La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado una resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización y la promoción de la actividad comercial y productiva del sector artesano de la región, que se podrán solicitar desde este martes, 2 de junio, y durante un periodo de un mes.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, estas ayudas se dividen en tres líneas. Así la primera está dedicada a la digitalización del sector artesano, mientras que la segunda está pensada para la promoción del sector y la tercerea para inversión en talleres artesanos.

El porcentaje máximo que podrá concederse por cada actuación será del 70% del gasto subvencionable aprobado, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, que será del cien por cien.

En todo caso, el la importe total máximo de la ayuda a percibir por cada persona o entidad beneficiaria, con independencia del tipo y cantidad de líneas o actuaciones solicitadas, será de 15.000 euros, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, que será de 20.000.

El periodo subvencionable abarcará desde el día 1 de junio de 2025 hasta el día 31 de mayo de 2026. Excepcionalmente y solo cuando se trate de gastos efectuados en concepto de inscripción en ferias y otros eventos comercializadores artesanales de interés general que se contemplan en la línea de promoción del sector artesano, se admitirán los gastos y los pagos realizados tres meses antes a la fecha de inicio del plazo de ejecución que se determine en la correspondiente resolución de concesión.

En este supuesto y cuando sea el caso, el inicio del periodo subvencionable establecido podrá retrotraerse con anterioridad al día 1 de junio de 2025, siempre y cuando no se supere el límite de los tres meses señalado en el párrafo anterior.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

En cuanto a los beneficiarios, en las líneas de digitalización y promoción del sector podrán serlo las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aunque carezcan de personalidad jurídica.

Mientras, a la línea de inversión en talleres artesanos podrán optar los anteriores excepto las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas.

Las subvenciones contarán con un fondo total de 600.000 euros financiados con recursos propios con cargo al presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

¿Es posible investigar en los laboratorios que han cambiado la historia del mundo o debatir en las aulas que albergaron a decenas de premios Nobel si investigas en Ciudad Real, Albacete, Toledo o Cuenca?

La respuesta corta es ‘sí’. La larga requiere mencionar al Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard (RCCHU), en Estados Unidos. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mantiene una alianza estratégica con aquella institución académica desde 2025.

Desde esa fecha es miembro de pleno derecho de un selecto club de universidades públicas españolas que permiten a sus estudiantes, profesores e investigadores disfrutar de una estancia en la prestigiosa universidad norteamericana.

La UCLM ofrece ‘pasaporte’ directo y además un puente financiero para viajar a Cambridge, una dinámica ciudad en el Estado de Massachusetts, muy cerca de Boston. 

¿Cómo lo hace? Hay varias fórmulas, que van desde estancias más o menos largas, dotadas de potentes ayudas económicas, además de soporte estructural, logístico y académico integral.

Estoy a disposición de cualquier persona de la UCLM interesada en conocer más sobre esta experiencia

David Carrascosa — Doctor en Estudios Filológicos y beneficiario de la primera estancia en Harvard

El profesor del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Letras en el campus de Ciudad Real, David Carrascosa, es el primer miembro de la Universidad de Castilla-La Mancha que participa en uno de estos programas.

Llegó hace algo más de dos semanas al campus de Harvard con un triple objetivo. Por un lado, se trata de fomentar la relación (networking) con personal docente que pueda contribuir a su investigación e incluso buscar oportunidades de docencia. “Se trata de conocer profesorado de alto nivel. Actualmente estoy adscrito al Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas en Harvard. En particular he venido por la lexicografía”, cuenta en una entrevista realizada a través de videoconferencia.

David Carrascosa centra su investigación en la enseñanza del español en la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII. Su rutina diaria pasa por reuniones con otros docentes, la visita a la biblioteca y el ‘teletrabajo’ relacionado con sus funciones en Castilla-La Mancha.

Este filólogo inglés y francés y doctor en Estudios Filológicos accede a todos los recursos que ofrece el campus. “Toda la bibliografía que necesito está aquí”. Allí ha encontrado publicaciones datadas entre 1590 y 1622 de seis autores. “Fueron los primeros hispanistas ingleses y me he especializado en uno de ellos, Richard Perceival, y en su obra, la Bibliotheca Hispanica, compuesta por una breve gramática española escrita en inglés y por el primer diccionario de español para ingleses de casi 13.000 entradas lexicográficas en español, inglés y latín”.

Quiere revisar y actualizar aquella obra y para eso también ha establecido contactos en el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard. “Estoy aquí para ultimar la edición del  diccionario para publicarlo”. Y es que, en su opinión, “lo óptimo” de la estancia es obtener “algún resultado derivado de la misma”.

