Se ha tardado casi cuatro meses más de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para 2026, pero la solución ya está canalizada, aunque solo en su primera fase, pero también es verdad que esta es la que ahora más importa, un compromiso principal que además se atiende a menos de un año de las próximas elecciones locales y autonómicas (mayo de 2027).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que dirige el herreño de AHI Narvay Quintero, ya lo tiene todo preparado, y así se lo ha hecho saber a las entidades plataneras de La Palma que le servirán de apoyo o respaldo para lograr que los reintegros de ayudas que afectan a titulares de explotaciones en esa isla, los vinculados al apoyo compensatorio de renta de los plataneros por las consecuencias del volcán Tajogaite en la campaña 2021-22, al final no sean devueltos al erario de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), sino que sean compensados, perdonados o regalados, la elección de palabra que se prefiera. En resumen: el erario autonómico debía recibir 3,5 millones de euros por pagos en exceso de apoyo público y ahora esa cantidad, o mejor, un poquito menos, se convierte en una especie de premio gordo, para unos más que para otros.

Eso es lo que se empezará a hacer estos días, gracias al respaldo parlamentario que el diseño de esa medida, muy cuestionada legalmente, tuvo en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (a través de la inclusión de una disposición adicional aprobada en comisión parlamentaria con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE y la única oposición de Nueva Canarias -NC- a la enmienda final in voce; NC incluso llevó al pleno un voto particular). La solución ideada por CC en La Palma y ejecutada desde la Consejería de Agricultura supone tener que afrontar un gasto extra en torno a 3,5 millones de euros, solo en la primera fase del que será un doble regalo.

Hay que señalar que la cifra de 3,5 millones de euros, que es la suma total de los reintegros afectados (ayuda compensatoria por el volcán de La Palma de la campaña 2021-22, la primera de tres concedidas con el mismo objeto: dos de la CAC -2021-22 y 2022-23, y está pendiente la 2023-24- y una más de refuerzo del Cabildo insular -2022-23-), se verá reducida, pero no en una cuantía relevante (poco más de 100.000 euros), debido a que hay cantidades cobradas de más por beneficiarios plataneros que superan el límite del perdón: los 50.000 euros por titular que permite la ayuda de minimis. Exactamente son cuatro, y muy especiales, todos ellos beneficiarios que cobraron excesos de más de 141.000 euros, más de 56.000 y dos con más de 52.000. A todos estos no se les compensará el total que se les había regalado, sino solo la ayuda máxima de minimis: 50.000 euros.

Estos titulares de explotaciones, los que mayores cifras de reintegro tienen, y otros, hasta una suma de 1.296 deudores, es imposible conocerlos por la vía pública y de forma directa, al menos por ahora, debido a la falta de transparencia que se ha impuesto en la tramitación de esos fondos públicos, algo habitual e incluso recriminado por el Comisionado de Transparencia. Así es prácticamente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones aprobadas para la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán.

Aquellos casos, los de los cuatro expedientes que no cubren sus reintegros con la ayuda de minimis, son pocos pero bien conocidos en la isla (también otros con las cifras más abultadas del perdón), pues se trata de personas jurídicas con representantes muy presentes en actividades de organizaciones agrarias y patronales del sector platanero. La parte que esté por encima de los 50.000 euros de la cifra final del reintegro sí deberá ser reembolsada a la Consejería de Agricultura, acto administrativo que se resolverá a la vez que se acepte la ayuda de minimis. Habrá firma presencial en el caso de las personas físicas y tramitación por sede electrónica para las personas jurídicas, como se verá más adelante.

También ya se conoce que algún potencial beneficiario presentará su renuncia a participar en ese proceso, lo que significa que no aceptará la compensación y sí optará por formalizar el reintegro, algo que ha propuesto como solución más razonable, ética y legal la organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones, la única que ha realizado esta apuesta.

Agricultura ahora se da mucha prisa

Tras estas primeras compensaciones, que se pretenden formalizar a partir de estos días, la Consejería de Agricultura deberá culminar una segunda fase (también en la citada disposición adicional), que es la que implica tener que compensar con el mismo regalo o muy parecido a los demás plataneros de la isla, los que no tuvieron el problema del reintegro, este concentrado en los 1.296 titulares con explotaciones plataneras en los cinco municipios con más afección del volcán: Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe.

La segunda fase beneficiará a algo más de 2.000 titulares de explotaciones localizadas en los otros nueve municipios de la isla (a los que se prevé que lleguen algo más de dos millones de euros, según primeras estimaciones), todos menos los previamente beneficiados por la compensación extra de renta de la campaña 2021-22, que fueron los radicados en aquellos cinco municipios. Estos suman casi 1.300 titulares de fincas, son los que debían reintegrar 3,5 millones de euros y serán los primeros en recibir el perdón.

Narvay Quintero avisa a los ‘premiados’

La Consejería de Agricultura ya ha informado a las entidades plataneras con agricultores en La Palma sobre “cómo va a ser la notificación individual de la orden de concesión de las ayudas de minimis previstas en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre y de Presupuestos Generales de la CAC para 2026”.

Estas, como se ha indicado, son las ayudas perdón o los regalos dirigidos solo a aquellos titulares de explotaciones plataneras que percibieron un pago a cuenta (adelantado) en exceso, superior al real o al finalmente aprobado, dentro de los beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta correspondientes a la campaña platanera 2021-2022 en La Palma (las fincas localizadas en cinco municipios de la isla, los más perjudicados por el volcán). Fue una medida arbitrada por los efectos negativos en ese cultivo de la erupción del Tajogaite (de septiembre de 2021), entonces desarrollada desde la Consejería de Agricultura con la socialista palmera Alicia Vanoostende al frente, la que fuera consejera en el periodo 2019-23. El problema se produjo al pagar adelantos según unas previsiones de compensación con diseño público que más tarde no se cumplieron (al cierre de la campaña), según la valoración final de pérdida de renta aplicada, que fue la realizada por el consorcio Agroseguro.

