opciones puesto que las encuestas les siguen situando fuera del ayuntamiento y con intenciones de voto que no superan los 10.000 sufragios, que parecen pocos pero que pueden dar un vuelco electoral si entran en la urna adecuada.

Oltra se medirá a dos de las políticas valencianas en mejor momento. Por un lado, la actual alcaldesa de València, María José Catalá, la candidata más votada en 2023 y persona de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en la Comunitat Valenciana. Tal es la confianza del líder popular en la dirigente de Torrent que llegó a considerarla como posible sucesora de Carlos Mazón en la Generalitat para tratar de contener la crisis de la dana, que hundió al PP valenciano en las encuestas.

Por otro lado, los socialistas estarán encabezados por la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, una de las dirigentes con mayor proyección del PSPV-PSOE. Su papel durante la dana la catapultó a la escena mediática nacional y, junto a Oltra, es una de las pocas figuras capaces de hacerse un hueco en los grandes medios.

En la izquierda habrá casi con toda seguridad dos listas, pero el principal problema para Catalá puede surgir por la derecha. Vox estudia presentar a otro perfil muy conocido: el ex torero y exvicepresidente de la Generalitat con Carlos Mazón, Vicente Barrera. Barrera ha tomado el control del partido en València y cuenta con una notable notoriedad pública.

Queda por ver si Se Acabó la Fiesta presenta candidato y si Ciudadanos conserva aún suficiente estructura para concurrir en la capital, donde podría arañar algunos —aunque pocos— votos moderados.

Quien podría dinamitar el bloque de la derecha es Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat lleva meses reclamando un congreso en el PP de la Comunitat Valenciana para volver a las “mayorías absolutas”, pero ha sido completamente ninguneado por la actual dirección.

Si no le permiten competir internamente ni reconocen su legado, Camps podría optar por impulsar una candidatura independiente. No lo ha verbalizado públicamente, pero es consciente de que donde más opciones tendría sería en la ciudad de València, donde podría aglutinar tanto a descontentos del partido como a parte del electorado más afín a la desaparecida Rita Barberá.

Y Camps sabe que hay partido y estaría encantado de medirse con dos de las políticas de las que más recela: Mónica Oltra y María José Catalá. Algunos sondeos, al preguntar por la posibilidad de que el expresidente concurra con una candidatura propia, le otorgan hasta 30.000 votos. Esa cifra podría traducirse en un par de concejales y, sobre todo, en una fragmentación del voto de la derecha que ni la actual alcaldesa ni Vox pueden permitirse.

Esos mismos sondeos —distintos del interno de Compromís que preguntaba por Mónica Oltra— apuntan a un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha. Lo que significa que la candidata que obtenga más votos entre Compromís y el PSPV-PSOE tendrá serias opciones de convertirse en alcaldesa de València. València será la gran batalla política de España.

L’enquesta que pretén rellançar Francisco Camps al lideratge del PP valencià dona una victòria històrica a Compromís, l’única força a l’esquerra del PSPV-PSOE en el parlament autonòmic. En ple debat estatal sobre les aliances de les formacions amb implantació territorial i els partits d’esquerra alternativa, l’expresident valencià situa la coalició valencianista amb millors resultats que els que van propiciar el govern de coalició d’esquerres, l’anomenat Consell del Botànic, que va dirigir la Comunitat Valenciana entre el 2015 i el 2023.

L’enquesta, feta a petició de Camps per NC Report a partir de 1.500 entrevistes a ciutadans entre el 2 i el 18 de febrer, porta bones notícies per a la coalició valencianista. Els situa amb 20 escons, cinc per damunt del que tenen en l’actualitat, i un més que el 2015, el seu millor resultat en unes eleccions autonòmiques.

L’estudi sosté que Camps és el millor candidat per a mobilitzar els militants i els afiliats del PP, per davant de l’actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, i de l’alcaldessa de València, María José Catalá, assenyalada com la favorita de la direcció del PP davant la pugna interna passada. L’empremta de l’exdirigent en la Generalitat, associada als anys de megalomania i a la trama Gürtel —encara que ha sigut absolt en totes les causes— seria també un factor mobilitzador per a l’esquerra, com a reacció.

L’enquesta també pronostica un creixement disparat de Vox, que es menja el que perd el PP. La ultradreta pujaria de 13 a 21 diputats, passant d’un 12% de vots a un 18,9%; mentre que el PP passaria de 40 a 31 escons, d’un 35% al 30%. Els socialistes els fa baixar 4 diputats, dels 31 actuals a 27, prop d’un 4% del vot.

La lectura de Camps coincideix amb les dues últimes enquestes de l’esquerra. L’estudi demoscòpic de Compromís, amb 1.025 entrevistes telefòniques i en línia, situa els ultres de Vox com la força més votada, amb el 24,4% dels sufragis i entre 25 i 26 escons, i els valencianistes com segona força més votada, amb el 23,7% dels vots i també entre 25 i 26 escons. Aquesta enquesta va donar al PSPV entre 24 i 25 escons, els mateixos que al PP.

Dos mesos abans, el PSPV va elaborar un sondeig intern amb resultats similars. Es va elaborar amb 1.800 enquestats i poc abans de la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, l’octubre del 2025, just en l’aniversari de la dana. Les dades que manegen els socialistes els donaven 30 escons, només un menys dels que tenen actualment; situaven Compromís amb 20 escons, Vox amb 22 i el PP amb 27.

Les tres enquestes, fetes en l’últim quadrimestre en diferents moments, tenen diversos punts en comú: el PP es desploma, Vox creix com l’espuma, Compromís millora els seus resultats i el PSPV tindria una caiguda lleu.

L’estudi demoscòpic de Camps assenyala a més que l’expresident és el dirigent polític amb més grau de coneixement per part dels ciutadans, amb un 82,5%. Dona al dirigent de Compromís Joan Baldoví un 53,1% de coneixement i a la socialista Diana Morant un 51,2%. Camps no pregunta per dirigents de Vox.

La encuesta que pretende relanzar a Francisco Camps al liderazgo del PP valenciano da una victoria histórica a Compromís, la única fuerza a la izquierda del PSPV–PSOE en el Parlamento autonómico. En pleno debate estatal sobre las alianzas de las formaciones con implantación territorial y los partidos de izquierda alternativa, el expresidente valenciano sitúa a la coalición valencianista con mejores resultados que los que propiciaron el gobierno de coalición de izquierdas, el llamado Consell del Botànic, que dirigió la Comunitat Valenciana entre 2015 y 2023.

La encuesta, realizada a petición de Camps por NC Report a partir de 1.500 entrevistas a ciudadanos entre el 2 y el 18 de febrero, trae buenas noticias para la coalición valencianista. Les sitúa con 20 escaños, cinco por encima de lo que tienen en la actualidad, y uno más que en 2015, su mejor resultado en unas elecciones autonómicas.

El estudio sostiene que Camps es el mejor candidato para movilizar a los militantes y afiliados del PP, por delante del actual presidente, Juan Francisco Pérez Llorca, y de la alcaldesa de València, María José Catalá, señalada como la favorita de la dirección del PP ante la pasada pugna interna. La huella del exdirigente en la Generalitat, asociada a los años de megalomanismo y a la trama Gürtel –aunque ha sido absuelto en todas las causas– sería también un factor movilizador para la izquierda, como reacción.

La encuesta también pronostica un crecimiento disparado de Vox, que se come lo que pierde el PP. La ultraderecha subiría de 13 a 21 diputados, pasando de un 12% de votos a un 18,9%; mientras que el PP pasaría de 40 a 31 escaños, de un 35% al 30%. A los socialistas les hace bajar otros 4 diputados, de los 31 actuales a 27, cerca de un 4% del voto.

La lectura de Camps coincide con las dos últimas encuestas de la izquierda. El estudio demoscópico de Compromís, con 1.025 entrevistas telefónicas y online, sitúa a los ultras de Vox como fuerza más votada, con el 24,4% de los sufragios y entre 25 y 26 escaños, y a los valencianistas como segunda fuerza más votada ,con el 23,7% de los votos y también entre 25 y 26 escaños. Esta encuesta le dio al PSPV entre 24 y 25 escaños, los mismos que al PP.

Dos meses antes, el PSPV elaboró un sondeo interno con resultados similares. Se elaboró con 1.800 encuestados y poco antes de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, en octubre de 2025, justo en el aniversario de la dana. Los datos que manejan los socialistas les daban 30 escaños, solo uno menos de los que tienen actualmente; situaban a Compromís con 20 escaños, a Vox con 22 y al PP con 27.

Las tres encuestas, realizadas en el último cuatrimestre en distintos momentos, tienen varios puntos en común: el PP se desploma, Vox crece como la espuma, Compromís mejora sus resultados y el PSPV tendría una caída leve.

El estudio demoscópico de Camps señala además que el expresidente es el dirigente político con mayor grado de conocimiento por parte de los ciudadanos, con un 82,5%. Da al dirigente de Compromís Joan Baldoví un 53,1% de conocimiento y a la socialista Diana Morant un 51,2%. Camps no pregunta por dirigentes de Vox.

Tot va començar sobre una pista de pàdel. La data: setembre de 2003. L'escenari: el palau de Marivent, la residència estiuenca dels reis que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se en espai només reservat al poder. Entre els seus murs, Jaume Matas i Iñaki Urdangarin es van intercanviar cops de dreta, però també alguna cosa més: cada cop anava afinant una relació de confiança de conseqüències encara imprevisibles. L'home que en aquell moment era duc de Palma havia convidat qui recentment iniciava el seu segon mandat al capdavant del Govern balear per abordar de manera informal projectes futurs, el preludi d'un negoci que acabaria cristal·litzant en un dels majors escàndols de corrupció, esquerdant al seu pas la imatge pública llaurada per la Casa Reial fins aleshores.

Més de vint anys després d'aquella trobada -que tant un com l'altre van narrar en dependències judicials- i transcorreguda una dècada des que arrencàs el judici del cas Nóos -el nom amb què Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres van agrupar el seu entramat societari-, les entrevistes que l'exduc ha concedit les últimes setmanes amb motiu de la pròxima publicació del seu llibre Tot allò viscut han tornat al primer pla els interrogants que durant anys van sobrevolar les indagacions: quant diners públic va sortir de les arques autonòmiques, quina part es va considerar il·lícita i si, finalment, les administracions han recuperat aquestes quantitats. Urdangarin defensa que ja ha pagat pel que se'l va jutjar, però lamenta que l'estigma continua projectant-se sobre el seu nom.

