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El marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León se gastó un millón de euros de origen desconocido en reformar una casa

El empresario Javier Meléndez se gastó 1.165.390 euros en reformar sin licencia una casona rural de sus padres, que utilizaba como segunda residencia con su hoy mujer, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente

La reforma “de alto standing o lujo”, según un informe pericial, incluía una piscina climatizada de agua salada, un cenador, una sauna finlandesa con jacuzzi, y una terraza con barra de bar y “zona chill out”

Cuando se hicieron las obras, Javier Meléndez cobraba un sueldo que no alcanzaba “los 3.000 euros netos al mes”, según su madre, y no recurrió a ninguna hipoteca para financiarlas

La reforma provocó un cisma familiar con varias demandas y cartas cruzadas entre el matrimonio y los suegros de Silvia Clemente, entonces consejera de Agricultura, que se preguntan “de dónde salió el dinero”

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Desde el exterior parece una vivienda más, otra de las casonas recias de Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo de Valladolid que apenas cuenta con 200 habitantes. Pero el interior contrasta con su discreta fachada. Tras los muros de piedra caliza y ladrillo tosco de esta casa centenaria, se esconde una piscina climatizada de agua salada, una sauna finlandesa, un jacuzzi, una terraza 'chill out' con barra de bar, un cenador con una enorme mesa con plataforma giratoria a medida, varias esculturas de bronce o una fuente ornamental, entre otras caras excentricidades.

Todos estos lujos se construyeron entre 2010 y 2012, durante una amplia reforma que pagó el empresario patatero Francisco Javier Meléndez, por entonces novio y hoy marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. La casa es propiedad de los padres de Meléndez: Rafael Meléndez y Consuelo Juárez. Su tatarabuelo la levantó en 1920. Pero la pareja, él empresario del sector de la patata y ella, consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, disfrutaba de la vivienda y puso en marcha esta obra en el patio del edificio para que se convirtiese en su segunda residencia; para el verano y los fines de semana. La casona rústica pasó a transformarse en un lujoso chalet.

Según un informe pericial encargado por el propio matrimonio, la reforma costó 1.165.390 euros. En esos años, Javier Meléndez y Silvia Clemente no contaban con ingresos conocidos que les permitieran afrontar con facilidad estos gastos suntuarios. Él ganaba, a través de las empresas familiares fundadas por sus padres –Agroinnova y Patatas Meléndez–, un sueldo de "menos de 3.000 euros netos al mes", según asegura su propia madre en un escrito. Ella, su sueldo como consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León: unos 70.000 euros brutos anuales.

La reforma no solo fue cara: también ilegal. Nadie solicitó la preceptiva licencia para las obras. Y la lujosa remodelación no solo desató más adelante una inspección del Ministerio de Hacienda –a través de la oficina del Catastro–. También desencadenó un grave cisma familiar que acabó en los tribunales con una serie de demandas cruzadas entre la la pareja y los padres de Javier Meléndez.

Por motivos no aclarados, el matrimonio Meléndez-Clemente se enfrentó con la familia en 2015. Y fruto de esa discusión, empezó una escalada de denuncias en los juzgados que aún no ha terminado.

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En 2015, cuando comenzaron las hostilidades, el matrimonio instaló varias cerraduras y sistemas de seguridad para cerrar al resto de la familia el área de la casa que habían reformado. Construyeron un nuevo espacio, en una nave junto al patio, donde levantaron dos nuevos dormitorios y un baño, y abandonaron el dormitorio –en la zona no reformada– que habían utilizado hasta entonces. Los padres retiraron estos cerrojos y, en respuesta, Javier Meléndez puso en marcha un procedimiento judicial denominado interdicto para reivindicar en el juzgado la propiedad de esa zona de la casa. El hoy marido de Silvia Clemente ganó parcialmente ese primer envite: el juez, en una sentencia de marzo de 2016, le atribuyó la parte construida, aunque permitiendo a sus padres el acceso a la bodega que está debajo de la casa.