Con su experiencia -participó también en el proceso a través del que se fraguó la alianza- se ha convertido en ‘embajador’ de este tipo de estancias. “Estoy a disposición de cualquier persona de la UCLM interesada en conocer más sobre esta experiencia. Mi papel también está siendo el facilitar contactos para futuras estancias”.

David Carrascosa es el director del Centro de Lenguas de la UCLM y además coordina el Grupo de Interés de Internacionalización y Política Lingüística de la Asociación Europea de Centros de Lenguas en la Educación Superior (CERCLES).

Vivir la “experiencia”, dice, es otro de los acicates. Una vez te expiden el carné de la Universidad de Harvard, puedes  acceder a sus exclusivas bibliotecas y laboratorios más vanguardistas, tener gratuidad en los museos, descuentos en tiendas de productos corporativos o participar en actividades deportivas y culturales, como la visita guiada por profesorado de Harvard al famoso Arboretum. Él mismo protagonizará una de ellas, al ofrecer una conferencia sobre los primeros hispanistas ingleses, el próximo 11 de junio, y que se suma a las que vienen ofreciendo cada semana diferentes estudiantes de posdoctorado en un ciclo ya consolidado y de gran repercusión en el ámbito universitario y social por la calidad de las investigaciones.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM gestiona con el Real Colegio Complutense en Harvard la asignación de un despacho en sus instalaciones, además del que ofrece el departamento de acogida.

¿Qué necesitarás para disfrutar de una estancia en Harvard?

Para lograr una de las plazas lo primero es contar con el ‘Sí’ de Harvard. Debes contactar con un profesor o departamento de allí y conseguir que acepten tutorizar la estancia. “Se debe lograr la carta de aceptación de un miembro de la Universidad de Harvard y ser aprobada por el departamento y el decanato”, explica David Carrascosa.

Las solicitudes son evaluadas por el Consejo Académico del Real Colegio Complutense, que asigna los fondos disponibles, es decir, patrocinan las propuestas con mejor trayectoria científica y académica.

¿Es necesario hablar inglés? Sí, aunque el nivel certificado (TOEFL) solo es imprescindible para las estancias posdoctorales.

Después será necesario gestionar el visado J-1 (el de intercambio de investigadores), para lo que la Oficina de Relaciones Internacionales de Harvard facilita el formulario para completar la información que dará paso a una entrevista en el Consulado de EEUU en España.

Habrá que disponer también de un buen seguro médico porque en aquel país la Sanidad no es gratuita como en España y es habitual buscar alojamiento a través de la lista de distribución de correo Iberia donde se comparte información, en un recurso ampliamente utilizado por la comunidad académica de Harvard.

¿Qué programas y ayudas se ofrecen?

Hay varias modalidades para hacerse con una estancia financiada y vinculada al Real Colegio Colegio Complutense en Harvard. Toda esta información, así como los plazos y formularios están disponibles en el apartado de convocatorias del Portal de Internacionalización de la UCLM.

Si hablamos de oportunidades para personal docente e investigador, las convocatorias contemplan modalidades de corta duración (tres meses) y de larga duración (entre cuatro y seis meses). Pueden optar a ellas docentes con dedicación a tiempo completo y la financiación asciende a 4.200 dólares mensuales.

Después hay ayudas predoctorales destinadas a personas matriculadas en un programa de doctorado a partir del segundo año y contemplan también una dotación de 4.200 dólares al mes para desarrollar su actividad investigadora en Harvard.

Precisamente la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acaba de obtener financiación para cinco nuevas estancias académicas y serán ya seis en un año si se suma la del ‘pionero’ profesor David Carrascosa que lo consiguió en la convocatoria de 2025.

En la convocatoria de este año, todas las solicitudes presentadas por la UCLM han sido seleccionadas para financiación. Se trata de dos ayudas predoctorales y tres estancias para profesorado e investigación.

En concreto, las ayudas dirigidas a personal docente e investigador corresponden a dos solicitudes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y una de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, centro también beneficiario de las dos ayudas predoctorales.

Nueva convocatoria de ayuda para becas posdoctorales antes del verano

Además de las ayudas para estancias predoctorales o de investigación para profesores, existen las estancias de larga duración. Es el programa para jóvenes doctoras y doctores 2+2.

