El PP de Pérez Llorca y Vox utilizan la comisión de investigación de las VPO para desgastar al alcalde de Alicante

En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Y bien lo sabe el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien cayó en desgracia en el PP autonómico por no plegarse a Carlos Mazón y que sigue en una línea similar con Juanfran Pérez Llorca.

Tanto cariño le tienen los miembros de su partido a nivel autonómico, que con el inestimable apoyo de Vox le están complicando la vida política hasta el punto de tener que comparecer en una comisión de investigación sobre la adjudicación de VPO a cargos del partido en el Ayuntamiento de Alicante. Además, los dos partidos que controlan la comisión, PP y Vox, citaron este jueves 2 de julio en la primera ronda de comparecencias a Antonio Gallego, un exedil díscolo del propio Barcala, que deslizó que el alcalde pudo ser conocedor desde 2024 del fraude de las viviendas de protección pública: “Se puede intuir”, dijo el exresponsable de Hacienda y de Patrimonio al ser preguntado de forma incisiva por la diputada de Compromís, Isaura Navarro, sobre si en aquel momento Barcala ya sabía de la situación.

Esta actitud proactiva de investigar en las Corts un escándalo en una administración del PP, contrasta con la actitud del mismo grupo parlamentario con la dana. En varios meses, PP y Vox han dado carpetazo a la comisión de investigación por la gestión de las inundaciones donde murieron 230 personas sin citar al 70% de los comparecientes.

Eso quisiera Barcala, que se tendrá que enfrentar a la oposición y a Vox en el parlamento valenciano sobre el escándalo de las viviendas de protección oficial dadas a cargos del PP. Sin embargo, populares y ultras en las Corts sí que han protegido a la que fuera vicepresidenta de Carlos Mazón primero y de Pérez Llorca después, la consellera de Vivienda, Susana Camarero. O al propio Mazón. Ninguno de los dos será citado a declarar en esta comisión.

¿Tiene motivos el exedil díscolo para tirar de la manta? Antonio Gallego fue llamado a declarar a petición del partido de extrema derecha inicialmente, aunque después los populares apoyaron la citación. También es importante resaltar que según diversas fuentes consultadas, Gallego dimitió en junio del pasado año después de recibir presiones del entorno de Barcala, a quien Vox le reclamó cabezas cuando se conoció que el Ayuntamiento alicantino había incumplido la regla de gasto. Y es que, los populares gobiernan en minoría con apoyos puntuales de la extrema derecha.

Con estos antecedentes, Gallego reveló en la comisión que un año antes, en julio de 2024, la exconcejala de Urbanismo imputada por en la causa, Roció Gómez, le dijo que había resultado adjudicataria de una vivienda de Les Naus. Ese mismo mes, Barcala reorganizó su ejecutivo y pasó el área de Patrimonio de Gómez a Gallego. Todos estos indicios ponen contra las cuerdas a Barcala, quien hasta ahora había sostenido que se enteró del presunto fraude en las adjudicaciones un día antes de publicar el escándalo el diario Información, el pasado mes de enero.

¿Por qué solicitó entonces el PP dirigido por Pérez Llorca la comparecencia de Gallego? Las mismas fuentes consultadas sostienen que se trata de un capítulo más de las tensiones existentes en Alicante entre el mazonismo, ahora con Pérez Llorca como cabeza más visible, y los fieles a Barcala, quien a diferencia del jefe del Consell, sometido en dos ocasiones a ninguneo de Feijóo, recibió de forma sorprendente el aval público de Génova para repetir como candidato a la alcaldía.

Tan solo dos semanas después de aquel anuncio realizado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y del silencio de Feijóo un día más tarde sobre el futuro de Pérez Llorca como candidato en un acto en Valencia, Barcala vuelve a estar contra las cuerdas por el caso de las VPO, una situación que a buen seguro no será nada cómoda para Génova. De momento, tanto el PSPV, como Compromís, Esquerra Unida y Vox han pedido la comparecencia urgente de Barcala para que aclare si como gallego, supo de las irregularidades en 2024. De sus argumentos podría depender su futuro.