Tras ese primer pleito, llegó otra demanda: esta de los padres contra su hijo, Javier Meléndez, y su pareja, la política Silvia Clemente. La presentaron en junio de 2016 y en ella no solo reclaman la propiedad de toda la vivienda. También denuncian que las obras fueron realizadas sin licencia y sin facturas que acreditasen los pagos de la reforma. Además explicaban que dieron el permiso para hacer las obras con la condición de que las disfrutase toda la familia y revelaban que, en un primer momento habían sido reticentes porque entendían que su hijo carecía de los fondos necesarios para afrontar esos lujos. Siempre según su versión, que recoge esta demanda, accedieron cuando Javier Meléndez les aseguró que su pareja y más tarde esposa, Silvia Clemente, pagaría parte de la reforma.

En la contestación a la demanda, el marido de la presidenta de las Cortes argumenta que las obras se realizaron tras pactar con sus padres que le transmitirían la propiedad, que Clemente no estaba casada con él aún y que no podía tener interés alguno en pagar las obras de remodelación, si bien precisa que la casa fue utilizada por ambos como "domicilio conyugal" hasta que se trasladaron a Valladolid hace unos años. Añaden además algunos testimonios del procedimiento interdictal en los que una testigo declaró "que tanto don Javier como doña Silvia recibían a amigos e invitados y hablaban de la casa como si fuera propia".

Nada se dice en la contestación a la demanda sobre la capacidad económica de Javier Meléndez para afrontar esta obra, puesta en duda por sus propios padres en el pleito.

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Entre la documentación aportada en la respuesta a esa demanda, destaca un informe pericial encargado por el marido de Clemente, que certifica que las obras costaron 1.165.390 euros. Esta tasación de la reforma está fechada el 1 de diciembre de 2016 y la firma el arquitecto Pedro Pablo Grajal Ruiz. En ella se asegura que en esas obras participaron "más de 65 empresas", aunque no se da el nombre de ninguna de ellas ni el detalle del coste por cada factura. Según esa tasación, 725.150 euros corresponden a trabajos realizados entre 2010 y mediados de 2012 en la vivienda y 440.240 euros están relacionados con las reformas acometidas en 2015.

"Este coste de 1.165.390 euros no lo considero exagerado en comparación con la naturaleza, características y extensión de las obras y la categoría o rango de las mismas", escribe el arquitecto en este informe pericial. "La gran mayoría de ellas son de alto standing y lujo, circunstancia que tiene, como no puede ser menos, una notoria influencia en el coste total de los trabajos acometidos", dice el mismo informe. Ese lujo, asegura el arquitecto, supera "lo habitual y racional en la construcción" y proporciona, según el arquitecto, "un mayor bienestar y comodidad que las normales".

El informe pericial también subraya la calidad de los materiales empleados en la reforma. Los suelos son de "tarima flotante de roble con rodapié lacado en blanco". Los techos "están revestidos de tablero de madera lacado en blanco y correas del mismo material". El espacio entre la sala de estar, el cenador y la piscina "está solado con tarima flotante de lamas de madera de iroco". La iluminación es "led con sensores de movimiento". La piscina "en forma de riñón" y el jacuzzi son de agua de mar climatizada, que se calienta con unos paneles solares y una caldera. La casa también cuenta con un complejo sistema de seguridad, con videocámaras.

Antes de la reforma, la casa contaba con dos plantas de 298 metros cuadrados sobre una parcela de 1.922 metros cuadrados. Además, dentro de la finca, existían cuatro almacenes agrícolas, que sumaban 1.311 metros cuadrados, y un patio de otros 313 metros cuadrados. Tras las obras, que eliminaron los almacenes, la superficie edificada alcanzó los 1.624 metros cuadrados, de los que 1.150 pertenecen a la zona reformada, según el mismo informe. El coste medio por cada metro cuadrado fue, por tanto, de alrededor de 1.000 euros.

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Clemente: "No tuve ninguna participación"

Silvia Clemente (Segovia, 1961) es la segunda autoridad de Castilla y León, por detrás del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y lleva media vida en política. Durante las últimas dos décadas ha ido escalando en puestos institucionales, siempre como representante del Partido Popular: consejera de Medio Ambiente en 2001, de Cultura en 2003, de Agricultura en 2007 y en 2015 ascendió a la presidencia de las Cortes de Castilla y León.

En conversación con eldiario.es, Silvia Clemente alega que ella no tuvo ninguna participación en esas obras más allá de haber sido demandada por su familia política y que ejercitará las acciones judiciales que considere oportunas si ve lesionados sus derechos por publicaciones de eldiario.es. Sobre cómo pagó su marido más de un millón de euros, Clemente asegura que ella "no tiene nada que ver", que ni siquiera estaba casada con él en ese momento, pero que sabe que tenía la justificación preparada para aportarla al procedimiento judicial antes de que se paralizase. "Yo puedo tener relaciones con mucha gente y tener muchas amistades, pero yo no soy parte de esta historia", asegura.

