Casi tres meses después de que los dos partidos del Gobierno en Euskadi, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, sellaran un pacto educativo que consideraron histórico al aglutinar al 90% de los parlamentarios y que deberá cristalizar en una nueva ley educativa y en otros desarrollos normativos, este lunes por la tarde en el Parlamento Vasco se ha reunido la comisión de seguimiento del acuerdo que sienta a los cuatro partidos y también al consejero de Educación, Jokin Bildarratz. Habían surgido desavenencias en torno al decreto de planificación escolar, que regula por ejemplo las ratios de alumnos en la escuela pública y en la privada concertada -que copa casi el 50% del alumnado- e incluso los socialistas, según se ha conocido ahora, se oponían a la formulación planteada por el PNV. La reunión ha concluido con el compromiso de Bildarratz de que retocará esa normativa para que atienda a la “letra” y al “espíritu” del pacto, que desea dar más protagonismo a la enseñanza pública, promesa que ha parecido satisfacer a socios de Gobierno y oposición.

“Total calma”, ha querido tranquilizar la portavoz educativa del PNV, Leixuri Arrizabalaga, que ha querido resaltar que el decreto conocido era un “borrador” y que, además, había sido planteado meses antes de que se cerrara el acuerdo. “Lo que se ha presentado no tiene nada que ver con lo que se presentará finalmente”, ha asegurado la representante peneuvista, que ha destacado que “por supuesto” que la oposición podrá hacer “aportaciones”. Sobre la crisis con el PSE-EE -que ya se exhibió en los primeros documentos previos al pacto en torno al peso de la pública-, Arrizabalaga ha respondido lo siguiente: “El PSE-EE, con el que gobernamos conjuntamente, es un partido diferente al mío, con su propia ideología. Hemos tenido nuestras divergencias y, como siempre, volveremos a llegar a acuerdos y consensos, como hemos hecho hasta ahora”.

A preguntas de los periodistas, el socialista José Antonio Pastor solamente ha admitido la existencia de diferencias con el borrador de planificación de centros de Bildarratz ya que se ha guardado el detalle por la “discreción necesaria”. “Hay algunos detalles con los que no estamos de acuerdo. Esperemos que sean modificados”, ha señalado. Más clara ha sido, desde la oposición, Miren Gorrotxategi, jefa de filas de Elkarrekin Podemos-IU. Ha explicado que el texto plantea ahora que la Administración vasca garantizará una plaza en un centro sostenido “con fondos públicos”, lo que implica igualmente a la concertada. Ha remarcado que lo acordado es que se hable de “centros públicos”, sin matices. La coalición ha recalcado su apuesta por la “esencialidad” de la enseñanza pública y ha recalcado que el lehendakari en persona les prometió que el Gobierno sería “leal” a los puntos acordados en el pacto educativo.

EH Bildu ha optado por no entrar en detalles sobre la reunión aunque previamente se había quejado igualmente por este primer decreto tras el pacto. Pero sí ha hecho un alegato para blindar el acuerdo ya que existen, a entender de Ikoitz Arrese, intereses “mediáticos” y “políticos” para que se rompa. “Es todo lo contrario a lo que pretende EH Bildu”, ha dejado claro. Arrese, preguntado por más detalles, no ha dado nombres de esa oposición ni ha querido entrar en honduras. Sí ha dejado claro que el pacto es solamente el “inicio” de un “camino largo” que ha de ir quemando etapas. De hecho, el próximo lunes el consejero Bildarratz desgranará en la Cámara el calendario para el completo despliegue del pacto.

Entretanto, invitada por Elkarrekin Podemos-IU, horas antes de la reunión la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca ha indicado que el documento pactado por PNV, PSE-EE, EH Bildu y la propia coalición que les ha citado sentó como un “jarro de agua fría” porque la escuela pública “no está cómoda”. No es la primera voz en esa dirección, ya que en la misma línea han ido mensajes de Ehige (federación de los AMPA) y Steilas (mayoritario entre los docentes de la pública). “Como las herramientas existen y no se han usado, nos cabe la duda de si con la nueva ley se van a usar. Nos gustaría tener confianza, pero hace seis años empezamos a denunciar la segregación y a día de hoy está peor”, ha indicado Matías Cordero, su portavoz, en relación a las promesas para potenciar el sistema público frente al privado, que en Euskadi tiene la doble pata de los centros religiosos y de las ikastolas.

Con una semana de retraso para que todos los parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP estuvieran en sus escaños -la oposición en Euskadi suma un voto más que el Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento-, se ha aprobado finalmente el dictamen de conclusiones de la comisión que ha investigado las derivadas políticas del cártel de los comedores de los colegios públicos, un grupo de empresas que desde 2003 se repartieron el mayor contrato de la Educación vasca y que generaron un sobrecoste, según ese informe, de hasta 80,2 millones de euros, 48,5 de los cuales habrían salido de los bolsillos de las familias usuarias. Nacionalistas y socialistas, con un tono muy duro, han coincidido en criticar la alianza entre partidos tan dispares y han rebajado el asunto a una mera venganza política para desgastar al Ejecutivo de Urkullu.

El final de esta comisión de investigación, impulsada por la oposición, no ha sido sencillo. De hecho, la representante del PP en el foro, Juana Bengoechea, viró a última hora y cambió el criterio defendido hasta la fecha por su partido, que llegó a comparar este caso con los ERE de Andalucía. Bengoechea se abrió a pactar un documento menos contundente con los partidos del Gobierno pero fue desautorizada y, finalmente, los 'populares' aprobaron el borrador redactado de la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) ajustado con enmiendas del representante de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, cuyo trabajo para engrasar el dictamen final ha aplaudido el PP.

“Queda acreditado un sobrecoste no justificado en la gestión de servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones de euros se habrían detraído a las familias o a través de las cuotas de comedor”, ha argumentado Carmelo Barrio, del PP, que asumió el tema en junio en sustitución de Bengoechea.

Los representantes de PNV y PSE-EE, David Latxaga y José Antonio Pastor, respectivamente, han insistido en que las cifras no se apoyan en “nada concreto”. El socialista, por ejemplo, ha remarcado que no encuentra por ninguna parte el perjuicio para las familias y que los números están sacados “por arte de birli birloque”. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, Becerra ha contraatacado: “Las familias empezaron 2003 pagando un 60% del servicio, y acabaron 2015 pagando un 75%. Eso no es ilegal, coincido con usted, porque el propio sistema puesto en su día en marcha decía que el servicio tenía que ir a una autofinanciación”

Los partidos del Gobierno, han coincidido también en que la oposición tenía “preparadas” las conclusiones de antemano -“medias verdades” que son peor que las mentiras, según Latxaga- y en que se han “filtrado” en estos meses a la prensa para erosionar al Ejecutivo. Sin embargo, los otros partidos han defendido que la comisión surge porque la Autoridad Vasca de la Competencia destapó estas irregularidades y porque después fueron confirmadas en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que rebajó las multas a las empresas (Auzolagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica, Eurest y Tamar Las Arenas) por la falta de control por parte de la Administración. El dictamen señala las responsabilidades de varios responsables de Educación. Los consejeros en que se ha producido el cártel de los comedores han sido de EA (Anjeles Iztueta y Tontxu Campos), del PSE-EE (la hoy ministra Isabel Celaá) y del PNV (la actual titular de Educación, Cristina Uriarte).

Mirando directamente a EH Bildu, coalición que integra en la actualidad a EA, Latxaga ha señalado: “Es tal la inquina que le tienen al PNV que, con tal de echar porquería sobre los asientos de los grupos que apoyan al Gobierno, no tienen empacho ni escrúpulos en manchar el nombre de dos consejeros que ahora militan en su formación política. La trayectoria y los testimonios del señor Campos y la señora Iztueta fueron más que elocuentes, pero da igual, les endosa una responsabilidad política que solo ustedes ven, sin piedad”. Latxaga ha denunciado también el electoralismo del PP con este tema y ha rematado las críticas atacando personalmente a Becerra, miembro de Equo, e incluso ridiculizando el cambio climático. “Sí, sí, sí. Se está usted labrando un nombre fuera de su txoko, de su txokito medioambiental y apocalíptico”, ha llegado a decir Latxaga.

“Tengo una mala noticia para todos los que van aprobar hoy el dictamen que se somete a votación. Y la mala noticia es que se les ha acabado el chollo. No van a poder exprimir más jugo al tema de los comedores escolares. No van a poder manosear este trámite. No lo podrán alargar más. Llevan casi dos años a vueltas con esta comisión y algunas de las escenas protagonizadas por sus actores, son más propias de una comedia de enredo que de un Parlamento serio. Un esperpento, un auténtico despropósito que sólo perseguía darle una patada en el trasero al Gobierno de Urkullu. Perseguía su desgaste, no mejorar la contratación pública, ni la gestión de los comedores escolares, ni nada que tenga que ver con el servicio público o el servicio a los ciudadanos”, se ha desquitado el representante del PNV. El asunto, en todo caso, no se ha agotado este jueves. Y es que Becerra interpelará este viernes a la consejera Uriarte en la sesión de control al Gobierno -la primera en más de 100 días- por las medidas que se adoptarán para corregir las fallas en el sistema detectadas por la comisión de investigación.

Las palabras de Latxaga han recordado a otros discursos recientes del PNV en la Cámara, almacenados en las hemerotecas y en el diario de sesiones, cuando la oposición se ha unido para denunciar irregularidades. En un debate sobre la investigación en torno a las oposiciones de Osakidetza, la ya exportavoz Josune Gorospe denunció una “operación PNV” y avisó a oposición y medios de comunicación: “El cazador de hoy es la presa de mañana”. Cuando se habló de Epsilon e Hiriko también hubo dureza: “El informe es parcial, sesgado y tendencioso y responde al impulso político del PP”. Lo mismo ocurrió en el 'caso Margüello', en aquella ocasión denunciado por un Gobierno de los ahora socios del PSE-EE: “Llevan dos años levantando alfombras y vendiendo humo”. Y tras la comisión del 'caso De Miguel', en la que se habló de que los partidos buscaban “con saña” alimentar “juicios mediáticos” sobre la nada.

La ponencia de memoria y convivencia del Parlamento Vasco -heredera de la antigua ponencia de paz- corre serio riesgo de acumular un nuevo fracaso en su ya dilatado historial. Casi tres meses después de haberse reunido por última vez, este foro parlamentario ha retomado sus contactos este lunes y la cita, de unos 75 minutos, se ha saldado con una “discusión de fuerte calado” entre los portavoces del PNV, Iñigo Iturrate, y del PSE-EE, José Antonio Pastor. Ambos partidos comparten Gobierno de coalición y se han dado hasta el viernes de la semana próxima para limar asperezas y decidir sobre el futuro de la ponencia, ya que las políticas para la gestión del final de ETA no están incluidas, ni mucho menos, entre las “discrepancias pactadas” dentro del acuerdo de Gobierno de 2016, como sí ocurre con la reforma del Estatuto.

El núcleo de la discusión entre PNV y PSE-EE reside en que los socialistas no ven reflejadas sus posiciones en el documento de síntesis elaborado por la coordinadora de la ponencia, la exconsejera y parlamentaria 'jeltzale' Ana Oregi. Ese texto recoge una valoración del trabajo realizado en cada uno de los bloques en que se dividieron las reuniones, como víctimas, memoria o política penitenciaria. A través de ruedas de prensa y comunicados, el último de la pasada semana, distintas voces socialistas ya han criticado algunos extremos de este dictamen -que no es público- al entender que no se ajusta al denominado “suelo ético”, las conclusiones alcanzadas en la ponencia en 2012 y que incluyeron desde el PP hasta una parte de Aralar pasando por los propios PSE-EE y PNV (la izquierda abertzale estaba ilegalizada).

El PSE-EE, por boca de su líder, Idoia Mendia, pidió que la ponencia explicite que “no hubo nunca razón alguna para el terrorismo de ETA” y que no se rebaje el suelo ético para acomodar a EH Bildu. Fuentes socialistas inciden en que esta posición recoge sus contactos con las víctimas y en que no excluye la condena de otras violencias. Sienten que el trabajo de síntesis de Oregi no ha sido, precisamente, un compendio adecuado de ese posicionamiento.

En el otro lado, en el PNV, existe un evidente malestar con los socialistas por haber sacado a la luz pública las discrepancias existentes en la ponencia. De hecho, subrayan que una de las premisas básicas de funcionamiento era la discreción -por momentos hermetismo-. Esta sensación de que los puentes se han roto la comparten también fuentes de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos. El PP, por su parte, no participa en la ponencia al entender que nació viciada por no tener como premisa básica la deslegitimación del terrorismo de ETA.

En medio de este debate, fuentes de la ponencia sólo confirman la convocatoria de una nueva reunión para el viernes de la semana próxima y que el espíritu es “seguir trabajando”. Será ese 15 de marzo cuando, en principio, habría que valorar si el documento de síntesis de Oregi continúa siendo la base para explorar posibles consensos. Nadie en el Parlamento es capaz de pronosticar qué puede ocurrir a partir de entonces en caso de que se mantengan las discrepancias, aunque los parones de meses ya se han producido. Además, se da la circunstancia de que varios miembros destacados del grupo, incluida Oregi, podrían abandonar el Parlamento a partir de mayo al concurrir como candidatos en las elecciones municipales.