Permiten desarrollar durante dos años una línea de investigación en la Universidad de Harvard y acceder posteriormente a un contrato posdoctoral de otros dos años en la Universidad de Castilla-La Mancha con funciones docentes e investigadoras. El máximo anual financiado es de 72.000 dólares.

El Real Colegio Complutense prevé publicar antes del verano una convocatoria con estas ayudas cuya resolución está prevista para los meses de octubre y noviembre. La incorporación de las personas seleccionadas al campus de Harvard se produciría en enero de 2027.

El Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard (RCCHU) es un centro universitario afiliado a Harvard desde 1990. Es una organización sin ánimo de lucro y su misión principal es fomentar la cooperación académica, científica y cultural entre Harvard y el sistema de educación superior español.

La adhesión de la Universidad de Castilla-La Mancha como miembro del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard se concretó a través de la firma de un convenio en mayo de 2025 y, desde entonces, forma parte del mismo junto con la Universidad Complutense de Madrid,  la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València y la Universidad de Oviedo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la atención de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades análogas irreversibles que requieren de un cuidado permanente, que crea el grado III+ para los casos más extremos, que recibirán una ayuda mínima de 3.200 euros mensuales.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha informado de que 22 personas con ELA y otras tres con enfermedades análogas irreversibles podrán acogerse a estas subvenciones, financiadas al 50 % por el Estado y la comunicad autónoma.

La ayuda de 3.200 al mes, sin copago por parte de la persona dependiente, será para afrontar gastos de ayuda a domicilio o de asistencia personal durante cinco horas al día y la cuantía se elevará llegará hasta los 9.859 mensuales para casos que requieran atención domiciliaria durante las 24 horas.

El número de horas se establecerá en función de las necesidades de cada enfermo, de su situación familiar y de la evolución de la enfermedad, y no se va a valorar el nivel de renta para concederla, ha precisado Manzano.

La tramitación será por el procedimiento de urgencia debido a la rapidez de la evolución de este tipo de enfermedades, por lo que las ayudas van a estar resueltas en un plazo máximo de dos meses, frente a los tres meses que marca la Ley de Dependencia, y tendrá carácter retroactivo desde el día de la solicitud o desde el comienzo del servicio.

Los certificados que acrediten esta fase avanzada o la elevada complejidad de la enfermedad se obtendrán directamente de oficio por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), siempre que sea autorizado.

Para el resto de personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, se mejora la ayuda de 2.000 a 4.000 euros al año, a partir del 2027. En total, Extremadura registra 67 casos de ELA.

Dentro de los acuerdos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, se ha autorizado, además, la contratación por procedimiento abierto de la obra de reforma en el Centro de Mayores ‘Puerta de Berrozana’ de Plasencia (Cáceres), por un importe de 760.987 euros. Y se ha dado el visto bueno a la contratación del servicio de limpieza del Centro Residencial Cervantes, adscrito a la Gerencia Territorial del SEPAD en Cáceres, por un importe de 549.565,58 euros para un período de dos años prorrogables por otros dos. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El importe de las ayudas al comedor escolar para alumnos no transportados se establecerá, según los intervalos de renta per cápita en los siguientes tipos:

El plazo para la presentación de solicitudes será del 4 al 18 de junio de 2026, ambos incluidos, para el alumnado que en dicho periodo tenga asignada una plaza para el próximo curso escolar. Excepcionalmente, se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la formalización de la matrícula para los estudiantes que se matriculen en La Rioja una vez iniciado el curso, procedentes de otras comunidades autónomas o países, y que no participaron en el periodo ordinario de escolarización. 

Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre el próximo 31 de mayo. Y con ellas, las de toda España, allí donde están habilitadas. No les queda otra. El motivo es que en junio caducan, tras cinco años, los fondos europeos Next Generation con los que estaban financiadas. En concreto, son los vinculados a la línea 2 del Real Decreto de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿El cierre será permanente? No si el Gobierno de España consigue una financiación adicional, dentro del reciente Plan Estatal de Vivienda, que sufrague su reapertura o si los gobiernos regionales habilitan igualmente una partida para ello cuando aprueben los decretos de desarrollo, en cada autonomía, del mencionado plan.

Así lo detalla la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro. Este órgano profesional ha sido el encargado de habilitar y mantener en funcionamiento estas oficinas en la región, encargadas de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

“Ya sabíamos que esos fondos terminaban a los cinco años y preveíamos su cierre”, afirma la decana, pero explica que ahora, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, es posible que se prorroguen algunas de las ayudas vinculadas a fondos europeos, entre ellas las que mantenían vivas estas oficinas.

Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando

Es el motivo por el que tanto el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como el Consejo Superior de estos colegios profesionales en toda España y varias consejerías de Fomento de las comunidades autónomas han pedido que se habilite una nueva línea de financiación. “Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando”, indica.

De hecho, actualmente, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos mantiene abierta la denominada Red OAR con fondos propios, que es la que coordina todas las oficinas de rehabilitación en España. “Queremos que eso siga funcionando”, ha destacado.

Además, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha mantiene un apartado de información en su web, denominado ‘Rehabilita’, en el que agrupa toda la información sobre estas ayudas, y desde la cual tiene intención de “seguir ayudando y colaborando”, en este caso también con fondos propios.

“Pero en el momento en que se habilite alguna partida adicional que nos pueda financiar, volveremos a abrir las oficinas. Quizás no las siete que hay (una en cada provincia, y otras dos en Puertollano y Talavera de la Reina), pero sí alguna de ellas como la de Toledo, para hacer una asistencia presencial hasta donde podamos”, señala Elena Guijarro.

Una labor “esencial” durante cinco años

Ahora todo queda a expensas de los fondos que se puedan habilitar. Los colegios de arquitectos dejan “la puerta abierta” para “cualquier financiación que se pueda conseguir”. “Aunque no sigamos con la misma estructura y financiamiento de las oficinas como hasta ahora, podíamos seguir ayudando en una labor que durante cinco años ha sido esencial”.

El objetivo, por tanto, de los colegios profesionales es mantener con fondos propios las mencionadas iniciativas al menos hasta final de año. “Y si de aquí a final de año encontramos una fórmula que se pueda gestionar, pues lo mantendremos más tiempo”.

Por último, incide la decana en que Castilla-La Mancha y el resto autonomías, tienen que desarrollar, con un decreto autonómico, el Plan Estatal de Vivienda, y prevé que hasta enero no estará listo en esta comunidad autónoma. Mientras, hay líneas abiertas de ayudas para la rehabilitación y, además, la Consejería de Fomento ha anunciado también nuevas subvenciones destinadas a la accesibilidad. “Nosotros seguiremos apoyando hasta donde podamos”, concluye.

¿Qué dice el Plan Estatal de Vivienda?

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril se refiere en alguno de sus apartados, a estas oficinas.

Concretamente, dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

Castilla-La Mancha vuelve a poner en marcha ayudas al alquiler en 2026, con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a colaborar con las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

El Diario Oficial de la comunidad autónoma publica este jueves las bases reguladoras de esta convocatoria de la que el consejero de Fomento Nacho Hernando ha destacado que se trata de una línea “con fondos propios” para que “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”.

¿Quiénes pueden pedir estas ayudas?

Los beneficiarios de estas ayudas deben vivir de alquiler en Castilla-La Mancha y tener ingresos limitados, siempre que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con carácter general, y cuatro veces el IPREM si se trata de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Asimismo, se contabilizará cinco veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría especial y personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%“.

Ayudas distintas según las ciudades y los precios del alquiler

Hernando ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses, algo que nos va a permitir, además, hacerlo con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Así, el ámbito que tendrá el precio de alquiler máximo lo conforman las cinco capitales de provincia, junto con Azuqueca de Henares, Illescas y Seseña, con 953 euros; y 1.143 euros si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas. En estos municipios es el precio más elevado de la región, debido a su dinamismo y a la demanda existente.

Tras estos, existe una segunda área geográfica con 876 euros de precio máximo y 1.051 en casos especiales; la tercera zona, limita en 762 y 914 euros, respectivamente; y la última área geográfica, para municipios más pequeños, cuyo precio de alquiler está fijado como máximo para obtener esta ayuda en 648 euros y 777 si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas.

Unas 1.200 solicitudes podrán recibir ayudas

El responsable de Fomento ha asegurado que “con el presupuesto previsto, y al centrarse en las rentas de 2026, se estima que alrededor de 1.200 solicitudes podrán recibir la ayuda”. Asimismo, Hernando ha remarcado que “estas ayudas al alquiler no son una medida puntual, ya que desde 2013 Castilla-La Mancha ha destinado más de 140 millones de euros a este tipo de apoyos, beneficiando a más de 57.000 hogares y cerca de 173.000 personas en toda la región”.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 8 de mayo, y terminará el 15 de junio de 2026. Las ayudas se concederán por orden de presentación, hasta que se agote el presupuesto disponible.

La ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria, tras comprobar la documentación presentada y los pagos se realizarán en los meses de junio y septiembre y durante la primera quincena de diciembre.