La defensa del empresario, con la que también ha contactado eldario.es, se niega a mostrar justificantes de los pagos de esa reforma y también a explicar el origen de esos fondos, amparándose en el acuerdo extrajudicial que incluye un pacto de confidencialidad y no agresión.

Un pacto de silencio por escrito

Las demandas cruzadas por la propiedad de la casa no siguieron adelante en los tribunales porque las dos ramas familiares en conflicto sellaron un pacto extrajudicial en enero de 2017 que obliga a guardar silencio a los implicados.

El marido de Clemente, que había conseguido una sentencia que le reconocía el uso y disfrute de las nuevas y costosas instalaciones construidas, acabó renunciando a ellas. En enero de 2017 los padres, el hermano y el propio Meléndez llegaron a un acuerdo para que los progenitores recuperasen la propiedad y que las dos empresas patateras donadas por ellos a partes iguales entre los hermanos se dividiesen: una para cada uno con un acuerdo para la compra de las respectivas acciones. 

En ese acuerdo, Javier Meléndez renunció a lo invertido en las obras y a todo derecho sobre la casa. Solo se llevaron los muebles, incluyendo las esculturas de bronce, las placas solares y también la sauna, que fue desmontada e instalada en otro lugar.

Ese acuerdo de paz saltó por los aires hace un par de meses. La presidenta de las Cortes envió un burofax a su suegra el pasado 3 de septiembre en el que la acusaba de estar realizando "públicamente" comentarios "denigratorios" sobre ella, insultándola "gravemente en presencia de terceros" e incluso acusándola de manera "totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, de la comisión de ilícitos penales" en el ejercicio de su función pública.

Clemente advertía en esa comunicación de que los hechos eran "constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias" por lo que la apercibía mediante el escrito ante "cualquier nuevo hecho similar" del que tuviese noticia. "Ejercitaré en su contra y hasta las últimas consecuencias cuantas acciones judiciales correspondan en defensa de mis derechos", finalizaba aquella misiva.

"Ni una sola factura"

La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera donde le amenaza con una nueva demanda es otra carta, enviada igualmente por burofax, a la que también ha tenido acceso eldiario.es. En ella, la suegra de Clemente precisaba que las acciones que le imputaba la presidenta de las Cortes eran falsas, pero defendía la necesidad de "apostillar los hechos".

A lo largo de 14 puntos, en el escrito, la suegra de Silvia Clemente, relataba que la entrada de la dirigente política en la familia Meléndez –propietaria de un grupo empresarial dedicado a la producción de patatas– había sido "un desastre". "Ha sido la desgracia misma, que nos ha ocasionado y que nos sigue ocasionando un daño inmenso", asegura en la carta.

La familia Meléndez, según esa comunicación, "nunca había pisado un tribunal de justicia" y se vio inmersa en "numerosos pleitos civiles y penales" en los que Clemente participó “de forma directa o indirecta”. La suegra de la presidenta del Parlamento de Castilla y León asegura que habían visto cosas que no imaginaban, que llaman profundamente la atención y que “como son ciertas” no tienen por qué ocultar. Entre ellas, citaba la suntuosa reforma en el patio de la casa familiar por valor de 1.165.390 euros.

En pleno intercambio de denuncias, el catastro detectó las nuevas dependencias y requirió a los suegros de Clemente, como propietarios de la vivienda principal, la licencia de obras, la memoria, la descripción técnica de las mejoras efectuadas “y, en general, la descripción completa de obras y su coste”.

“Ahí, en ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros”, denuncia la suegra de Clemente en el burofax remitido a su nuera, con el que ya no tiene relación. La mujer insiste en que pese a sus reiteradas peticiones de algún soporte documental a su hijo para aportarlo al catastro, nunca obtuvo nada.

“A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, asegura Consuelo Juárez, la suegra de Silvia Clemente.

“Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.300 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”, escribe la suegra de Clemente. “¿De dónde había salido el dinero para pagar las mejoras?” se pregunta. "Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco”, añade.

“No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar”, asevera en la carta. “A esta fecha no me consta que haya aparecido  una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás”, acaba el escrito.

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