Preguntado al respecto, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado es “consciente del contexto” que vive la ponencia de paz. A Urkullu le “satisfaría que hubiera avances compartidos” pero ha mostrado “respeto” a los partidos como líder de un gabinete que integra a tres consejeros del PSE-EE. En todo caso, el lehendakari ha parecido utilizar como contrapunto que en el Instituto de la Memoria gestionado por el Gobierno no sólo existen esos “avances compartidos”, sino que incluso participa con normalidad una representación del PP. “Participan todos y cada uno de los grupos”, ha enfatizado.

En el Gobierno, en todo caso, destacan que este debate no tiene por qué afectar al día a día del Ejecutivo. Fuentes oficiales recuerdan que el PSE-EE también criticó el programa educativo Herenegun, ideado para explicar en las aulas décadas de violencia, y que esa situación se ha sabido reconducir internamente.

Representantes de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento, incluidos varios cargos de peso de EH Bildu, han participado este jueves a mediodía en el sencillo homenaje silencioso a la memoria del socialista asesinado por ETA, Fernando Buesa, y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Uno a uno han depositado una flor junto al monolito en memoria de estas víctimas del terrorismo ahora que se cumplen 18 años del atentado mortal. Tres horas después, en el salón de plenos, esa fotografía de unidad no ha sido posible: los 21 aforados de la coalición de la izquierda abertzale se han desmarcado del “rechazo” a los “homenajes públicos” que se realicen a terroristas a su salida de prisión o quienes estuvieran “vinculados” con la organización que ahora debate su disolución.

El texto pactado por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos y al que se ha adherido el PP es una redacción de mínimos después de varios días de negociaciones y tras analizar casi palabra por palabra el alcance de la resolución. Los 'populares', proponentes del debate y que venían de protestar el domingo en Andoain ante el recibimiento a dos exreclusos que habían colaborado en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, habían registrado un texto más contundente, pero finalmente se han avenido a buscar un acuerdo más amplio.

“Nos quedamos con que este Parlamento hoy va a rechazar de una manera abrumadoramente mayoritaria que en las calles de Euskadi, que en nuestros pueblos y ciudades se reciba como héroes a quien solo merecen vergüenza y, en cualquier caso, silencio por parte de sus convecinos”, se ha felicitado Borja Sémper. La Cámara también ha aprobado, aunque ya sin el voto del PP, otros cinco puntos sobre los derechos de las víctimas y también sobre la vigencia de la ponencia parlamentaria de Memoria y Convivencia -en la que la formación conservadora no participa al entender que promueve un relato equidistante de la violencia de ETA- y sobre la búsqueda de la “normalización” de la política penitenciaria. 

El representante de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha criticado que Elkarrekin Podemos, que ha sido el catalizador del acuerdo a cuatro bandas en las bambalinas parlamentarias de los últimos días, haya “decantado” el acuerdo hacia el PP. “Usted trajo una iniciativa en términos de rechazo. Trajo la iniciativa de Nafarroa y sabía el resultado”, le ha reprochado en público Arzuaga al portavoz morado, Lander Martínez, en referencia a resolución idéntica del Parlamento de Navarra a la que tampoco se sumó EH Bildu pero sí la derecha allí representada por PP y por UPN.

Arzuaga ha insistido en que en los 'ongi etorri' a los presos -alrededor de 80 el último año según datos de Covite- “no hay jactancia” ni “homenaje”. Y se ha preguntado, hablando en primera persona del plural, si no es posible ni siquiera saludar a un excarcelado o “despedir” a un preso fallecido por parte de sus familiares y amigos. Y ha añadido dirigiéndose a la bancada del PP: “Me pregunto sobre la política penitenciaria de venganza, cruel, que se basa en la incomunicación, ¿tal vez eso no ejerza un interés hacia la persona que sale de prisión? ¿Tal vez cambiar esa política no traería otro tipo de reacciones?”. No ha faltado tampoco una referencia al franquismo para pedir al PP que no dé “lecciones” de respeto a las víctimas.

Borja Sémper, portavoz 'popular', también se ha dirigido a la izquierda abertzale en su doble alocución durante el debate. “No tienen derecho a contagiar el odio a la generación futura. No tienen derecho a hacer daño también a la siguiente generación del daño que nos hicieron a nosotros. No hay derecho a que quienes hoy son niños y hoy son adolescentes crezcan creyendo que hay alguna justificación posible, que hay algún argumento defendible para quitarle la vida a nadie por defender una posición política. No hay derecho a que le hagan eso a la generación que viene”, ha asegurado para recordar que también los presos críticos con ETA -ha citado a Carmen Gisasola o Iñaki Rekarte- tienen familia y amigos y que no sólo no son homenajeados sino que son tildados de “traidores” por el entorno de la organización.

Arzuaga se ha agarrado a resoluciones de la Audiencia Nacional para asegurar que “no hay caso”. “Ni los jueces ni la Ertzaintza dicen que ha habido actos de exaltación del terrorismo”, ha indicado el parlamentario de EH Bildu, que ha criticado la ligereza con la que se aplican en España los delitos de apología y enaltecimiento.

Esta reflexión meramente legalista ha merecido el reproche del PSE-EE y especialmente del PNV. Los partidos del Gobierno han apelado a la “ética” para construir el relato tras el final de la violencia en 2011. Mientras José Antonio Pastor ha pedido a la izquierda abertzale que cruce definitivamente el “Rubicón” y rechace el terrorismo de ETA, el 'jeltzale' Iñigo Iturrate se ha dirigido expresamente a las mujeres de la bancada de EH Bildu para poner un ejemplo práctico: ¿tolerarían que en la plaza mayor de un pueblo se reciba con honores a un violador recién salido de prisión aunque haya cumplido su condena y tenga derecho a la reinserción?

El Parlamento vasco, fruto de un acuerdo político entre Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu que adelantó eldiarionorte.es la pasada semana, ha decidido constituir una comisión de investigación en torno a la externalización del servicio de comedores de la escuela pública para analizar si hubo responsabilidad de la Administración en el cártel que conformaron las empresas de cátering para repartirse entre 2003 y 2015 los diferentes lotes del contrato y maximizar sus beneficios, lo que según José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha tenido un coste de 85 millones para el Gobierno y 35 millones para las familias. La sorpresa en el debate, en el casi han tenido más importancia las conversaciones entre bambalinas que los discursos desde la tribuna, ha sido el viraje de última hora en el sentido de voto del PNV, que se iba a oponer a la investigación, después de que su socio en el Ejecutivo, el PSE-EE, haya anunciado en el hemiciclo que “no se iba a oponer” a la creación de la ponencia.

Se da la circunstancia de que los partidos del Gobierno habían presentado una enmienda de totalidad conjunta en la que rechazaban la propuesta de Elkarrekin Podemos y PP -estaba pactado que EH Bildu no la firmara de inicio para que los 'populares' no se sintieran incómodos- y se limitaban a “ratificar” a los “acuerdos” de la Cámara sobre la materia en la pasada legislatura. Entre esas decisiones se hallaba el rechazo a la comisión de investigación. Por eso mismo, la oposición había esperado hasta el regreso de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala -de baja médica durante muchos meses y que se reincorporó la pasada semana- para poder así contar con 38 votos frente a los 37 de los socios de Gobierno. De hecho, esta iniciativa llevaba en 'stand by' desde noviembre esperando este momento.

El 'no' del PNV parecía evidente. Tan es así que el portavoz 'jeltzale' en el debate, David Latxaga, ha realizado una durísima crítica a las intervenciones de Becerra y de las representantes de PP y EH Bildu, Juana Bengoechea y Eva López de Arroyabe, respectivamente. A su juicio, la comisión sólo tenía como objetivo “poner a Euskadi al mismo nivel de corrupción de España”, ser “una plataforma para ensuciar”.

“El PNV no es Dios, controlarle no es blasfemia”

El PNV ha dirigido sus dardos a la bancada del PP y a su “habilidad para convertir sus problemas en los problemas de todos los que se dedican a la política” y para “extender la mancha a todos para que sus pecados parezcan menores”. Latxaga ha lamentado también que en ese “viaje colectivo a los infiernos” haya buscando en Elkarrekin Podemos y la izquierda abertzale sus aliados. Ello ha motivo la dura réplica de Bengoechea: “El PNV no es dios. Esto no es una blasfemia. Controlar al pnv no es manchar la política. Sé que 'jeltzale' viene de 'Jaungoikoa ta Legezarra', pero no están en un plan divino”.

Pero antes de este encontronazo había intervenido el socialista José Antonio Pastor y había explicado que si el cambio en el modelo de gestión de los comedores aplicado en 2015 supuso un ahorro de 7 millones es lo mismo que decir que años atrás se está pagando de más. “En el grupo socialista no obstaculizaremos la comisión”, ha dicho Pastor como colofón a su primera intervención.

En ese momento, varios parlamentarios del PNV se han revuelto en sus escaños. Una de ellas, Jone Berriozabal, se ha dirigido hacia el escaño de Pastor. Tras una conversación con el representante del PSE-EE, Berriozabal ha tenido varios contactos con Latxaga y con el coordinador de su grupo, Iñigo Iturrate. Finalmente, en su segunda intervención, Latxaga ha señalado en la tribuna que su partido “no tiene nada que esconder” y, acto seguido, Luke Uribe-Etxeberria, el 'jeltzale' que marca el sentido del voto en todos los debates, ha gritado 'abstentzioa' a toda la bancada. Con ese giro de última hora, los nacionalistas han evitado quedarse solos y que se hiciera visible la ruptura de la unidad con su socio de Gobierno.

Un caso destapado en 2016

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

Durante el pleno, los proponentes han aportado algunas cifras más concretas. Según Becerra, parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, el agujero económico podría rondar los 130 millones de euros. Como Bengoechea (PP), ha subrayado que el 35% del coste del servicio es asumido por las familias, por lo que han destacado el impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía. “La alimentación escolar se ha convertido en un negocio y no en un servicio”, ha abundado desde EH Bildu López de Arroyabe, quien ha añadido que la nueva comisión permitirá citar a las empresas ya que se negaron a comparecer en su día ante la Cámara con un escrito idéntico.

Este asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación, según han destacado los proponentes.

Para el PNV, en cambio, ha quedado claro ya que la Administración no tuvo ningún papel activo en estos hechos. “Hablen con propiedad. Estas prácticas se llaman prácticas colusorias, pactos entre empresas para eliminar la competencia entre ellas. Por mucho que se empeñen no tienen que ver con el mundo educativo. Pueden darse en cualquier otro ámbito”, ha señalado.

Se da la circunstancia de que el PNV es el partido que durante menos tiempo del investigado ha gestionado la cartera de Educación. El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. Elkarrekin Podemos ha agradecido expresamente la “coherencia” de EH Bildu de apoyar la comisión a pesar de que será objeto de investigación la gestión de EA.

El archivo de la segunda investigación

De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales. Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.

El 20 de febrero de 2014 el Parlamento vasco constituyó una ponencia de autogobierno para revisar el actual Estatuto de 1979. Aquello ocurrió la pasada legislatura y, tras las elecciones autonómicas de 2016, hubo que volverla a crear porque en la anterior fase no había llegado a ninguna conclusión. Ahora, cuatro años después, este grupo de trabajo ha arrancado al fin su fase decisiva. Sobre la mesa existen ya propuestas concretas de reforma estatutaria. La más esperada, la del PNV, ha sido presentada este mismo miércoles. Persigue un “nuevo enfoque” de relación de Euskadi dentro de España: reconocimiento nacional, más competencias (y blindadas), voz propia internacional y lazos con Navarra e Iparralde. Defiende nominalmente el “derecho a decidir”, pero no hay atisbo de referéndum independentista. Con todo, las formaciones constitucionalistas han avisado a los nacionalistas de que su documento “desborda” la Constitución. EH Bildu, en cambio, afronta la propuesta con “optimismo moderado” y dispuesta a intentar maximizar la autonomía aun sin renunciar a la secesión.

Tras la reunión de la ponencia, de más de dos horas, lo más comentado por parte de los portavoces de las cinco formaciones que componen la Cámara ha sido incuestionablemente la propuesta de bases para una reforma del partido 'jeltzale', coordinada entre el Euzkadi Buru Batzar y el grupo parlamentario y que no es ajena tampoco a las líneas maestras que siempre han esbozado tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. El texto alude en varios momentos al “derecho a decidir”, pero el propio portavoz nacionalista en el Parlamento, Joseba Egibar, ha reconocido que en ningún caso entra a fijar un “procedimiento” para su ejercicio. 

En una larga rueda de prensa, Egibar ha venido a explicar este derecho a decidir 'sui generis' que poco tiene que ver con los precedentes recientes en Catalunya. A su juicio, ya el hecho de abordar en clave de “nación”, “derechos históricos” y “sujeto político” este proceso es un ejercicio del “derecho a decidir”. “¿Cuándo el PNV ha traído posiciones maximalistas?”, ha ironizado el portavoz, uno de los dos parlamentarios más veteranos junto al 'popular' Carmelo Barrio.

En realidad, el único cambio que plantea el PNV en relación a una reforma ordinaria del Estatuto -que se cierra con un referéndum en Euskadi y sólo en Euskadi- es la intención de emular el modelo de la II República y articular una “consulta habilitante” que refrende el texto aprobado por el Parlamento antes de que sea elevado para su análisis y eventual sanción en las Cortes Generales. No es un mecanismo contemplado en el ordenamiento jurídico, pero Egibar ha planteado que un retoque de la ley orgánica 2/1980 de referendos bastaría. Rizando el rizo, ha llegado a sugerir una “reforma exprés” del Estatuto para incorporar una consulta habilitante para reformar el propio Estatuto. 