Ahora, tras CC forzar la inclusión de la citada disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2026 (solo con la oposición frontal de NC), con esta muy discutida base legal, se ha procedido a la consumación de esos regalos, cuestión impulsada por CC en La Palma y solución administrativa gestionada desde la Consejería de Agricultura, ahora con Narvay Quintero de titular (AHI). Y esto se hace a través de la aprobación de ayudas de minimis a los plataneros amenazados con reintegros parciales de esa ayuda directa y especial por el volcán, la de la campaña 2021-22.

El citado perdón suma una cantidad global de 3,5 millones de euros (el valor total de los reintegros), fondos que, en menor cuantía general (porque hay reintegros de titulares, los menos -cuatro-, que son superiores al máximo de la ayuda de minimis, de 50.000 euros, y los que estén por encima de este umbral sí tendrán que devolver el resto no cubierto con esta compensación ad hoc), no tendrán que devolver los 1.300 beneficiarios (1.296, para ser exactos) de esta fórmula, solo en esta primera fase o parte inicial de la medida adoptada según la disposición adicional. El dinero público utilizado pertenece a fondos propios de la CAC.

Según la comunicación oficial ya remitida (esta semana) desde la Consejería de Agricultura a entidades plataneras de La Palma y a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), información a la que ha tenido acceso este periódico digital, “la notificación de esas ayudas se va a realizar en la oficina de la empresa pública Gesplan en La Palma, la ubicada en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, número 57, bajo [Los Llanos de Aridane], para así poder disponer de más personal ubicado en La Palma. Habrá personal de la Dirección General de Agricultura, de la Viceconsejería de Sector Primario y de Gesplan”.

En el contenido de ese correo electrónico, se indica que “el horario de atención al público será desde las 9.00 hasta las 13.30, y citaremos a la gente por días, sin horas concretas, para que se pasen en el horario mencionado a firmar la documentación, entre otra la aceptación de la ayuda de minimis. Dicha citación será por llamada telefónica. Esta notificación solo se va a realizar a las personas físicas. Las personas jurídicas serán notificadas por sede electrónica y deberán aportar la declaración responsable firmada por registro general mediante sede electrónica (…)”. Se trata de un diseño de entrega o aceptación de estas nuevas ayudas que se convierte en un alarde para evitar la transparencia.

La misma comunicación hace una serie de advertencias al beneficiario: “Cabe recordar que los interesados de la ayuda deben acudir con su DNI para poder ser identificados. Se les entregará la notificación de la orden [resolución de concesión individual, que no se ha publicado con acceso universal] acompañada del anexo individualizado. Asimismo, tendrán que firmar la declaración responsable que acompaña a la orden y un recibí de la notificación. Ambos documentos son necesarios para la efectividad de la ayuda”.

Luego, en su parte final, el texto trasladado por la Consejería recuerda a los receptores de las ayudas de minimis cómo se ha desarrollado todo este proceso para el perdón de los reintegros de subsidios cobrados de más por plataneros de La Palma con cargo a la campaña 2021-22 y anclados en las consecuencias del volcán.

Disposición adicional metida en la Ley de Presupuestos

Luego, ya se termina con esta redacción: “Como aclaración y para poder ayudarles a entender esta ayuda, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, dice: Ayudas de minimis al sector platanero afectado por la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021.

1) La persona titular de la consejería competente en materia de agricultura concederá en el primer trimestre del año 2026 [va a ser en el tercero], previa modificación presupuestaria que resulte necesaria, una ayuda de minimis a quienes hubiesen sido beneficiarios de las ayudas por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma del año 2021, correspondiente a la campaña 2021-2022, que obtuvieron un pago a cuenta en exceso una vez aplicada la fórmula del artículo 30.7 del Reglamento 702/2014, de la Comisión y de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícolas y forestales y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La cuantía de tales ayudas se corresponderá con el mismo importe del exceso resultante del pago a cuenta de las ayudas por pérdida de renta y hasta el límite [máximo de la ayuda de minimis de 50.000 euros] establecido en el Reglamento (UE) 2024/3118, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024 y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Aquellos beneficiarios de las ayudas en los que el importe de exceso del pago a cuenta por pérdida de renta supere el importe máximo de la ayuda de minimis [50.000 euros] concedida deberán reintegrar la diferencia previa tramitación del correspondiente expediente [esto explica que la cifra total compensada a través de las minimis sea algo menor -en algo más de 100.000 euros- a la suma de los reintegros: 3,5 millones de euros].

2) La concesión de la ayuda prevista en el apartado anterior no requerirá de aprobación del gasto, toda vez que tales importes se encuentran en poder de la beneficiaria.

3) Asimismo, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura, previa tramitación de las modificaciones de crédito que resulten precisas, a conceder ayudas de minimis por la pérdida de producción producida en la campaña 2021-2022 al resto del sector platanero de la isla de La Palma [a unos 2.000 agricultores y en torno a dos millones de euros más, según las primeras estimaciones], como consecuencia de la erupción volcánica sufrida en esta isla en el año 2021 [al final se amplió a todos los productores palmeros, para evitar reclamaciones y denuncias y para buscar amplios consensos sociales y políticos en la isla].

4) La tramitación de estas ayudas no requerirá de la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos“ [algo en lo que ha centrado su rechazo, entre otros asuntos, el grupo parlamentario NC].

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros más del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia. El real decreto-ley que aprobó este martes el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supondrá un importante incremento de las cantidades que recibirán las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente, ha detallado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia, según ha subrayado.

