El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cesa desde mañana como miembro nato del Consejo Consultivo de la comunidad, tras cumplir 70 años, edad máxima que según la ley que regula ese órgano recoge para poder permanecer en ese puesto.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves el cese, según la resolución una resolución firmada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

El expresidente de la Junta de Castilla y León tomó posesión el 10 de diciembre de 2019, como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León pasando a cobrar más de 74.000 euros al año, tal y como publicó este medio.

La incorporación de Herrera al órgano consultivo se recoge en la Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Concretamente, el Título III establece la organización y funcionamiento, y el artículo 7 la composición, señalando que “son consejeros natos los ex presidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León”.

Asimismo, la Ley Reguladora del Consejo Consultivo señala que el plazo de incorporación de los ex presidentes de la Junta de Castilla y León será de un año desde la fecha de cese como presidente. Dentro de ese plazo deberán notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad. Es decir, que los expresidentes pueden ser consejeros natos, pero deben solicitarlo y el plazo máximo es de un año desde que dejan de estar al frente de la Junta.

Juan Vicente Herrera, tras dejar la Presidencia de la Junta sólo pasó unos meses en el paro. El nombramiento le garantizó un sueldo público de más de 74.000 euros al año, y desplazamientos en coche oficial con chófer desde su ciudad de residencia, Burgos, hasta la sede del Consultivo, en Zamora. Ahora que va a cumplir los 70 años, Herrera tendría la condición de 'emérito'.

Los ex presidentes de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, también formaron parte del Consejo Consultivo de Castilla y León como miembros natos. El Consejo Consultivo es una institución, con sede en Zamora, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

Todavía no hay fecha para el juicio por las mordidas que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta de Castilla y León entre los años 2000 y 2015 y que se cifra en unos 75 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma. El juez no ha aceptado las pruebas ni testimonios solicitados exclusivamente por el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado —a quien Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de multa solo por este caso—, entre los que se incluyen el expresidente autonómico, del PP, y ex altos cargos del gobierno.

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera no testificará en el juicio de la 'trama eólica', al igual que otros excargos y actuales trabajadores de la Junta de Castilla y León como la exconsejera de Hacienda y exdelegada regional de la Agencia Tributaria, Pilar del Olmo; el que fuera asesor de la exviceconsejera de Economía; la exjefa del Gabinete de Tomás Villanueva durante más de cinco años en su etapa como consejero de Economía; y el actual Jefe del Servicio Territorial de Industria de León.

Tampoco testificará el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, otra de las peticiones formuladas por el abogado de Rafael Delgado, con lo que pretendía “explicar sus relaciones” con Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera “y el objetivo de Iberdrola de participar mayoritariamente en las Promociones eólicas de la Comunidad de Castilla y León, dando participación a empresarios locales, a los que posteriormente compró sus participaciones sociales”. Tres directivos de Ibedrola serán procesados e Iberdrola Castilla y León está, de hecho, encausada como responsable civil, junto al gobierno autonómico y otras ocho empresas.

Los jueces que llevan el caso no lo ven “pertinente” ni “útil” para “el conocimiento y resolución” de la causa judicial. A ojos del magistrado de la Sección 4 de la Audiencia Provincial, la citación de estos testigos “no tiene relación” con el objeto del enjuiciamiento y, por lo tanto, rechaza esta petición. Así lo refleja el auto de admisión o rechazo de pruebas, al que ha accedido elDiario.es y que adelantó El Mundo de Castilla y León. Contra estas decisiones no cabe recurso en el que es el mayor caso de corrupción de Castilla y León, con una investigación judicial con más de 11.000 folios y que se dilató durante varios años: la instrucción comenzó en 2017 y todavía no hay fecha fijada para el juicio oral.

Juan Vicente Herrera ya tuvo que testificar en el caso de Perla Negra que investiga el sobrecoste millonario de un edificio de la Consejería de Economía conocido como Perla Negra. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León aseguró ante el juez que se enteró de que se estaba construyendo el edificio tres años más tarde de que comenzaran los trámites, cuando Pablo Trillo, entonces consejero de Gesturcal, le trasladó sus “inquietudes” por un precio “excesivo”. Así lo dijo en una declaración en la que se intentó prohibir la retransmisión de imágenes de Juan Vicente Herrera en su declaración.

Estos son solo algunos de los veinte testigos que solicitaba el abogado del principal investigado por la trama eólica —y en el caso Perla Negra—. La defensa del que fuera número 2 del fallecido Tomás Villanueva también requería el testimonio de dos altos cargos de Red Eléctrica Española (REE) y el director de Valoriza, testimonios también rechazados.

La defensa de Delgado también solicitó la declaración de ocho empresarios a los que sí se les concedió la autorización pertinente para instalar parques eólicos y que estaban relacionados con Tomás Villanueva con el objetivo de aclarar estos vínculos: Godava/Vapat, Viloria, Gecalsa, Geza, Señalizaciones Villar, Gasindur Distribuciones, Grupo Norte, Avoda Consulting —que pagó al hijo de Tomás Villanueva 6.000 euros al mes en 2013 y cuyo administrador único fue gerente de Prodical, una empresa participada que fue creada por la Junta hace más de 30 años para compartir el riesgo por capital privado en proyectos de alta tecnología—. Por último, Delgado quería también que testificaran dos directores de oficina del Banco Caja 3 y de Barclays.

Rechaza que algunos investigados declaren después de las pruebas

La Audiencia Provincial de Valladolid también ha rechazado que otro de los principales acusado, el ex alto cargo de Economía, Alberto Esgueva —que fue exculpado en el caso Perla Negra y se libró de pagar veinte millones de euros a Hacienda por un error burocrático— y el empresario Germán Martín Giraldo declaren después de los testigos y peritos como habían solicitado. “Debe tenerse en cuenta que en un juicio tan complejo como el que aquí se enjuicia, por razones de organización y de señalamiento, no resulta operativo que unos acusados declaren al comienzo y otros declaren al final del acto del juicio oral, todo ello salvo que todos los acusados soliciten declarar después del resto de la prueba personal, en cuyo caso se lo plantearía el Tribunal”, manifiesta el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Sí que se ha admitido que testifique el delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, pero se ha rechazado el testimonio de un empresario cuya compañía suiza movió dinero de algunos investigados en la trama eólica.

Solicitaron la declaración de un fallecido en 2017

Algunas de las acusaciones particulares reclamaron el testimonio del empresario eólico Eduardo Merigó González, que falleció en 2017 y que ya fue citado en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en 2020. También se rechaza el testimonio de un empresario residente en Alemania porque no se ha indicado “la utilidad” del mismo. Los jueces sí que admiten las testificales de trabajadores de PWC, un empresario del sector eólico de León, algunos funcionarios de la Junta de Castilla y León, un cargo de Gamesa que ya testificó en la instrucción del caso.

Dos de los tres jueces de la Audiencia Provincial deben ser sustituidos

Normalmente, después del auto de admisión de pruebas se fija una fecha para iniciar el juicio oral, una situación que no se produce en el caso de la trama eólica por la especial complejidad del asunto, el volumen del mismo, el número de partes y la gran cantidad de pruebas a practicar, así como la disponibilidad de la Sala y juicios ya señalados“. ”En su momento se procederá al señalamiento de la celebración de las sesiones del juicio oral“.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia apuntan lo que esto significa: el juicio no se celebrará a corto plazo, y por varios motivos. Dos de los tres magistrados han tenido que abstenerse en el caso porque han trabajado en la investigación judicial cuando estaba en el Juzgado de Instrucción (Javier de Blas) y durante una baja laboral de este magistrado (Soledad Ortega). De hecho, De Blas ahora es el presidente de la Sección. Por lo tanto, es necesario nombrar a otros dos jueces “de refuerzo” que no hayan estado en contacto con la investigación antes del juicio.

Además, y como señala el auto, la complejidad de la causa debe tenerse en cuenta a la hora de cuadrar agendas con los abogados y la logística del espacio físico necesario para la realización del juicio. Y una cuestión 'extra' —según explican desde el TSJ— con la que tiene que lidiar la Sección 4 de la Audiencia Provincial: es la encargada de juzgar la estafa de cuatro millones en el caso de los ataúdes, con una veintena de investigados.

Queda por saber, por lo tanto, cuándo comenzará el juicio de corrupción más importante de Castilla y León, una espera a la que se suma la de la sentencia por el Caso Perla Negra, el otro gran caso de corrupción en la autonomía, que quedó visto para sentencia en mayo de 2024.

Había despertado la lógica expectación la comparecencia en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid del expresidente de la Junta entre 2001 y 2018, Juan Vicente Herrera, citado a declarar en calidad de testigo por el abogado del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales encausados en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa del erario autonómico.

Y era lógica la expectación porque el expresidente de la Junta, inexplicablemente no llamado a declarar durante la fase de instrucción, podía haber arrojado mucha luz sobre el entramado que se juzga. Pero para eso alguien tendría que haberle preguntado. Y solo lo hizo, y muy superficialmente, el defensor de Delgado. Ni la fiscal ni el resto de las acusaciones, entre ellas la del Partido Socialista, no consideraron de interés interrogar a tan relevante testigo. En lo referente a la fiscal y al PSOE dicha inhibición resulta ciertamente chocante, aunque puede que no lo sea tanto a la luz de determinados antecedentes.

Juan Vicente Herrera, hoy consejero del Consultivo, con 80.741 euros anuales de salario bruto y coche oficial a su disposición para trasladarse (raramente más de un día a la semana) desde su residencia en Burgos a la sede de la institución en Zamora, aseguró sin pestañear que no tuvo conocimiento de lo que se cocía en Gesturcal hasta que en fecha no determinada fue informado por Pablo Trillo Figueroa, consejero de Administración de dicha empresa pública adscrita a la consejería de Economía. A Herrera no le quedaba otro remedio que admitir dicho conocimiento después de que el 30 de mayo de 2016, Trillo, en ese momento delegado territorial de la Junta en Valladolid, declarara ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid que, siendo consejero de Gesturcal, había advertido al presidente de la Junta del desproporcionado coste que la Junta se disponía a pagar por la compra de la Perla Negra.

Lo que no explicó el declarante, porque nadie se lo preguntó, fueron qué gestiones realizó para verificar el “chivatazo” de Trillo y evitar, su caso, el “sablazo” a las arcas de la comunidad. Es más, a tenor de las vaguedades de su deposición oral, se diría que Gesturcal era una empresa privada sobre la que el máximo responsable de la Junta carecía de cualquier capacidad de control.

Lo cierto y verdad es que, que el entonces titular del Colegio de la Asunción permitió que la Junta abonara 52,15 millones de euros por la Perla Negra, cuantía incrementada con cerca de otros 8,8 millones facturados por la sociedad vendedora, Urban Proyecta, en concepto de gastos financieros, con lo que el coste final del edificio se elevó por encima de los 60 millones. Un coste que en 2016 el presidente Herrera consideró ajustado a mercado y que, tras años de instrucción, la Fiscalía ha estimado inflado en más de 20 millones de euros.

 ¿Como se explica que la Fiscalía -menos mal que no fue la actual fiscal-jefe la que tuvo a su cargo el grueso de la instrucción- y el PSOE, personado como acción popular, hayan renunciado a sus respectivos turnos de preguntas al testigo Juan Vicente Herrera? En lo que respecta a los socialistas, obviamente la explicación debería ofrecerla su máximo responsable en Castilla y León, el secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca.