Los nacionalistas también fundamentan su propuesta en una interpretación amplia de la Constitución, que reconoce los “derechos históricos” forales vascos. Según Egibar, es el enganche “perfectamente legal” que hace posible la reforma y, a la vez, buscar un nuevo esquema para reconocer al pueblo vasco como “sujeto político” y superar las constricciones de la Constitución. El portavoz ha explicado que la nueva autonomía esquivará el marco fijado en los artículos 148 y 149 de la Constitución, que delimitan las competencias autonómicas y las exclusivas del Estado, respectivamente, buscando una nueva “fuente” de poder en la disposición adicional, que es la que refrenda los “derechos históricos”.

PSE-EE y PP recuerda el precedente del 'plan Ibarretxe'

Al PSE-EE no le ha convencido este planteamiento. Los socialistas, socios del PNV en el Gobierno, entienden que la del PNV es una “interpretación muy extensiva” de la Constitución. Su portavoz, José Antonio Pastor, ha recordado que no sólo la 'carta magna' indica (artículo 2) que la única fuente de soberanía “reside en el pueblo español” sino que “la doctrina” del Tribunal Constitucional advierte de que los Estatutos no pueden “modificar” por la vía de los hechos la configuración general del Estado. 

Los socialistas, ha explicado Pastor, están abiertos al debate de una reforma estatutaria, sobre todo para dotarle de un barniz social aunque también para incorporar el concepto “nación”, pero siempre que se trate “de un nuevo texto dentro del ordenamiento jurídico vigente” y desde la constatación de que el texto de 1979 “ha sido una experiencia de éxito”. En el texto elevado a la ponencia, el PSE-EE subraya que no se puede repetir la experiencia de 2004: “el conocido como 'plan Ibarretxe' precisamente rompía esa premisa básica de seguridad jurídica”. “Es un hecho que debería tenerse en cuenta en la nueva redacción”, insisten los socialistas, que en todo caso separan su coalición de Gobierno con el PNV de sus (importantes) discrepancias en el Parlamento sobre esta materia.

El PP también ve en la iniciativa del PNV un “plan Ibarretxe 2”. Incluso detecta aspectos “exactamente iguales a los de Catalunya”. “Plantean la independencia de Euskadi con la aquiescencia de España”, ha llegado a decir Borja Sémper, aludiendo a que se busca “vaciar de competencias la presencia de España en Euskadi”. “España, las leyes españolas, dejaría de tener vigencia en Euskadi”, ha insistido Sémper, visiblemente enojado. El PP, que ya ha mostrado su deseo de no tocar el Estatuto, ha asegurado que no va a participar en la “destrucción de la España constitucional” y que empleará toda la “fuerza” para evitarlo. “La fuerza de la política”, ha matizado. “Quizás no tengamos mayoría, pero tenemos voz”, ha zanjado.

Sólo Podemos mantiene una consulta como en Quebec

EH Bildu, por su parte, ha recibido con “optimismo moderado” la propuesta del PNV. De hecho, en privado observan que coincide bastante con su propia alternativa, en la que la izquierda abertzale ha rebajado sus pretensiones históricas maximalistas para explorar también una mayor autonomía dentro de España. De hecho, el ejercicio del “derecho a decidir” planteado por escrito por EH Bildu también coincide con el de los 'jeltzales' en incorporar como novedad solamente la consulta habilitante previa al acuerdo con el Estado. Fuentes de la coalición explican que el suyo es un ejercicio de realismo y mano tendida para buscar el acuerdo y puntualizan que las bases lo han refrendado en asamblea a pesar de que textualmente se plantean conceptos como que la Constitución española encierra un “principio democrático” que permite el desarrollo del autogobierno vasco. El texto completo, por cierto, ha sido difundido este miércoles encartado en el diario 'Gara'.

El único 'pero' de EH Bildu al PNV, según la portavoz, Maddalen Iriarte, es que es “preocupante” que las referencias a la consulta habilitante no consten el documento de la reforma estatutaria y se dejen para cuando se acuerde el “procedimiento” para su consecución. “No quisiéramos que el PNV dé pasos atrás”, ha repetido Iriarte tanto en euskara como en castellano.

Desde Elkarrekin Podemos, su portavoz, Lander Martínez, ha salido de la reunión satisfecho porque se abandonen posiciones maximalistas y se explore el acuerdo, aunque entiende que no es posible un proceso semejante con mayorías del 51% y el 49% en contra. Se da la circunstancia de que el documento de la coalición de Podemos, IU y Equo es el único que defiende el derecho a decidir en los términos de la celebración de una consulta más allá del plano teórico. La formación propone seguir el modelo de “claridad” de Canadá con Quebec. Defiende que el nuevo Estatuto sea “cuasiconstitucional” aunque el reconocimiento nacional vasco “no implicaría una soberanía diferenciada”.

El acuerdo presupuestario entre PNV, PSE-EE y PP es eso, presupuestario, pero en el pleno parlamentario de este jueves las tres formaciones han coincidido en tumbar varias propuestas de la oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Lo han hecho al descartar cambios en la reforma fiscal, al no “condenar” la construcción de un muro en el puerto de Bilbao y, por tercera vez en pocas horas, para rechazar una iniciativa para que se cierre el grifo de la financiación pública a los seis colegios vascos que segregan por sexos, todos ellos vinculados al Opus Dei. El concierto educativo de estos centros supone 13 millones de euros anuales, como publicó eldiarionorte.es.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha elevado a la Cámara una moción para pedir el final de estas subvenciones. “Decimos muchas veces que la educación es la base de una sociedad. Pues en el siglo XXI no queremos ayudar con dinero público a los colegios que separan a sus alumnos por sexos”, ha dicho Ubera en euskara. Y ha preguntado en voz alta a un hemiciclo en el que se hallaba, tomando notas, la consejera de Educación, Cristina Uriarte: “¿Hay acaso razones pedagógicas? ¿Hay razones psicológicas? Entonces, ¿por qué hay que sostener estos colegios?”. Según Ubera, educar en la infancia desde la desigualdad impide combatir discriminaciones en la edad adulta, la más grave la violencia de género.

La propuesta ha sido secundada por Elkarrekin Podemos. El parlamentario de IU y de la coalición Íñigo Martínez, que fue quien solicitó a Uriarte los datos sobre el dinero percibido por los centros cercanos al Opus Dei que no sólo admiten o a varones o a mujeres, ha reclamado una “escuela coeducadora, una formación cívica y ciudadana, que impida que la diferencia se convierta en discriminación, y que asuma a esto además como un axioma ético”.

Martínez ha citado el documento de la patronal COAS, que agrupa a los centros concertados Ayalde, Munabe, Erain y Eskibel -Gaztelueta y Arangoya también son cercanos al Opus Dei pero independientes-, publicado por eldiarionorte.es y que recoge argumentos a favor de la “educación diferenciada”. Entre otros, plantea el siguiente razonamiento: “Para muchos chicos los deportes de contacto físico —fútbol, rugby, etc.— pueden no sólo ser divertidos sino que de hecho ponen la base para una duradera amistad. Para las chicas la agresividad no construye amistades, más bien las destruye. En los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad chocan”

El PSE-EE también se ha posicionado en contra de este tipo de centros. “Para dejarlo claro desde un principio: los socialistas no estamos a favor de la segregación sexual que se produce en los colegios concertados, que por suerte son cada vez menos. Ni estamos a favor de que haya discriminaciones ni por sexo, ni por raza, ni por cultura, ni por ningún otro motivo cualesquiera que este sea”, ha señalado de saque José Antonio Pastor. Sin embargo, ha apelado a cuestiones de legalidad para asegurar que el sistema actual permite financiar este tipo de centros.

De hecho, ha recordado que la Junta de Andalucía (socialista) trató de suspender el concierto a un colegio de este tipo y que la Justicia lo impidió. Según Pastor, en el marco del debate sobre reformas educativas que se abrirá a la luz de la iniciativa legislativa popular (ILP) que se ha impulsado podría abordarse también estas cuestiones para buscar la “seguridad jurídica”, extremo que no ha desagradado a grupos como Elkarrekin Podemos.

La portavoz educativa del PNV, Jone Berriozabal, también ha enumerado numerosas leyes, decretos y sentencias que impiden suspender estos conciertos, aunque ha insistido en que el modelo de educación por el que apuesta el Gobierno vasco es el mixto. “La educación mixta permite fomentar valores y su extensión ha constituido sin duda un avance en el tratamiento de la igualdad de género, que es constitutivo de democracia y que van más allá de su reconocimiento legal y que todavía está lejos de ser una realidad. Es por ello que el Gobierno vasco hace una clara apuesta por la coeducación al igual que una amplísima mayoría de la sociedad vasca, aunque tenemos claro que esa educación no puede recaer únicamente en el sistema educativo”, ha señalado Berriozabal como final de su intervención ante el pleno.

Desde la bancada del PP, Juana de Bengoechea sí ha hecho un alegato en defensa de la “libertad” de elección por parte de las familias del modelo educativo que deseen. “Le advierto de que yo no tengo las mismas gafas que ustedes. Yo no pretendo que todo el mundo se ponga mis gafas y, por favor, no pretendan ustedes que todos nos pongamos sus gafas, porque la gente es libre. Libre, tal fácil como eso. Libre. Y la Administración tiene que atenderles a todos. Se lo repito: la gente es libre para hacer todo lo que la ley no prohíbe, incluso centros diferenciados”, ha querido destacar la representante 'popular' dirigiéndose a los proponentes de la iniciativa.

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves una moción que en genérico “respeta y acompaña las resoluciones que sobre la soberanía y el proceso constituyente” han sido adoptadas en Catalunya y que “rechaza” la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El texto ha sido propuesto por el PNV y apoyado finalmente por EH Bildu, aunque la coalición de la izquierda abertzale, proponente de este debate que ha durado unos 90 minutos, había intentado sin éxito una resolución más breve y contundente que “reconocía y respetaba” la independencia “proclamada”, pero que los nacionalistas han rehusado apoyar.

EH Bildu había intentado desde el inicio que el Parlamento vasco se significara como una de las primeras instituciones en apoyar el pretendido nuevo Estado catalán alumbrado el pasado 27 de octubre en el Parlament. “Que el pueblo catalán sienta el aliento del pueblo vasco”, ha argumentado la portavoz abertzale, Maddalen Iriarte.

“Es un pueblo que quiere ser libre frente a un régimen que quiere mantener el 'statu quo'”, ha apuntado Iriarte. A su juicio, la “represión” española no es nueva y ha comparado las dificultades para la secesión de Catalunya con las que tuvieron Flandes, Cuba o Fipilinas en distintos momentos de la historia. De hecho, ha querido recordar que “a los niños neerlandeses” aún se les advierte siglos después de su salida de la Corona hispánica que vendrá a por ellos “el duque de Alba” si se portan mal. No ha añadido que también es una tradición muy arraigada que el 5 de diciembre San Nicolás llegue desde España con regalos en una celebración similar a la de los Reyes Magos.

Iriarte, consciente de que el PNV no iba a apoyar el reconocimiento de la independencia catalana, se ha dirigido directamente al portavoz peneuvista y cara más visible del ala soberanista del partido, Joseba Egibar, quien en un acto en septiembre con el conseller ahora destituido Jordi Turull y con el líder de la ANC, Jordi Sánchez, manifestó su deseo de que Euskadi fuese la primera en reconocer al nuevo país. “Sería penoso que este Parlamento no reconociese la República Catalana”, ha reiterado la representante de EH Bildu, presente en aquella tertulia con Egibar y los dos representantes catalanes.

En paralelo, la coalición también está presionando al PNV para que rompa su Gobierno de coalición con el PSE-EE por el apoyo socialista al 155. De hecho, es una de las condiciones 'sine qua non' que la izquierda abertzale ha fijado al Ejecutivo vasco en la negociación presupuestaria que precisamente se inicia este jueves con los portavoces económicos de ambas partes.

Egibar, sin embargo, se ha agarrado en todo momento al texto alternativo planteado por el PNV. “Nuestra enmienda no se queda en la foto fija”, ha justificado el veterano parlamentario nacionalista, que ha indicado que lo que planteaban era apuntalar la “legitimidad” de las instituciones catalanas ahora “anuladas” por el 155. Con todo, el portavoz 'jeltzale' ha parecido plantear también una enmienda de totalidad al planteamiento tradicional del lehendakari, Iñigo Urkullu, firme defensor de un ejercicio pactado y legal del derecho a decidir frente al modelo unilateral catalán. “La apelación al diálogo dentro de la legalidad supone admitir 'de facto' la supremacía de una soberanía sobre la otra. Si no tienes interlocutor, tienes que ir alumbrando una nueva legalidad y ahí se ha producido el choque”, ha señalado Egibar, atentamente escuchado por Urkullu durante su alocución.

Iriarte también ha pronunciado un cuerpo a cuerpo con el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez. Iriarte ha afeado a la formación morada que siga apelando a un proceso pactado y con garantías. “¿Con quién quieren pactar, con Rajoy, con Rivera, con Sánchez, con Guerra o con González?”, ha ironizado la representante de EH Bildu. Martínez ha replicado que la independencia es igual o más inviable y no por ello menos legítima como posición política y le ha recordado que los partidarios en Euskadi de la “cosoberanía” son muchos más que los de la secesión, según datos del Euskobarómetro que ha presentado. “Vosotros Kosovo, cascos azules. Nosotros Quebec. Ustedes han construido una fantasía”, ha zanjado Martínez, cuya bancada ha votado 'no' al texto de EH Bildu y se ha abstenido al alternativo del PNV.