Extremadura, según la última cifra publicada por el Imserso, de 31 de mayo de 2026, tiene 37.451 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 114.231.780 euros más a la Junta de Extremadura entre 2026 y 2027, solo para el nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, ha aclarado, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

Desglosado por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Extremadura recibirá 38.077.260 euros más en 2026 y 76.154.520 euros más en 2027.En total, la aportación estatal a la dependencia extremeña será en 2026 de 111.834.060 euros y en 2027 de 149.911.320 euros. Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia extremeña hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido 73.756.800 euros a la Junta de Extremadura, ha precisado Derechos Sociales.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente publica hoy, día 23, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la Resolución 1141/2026 por la que se amplía el plazo establecido para presentar las solicitudes de pago y las comunicaciones de finalización de operaciones de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2026. 

Esta decisión responde de manera directa a la necesidad de otorgar más plazo a aquellos viticultores riojanos que durante estos días están pendientes de finalizar y justificar medidas de reestructuración y reconversión de viñedo, una vez que las diferentes labores se han visto retrasadas por las condiciones meteorológicas adversas que han afectado a La Rioja durante los últimos meses. Las fuertes lluvias han impedido la entrada de maquinaria a las parcelas para realizar los arranques y la preparación del terreno, dilatando en el tiempo de manera extraordinaria las nuevas plantaciones, emparrados y nivelados, además de interrumpir la realización de labores manuales como el reinjertado o la colocación de tubos protectores. 

Con esta prórroga, el Gobierno de La Rioja adecúa los plazos burocráticos a la realidad del ciclo agrícola de esta campaña.

De manera destacada, la nueva Resolución determina que las operaciones correspondientes a las convocatorias de los años 2024 y 2025, cuyo plazo de ejecución de labores y presentación de la solicitud de pago finalizaba el próximo 30 de junio, quedan oficialmente ampliadas y prorrogadas hasta el 15 de julio de 2026. Los viticultores riojanos dispondrán así de quince días adicionales para completar las labores sobre el terreno y registrar toda la documentación justificativa sin penalizaciones de calendario, evitando posibles pérdidas de financiación de estas costosas operaciones y aportando tranquilidad. 

Estas ayudas son una de las principales herramientas de las que disponen los viticultores riojanos para adaptar el viñedo a la realidad actual de los mercados, por lo que ya en la convocatoria de 2024 el Ejecutivo regional, buscando una reconversión cualitativa del sector, mejoró su orden reguladora con el objetivo principal de incrementar la competitividad de las explotaciones, incentivando la plantación de viñedos con las variedades blancas y minoritarias más demandadas y dando además prioridad a los agricultores profesionales.  

Castilla-La Mancha acaba de aprobar la primera prestación económica relacionada con la denominada Ley ELA, aprobada en 2024 para dar mayor cobertura, ayudas y acompañamiento a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica u otras enfermedades neurodegenerativas, y a sus familias.

Esta resolución se ha aprobado justo el día que en que se celebra el III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' en el municipio albaceteño de La Roda, cuyo alcalde, Juan Ramón Amores tiene esta enfermedad, y ha estado presente en el acto, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la reina emérita Sofía.

Concretamente, esa primera resolución otorgada es una prestación económica de 3.200 euros al mes, con cero copago, para un caso de grado III de dependencia, que contará con servicio de ayuda a domicilio, en la provincia de Toledo.

La orden de ayudas derivadas de la Ley aprobada en 2024 entraron en vigor en febrero de este año en Castilla-La Mancha. Sus bases reguladoras tienen como objetivo la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Ayudas para mejorar la calidad de vida

La finalidad es mejorar la calidad de vida de personas con esta y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, reconociendo la especial situación de vulnerabilidad que afrontan estos pacientes y sus familias, prestando apoyo económico a los gastos asociados a estos procesos patológicos, así como a recursos especializados.

Pueden ser beneficiarias de las subvenciones las personas que, a la fecha de presentación de su solicitud, tengan un diagnóstico confirmado de ELA o sospecha de padecerla; padezcan otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas y no neurológicas. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento se estipuló en seis meses, a contar desde la presentación de la solicitud de subvención.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. En octubre hará dos años que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica. Los enfermos de ELA venían denunciando la tardanza en ejecutar las ayudas que contempla la ley.

Precisamente, este periódico recogió en abril el testimonio de Álvaro Llave, de 34 años, que reside en un pequeño pueblo de Toledo, donde recibe exclusivamente los cuidados de su madre. él ha solicitado esas ayudas públicas aunque afirmaba que las necesita desde hace diez años. Por ello, pedía celeridad para las solicitudes.

El pleno de la Asamblea aprobará este jueves por unanimidad el decreto-ley de medidas urgentes para mejora de la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades análogas irreversibles, aunque PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) han advertido de que estarán vigilantes en su aplicación.

En este decreto-ley, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo, se crea el grado III+ para casos más extremos, que ya tienen reconocido 34 extremeños a fecha de hoy, que recibirán una ayuda mínima de 3.200 euros mensuales.

Esta norma incorpora de manera urgente al ordenamiento autonómico los elementos esenciales derivados de la Ley 3/2024 de 30 de octubre, del Real Decreto-ley 11/2025 de 21 de octubre, del Real Decreto 969/2025 de 28 de octubre y de los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante la modificación puntual del marco reglamentario vigente, sin alterar su rango normativo originario.

La ayuda de 3.200 al mes, sin copago por parte de la persona dependiente, será para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistencia personal durante cinco horas al día y la cuantía se elevará llegará hasta los 9.859 mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas.

El número de horas se establecerá en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad, y no se va a valorar el nivel de renta para concederla, ha precisado Manzano.

En la defensa del decreto, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha asegurado que se “convierte un reconocimiento legal en una protección real y efectiva tangible”.