L'estructura de Nóos va emergir d'entre els ingents papers del cas Palma Arena, la macrocausa en què l'aleshores jutge José Castro va concentrar les seves investigacions al voltant de les obres faraòniques -marca personal del president autonòmic que venia de ser ministre de Medi Ambient-, les adjudicacions irregulars i els contractes a dit que va patrocinar Matas durant la seva segona legislatura (2003-2007). La trama ordida al voltant de l'Institut Nóos, articulada com un mecanisme de captació de diners públic mitjançant contractes sense concurrència i l'aprofitament d'influències institucionals, va passar a engrossir la peça separada número 25. Aquelles incipients indagacions sobre el destí dels diners que el Govern balear havia abonat a l'entitat aparentment sense ànim de lucre per l'organització d'un fòrum sobre turisme i esport celebrat anys abans a Palma van acabar destapant un rosari d'irregularitats cuinades al marge de qualsevol control.

Va ser una trama que no es va limitar a Balears: la Comunitat Valenciana, governada aleshores per Francisco Camps, es va convertir en el segon gran escenari on l'Institut Nóos va trobar suport institucional per als seus projectes, que també van acabar sota escrutini judicial encara que amb un desenllaç econòmic i penal diferent al de les illes.

Les quantitats retornades

Malgrat que des de l'inici del cas Nóos les xifres milionàries vinculades a la causa van assolir ràpidament una magnitud que marcaria el relat públic de l'escàndol, no tots els diners van ser declarats il·lícits ni tota la despesa pública vinculada als projectes va ser considerada fraudulenta: el Tribunal Suprem va quantificar en 445.000 euros els diners estrictament malversats per Nóos “malgrat no haver-se produït la correlativa contraprestació”. Els serveis als quals obeïen aquestes facturacions, acompanyades de documents i informes sense utilitat acreditada, no van arribar a executar-se, i en aquesta operativa l'alt tribunal va atribuir a Urdangarin una implicació directa, tant en qualitat d'inductor com de cooperador necessari.

Amb tot, el Suprem va xifrar en 619.000 euros el dany econòmic via responsabilitat civil -l'Audiència Provincial de Balears, l'òrgan que a principis de 2016 va jutjar el cas, ho havia establert en 852.287-, en incloure altres partides que, tot i no encaixar plenament en el delicte de malversació, sí que van suposar un perjudici econòmic provat per a l'administració pública.

La Justícia va declarar provat que part de les quantitats defraudades per Nóos van acabar en empreses pantalla com Aizoon, S.L. -la societat d'Urdangarin era copropietari juntament amb la infanta Cristina- i altres mercantils creades o utilitzades per l'aleshores gendre del rei Joan Carles i Torres -a qui els tribunals van considerar peça central de l'entramat- per fragmentar contractes, desviar fons i dificultar la seva traçabilitat. Uns fets pels quals no només van ser condemnats tots dos socis, sinó també la germana de Felip VI com a partícip a títol lucratiu dels delictes de malversació de cabals públics i frau a l'administració comesos pel seu exmarit.

Durant la fase d'execució de la sentència, però, va succeir una cosa atípica: l'Audiència va ordenar a l'Executiu autonòmic que retornés 201.174 euros als dos excònjuges després que el Tribunal Suprem delimités a 619.000 euros la valoració jurídica del dany efectivament causat i provat. D'aquesta quantitat, a la germana de Felip VI li corresponia cobrar 68.479 euros i a l'exduc, 132.695.

La Justícia va ordenar al Govern que retornés 201.174 euros a la infanta i Urdangarin després que el Tribunal Suprem rebaixés la valoració del dany causat i provat a les arques públiques

A Balears, la major quantitat que el Govern de Matas va pagar a Nóos va ser la corresponent al patrocini de l'equip ciclista Illes Balears-Banesto: només aquest contracte va suposar un desemborsament global de 18 milions d'euros entre 2004 i 2006. A aquest import es van sumar altres convenis, com els vinculats als Illes Balears Fòrum -al voltant de 2,3 milions d'euros- que van situar el volum total de fons públics compromesos per sobre dels 20 milions.

El patrocini ciclista va ser una despesa políticament molt controvertida i gestionada amb controls laxos, però la Justícia no el va considerar il·lícit en la seva totalitat. Les magistrades que van jutjar la causa van entendre que va existir una contraprestació real, si bé van qüestionar la forma en què es van articular determinats serveis associats a aquest contracte, com els relatius a la denominada Oficina del Projecte, per la qual Nóos Consultoría Estratégica va arribar a cobrar 293.660 euros de diners públics. A aquesta quantitat es van sumar els 177.093 euros pagats per l'Institut Balear de Turisme (Ibatur) per un encàrrec d'assessorament i suport tècnic en matèria de turisme que, d'acord amb la sentència, no responia a una necessitat real de l'organisme públic, es va articular al marge dels controls administratius ordinaris i va servir com a via per desviar fons públics cap a l'entramat societari de Nóos. Per aquest motiu, va incloure la quantitat abonada en el càlcul del dany econòmic indemnitzable.

El Govern va pagar més de 20 milions d'euros a l'Institut Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 milions sense restitució ni condemna

A la Comunitat Valenciana, el govern de Camps i l'Institut Nóos van signar diversos convenis que van comportar el pagament d'uns 3,5 milions d'euros públics per a l'organització, entre 2004 i 2006, dels anomenats València Summit, l'adjudicació dels quals, assenyala la sentència, es va dur a terme sense concurrència pública i mitjançant un disseny administratiu que va afavorir directament l'entitat encapçalada per Urdangarin i Torres. El tribunal conclou, però, que no va quedar acreditada la inexistència d'una contraprestació real ni que es produís un desviament quantificable que justifiqués la restitució de fons públics com sí que va ocórrer a Balears.

A l'arxipèlag, els tribunals van apreciar una intervenció directa d'Urdangarin en el disseny dels projectes, en la definició dels seus continguts i en la forma d'adjudicació, fins al punt de concloure que la seva influència personal va ser determinant per esquivar els controls administratius. Aquesta constatació va permetre fixar una responsabilitat penal i econòmica concreta. A la Comunitat Valenciana, en canvi, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons.

A la Comunitat Valenciana, la Justícia no va donar per acreditats aquest mateix grau de domini del fet ni un perjudici econòmic quantificable, cosa que va tancar la porta tant a condemnes penals com a la restitució de fons

Els cinc exalts càrrecs valencians que van ser jutjats per aquests fets van ser a més absolts en no quedar provat que coneguessin el caràcter fraudulent de l'operativa. “Es feien objectivament de forma no ajustada a la legislació, una legislació confusa, ambigua i susceptible d'exegesi dispars”, apuntava la resolució, però “els qui les feien no tenien consciència d'això”.

La influència d'Urdangarin

Sobre les relacions de poder que va aprofitar Urdangarin a les illes, la Justícia va assenyalar la seva amistat amb José Luis 'Pepote' Ballester, en aquell moment director d'Esports del Govern balear, gràcies a la qual “va aconseguir moure la voluntat” tant d'aquest com de Matas per obtenir un dels contractes investigats, “esquivant tota concurrència i els condicionants” que poguessin derivar-se d'una tramitació ajustada a la legalitat.

“Més encara -afegia la sentència-, el desenvolupament posterior de la seqüència amb la voluntariosa i disciplinada actitud d'acatament a totes les propostes [d'Urdangarin i Torres] per part del president Matas i el seu desenvolupament, acceptant preus, imposant decisions i sense reparar en obstacles burocràtics o remors de regles administratives, posa molt clarament de manifest que es va produir aquest subtil però patent i efectiu sotmetiment davant la posició del proponent [en al·lusió a Urdangarin], actitud que va buscar i va provocar deliberadament emparat en la seva notòria condició, combinada i reforçada per la seva amistat amb José Luis Ballester”.

La diferència entre les xifres milionàries que van envoltar el cas Nóos i les quantitats finalment considerades no implica, però, una relativització dels fets jutjats al voltant de la xarxa de societats instrumentals creada per Urdangarin i Torres per obtenir contractes públics de forma irregular i derivar beneficis, una conducta que, de fet, va fonamentar les condemnes penals que els van ser imposades: cinc anys i 10 mesos de presó per al primer i cinc anys i vuit mesos per al segon. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat.

Urdangarin va ser condemnat a cinc anys i 10 mesos de presó i el seu soci Torres a cinc anys i vuit mesos. Matas, per la seva banda, seria condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per regar de fons públics l'entramat

La sentència, que va suposar un punt d'inflexió institucional, va marcar una frontera nítida entre mala praxi i delicte penal, però també va evidenciar fins a quin punt les relacions personals, la confiança i l'absència de controls efectius poden convertir-se en una drecera cap als diners públic. Ho va deixar clar el tribunal en asseverar que Urdangarin va aconseguir quantioses quantitats de fons de les arques autonòmiques valer-se de la “situació de privilegi” que “gaudia com a conseqüència del seu matrimoni amb una filla de qui era aleshores cap d'Estat”. Marivent, aquell setembre de 2003, no va ser només l'escenari d'un partit de pàdel: va ser l'antesala d'un model de gestió que acabaria sotmès a lupa judicial.

Todo comenzó sobre una pista de pádel. La fecha: septiembre de 2003. El escenario: el palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose en espacio solo reservado al poder. Entre sus muros, Jaume Matas e Iñaki Urdangarin intercambiaron derechazos, pero también algo más: cada golpe iba afinando una relación de confianza de consecuencias aún inatisbables. El entonces duque de Palma había invitado a quien recién iniciaba su segundo mandato al frente del Govern balear para abordar de manera informal proyectos futuros, el preludio de un negocio que acabaría cristalizando en uno de los mayores escándalos de corrupción y resquebrajando a su paso la imagen pública aparentemente proyectada por la Casa Real hasta entonces.

Más de veinte años después de aquel encuentro -que tanto uno como otro narraron en dependencias judiciales- y transcurrida una década desde que arrancase el juicio del caso Nóos -el nombre bajo el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres agruparon su entramado societario-, las entrevistas que el exduque ha concedido en las últimas semanas con motivo de la próxima publicación de su libroTodo lo vivido han devuelto al primer plano los interrogantes que durante años sobrevolaron las pesquisas: cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si, finalmente, las administraciones han recuperado todas esas cantidades. Urdangarin defiende que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúa proyectándose sobre su nombre.