El precedente guipuzcoano

En cuanto al PSE-EE, no sólo ha rechazado el reconocimiento del Estado catalán, sino que ha vuelto a votar en sentido contrario a una propuesta de su socio de Gobierno, el PNV, aunque todo lo relacionado con el autogobierno forma parte de las “discrepancias pactadas” del acuerdo de coalición y otorga libertad de movimientos a ambas formaciones, a diferencia de lo sucedido la pasada semana con las víctimas del franquismo. El socialista José Antonio Pastor ha sido muy crítico con el proceso independentista catalán y también con el discurso de EH Bildu. Pastor ha remarcado que se plantearon “tres premisas” que han sido “tres mentiras”, que el nuevo Estado era viable, que habría “respaldo internacional” y que el coste económico sería nulo. El PSE-EE ha asegurado también que sería un error que Euskadi hiciera “lo que ningún país del mundo ha hecho” salvo, ha bromeado Pastor, el ayuntamiento del pequeño municipio guipuzcoano de Villabona. A día de hoy, el único parlamento que ha aprobado una resolución en la que textualmente se “reconocen y respetan la proclamación de la República de Cataluña” es el de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Fue en una sesión del citado parlamento provincial el pasado 11 de octubre y la resolución estuvo acordada por PNV y EH Bildu.

Desde la bancada del PP, Borja Sémper se ha felicitado por el “fracaso” de EH Bildu de buscar el reconocimiento de la República Catalana, si bien ha salido con la preocupación del “contagio” que podría producirse en Euskadi. “A ver si usted, señor Egibar, por ser nacionalista, no va a tener que respetar la ley”, ha espetado Sémper a la bancada del PNV tras el discurso de su portavoz. El representante 'popular' también ha recordado las gestiones del propio Urkullu como mediador para propiciar la convocatoria de elecciones autonómicas dentro de la legalidad. El PP ha defendido la aplicación del 155 como bálsamo contra el “dislate” independentista.

El 25 de octubre es una fecha de relevancia en la historia política vasca. En 1839 las Cortes Generales aprobaron ese día una ley que encajaba y modulaba los fueros en el marco constitucional español (la historiografía se divide entre quienes lo ven como una abolición y quienes lo ven como una confirmación). En 1979, el 90% de quienes participaron en el referéndum dijeron 'sí' al Estatuto de Gernika. Y, en 2003, el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe presentó su 'plan' de constituir un “Estado libre asociado” que superase ese Estatuto. Y el 25 de octubre, en este caso de 2008, también fue la fecha calculadamente elegida por Ibarretxe y su Gobierno tripartito (PNV, EA e IU-EB) para la celebración de la consulta soberanista que nunca llegó a celebrarse. El PNV acató entonces la sentencia contraria al referéndum del Tribunal Constitucional y aquella jornada no sólo no hubo urnas, sino que fue la antesala de unas autonómicas que acabaron con la hegemonía del nacionalismo en Ajuria Enea. Es más, los siguientes 25 de octubre fueron festivos en homenaje al Estatuto.

El noveno aniversario de aquel ya lejano 25 de octubre de 2008 llega en medio de la crisis catalana y con la sensación de que el Govern y el Parlament están dejando muy lejos la vía abierta por Ibarretxe. El propio lehendakari (el título es vitalicio) aseguró en un multitudinario acto político con Artur Mas celebrado este mismo año en San Sebastián que él llevó el concepto de “derecho a decidir” al “campo base” del Everest mientras que Cataluña estaba entonces (febrero) en el “campo 3” y camino de la cima. Públicamente, Ibarretxe se limita a su papel académico y apenas comenta la actualidad vía Twitter. Su equipo ha declinado la invitación para participar en este reportaje.

La 'hoja de ruta' de Ibarretxe se inició en la legislatura abierta en 2001 con unas elecciones muy polarizadas entre la coalición PNV-EA y el PP de Jaime Mayor Oreja. El lehendakari desde 1998 logró 604.000 votos (42%) y tumbó la alternativa constitucionalista que habían fraguado los 'populares' con un PSE-EE de Nicolás Redondo Terreros dispuesto a forzar la alternancia. El 25 de octubre de 2003 el presidente vasco esbozó su oferta de “nuevo estatuto político” para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, bautizado para la historia como 'plan Ibarretxe'.

El documento, que preveía la constitución de Euskadi como comunidad “libremente asociada” a España y la creación de la “nacionalidad vasca”, entre otras cuestiones, fue visado en diciembre de 2004 por el Parlamento vasco merced al medido apoyo que la izquierda abertzale -entonces con la marca Sozialista Abertzaleak- confirió al tripartito de Ibarretxe, al que le prestó justo tres votos, los necesarios, ni uno más ni uno menos, para superar al bloque constitucionalista. En febrero de 2005, Ibarretxe batalló en el Congreso para defender su propuesta, si bien abandonó el hemiciclo antes de la votación. Recibió 313 'noes' frente a 29 'síes'. Y convocó elecciones autonómicas.

El acuerdo “no público” para celebrar la consulta

Cuenta el veterano dirigente de EA Rafa Larreina, entonces parlamentario vasco, que ya en diciembre de 2004, antes del portazo de las Cortes Generales, los presidentes del PNV, Josu Jon Imaz, y de EA, Begoña Errazti, habían alcanzado un acuerdo para celebrar una consulta. Se trataba de un “anexo no público” del pacto de coalición que PNV y EA rubricaron en diciembre de 2004 en el Hotel Gasteiz de la ciudad del mismo nombre. “En la rueda de prensa, la periodista Isabel Cobo [de la Cadena Ser] preguntó a Imaz si habían acordado fecha para la consulta y éste confirmó que sí la había, pero no dio más detalles”, recuerda Larreina. El pacto, una exigencia de EA a los peneuvistas, era celebrar un referéndum “antes de noviembre del tercer año de la siguiente legislatura”.

No fue hasta 2007 cuando Ibarretxe anunció públicamente que sería el 25 de octubre de 2008 el día elegido. El Parlamento vasco aprobó en julio de 2008 la Ley de Consultas, de nuevo gracias al medido apoyo de EHAK-PCTV [Partido Comunista de las Tierras Vascas, en castellano], la marca entonces de la izquierda abertzale. La norma, tramitada por la vía rápida por el procedimiento de lectura única (la oposición denunció la falta de respeto y el Tribunal Constitucional le dio la razón), fijó dos preguntas muy alambicadas. La primera cuestionaba por el “final dialogado de ETA” después de la voladura de la tregua de 2006 con el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas. Pero la fue segunda la que se llevó todos los focos: “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”.

El Tribunal Constitucional vio claro que la norma, a pesar de su redacción ambivalente, daba carta de naturaleza a un referéndum soberanista incompatible con la unidad de España. “La ley presupone la existencia de un sujeto, el 'pueblo vasco', titular de un 'derecho a decidir' susceptible de ser 'ejercitado' [...] Este sujeto no es un titular de un poder soberano”, zanjaba el alto tribunal por unanimidad semanas antes del 25 de octubre, que vio “irrelevante” que la consulta no fuese vinculante o que estuviese planteada en términos muy distintos a lo que, como se ha visto, se ha hecho en otros procesos soberanistas. “No divide quien pregunta, sólo quien prohíbe consultar”, defendió Ibarretxe ante las reiteradas acusaciones de haber fracturado la sociedad vasca con su llamada a las urnas.

¿Fue aquello como el 1-O? “Era una consulta para ratificar el derecho de autodeterminación proclamado por el Parlamento. No era un referéndum de independencia pero el tema de fondo era el reconocimiento o no de la soberanía”, valora Larreina. “Había también una cierta voluntad desde la elite de desbordar la legalidad constitucional”, sostiene el portavoz del PP en todos aquellos debates, Leopoldo Barreda, desde 2011 diputado en el Congreso. Fue “una especie de sarampión nacionalista”, valora, por su parte, José Antonio Pastor, portavoz del PSE-EE y veterano parlamentario vasco, quien también considera que a pesar de la extraña redacción de la pregunta -“pensada para que todos dijeran que sí”- se ocultaba un deseo de “desbordar” el marco legal.

El 25-O: actos políticos de todo color

Con la sentencia del Constitucional en la mano, el nacionalismo vasco se planteó qué hacer el día señalado, un sábado. Larreina indica que “EA exigió que se hiciese la consulta de todas formas” y sostiene que también el único consejero de IU-EB en el Ejecutivo, Javier Madrazo, estaba en la misma línea. “Pero el Euzkadi Buru Batzar del PNV dijo que no e Ibarretxe se plegó”, abunda. El partido, con EA, IU-EB y también Aralar, organizó distintas movilizaciones políticas en todo el territorio, que movilizaron a 20.000 personas que formaron palabras como “decidir” en euskara para que fueran vistas desde el aire. En paralelo, en los actos políticos centrales de Vitoria, en los que participó Iñigo Urkullu, se registraron contramanifestaciones organizadas por la Falange bajo el lema “La unidad de España ni se vota ni se negocia”. Hubo incidentes y enfrentamientos con la Ertzaintza en el centro de la capital cuando se encontraron los ultras españoles con radicales abertzales.

Ese mismo día, en Bilbao, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, conmemoró el vigésimo noveno aniversario del Estatuto de Gernika: “El Estatuto es el instrumento que garantiza el derecho a decidir de los vascos”. Y prometió que si llegaba a lehendakari reformaría el marco político para dotar a Euskadi de “más competencias”. Los socialistas vascos, liderados ahora por Idoia Mendia, tienen previsto celebrar con “toda solemnidad” este 25 de octubre. El PP, por su parte, presentó con música 'pop' a Antonio Basagoiti como nuevo candidato. Ambos líderes, un año después, pactaron apoyar la candidatura del primero y acabar con la era de Ibarretxe.

Y es que, fallida la consulta, el lehendakari anticipó los comicios. “Lo cierto es que tras cada revés Ibarretxe convocó elecciones y siempre dentro del marco constitucional. En 2008 no había una impresión de mayoría social en la calle para seguir con aquello, como puede ocurrir en Catalunya; y Vitoria y Álava [gobernadas por el PP] no estaban alineadas [con el proceso]”, analiza Barreda, que entiende que aunque “el discurso de los convencidos” entonces y ahora “es muy similar”, otra diferencia con la situación actual es que “en el seno del PNV hubo críticas mucho más nítidas desde el principio”, incluidas las del hoy lehendakari y presidente del EBB, Iñigo Urkullu, y las de “alcaldes muy importantes” como el difunto Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao.

Para Pastor, “aquello se tradujo en términos de disputa política muy agria” pero “es verdad que sin traspasar las líneas rojas” como ha ocurrido en el caso catalán. De hecho, el portavoz socialista incide que ahora su partido cogobierna con el PNV. “Hemos demostrado que es posible el acuerdo entre diferentes”, remarca Pastor, que sugiere que Carles Puigdemont está “todavía a tiempo” de cerrar el proceso como lo hizo Ibarretxe, adelantando las elecciones autonómicas.

El condicionante de ETA y sin unidad abertzale

“El elemento fundamental que distorsionaba todo era efectivamente la actividad de ETA”, reconoce Larreina. En 2008, antes del 25 de octubre, ETA había cometido ya más de una veintena de atentados, algunos de ellos con víctimas mortales. El último asesinado, un militar, fue alcanzado por un coche bomba colocado en Santoña el 22 de septiembre. Y sólo unos días después de aquella jornada la banda hizo explosionar otro coche-bomba en la Universidad de Navarra. La doble pregunta, una sobre el terrorismo y otra sobre el derecho a decidir, y la no condena de la violencia por parte de la izquierda abertzale, fundamental para la aprobación de todos los pasos del proceso en el Parlamento vasco, también endurecieron las posiciones de los detractores del 'plan Ibarretxe'.

El portavoz del PNV entonces y ahora, Joseba Egibar, suele recordar en el Parlamento vasco que la propuesta de “nuevo Estatuto” de 2004 recibió cero apoyos de la izquierda abertzale al contar con tres votos a favor y tres en contra. “Tres menos tres igual a cero”, repite Egibar en debates sobre autogobierno. Aplicando esta fórmula matemática, el apoyo al referéndum por parte de EHAK fue también tímido, ya que sólo prestaron a PNV, EA, EB y Aralar un voto para superar al bloque constitucionalista, mientras que ocho electas de aquella formación no apoyaron la Ley de Consultas. “Al PNV le incomodaba ciertamente la compañía de Batasuna”, valora Pastor.

Las elecciones que siguieron al 25 de octubre de 2008 supusieron también la ruptura de la coalición de PNV y EA. Este partido, tras sufrir una escisión, acabó integrándose en la coalición EH Bildu, como también Aralar y una escisión de IU-EB, Alternatiba. Sin embargo, en los comicios de 2009 no hubo marca abertzale como tal y el nacionalismo atribuye a esta ilegalización la mayoría absoluta que lograron PSE-EE, PP y UPyD y que posibilitó el mandato de López a pesar de que Ibarretxe dio al PNV, en solitario, sus mejores resultados de siempre, 30 escaños por 25 de los socialistas de Patxi López.