Ha justificado la urgencia de la tramitación en la rapidez de la evolución de este tipo de enfermedades, por lo que las ayudas estarán resueltas en un plazo máximo de dos meses, frente a los tres meses que marca la Ley de Dependencia, y tendrá carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio.

También ha destacado del nuevo decreto “la interoperabilidad” entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), ya que los certificados que acrediten esta fase avanzada o la elevada complejidad de la enfermedad se obtendrán directamente de oficio, siempre que sea autorizado.

Para el resto de personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, se mejora la ayuda de 2.000 a 4.000 euros al año, a partir del 2027. En total, Extremadura registra 67 casos de ELA.

La portavoz del PSOE, Soraya Vegas, ha señalado que aunque este decreto presenta “insuficiencias” y “sombras”, apoyan su convalidación porque “no hacerlo sería una irresponsabilidad”, pero ha advertido de que “no es una cheque en blanco” a la presidenta de la Junta, porque este asunto “va más allá de la prestación de un servicio”, cuyo origen está en la legislación del Gobierno de España y que tiene una base ideológica.

En este sentido, se ha referido a que contiene “un exceso de burocracia” y ha mostrado su preocupación por la ausencia, a su juicio, de una planificación en materias como el aumento de plantilla o una red pública de apoyo y ha insistido en su desconfianza en la aplicación de este decreto.

En este mismo sentido se ha expresado el diputado de UPE José Antonio González Frutos, que ha puesto el foco en la tardanza en aprobar esta norma, cuando el tiempo es tan importante para estas personas, y ha propuesto que se siga la línea de reducción de plazos que se establece en este decreto a la atención a la dependencia.

Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Tortonda, ha dicho que es cierto que es consecuencia de una normativa estatal, pero le ha recriminado que el Gobierno ha puesto el dinero y le ha dicho a las CCAA que se las averigüen como puedan“, con lo que ”se vuelve a fracturar Espalña y crear 17 sistemas“. 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el decreto que regula las subvenciones para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, y se aprueba la primera convocatoria para 2026 por importe de 1.759.773 euros.

Estas ayudas tienen la finalidad de cubrir necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, a fin de facilitar su proceso integral de recuperación psicosocial y apoyar el inicio de una vida independiente que les ayude a superar el círculo de la violencia.

Podrán ser beneficiarias las mujeres mayores de edad que sean víctimas de violencia de género, estén empadronadas y residan en Extremadura y que no hayan convivido con el autor o presunto autor de los hechos violentos ni reanudado la relación afectiva con el mismo desde la aprobación de las últimas medidas o penas de alejamiento judicialmente acordadas, y sus ingresos sean iguales o menores a los límites establecidos en la convocatoria, entre otros requisitos.

El importe máximo de la subvención será de 5.000 euros por beneficiaria, y el pago se realizará mediante un único abono.

El procedimiento para otorgar estas ayudas será mediante concesión directa y convocatoria abierta, ya que se dirigen a un colectivo vulnerable que requiere de una respuesta ágil e inmediata que sólo puede proporcionarse a través del empleo de este tipo de procedimientos.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entidades privadas, siempre que el importe global de todos ellos no supere el coste total de la actividad subvencionada.

Las solicitudes podrán presentarse desde este jueves, 18 de junio, hasta el próximo 30 de septiembre.

La Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves en pleno extraordinario un plan de financiación para municipios y entidades locales menores de la provincia dotado con 19.998.387 euros, que tiene como principal novedad la posibilidad de destinar parte de las ayudas a la rehabilitación de viviendas para su posterior alquiler.

Esta línea de actuación se orienta a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y a contribuir a la fijación de población en los municipios de la provincia, en un contexto de dificultades de acceso residencial y envejecimiento demográfico.

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que el plan permite a cada entidad local decidir el destino de los fondos, combinando una asignación fija en función del tamaño del municipio con una cuantía variable por habitante.

Entre las finalidades más habituales elegidas por los ayuntamientos figuran la pavimentación de vías públicas, el gasto corriente y las instalaciones deportivas, aunque en esta edición destaca la incorporación de actuaciones vinculadas a vivienda.

En este ámbito, las entidades locales podrán destinar recursos a la rehabilitación de inmuebles de titularidad pública o privada para su transformación en vivienda de alquiler, una medida que la Diputación vincula a la necesidad de ampliar la oferta residencial disponible en el territorio.

El plan incluye también inversiones en gestión del patrimonio, parques y jardines, redes de abastecimiento, caminos vecinales, alumbrado público, servicios sociales, saneamiento, medio ambiente, infraestructuras agropecuarias y protección civil, entre otros ámbitos.

García Nicolás ha subrayado que la puesta en marcha del programa se ha realizado en un corto espacio de tiempo, lo que permite a los ayuntamientos ejecutar proyectos ya iniciados y atender necesidades urgentes.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la colaboración de los consistorios y del personal técnico de la institución para la tramitación del plan y ha puesto en valor su carácter flexible.

También, que esta herramienta financiera busca dar respuesta a las necesidades de los municipios. Y ha resaltado la incorporación de medidas vinculadas a vivienda como elemento relevante dentro de la estrategia.

'Moviliza tu vivienda rural'. Es el lema de un programa que busca poner viviendas vacías a disposición de las entidades locales para que puedan ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una resolución en la que anuncia el lanzamiento de este programa, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Hasta el próximo 8 de julio, cualquier ayuntamiento o entidad dependiente (pedanías etc) de la comunidad autónoma pueden manifestar su interés en este proyecto.

La consulta está dirigida a los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y a los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, aquellos donde predomine la actividad agrícola, con menos de 2.000 habitantes y que haya perdido población de forma continuada durante los cinco años anteriores al 1 de enero de 2021.

¿A qué deben comprometerse los ayuntamientos?