El consejero de Fomento ha destacado que “esta línea es propia, con fondos exclusivamente de la Comunidad Autónoma de cinco millones de euros para ayudas al alquiler”, para que, ha asegurado, “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”. En este sentido, ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses y nos va a permitir, además, hacerlo de una manera con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El Govern balear del PP ha evitat alinear-se explícitament amb la proposta de “prioritat nacional” plantejada aquesta setmana per Vox al Parlament i ha optat per defensar les mesures ja pactades amb la formació d'extrema dreta a les illes, basades en criteris de residència per accedir a prestacions socials, habitatge públic o ajudes. L'Executiu de Marga Prohens s'empara en un model que, en lloc d'introduir diferències explícites entre ciutadans espanyols i estrangers, vincula l'accés als recursos públics a l'arrelament i al compliment de requisits administratius.

“Nosaltres no contribuirem a aquest debat. Nosaltres direm el que farem i hem fet a Balears”, ha asseverat el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha precisat que el concepte que el Govern té a les illes “és molt clar”: “Exigirem tres anys de residència legal a Balears per poder tenir dret a la renda social garantida i seguirem per aquesta via”, ha recalcat, marcant distàncies amb l'enfocament de Vox basat en la nacionalitat.

Si bé ha evitat pronunciar-se de forma directa sobre la Proposició No de Llei (PNL) registrada el passat dimecres per la formació d'extrema dreta, en què els de Santiago Abascal plantegen que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que la intenció del Govern és una cosa de “sentit comú”, que és “prioritzar la gent d'aquí”. “I prioritzar la gent aquí significa facilitar el seu habitatge amb criteris de residència”, ha incidit.

Com a conseqüència d'això, ha avançat que si la iniciativa de Vox -dels quals detalls ha assegurat no haver llegit- està plantejada en aquests termes, el Govern “no tindrà inconvenient a votar a favor”. “En canvi, si està plantejada en altres termes, no puc donar una resposta perquè sincerament no he llegit la proposta”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, també ha eludit el debat conceptual plantejat per Vox, insistint que l'Executiu autonòmic se centra en mesures “efectives” ja en marxa o que preveu impulsar.

“Un dels acords que nosaltres sí que tenim amb Vox, que és un acord signat i que segurament es materialitzarà en unes setmanes, és exigir tres anys de residència legal, tant per accedir a la renda social garantida com per accedir a la renda d'emancipació”, ha abundat, precisant que el requisit de la residència també s'exigeix per percebre altres rendes com l'ingrés mínim vital -per al qual es demanen tres anys de residència- o per poder accedir a un habitatge de caràcter social -cinc anys-.

“El que tenim clar és que hem de posar ordre en les prestacions que hem d'exigir i, evidentment, amb uns requisits mínims per poder accedir. Això és el que hem fet i ens quedem amb la practicitat i amb les mesures que hem impulsat des del Govern”, ha afegit Fernández.

A més d'exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder obtenir la renda social garantida (Resoga), l'acord al qual ha al·ludit la consellera contempla que els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de feina, amb risc de perdre la prestació en cas contrari. També s'enduriran els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques, una modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar l'“efecte crida”.

Per la seva banda, l'objectiu de la proposta que Vox va presentar el passat dimecres passa, segons el text, per “garantir la sostenibilitat de l'Estat de benestar” i prioritzar els qui “sustenten i conformen la comunitat nacional”. En roda de premsa per anunciar la iniciativa, la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, va defensar que es tracta d'una mesura “elemental”: “Els espanyols tenen preferència en l'accés als serveis públics. Una cosa tan bàsica fa vergonya haver de demanar-la”, va etzibar.

La iniciativa replica el plantejament que Vox defensa a nivell estatal. De fet, la formació ha posat com a exemple el recent acord assolit a Extremadura, on el PP ha acceptat incorporar aquest principi en l'accés a determinades ajudes. “El PP a Extremadura ja ho ha acceptat. El que es pot fer allà es pot aconseguir a les Balears i a la resta d'Espanya”, va subratllar Cañadas.

El text registrat va més enllà d'una declaració política i recull mesures concretes com la repatriació d'immigrants en situació irregular, la limitació de l'accés al sistema sanitari públic -llevat en casos d'urgència- o la reserva d'ajudes socials i habitatge per a ciutadans espanyols. Així mateix, la PNL insta el Govern central a derogar recents reformes en matèria d'estrangeria i sanitat, en considerar que afavoreixen la regularització d'immigrants i augmenten la pressió sobre els serveis públics.