La estructura de Nóos emergió de entre los ingentes papeles del caso Palma Arena, la macrocausa en la que el entonces juez José Castro concentró sus investigaciones en torno a las obras faraónicas -marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar-, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Fruto de sus desmanes, el exdirigente balear del PP acabaría acumulando una larga cadena de condenas firmes que, en total, terminarían sumando más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación.  

La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada como un mecanismo de captación de dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, pasó a engrosar la pieza separada número 25 del caso Palma Arena. Aquellas incipientes pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad aparentemente sin ánimo de lucro por la organización de un foro sobre turismo y deporte celebrado años antes en Palma acabaron destapando un rosario de irregularidades cocinados al margen de cualquier control. Fue una trama que no se limitó a Balears: la Comunitat Valenciana, gobernada entonces por Francisco Camps, se convirtió en el segundo gran escenario donde el Instituto Nóos encontró respaldo institucional para sus proyectos, que también acabaron bajo escrutinio judicial aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.

Las cantidades devueltas

Pese a que desde el inicio del caso Nóos las cifras millonarias vinculadas a la causa alcanzaron rápidamente una magnitud que marcaría el relato público del escándalo, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento: el Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos al señalar que no se había producido la “correlativa contraprestación” por tales pagos. Los servicios a los que obedecían dichas facturaciones, acompañadas de documentos e informes sin utilidad acreditada, no llegaron a ejecutarse, y en esa operativa el alto tribunal atribuyó a Urdangarin una implicación directa, tanto en calidad de inductor como de cooperador necesario.

Con todo, el Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico que, en conjunto, debían resarcir vía responsabilidad civil Urdangarin, Torres y, como beneficiaria económica, la infanta Cristina -la Audiencia Provincial de Balears, el órgano que a principios de 2016 juzgó el caso, lo había establecido en 852.287-, al incluir otras partidas que, aun sin encajar plenamente en el delito de malversación, también supusieron un perjuicio para la administración pública.

La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L. -la sociedad de la que Urdangarin era copropietario junto a su exmujer- y otras mercantiles creadas o utilizadas por el entonces yerno del rey Juan Carlos y Diego Torres -a quien los tribunales consideraron pieza central del entramado- para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Unos hechos por los que no solo fueron condenados penal y económicamente ambos socios, sino también la hermana de Felipe VI como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

Durante la fase de ejecución de la sentencia, sin embargo, sucedió algo atípico: la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera los 201.174 euros que los dos excónyuges habían pagado de más después de que el Supremo acotara de 852.287 a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado. De esa cantidad, a la hermana de Felipe VI le correspondía cobrar 68.479 euros y al exduque, 132.695.

La Justicia ordenó al Govern que devolviera 201.174 euros a la infanta y Urdangarín después de que el Tribunal Supremo rebajara la valoración del daño causado y probado a las arcas públicas

Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato

En Balears, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: solo ese contrato supuso un desembolso global de 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum -en torno a 2,3 millones de euros-, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.

El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente muy controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Las magistradas que juzgaron la causa entendieron que existió una contraprestación real, si bien cuestionaron la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que, de acuerdo a la sentencia, no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos. Por ese motivo, incluyó la cantidad abonada en el cálculo del daño económico indemnizable.

El Govern pagó más de 20 millones de euros al Instituto Nóos

Comunitat Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena

En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluye, sin embargo, que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Balears.

Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos, cuyo impulso político -dirigido a reforzar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana como sede de grandes eventos deportivos- fue auspiciado por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del entonces conseller de Cultura y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Durante sus respectivas declaraciones como testigos, ambos defendieron las bondades de la contratación. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no acabó culminando tras la irrupción de otras candidaturas, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.

En el archipiélago, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta. En la Comunitat Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos.

En la Comunitat Valenciana, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos

Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron además absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa. “Se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa, ambigua y susceptible de exégesis dispares”, apuntaba la resolución, pero “quienes las hacían no tenían conciencia de ello”.

La influencia de Urdangarin

Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis 'Pepote' Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

“Más aún -añadía la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica, sin embargo, una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que, de hecho, fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.

Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión y su socio Torres a cinco años y ocho meses. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado

La sentencia, que supuso un punto de inflexión institucional, marcó una frontera nítida entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. Lo dejó claro el tribunal al aseverar que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, no fue solo el escenario de un partido de pádel: fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.

Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.

Ha quedado como una foto icónica de la corrupción y el despilfarro de la primera década del milenio en España: Francisco Camps al volante de un Ferrari descapotable azul, junto a Rita Barberá de copiloto y Fernando Alonso y Felipe Massa saludando a la afición desde los asientos traseros. Expiraba el año 2009, ni siquiera era un gran premio de Fórmula 1. Ferrari celebraba su gran fiesta en València, donde comparecía por primera vez Alonso como flamante fichaje de la escudería italiana. La crisis financiera ya arreciaba con fuerza mientras una parte de la política hacía todo lo posible por no darse cuenta. Que la Comunitat acabaría arruinada y teniendo que pedir un crédito para pagar las nóminas de los funcionarios se sabría años después. En el momento de la foto del Ferrari, la Generalitat y el Ayuntamiento, con sus máximos responsables a bordo del descapotable, apuraban el fin de fiesta de la burbuja inmobiliaria. Tras la Ciudad de las Artes de Calatrava había de llegar la Fórmula 1. El president Francisco Camps prometió que no costaría “ni un euro a los valencianos”.

Aquellos discursos de Camps y Barberá en 2007 coinciden punto por punto con los que repiten 18 años después otra presidenta y otro alcalde, también del PP y como aquellos, guarnecidos por sus cómodas mayorías absolutas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida inciden igualmente en los beneficios que otro circuito urbano llevará a su región cuando desembarquen todas esas escuderías en la capital. Pese a los anuncios de austeridad, igual que en la Comunitat Valenciana también Madrid ha empezado el desembolso millonario. Los primeros pasos del Gran Premio que organizará la capital a partir del año próximo siguen un guion que sufrieron en sus carnes los valencianos y que derivó en una ruina de 300 millones de euros.

Contratos secretos y cláusulas confidenciales con dinero público

En la Comunitat Valenciana el capo de la Fórmula 1 entonces, Berni Ecclestone, puso una condición para celebrar los grandes premios allí: la continuidad del PP en el poder. Lo dijo sin ningún rubor en el inicio de campaña de las municipales de 2007. La mañana después de la pegada de carteles y aunque la Junta Electoral había ordenado retirar el logo de la Generalitat del acto público para no interferir en los comicios, Ecclestone tomó la palabra y dijo: “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la Fórmula 1. Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones”.

Pero para que el circo de la Fórmula 1 eche a rodar, no solo hacen falta amistades políticas, también dinero, mucho dinero. Y en la Comunitat Valenciana acabó poniéndolo a través de una sociedad pública que finalmente asumió todos los costes, incluida la absorción de la empresa privada que en principio se iba a encargar de todo, Valmor Sport SL, con accionistas amigos de la cúpula del PP regional como el expiloto Jorge Martínez “Aspar”, el empresario Fernando Roig y la entidad Bancaja. Todo en la operación estuvo rodeado de oscurantismo porque además los primeros contratos se firmaron entre Formula One Administration, que manejaba las licencias de las pruebas, y la empresa privada Valmor Sport SL, creada para la ocasión y sin experiencia en la organización de pruebas deportivas e incluían cláusulas de confidencialidad que impedían conocer los números. Ni siquiera la oposición política pudo revisar la documentación, declarada secreta. Pero las pérdidas las acabó asumiendo la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU. La oposición calculó que en los cuatro años que se celebraron otros tantos grandes premios se esfumaron más de 300 millones de dinero público. Pese a la opacidad que rodea a la Fórmula 1, acabaron aflorando algunos números: el canon que se pagó a Ecclestone empezó siendo de 19 millones en 2009 y subió hasta 27 millones en 2012.

La vuelta de la competición automovilística a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama también está envuelta en esa misma opacidad. El circuito urbano bautizado como Madring discurrirá en el entorno de Ifema, consorcio público-privado que gestiona el principal centro de congresos de la capital, al que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan un 62% de su financiación (la mitad cada administración), beneficios operativos al margen. Pese a reiterados requerimientos de los partidos de la oposición madrileña, de la prensa o de entidades vecinales, el acuerdo entre Ifema y las sociedades Formula One Marketing Limited y Formula One World Championship Limited (equivalentes actuales a Formula One Administration) no ha sido publicado y se desconocen sus pormenores.

El modelo de Ifema no solo camufla el origen parcialmente público de la financiación del Gran Premio, al no partir directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida, sino que permite ejecutar las contrataciones con menos transparencia que si los procesos fueran desarrollados por el Ejecutivo municipal o el autonómico. Ifema tampoco ha compartido ni detallado, ante las solicitudes de este periódico, el estudio económico de la consultora Deloitte según el cual la cita deparará unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros” en la región, con un impacto en la creación de los puestos de trabajo estimado en “más de 8.200 empleos”. De la metodología empleada para estas estimaciones o las fuentes a partir de las que han llegado a prever tales cifras tampoco se conocen detalles.

El proyecto, que redefine el modelo de Ifema, ha supuesto ya un gasto de 136 millones de euros: 51 millones para erigir los nuevos pabellones; 83,2 millones para construir el circuito de Madring; un millón por los servicios jurídicos asociados a los contratos con la Fórmula 1 (gasto del que solo computa por el momento el primer ejercicio, pero que será anual) y otros 700.000 euros por el servicio de calidad de contraste para la ejecución de obras. Y el porcentaje de fondos públicos todavía podría aumentar, puesto que la Fundación Montemadrid (también conocida como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid) aprobó en septiembre abandonar el accionariado de la entidad por su oposición a la Fórmula 1. Este organismo aportaba hasta un 7% de los fondos del consorcio. A ello hay que añadir la inversión directa del Gobierno de Ayuso en acciones promocionales. En 2023, para impulsar el anuncio de la llegada del Gran Premio a Madrid, la Comunidad de Madrid gastó 200.000 euros en el patrocinio de un acto de Red Bull en Madrid, con un circuito urbano en Cibeles. El Ejecutivo autonómico canceló una acción similar en la Puerta del Sol el pasado octubre, a la que iba a destinar otro patrocinio valorado en 120.000 euros.