Ominoso pacto de silencio.- En sus primeros años de mandato, y a diferencia de sus antecesores, Tudanca se mostró dispuesto a aplicarse a fondo contra la corrupción que desde 1987, José María Aznar mediante, no había dejado de embadurnar al PP de Castilla y León por los cuatro costados. Tras ganar las primarias internas al palentino Julio Villarrubia, en octubre de 2014 el socialista burgalés accedió a la secretaria autonómica, desde la que fue proclamado sin rival candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2015.

Cuando estaba a punto de finalizar la campaña electoral de ese año, el candidato a la reelección en la presidencia de la Junta se desayunó con una indigesta noticia publicada por elDiario.es: Su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, asesor financiero delegado de Renta 4 en Burgos, aparecía como cotitular de una sociedad de inversiones creada en 2008 en Panamá junto al constructor burgalés Jesús Arranz Monje (grupo Arranz Acinas) en comandita con dos testaferros nativos de aquel paraíso fiscal. Ninguno de los periodistas que seguía la campaña importunó con la noticia al candidato del PP, que ese día celebraba un acto electoral en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. Y únicamente el digital leonés ILEÓN se hizo eco de la noticia. El blindaje informativo engrasado con la chequera mediática manejada a su antojo por el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se hizo notar del mismo modo que cuando el susodicho fue cazado utilizando su coche oficial en la Junta para un asunto estrictamente familiar.

Tras fracasar en su afán por mantenerlo oculto, años después el gobierno Herrera tuvo que reconocer que la Junta, a través de la empresa pública Excal, había firmado un convenio con el grupo Arranz Acinas para ubicar en un edificio de su propiedad una oficina supuestamente dedicada a apoyar la internalización de los empresarios de la comunidad, despacho atendido por una tal Ana Cecilia Alvarado, que trabajaba simultáneamente para las dos partes contratantes.

Conocedor de todo este percal, Tudanca amagó pero nunca dio. En mayo de 2017 había sido reelegido al frente del PSCyL en el congreso autonómico celebrado en Zamora bajo el elocuente lema “La alternativa decente”. Sin embargo, y como por ensalmo, el líder de la oposición dejó de interesarse por el lado oscuro de la gestión de su paisano Juan Vicente, al que aún le restaban más de dos años de mandato. Del mismo modo que en las primarias socialistas de 2014 Tudanca pidió explicaciones a Villarrubia sobre el llamado “pacto de la Coronita” perpetrado en 2012 por el palentino con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el actual secretario autonómico debería de explicar el ominoso pacto de silencio concertado con su paisano el hoy consejero del Consultivo.

Me he quedado sin espacio para ocuparme de la preocupante “amnesia” de la exconsejera Pilar Del Olmo, quien ha actuado en la sala de vistas con la misma desfachatez que cuando declaró por videoconferencia durante la fase de instrucción. Ya dije en vísperas del juicio que en el banquillo probablemente sean todos los que están, pero no están todos los que fueron. Ya veremos como salen del trance los seis antiguos cargos públicos o altos ejecutivos de la Junta finalmente encausados. Desde luego, los dos viceconsejeros del malogrado Tomás Villanueva, el citado Rafael Delgado y su alma gemela Begoña Hernández, lo tienen en chino mandarín. Por el contrario, dicen que el yerno de “El Águila de Toledo” mantiene la esperanza de salvarse de la quema.

La Audiencia de Valladolid impedirá difundir imágenes del expresidente de la Junta de Castilla y León como testigo en el caso Perla Negra, cuyo juicio empieza el próximo 14 de marzo. Juan Vicente Herrera será uno de los 90 testigos y peritos que están citados a declarar en el juicio por el presunto sobrecoste millonario del edificio Perla Negra para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid).

Según las indicaciones que ha remitido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los medios, los periodistas pueden grabar audio y vídeo y obtener imágenes fijas durante los primeros diez minutos de cada sesión, pero “el rostro de testigos y peritos no puede ser grabado ni emitido”, algo que solo se contempla habitualmente si los testigos son menores de edad o un testigo protegido. En otros procesos judiciales como el de la caja B del Partido Popular, la imagen de testigos como el expresidente Mariano Rajoy pudo ser grabada y difundida por los medios de comunicación. El audio de toda la vista sí podrá grabarse y emitirse.

Además, las imágenes no podrán emitirse parcial o completamente, ni en directo ni en diferido. Solo se pueden usar las grabaciones “para elaborar piezas informativas”. Las declaraciones de los acusados sí podrán grabarse por completo.

El TSJ ha remitido a primera hora de la tarde un comunicado en el que ha defendido que la no grabación de los rostros de testigos y de peritos es “habitual” en los juicios que celebra la Audiencia Provincial. El TSJ mantiene que la guía para medios donde se concreta la cobertura informativa de los juicios es “siempre” aprobada por el órgano judicial que celebra la vista. Es este caso, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha tomado la decisión final tras la propuesta del TSJ.

Doce personas, entre las que figuran exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se sentarán en el banquillo de los acusados. El juicio empezará el 14 de marzo y se dilatará hasta el 29 de abril.

También forma parte del caso la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó más de lo que costaban. Ambas operaciones tienen en común a empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.

La declaración de Herrera fue solicitada por la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, principal acusado de una causa en la que figura también como acusada su sucesora en el cargo, Begoña Hernández.

La defensa del principal acusado del caso Perla Negra, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, propone que el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declare en el juicio oral. Además solicita la testifical de otras 21 personas, entre las que se encuentran los dueños de el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, el mismo que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro y que recibió de la Junta de Castilla y León más de cuatro millones de euros por unas obras adjudicadas a dedo.

La causa abarca tanto el arrendamiento y posterior compra de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid) que acabó en un sobrecoste millonario como la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó un sobrecoste. Ambas operaciones tienen en común algunos empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.

Las dos operaciones se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León. Según la Fiscalía, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

La Junta de Castilla y León pagó, a través de Gesturcal, por el edificio conocido como Perla Negra 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y abonó también 9.787.472,55 euros, por conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

En cuanto a los terrenos del polígono de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Un consejero advirtió al expresidente de que el precio era “disparatado”

A lo largo de 112 páginas, el abogado de Delgado, para quien la Fiscalía pide 11 años por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia, un delito continuado de malversación de caudales y cohecho, intenta desmontar los delitos de los que se acusa su cliente, pero además alega la prescripción de los mismos. Se basa en el artículo 131 del Código Penal, que establece que los delitos que se imputan a Delgado prescribirían a los cinco años o, en todo caso, a los diez, en aquellos casos en los que la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. Así “puesto que en el relato de los hechos realizado tanto por el Ministerio Fiscal como por las distintas acusaciones se establece el año 2005 como fecha fundamental de cara a datar los acontecimientos que han dado lugar a las presentes actuaciones, los delitos en los que se encuentran subsumidos tales hechos habrían prescrito por el transcurso del plazo establecido”.

En cuanto a la petición de que el expresidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, testifique, está basada en la testifical del exdelegado territorial de la Junta, Pablo Trillo Figueroa, quien declaró en fase de instrucción que advirtió a Herrera del precio “disparatado” que se estaba manejando en relación al Perla Negra. En ese momento, Trillo era consejero de Gesturcal y se negaba a avalar la operación.

Tal y como recuerda el abogado de Rafael Delgado, Trillo relató al juez cómo respondió Herrera. “La contestación que obtengo del presidente, cuando me despido de él, es gracias por la información, te agradezco la lealtad, no conozco la operación, me voy a informar de la misma.” Lo que ocurrió es que la Junta, que iba a alquilar por un precio muy alto, acabó por comprar el inmueble y pagó, siempre según el relato del instructor del caso y de la Fiscalía, un sobrecoste millonario.

En descargo de Delgado, su defensa asegura que “no consta” que se extralimitara en el ejercicio de las facultades de administración patrimonial vinculadas a su cargo como consejero delegado de Gesturcal. Respecto al coste del Perla Negra, precisa que fue determinado por los directivos de la sociedad sin intervención alguna de Delgado “que se limitó a formalizar los términos del acuerdo determinado por aquellos”

Argumenta además que antes de formalizar la compraventa del edificio “se solicitaron informes de sociedades independientes que verificaron la viabilidad del proyecto planteado y un valor ajustado a precios de mercado actuando, de este modo, con la diligencia que resulta exigible a los responsables de la gestión del patrimonio público”. Sin embargo, tal y como publicó elDiario.es , hubo tasaciones que no llegaron al consejo de administración de Gesturcal y que otorgaban un precio notablemente inferior al edificio. En este sentido, la defensa recuerda que “no sólo se tomó en cuenta el informe de Tinsa de 24 de octubre de 2010 sino precios que se estaban abonando en otros proyectos similares, especialmente los determinados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en procedimientos expropiatorios”.

Por otro lado, para la defensa no se ha acreditado “la relación causa-efecto entre la administración del patrimonio público· imputable Delgado y el quebranto económico de la sociedad ADE Parques en el caso del Polígono de Portillo y tampoco se ha acreditado que ”haya percibido privilegios o favores económicos de parte de los acusados en relación a las operaciones de alquiler y posterior compraventa de la vivienda sita en el Paseo de Zorrilla nº 64 de Valladolid“. Esta vivienda, en manos de uno de los empresarios beneficiados por las operaciones de la causa, acabó en manos de Delgado. El hombre al que la Fiscalía apunta como su testaferro y que tras permanecer imputado ha quedado fuera del procedimiento, envió mails a la empresa que tenía el piso y llegó a ofrecerse a hacer facturas falsas de reformas para justificar la rebaja en el precio.

La Audiencia Provincial tendrá que estudiar ahora el escrito de Defensa de Delgado y el del resto de los acusados. Todos ellos argumentan, entre otras cosas, que no han recibido el procedimiento completo, lo que vulnera su derecho de defensa.

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera tomará posesión este martes, 10 de diciembre, como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León en un acto que se celebrará en la sede de esta institución en Zamora. A partir de ahora, Herrera cobrará más de 74.000 euros al año.

El acto comenzará a las 10 de la mañana y contará con la presencia, entre otros, del actual presidente del Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de las Cortes autonómicas, Luis Fuentes, y el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca. 

El expresidente autonómico tomará así posesión del cargo de consejero nato, tal y como establece el reglamento de la institución, que señala que “son consejeros natos los expresidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León”. Herrera solicitó el puesto de consejero natoen noviembre, después de haber intentando, sin éxito, seguir en la política.

Asimismo, la Ley Reguladora del Consejo Consultivo señala que el plazo de incorporación de los expresidentes de la Junta de Castilla y León será de un año desde la fecha de cese como presidente. Dentro de ese plazo deberán notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad.

Los ex presidentes de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, también formaron parte del Consejo Consultivo de Castilla y León como miembros natos

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y candidata fallida de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Silvia Clemente, gastó durante la pasada legislatura 3,6 millones de euros en publicidad institucional. Prensa tradicional y medios digitales recibieron importantes sumas de una institución que hasta la llegada de Clemente no tenía presupuesto para anuncios. La política -hoy apartada tras su salida del PP y el pucherazo de las primarias de Cs, blindó su imagen gracias a contratos con medios que, en algunos casos tienen una audiencia residual. Todo desde una cámara legislativa que no tiene demasiado que publicitar y que hasta la llegada de Clemente, que ya había cultivado su relación con los medios desde la Consejería de Agricultura, ni siquiera tenía presupuesto para anuncios.