Juntos por el sí.... al referéndum. El PNV, incluido el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha votado este jueves en el pleno del Parlamento Vasco a favor de una moción de EH Bildu en pro de la consulta de independencia convocada para el próximo domingo 1 de octubre en Cataluña y contra las medidas del Gobierno central “en contra de la democracia”. “La voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye el instrumento más eficaz para la construcción del futuro de cualquier país o colectivo”, se puede leer en la resolución aprobada por la Cámara y que ha contado con el 'no' de PSE-EE y PP y con la abstención de Elkarrekin Podemos (29 de 75 parlamentarios entre los tres).

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha presentado el asunto catalán como una dicotomía, o a favor del referéndum o contra él, o con Cataluña o con España. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha argumentado su apoyo al 1-O porque supondrá “aire fresco” para la “democracia”, también para la española. Y ha asegurado que la cita con las urnas reflejará una “nueva” realidad política. “Sonrisa en los labios y papeletas en la mano. ¡Vaya peligrosidad!”, ha ironizado Egibar al tiempo que ha criticado las actuaciones judiciales y policiales que se están sucediendo en los últimos días.

La resolución aprobada no hace ninguna alusión a las premisas que siempre ha defendido el lehendakari Urkullu en torno al desarrollo del autogobierno vasco. Urkullu, partidario del derecho a decidir, siempre ha aludido a su ejercicio dialogado, legal y pactado con el Estado. Así lo repitió este mismo domingo en su discurso del Alderdi Eguna.

Esta aparente contradicción interna en el PNV ha sido utilizada por el representante del PP, Borja Sémper, para atacar a los 'jeltzales'. “Nosotros le tenemos por un político sensato, pero su grupo va a votar lo que usted veía como carente de garantías”, ha señalado Sémper dirigiéndose directamente al lehendakari. Y ha apostillado que el PNV, con su actitud, “da el liderazgo a EH Bildu” en materia de autogobierno hasta el punto de que “les llenan las manifestaciones”, en referencia a las marchas conjuntas de la mano de la plataforma Gure Esku Dago, la de hace dos fines de semana y la prevista nuevamente para este sábado. Lo ha hecho con menos vehemencia que Alfonso Alonso hace sólo unos días, pero Sémper también ha recordado lo que le ha ocurrido a la antigua Convergència en relación a ERC.

“Emplazamos al PNV a que no den alas [al independentismo de la izquierda abertzale], que no permitan que Euskadi se contagie. En Euskadi nosotros defendemos que el acuerdo es positivo. Es positivo y razonable para la ciudadanía. La estabilidad institucional genera estabilidad social y desarrollo económico. Ahora que estamos superando la etapa más negra de la convivencia en Euskadi, resulta que algunos pretenden el ejemplo catalán”, ha abundado Sémper.

Las palabras del PP han recibido una dura réplica por parte de Iriarte y de Egibar. Desde la bancada de EH Bildu, la portavoz ha subrayado que a los 'populares' se les llena la boca con el cumplimiento de la legalidad cuando llevan “40 años” sin completar el Estatuto (“una ley orgánica” del Estado) o cuando tienen decenas de casos de corrupción en sus filas. Egibar también ha querido apuntar que ha sido precisamente el PP el que ha impedido una solución dialogada en Cataluña al aferrarse a la unidad “indisoluble” de la soberanía española.

El PSE-EE, que gobierna en Euskadi en coalición con el PNV, ha vuelto a marcar distancias con sus socios al rechazar la convocatoria “ilegal” del 1-O, según José Antonio Pastor. “La democracia son derechos pero también reglas, y cuando las leyes desaparecen la democracia se resiente”, ha puesto de manifiesto Pastor, quien ha insistido en que el Govern de Carles Puigdemont no sólo ha vulnerado la Constitución, sino las propias normas internas catalanas.

Pastor ha lamentado también el acoso a los no independentistas y ha recordado la presión que el constitucionalismo vivió en Euskadi como consecuencia de la amenaza de ETA. “Los socialistas vascos sabemos mucho en Euskadi de que te señalen con el dedo, incluso de que nos quitasen la vida, aunque no quiero hacer comparaciones porque el terrorismo en Cataluña desapareció hace muchos años”, ha planteado el portavoz socialista en la tribuna, que ha defendido el acuerdo “entre diferentes” y dentro de la ley como fórmula de éxito.

Este cruce entre el nacionalismo con PP y PSE-EE ha dejado en medio a la coalición Elkarrekin Podemos. Lander Martínez ha sido el encargado de defender la abstención de su formación en este debate y ha reiterado la voluntad de dar cauce a las demandas territoriales mediante una formula de “claridad” siguiendo el ejemplo de Quebec, la región francófona de Canadá.

Martínez ha criticado la respuesta del Estado a las actuaciones de Puigdemont -“no se trata de la independencia, sino de la democracia”, ha dicho parafraseando a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona- pero ha reclamado “abrir caminos legales para que la ciudadanía catalana pueda expresarse”, como también la vasca. “Blanco o negro…. Aquí sabemos bastante de eso y de la acusación de equidistancia, pero no queremos entrar en esa dinámica”, ha zanjado Martínez.

Como conclusión al debate, Iriarte se ha felicitado por el acercamiento con el PNV tan sólo una semana después de una dura reprimenda. “Tenemos un pueblo esperando”, ha dicho la representante de EH Bildu mirando a la bancada peneuvista. Iriarte, mirando a Egibar, también ha planteado que sea el Parlamento Vasco el primero en reconocer a la hipotética república catalana independiente que salga del referéndum del 1-O.

La oposición en pleno y el PSE-EE cuestionan, en su primera valoración de urgencia, las reflexiones del lehendakari en torno a la situación catalana y al futuro del autogobierno vasco

El discurso de Iñigo Urkullu sobre Cataluña y sobre el futuro del autogobierno vasco no ha satisfecho a ningún partido del Parlamento Vasco más allá del PNV, según las valoraciones de urgencia de los distintos portavoces a la conclusión de la alocución del lehendakari en el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco. Incluso el PSE-EE, socio de Gobierno de los nacionalistas esta legislatura, ha manifestado que “no comparte” la “visión particular” sobre la cuestión expuesta por Urkullu durante buena parte de sus 80 minutos de turno de palabra.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, sí ha agradecido que Urkullu haya puesto “en valor” el acuerdo de coalición y ha asegurado que la suma de PNV y PSE-EE aporta a Euskadi una “tranquilidad, sosiego y estabilidad envidiables” en otros puntos de España, en probable referencia a Cataluña. Pero ha recordado que el pacto no incluye la “visión particular” del nacionalismo en torno al futuro encaje en España. “Les adelanto que no compartimos algunas de esas propuestas”, ha dicho Pastor, quien ha apelado a una reforma constitucional en clave federal y a un reconocimiento nacional más en la línea de la nación cultural. Sobre Cataluña y las apelaciones al diálogo de Urkullu, Pastor ha dicho también que “la situación no tiene un solo culpable”, el Estado, porque “tiene dos” y que los socialistas no se desdicen en su “apoyo al Gobierno” de Mariano Rajoy.

El PP, con quien el Gobierno de Urkullu pactó los presupuestos de 2017, también ha lamentado la “doctrina nacionalista” esbozada por el lehendakari en la Cámara. Borja Sémper, incluso, ha apreciado una “reedición de lo que planteó el plan Ibarretxe” en algunos puntos de la intervención. “Si el señor Urkullu va por este camino, se juega el acuerdo con el PP”, ha apostillado Sémper.

No obstante, el portavoz del PNV, Joseba Egibar también ha lanzado una advertencia similar, aunque en dirección contraria y mirando a las Cortes Generales. Si Rajoy no modifica su política en relación a Cataluña, ha dicho, tampoco podrá seguir contando con los votos del grupo de Aitor Esteban en el Congreso. “No hay ninguna razón para apoyar los presupuestos”, ha dicho a los periodistas el veterano portavoz peneuvista.

La “hiriente” frialdad, según EH Bildu

La coalición EH Bildu también ha criticado duramente la intervención de Urkullu. Ni siquiera el hecho de que el lehendakari haya introducido a última hora una larga reflexión sobre los últimos acontecimientos le ha valido el aplauso de la izquierda abertzale, empeñada en que el Gobierno vasco abandona la vía bilateral y de acuerdo con el Estado para imitar el proceso catalán.

Según Iker Casanova, ha sido “hiriente” la “frialdad” y la “equidistancia” del lehendakari en torno a las detenciones en particular y a la cuestión catalana en general. “No ha estado a la altura”, ha dicho el parlamentario abertzale sobre la “improvisación” sobre Cataluña con la que Urkullu ha abierto de manera inesperada la sesión. Y ha añadido sobre las continuas apelaciones al acuerdo con el Estado: “Todos queremos ser Escocia, pero con la España actual es imposible”.

Finalmente, desde la coalición Elkarrekin Podemos -que ha comparecido en la Cámara con camisetas apelando a la “democracia”, a la “libertad”, al “acuerdo” y al “diálogo” en euskara, castellano y catalán-, Lander Martínez ha reconocido que esperaba “más” de Urkullu. “Ha preferido no mojarse”, ha lamentado para añadir que “hoy era el día de mostrarse firme con Rajoy”. A la coalición de Podemos, IU y Equo le molesta sobremanera que el PNV sea el sustento del PP en las Cortes Generales y entiende que es momento de poner pie en pared.

La coalición Elkarrekin Podemos había elevado al pleno del Parlamento una iniciativa contra la corrupción en el PP y el debate, celebrado este jueves en la Cámara vasca, ha concluido con la aprobación de un texto alternativo planteado por PNV y PSE-EE y con Elkarrekin Podemos como única formación que ha votado ‘no’ a esa resolución junto con el PP. Y eso que el parlamentario de IU y de la coalición Jon Hernández ha llamado “trama criminal”, “mafia organizada” y “chorizos de guante blanco” a unos ‘populares’ que han encajado con enfado esta intervención así como la redacción definitivamente aprobada, que censura “todo comportamiento corrupto” y pide explicaciones al presidente Mariano Rajoy.

Hernández ha sido precisamente quien, nada más iniciarse el debate, ha abierto fuego dialéctico contra el PP por tratarse de una “organización criminal”. “No lo digo yo, lo dice la Guardia Civil”, ha argumentado. Para Elkarrekin Podemos la corrupción ha alcanzado tal nivel que era oportuno que Euskadi debatiera sobre la ‘operación Lezo’ y sus derivadas en forma de politización de la Justicia. Además, ha asegurado que es “especialmente sangrante” que el PNV haya apuntalado al Gobierno de Mariano Rajoy merced al reciente acuerdo presupuestario en las Cortes Generales.

Elkarrekin Podemos ha encontrado en EH Bildu un aliado y, de hecho, habían consensuado una contundente resolución en la que se reprobaba la “corrupción estructural” de España y la “actitud permisiva” de los “poderes del Estado” con esta lacra. El texto incluía también referencias concretas a Rajoy, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general, José Manuel Maza, y al ya dimitido Manuel Moix, exresponsable de Anticorrupción.

Miren Larrion (EH Bildu) ha empleado versos de Quevedo para denunciar los “1.300” imputaciones por corrupción en España. “Poderoso caballero es Don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado”, ha recitado la parlamentaria abertzale, que ha hecho una larga listas de causas abiertas entre las que no se incluía ninguna vasca a pesar de que la coalición ha sido especialmente beligerante con el PNV en este sentido. “Podría haber sacado [casos vascos] pero no he querido. No es donde he entrado ni quiero entrar, porque hoy hablábamos aquí de la corrupción del Partido Popular”, ha justificado después.

Desde las bancadas de PNV y PSE-EE han afeado a Elkarrekin Podemos que haya convertido el Parlamento Vasco en una suerte de Cámara de segunda lectura de las Cortes Generales, que próximamente debatirán la moción de censura encabezada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy por estos motivos. José Antonio Pastor (PSE-EE) ha citado como antecedente un debate sobre los presupuestos generales del Estado. Ambos partidos, integrantes del Gobierno, han presentado un texto que seguía la línea de una resolución del Congreso sobre el particular y en la que se rechaza “todo comportamiento corrupto” así como la “justificación” de esos comportamientos y el “uso partidista de la justicia”.

La enmienda, que ha sido aprobada merced a la abstención de EH Bildu a pesar de que Elkarrekin Podemos se ha unido al PP en el ‘no’, incorpora una petición de que Rajoy “dé cuenta” de “todas aquellas actuaciones y hechos sobre los que tenga conocimiento” en relación a la “presunta financiación ilegal del PP” y, asimismo, una “reprobación” de Catalá, Maza y Moix. Según EH Bildu y Elkarrekin Podemos, esta redacción alternativa ha sido un “capote” de PNV y PSE-EE al partido con el aprobaron los presupuestos autonómicos, si bien el PP, desde luego, lo ha interpretado igualmente como parte del “linchamiento” que, según ha dicho Borja Sémper, han sufrido este jueves sus siglas.

Sémper, a quien han aplaudido algunos de sus compañeros de partido tras su intervención, ha asegurado que en Euskadi hay quien ve lo que sucede “a 500 kilómetros” pero “no lo que sucede aquí”. El portavoz ‘popular’ ha matizado que no iba a encender el “ventilador” para atacar a otros partidos con sus propios casos abiertos si bien se ha encarado con Larrion para reprocharle que la izquierda abertzale “no tiene ninguna legitimidad” para “juzgar” al PP porque “la mayor corrupción es quitar la vida” y ese sector político nunca condenó el terrorismo de ETA.