Todo ello pese a la insistencia de Ayuso, Almeida y sus equipos por negar el uso de fondos públicos para espantar el fantasma pasado de Valencia. Alcalde y presidenta se excusan con declaraciones que remiten irremediablemente a las de Camps: “Si la Fórmula 1 la pagaba Ada Colau [en referencia al Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló] es perfecto (...) pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público es fascista”, aseveró el alcalde de la capital en abril. Todo ello después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, le recordase los “300 millones” de agujero que dejó el circuito de València.

En Ifema ya han saltado las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún tipo de incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras. Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Semejantes previsiones también están en las hemerotecas valencianas.

Unos compromisos que aumentan mientras no se cierran inversores con los que mitigar el impacto financiero de la gestión del evento, más allá de las zonas VIP. “Es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo”, declaró la concejala delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo. El único acuerdo cerrado hasta el momento es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se encargará de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a estas zonas reservadas, entre otras funciones. Conviene apuntar que esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce sus gastos al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscan para la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado por afrontar, por el momento sin éxito.

Declaración de interés público y planes especiales para agilizar las obras

Ambos gobiernos, tanto el de Camps en la Comunitat Valenciana como el de Madrid, han recurrido a maniobras administrativas para agilizar plazos. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración de interés público del evento para acelerar los permisos y saltarse trámites para acelerar las obras. La aventura arrancó con el decreto 15/2008 aprobado el 8 de febrero de 2008 por el gobierno que presidía Francisco Camps y que regulaba las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la capital. Básicamente, suponía declarar de “interés general” todas las obras, proyectos, actividades e iniciativas de cualquiera naturaleza, ya fuesen públicas o privadas, a realizar con ocasión de la prueba deportiva, autorizar el procedimiento excepcional para las expropiaciones y la tramitación de urgencia de los órganos de contratación, así como eximir de la obligación de obtener permisos de actividad y licencias urbanísticas y la aplicación. En otras palabras, vía libre para expropiar, construir y adjudicar contratos sin pasar por los trámites ordinarios de la administración.

En Madrid, las obras echaron a rodar (talas mediante) con una ampliación de la superficie urbanizable de Ifema por valor de 51 millones de euros, amparada en un plan especial elaborado para la ocasión por el Ayuntamiento (con el concejal de Urbanismo y mano derecha de Almeida, Borja Carabante, como gran valedor). Aunque los trabajos incluyen un aparcamiento y tres pabellones en los que se instalarán talleres o los paddocks, Ifema no incluye este presupuesto en el dirigido específicamente al Gran Premio. El PSOE de Madrid considera “ilegal” esta actuación al desviar una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, con ese plan especial. Creen que “no hay espacio suficiente” y que este hecho exigiría modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un procedimiento imposible de completar en los meses que quedan para el Gran Premio.

Denuncias ante la Justicia de la oposición

También el PSOE, en este caso el valenciano, acabó presentando una extensa denuncia de centenares de páginas en la Fiscalía, donde se detallaban todo tipo de delitos contables de los socios privados de la Generalitat y se acusaba de prevaricación a los promotores políticos de la Fórmula 1, que finalmente acabó archivada. El escándalo llegó al punto de que el gabinete de Camps empujó a Canal Nou a firmar un contrato para retransmitir una carrera cuyos derechos tenía La Sexta y que llevó a la cadena autonómica a acabar pagando 16 millones de euros por su renuncia a dar el Gran Premio en directo.

En abril, Más Madrid llevó el polémico plan especial del equipo de Almeida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque fue admitido a trámite y continúa su periplo legal. Además, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo otro recurso interpuesto contra el plan especial por la Plataforma Ecología Madrileña y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

El proceso de construcción de Madring tampoco ha estado exento de contratiempos. Importantes compañías que se presentaron a la licitación, como FCC, Ferrovial y Sacyr, se retiraron en etapas posteriores, algunas después de manifestar que los plazos temporales de ejecución de las obras estaban “muy ajustados” (aunque Ayuso sostiene ahora que van “más rápido de lo esperado”). Además, Más Madrid solicitó igualmente al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso de Más Madrid sigue su curso.

Viajes presidenciales a grandes premios de otros países

El pasado octubre, coincidiendo con su cumpleaños (que Ayuso ha pasado los dos últimos años en Estados Unidos), la presidenta viajó a Texas para asistir en persona al Gran Premio de las Américas. La dirigente madrileña estuvo en la zona de las escuderías, recibió unos guantes firmados por el piloto madrileño Carlos Sainz jr. (cuya figura de embajador de Madring remite a la de Fernando Alonso en València) y justificó el viaje institucional para “conocer de primera mano” cómo se organiza una prueba de estas características. Tuvo tiempo de conceder pequeñas entrevistas a medios deportivos, incluido Dazn, la cadena que cuenta con los derechos de retransmisión de las pruebas y a quien dejó unas declaraciones sobre el buen ritmo al que avanzan las obras para el circuito madrileño.

También se vio con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Figura mucho más comedida que Ecclestone, sus elogios a las administraciones madrileñas han levantado menos ampollas, aunque han sido igual de firmes: “Estamos muy contentos con lo que Madrid está ofreciendo. Madrid llegó con una propuesta seria y es un buen lugar para ir”, aseguró Domenicali el pasado año, durante la presentación del Banco Santander como nuevo patrocinador la Fórmula 1. Un apoyo que compagina con buenas palabras también hacia el Gran Premio de Montmeló, cuya inclusión en el calendario está en entredicho a partir de 2027: “Estamos muy contentos con lo que siempre ha hecho Barcelona y lo que está haciendo de cara al futuro”.

La oposición ha pedido los gastos de las facturas de Ayuso y ha cuestionado la utilidad de esas visitas. También eso sucedió en la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps, cuando el president cargó todo tipo de gastos suyos y de la expedición que lo acompañaba a los diferentes destinos vinculados a la Fórmula 1. Informes policiales recopilaron gastos de un vuelo a Londres con el único motivo de cenar con Ecclestone, y facturas de otros acompañantes en el mismo restaurante británico. En los expedientes constan media docena de viajes de ese tipo. Hay incluso facturas de hoteles a los que no se presentaron los huéspedes, como los 2.317 euros que se pagaron en 2011 por dos habitaciones durante dos noches en un hotel de lujo de Jérez que el president ordenó reservar para poder acudir al Gran Premio de Motociclismo y al que decidió no viajar a última hora. Las reservas, para él y su personal de confianza, las acabó pagando la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU.

El procesamiento de Camps acabó con la aventura de la F1

Los contratos para acoger nuevas pruebas no se renovaron porque la prórroga que Camps intentó firmar con el patrón del negocio y para entonces amigo suyo, Bernie Ecclestone, en julio de 2011 para organizar más grandes premios a partir del año siguiente fue considerado nulo por los servicios de Intervención de la Generalitat. Camps lo tramitó la víspera de ser procesado en la causa de los trajes, en la que finalmente salió absuelto. El Gobierno que lo sustituyó se negó a ratificar el contrato y los monoplazas ya no regresaron a Valencia.

Este historial, unido a la celeridad y las dudas del proceso, explica que ahora en Madrid surjan conflictos políticos, judiciales e internos dentro de Ifema. También una fuerte contestación vecinal, estructurada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid. Las talas, el ruido, el “despilfarro de fondos públicos” o el “lucro directo de promotores privados gracias al precio desorbitado de las entradas” (de las que todavía quedaban 30.000 sin vender después de que Ayuso asegurara que se despacharon “en dos minutos”) provocan que cientos de residentes duden de que el Gran Premio genere beneficios en sus barrios. “Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”, afirmaba en declaraciones a este diario Ricardo Ayala, abogado que colabora con la asociación vecinal. Un sinsentido que, para muchos, tiene un precedente evidente a poco más de 300 kilómetros.

Por donde un día circularon los bólidos de Alonso y Hamilton en otro megaevento que prometía llevar riqueza a toda la región, hoy se extiende un asentamiento interminable de chabolas que no para de crecer. Tampoco dejó de hacerlo la factura de aquella Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos y que alcanzó más de 300 millones de euros y deudas que todavía se mantienen trece años después del último gran premio... La última, de 45 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital tiene que pagar todavía a la Generalitat.

Carlos Mazón és passat en el PP valencià. O això és el que volen escenificar el flamant president de la Generalitat i del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, i el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En els 50 dies que fa dilluns de la dimissió de l’expresident, Pérez Llorca i Feijóo han donat sengles colps de mà, de manual gatopardià, per a mantindre el poder en la Generalitat i en la formació conservadora: que tot canvie perquè res no canvie.

Perquè Carlos Mazón segueix en les Corts Valencianes com a diputat amb butaca pròpia en l’escó 98. I el seu partit l’ha designat portaveu del PP en una comissió que es reuneix en ocasions comptades, el just per a abonar-li un complement mensual de 600 euros. L’equivalent a la pensió mínima que cobren molts valencians i valencianes. Just la setmana passada, aquesta Comissió de Reglament va haver de treballar, però Mazón no va exercir la funció de portaveu per la qual cobra aquest complement. A més, l’expresident de la Generalitat va arribar tard al ple i es limita ja a acudir-hi solament per a votar. Caldria retirar-li part del sou per no complir les seues obligacions?

Arran de la participació de Juan Bordera, diputat de Compromís, en la Flotilla de la Llibertat per a trencar el bloqueig israelià a Gaza, el PP i Vox van encarregar un informe a l’Advocacia de les Corts per a intentar retirar-li el sou per absentar-se de les sessions del parlament valencià durant el seu periple per la Mediterrània i el seu segrest posterior per part de l’exèrcit israelià. Contra tot pronòstic per a conservadors i ultres, el lletrat va negar que es puga retirar el salari a un càrrec electe autonòmic, però sí que va obrir la porta a qüestionar els complements que engrosseixen la nòmina en cas d’incompliments flagrants.