Corrían aquellos años en los que Clemente jugaba a ser la sucesora de Juan Vicente Herrera, mimando a medios amigos que rara vez hurgaron en sus escándalos. Publi-reportajes, premios a la mejor comunicadora, todo era poco para alabar a la dirigente que más poder acumuló en el PP de la región.

Cuando eldiario publicó una extensa investigación sobre la suntuosa reforma del chalé en el que Clemente pasaba junto a su pareja los veranos, con más de un millón de euros de origen desconocido, el silencio en la prensa autonómica fue clamoroso. Tampoco se levantó ninguna polvareda con las subvenciones que la empresa patatera de su novio y después marido recibió de la Consejería de Agricultura cuando Clemente estaba al frente.

Algunos de estos medios favorecidos con sustanciosos contratos publicitarios llegaron incluso a tratar de desmentir las informaciones de este diario. A la cabeza de los mejor tratados por Clemente está por un lado Radio Televisión Castilla y León, de los constructores José Luis Ulibarri y Antonio Méndez Pozo, el primero imputado en tres causas de corrupción y el segundo condenado en una, y por otro el conglomerado del primero, Promecal. Casi la mitad de los 3,6 millones fueron a parara Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), que se llevó 1,7 millones; Promecal, de Méndez Pozo consiguió, 477.323 euros, las agencias de información Europa Press, Agencia Ical y Agencia Efe, ingresaron 200.000 euros.

La Gaceta de Salamanca está a la cabeza de los contratos de prensa de papel con 118.764 euros, El Mundo-Diario de Castilla y León ganó 111.704 euros, ABC con 83.667 euros, Diario de León con 71.291 euros, Cadena Ser con 69.626 euros y El Norte de Castilla con 66.904 euros son los medios más mimados.

Los datos están publicados en el portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León. La evolución del gasto desde 2015, que es cuando Clemente toma posesión del cargo, es reveladora: la presidenta gastó ese primer año 514.184.91 euros. En 2016 subió el presupuesto un 16,58%, con una inversión en medios de 599.459,93 euros. Así, en 2017 aumentó los contratos publicitarios un 37% respecto al año anterior, con un total de 821.657.60 euros en facturas. En 2018, otro año importante para Clemente porque pretendía consolidar su imagen mientras coqueteaba con el cambio de filas a Ciudadanos, el aumento fue del 9%, con un total de 895.873.65. En 2019 los datos solo abarcan hasta el 21 de junio que es cuando arrancó la nueva legislatura. Clemente dejó el PP en febrero y pasó a Ciudadanos. Tenía por delante un año que suponía triunfal. Iba a ser la candidata de Ciudadanos a presidir la Junta. Dejó firmados generosos contratos con Radio Televisión Castilla y León y con Promecal. Así, la cantidad total asciende a 839.482,26 euros. Por lo tanto, desde 2015, año de aterrizaje de Clemente en el Parlamento autonómico, hasta 2019, la inversión en publicidad institucional no solo debutó en ese órgano, sino que en cuatro años subió más de un 60%.

Pero, además del ingente gasto, único entre el resto de los Parlamentos autonómicos, destaca la falta de un criterio objetivo para repartir dinero público. En 2016, el medio de comunicación que más cobró mediante contratos inferiores a 30.000 euros, fue un diario local, La Gaceta de Salamanca, que facturó a Las Cortes 27.000 euros redondos, una cantidad muy por encima de la que cobró el diario líder en la Comunidad, El Norte de Castilla, propiedad del Grupo Vocento, que no obtuvo más que 8.000 euros. El segundo medio fue Diario de Valladolid-El Mundo de Castilla y León, propiedad del imputado en Púnica, Gürtel y Enredadera, José Luis Ulibarri, con una suma de 16.774,25 euros. Entre las radios la que más cobró fue esradio, también de Ulibarri y que tiene una cifra de oyentes discreta, pero que se llevó 9.475,50 euros, una cantidad por encima de la que recibieron Cadena Ser, Onda Cero o Cope. Pero, ¿cómo pudo llevarse un diario salmantino más publicidad que ninguno? Era el año previo a las primarias del PP de Castilla y León, a las que concurrió el entonces alcalde de Salamanca y ahora presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco . Clemente fue uno de sus máximos apoyos hasta que llegó la ruptura.

En 2017 los datos también son llamativos. Es el año de las primarias del PP de Castilla y León y también el año el que algunos medios entran en la categoría de contratos por encima de los 30.000 euros, un apartado que en los ejercicios anteriores sólo estaba ocupado por las agencias de noticias, Promecal y Radio Televisión Castilla y León. El periódico que más dinero se llevó en contratos por encima de 30.000 euros fue Diario de Valladolid-El Mundo, con facturas que superaron los 38.000 euros y fue seguido por otro diario que está a la cola en lectores, La Razón, que cobró algo más de 20.000 euros. Por detrás fueron La Gaceta de Salamanca y El Adelantado de Segovia.

En 2018, el año en que más se gasta, los medios de Ulibarri y de Méndez Pozo son los que más dinero se llevan. Los periódicos del primero, El Mundo y Diario de León, superan cada uno la cifra de 40.000 euros, mientras que el segundo se lleva, como cada año, un pellizco de más de 100.000 euros. Un medio desconocido, Hecho Noticiable, recibió 400 euros.

En 2019, cuando Silvia Clemente pretende ser la presidenta de la Junta de Castilla y León después de su salto a Ciudadanos, la inversión se mantiene y vuelve a ser La Gaceta de Salamanca uno de los diarios mejor pagados, con más de 43.000 euros en contratos.

En cuanto a las cantidades invertidas en Radio Televisión Castilla y León, 1,6 millones, y Promecal, 477.324.000 euros, se sabe que en el primer caso es por los programas que hace sobre las Cortes. Pero en realidad es algo que se cobra dos veces ya que el contrato marco con el que la Junta de Castilla y León concede una ayuda directa millonaria de entre 18 y 25 millones cada año, ya contempla la difusión de actividades de las instituciones. En el caso de Promecal, se desconoce el acuerdo por el que se ha hecho con 100.000 euros año a año y cómo se licitó.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el nombramiento del expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera como consejero del Consejo Consultivo de la Comunidad, tal y como adelantó eldiario.es, Herrera solicitó el puesto de consejero nato, reservado a expresidentes, el pasado 20 de noviembre, después de haber intentando seguir en la política sin éxito. Por este cargo, Herrera percibirá más de 74.000 euros anuales hasta que se jubile, cuando pasará a ser consejero emérito.

Según la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, “son Consejeros natos del Consejo Consultivo los ex Presidentes de la Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comienzo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León. El plazo para su incorporación al Consejo será de un año desde la fecha del cese como Presidente de la Junta de Castilla y León”.

Los ex presidentes de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, también formaron parte del Consejo Consultivo de Castilla y León como miembros natos. Ambos fueron nombrados miembros consejeros eméritos en 2011 y 2014, respectivamente. El Consejo Consultivo es una institución, dependiente presupuestariamente de las Cortes, con sede en Zamora, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. 

La Junta de Castilla y León ha pagado, a lo largo de 16 años, 705.039,68 euros por la vivienda presidencial que ocupó hasta los últimos meses de su mandato el expresidente Juan Vicente Herrera, según los datos aportados por la Secretaría de Presidencia y solicitados por este medio a la Consejería de Transparencia el pasado 7 de agosto. Tal y como informó eldiario.es, Castilla y León es la única comunidad que paga la vivienda a su presidente.

Los datos aportados por presidencia, que durante tres meses no facilitó la información requerida por Transparencia, solo abarcan el periodo comprendido entre 2002 y octubre de 2019, a pesar de que el imponente piso ubicado en la Acera de Recoletos, en plena 'mila de oro' de Valladolid, se alquiló, según Presidencia, desde el 1 de agosto de 1985, cuando la Junta estaba en manos del PSOE. Uno de los ocupantes del piso de Recoletos fue José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989: las crónicas de esa época hablaban del piso de la pareja Aznar-Botella en pleno centro de Valladolid y de su intensa vida social.

Lo que se pagó desde 1985 hasta 2002 no consta porque, según el informe recibido por este diario, los documentos se han destruido en base al Decreto 115/1996, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León, que en sus artículos 33 y 43 establece los criterios según los cuales procede la eliminación de documentación conforme a lo establecido en los calendarios de conservación. En este sentido, se destruye la documentación relativa a pagos en firme realizados por esta Administración, afectados por la Regla de Conservación 804, y documentos contables, una vez transcurrido el plazo general de 9 años desde su producción, así como pagos a justificar realizados por esta Administración, afectados por la Regla de Conservación 658 (Cuentas de pagos a justificar), una vez transcurrido el plazo general de 10 años desde su producción. Todo ello teniendo en cuenta la orden CYT/702/2014, de 17 de julio, por la que se aprueban y se sustituyen los calendarios de conservación de determinadas series documentales del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Alquiler con dinero público y 73.000 euros de sueldo

El piso de la Acera de Recoletos, de 199 metros cuadrados, se alquiló a la empresa Conre SA, hoy Conre SL. Según informa Presidencia a eldiario.es, “el actual presidente de la Junta de Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) no ha hecho uso de dicha vivienda, por lo que se ha tramitado la resolución del contrato de arrendamiento”. El último pago reseñado en 2019 va de enero hasta octubre, y se pagaron 26.301,50 euros en concepto de alquiler, 4.911,55 euros de comunidad y 412,01 euros de luz. Así, en 10 meses se ha abonado un total mensual de 3.162,5 euros, una cifra que deja serias dudas sobre la austeridad de la que presumía Juan Vicente Herrera, que dejó el cargo el pasado mes de junio después de 18 años percibiendo un sueldo anual de 73.211,28 euros.

Según su última declaración de bienes, en su haber tiene un piso en Burgos, provincia de la que es oriundo, un tercio de otro y de un local en la misma ciudad y la mitad de dos fincas en Hortigüela y Villatoro, también en Burgos. En sus cuentas tiene un saldo de 68.974 euros, así como 1.406.129,33 euros en fondos de inversión. El único vehículo declarado es un Audi de 1995. Hasta que dejó la política, Herrera solo se desplazaba en coche oficial.

Filtración de Presidencia a un diario regional

Acceder a la información del controvertido piso no ha sido fácil: en 2018, cuando este diario solicitó el importe de las rentas, no obtuvo respuesta por parte de la Junta de Castilla y León. El nuevo intento en agosto de 2019 dio resultado, pero después de incumplir los plazos legales previstos por la Ley de Transparencia. Fuentes de la Consejería de Transparencia confirmaron a este diario que se tuvo que insistir varias veces a Presidencia en que había que facilitar la información.

El documento se hizo llegar a eldiario.es el pasado viernes 11 de noviembre. Ese mismo día, Presidencia dio parte de la información solicitada por este medio a El Norte de Castilla, que publicó sin firma y sin atribuir la fuente la fecha en que se alquiló el piso de Recoletos, la última renta abonada y la rescisión del alquiler. El director de Comunicación, Julio López Revuelta, aseguró a este diario que el rotativo regional también había pedido información sobre la vivienda “en agosto”, si bien no precisó fecha o prueba alguna de esa petición.

El periódico añadió un dato más de “fuentes de la Administración regional”: Alfonso Fernández Mañueco no ocupará el imponente piso de Recoletos pero sí otro del que no se da información “por razones de seguridad” y que será más barato, 1.460 euros al mes. “El uso que hará, dado que mantiene su residencia familiar en Salamanca, será para responder a necesidades de trabajo y representación propias de su cargo”, dice el diario al que se filtró la información. Así, Castilla y León seguirá siendo la única comunidad que paga el alquiler a su presidente.