Según la resolución el interés debe manifestarse a través de un acuerdo en el Pleno municipal o bien por un decreto de la Alcaldía.

Se aceptará la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa “Moviliza tu Vivienda Rural” por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

Además, el ayuntamiento beneficiario declarará de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación por concurrir, entre otras, circunstancias sociales. Y por eso se establecerá una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

También se eximirá del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de las viviendas.

Entre otras cuestiones, se implementará un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, que puede incluir ayudas o servicios específicos. El ayuntamiento también gestionará los alquileres y seguros de rentas. En estos dos casos, la resolución indica que los ayuntamientos podrán realizar ambas cosas de forma directa o bien a través de otras entidades públicas o privadas.

Las entidades locales podrán incorporar una breve memoria en el que se señale la necesidad de vivienda, en régimen de alquiler, debido a la actividad socioeconómica propia de su territorio.

También podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler. En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' del municipio.

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado una resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización y la promoción de la actividad comercial y productiva del sector artesano de la región, que se podrán solicitar desde este martes, 2 de junio, y durante un periodo de un mes.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, estas ayudas se dividen en tres líneas. Así la primera está dedicada a la digitalización del sector artesano, mientras que la segunda está pensada para la promoción del sector y la tercerea para inversión en talleres artesanos.

El porcentaje máximo que podrá concederse por cada actuación será del 70% del gasto subvencionable aprobado, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, que será del cien por cien.

En todo caso, el la importe total máximo de la ayuda a percibir por cada persona o entidad beneficiaria, con independencia del tipo y cantidad de líneas o actuaciones solicitadas, será de 15.000 euros, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, que será de 20.000.

El periodo subvencionable abarcará desde el día 1 de junio de 2025 hasta el día 31 de mayo de 2026. Excepcionalmente y solo cuando se trate de gastos efectuados en concepto de inscripción en ferias y otros eventos comercializadores artesanales de interés general que se contemplan en la línea de promoción del sector artesano, se admitirán los gastos y los pagos realizados tres meses antes a la fecha de inicio del plazo de ejecución que se determine en la correspondiente resolución de concesión.

En este supuesto y cuando sea el caso, el inicio del periodo subvencionable establecido podrá retrotraerse con anterioridad al día 1 de junio de 2025, siempre y cuando no se supere el límite de los tres meses señalado en el párrafo anterior.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

En cuanto a los beneficiarios, en las líneas de digitalización y promoción del sector podrán serlo las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aunque carezcan de personalidad jurídica.

Mientras, a la línea de inversión en talleres artesanos podrán optar los anteriores excepto las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas.

Las subvenciones contarán con un fondo total de 600.000 euros financiados con recursos propios con cargo al presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

¿Es posible investigar en los laboratorios que han cambiado la historia del mundo o debatir en las aulas que albergaron a decenas de premios Nobel si investigas en Ciudad Real, Albacete, Toledo o Cuenca?

La respuesta corta es ‘sí’. La larga requiere mencionar al Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard (RCCHU), en Estados Unidos. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mantiene una alianza estratégica con aquella institución académica desde 2025.

Desde esa fecha es miembro de pleno derecho de un selecto club de universidades públicas españolas que permiten a sus estudiantes, profesores e investigadores disfrutar de una estancia en la prestigiosa universidad norteamericana.

La UCLM ofrece ‘pasaporte’ directo y además un puente financiero para viajar a Cambridge, una dinámica ciudad en el Estado de Massachusetts, muy cerca de Boston. 

¿Cómo lo hace? Hay varias fórmulas, que van desde estancias más o menos largas, dotadas de potentes ayudas económicas, además de soporte estructural, logístico y académico integral.

Estoy a disposición de cualquier persona de la UCLM interesada en conocer más sobre esta experiencia

David Carrascosa — Doctor en Estudios Filológicos y beneficiario de la primera estancia en Harvard

El profesor del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Letras en el campus de Ciudad Real, David Carrascosa, es el primer miembro de la Universidad de Castilla-La Mancha que participa en uno de estos programas.

Llegó hace algo más de dos semanas al campus de Harvard con un triple objetivo. Por un lado, se trata de fomentar la relación (networking) con personal docente que pueda contribuir a su investigación e incluso buscar oportunidades de docencia. “Se trata de conocer profesorado de alto nivel. Actualmente estoy adscrito al Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas en Harvard. En particular he venido por la lexicografía”, cuenta en una entrevista realizada a través de videoconferencia.

David Carrascosa centra su investigación en la enseñanza del español en la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII. Su rutina diaria pasa por reuniones con otros docentes, la visita a la biblioteca y el ‘teletrabajo’ relacionado con sus funciones en Castilla-La Mancha.

Este filólogo inglés y francés y doctor en Estudios Filológicos accede a todos los recursos que ofrece el campus. “Toda la bibliografía que necesito está aquí”. Allí ha encontrado publicaciones datadas entre 1590 y 1622 de seis autores. “Fueron los primeros hispanistas ingleses y me he especializado en uno de ellos, Richard Perceival, y en su obra, la Bibliotheca Hispanica, compuesta por una breve gramática española escrita en inglés y por el primer diccionario de español para ingleses de casi 13.000 entradas lexicográficas en español, inglés y latín”.

Quiere revisar y actualizar aquella obra y para eso también ha establecido contactos en el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. “Estoy aquí para ultimar la edición del  diccionario para publicarlo”. Y es que, en su opinión, “lo óptimo” de la estancia es obtener “algún resultado derivado de la misma”.

Con su experiencia -participó también en el proceso a través del que se fraguó la alianza- se ha convertido en ‘embajador’ de este tipo de estancias. “Estoy a disposición de cualquier persona de la UCLM interesada en conocer más sobre esta experiencia. Mi papel también está siendo el facilitar contactos para futuras estancias”.