Es tracta dels complements d’acompliment i de la indemnització per l’exercici de la funció parlamentària, que ja es van retirar el 2014 a una diputada valenciana a qui se li van suspendre temporalment els drets. Podria l’oposició esgrimir ara aquest informe per a obligar Mazón a complir la seua faena? Què farien el PP i Vox si se sol·licitara formalment mentre l’expresident manté aquesta actitud?

De moment, continuar com a diputat, encara que siga en l’última fila i amb el 98 a l’esquena (hi ha 99 escons), permet a Carlos Mazón conservar l’aforament i, per tant, mantindre’s fora de l’abast directe de la jutgessa que investiga la causa de la dana. I no per falta de voluntat de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que ha interrogat o citat a declarar el nucli dur de l’expresident i qualsevol persona que va tindre cap mena de contacte el 29 d’octubre de 2024, incloent-hi Alberto Núñez Feijóo.

Les associacions de víctimes, que van aconseguir amb la seua pressió l’eixida de Mazón de la presidència de la Generalitat, continuen exigint responsabilitats. Ja han traslladat a Juanfran Pérez Llorca que no es reuniran amb ell fins que l’excap del Consell renuncie a la seua acta de diputat. Poden esperar assegudes. Mentrestant, les Corts continuen sense citar aquests col·lectius a la comissió d’investigació de la dana, malgrat que ja han comparegut en el Congrés i en el Parlament Europeu.

Tots contra Camps

La gestora del PP de la Comunitat Valenciana aprovada dilluns per la Junta Directiva Nacional del PP ha inclòs totes les famílies del partit i només ha deixat fora Francisco Camps i els seus seguidors. Prova que, si no hi ha por, almenys hi ha respecte. Especialment cridaner és el nomenament del Comité Electoral de la gestora, l’òrgan encarregat de dissenyar les llistes i elegir el candidat a la presidència de la Generalitat. El presideix Esteban González Pons i l’acompanyen Macarena Montesinos (mazonisme), Alberto Fabra (Castelló), Magdalena González de la Red (clan de la Marina i Pérez Llorca) i Juan Giner Corell (María José Català).

El pastís està repartit. No sembla que hi haja massa ganes de convocar el congrés que reclama Camps i que roman ajornat des del mes de juny passat.

Carlos Mazón es pasado en el PP valenciano. O eso es lo que quieren escenificar el flamante presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En los 50 días que se cumplen este lunes de la dimisión del expresidente, Pérez Llorca y Feijóo han dado sendos golpes de mano, de manual gatopardiano, para mantener el poder en la Generalitat y en la formación conservadora: que todo cambie para que nada cambie.

Porque Carlos Mazón sigue en Les Corts Valencianes como diputado con butaca propia en el escaño 98. Y su partido lo ha designado portavoz del PP en una comisión que se reúne en contadas ocasiones, lo justo para abonarle un complemento mensual de 600 euros. El equivalente a la pensión mínima que cobran muchos valencianos y valencianas. Justo la semana pasada, esa Comisión de Reglamento tuvo que trabajar, pero Mazón no ejerció la función de portavoz por la que cobra ese complemento. Además, el expresidente de la Generalitat llegó tarde al pleno y se limita ya a acudir solamente para votar. ¿Habría que retirarle parte del sueldo por no cumplir con sus obligaciones?

A raíz de la participación de Juan Bordera, diputado de Compromís, en la Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo israelí a Gaza, PP y Vox encargaron un informe a la Abogacía de Les Corts para intentar retirarle el sueldo por ausentarse de las sesiones del Parlamento valenciano durante su periplo por el Mediterráneo y su posterior secuestro por parte del Ejército israelí. Contra todo pronóstico para conservadores y ultras, el letrado negó que se pueda retirar el salario a un cargo electo autonómico, pero sí abrió la puerta a cuestionar los complementos que engrosan la nómina en caso de incumplimientos flagrantes.

Se trata de los complementos de desempeño y de la indemnización por el ejercicio de la función parlamentaria, que ya fueron retirados en 2014 a una diputada valenciana a la que se le suspendieron temporalmente los derechos. ¿Podría la oposición esgrimir ahora ese informe para obligar a Mazón a cumplir con su trabajo? ¿Qué harían PP y Vox si se solicitara formalmente mientras el expresidente mantiene esta actitud?

De momento, seguir como diputado, aunque sea en la última fila y con el 98 a la espalda (hay 99 escaños), permite a Carlos Mazón conservar el aforamiento y, por tanto, mantenerse fuera del alcance directo de la jueza que investiga la causa de la dana. Y no por falta de voluntad de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que ha interrogado o citado a declarar al núcleo duro del expresidente y a cualquier persona que tuvo algún tipo de contacto el 29 de octubre de 2024, incluido Alberto Núñez Feijóo.

Las asociaciones de víctimas, que lograron con su presión la salida de Mazón de la presidencia de la Generalitat, siguen exigiendo responsabilidades. Ya han trasladado a Juanfran Pérez Llorca que no se reunirán con él hasta que el exjefe del Consell renuncie a su acta de diputado. Pueden esperar sentadas. Mientras tanto, Les Corts siguen sin citar a estos colectivos a la comisión de investigación de la dana, pese a que ya han comparecido en el Congreso y en el Parlamento Europeo.

Todos contra Camps

La gestora del PP de la Comunitat Valenciana aprobada este lunes por la Junta Directiva Nacional del PP ha incluido a todas las familias del partido y solo ha dejado fuera a Francisco Camps y a sus seguidores. Prueba de que, si no hay miedo, al menos hay respeto. Especialmente llamativo es el nombramiento del Comité Electoral de la gestora, el órgano encargado de diseñar las listas y elegir al candidato a la presidencia de la Generalitat. Lo preside Esteban González Pons y lo acompañan Macarena Montesinos (mazonismo), Alberto Fabra (Castelló), Magdalena González de la Red (clan de la Marina y Pérez Llorca) y Juan Giner Corell (María José Català).

El pastel está repartido. No parece que haya demasiadas ganas de convocar el congreso que reclama Camps y que permanece aplazado desde el pasado mes de junio.

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps continua entestat en el seu camí per optar a la reelecció amb el PP valencià. L'exdirigent popular ha presentat aquest dijous a València el seu equip de campanya, un grup de vint persones “sense càrrec públic”, en una roda de premsa on s'ha reivindicat com la millor opció del PP per recuperar el govern autonòmic. I amb majoria absoluta. “No veig cap company amb el meu bagatge”, ha recalcat.

L'exdirigent, que fa un any que reclama atenció al partit, no ha ocultat les picabaralles amb l'actual direcció que ara encapçala Juan Francisco Pérez Llorca, president amb el suport de Vox. De fet, ha fet diverses mencions que al seu partit es va a Madrid “a demanar la vegada” i permís a altres per governar, una referència velada al nomenament de Pérez Llorca i el pacte amb Vox. Camps considera el nou president la “mà dreta” de Carlos Mazón i el vincula directament amb la gestió de la dana, que li va costar el càrrec el novembre passat. “Era el secretari general, ell el va posar”, ha dit l'exmandatari, que no dóna puntada sense fil, preguntat per les entrevistes recents del president valencià.

En una entrevista a la Cadena COPE, en què li han preguntat per la dimissió del seu antecessor, Pérez Llorca ha afirmat aquest dijous: “Sempre s'ha de dir la veritat, però en casos de crisi, sobretot, s'ha de fer. Això és el que ha fet que Mazón assumisca la seua responsabilitat política perquè a dia de hui, malgrat que hi ha una investigació en curs, encara no hi ha hagut res que la jutgessa haja fet una petició raonada per assenyalar-lo. Una de les conseqüències per les quals va haver de dimitir és per aquesta falta de claredat quan va transmetre la informació del que havia fet el dia 29”.

En aquest context, preguntat per aquestes declaracions, l'expresident valencià ha assenyalat que caldria preguntar-li a Pérez Llorca sobre aquestes responsabilitats. “Això ho hauria d'explicar ell. És el seu secretari general; ell el va nomenar. Era la seua mà dreta”, ha apuntat, per tot seguit recordar que la secretària general del partit era l'alcaldessa de València, María José Catalá, i Mazón la va apartar per col·locar Pérez Llorca. Un dia abans de la citada entrevista, el president valencià va dir a la Cadena Ser, en to burleta, que valorava l'optimisme de Camps respecte al partit. A això ha respost, de nou, indirectament: “No sóc optimista. Sóc realista”, ha afirmat.

Amb l'expresident valencià sempre cal buscar el doble sentit de les seues paraules. Camps ha apel·lat en diverses ocasions al seu “bagatge” polític, al seu “recorregut” i a la seua formació acadèmica, la seua tesi doctoral sobre el sistema electoral valencià, i fins i tot ha recordat que va desenvolupar la seua formació universitària mentre treballava. Això contrasta amb la del nou president, del qual no consta titulació universitària.

També ha guardat alguna pulla per a la responsable dels populars a València, María José Catalá. Especialment quan ha afirmat que les seus del partit a la ciutat estan tancades. Hi ha molta desconnexió amb la militància, ha recalcat l'exdirigent, que es presenta com a opció perquè els militants es retroben amb el partit. És aquesta la il·lusió que projecta com a candidat per a un congrés que no s'ha convocat i que reclama constantment: “És impossible una majoria absoluta si el candidat no transmet aquesta sensació cada dia. Si algú parteix amb la idea que no guanyarà per majoria absoluta, és impossible. La política és transmissió d'il·lusions”, ha sentenciat.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps sigue empeñado en su camino para optar a la reelección con el PP valenciano. El exdirigente popular ha presentado este jueves en Valencia su equipo de campaña, un grupo de veinte personas “sin cargo público”, en una rueda de prensa donde se ha reivindicado como la mejor opción del PP para recuperar el gobierno autonómico. Y con mayoría absoluta. “No veo a ningún compañero con mi bagaje”, ha recalcado.

El exdirigente, que lleva un año reclamando atención en el partido, no ha ocultado las rencillas con la actual dirección que ahora encabeza Juan Francisco Pérez Llorca, presidente con el apoyo de Vox. De hecho, ha hecho varias menciones a que en su partido se va a Madrid “a pedir la vez” y permiso a otros para gobernar, una referencia velada al nombramiento de Pérez Llorca y el pacto con Vox. Camps considera al nuevo presidente la “mano derecha” de Carlos Mazón y lo vincula directamente con la gestión de la dana, que le costó el cargo el pasado noviembre. “Era el secretario general, él lo puso”, ha dicho el exmandatario, que no da puntada sin hilo, preguntado por las entrevistas recientes del presidente valenciano.