La filtración de parte de los datos solicitados por eldiario.es y el anuncio de que Fernández Mañueco tendrá una casa a cargo de las arcas del Gobierno autonómico ha provocado malestar en Transparencia y en el consejero y vicepresidente Francisco Igea, que hasta este sábado desconocía las intenciones de su socio de Gobierno de cargar sus gastos de vivienda a la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien apura los últimos días de su legislatura y con quien ha coincidido este lunes en un desayuno informativo organizado por El Norte de Castilla.

“Hay políticos en España que quieren ser primeros espadas y no han gestionado nunca, eso es peligroso”, ha sentenciado Feijóo, al tiempo que ha defendido su creencia en la “formación y la experiencia” y el “valor” que supone el presidente de la Junta de Castilla y León para el PP.

Herrera cayó en desgracia hace cuatro años cuando, tras perder la mayoría absoluta, realizó un análisis del fracaso general de su partido y propuso al entonces presidente, Mariano Rajoy, que se mirase al espejo. Ahora, aunque aún no ha confirmado que abandone la política, no ha encontrado el acomodo que buscaba. La dirección nacional del partido no sólo ha ignorado sus propuestas para las candidaturas al Senado que dejaron fuera a su delfín, el alcalde de León, Antonio Silván, sino que tampoco le ha ofrecido un cargo a él.

El presidente de la Xunta de Galicia ha mandado un aviso al apuntar que “sería un desperdicio para España” que una persona con la experiencia de Herrera abandonara la política, tras lo que ha señalado que sería “muy útil”.

Sobre los resultados electorales obtenidos por su partido el pasado 28 de abril, Núñez Feijóo ha afirmado que se trata de un fracaso de “todo el PP” y, pese a ello, ha garantizado su respaldo al presidente del partido, Pablo Casado.

El presidente del PP gallego considera que su partido se ha mostrado algo “titubeante” con determinados mensajes durante la campaña previa a los pasados comicios y que ahora debe fijar su mensaje en “la moderación, la centralidad y la humildad”. A su juicio, el fracaso del partido se debe a la fractura del voto del centro-derecha, producto de una buena maniobra electoral del PSOE de Pedro Sánchez, quien se ha centrado en “jugar” a técnicas electorales desde el Gobierno.

Núñez Feijóo ha insistido en la importancia de afrontar los nuevos comicios “después del duelo” y en que el partido debe trabajar para que los electores “vuelvan a casa”.

Así, ha echado la mirada atrás para explicar el por qué decidió no presentarse a las primarias de su partido, una decisión que ha definido como “compleja” ya que ha reconocido que a cualquier dirigente le gustaría trabajar para ser el presidente de este país. No obstante, ha insistido en que en aquella ocasión no se dieron las circunstancias porque se trataba de tomar una decisión en 10 días y su compromiso estaba con los ciudadanos gallegos.

Ha insistido en que él está ahora “donde quiere estar” y es en su labor de presidente de la Xunta de Galicia. “Quien se aproveche de un momento de dificultad no es de fijar, si no es de fiar en el partido tampoco lo será en el Gobierno”, ha zanjado. “En diez días no se puede llevar a puerto un barco en ruta”, ha concluido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el caso Perla Negra, el sobrecoste millonario de un edificio de Economía de la Junta de Castilla y León en Valladolid y la compra de terrenos sobrevalorados para un polígono industrial, ha desestimado los recursos de los 10 imputados. La causa es una de las que más preocupa al Gobierno regional: entre los investigados figuran quienes formaron parte de la cúpula de la Consejería, a excepción del consejero, que falleció inesperadamente antes de declarar en calidad de investigado.

El juez sí acepta a petición del PSOE, que ejerce la acusación popular, y de la Fiscalía, añadir el presunto cohecho que recibió de los constructores el que fuera secretario general y viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. El exnúmero 2 de la Consejería se hizo con un piso a través de una complicada maraña de empresas.

La vivienda, de 235 metros cuadrados en pleno Paseo de Zorrilla, fue comprada por Tecnicyl, la sociedad de uno de los responsables de la promotora Urban Proyecta, en abril de 2006. Tan solo un mes después, la Junta le adjudicó la construcción del edificio Perla Negra. El piso se transfirió por 437.747,65 euros, el mismo precio que pagó Tecnicyl, a Nereo de Inversiones, administrada por Carlos González Maestro.

Gónzalez Maestro, también imputado en el caso, es un abogado relacionado con una veintena de empresas entre las que figuran San Cayetano, cuyos responsables (los hermanos Esgueva Gutiérrez) están imputados tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra, o Cementos la Bureba, una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el pelotazo del sobrecoste del parque empresarial de Portillo y que forma parte de la causa. El letrado también es administrador de la sociedad que se constituyó para gestionar el fallido polígono.

En 2011, con el pelotazo del edificio Perla Negra, con un coste estimado de 40 millones de euros y una venta a la Junta que ronda los 70, y con un Polígono por el que la Junta compró terrenos previamente adquiridos por empresarios afines y revendido por 9 veces más de su valor real, ya ejecutado, Delgado dejó la Junta de Castilla y León.

Su siguiente paso fue alquilar ese piso de Zorrilla a Tecnicyl, por 900 euros mensuales. En septiembre de 2012 lo compró, y lo hizo a través de su sociedad Samuño Activos SLU. Una serie de correos intervenidos en una inspección de Hacienda, a los que tuvo acceso eldiario.es, dan las pistas de cómo se preparó la extraña transacción. En abril de 2012, el abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado durante la investigación como el testaferro de Delgado pero hoy fuera de la causa, mandó un correo al administrador de Nereo para exponer cómo Delgado y él pretendían “rematar el asunto del piso de Zorrilla” para poner el plan en marcha ese mismo mes “a todos los efectos”. El correo iba con copia a los responsables de la promotora y la constructora del edificio Perla Negra, Ángel Montes (Urban Proyecta) y Germán Martín Giraldo (Parqueolid).

Comprar un piso y recibir dinero a cambio

Proponía un contrato de arrendamiento con opción de compra por 2.100 euros mensuales (Delgado estaba pagando 900) y la opción de compra por 400.000 descontando el 50% del arrendamiento. Recogían en el acuerdo “dos estipulaciones claves”, una de ellas era que se reconociese una “realización de obras y mejoras realizadas por el arrendatario por importe no inferior a 200.000 euros, que en caso de ejercer la opción de compra sean descontadas del precio”, y precisaba: “Así no se vincula ningún pago previo, ni transmisión de capital alguno”. El plan era realizar la compraventa dos años después y poner como titular del nuevo arrendamiento a Samuño Activos, la mercantil de Delgado.

La propuesta no se llevó a cabo. El 25 de abril, el testaferro volvía a escribir al propietario (siempre con copia a los responsables de Urban Proyecta y Parqueolid) para trasladarle su “disgusto” (de él y de Rafael) por verse “avocados” [sic] a la compra, porque de otro modo les saldría más caro y sólo ganaría la entidad financiera. “Por consiguiente la operación se estructura como compraventa por el precio de la hipoteca, y el día de su firma deberemos recibir la cantidad de 220.000 euros”, decía Rodríguez Recio. Es decir, Delgado compraba un piso, pero el que recibía dinero era él.

Añadía Rodríguez Recio que “si a efectos de justificación del pago de los 220.000 euros” necesitaba una o varias facturas, una de sus mercantiles (escribe nuestras, en referencia a las de él y Delgado) “estará dispuesta a la facturación que sea necesaria”. La compra se hizo efectiva en septiembre, pero por 412.113,79 euros, un precio notablemente inferior al abonado inicialmente por el vendedor.

Hacienda consideraba en un informe que el piso fue pagado “al menos en parte” por la sociedad del testaferro, Tough Trade, SAU y especificaba que no pudo comprobar si el extraño pago de los 220.000 euros por la parte vendedora se hizo efectivo.

“No se trata de modificar ningún criterio sino de desarrollar una de las cuestiones ya consignadas en el auto recurrido respecto del estudio económico y empresarial de Rafael Delgado, sus diversas actividades económicas y sus relaciones con algunas de las empresas investigadas, y la ampliación procede para permitir una mayor concreción en la imputación y posterior acusación sobre tales hechos”, precisa el juez.

Instrucción de más de 5 años

Repecto al resto de recursos, en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez comienza advirtiendo de que la resolución recurrida es “fruto de una actividad instructora prolongada”, en concreto, el caso se investigó durante más de 5 años. “Es fruto de un pormenorizado análisis de todo lo actuado, por lo que difícilmente el instructor va a modificar su criterio”, señala.

Un palacete en Bruselas fuera de la causa

Aunque estima en parte el recurso del PSOE al que se adhirió la Fiscalía respecto a Delgado, rechaza la práctica de “ninguna otra diligencia”. Lo que Fiscalía y PSOE pretendían es que se incluyese en la causa el alquiler de un palacete en Bruselas por parte de la Junta a una empresa aparentemente belga, pero que en realidad pertenecía a los promotores del edificio Perla Negra. Pagaban más de 12.000 euros anuales por él.

El juez rechaza que forme parte de la causa porque, según dice, no ha dado tiempo a investigar más. “Cierto es que en un principio y tras el recurso de las acusaciones, la investigación se ampliaba a la contratación del arrendamiento de un edificio en Bruselas por parte de Ade Europa a la empresa Colouis S.A., pero nada o casi nada se ha podido practicar al respecto”, motiva. Dice que “por la introducción tardía de tal cuestión” no se pudo “preguntar a la mayor parte de investigados sobre ese tema, por lo que no ha podido ser lógicamente objeto de imputación alguna”. Es decir, a pesar de que se introdujo en la causa porque había indicios de criminalidad, quedará sin juzgar.

Tampoco admite el juez la petición de PSOE y Fiscalía para que se anule el sobreseimiento respecto al que fue director de ADE Parques, la empresa pública de la Junta que gestionaba los polígonos industriales. Considera que aunque Jesús J M. “pudo tener participación”, no tuvo “decisión alguna en el abono de las facturas a Parqueolid, constructora del edificio Perla Negra y también inmersa en la compra de terrenos del polígono de Portillo y por ello no está recogido en el auto”. Según el instructor “se limitó a intervenir en las negociaciones sobre la venta de las parcelas a posteriori y sin capacidad de decisión al respecto, como órgano ejecutor de las decisiones tomadas ya por Rafael Delgado –viceconsejero de Economía– y Begoña Hernández –su sucesora en el cargo–” .

Resuelve los recursos de los investigados conjuntamente “por cuestiones claras de economía procesal”. Todos ellos, dice el auto, “han de correr igual suerte desestimatoria”. Se basa el juez en el “análisis pormenorizado” y “concienzudo”, en una investigación de más de 5 años. Un “análisis objetivo” que “corresponde al juez instructor y no puede ser sustituido por el análisis subjetivo interesado de parte”. Aun así, remarca que “todo es discutible y cuestionable”, que el auto describe hechos ajustados a la realidad pero “no supone sentenciar definitivamente los mismos ni prejuzga”.

El auto describe la intervención de todos los investigados en los dos temas investigados, Perla Negra y el polígono de Portillo, sin que pueda descartarse la intervención de los imputados. “No puede negarse esa participación, con independencia de la interpretación que proceda en sentencia final”, subraya. Ante las críticas de algunas de las defensas sobre la falta de concreción del juez, este justifica que sentar un relato definitivo de hechos probados, no es misión del instructor. “El auto desarrolla en una considerable extensión unos hechos imputados, guste más o menos o convenza más o menos a unos y otros”, añade.