Sobre el tema de fondo, Sémper ha reconocido que “el sistema tiene grietas” pero ha rechazado que exista corrupción estructural. Ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno de Rajoy para prevenir la corrupción y ha asegurado que el PP vasco combate esta lacra en todo caso y más cuando afecta al propio partido. Ha matizado, eso sí, que muchas de las investigaciones siguen abiertas y que adelantar condenas sería “fascista” y “antidemocrático”. “No vale ser muy honesto cuando sucede en otros lugares y laxo cuando la hacen los míos”, ha remachado Sémper sin un destinatario concreto.

PP, por un lado, e izquierda abertzale, por el otro, han escenificado este jueves en el Parlamento Vasco lo que se ha venido a llamar 'la batalla por el relato' ahora que se ha consumado el final de ETA, proceso en el que se profundizará este sábado 8 de abril con la anunciada entrega de armas. El líder de los 'populares' vascos, Alfonso Alonso, ha asegurado que la fiesta de Baiona constituye una pista de aterrizaje para “camuflar” lo que en realidad es una derrota de los terroristas y ha denunciado que el proceso se culmine sin que haya una condena de “la raíz ilegítima perversa de la ideología que sostenía el uso de la violencia”. El representante de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha lamentado, por su parte, que se esté poniendo el foco en que las armas que pueda entregar ETA sean investigadas para esclarecer los casi 300 crímenes pendientes de resolver: “No se busca la verdad, sino que se está buscando, precisamente, imponer castigo, una actitud de venganza que dificulta también el que en este pueblo se establezca la convivencia”.

Este cruce dialéctico entre Alonso y Arzuaga ha resultado lo más significativo del debate programado en el Parlamento Vasco en torno al desarme de ETA en vísperas de que se produzca. Y es que su resultado era sobradamente conocido antes de que empezara. Era conocida la resolución que se iba a aprobar, que exige que la entrega de armas sea “completa” y “con garantías de legalidad” y que España y Francia “coadyuven” en el proceso, entre otras cosas porque ya este miércoles en Bilbao la mayoría de partidos y sindicatos vascos leyeron de manera conjunta un documento similar. Y era conocido que sólo el PP se oponía a esa pretendida fotografía de unidad.

Pero el PP, en palabras de Alonso, no quiere ganar votaciones, sino la batalla del relato: “Ya sé que nosotros estamos aparentemente solos, pero yo no me siento solo. Siento de verdad el respaldo de una mayoría social que quiere esa dignidad. Y siento también que cuando pasen los años, cuando ETA se haya disuelto, y eso será pronto, cuando pasen las generaciones, quien lea el diario de sesiones del propio debate que estamos teniendo hoy se quedará con nuestra posición. ¿Dónde va a encontrar que está el relato razonable?”.

Alonso ha sido muy beligerante defendiendo su posición. “Se ha rebajado el suelo ético, la exigencia, a EH Bildu y ahora esto, aplaudir, decir que ETA es un actor en la paz, que es un actor que nos está trayendo la paz. No podemos pagar esos precios, porque son precios que afectan a nuestras convicciones más profundas y a la propia esencia de la democracia, y a la dignidad de esta Cámara, y por eso nosotros no podemos apoyarlo, me inquieta dónde va la legislatura”, ha argumentado.

EH Bildu habla de “presos” y “desmilitarización”

Arzuaga, en su réplica, ha ironizado que Alonso debería participar activamente en los actos programados en Baiona en torno al desarme si realmente considera que es un acto de rendición. “Nos dice el señor Alonso que hay una escenificación para la derrota o para la rendición de ETA este fin de semana en Baiona y mi pregunta es, ¿no estará ahí, señor Alonso?”, le ha inquirido el representante de EH Bildu, que ha asegurado que los promotores del desarme garantizarán también un “respeto” hacia las víctimas.

La izquierda abertzale también ha criticado que el PP ridiculice los actos de Baiona. Arzuaga ha retado incluso a Alonso al plantear qué evento congregará a más personas, si el del desarme o el acto alternativo del PP en memoria de las víctimas programado para el viernes en un hotel de Vitoria. “Creo que se pretende ridiculizar lo que va a pasar este sábado y cuando se pretende ridiculizar se corre el riesgo de acabar haciendo el ridículo. Creo que va a haber otros actos que no me atrevía para nada a ridiculizar pero que no van a ser ni tan amplios ni van a ser tan plurales”, ha zanjado Arzuaga, que ha opinado que la “paz” en el País Vasco tiene cuatro carriles, reparación de las víctimas, desarme de ETA y también “presos” y “desmilitarización” (salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado).

PNV: ¿Por qué no hace 30 años?“

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha defendido la iniciativa política aprobada en el Parlamento porque el desarme “no es una anécdota”. Egibar ha recordado que las armas “no son sólo hierros” y que han sido empuñadas por personas en nombre de una idea, por lo que el proceso de desarme se ha de producir en un marco “ordenado” en el que adquiera importancia el “contexto”. Ha reclamado también a los Gobiernos de España y de Francia que si no se suman al menos que no obstaculicen este hito que, según Egibar, parece la antesala de la desaparición definitiva de ETA. El representante peneuvista ha querido cerrar su intervención lanzando preguntas al aire, quizás dirigidas a la izquierda abertzale: “¿Por qué ahora sí y no hace 10, 15 ó 30 años? ¿Por qué ahora la política y la lucha armada son incompatibles [y antes no]?”.

José Antonio Pastor (PSE-EE) ha calificado de buena nueva el desarme y se ha acordado de las 858 víctimas y de los miles de heridos y amenazados, así como de plataformas cívicas que combatieron el terrorismo como Gesto por la Paz. “Ellos son los verdaderos artesanos de la paz, los obreros de la memoria, los arquitectos de la convivencia”, ha asegurado Pastor.

Podemos al PP: “No sobráis”

El representante socialista también se ha desembarazado de las críticas del PP por la fotografía con Arnaldo Otegi y la presencia del PSE-EE en la lectura del comunicado de Bilbao que ha precedido a esta resolución parlamentaria. Según Pastor, no hay que interpretar que los socialistas se han plegado a la izquierda abertzale, sino que ha sido justo al revés. “Nosotros también somos dignos y somos creíbles”, le ha espetado a Alonso después de que éste citara a Covite y a otros intelectuales y víctimas que han criticado el proceso de desarme. Y ha añadido que resulta desconcertante el papel de Alonso en Euskadi cuando el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo “mesurado” y está manteniendo un perfil bajo en la gestión de esta entrega de armas.

Finalmente, la coalición Elkarrekin Podemos ha apoyado el proceso de desarme, aunque ha reclamado que debe garantizarse el derecho de las víctimas a que se haga justicia. Lander Martínez, dirigiéndose en primera persona al PP, ha cerrado la intervención en estos términos: “Elkarrekin Podemos y el Partido Popular estamos en las antípodas en muchas cuestiones, es evidente, pero queremos volver a deciros que no nos sobráis en Euskadi, que no nos sobráis de la ponencia de paz y que no nos sobráis del relato que tenemos que construir entre todos y que el sufrimiento que habéis padecido, junto con el sufrimiento que han padecido también otras fuerzas políticas que hay en esta Cámara y en soledad durante no poco tiempo, no nos es indiferente”.

Nadie ha utilizado este jueves en el Parlamento Vasco la recurrente metáfora de la rotonda, ese lugar en el que se dan vueltas y vueltas sin avanzar ni un solo kilómetro y que es ya un clásico del diario de sesiones. Pero el debate para la constitución de una ponencia de “memoria y convivencia” (ya no de “paz” pero tampoco de “libertad”) ha recordado poderosamente al suscitado hace cuatro años. PNV y PSE-EE han impulsado un foro para la gestión del final de ETA, EH Bildu ha apoyado esa fórmula aceptando de manera crítica la “deslegitimación del terrorismo” y el PP se ha quedado solo en lo que ve como una “pista de aterrizaje” para que la izquierda abertzale ponga en el mismo plano la disolución de ETA y la política penitenciaria o la salida de Policía Nacional y Guardia Civil de Euskadi. La novedad la ha aportado el nuevo partido, Elkarrekin Podemos, cuya portavoz, Pili Zabala, hermana de una víctima del GAL, no ha podido reprimir las lágrimas al hablar de su dolor personal: “Para mí esta ponencia supone mucho, ya me perdonarán”.

La ponencia antes conocida como “de paz” surgió por primera vez coincidiendo con el final del terrorismo de ETA en 2011, con Patxi López como lehendakari. En aquella legislatura, PNV y PSE-EE atrajeron al PP pero también a parte del actual grupo de Elkarrekin Podemos (IU) y a la parte de Aralar que no secundaba la coalición con la izquierda abertzale a un “suelo ético”, el documento que en estos años ha servicio como base de exigencia para analizar el pasado y mantener la memoria de cara al futuro. Sólo lo rechazaron dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y el resto de Aralar.

Meses después, con Iñigo Urkullu como lehendakari y con EH Bildu ya ocupando sus escaños en el Parlamento, aquel consenso saltó por los aires. PNV y PSE-EE continuaron impulsando la ponencia, aunque PP y UPyD se apartaron ya al entender que se bajaba el listón ético para dar cabida a la coalición abertzale. En septiembre de 2013 el propio PSE-EE, con Rodolfo Ares como portavoz, dijo basta y dejó en ‘stand by’ el grupo de trabajo por motivos similares. Hasta hoy.

El socialista José Antonio Pastor, de la mano del nacionalista Iñigo Iturrate, han vuelto tejer un mínimo entendimiento para la tercera entrega de la ponencia. Pastor, desde la tribuna, ha pedido que “no se abra un debate sobre las diferencias”. “Queremos la ponencia para lo contrario, para lo que nos puede unir”, ha deseado. “Mostremos un nuevo espíritu”, ha reclamado, por su parte, Iturrate. El arranque del pleno, con un minuto de silencio unitario de todos los partidos puestos en pie en memoria del parlamentario y concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, parecía alimentar el optimismo.

Ambos partidos, socios de Gobierno, han sumado a Elkarrekin Podemos y a última hora también a EH Bildu a un documento de bases que alumbra la ponencia, que nace, por lo tanto, con el apoyo de 66 de 75 parlamentarios. El abertzale Julen Arzuaga, de hecho, ha estampado su firma a un texto que pide “la deslegitimación del terrorismo”, aunque después ha cuestionado en su discurso la terminología empleada. Y, como aparece en el acuerdo de Gobierno entre PNV y PSE-EE, la ponencia abordará también la política penitenciaria, aunque aquí también hay diferencias de matiz entre lo que reclama EH Bildu y el resto de formaciones.

En este escenario, el PP de Alfonso Alonso se ha quedado solo y adelanta que no participará en la ponencia salvo cambio de 180 grados en sus bases. El exministro, que ha recordado a su compañero Ordóñez y su firmeza contra ETA, ha reconocido la “soledad” de su partido, pero ha remarcado, entre aplausos de sus ocho correligionarios, que “éste es el discurso que acabó con ETA y que tiene que vacunar a la sociedad vasca en el futuro”. Y ha añadido dirigiéndose al PSE-EE: “Hace falta una ponencia. Pero ésta no es nueva y ustedes entraron y tuvieron que salir. ¿Qué hay de distinto ahora? Nada. Sólo que están en el Gobierno [con el PNV]”. “El suelo ético da igual. [Lo aprobado] Supone un paso atrás y una involución. Es una exigencia que se le alivia a EH Bildu”, ha remachado.

En cualquier caso, ni PNV ni PSE-EE han atacado duramente al PP por su decisión. Al menos en el tono han tenido guante blanco. Pastor ha recordado que socialistas y 'populares' han sido los partidos más castigados por el zarpazo de ETA. E Iturrate ha asegurado que “todo lo que ha contado el señor Alonso” sobre el terrorismo “es cierto y ha sucedido así”. Incluso le ha tendido la mano en el futuro: “Queremos contar con ustedes, que trasladen en la ponencia todo lo que piensan con toda la beligerancia que quieran. Lo que no podemos aceptar es que la ponencia quede secuestrada”.

La intervención de Julen Arzuaga (EH Bildu) sí ha sido dura con el PP. También con los socialistas. “Si queremos hablar de violencia, tendríamos que hablar del presente, de ésa que se mantiene y que es la que se aplica a los presos [de ETA], la violencia que supone la política de dispersión. Entiendo que el PP tenga problemas para hablar de paz porque son sus políticas las que sabotean los pasos a favor de la paz. Una mayoría empieza a interpretarlos como enemigos de la paz. Por eso prefieren mantenerse fuera, tener en su mano seguir saboteando la paz desde fuera y no lo vamos a aceptar”, ha manifestado Arzuaga, que participó con Laura Mintegi en la fallida ponencia de la pasada legislatura. Arzuaga, eso sí, no ha empleado en ningún momento la expresión “presos políticos”, lo que motivó encendidos debates hace cuatro años.

A su juicio, PSE-EE y PP pretenden tener “el monopolio del sufrimiento” cuando su grupo ha sufrido el “terrorismo de Estado”. Este comentario ha llegado después de la intervención de Zabala en nombre de Elkarrekin Podemos. Ha sido ella, como afectada en primera persona por un crimen planificado en las cloacas del Estado, la que ha llevado la voz de “todos esos casos sin esclarecer” de “terrorismo y abusos policiales”. Zabala, eso sí, ha citado también los 300 asesinatos de ETA sin resolver, a los que también han recordado Pastor y Alonso.