En una entrevista en la Cadena COPE, en la que le han preguntado por la dimisión de su antecesor, Pérez Llorca ha afirmado este jueves: “Siempre hay que decir la verdad, pero en casos de crisis, sobre todo, hay que hacerlo. Eso es lo que ha hecho que Mazón asuma su responsabilidad política porque a día de hoy, a pesar de que hay una investigación en curso, todavía no ha habido nada que la juez haya hecho una petición razonada para señalarle. Una de las consecuencias por las que tuvo que dimitir es por esa falta de claridad cuando transmitió la información de lo que había hecho el día 29”.

En este contexto, preguntado por estas declaraciones, el expresidente valenciano ha señalado que habría que preguntarle a Pérez Llorca sobre estas responsabilidades. “Eso tendría que explicarlo él. Es su secretario general; él lo nombró. Era su mano derecha”, ha apuntado, para seguidamente recordar que la secretaria general del partido era la alcaldesa de València, María José Catalá, y Mazón la apartó para colocar a Pérez Llorca. Un día antes de la citada entrevista, el presidente valenciano dijo en la Cadena Ser, en tono burlesco, que valoraba el optimismo de Camps respecto al partido. A ello ha respondido, de nuevo, indirectamente: “No soy optimista. Soy realista”, ha afirmado.

Con el expresidente valenciano siempre hay que buscar el doble sentido de sus palabras. Camps ha apelado en varias ocasiones a su “bagaje” político, a su “recorrido” y a su formación académica, su tesis doctoral sobre el sistema electoral valenciano, e incluso ha recordado que el desarrolló su formación universitaria mientras trabajaba. Ello contrasta con la del nuevo presidente, del que no consta titulación universitaria.

También ha guardado algún dardo para la responsable de los populares en València, María José Catalá. Especialmente cuando ha afirmado que las sedes del partido en la ciudad están cerradas. Hay mucha desconexión con la militancia, ha recalcado el exdirigente, que se presenta como opción para que los militantes se reencuentren con el partido. Es esa la ilusión que proyecta como candidato para un congreso que no se ha convocado y que reclama constantemente: “Es imposible una mayoría absoluta si el candidato no transmite esa sensación todos los días. Si alguien parte con la idea de que no va a ganar por mayoría absoluta, es imposible. La política es transmisión de ilusiones”, ha sentenciado.

Quan Génova i Pérez Llorca es van posar d’acord perquè el ja exalcalde de Finestrat i número dos del PP valencià fora el successor de Carlos Mazón, van tancar dos compromisos. El primer, reconduir la relació amb els familiars de les víctimes de la dana, vilipendiats per Carlos Mazón i la pressió dels quals va posar fi a la seua carrera política. El segon, garantir que el congrés del partit que ha d’ajudar-lo a pujar com a president siga al més tranquil possible. És a dir, desactivar a l’únic aspirant que ha dit que s’hi presentarà: l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz. Per a aquesta faena, entre altres, el flamant cap del Consell ha designat com a cap de gabinet Henar Molinero, la mà dreta de Camps en la seua etapa de més poder, i com a conseller de Presidència, José Luis Díez, íntim amic de l’expresident del PP de la província de València Alfonso Rus. Excampistes per a desactivar el neocampisme.

Henar Molinero va ser directora general d’Organització amb Francisco Camps i va compartir imputació en el cas Gürtel encara que en diferents peces amb David Serra, ex-vicesecretari del PPCV amb l’expresident valencià i ara assessor àulic de Pérez Llorca, a més d’advocat de la seua família. Molinero, que va ser absolta de la causa i va trencar la seua relació amb Camps i ara és la persona recomanada per Serra per a marcar i dissenyar l’estratègia del president, que esmenarà la plana a Mazón amb la seua gestió de la dana i intentarà recompondre les relacions amb Catalunya, mentre Vox li marca l’agenda ultra amb la immigració i els menors no acompanyats.

Un altre membre del gabinet de Camps que estarà amb Pérez Llorca serà Jacobo Navarro de Peralta, que serà secretari autonòmic d’Anàlisi. Navarro de Peralta també va estar a la sala de màquines de les supermajories de l’expresident. Un altre excampista per a desactivar el neocampisme.

El nou conseller de Presidència, José Luis Díez, és íntim amic d’Alfonso Rus, que va controlar el PP de la província de València amb Camps, i marit de Julia Climent, superregidora de l’alcaldessa de València María José Catalá, que també guanya molt de pes i poder en l’executiu de Pérez Llorca. Díez és considerat pels qui el coneixen un home “molt discret, treballador, bona persona i lleial”. Va ser director de gabinet de la Conselleria d’Infraestructures entre el 2007 i el 2012, l’època de la construcció del circuit de Fórmula 1. Va treballar en Pavasal i va ser també responsable de Grans Projectes durant la presidència d’Eduardo Zaplana.

María José Catalá, a qui també li interessa desactivar Francisco Camps, perquè l’expresident mai ha fet escarafalls de ser alcalde de València, ha nomenat també la nova consellera d’Educació, María del Carmen Ortí Ferré. Ortí Ferré és inspectora d’educació i era la directora de la Universitat Popular de València. Catalá va ser també consellera d’Educació i, en els seus anys al capdavant d’aquest departament, va mantindre un perfil conciliador i a favor del valencià, tan contrari com el conseller ixent en la cartera –encara que continuarà en el Consell– José Antonio Rovira.

David Serra i Pepe Císcar, el poder entre bastidors

“Pérez Llorca ha fet un Govern per a guanyar el congrés”, expliquen fonts del PP, que apunten a David Serra i al totpoderós vicepresident d’Alberto Fabra, Pepe Císcar, com els arquitectes de la nova era. “Císcar va netejar el campisme després de la seua dimissió i és amic íntim de Pérez Llorca de la seua etapa com a alcalde de Teulada”, expliquen. Per part seua, Serra coneix tots els secrets del nou president i ja té la seua dona, Magdalena González de la Red, com a cap del Grup Parlamentari del PP en les Corts Valencianes. Serà la dona forta que negocie en el parlament l’exigent llista de propostes ultres de Vox.

El poder de David Serra és tan important en aquests moments que dilluns, quan faltaven 24 hores per a la seua presa de possessió, Pérez Llorca es va plantar a les nou del matí en el despatx d’advocats de Serra, al carrer de Félix Pizcueta de València, com va poder comprovar elDiario.es. No és gens estrany que s’agafaren el matí per a dissenyar i perfilar alguns dels nous noms del Consell. I, mentre dissenya el nou Govern i, a través de la seua dona, controla la tasca parlamentària, Serra en persona gestiona els embolics empresarials de la família de Pérez Llorca. És qui negocia amb l’empresari hispanorús que vol dissoldre l’hotel de la família de Finestrat.

Serra i Císcar són dos coneixedors profunds del PP valencià i, a més d’incorporar càrrecs que van ser de confiança de Camps, han acontentat en el Consell famílies importants del PP per a guanyar el congrés en cas d’enfrontament amb el PP valencià. Catalá –i, per tant, Génova—, contents. Continua Marian Cano en Economia, germana de l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, i un pilar fonamental en el PP de la Marina Baixa.

Pérez Llorca, en un reservat amb Javier Sendra

Del grup d'Alacant també, en concret de Planes (El Comtat), és Javier Sendra, actual secretari autonòmic d’Infraestructures i qui té la clau de la caixa dels contractes públics de la reconstrucció. Sendra ha repartit més de 600 milions d’euros a dit entre les empreses d’obra pública de la Comunitat Valenciana, unes quantes esguitades pels escàndols de corrupció Gürtel i Taula. Just el dimecres 3 de desembre, Juan Francisco Pérez Llorca —ja com a president, amb nou Consell— i Javier Sendra dinaven en el restaurant Entrevins de València. Els dos, mà a mà, en un reservat per a huit persones. Pérez Llorca demostra així que dona molta importància a la relació amb les contractes d’obra pública. Hi ha molts diners en joc.

En la seua missió de tindre un congrés tranquil, Pérez Llorca ha situat com a portaveu Miguel Barrachina, de Sogorb. Una picada d’ullet al PP de Castelló, que també manté Martínez Mus com a conseller de Medi Ambient.

L’encara secretari general del PP valencià té la missió de convertir-se en president, i per a fer-ho haurà de convocar el congrés que es va ajornar sine die el juny passat. Ha utilitzat el nou Consell per a mantindre afinitats i desactivar Camps amb enemics de l’expresident, acontentant part de la província de València i lligant les famílies de Castelló i Alacant. S’atrevirà a obrir les urnes en el seu partit?

Cuando Génova y Pérez Llorca se pusieron de acuerdo para que el ya exalcalde de Finestrat y número dos del PP valenciano fuera el sucesor de Carlos Mazón, cerraron dos compromisos. El primero, reconducir la relación con los familiares de las víctimas de la dana, vilipendiadas por Carlos Mazón y cuya presión acabó con su carrera política. El segundo, garantizar que el congreso del partido que debe auparlo como presidente sea lo más tranquilo posible. Es decir, desactivar al único aspirante que ha dicho que se presentará: el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz. Para ese trabajo, entre otros, el flamante jefe del Consell ha designado como jefa de gabinete a Henar Molinero, la mano derecha de Camps en su etapa de mayor poder, y como conseller de Presidencia a José Luis Díez, íntimo amigo del expresidente del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus. Excampistas para desactivar el neocampismo.

Henar Molinero fue directora general de Organización con Francisco Camps y compartió imputación en los casos de corrupción del PP, aunque en diferentes causas, con David Serra, exvicesecretario del PPCV con el expresidente valenciano y ahora asesor áulico de Pérez Llorca, además de abogado de su familia. Molinero, a quien le archivaron la investigación, rompió su relación con Camps y ahora es la persona recomendada por Serra para marcar y diseñar la estrategia del presidente, que enmendará la plana a Mazón con su gestión de la DANA e intentará recomponer las relaciones con Cataluña, mientras Vox le marca la agenda ultra con la inmigración y los menores no acompañados.