Además, explica que no sólo enumera los hechos sino que hace referencia o mención a elementos como son los informes policiales del Grupo de Delincuencia Económica, la información sobre cuestiones relativas a la ocupación de cargos y otros extremos de facturación y pagos de la Junta de Castilla y León y los informes de la IGAE. Los investigados tiene la posibilidad de presentar recurso de apelación.

Los incumplimientos de legislatura y la corrupción en Castilla y León son dos de las cuestiones que los grupos políticos de la oposición han determinado como preguntas al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el pleno autonómico de la próxima semana, que será el último de la legislatura y de la carrera política del presidente de la Junta de Castilla y León.

El portavoz del Partido Socialista y candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo ha asegurado este viernes tras la celebración de la Junta de Portavoces que la legislatura en Castilla y León “acaba como empezó”, con casos de corrupción sobre la mesa. Se inició pidiendo explicaciones al Gobierno de la Comunidad sobre la trama eólica y ahora atacarán con el “último escándalo”.

El socialista Luis Tudanca interrogará al presidente de la Junta por los 70 millones de euros devueltos al Gobierno de España para poner en marcha cursos de formación para 35.000 desempleados y que, en algunos casos, se había llegado a “adjudicar a empresas relacionadas con miembros del Partido Popular”. Un ejemplo, según el portavoz del PSOE, de que “el desgobierno sigue” con “más causas oscuras” en torno al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

Podemos preguntará al presidente de la Junta por su “valoración del resultado de la acción política” de estos cuatro años que, a juicio del portavoz de esta formación, también candidato a la Presidencia de la Junta, ha estado marcada por “la despoblación, la precariedad y la corrupción” que son los elementos que “han definido la acción política del Partido Popular”.

Pablo Fernández considera que el PP se encuentra en un estado de “evidente descomposición”, víctima de un “juego de tronos” que generará “un derrumbe que va a permitir el cambio necesario” en el Gobierno de la Comunidad. Podemos ha reconocido que, después de estos cuatro años, se ha quedado en el tintero presentar en las Cortes una propuesta para la reforma de la Constitución y que el parlamento autonómico pidiera al Gobierno que la Carta Magna “blinde la Sanidad”.

Desde Ciudadanos, con quien el Partido Popular alcanzó un acuerdo para la gobernabilidad al inicio de la legislatura, se considera que el grado de cumplimiento de los puntos de aquel pacto han tenido “luces y sombras”, tal y como ha señalado este viernes el procurador de Cs, David Castaño.

Entre las cuestiones que no se han cumplido, y que han supuesto un “absoluto fracaso”, se encuentra la modificación de la Ordenación Territorial, un asunto que no ha salido adelante en esta legislatura y que es una cuestión “grave” para Castilla y León, debido a sus problemas de despoblación y de capacidad de prestación de servicios públicos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha negado este martes la existencia de una “crisis de gobierno” por el hecho de las consejeras Milagros Marcos y Alicia García tengan que abandonar sus cargos por ser cabezas de lista a las generales por Palencia y Ávila, respectivamente, al tiempo que ha asegurado que es “un un gran honor” que el PP “haya recurrido a dos grandes consejeras”.

“Es un gran honor para el actual gobierno de Castilla y León que el PP haya recurrido a dos grandes consejeras para ser cabezas de lista por las provincias de Ávila y Palencia”, ha asegurado a los medios en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, antes de participar en la inauguración de la muestra 'Burgos: Tierra de orígenes', organizada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021.

“Quienes hablan de crisis en el Gobierno de Castilla y Léon no utilizan precisamente el sustantivo adecuado. No hay ninguna crisis”, ha zanjado tras ser preguntado por la salida del gobierno regional de las titulares de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y la de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Herrera, además, ha garantizado que la situación “se resolverá”, aunque no ha aportado más detalles sobre cómo lo hará. “Desde luego, para resolver eso que ustedes denominan crisis yo no hubiera venido a Bruselas”, ha expresado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, presente en el mismo acto, ha afirmado que la situación es “un síntoma más” de la “desbandada y el desgobierno” que “viene sucediendo” desde hace “mucho tiempo” en el gobierno de Castilla y León y “de la necesidad que hay de un cambio” en la comunidad autónoma.

“Lo que me preocupa no es lo que pase ya en los meses que quedan de legislatura, sino lo que lleva paralizada ya la comunidad y su gobierno en los últimos años. Deberá resolverlo el presidente, pero es un síntoma más de la necesidad que hay de un cambio en Castilla y León”, ha destacado.

Además de Herrera, han intervenido en la inauguración de la exposición el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Fidel Herráez.

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha negado que el presidente Juan Vicente Herrera fuera informado de las irregularidades en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como ‘La Perla Negra’ y que ella participara en algún tipo de conversación o negociación relacionada con la adquisición de ese inmueble. Del Olmo ha insistido en que la gestión de esa compra fue liderada por los “órganos competentes”, pertenecientes a la Consejería de Economía, de la que ella no era titular.

A preguntas del PSOE en el pleno de este martes, la consejera de la Junta ha replicado a la viceportavoz, Mercedes Martín, que le había acusado de no haber “evitado el pelotazo”, que “se ha equivocado en el contenido de la reunión y confunde la fecha”. La socialista ha señalado que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, había informado al presidente Herrera en 2008 de que los precios del inmueble eran “escandalosos y disparatados”, algo que ha negado el propio presidente de la Junta con gestos, y que ha ratificado después Del Olmo en su intervención.

Sin embargo, Mercedes Martín ha afirmado que Herrera “consideró acertada esa operación”. “Tan acertada que media Consejería de Economía está imputada por un caso que nos van a dejar en herencia más de 30 años después”, ha comentado la socialista que cree que ese es el motivo por el que Juan Vicente Herrera no ha querido comparecer en la comisión de investigación parlamentaria. Un edificio que, según ha recordado el PSOE, estuvo tasado “entre 39 y 41 millones” y finalmente supuso un desembolso de 70 millones de euros“ debido a ”intereses ocultos, chanchullos, adjudicaciones a dedo y sobrecostes“.

Pilar del Olmo, al respecto, ha recordado que el caso está judicializado y ha mostrado “respeto”, a la vez que considera que el PSOE trata, con esta cuestión, de “dañar a un rival político”. La consejera ha señalado que la Junta de Castilla y León ha colaborado con la Justicia y desde el año 2016, la administración autonómica está personada en la causa judicial y “se han dado explicaciones en sede parlamentaria”. “Pueden surgir casos de corrupción, pero la inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos somos honrados”, ha afirmado Del Olmo.

Valoraciones “insoportables”

Más dura fue la intervención de la consejera ante otra pregunta del PSOE al respecto, y que ya no señalaba al papel de Juan Vicente Herrera en el proceso de compra, si no a la propia Del Olmo. La pregunta la ha realizado Pedro González Reglero, que directamente ha acusado a la consejera de mentir porque considera que, tras conocer la declaración de los testigos en este caso, “sí participó” en ese proceso de adquisición del edificio de Arroyo de la Encomienda. El socialista considera que si el desembolso fue aprobado por la Junta de Castilla y León, tuvo que pasar por el Consejo de Gobierno, por lo que no cree que no tuviera conocimiento. “Usted no está ni para gestionar una comunidad de vecinos”.

La consejera de Economía y Hacienda ha calificado de “insoportables” las valoraciones de González Reglero, a quien ha acusado de engañar y de insultar, y ha insistido en que “siempre la respuesta ha sido clara” por parte de la Junta de Castilla y León. “Todas las decisiones las tomaron los órganos competentes”, en referencia a Gesturcal, perteneciente a ADE, que a su vez dependía de la Consejería de Economía que ello no dirigía en el momento de la compra del edificio. “El patrimonio formaba parte de Gesturcal, no de la Junta de Castilla y León y la operación no es atribuible a la Consejería” de Hacienda, de la que sí era titular.

El plan del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para la campaña de las generales, que incluye propuestas recentralizadoras y retrocesos en el Estado de las autonomías, así como la ruptura de cualquier relación con el PSOE, no ha gustado a algunos de los principales barones autonómicos del partido. Este martes dos de ellos volvieron a reivindicar el actual modelo territorial y sus respectivas competencias cedidas a lo largo de los últimos años por la administración central.

El presidente de la Xunta de Galicia y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, además de los populares vascos, defienden, además, el diálogo y los acuerdos entre diferentes y, en concreto, las conversaciones de dirigentes socialistas y populares.

La estrategia de Casado, que se enmarca en el giro a la derecha emprendido por él desde su triunfo en las primarias, pretende hacer frente a la posible huida de votos de su partido hacia Vox y Ciudadanos –fuerzas con las que mantiene desde hace meses una batalla por el electorado más de derechas–, y lo ha llevado en las últimas semanas a asumir algunas de las propuestas de ambas formaciones que suponen retrocesos en el Estado de las autonomías.

Este domingo Casado presentaba en Toledo un plan de reforma de la administración en el que a pesar de defender “el pleno ejercicio de las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, que son de titularidad estatal y cuya administración es transferible”, abogaba por una “moratoria de transferencias de competencias”, además de plantear “reforzar la presencia del Estado” en las comunidades, impulsando las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno.

Las “singularidades” de Euskadi

Las medidas propuestas por Casado, que en septiembre también planteó devolver al Estado las competencias en Educación, chocan, en cambio, con la postura defendida históricamente por el PP vasco, que reivindica los derechos forales de Euskadi recogidos en la Constitución, así como el Estatuto de Gernika que reconoce para el País Vasco decenas de competencias entre las que hay 37 que aún no han sido transferidas a las instituciones vascas y que reclaman todos los partidos de la comunidad.

Ante el planteamiento del líder nacional del PP, este martes, la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, se veía forzada a asegurar en una entrevista en Radio Euskadi que si su partido llega a la Moncloa y, por tanto, Casado se convierte en el próximo presidente del Gobierno se realizarán las transferencias pendientes “desde la legalidad y la lealtad”.

A juicio de la número dos de Alfonso Alonso –el líder del PP vasco que en las primarias apoyó a la rival de Casado, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y que ha reivindicado en varias ocasiones la moderación en el partido criticando los posibles acuerdos con Vox–, pese a las declaraciones del presidente de los populares, éste “cree en el autogobierno y en las singularidades” de Euskadi.

Además de las propuestas recentralizadoras, la táctica electoral de Casado le ha llevado también a negarse a llegar a cualquier acuerdo con el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez incluso en materias de Estado –como la renovación de los órganos constitucionales– en las que tradicionalmente se han logrado pactos entre socialistas y populares, sobre todo después de que el jefe del Ejecutivo decidiera en octubre romper relaciones como respuesta a la declaración en que el líder del PP le culpaba de ser “partícipe del golpe de Estado en Catalunya”.

“No pactar nada” con el PSOE

Tras el fiasco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada en noviembre por PP y PSOE, y que los populares hicieron saltar por los aires tras descubrirse un mensaje de WhatsApp su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, presumiendo del control que iba a tener su partido del Tribunal Supremo, la orden de Casado es clara: “No se aprueba nada más con los socialistas. No vamos a pactar nada”, apuntaban fuentes de su entorno.

Esta estrategia de ruptura total con los socialistas no es compartida, en cambio, por barones del peso de Alberto Núñez Feijóo o Juan Vicente Herrera que este martes no han tenido reparos en compartir el protagonismo de un desayuno informativo con el presidente de Asturias, del PSOE, Javier Fernández, uno de los dirigentes socialistas que más se empeñó en que su partido facilitase la investidura de Mariano Rajoy. El acto ha sido toda una declaración de intenciones a favor del entendimiento entre socialistas y populares y del diálogo entre ambas fuerzas políticas. 