El dirigente del PP ha protestado por el hecho de que la izquierda abertzale “condicione” el final de ETA a la “desmilitarización”, a “sus presos” e incluso al derecho a decidir, mencionado por Arzuaga. “Nosotros vamos a seguir defendiendo este discurso”, ha zanjado el dirigente ‘popular’.

El PP, también contra la ponencia de autogobierno

En el que ha sido el primer pleno después de las vacaciones de Navidad, el Parlamento Vasco también ha creado una segunda ponencia, de nuevo retomada de la pasada legislatura. Se trata del foro llamado a la actualización del Estatuto y al que el PP se ha opuesto también. No obstante, en este caso EH Bildu ha mostrado asimismo reticencias y se ha abstenido, argumentando que el derecho a decidir no está en el frontispicio y sí el acatamiento de la legalidad constitucional.

La mención genérica de respeto a la voluntad popular que cerraba el texto de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, cerrado esta misma mañana en los escaños, no ha bastado a la coalición abertzale. “No tengamos miedo a la democracia. Cuando Rosa Parks se sentó en el asiento de los blancos en el autobús [de Estados Unidos] también transgredió el ordenamiento jurídico”, ha clamado Maddalen Iriarte.

El PP, por boca de Borja Sémper, ha asegurado que el autogobierno “no angustia a la sociedad vasca” y que el Parlamento ha de dedicar su tiempo a otros menesteres. Ha criticado el tiempo perdido durante los últimos cuatro años en este foro, que dedicó varios meses a ponencias de expertos, políticos en activo y retirados y profesores sin que todo ello cristalizara en una propuesta de reforma estatutaria. No obstante, a diferencia de lo que ocurrirá en la ponencia de paz, en este grupo de trabajo el ‘no’ del PP no le impedirá su participación, como también comparecerá EH Bildu.

Acuerdos entre 'populares' y EH Bildu para cerrar el día

Tras una larga y bronca sesión matinal marcada por los debates en torno a las dos ponencias, sus señorías se han tomado un descanso para almorzar a las 14.30 horas. A la vuelta, en la sesión vespertina, todos los resquemores parecen haber quedado aparcados.

Ha sido llamativo que el PP y EH Bildu, de la mano de Elkarrekin Podemos, hayan votado de manera conjunta dos resoluciones que han supuesto dos derrotas para el Gobierno de PNV y PSE-EE, las primeras de la legislatura tras un intento fallido en diciembre. Fuentes ‘populares’ han admitido que las evidentes e insalvables distancias en determinados asuntos identitarios no pueden frenar el trabajo de oposición. De hecho, durante la jornada Borja Sémper ha conversado con Maddalen Iriarte, como también Laura Garrido con Jone Goirizelaia.

Las tres formaciones de la oposición, que suman 38 escaños por 37 del Ejecutivo, han reclamado unidas que el lehendakari, Iñigo Urkullu, reajuste su Gobierno y no separe en dos áreas distintas Empleo y Trabajo, ahora en manos de Beatriz Artolazabal (PNV) y María Jesús San José (PSE-EE). También ese acuerdo se ha dado en defensa de las condiciones laborales de las trabajadoras del 112, el teléfono de coordinación de emergencias. “Hoy se han dado grandes debates que pueden salir más en los medios de comunicación. Pero creo que este tema es tan importante como ésos”, ha defendido Nerea Llanos (PP) sobre el pacto alcanzado en esta materia sectorial.

Los socialistas quieren que se cumpla lo acordado en la comparecencia en la que se reprobó al lehendakari por la compra de informaciones para difundir propaganda gubernamental.

EH Bildu también va a hacer seguimiento de lo acordado y registrará más preguntas en la Cámara esta misma semana.

Los pagos librados por Educación, Empleo, Salud y Lehendakaritza han supuesto unos 90.000 euros a diferentes medios del Grupo Noticias.

Los socialistas han movido ficha en el escándalo de la compra de informaciones a medios afines al Gobierno vasco. El grupo socialista ha registrado una batería de preguntas en las que pregunta al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que ha tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental. Los pagos librados por Educación, Empleo, Salud y Lehendakaritza han supuesto unos 90.000 euros a diferentes medios del Grupo Noticias.

En la sesión en la que se reprobó al presidente vasco, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno vasco para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”.

El portavoz José Antonio Pastor ha recordado que “la mayoría de la Cámara consideró que la recuperación de ese dinero era la forma en la que el Gobierno debía corregir lo que el Parlamento ha entendido que es una vulneración de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional”. En concreto, los socialistas han preguntado por las medidas adoptadas para tal fin, cúando piensa tener a su disposición esos fondos, qué responsabilidades políticas va a depurar y, en caso de no haber emprendido medida alguna, cuándo va a proceder a cumplir lo que la mayoría del Parlamento le ha planteado.

EH Bildu presentará más preguntas

El otro acuerdo al que se llegó tenía que ver con la depuración de las responsabilidades políticas. Por de pronto, los socialistas quieren que el Comité de Ética Publica “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con las prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional”, según se recoge en una de las iniciativas presentadas hoy. La Cámara entendió en aquella reunión que esas justificaciones eran una clara vulneración del artículo 11.6 del Código Ético y de Conducta.

Por su parte, la coalición soberanista EH Bildu ha indicado que también va a realizar un seguimiento exhaustivo de los acuerdos adoptados en la Cámara vasca en relación con el escándalo de la informaciones pagadas al Grupo Noticias con dinero público. Fuentes del grupo parlamentario han apuntado que estarán encima para que se cumpla lo acordado por la mayoría del Parlamento. Además, EB Bildu tiene previsto presentar esta misma semana una batería de preguntas en relación a este tema.

Militantes y dirigentes del socialismo vasco coinciden en que hay que dotar al partido de "credibilidad" y advierten de que si el congreso de septiembre va solo de "caras nuevas" la crisis y el cónclave se cerrarán en falso.

"Los jóvenes no se acercan, no somos un partido atractivo. Y la militancia está un poco harta de que se le tome el pelo", admite el portavoz socialista en el municipio vizcaíno de Ortuella.

"La responsabilidad de lo que nos ha pasado en los últimos años es compartida. También de la militancia de base, cuando dejamos en manos de otros las enmiendas a los textos que se proponen, cuando los comités nacionales pasan sin debates", apunta Dani Arranz.

Patxi López: "Necesitamos nuevos equipos que reorganicen el partido, que elaboren una alternativa ciudadana y busquen esas nuevas personas para que lo defiendan en la sociedad vasca".

La 'casa del pueblo' de Ortuella, municipio vizcaíno enclavado en el corazón de la zona minera, está hoy muy tranquila. Son las cinco de la tarde y el agradable sol primaveral ha colocado a buen recaudo a los pocos clientes en las mesas del exterior. Dentro, dos grandes retratos del fundador del partido, Pablo Iglesias, presiden una de las dependencias donde la militancia de la agrupación ha analizado los últimos resultados de las europeas y el proceso de renovación que se abre en el PSE-EE tras la convocatoria de un congreso extraordinario para el 20 y 21 de septiembre.

Ortuella, municipio que tuvo como alcalde durante cuatro legislaturas -desde 1983- al todavía líder de los socialistas vizcaíno, José Antonio Pastor, es un buen ejemplo del retroceso de este partido en la margen izquierda y la zona minera. Los socialistas han perdido casi un 50% de voto en las pasadas elecciones europeas (de 1.254 papeletas en 2009 han pasado a 683 este año), dejando el primer puesto al PNV, formación que ya gobierna el municipio. Y Podemos es cuarta fuerza con 353 votos, por detrás de EH Bildu (501 papeletas).

Óscar Salicio está a punto de cumplir 37 años. Entró en las juventudes socialistas con 18 años y se afilió al PSE-EE en 2007. Lleva casi dos años de portavoz en este municipio. Es su primera experiencia institucional. Y reconoce que el partido ha perdido tirón. “Los jóvenes no se acercan, no somos un partido atractivo. Y la militancia está un poco harta de que se le tome el pelo. Si a eso sumas que el partido se ha doblegado a ciertas directrices que llegan de Europa y de la troika y que la gente ve que el partido está haciendo cosas que no coinciden con las ideas socialistas que tenemos, la verdad es que puedes explicar en parte que hayamos dejado de ser el referente de la izquierda en este país”, confiesa.

Patxi López, líder del PSE, ha pretendido con la convocatoria en septiembre del cónclave extraordinario poner patas arriba el partido, dar un golpe en la mesa para sacarlo del aturdimiento generalizado y de la desorientación en la que se encuentra la militancia tras los consecutivos reveses electorales. “El problema es que la responsabilidad de lo que nos ha pasado en los últimos años es compartida. También nuestra, de la militancia de base, cuando dejamos en manos de otros las enmiendas a los textos que se proponen, cuando los comités nacionales pasan sin debates. Todos somos copartícipes, para lo bueno y para lo malo. O espabilamos o nos espabilan”. Quien habla así es Dani Arranz. Lleva en el partido desde 1987, cuando se presentó bajo las siglas del PSE en Portugalete, el mismo año en que fueron asesinados con bombas incendiarias cargadas de odio en el interior la casa del pueblo portugaluja Maite Torrano y Félix Peña.

Arranz ha tenido responsabilidades en la Diputación vizcaína y fue el último gobernador civil de Bizkaia. Hoy es un militante de base que ve con cierta indignación constructiva la deriva del partido. “El debate ahora no debería ser de caras y carteles electorales. Me importan muy poco las caras, si es chica o es joven. Lo que quiero es saber qué política vamos a defender. Si vamos a hacer una política de derechas o de izquierdas. Los recortes del Gobierno de Zapatero en 2010 nos situaron en unas coordenadas ajenas. Parece que a este partido siempre le puede la responsabilidad. Nosotros no representamos a la derecha, representamos a la clase trabajadora”, recuerda Arranz. Y lanza otra idea que comparte con su secretario general en Euskadi y con los críticos del partido en Álava: “El partido no tiene suelo electoral. Eso es lo que tenemos que saber leer tras las últimas elecciones”.

El sentir de las bases socialistas no dista mucho de los planteamientos que tiene algunos de los dirigentes del partido. De los que van a dejar sus puestos para dar paso a una nueva generación y de algunas personas que están llamadas a pilotar el socialismo vasco con una organización esclerotizada y ajena a los cambios que se han producido en la sociedad.

Lo dijo el propio López en un Comité nacional tras abandonar el Palacio de Ajuria Enea a finales de 2012: “Hoy nuestro viejo partido se está convirtiendo en un partido viejo. Una organización que se está encontrando con límite que no puede traspasar. No estamos consiguiendo que nueva gente se involucre en el proyecto socialista”. Pero no se hizo prácticamente nada. “Y ahora es inaplazable”, admite López, cuyo futuro inmediato pasa previsiblemente por un puesto en la nueva Ejecutiva federal que salga del congreso de julio.

Begoña, una militante de izquierdas que votó a Felipe González en 1982 y que apoyó a Patxi López en 2009 –pero alejada del partido- sostiene que al igual que “las cosas ya no van a ser igual tras esta crisis económica, porque no vamos a volver a lo de antes, para los grandes partidos está pasando lo mismo. Y la irrupción de Podemos les está mandando un mensaje muy claro para avanzar por el camino de la apertura, la transparencia, la consulta a la militancia, la renovación… ”.

¿Serán suficientes los congresos extraordinarios de julio y septiembre para la ansiada renovación y la pulsión por el cambio que se deja ver fácilmente en las bases del partido?

Iván Ruiz de Eguilaz, rostro del sector crítico alavés, cree que su formación no ha aprendido nada. “A la primera de cambio y sin consultar nada, la primera gran decisión en relación al modelo de Estado en este país tras la abdicación del rey se toma por unos pocos. Es muy simbólico”. La discusión sobre la necesidad de un referéndum en relación al futuro de la monarquía ha llegado al PSOE -partido de corazón republicano, pero enemigo de experimentos en esta materia- en el peor momento.

El Comité nacional en el que se ha dado luz verde al Congreso de septiembre y a la elección directa por toda la militancia de los futuros líderes del partido en Euskadi y en las tres provincias el próximo 16 de septiembre no ha servido para clarificar el grado de renovación que se vislumbra. Aunque algún destacado dirigente sí critica lo que considera una desbandada de líderes. “De repente parece que todos abandonan el barco”, apunta un miembro de la actual Ejecutiva vasca.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE, no tomó la palabra en la reunión. Pero tiene varias ideas sobre por dónde debería transitar el partido. “Nos hace falta un proyecto autónomo de Madrid. Deberíamos buscar la mejor fórmula en nuestra relación con el PSOE. Y luego reivindicar nuestras ideas para ser el gran referente de la izquierda en este país y lo que hemos hecho para lograr la paz. Parece increíble que hayamos podido dilapidar todo este capital en menos de tres años”, señala a este periódico. Eguiguren cree además que hay que empezar ya a ver las posibilidades de colaboración con la izquierda soberanista representada por EH Bildu. Y confrontar con el PNV.

En su despedida ante el Comité nacional, Patxi López defendió que “las nuevas respuestas, para tener credibilidad tienen que tener también nuevas personas. Nuevos equipos que reorganicen el partido, que elaboren una alternativa ciudadana y busquen esas nuevas personas para que lo defiendan en la sociedad vasca”.

Son muchos los que reivindican “caras nuevas” en la dirección, pero advierten también de que esos nuevos liderazgos “no te aseguran conectar de nuevo con la ciudadanía”. Esta idea fue expresada por varios de los asistentes que iban abandonando la reunión con una sensación compartida de que la tarea es titánica. Y las dificultades por conectar con el electorado perdido, enormes.