Otro miembro del gabinete de Camps que estará con Pérez Llorca será Jacobo Navarro de Peralta, quien será secretario autonómico de Análisis. Navarro de Peralta también estuvo en la sala de máquinas de las supermayorías del expresidente. Otro excampista para desactivar el neocampismo.

El nuevo conseller de Presidencia, José Luis Díez, es íntimo amigo de Alfonso Rus, quien controló el PP de la provincia de Valencia con Camps, y marido de Julia Climent, superconcejala de la alcaldesa de València María José Catalá, quien también gana mucho peso y poder en el Ejecutivo de Pérez Llorca. Díez es considerado por quienes le conocen como un hombre “muy discreto, trabajador, buena persona y leal”. Fue director de gabinete de la Conselleria de Infraestructuras entre 2007 y 2012, la época de la construcción del circuito de Fórmula 1. Trabajó en Pavasal y fue también responsable de Grandes Proyectos durante la presidencia de Eduardo Zaplana.

María José Catalá, a quien también le interesa desactivar a Francisco Camps porque el expresidente nunca ha hecho ascos a ser alcalde de València, ha nombrado también a la nueva consellera de Educación, María del Carmen Ortí Ferré. Ortí Ferré es inspectora de educación y era la directora de la Universidad Popular de València. Catalá fue también consellera de Educación y, en sus años al frente de la misma, mantuvo un perfil conciliador y a favor del valenciano, todo lo contrario que el conseller saliente en la cartera —aunque seguirá en el Consell— José Antonio Rovira.

David Serra y Pepe Císcar, el poder entre bambalinas

“Pérez Llorca ha hecho un Gobierno para ganar el Congreso”, explican fuentes del PP, que apuntan a David Serra y al todopoderoso vicepresidente de Alberto Fabra, Pepe Císcar, como los arquitectos de la nueva era. “Císcar limpió el campismo tras su dimisión y es amigo íntimo de Pérez Llorca de su etapa como alcalde de Teulada”, explican. Por su parte, Serra conoce todos los secretos del nuevo presidente y ya tiene a su mujer, Magdalena González de la Red, como jefa del Grupo Parlamentario del PP en las Corts Valencianes. Será la mujer fuerte que negocie en el Parlamento la exigente lista de propuestas ultras de Vox.

El poder de David Serra es tan importante en estos momentos que este lunes, a 24 horas de su toma de posesión, Pérez Llorca se plantó a las nueve de la mañana en el despacho de abogados de Serra, en la calle Félix Pizcueta de València, como pudo comprobar elDiario.es. No es de extrañar que se tomaran la mañana para diseñar y perfilar algunos de los nuevos nombres del Consell. Y, mientras diseña el nuevo Gobierno y, a través de su mujer, controla la labor parlamentaria, Serra en persona gestiona los líos empresariales de la familia de Pérez Llorca. Es quien negocia con el empresario hispanorruso que quiere disolver la sociedad del hotel de la familia de Finestrat.

Serra y Císcar son dos conocedores profundos del PP valenciano y, además de incorporar a cargos que fueron de confianza de Camps, han contentado en el Consell a familias importantes del PP para ganar el Congreso en caso de enfrentamiento con el PP valenciano. Catalá —y por tanto Génova—, contentos. Sigue Marian Cano en Economía, hermana del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y un pilar fundamental en el PP de la Marina Baixa.

Pérez Llorca, en un reservado con Javier Sendra

Del otrora denominado clan de Alicante también, en concreto de Planes (El Comtat), es Javier Sendra, actual secretario autonómico de Infraestructuras y quien tiene la llave de la caja de los contratos públicos de la reconstrucción. Sendra ha repartido más de 600 millones de euros a dedo entre las empresas de obra pública de la Comunitat Valenciana, varias salpicadas por los escándalos de corrupción Gürtel y Taula. Justo este miércoles 3 de diciembre, Juan Francisco Pérez Llorca —ya como presidente, con nuevo Consell— y Javier Sendra comían en el restaurante Entrevins de València. Los dos, mano a mano, en un reservado para ocho personas. Pérez Llorca demuestra así que da mucha importancia a la relación con las contratas de obra pública. Hay mucho dinero en juego.

En su misión de tener un congreso tranquilo, Pérez Llorca ha situado como portavoz a Miguel Barrachina, de Segorbe. Un guiño al PP de Castellón, que también mantiene a Martínez Mus como conseller de Medio Ambiente.

El todavía secretario general del PP valenciano tiene la misión de convertirse en presidente, y para ello deberá convocar el congreso que fue aplazado sine die en junio pasado. Ha utilizado el nuevo Consell para mantener afinidades y desactivar a Camps con enemigos del expresidente, contentando a parte de la provincia de Valencia y atando a las familias de Castellón y Alicante. ¿Se atreverá a abrir las urnas en su partido?

La incertesa plana sobre el Partit Popular després que el president nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar dimarts que Carlos Mazón també deixarà la direcció del PP a la Comunitat Valenciana en les pròximes setmanes. El que no ha aclarit el líder dels populars és com es triarà el nou (o nova) responsable del PPCV, per la qual cosa s’obrin dues possibilitats: la convocatòria d’un congrés regional, pendent des de l’estiu passat, o la formació d’una gestora que dirigisca el partit de manera transitòria, sense definir fins quan.

Fonts del PP valencià consultades per elDiario.es consideren que el més probable és que Génova opte per la designació d’una gestora que dirigisca el partit fins al 2027, quan han de celebrar-se les pròximes eleccions autonòmiques –sempre que Vox acabe donant-suport a la candidatura del número dos encara, Juanfran Pérez Llorca, a la presidència de la Generalitat que es presenta dimecres.

No obstant això, hi ha qui advoca per una tercera via, aparentment menys probable: que Núñez Feijóo, poc donat a prendre decisions, mantinga l’actual direcció del partit –sense el pròximament dimitit Carlos Mazón al capdavant– i esperar fins després de les eleccions de maig del 2027 per a la celebració del congrés i l’elecció del nou president (o presidenta) del PPCV.

Amb gestora, amb la direcció actual o després del congrés regional del PPCV, el Partit Popular té en l’horitzó l’elecció del seu pròxim candidat a la Generalitat Valenciana, un procés que es dificulta sense una executiva legitimada. Recordant només els noms que han eixit últimament, tindríem en les travesses el mateix Pérez Llorca, presumible president de la Generalitat Valenciana –pacte amb Vox mitjançant–; l’alcaldessa de València, María José Catalá, que ja va renunciar a pilotar la transició; i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, el nom del qual ja va eixir a la palestra en vespres de la renúncia de Mazón. I tot això, sense oblidar Francisco Camps, que continua estant ací.

També hi ha qui no descarta que Génova es traga de la mànega un candidat que no estiga en les apostes, i recorden el cas de l’esmentat Camps, que era delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, un càrrec d’habitual escassa rellevància pública, abans de ser designat per Aznar relleu de Zaplana com a candidat a la Generalitat Valenciana.

Camps anhela liderar el PPCV

Camps, que reivindica la celebració del congrés del PPCV des de fa mesos, per al qual es proposa com a líder, i primàries per a l’elecció del candidat a la Generalitat Valenciana si se celebren eleccions anticipades, no va tardar a reaccionar a l’anunci de Feijóo que Mazón també deixarà la presidència del partit. Per mitjà del portaveu del seu projecte polític, José Miguel Tolosa, assegurava que se sent “il·lusionat” i reclamava la celebració de la cita congressual per a la pròxima primavera.

L’expresident exigeix que s’òbriga l’elecció a la militància amb la premissa d’“un militant, un vot” demanant la màxima participació: “Com més gent hi participe, més es reforça el partit”. I ha insistit que l’objectiu és que Feijóo “siga president d’Espanya el 2027”, per a la qual cosa considera que és necessària “una majoria absoluta a la Comunitat Valenciana”.

La incertidumbre se cierne sobre el Partido Popular después de que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este martes que Carlos Mazón también dejará la dirección del PP en la Comunitat Valenciana en las próximas semanas. Lo que no ha aclarado el líder de los populares es cómo se va a elegir al nuevo (o nueva) responsable del PPCV, por lo que se abren dos posibilidades: la convocatoria de un congreso regional, pendiente desde el pasado verano, o la formación de una gestora que dirija el partido de forma transitoria, sin definir hasta cuándo.

Fuentes del PP valenciano consultadas por elDiario.es consideran que lo más probable es que Génova opte por la designación de una gestora que dirija el partido hasta 2027, cuando deben celebrarse las próximas elecciones autonómicas; siempre y cuando Vox acabe por respaldar la candidatura del todavía número dos, Juanfran Pérez Llorca, a la presidencia de la Generalitat que se presenta este miércoles.

No obstante, hay quien aboga por una tercera vía, aparentemente menos probable: que Núñez Feijóo, poco dado a tomar decisiones, mantenga la actual dirección del partido –sin el próximamente dimitido Carlos Mazón al frente– y esperar hasta después de las elecciones de mayo de 2027 para la celebración del congreso y la elección del nuevo presidente (o presidenta) del PPCV.

Con gestora, con la actual dirección o después del congreso regional del PPCV, el Partido Popular tiene en el horizonte la elección de su próximo candidato a la Generalitat Valenciana, un proceso que se dificulta sin una ejecutiva legitimada. Recordando sólo los nombres que han salido últimamente, tendríamos en las quinielas al propio Pérez Llorca, presumible president de la Generalitat Valenciana –pacto con Vox mediante–; la alcaldesa de València, María José Catalá, que ya renunció a pilotar la transición; y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, cuyo nombre ya salió a la palestra en vísperas de la renuncia de Mazón. Y todo ello, sin olvidar a Francisco Camps, que sigue estando ahí.

También hay quien no descarta que Génova se saque de la manga un candidato que no esté en las apuestas, y recuerdan el caso del mencionado Camps, que era delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, un cargo de habitual escasa relevancia pública, antes de ser designado por Aznar relevo de Zaplana como candidato a la Generalitat Valenciana.

Camps ansía liderar el PPCV

Camps, que viene reivindicando la celebración del congreso del PPCV desde hace meses, para el que se postula como líder, y primarias para la elección del candidato a la Generalitat Valenciana si se celebran elecciones anticipadas, no tardó en reaccionar al anuncio de Feijóo de que Mazón también dejará la presidencia del partido. Por medio del portavoz de su proyecto político, José Miguel Tolosa, aseguraba sentirse “ilusionado” y reclamaba la celebración de la cita congresual para la próxima primavera.