David Carrascosa es el director del Centro de Lenguas de la UCLM y además coordina el Grupo de Interés de Internacionalización y Política Lingüística de la Asociación Europea de Centros de Lenguas en la Educación Superior (CERCLES).

Vivir la “experiencia”, dice, es otro de los acicates. Una vez te expiden el carné de la Universidad de Harvard, puedes  acceder a sus exclusivas bibliotecas y laboratorios más vanguardistas, tener gratuidad en los museos, descuentos en tiendas de productos corporativos o participar en actividades deportivas y culturales, como la visita guiada por profesorado de Harvard al famoso Arboretum. Él mismo protagonizará una de ellas, al ofrecer una conferencia sobre los primeros hispanistas ingleses, el próximo 11 de junio, y que se suma a las que vienen ofreciendo cada semana diferentes estudiantes de posdoctorado en un ciclo ya consolidado y de gran repercusión en el ámbito universitario y social por la calidad de las investigaciones.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM gestiona con el Real Colegio Complutense en Harvard la asignación de un despacho en sus instalaciones, además del que ofrece el departamento de acogida.

¿Qué necesitarás para disfrutar de una estancia en Harvard?

Para lograr una de las plazas lo primero es contar con el ‘Sí’ de Harvard. Debes contactar con un profesor o departamento de allí y conseguir que acepten tutorizar la estancia. “Se debe lograr la carta de aceptación de un miembro de la Universidad de Harvard y ser aprobada por el departamento y el decanato”, explica David Carrascosa.

Las solicitudes son evaluadas por el Consejo Académico del Real Colegio Complutense, que asigna los fondos disponibles, es decir, patrocinan las propuestas con mejor trayectoria científica y académica.

¿Es necesario hablar inglés? Sí, aunque el nivel certificado (TOEFL) solo es imprescindible para las estancias posdoctorales.

Después será necesario gestionar el visado J-1 (el de intercambio de investigadores), para lo que la Oficina de Relaciones Internacionales de Harvard facilita el formulario para completar la información que dará paso a una entrevista en el Consulado de EEUU en España.

Habrá que disponer también de un buen seguro médico porque en aquel país la Sanidad no es gratuita como en España y es habitual buscar alojamiento a través de la lista de distribución de correo Iberia donde se comparte información, en un recurso ampliamente utilizado por la comunidad académica de Harvard.

¿Qué programas y ayudas se ofrecen?

Hay varias modalidades para hacerse con una estancia financiada y vinculada al Real Colegio Colegio Complutense en Harvard. Toda esta información, así como los plazos y formularios están disponibles en el apartado de convocatorias del Portal de Internacionalización de la UCLM.

Si hablamos de oportunidades para personal docente e investigador, las convocatorias contemplan modalidades de corta duración (tres meses) y de larga duración (entre cuatro y seis meses). Pueden optar a ellas docentes con dedicación a tiempo completo y la financiación asciende a 4.200 dólares mensuales.

Después hay ayudas predoctorales destinadas a personas matriculadas en un programa de doctorado a partir del segundo año y contemplan también una dotación de 4.200 dólares al mes para desarrollar su actividad investigadora en Harvard.

Precisamente la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acaba de obtener financiación para cinco nuevas estancias académicas y serán ya seis en un año si se suma la del ‘pionero’ profesor David Carrascosa que lo consiguió en la convocatoria de 2025.

En la convocatoria de este año, todas las solicitudes presentadas por la UCLM han sido seleccionadas para financiación. Se trata de dos ayudas predoctorales y tres estancias para profesorado e investigación.

En concreto, las ayudas dirigidas a personal docente e investigador corresponden a dos solicitudes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y una de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, centro también beneficiario de las dos ayudas predoctorales.

Nueva convocatoria de ayuda para becas posdoctorales antes del verano

Además de las ayudas para estancias predoctorales o de investigación para profesores, existen las estancias de larga duración. Es el programa para jóvenes doctoras y doctores 2+2.

Permiten desarrollar durante dos años una línea de investigación en la Universidad de Harvard y acceder posteriormente a un contrato posdoctoral de otros dos años en la Universidad de Castilla-La Mancha con funciones docentes e investigadoras. El máximo anual financiado es de 72.000 dólares.

El Real Colegio Complutense prevé publicar antes del verano una convocatoria con estas ayudas cuya resolución está prevista para los meses de octubre y noviembre. La incorporación de las personas seleccionadas al campus de Harvard se produciría en enero de 2027.

El Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard (RCCHU) es un centro universitario afiliado a Harvard desde 1990. Es una organización sin ánimo de lucro y su misión principal es fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre Harvard y el sistema de educación superior español.

La adhesión de la Universidad de Castilla-La Mancha como miembro del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard se concretó a través de la firma de un convenio en mayo de 2025 y, desde entonces, forma parte del mismo junto con la Universidad Complutense de Madrid,  la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València y la Universidad de Oviedo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la atención de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades análogas irreversibles que requieren de un cuidado permanente, que crea el grado III+ para los casos más extremos, que recibirán una ayuda mínima de 3.200 euros mensuales.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha informado de que 22 personas con ELA y otras tres con enfermedades análogas irreversibles podrán acogerse a estas subvenciones, financiadas al 50 % por el Estado y la comunicad autónoma.

La ayuda de 3.200 al mes, sin copago por parte de la persona dependiente, será para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistencia personal durante cinco horas al día y la cuantía se elevará llegará hasta los 9.859 mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas.

El número de horas se establecerá en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad, y no se va a valorar el nivel de renta para concederla, ha precisado Manzano.

La tramitación será por el procedimiento de urgencia debido a la rapidez de la evolución de este tipo de enfermedades, por lo que las ayudas van a estar resueltas en un plazo máximo de dos meses, frente a los tres meses que marca la Ley de Dependencia, y tendrá carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio.