Pero una idea compartían los que estaban reunidos en la 'casa del pueblo' de Ortuella con muchos de los asistentes al Comité nacional y con buena parte de los alcaldes socialistas que tomaron la palabra: la importancia de ser creíbles ante la sociedad y de saber escuchar sus mensajes. “Tenemos que cargarnos de credibilidad”, apunta Dani Arranz. “Y hacer un gran debate en el Congreso de septiembre y, previamente, en todas las agrupaciones. Si esto va solo de caras nuevas cerraremos en falso el Congreso”, advierte Oscar Salicio, mientras entorna la puerta de la sala de reunión de la agrupación en Ortuella.

Dentro queda la mirada triste y algo perdida del retrato del siglo pasado de Pablo Iglesias.

Los tres líderes territoriales del PSE han acordado celebrar los congresos extraordinarios para renovar las direcciones provinciales inmediatamente después del cónclave extraordinario de los socialistas vascos en el que Patxi López dejará la secretaría general. De esta forma se despeja la única duda que había quedado en el aire después de que la dirección de Bizkaia, siguiendo los pasos de López para la dirección de Euskadi, arrastrará el miércoles a los otros dos territorios a celebrar congresos extraordinarios tras la debacle electoral de las elecciones europeas.

La incógnita sobre la celebración de los cónclaves provinciales había crecido precisamente por unas declaraciones de Patxi López del miércoles en las que al ser preguntado por cuándo se tenía que producir esa renovación a nivel provincial dijo: “Quizas no sea bueno que nos metamos en un ciclo de congresos en el que permanentemente hablemos solo de nosotros mismos. Quiza podemos esperar a que pasen esas elecciones municipales y forales aquí en Euskadi”, situó en el tiempo. “Hagamos lo razonable, porque yo estoy convencido de que este camino que he iniciado yo va a llegar para los territorios”.

“No hay que posponer nada. La renovación se tiene que dar y vamos a celebrar los congresos provinciales inmediatamente después de que se celebre el de Euskadi en septiembre”, ha apuntado a eldiarionorte.es uno de los dirigentes que está pilotando las transiciones provinciales. Tanto la dirección de Bizkaia como la de Álava, al convocar los congresos, señalaron que la fecha de los mismos se iba a concretar “de acuerdo” con la Ejecutiva de Euskadi. Fuentes de la dirección regional han confirmado que la decisión adoptada por los barones provinciales tiene el beneplácito de la Ejecutiva de Euskadi.

“Alejados de la realidad”

De esta manera se ataja también una de las críticas que el sector crítico alaves lanzó ayer en la comparecencia en la que exigieron dimisiones ya y en cadena de todos los secretarios generales -desde Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta Txarli Prieto. Su portavoz, Iván Ruiz de Eguilaz, denunció ayer que los secretarios provinciales -Txarli Prieto, José Antonio Pastor e Iñaki Arriola- quieren “tutelar el proceso” desde sus puestos hasta las elecciones municipales de 2015.“Tenemos que actuar ya. Posponer los cambios es estar alejados de la realidad”, apuntó. Los críticos veían en estas “dimisiones en diferido” una treta para controlar la renovación.

Los nuevos secretario generales -al igual que sucederá con la nueva persona que lidere el socialismo vasco- serán elegidos por toda la militancia. Y los posibles candidatos deberán presentar los avales que marcan los estatutos en cada territorio -en el caso de Bizkaia son unos 300 avales- para competir por el puesto de líder provincial. En Bizkaia y Álava, tanto José Antonio Pastor, que lleva en el puesto desde 2002, como Txarli Prieto, que accedió a la secretaría general en 2005, abandonarán el cargo. Tras su salida en otoño, el primero se mantendrá como portavoz del PSE en la Cámara vasca y el segundo seguirá también en el Parlamento.

La sucesión en Álava no será pacífica. El hecho de que el sector crítico alavés saliera ayer ante la opinión pública para exigir la “asunción de responsabilidades” por parte de los dirigentes del partido y para apostar por “primarias abiertas” antes que por un congreso, revela que sigue organizado. En el pasado cónclave provincial disputaron la secretaría general a Prieto y, aunque perdieron, sumaron más del 40% de apoyos entre los delegados.

Gipuzkoa, que reunió ayer a su Ejecutiva para oficializar la convocatoria del congreso extraordinario, tiene aun abierto el futuro de su líder, Iñaki Arriola. El máximo dirigente en Gipuzkoa es el que menos tiempo lleva liderando el partido es esa provincia. Llegó al cargo en 2008 y en el último congreso provincial, celebrado en febrero de 2013, fue aclamado por unanimidad. En la reunión, el líder guipuzcoano trasladado a los asistentes que, si concita el apoyo de sus compañeros, se presentará a la reelección en el cargo.

Poco a poco se va teniendo una foto más nitida de la evolución presupuestaria de los primeros meses de este año y de la capacidad de gasto real del Gabinete de Urkullu. El Gobierno 'peneuvista' ha reconocido que entre el 9 y el 11 de abril, las tres diputaciones solicitaron aplazamientos de pago por valor de 750 millones de euros. Precisamente en torno a esas fechas, los socialistas vascos denunciaron los “retrasos” que se estaban produciendo en la ejecución de los planes pactados en septiembre de 2013 en relación con la reactivación y la creacion de empleo, entre ellos los planes de los ayuntamientos vascos. La sospecha era de falta de liquidez en el Gobierno para cumplir sus compromisos de gasto.

El líder de los socialistas vascos, Patxi López, denunció de manera pública estos retardos en una rueda de prensa el 8 de abril y el 11 de ese mismo mes, ya en la tribuna del Parlamento, volvió a preguntar a Íñigo Urkullu por los “retrasos” de las políticas de empleo pactadas entre PNV y PSE en septiembre del año pasado.

Unas semanas antes, los socialistas dicen conocer la información de que se ha producido una supuesta “orden verbal” a todos los departamentos sobre una “retención de crédito” del 20% en los capítulos del presupuestos de cada consejería que afectan a “gastos corrientes, subvenciones e inversiones” (los capítulos 4 y 7 en la jerga presupuestaria). La denuncia la trasladó el portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, quien en una rueda de prensa el 16 de abril da cuenta de esa orden verbal que, de hecho, supone “no gastar lo estipulado en los presupuestos” y pregunta directamente al Ejecutivo por esa situación.

Pastor midió en esa comparecencia sus palabras y en ningún momento habló de que el Ejecutivo estaba en quiebra inminente. “Nosotros no diremos que Euskadi está en quiebra. Las palabras gruesas, tan irresponsables como falsas, las dejamos para el estilo de oposición de otros”, añadió entonces el dirigente socialista. Se refería a la polémica suscitada por el entonces líder del PNV y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, cuando en febrero de 2012 aseguró que tenía “constancia” de que la situación económica del Gobierno vasco revestía una “extrema gravedad” por el “déficit desbocado” y la “falta de recursos” existentes, y, a preguntas de un periodista, afirmó que veía riesgo de “quiebra inminente” en el Gabinete de Patxi López.

Pero Pastor sí preguntó cómo afectaba esa “orden verbal” a cada “sección, programa, partida, empresa y sociedades públicas para ”conocer qué está pasando, cuál es la realidad presupuestaria“, al tiempo que criticaba que el Gobierno no hubiera informado de esa situación y de los retrasos en la ejecución de determinados planes al socio con el que firmó un acuerdo en septiembre pasado para la reactivación económica. También entonces, el portavoz socialista inquirió por si existía algún problema con las aportaciones de las diputaciones al presupuesto gubernamental.

“Desequilibrio presupuestario”

En sendas respuestas parlamentarias, a las que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, admite que en esas fechas hubo una solicitud de aplazamientos de pago por parte de las tres diputaciones de 750 millones de euros. En concreto, Gipuzkoa solicitó el aplazamiento de pago de 450 millones el 9 de abril. Ese mismo día, la diputación de Álava hizo lo propio por un importe de 150 millones de euros y, dos días más tarde, Bizkaia solicita el aplazamiento de pago de otros 150 millones de euros. “Es evidente que han ocultado esa realidad de los aplazamientos hasta ahora”, explican fuentes socialistas. Con todo, la solicitud de aplazamientos por parte de las diputaciones no es algo “excepcional”, según fuentes consultadas, aunque no pueden precisar si las cantidades han sido tan elevadas en otras ocasiones.

Sobre las retenciones de crédito, Hacienda reconoce en la otra respuesta a la pregunta formulada por el dirigente socialista alavés Txarli Prieto, que “las inmovilizaciones de créditos que en ejecución presupuestaria se han hecho, ninguna vigente al día de la fecha, han respondido a reservas de créditos para financiar modificaciones presupuestarias, para financiar créditos ampliables por naturaleza y para poder hacer frente a la necesidad de ampliar y complementar el crédito presupuestario inicial en la cantidad necesaria de las obligaciones a las que previsiblemente va a tener que hacerse frente por la evolución del gasto proyectado”. Las retenciones de crédito supone un bloqueo de las partidas afectadas, lo que impide su gasto por parte de los departamentos afectados.

El consejero Gatzagaetxebarria no habla de órdenes verbales o escritas sobre retenciones de crédito, pero lo que sí reconoce haber hecho es “concienciar e informar” al resto de departamentos para que “actúen con prudencia y cautela” en el gasto y “coherencia” con la evolución del ingreso presupuestario. “Lo contrario sería un actitud poco prudente y conducente a un posible desequilibrio presupuestario no querido por nadie”. Finalmente, Gatzagaetxebarria contesta a los socialistas que “sin dejar de activar y ejecutar lo programas departamentales que han de realizarse” -en alusión también a lo pactado con el PSE- el Ejecutivo velará por el “equilibrio financiero” con el objetivo de “no gastar más de lo que se tiene y llevando a cabo una gestión responsable de los recursos públicos”.

“Menos huidas hacia delante y más concretar propuestas”. Los socialistas vascos creen que el PNV se mueve en los discursos “confusos” y “engañosos” a la hora de plantear propuestas de “nuevo estatus político”. Y está persuadido de que así va a seguir, al menos, hasta las elecciones municipales y forales. El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, al valorar las intervenciones de la víspera del lehendakari Urkullu y del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en el Aberri Eguna (Día de la Patria vasca), dejó claro que los socialistas no ven la Constitución como un “tótem inamovible” y defendió la propuesta socialista de una modificación de la Carta Magna en clave federal.

“La Constitución se puede reformar”, ha aclarado Pastor. “Nosotros hemos hecho una apuesta clara por la reforma de la Constitución, desde una concepción federal del Estado. Por eso animaría al Partido Nacionalista Vasco y a los nacionalistas catalanes a sumarse a esa propuesta que, probablemente en estos momentos, sea la única solución y la única salida para da un encaje adecuado a los nacionalistas vascos y catalanes”.

Ese el planteamiento nada rupturista lanzado ayer por Ortuzar y Urkullu: diálogo, pacto y ratificación del nuevo estatus o, en palabras del líder del PNV, un acuerdo para la “convivencia amable” de las naciones española, vasca y catalana. Pero los socialistas ven una confusión calculada en el discurso peneuvista.

“En este Aberri Eguna, el PNV nos ha vuelto a lanzar un mensaje confuso, equívoco y engañoso, en el que no se sabe qué es lo que propone, de forma que nadie sabe en qué consiste ese nuevo estatus del PNV que a nosotros nos gustaría conocer exactamente cuáles son las características de esa propuesta. Y lo mismo ocurre con este nuevo eslogan de 'Euskadi nación en Europa'”, ha señalado Pastor.

Para el dirigente socialista, este tipo de mensajes “acaban siendo cáscaras vacías que no tienen detrás nada más”. Por eso ha exigido a los peneuvistas más claridad y, sobre todo, concretar sus propuestas sobre el autogobierno vasco, su posible actualización y su encaje en España.

El Gobierno central, por boca del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha respondido a la voluntad de diálogo del lehendakari, Íñigo Urkullu, sobre un nuevo estatus para Euskadi, afirmando que el Gobierno “está perfectamente dispuesto a dialogar, dentro de la ley, siempre que sea una diálogo entre todos, porque las decisiones de unos a todos afectan”.

Un “año perdido”

El PSE defiende la reforma de la Constitución y está de acuerdo con el PNV cuando dice que no puede ser “una jaula” o una “cárcel llena de barrotes”, sino que debe ser un “espacio de libertades”. “La Constitución nunca ha sido una jaula, es verdad, es la norma que garantiza las libertades y los derechos de todos los vascos, pero evidentemente los socialistas no consideramos la Constitución como un fetiche o un tótem inamovible”.

Pastor ha enviado otro mensaje de vuelta al lehendakari. Le ha exigido que “se ponga a trabajar ya de una vez. Llevamos año y medio de legislatura. El primer año fue un año perdido y los vascos no podemos permitirnos perder otro año más. El lehendakari lo que debería hacer es ponerse las pilas y dedicarse a lo que le corresponde, que es gestionar y arreglar los problemas de los ciudadanos de este país”.

“Mientras se habla de esencias identitarias y nueva nación en Europa no se habla de la atonía del Gobierno ni de la falta de ideas e iniciativas”, ha indicado el dirigente socialista, para añadir que todavía no han sido capaces de desmentir “algo que era cierto” como la denuncia socialista respecto a que el Gobierno vasco está “paralizando pagos, reteniendo gastos y no cumpliendo los compromisos adquiridos en el plan de empleo”.