El expresident exige que se abra la elección a la militancia con la premisa de “un militante, un voto” demandando la máxima participación: “Cuanta más gente participe, más se refuerza el partido”. Y ha insistido en que el objetivo es que Feijóo “sea presidente de España en 2027”, para lo que considera es necesaria “una mayoría absoluta en la Comunitat Valenciana”.

El proyecto que encabeza el expresident de la Generalitat Francisco Camps acoge con satisfacción e “ilusión” el horizonte que se abre después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya avanzado este martes que habrá relevo de Carlos Mazón como presidente del PPCV “en las próximas semanas”, una vez que haya sido investido president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y confía en que se convoque próximamente un congreso regional para elegir al nuevo máximo dirigente del partido en la Comunitat Valenciana.

Según ha señalado Feijóo, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a “instancia” del propio Mazón y él está de acuerdo. De hecho, ha indicado que Mazón, cuando presentó su dimisión como president de la Generalitat --el pasado 3 de noviembre--, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV.

El portavoz del proyecto de Camps, José Miguel Tolosa, explica a Europa Press que les “gusta” que se baraje el horizonte de convocar el congreso regional del PPCV, una reivindicación que el expresident de la Generalitat “lleva pidiendo casi dos años”, remarca. Desde entonces, resalta, se trabaja “con ideas y proyectos” sobre el modelo de partido a impulsar en la Comunitat.

Tolosa asegura que están “ilusionados con que se convoque el congreso” del PPCV y apuesta por que en este cónclave “cada militante sea un voto, igual que hace --Isabel Díaz-- Ayuso en Madrid”. A su juicio, “conforme más fuerte esté el partido, más se refuerzan las ideas” del mismo. En este sentido, argumenta que el militante no está “solo para pegar carteles”, sino que también tiene que participar en la toma de decisiones para “elegir a sus líderes”.

Por todo ello, considera que el PPCV necesita “reactivarse”, ya que la idea de Francisco Camps es conseguir de nuevo una mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, “como se ha conseguido en Madrid y Galicia” y en otros territorios bajo dominio 'popular' como Andalucía.

Quieren el congreso para primavera

Así, la intención de Camps es desarrollar “con toda normalidad” el programa del PPCV, que pasa por “reincorporar a todos esos militantes y afiliados que se fueron a otras opciones porque, en su día, no fuimos lo suficientemente claros”.

Sobre el horizonte temporal de cara a la celebración del congreso regional del PPCV, dado que el PP no ha precisado cómo se producirá la sustitución de Mazón, si será convocando un congreso o si podría realizarse a través de una Junta Directiva, Tolosa ha confiado en que el cónclave 'popular' se pueda celebrar en “primavera de 2026”. “El PPCV necesita rearmarse de cara a 2027 y aportar su ayuda a Feijóo. Nuestro objetivo es que Feijóo sea presidente”, recalcan.

No obstante, preguntado por si Camps ha conversado recientemente con Feijóo o sobre si tiene previsto hacerlo próximamente para mostrarle sus intenciones de cara al futuro congreso regional del PPCV, el portavoz ha esgrimido: “Eso ya depende del presidente Camps y de Feijóo”.

En este contexto, Francisco Camps tiene previsto celebrar un acto en València el próximo 4 de diciembre, bajo el lema 'La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos', en el que el expresidente presentará su proyecto para el PPCV.

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, enfrascado en su carrera para recuperar el control del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y con una próxima cita con afiliados y simpatizantes del PP prevista para el próximo 4 de diciembre, no desaprovecha cada ocasión en la que tiene la oportunidad de hablar públicamente para reivindicar su figura y reclamar la convocatoria de un congreso regional de su partido. La última ocasión ha sido este mismo lunes en el espacio que dirige Susana Griso en Antena 3, Espejo Público.

El exdirigente popular ha reconocido que quiere volver a liderar el PPCV para “revitalizarlo” y ha repetido el mantra que en el que viene insistiendo en los últimos tiempos, y que no es otro que el de recuperar una “gran mayoría” de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 (Camps se impuso a principios de siglo en las urnas con reiteradas mayorías absolutas -en tres ocasiones- hasta que abandonó el cargo tras ser procesado por la causa de los trajes, de la que un jurado le declaró no culpable). Y sobre la figura que debe encabezar la lista del PP a unas posibles elecciones, en el caso de que no hubiera acuerdo entre populares y Vox para designar un president hasta 2027, Camps ha asegurado: “Si hubiera elecciones, imagino que habría primarias para elegir el candidato”.

Camps ha repetido de nuevo que le gustaría “tener la oportunidad de poder liderar el partido de nuevo y, a partir de ahí, preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2027”, al tiempo que repetía que el PP debe “volver a tener toda la fuerza que tenía en algún momento” en España y ha incidido que que, para ello, “hace falta que vuelva a ser central en el territorio en el caso de la Comunitat Valenciana”.

El expresident confía en que en primavera se celebre el congreso regional que viene reivindiando desde hace meses: “Sería bueno para dar los pasos siguientes para ir preparando las campañas tanto municipales como autonómicas”.

Camps también ha sido preguntado por una encuesta que señala que el 43% de los votantes del PP en la Comunitat Valenciana considera que su tiempo ya ha pasado, a lo que ha respondido asegurando que “el otro 60% no”, por lo que “no está mal”.

En este sentido ha recordado que lleva 15 años en una situación personal “muy complicada”, inmerso en numerosas causas judiciales de las que ha salido indemne, un período en el que no ha ocupado ningún liderazgo orgánico ni en ningún cargo público. Pese a eso, “más de la mitad de los votantes del PP sigue pensando que tengo alguna oportunidad de futuro para no solo concitar el esfuerzo del partido sino devolverle al Partido Popular las mayorías absolutas que yo recuerdo haber obtenido en 2003, 2007 y 2011”, porque “los votantes que se nos fueron tienen que volver al Partido Popular”.

Sobre si ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta idea, ha recordado que el 29 de mayo, después de la última de las absoluciones judiciales, le expresó su propósito de volver a la primera línea y la respuesta fue que “hablaríamos”.

Aunque se pudiera esperar por los acontecimientos de las dos últimas semanas, la dimisión de Carlos Mazón ha dejado al PP valenciano en estado de shock. En estos momentos existe un vacío de poder sin precedentes que las distintas facciones intentan llenar. Hay movimientos desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, y la actual dirección trata de frenar la sangría intentando cerrar un acuerdo exprés con Vox, el partido por el que pasa cualquier decisión sobre un nuevo candidato, su programa de gobierno y, en caso de no haber acuerdo, el adelanto electoral.

Fuentes de Vox aseguran que van a hacer “sudar sangre” al PP valenciano si quieren su apoyo para investir a un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. El propio Santiago Abascal ha dicho que no admitirán “lentejas” para desbloquear la situación. De hecho, sería la formación ultraderechista la principal beneficiada de un adelanto electoral en los próximos meses, puesto que va disparada en las encuestas. De momento, como hicieron los independentistas catalanes con el PSOE, “mirar y esperar”. Cada día que pase, en el PP valenciano estarán más nerviosos y con más opciones de aceptar las condiciones de Vox.

Mientras, la dirección del PP valenciano prepara el terreno para proponer a Vox a su secretario general, Juanfran Pérez Llorca, como solución transitoria, y fía su buena relación con la ultraderecha en Les Corts para que acaben votándole. Pérez Llorca era el hombre fuerte de Mazón y controlaba el partido hasta el pasado viernes, cuando formó parte de la llamada conspiración de Benidorm, en la que los tres presidentes provinciales y él mismo pactaron lanzar al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como candidato del PP para 2027. Este órdago sentó a cuerno quemado en la dirección nacional, que estaba intentando cerrar una salida para Carlos Mazón.

En Génova se lo tomaron como una afrenta y ya han mandado emisarios a Valencia para avisar de que no se aceptará ninguna insubordinación. Estos movimientos están provocando las primeras espantadas y los primeros cambios de bando. Uno de los primeros damnificados de la conspiración de Benidorm puede ser el propio Mompó que, aunque no puede optar ahora a la presidencia de la Generalitat al no ser diputado, ha quedado marcado para Génova y podría haberse quemado para un futuro incierto. Fuentes del partido aseguran que el también presidente provincial se habría equivocado al dar su nombre sin el conocimiento de la dirección nacional.

La candidata de Génova siempre ha sido la alcaldesa de València, María José Catalá. Pero tantas veces la han postulado como ella ha dicho que no. Pese a su negativa, una llamada de Alberto Núñez Feijóo la obligaría a sacrificarse. Hasta la fecha eso no ha ocurrido. Eso sí, en esta crisis se ha visto el miedo que la dirección autonómica y el propio Mazón tienen a Catalá, puesto que se pasaron el fin de semana situándola como una línea roja que Génova no podía traspasar. “Yo nunca he vetado a María José Catalá”, llegó a verbalizar el propio Mazón, en la típica jugada del excusatio non petita, accusatio manifesta.

El tercer candidato que podría ofrecer el PP a Vox podría ser también cualquiera de los 40 diputados que tiene el PP en Les Corts: la figura del tapado o la tapada, que sería el último recurso si descarrila la opción de Juanfran Pérez Llorca y Catalá se mantiene en su negativa. En las filas populares hay diputados y diputadas experimentados que han trabajado codo con codo con Vox. Pero, claro, al final del camino siempre está la necesidad del permiso de la ultraderecha y, según las encuestas, en estos momentos tiene pocos incentivos para facilitar las cosas al PP valenciano.

En todos los movimientos, y al acecho por si se acabaran convocando elecciones autonómicas, está Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat sigue con su hoja de ruta y su plan para presidir el PP valenciano. En diciembre organiza un acto multitudinario en València, en el Centro Cultural Bancaja, donde presentará su plan para 2027. Inés Peiró, la jefa de campaña del expresidente, es muy clara: “Que elijan Les Corts, pero si no hay acuerdo con Vox y vamos a elecciones, habrá que hacer primarias; no vamos a tolerar un dedazo”. “La única persona que puede liderar a todos los que se postulan es Paco; ya fue líder de Catalá, Pérez Llorca y Mompó”, asegura Peiró, que anuncia que el expresidente se pronunciará sobre la situación política en los próximos días.