Más allá de la reivindicación de infraestructuras e inversiones, el presidente gallego destacaba este encuentro como una forma de rechazar las líneas rojas y reclamar los teléfonos rojos. “La política española precisa de muchos teléfonos rojos que se descuelguen precisamente para defender a España. No deberíamos estar nunca fuera de cobertura o con el terminal apagado cuando se trata de defender a nuestro país ante desafíos que afectan a la misma esencia de la nación, y por ende al bienestar de los ciudadanos que nos otorgaron su confianza”, remarcaba.

Frente a las opiniones de partidos como Vox y Ciudadanos a los que intenta imitar Pablo Casado, que aseguran que la estructura territorial debilita al Estado, Feijóo aseveraba, por el contrario, que el modelo autonómico refuerza al país. “Nada agradaría más al separatismo que tener enfrente un centralismo absoluto que  confirmase su falacia de que España no puede albergar la diversidad”, apuntaba, incidiendo en que quienes desafían la unidad nacional también tendrán enfrente a “las autonomías leales” que ayudan a preservar el equilibrio y la justicia en el Estado.

“El eje en positivo”

En la misma línea y apenas un día después de que Casado planteara retrocesos en el Estado autonómico, el presidente castellano leonés, Juan Vicente Herrera, defendía el actual modelo territorial a pesar de las desigualdades que a su juicio padece España, porque a su juicio este sistema fue una “gran innovación” de la Constitución Española de 1978 y constituye una “realidad viva que debe evolucionar y no involucionar”. 

“El PP es la garantía de que España no se rompa y haya oportunidades para todos: ese es el eje en positivo de la campaña”, aseguraba este mismo martes Casado durante su último discurso ante el Grupo Parlamentario Popular antes de la disolución de las Cortes, el próximo martes.

Dentro del partido, sin embargo, ya han surgido las voces que frente a las iniciativas anunciadas en los últimos días por el líder de los populares consideran que para que “España no se rompa” es necesario que el PP refuerce su apuesta por el actual modelo territorial y no asuma las pulsiones recentralizadoras de Vox y Ciudadanos, sus principales competidores en las urnas.

Silvia Clemente abandona precipitadamente la presidencia de las Cortes de Castilla y León y el Partido Popular, pero no la política. El anuncio de su marcha, en una convocatoria de urgencia en la que leyó un comunicado muy duro contra su partido y no admitió preguntas, tuvo el detonante en una foto a la que ha tenido acceso eldiario.es y en la que aparece reunida con dos altos cargos de Ciudadanos. Se tomó el pasado 25 de enero, a las 12,00 de la mañana, en un recóndito bar, el Torozos, en el populoso barrio obrero de Delicias en Valladolid.

En ella aparecen Clemente, la segunda autoridad de Castilla y León, junto al responsable de Comunicación y Cooperación Internacional de Ciudadanos, Pablo Yáñez y a otro cargo de Ciudadanos.

En esa reunión, aunque no fue retratada, estuvo también presente la mano derecha de Clemente, la mujer que la ha acompañado primero en las consejerías por las que pasó, y ahora en las Cortes, la secretaria de Instituciones Propias de la Comunidad, María Jesús Pascual.

Sobre la mesa había papeles con modelos de aval y de primarias, y esta última fue la palabra que más se repitió durante el encuentro, según fuentes conocedoras de la cita. Ciudadanos, al igual que el PP de Castilla y León, vive momentos convulsos. Su candidato oficioso, Luis Fuentes, no convence, y su repuesto ideal, el diputado Francisco Igea no está por la labor.

Aunque Clemente y sus interlocutores en Ciudadanos eligieron un lugar discreto para verse, la reunión fue presenciada por testigos que dan por hecho que la dirigente popular estaba asesorando al partido de Albert Rivera.

Fuentes de Ciudadanos aseguran a eldiario.es que se trató de un encuentro “para hablar de la ley de función pública y conocer el calendario en que se debatiría” este texto en Las Cortes de Castilla y León y que en Ciudadanos “se toman cafés con mucha gente”. Las mismas fuentes ni niegan ni confirman que Clemente, la segunda autoridad de la región, vaya a incorporarse a Ciudadanos.

Desde el entorno de Clemente no han querido responder sobre el objetivo de esa cita pero se asegura que tomará un período de reflexión y que ella sigue interesada en “la política y el servicio público”.

Buena relación con Ciudadanos

Si algo ha hecho Clemente a lo largo de toda la legislatura, como presidenta de la Cámara autonómica, ha sido forjar relaciones cordiales con todos los grupos parlamentarios. Y en Castilla y León es un secreto a voces que Ciudadanos busca a una mujer como candidata.

El acuerdo se ha producido en el momento más crítico para Clemente. Su relación con el presidente Herrera se había resentido desde 2017 cuando ella se volcó en la campaña para que el entonces alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco presidiese el PP de Castilla y León. El candidato que proponía Herrera, presidente saliente, era el alcalde de León, Antonio Silván. Sin embargo, a pesar del apoyo de Clemente a Fernández Mañueco, ese pacto acabó malográndose, hasta el punto de que el presidente del PP de Castilla y León ha reconocido a algunas personas que la presidenta de las Cortes y él ya no se dirigen la palabra.

Las relaciones de Clemente con su partido se torcieron aún más cuando eldiario.es dio a conocer los distintos procedimientos judiciales en los que el marido de Clemente disputaba a sus padres una vivienda en la que había invertido más de un millón de euros de procedencia desconocida y que además el contratista de las obras había sido contratado por Clemente tanto cuando era consejera de Agricultura como en su actual etapa como presidenta de las Cortes. Clemente, que lleva los últimos 20 años con despacho oficial en cargos que debe al Partido Popular, se defendió comentando a parlamentarios de la oposición que su partido estaba actuando contra ella y que se trataba de fuego amigo.

La ruptura entonces fue total. Pero las cosas entre la eterna heredera al trono de Herrera habían empezado a torcerse mucho antes. En el Parlamento aún se recuerda las broncas de Herrera, que casi siempre guarda las formas en el Pleno, cuando Clemente decidía cortar sus intervenciones, por haber agotado el tiempo, o reprendía a diputados del PP por interrumpir a la oposición.

Hace escasas fechas Clemente supo que no iría en ninguna lista del PP. La foto con los cargos de Ciudadanos empezó a correr por los whatsApps de algunos dirigentes políticos durante los últimos días. Este jueves, tras una bronca comisión de investigación de los casos de corrupción del Gobierno de Herrera, Silvia Clemente convocó una rueda de prensa de urgencia. Visiblemente emocionada, leyó un comunicado que escenifica el portazo al PP. No la iban a echar, se marchaba ella. Y lo hizo cargando con dureza contra su partido. “Carece de ambición, no tiene contenido y no hay iniciativas para que la Comunidad tenga un futuro mejor”, leyó en su comunicado de despedida del PP, que también reservó un párrafo para el líder regional del partido, al que había apoyado como sucesor de Herrera. “Creí que Alfonso Fernández Mañueco podía dirigir al Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué. En el proceso de renovación de Castilla y León, me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación”, aseguró.

Algunos diputados regionales interpretan que el bloqueo permanente del PP a la comisión de investigación, que ya fue reprendida con una sentencia en el Tribunal Constitucional, como el detonante de la salida de una de las personalidades más mediáticas de la región. En la misma mañana el PP se había opuesto a que Juan Vicente Herrera y la consejera de Economía y candidata a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo compareciesen en esa investigación incómoda para el partido, que llegó a bloquear la comparecencia del presidente Herrera.

El comunicado que oficializa su salida de la que ha sido su casa política durante las dos últimas décadas es una declaración de guerra: Clemente se refiere al PP como una formación sin proyecto, a un presidente sin liderazgo y a un partido que obstaculizaba su trabajo y que incluso alentaba “campañas” en su contra. En su despedida tuvo un guiño para Ciudadanos al recordar que se había hecho la proposición de Ley LGTBI+ sin buscar consenso de los demás grupos. La diversidad sexual es una de las enseñas con las que pretende captar votos el partido de Rivera.

Hay además otro dato que puede explicar su precipitado adiós: se acerca el plazo límite para que Ciudadanos haga públicas las listas para las primarias, el 9 de marzo. Aunque el comité ejecutivo ha decidido que Luis Fuentes será el cabeza de lista, la negociación con Clemente puede cambiar los planes. Los estatutos del partido, que obligan a celebrar primarias para las candidaturas a la presidencia del Gobierno, las presidencias autonómicas y las alcaldías, establecen en su artículo 41.4 que para concurrir a un proceso de elecciones primarias será necesaria una antigüedad mínima en el partido de al menos 9 meses de militancia en el momento de la convocatoria del proceso. Sin embargo, el mismo artículo precisa ya que el Consejo General podrá exceptuar este requisito de forma motivada por mayoría absoluta de sus miembros.

El Tribunal Constitucional ha ordenado a las Cortes de Castilla y León reabrir la comisión de investigación por los sobrecostes del edificio Perla Negra, la llamada trama eólica y el negocio de las sedes comerciales en el extranjero, casos todos vinculados a redes de corrupción con ramificaciones políticas que estudian varios juzgados. 

El Constitucional da la razón al PSOE y estima el recurso de amparo que promovieron dos procuradores socialistas contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León que paralizaba las investigaciones abiertas en el parlamento regional sobre estas tramas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, establece que con su acuerdo adoptado en diciembre de 2017, la Mesa de las Cortes ha vulnerado el derecho del PSOE a “ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (articulo 23.2 de la Constitución) que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (artículo 23.1)”. 

El fallo del Constitucional obliga a restablecer al PSOE en su derecho y por lo tanto a anular el Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 20 de diciembre de 2017. Además ordena retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa de las Cortes dicte nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada “que sea respetuosa con el derecho de participación política” regulado en el artículo 23 de la Constitución.

El PSOE señala a la presidenta de Las Cortes

En el momento de efectuar el recurso de amparo, el entonces procurador Javier Izquierdo planteó que era la última herramienta con la que contaban los socialistas, tras intentar agotar todas las vías políticas que permitía el reglamento de las Cortes. Para Izquierdo, la obstrucción de la comisión de investigación era culpa de la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, “en connivencia con el presidente Juan Vicente Herrera”, quienes, según él, bloquearon el establecimiento de un calendario de comparecencias tras dos años de comisión.

La sentencia del Constitucional llega unos días después de que se haya conocido el procesamiento de la que fue cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León en el Gobierno de Juan Vicente Herrera por el Caso Perla Negra y Polígono de Portillo.

El portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha acusado al PP de “vulnerar la Constitución” para “tapar” su “corrupción”. “Esta sentencia del TC llega en un momento en el que entendemos mejor aún qué era lo que el PP tenía que ocultar”, ha afirmado Tudanca, quien ha reprochado que frente a la “corrupción del régimen del PP durante 30 años”, este partido haya aplicado una estrategia de “obstaculización y dilación”.

Para el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, la sentencia demuestra que el PSOE “tenía razón en que existía corrupción” y refleja que “el PP está dispuesto a utilizar las instituciones hasta el punto de vulnerar la Constitución para tratar de meterla debajo de la alfombra”. “Es una demostración más de que hay un régimen del PP que está manchado absolutamente de corrupción y que están dispuestos a cualquier cosa para taparla”, añade. Tudanca recuerda además que “en apenas unos meses, han condenado a quien fuera vicepresidente de esta Comunidad en la trama Gürtel -Jesús Merino-, han imputado a toda la cúpula de la Consejería de Economía y el Tribunal Constitucional les condena por vulnerar la Constitución”.