Los certificados que acrediten esta fase avanzada o la elevada complejidad de la enfermedad se obtendrán directamente de oficio por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), siempre que sea autorizado.

Para el resto de personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, se mejora la ayuda de 2.000 a 4.000 euros al año, a partir del 2027. En total, Extremadura registra 67 casos de ELA.

Dentro de los acuerdos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, se ha autorizado, además, la contratación por procedimiento abierto de la obra de reforma en el Centro de Mayores ‘Puerta de Berrozana’ de Plasencia (Cáceres), por un importe de 760.987 euros. Y se ha dado el visto bueno a la contratación del servicio de limpieza del Centro Residencial Cervantes, adscrito a la Gerencia Territorial del SEPAD en Cáceres, por un importe de 549.565,58 euros para un período de dos años prorrogables por otros dos. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El importe de las ayudas al comedor escolar para alumnos no transportados se establecerá, según los intervalos de renta per cápita en los siguientes tipos:

El plazo para la presentación de solicitudes será del 4 al 18 de junio de 2026, ambos incluidos, para el alumnado que en dicho periodo tenga asignada una plaza para el próximo curso escolar. Excepcionalmente, se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la formalización de la matrícula para los estudiantes que se matriculen en La Rioja una vez iniciado el curso, procedentes de otras comunidades autónomas o países, y que no participaron en el periodo ordinario de escolarización. 

Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre el próximo 31 de mayo. Y con ellas, las de toda España, allí donde están habilitadas. No les queda otra. El motivo es que en junio caducan, tras cinco años, los fondos europeos Next Generation con los que estaban financiadas. En concreto, son los vinculados a la línea 2 del Real Decreto de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿El cierre será permanente? No si el Gobierno de España consigue una financiación adicional, dentro del reciente Plan Estatal de Vivienda, que sufrague su reapertura o si los gobiernos regionales habilitan igualmente una partida para ello cuando aprueben los decretos de desarrollo, en cada autonomía, del mencionado plan.

Así lo detalla la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro. Este órgano profesional ha sido el encargado de habilitar y mantener en funcionamiento estas oficinas en la región, encargadas de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

“Ya sabíamos que esos fondos terminaban a los cinco años y preveíamos su cierre”, afirma la decana, pero explica que ahora, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, es posible que se prorroguen algunas de las ayudas vinculadas a fondos europeos, entre ellas las que mantenían vivas estas oficinas.

Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando

Es el motivo por el que tanto el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como el Consejo Superior de estos colegios profesionales en toda España y varias consejerías de Fomento de las comunidades autónomas han pedido que se habilite una nueva línea de financiación. “Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando”, indica.

De hecho, actualmente, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos mantiene abierta la denominada Red OAR con fondos propios, que es la que coordina todas las oficinas de rehabilitación en España. “Queremos que eso siga funcionando”, ha destacado.

Además, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha mantiene un apartado de información en su web, denominado ‘Rehabilita’, en el que agrupa toda la información sobre estas ayudas, y desde la cual tiene intención de “seguir ayudando y colaborando”, en este caso también con fondos propios.

“Pero en el momento en que se habilite alguna partida adicional que nos pueda financiar, volveremos a abrir las oficinas. Quizás no las siete que hay (una en cada provincia, y otras dos en Puertollano y Talavera de la Reina), pero sí alguna de ellas como la de Toledo, para hacer una asistencia presencial hasta donde podamos”, señala Elena Guijarro.

Una labor “esencial” durante cinco años

Ahora todo queda a expensas de los fondos que se puedan habilitar. Los colegios de arquitectos dejan “la puerta abierta” para “cualquier financiación que se pueda conseguir”. “Aunque no sigamos con la misma estructura y financiamiento de las oficinas como hasta ahora, podíamos seguir ayudando en una labor que durante cinco años ha sido esencial”.

El objetivo, por tanto, de los colegios profesionales es mantener con fondos propios las mencionadas iniciativas al menos hasta final de año. “Y si de aquí a final de año encontramos una fórmula que se pueda gestionar, pues lo mantendremos más tiempo”.

Por último, incide la decana en que Castilla-La Mancha y el resto autonomías, tienen que desarrollar, con un decreto autonómico, el Plan Estatal de Vivienda, y prevé que hasta enero no estará listo en esta comunidad autónoma. Mientras, hay líneas abiertas de ayudas para la rehabilitación y, además, la Consejería de Fomento ha anunciado también nuevas subvenciones destinadas a la accesibilidad. “Nosotros seguiremos apoyando hasta donde podamos”, concluye.

¿Qué dice el Plan Estatal de Vivienda?

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril se refiere en alguno de sus apartados, a estas oficinas.

Concretamente, dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

Castilla-La Mancha vuelve a poner en marcha ayudas al alquiler en 2026, con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a colaborar con las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

El Diario Oficial de la comunidad autónoma publica este jueves las bases reguladoras de esta convocatoria de la que el consejero de Fomento Nacho Hernando ha destacado que se trata de una línea “con fondos propios” para que “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”.

¿Quiénes pueden pedir estas ayudas?

Los beneficiarios de estas ayudas deben vivir de alquiler en Castilla-La Mancha y tener ingresos limitados, siempre que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con carácter general, y cuatro veces el IPREM si se trata de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Asimismo, se contabilizará cinco veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría especial y personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%“.

Ayudas distintas según las ciudades y los precios del alquiler

Hernando ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses, algo que nos va a permitir, además, hacerlo con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Así, el ámbito que tendrá el precio de alquiler máximo lo conforman las cinco capitales de provincia, junto con Azuqueca de Henares, Illescas y Seseña, con 953 euros; y 1.143 euros si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas. En estos municipios es el precio más elevado de la región, debido a su dinamismo y a la demanda existente.