La investigación judicial de la Trama Eólica, entretanto, sigue avanzando y mantiene a una veintena de imputados, algunos de ellos también relacionados con el caso Perla Negra, como el exsecretario general de Economía en la Junta, Rafael Delgado, o los responsables de la promotora del edificio de Economía, Urban Proyecta PM3, que aparecen en el pelotazo de los parques de molinos.

Investigación de eldiario.es sobre las sedes

En cuanto a la investigación de las sedes en el exterior, aunque se llegó a incluir en el caso Perla Negra el alquiler a Urban Proyecta del palacete de Bruselas en el que la Junta estableció su sede comercial, el juez no se ha pronunciado en el auto que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la celebración de juicio.

eldiario.es realizó una extensa investigación sobre estas sedes y descubrió que existió una sede secreta en Panamá, dirigida por una constructora burgalesa cuyo propietario está directamente relacionado con el hermano del presidente Herrera, que se pagó al presidente del Grupo Norte por la gestión de una sede en Chile   y a un amigo de José María Aznar por la de Miami. Este medio también reveló que algunos altos cargos aprovechaban los viajes a Bruselas para desplazarse en limusinas y celebrar cenas de lujo.

El ya presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha puesto como ejemplo a seguir la sanidad de Castilla y León. Lo hizo este miércoles en su debate de investidura, para explicar por dónde van a ir sus planes para gestionar el sistema sanitario andaluz, en el que se han producido grandes protestas durante los últimos meses. Lo que sigue es una radiografía de la sanidad en Castilla y León con el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, otro de los barones del PP.

También allí los colectivos profesionales están sublevados contra los recortes. El próximo 26 de enero, la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León ha convocado en Valladolid una manifestación que se prevé multitudinaria, como ya ocurrió hace un año.

En un documento reciente para la Comisión de Atención Primaria para el Consejo Castellano y Leonés de Salud, las plataformas definen la gestión de la sanidad de Castilla y León (Sacyl) así: “Es difícil imaginarse mayor nivel de incompetencia en la gestión de la cosa pública”. Coinciden, junto a todos los grupos de la oposición (Psoe, Grupo Mixto, Podemos y Ciudadanos) en que el consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, debe dimitir. Sáez Aguado, médico de profesión, y al frente de Sanidad desde 2011, llegó a publicar un manifiesto “espontáneo” alabando su propia gestión pero atribuyendo la redacción a jefes de servicio del sistema sanitario. El texto salió de su ordenador.

Semejante operación de lavado de cara se produjo 24 horas antes de una manifestación histórica, una ‘Marea Blanca’ que clamaba después de años de recortes y de una gestión que había levantado en armas al personal sanitario y los pacientes. La Junta reutilizó el mismo manifiesto, esa vez para atribuirlo al Hospital de Segovia.

Los recortes, principal causa de las protestas, fueron significativos: entre el presupuesto de 2010 y el de 2016 la diferencia es de 208 millones de euros. Los planes de austeridad no afectaron sin embargo al Hospital de Burgos, de gestión privada, con un sobrecoste de 600 millones y una comisión de investigación en la que no se ha aclarado cómo se puede adjudicar un proyecto y modificarlo hasta disparar su presupuesto porque contenía errores de base que lo hacían inviable.

Durante el mandato de Sáez Aguado se han maquillado listas de espera, se han perdido historias clínicas y los médicos de atención primaria siguen trabajando con un sistema operativo, Medora, que sufre constantes caídas. Además se abusa de las interinidades hasta el punto de que la Junta de Castilla y León ha sido condenada por un “doble fraude” por mantener como “interinos temporales” durante ocho años a médicos y enfermeros.

Médicos que dimiten por la saturación del servicio

No son los únicos problemas sobre la mesa. El pasado 11 de enero tres médicas de un centro de Salud de Burgos presentaron su dimisión. Las tres renunciaron a su plaza por la sobrecarga de trabajo. La Gerencia de Salud de Burgos obliga a los médicos de este centro no sólo a cumplir con su jornada laboral con hasta 60 pacientes por día y profesional, también a realizar guardias de urgencias, lo que implica hasta 14 horas de trabajo ininterrumpido.

La falta de profesionales en algunas áreas es otro conflicto sin resolver. En las zonas rurales se están cubriendo plazas de pediatría por médicos no especializados. En diciembre de este año había 25 plazas sin cubrir en toda Castilla y León y se estaba supliendo el vacío enviando a facultativos de los hospitales a pasar consulta por horas.

Diálisis que acaban de madrugada

El pasado mes de noviembre, el procurador de IU-Equo, José Sarrión denunciaba en el Pleno de las Cortes, el trato que recibían enfermos renales de Palencia que no podían ser sometidos a diálisis en el Hospital Rio Carrión por falta de medios y son derivados a clínicas privadas de Valladolid. “Se trata de un tratamiento molesto y agotador, por lo que no entendemos la actuación del ejecutivo autonómico”, decía Sarrión. “Un paciente de Aguilar de Campoo debe desplazarse en ambulancia a Valladolid, sale a las cuatro de la tarde y, tras un tratamiento médico de cuatro horas, regresa a su casa a las dos o tres de la madrugada. De cena, un miserable bocadillo de jamón de york.”.

Derivaciones a la privada

La derivación de pacientes a hospitales privados es frecuente, hasta el punto de que la Junta se compromete ahora a pagar la factura a los pacientes que recurran a la sanidad privada para hacerse pruebas tras superar los 20 días de espera en la pública. Para la Asociación Defensor del Paciente esta medida no es más que un “camino de privatización descarada”, y así lo expresa en una carta dirigida este mismo miércoles al consejero Sáez Aguado.

“El sentido común dice que el dinero público debe ir a los servicios públicos, por ejemplo: poner personal, poner más medios técnicos etc, no facilitar el enriquecimiento de la sanidad privada”, dice la presidenta, Carmen Flores, en su misiva. Este colectivo ha denunciado a los responsables de gobierno de varias comunidades autónomas por las listas de espera por un delito de omisión del deber de socorro. En Castilla y León los denunciados son el presidente Juan Vicente Herrera y el consejero Antonio María Sáez Aguado.

Ni la Policía, ni el fiscal, ni la jueza de instrucción son capaces de explicar por qué no se investigaron las llamadas entre una de las tres condenadas por el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y un asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Llamadas diarias que no se interrumpieron ni el día antes del crimen, cuando se registró la más larga, ni horas antes de que se efectuasen los disparos.

La miniserie 'Muerte en León' abordó el caso hace un par de años e incluyó revelaciones inéditas. Ahora tendrá un nuevo capítulo, en forma de película documental. “Se ha hecho una segunda parte porque básicamente yo me quedé con una espina clavada, la de no poder tener una respuesta más clara al final de la serie”, explica a eldiario.es su director, Justin Webster.

El asesinato de Carrasco se cometió el 12 de mayo de 2014 y se resolvió en tiempo récord. Montserrat González y Triana Martínez –esposa e hija del comisario de Astorga (León)– fueron detenidas minutos después de que la primera descerrajase tres tiros a la política.

González asumió desde el principio la autoría y no mostró un ápice de arrepentimiento durante el juicio. Fue condenada a 22 años de cárcel. Su hija defendió que nunca supo de las intenciones de su madre, pero el jurado popular no creyó su versión. Fue condenada a 20 años de prisión. El Supremo ratificó ambas penas.

Hubo una tercera mujer condenada, la policía local Raquel Gago, que entregó el arma del crimen a las autoridades dos días más tarde tras, dijo, habérsela encontrado en su coche. Aunque en un primer momento quedó en libertad con cargos, fue finalmente acusada y condenada. El primer tribunal le impuso 12 años de cárcel y el Supremo elevó la pena hasta los 14.

Durante toda la investigación se insistió en que el asesinato no tenía tintes políticos, a pesar de que madre e hija eran afiliadas al Partido Popular y se relacionaban con altos cargos y de que Triana había trabajado en la diputación porque Carrasco la enchufó. Luego se la quitó de en medio. El crimen se cometió cuando Carrasco iba a su casa a cambiarse de ropa para después dirigirse en un autobús alquilado por su partido al mitin que Mariano Rajoy iba a dar en Valladolid. Era plena campaña de elecciones europeas.

Llamadas desde Presidencia

El director y escritor británico Justin Webster abordó el caso en 'Muerte en León', una serie de cuatro capítulos que se estrenó en 2016. El documental no dejaba un espacio sin abordar sobre la víctima y sus asesinas, y por supuesto, sobre el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León.

Es en la última entrega, cuando Webster y su equipo –que revisaron el sumario hasta su última coma– revelan el inquietante descubrimiento que hicieron: en el teléfono móvil de Triana, cuyo contenido supuestamente se estudió porque tenía multitud de información sobre el crimen (llamadas con su madre segundos después de que esta abatiese a Carrasco, llamadas con Gago horas antes y minutos después del asesinato…) había una llamada de ese 12 de mayo fatídico de la que no había rastro en el sumario, un número que la Policía no sólo no identificaba, sino que ni hacía alusión a él.

El día antes del asesinato también había dos llamadas de ese número que sumaban 88 minutos. Meses antes, las llamadas eran diarias, y de apenas un minuto. En la agenda de Triana, ese número aparece identificado como Luis Estébanez. Estébanez es, desde hace más de una década, asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Entre enero y mayo de 2014, su número fue el segundo más llamado (el primero era el de Gago) por Triana Martínez. Ambos también llegaron a comunicarse desde el teléfono fijo que Estébanez tenía en su despacho de Presidencia de la Junta.

Una respuesta contundente

“La película no es solamente esta revelación final, es como un retrato mucho más completo de las personas y del contexto y el significado. Pero el significado tiene bastante que ver con este descubrimiento. Volvimos a León, acabamos en la sede de la Policía Nacional en Madrid donde entregamos un informe. Ahora tenemos una respuesta más clara y más contundente”, explica Webster.

El documental es, según Webster “un recuento de la serie y no un resumen porque cuando sabes el final se puede recontar mejor y con una línea más clara”. En esta segunda parte se mantiene lo más importante, el contexto y el retrato de sus protagonistas para entender el descubrimiento final en la serie, pero también hay elementos nuevos. “Hay un significado en todo esto, esa nueva persona que forma parte del crimen o no, no lo sabemos porque no lo han investigado, y la pregunta es ¿por qué?”, apunta Webster.

Por primera vez se entrevista a la jueza instructora y se vuelve a hablar con Estébanez. Webster habló con él varias veces incluso para ofrecerle una entrevista sin cámaras y off the record, pero no quiso. “Hablé con él varias veces pero no avanzamos nada, aunque es importante escuchar estas conversaciones, oír sus explicaciones que no fueron nada convincentes. Ahora la situación es más clara, más contundente”, avanza.

La Policía dio evasivas sobre la falta de investigación de las llamadas de Estébanez. Para Webster había una relación evidente entre Triana y Estébanez, y varias versiones sobre ella. “Las versiones que hay desde Triana y desde Luis no son muy convincentes por la cantidad de llamadas, y tienes esas llamadas tan importantes, tan cerca del asesinato, y el dato de que este nombre no apareció [en el sumario]”, recuerda el director de 'Muerte en León'.

Es también significativa la reacción del fiscal del caso reflejada en la serie: tras transmitirle Webster y su equipo el descubrimiento de las llamadas no investigadas, dijo que la Policía no las debió considerar importantes y dio “otras explicaciones ridículas” que para Webster son la tónica de todas las respuestas que obtuvieron. El foco está en “la no investigación de la Policía”. La respuesta, dice Webster, es clarísima: “no puedo revelarla ahora [con la película sin estrenar] pero se puede imaginar”.

La entrevista de la jueza es una de las partes más interesantes del documental, “no por lo que dice sino por cómo lo dice”. Pero, ¿se llega a una conclusión nueva sobre el crimen? ¿Se puede hablar de un crimen político? “Yo creo que hubo más que tres mujeres locas que decidieron matar a Isabel Carrasco por una venganza de un despido. El crimen político en el sentido de que Juan Vicente Herrera mandó matar a Isabel Carrasco es demasiado simplista. No sabemos qué tuvo que ver porque Luis Estébanez fue posiblemente un informador que utilizaba a Triana. La relación en este submundo de intereses y odios sin duda tiene que ver con lo que hicieron Montserrat y Triana. No actuaron fuera del contexto de este mundo y la relación exacta no la sabemos, pero si hablaba tanto con alguien tan cercano al poder es todavía investigable; y si no fue investigado, es muy sospechoso”.

Webster reconoce que, aunque hay posibilidades “racionales” para investigar las llamadas de Estébanez, no las hay “reales”. “En la serie vimos que la persona con más interés en hacerlo era el abogado de la familia de Isabel Carrasco, Carlos Rivera, y él no pudo porque se sintió muy solo. Esperemos que triunfe la racionalidad, pero si es por interés de las autoridades, posibilidades hay muy pocas”, reconoce el investigador.

La película 'Muerte en León' aún no tiene fecha fija de estreno, pero sí plataforma. HBO, donde puede verse la serie, emitirá también el documental, posiblemente entre marzo y abril.

El estudio de arquitectos que cobró en dinero de la caja B la reforma de la sede nacional del PP en Madrid, falsificó, según un informe policial, facturas en el caso Perla Negra, una causa de corrupción que se investiga en Valladolid sobre el procedimiento que sirvió para adjudicar desde la Junta de Castilla y León que preside el popular Juan Vicente Herrera el edificio de la Consejería de Economía que ocasionó graves sobrecostes.

La firma Unifica Servicios Integrales SL, que figura en los Papeles de Bárcenas, vuelve a aparecer vinculada a un caso de corrupción que afecta a otra administración gobernada por el PP, esta vez en Castilla y León, según ese atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es.

El asunto viene de lejos y acumula pilas de documentación en un juzgado de Valladolid y varios de los protagonistas están vinculados a otra causa de corrupción en la que también aparecen implicados varios ex altos cargos del Gobierno de Herrera, la llamada trama eólica.

En el caso Perla Negra, Unifica -la empresa que reformó según Los Papeles de Bárcenas la sede nacional del PP y cobró del partido en dinero negro- recibió de la Consejería de Economía del Gobierno de Juan Vicente Herrera 4,4 millones de euros sin que mediara licitación ni contrato de ningún tipo. Los pagos guardaban relación con el encargo que se había hecho a Unifica para que llevase a cabo la división interior del enorme edificio público construido en Arroyo de la Encomienda (a las afueras de Valladolid).

Parte de ese dinero que pagó la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Economía a Unifica acabó en manos de otras dos sociedades: la constructora Parqueolid y la promotora Urban Proyecta PM3, que recibieron 1,8 millones de euros del estudio de arquitectos.

En el sumario que indaga sobre está adjudicación ha quedado acreditado que la promotora Urban Proyecta PM3, a quien la Junta de Castilla y León adjudicó la construcción del polémico edificio recibió toda la documentación de la licitación antes de que se hiciese pública, tal y como reconoció ante el juez uno de los responsables del equipo de arquitectos que lo diseñó, Estudio Lamela.

Urban Proyecta es una vieja conocida del Gobierno de Castilla y León. Es la misma mercantil que compró la sociedad belga que alquiló entre 2004 y 2012 a la Junta su sede comercial en Bruselas, un palacete por el que se pagaban más de 12.000 euros mensuales. Hasta el momento, ni la Junta de Castilla y León ni la propia promotora han explicado cómo acabó ese contrato en una empresa de Valladolid que se camufló bajo una empresa belga.

La aparición de Unifica Servicios Integrales en el caso Perla Negra resulta también difícil de justificar para los investigadores que se preguntan. ¿Quién y cómo encargó a una empresa de Madrid la división interior del edificio y por qué no lo hizo la propia promotora inmobiliaria que debía levantarlo? Hasta el momento, lo que se sabe es que quien contactó con el estudio de arquitectos fue precisamente Urban Proyecta, tal y como declaró el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo, ante el juez que instruye la causa.

Pero el tramo final de la investigación ha destapado nuevas irregularidades. Todo está en los informes policiales remitidos al juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es. A través de la investigación fiscal y bancaria de algunos de los imputados (los responsables de la constructora, de la promotora y de Unifica), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado pagos realizados en 2009 y 2010 por Unifica Servicios Integrales SL a varias sociedades: las empresas Abascal Consultores SL, Monari Consultores SL, relacionadas con Ángel Román Montes y la constructora del edificio, Parqueolid Promociones SA, vinculada a su vez con Urban Proyecta PM3, promotora del inmueble y matriz de esta.

Según los informes policiales, Unifica Servicios Integrales cobró, entre el 2 de enero de 2009 y el 10 de febrero de 2010, 4.444.315,91 euros del Gobierno de Herrera a través de la empresa pública Gesturcal / Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. La Junta de Castilla y León efectuó dichos pagos a través de cinco facturas sin que conste en el expediente documentación alguna sobre la forma en la que la Administración eligió a la empresa.

Paralelamente, entre el año 2009 y el 3 de junio de 2010, Unifica Servicios Integrales pagó a Abascal Consultores SL 207.305,33 euros, a Monari Consultores 256.034,21 euros y a Parqueolid Promociones SA 1.424.728,28 euros. Las fechas no dejan lugar a dudas a los investigadores: Unifica cobró de la Junta por el trabajo adjudicado a dedo en el edificio Perla Negra y después desvió parte del dinero a empresas vinculadas a la promotora del inmueble.

Lo que la Policía pretendía saber es por qué el estudio de arquitectos que cobró los 4,4 millones de la Junta comenzó a pagar a la constructora y a las empresas de Ángel Román Montes López, vinculado a la promotora que levantaba el edificio.

Errores ortográficos y corta-pega

La documentación aportada por Unifica Servicios Integrales SL para justificar esos pagos que suman 1,8 millones no convence a la Policía. La empresa de arquitectura remitió dos contratos con Abascal Consultores y Monari Consultores, las empresas de Ángel Román Montes. El informe policial concluye: “Ambos contratos se encuentran fechados el 1 de agosto de 2008, el contenido es esencialmente coincidente y casi literal. Se puede decir que se trata de ”plantillas“ informáticas, de documentos de ”copia-pega“, firmados por los mismos intervinientes y que, por alguna razón, la facturación se prefirió dividir en dos bloques utilizando a dos empresas distintas”.

Según la letra de los contratos, Unifica y las empresas de Montes sellaron acuerdos de colaboración en el ámbito inmobiliario. En el caso de Parqueolid, que también recibió pagos de Unifica, no se ha aportado contrato, tan solo una relación de facturas y presupuestos por obras supuestamente subcontratadas.

También en las facturas emitidas por Abascal Consultores y Monari Consultores detecta la Policía “aparentes copia-pega” y están referidas siempre a un mismo concepto (“relación comercial y presentación del cliente...”). En cuanto a los presupuestos y facturas de Parqueolid Promociones “se advierten incluso errores tipográficos u ortográficos” que a juicio de la Udef, “parecen poco compatibles con el conocimiento de la obra que manifiestan haber realizado”.

Aunque esos pagos estaban supuestamente respaldados por facturas, la Udef quiso comprobar si tras esa apariencia de legalidad existían obras o servicios realizados. Los investigadores contactaron con el cliente final, con aquellas empresas para las que Unifica realizó trabajos supuestamente gracias a la intermediación de las dos consultoras o subcontratando a la constructora Parqueolid. Se trata de importantes firmas de ámbito nacional e internacional para las que Unifica realizó proyectos en varias provincias.

El resultado de la investigación ha permitido sacar conclusiones a los expertos en delitos económicos de la Policía. “Las informaciones aportadas por las distintas empresas requeridas, destinatarias finales de los servicios prestados por Unifica Servicios Integrales SL, son coincidentes en el hecho de señalar que no les consta nada acerca de la posible participación de las empresas investigadas como intermediarias para Unifica en su presentación como clientes”, señala el informe.

Sobre Parqueolid Promociones SA, subraya que “igualmente parece una constante el hecho de que los destinatarios de las obras subcontratadas desconocen tanto el hecho de la subcontratación, como a la mercantil, como a la empresa subcontratada”. Como ejemplo el informe policial alude la información que aportó la empresa Estudio Lamela SLP (el estudio de arquitectos que diseñó el edificio Perla Negra), en el proyecto Roca Madrid Gallery, en Madrid, dónde tenía la dirección facultativa. Estudio Lamela manifiesta que solo tiene constancia de que la ejecución se lleva a cabo por Unifica y desconoce la participación de Parqueolid Promociones como subcontratada.

Destaca la Policía que es “especialmente llamativo” el hecho de que una empresa de las dimensiones y la implantación de Unifica “precisara realmente de la intermediación de consultoras como las de Ángel Román Montes López para la captación y presentación de clientes”. Lo mismo ocurre con la supuesta subcontratación de Unifica a Parqueolid “sin aparente necesidad” ya que el estudio de arquitectos, a juicio de la Udef, dispondría de recursos necesarios para poder acometer los trabajos.

Facturas por servicios no realizados

“La profundización en la realidad material de los hechos a través de los clientes finales también parece demostrar que la única relación existente de éstos era únicamente con Unifica Servicios Integrales SL”. Por todo ello, el informe concluye con la hipótesis de que las obras y servicios que aparecen en las facturas que respaldan los pagos “no se llegaron a realizar” por las empresas que se consignan. Y que las facturas fueron meras tapaderas para desviar fondos cuyo destino final todavía se investiga.

“La única lógica” de esos pagos de Unifica a Abascal, Monari y Parqueolid es la vinculación de estas empresas con el expediente de contratación del edificio Perla Negra “tanto por la conexión temporal de las facturas como por la identidad de las personas jurídicas y físicas destinatarias de los pagos, todas ellas íntimamente relacionadas con Urban Proyecta PM3”.

Nuevos pagos de la Junta sin justificar

La Policía no ha podido investigar el origen de otros pagos recibidos por las empresas investigadas. Aparece Soincom SL, cuyos administradores no han podido ser localizados. A uno de ellos, José Manuel Castro Piedrafita, le constan requisitorias judiciales por condenas por delitos contra la Hacienda Pública y otros por los que fue condenado junto a los responsables de Parqueolid.

Por otro lado entre la información aportada por la Junta de Castilla y León al juzgado, uno de los informes destaca “facturas y pagos realizados a Parqueolid Promociones por importe total de 243.795,78 euros” y que “no se verifica la presencia de contratos que sustenten estos pagos, siendo las facturas y los pagos relativos a conceptos diversos” como “modificaciones, trasiego de gasoil o estafeta de correos”.