Tras estos, existe una segunda área geográfica con 876 euros de precio máximo y 1.051 en casos especiales; la tercera zona, limita en 762 y 914 euros, respectivamente; y la última área geográfica, para municipios más pequeños, cuyo precio de alquiler está fijado como máximo para obtener esta ayuda en 648 euros y 777 si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas.

Unas 1.200 solicitudes podrán recibir ayudas

El responsable de Fomento ha asegurado que “con el presupuesto previsto, y al centrarse en las rentas de 2026, se estima que alrededor de 1.200 solicitudes podrán recibir la ayuda”. Asimismo, Hernando ha remarcado que “estas ayudas al alquiler no son una medida puntual, ya que desde 2013 Castilla-La Mancha ha destinado más de 140 millones de euros a este tipo de apoyos, beneficiando a más de 57.000 hogares y cerca de 173.000 personas en toda la región”.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 8 de mayo, y terminará el 15 de junio de 2026. Las ayudas se concederán por orden de presentación, hasta que se agote el presupuesto disponible.

La ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria, tras comprobar la documentación presentada y los pagos se realizarán en los meses de junio y septiembre y durante la primera quincena de diciembre.

El consejero de Fomento ha destacado que “esta línea es propia, con fondos exclusivamente de la Comunidad Autónoma de cinco millones de euros para ayudas al alquiler”, para que, ha asegurado, “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”. En este sentido, ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses y nos va a permitir, además, hacerlo de una manera con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El Govern balear del PP ha evitat alinear-se explícitament amb la proposta de “prioritat nacional” plantejada aquesta setmana per Vox al Parlament i ha optat per defensar les mesures ja pactades amb la formació d'extrema dreta a les illes, basades en criteris de residència per accedir a prestacions socials, habitatge públic o ajudes. L'Executiu de Marga Prohens s'empara en un model que, en lloc d'introduir diferències explícites entre ciutadans espanyols i estrangers, vincula l'accés als recursos públics a l'arrelament i al compliment de requisits administratius.

“Nosaltres no contribuirem a aquest debat. Nosaltres direm el que farem i hem fet a Balears”, ha asseverat el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha precisat que el concepte que el Govern té a les illes “és molt clar”: “Exigirem tres anys de residència legal a Balears per poder tenir dret a la renda social garantida i seguirem per aquesta via”, ha recalcat, marcant distàncies amb l'enfocament de Vox basat en la nacionalitat.

Si bé ha evitat pronunciar-se de forma directa sobre la Proposició No de Llei (PNL) registrada el passat dimecres per la formació d'extrema dreta, en què els de Santiago Abascal plantegen que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que la intenció del Govern és una cosa de “sentit comú”, que és “prioritzar la gent d'aquí”. “I prioritzar la gent aquí significa facilitar el seu habitatge amb criteris de residència”, ha incidit.

Com a conseqüència d'això, ha avançat que si la iniciativa de Vox -dels quals detalls ha assegurat no haver llegit- està plantejada en aquests termes, el Govern “no tindrà inconvenient a votar a favor”. “En canvi, si està plantejada en altres termes, no puc donar una resposta perquè sincerament no he llegit la proposta”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, també ha eludit el debat conceptual plantejat per Vox, insistint que l'Executiu autonòmic se centra en mesures “efectives” ja en marxa o que preveu impulsar.

“Un dels acords que nosaltres sí que tenim amb Vox, que és un acord signat i que segurament es materialitzarà en unes setmanes, és exigir tres anys de residència legal, tant per accedir a la renda social garantida com per accedir a la renda d'emancipació”, ha abundat, precisant que el requisit de la residència també s'exigeix per percebre altres rendes com l'ingrés mínim vital -per al qual es demanen tres anys de residència- o per poder accedir a un habitatge de caràcter social -cinc anys-.

“El que tenim clar és que hem de posar ordre en les prestacions que hem d'exigir i, evidentment, amb uns requisits mínims per poder accedir. Això és el que hem fet i ens quedem amb la practicitat i amb les mesures que hem impulsat des del Govern”, ha afegit Fernández.

A més d'exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder obtenir la renda social garantida (Resoga), l'acord al qual ha al·ludit la consellera contempla que els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de feina, amb risc de perdre la prestació en cas contrari. També s'enduriran els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques, una modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar l'“efecte crida”.

Per la seva banda, l'objectiu de la proposta que Vox va presentar el passat dimecres passa, segons el text, per “garantir la sostenibilitat de l'Estat de benestar” i prioritzar els qui “sustenten i conformen la comunitat nacional”. En roda de premsa per anunciar la iniciativa, la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, va defensar que es tracta d'una mesura “elemental”: “Els espanyols tenen preferència en l'accés als serveis públics. Una cosa tan bàsica fa vergonya haver de demanar-la”, va etzibar.

La iniciativa replica el plantejament que Vox defensa a nivell estatal. De fet, la formació ha posat com a exemple el recent acord assolit a Extremadura, on el PP ha acceptat incorporar aquest principi en l'accés a determinades ajudes. “El PP a Extremadura ja ho ha acceptat. El que es pot fer allà es pot aconseguir a les Balears i a la resta d'Espanya”, va subratllar Cañadas.

El text registrat va més enllà d'una declaració política i recull mesures concretes com la repatriació d'immigrants en situació irregular, la limitació de l'accés al sistema sanitari públic -llevat en casos d'urgència- o la reserva d'ajudes socials i habitatge per a ciutadans espanyols. Així mateix, la PNL insta el Govern central a derogar recents reformes en matèria d'estrangeria i sanitat, en considerar que afavoreixen la regularització d'immigrants i augmenten la pressió sobre els serveis públics.

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.