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma. Un texto muy esperado debido a que incluía en su articulado, entre otras medidas, un conjunto de soluciones destinadas a hacer “más asequible” el acceso de las personas jóvenes de la región a su primera vivienda.

Sin embargo, una de esas medidas todavía no está en marcha. Se trata de la que contemplaba la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no financiada por las entidades bancarias cuando se compra una vivienda -lo que se conoce comúnmente como 'la entrada'-. ¿A qué se debe ese retraso?

Negativa de los bancos

En declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalla que, durante las negociaciones para definir la medida antes de aprobar la ley, las entidades financieras mostraron su rechazo a estos préstamos tipo 0 porque tenían “muy mala experiencia” con los avales del ICO. Esta es una línea de ayudas estatales para la compra de una vivienda en la que el Gobierno de España aporta hasta el 20% del valor del inmueble, pero, según el consejero, les supuso a los bancos una “enorme carga burocrática”, por lo que se mostraron reticentes a la propuesta regional.

“Cuando convencimos a las entidades financieras de que los requisitos que íbamos a exigir eran mucho menos burocráticos que los que pedía el ICO, la ley ya estaba tramitándose”, apunta Ruiz Molina. Una situación que impedía introducir cambios en el texto o añadir nuevas enmiendas ordinarias. Por ello, asegura que el Gobierno regional intentó, durante el debate del texto en las Cortes regionales, sacar adelante una enmienda transaccional a una del Partido Popular que permitiera que “no solamente pudiéramos conceder préstamos, sino también dar ayudas o garantías”.

Dicha enmienda no salió adelante debido al rechazo del PP, por lo que la Ley se aprobó, pero sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras para conceder préstamos tipo 0.

Espera que la nueva vía esté lista en un mes

Por ello, este aspecto de las ayudas se vio retrasado y ahora se opta por una nueva vía. “Vamos a presentar una proposición de ley precisamente para modificar ese artículo, de tal manera que con ese dinero podamos no solamente otorgar préstamos, sino también avales. El convenio que vamos a firmar con las entidades financieras es de aval, mientras que a la persona interesada le daremos una subvención equivalente a los intereses que tendría que pagar por esa parte no financiada por los bancos”, detalla Ruiz Molina.

El consejero espera que dicha ley esté aprobada en el plazo de un mes, un periodo de tiempo en el que seguirán ultimando con las entidades financieras el convenio de colaboración. De momento, la Junta está hablando con algunos bancos, entre los que ha mencionado al Santander, Eurocaja Rural, Globalcaja o Caixabank, pero explica que podrá adherirse cualquier entidad que lo solicite.

Sobre la compatibilidad de esta ayuda regional para la entrada de una vivienda con la subvención para el mismo fin que otorga el Gobierno de España a través del ICO, Ruiz Molina asegura que “no tiene sentido” porque al banco “le interesa conceder la mayor cuantía posible”, por lo que la persona interesada tendría que optar por una de las dos opciones. “No vamos a hablar de exclusión porque son dos caminos diferentes, pero yo creo que funciona uno o funciona otro”, aclara.

Las condiciones de aplicación de estos préstamos tipo 0 regionales son las siguientes: irán dirigidos a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as para cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. La ayuda máxima será de 48.000 euros y se aplicará a viviendas con un precio máximo de 240.000 euros, siendo preciso un empadronamiento previo de 2 años -salvo en municipios que estén situados en zonas de extrema despoblación-. El programa se desarrollará entre 2026 y 2030.

Las otras ayudas del Gobierno regional para la vivienda

Por otra parte, el consejero ha asegurado que el resto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Castila-La Mancha que se incluían en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha sí están ya vigentes. Son estas:

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

El decreto de ayudas aprobado por el Gobierno central para los afectados por las borrascas de este invierno prevé incorporar a Cáceres, Mérida y Badajoz entre los municipios incluidos en los “añadidos” que se realizarán con posterioridad al listado inicial de localidades extremeñas englobadas en estas ayudas.

El próximo jueves y viernes se celebrarán reuniones con los ayuntamientos de municipios afectados, que “en una parte importante” recibirán el cien por cien de la ayuda, para que conozcan todos los documentos que deben aportar, según ha informado este martes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, tras asistir a unas jornadas sobre igualdad en Badajoz.

Estos municipios “han debido reunir una serie de requisitos previos en cuanto a los daños sufridos y respecto a sus presupuestos”, ha explicado Quintana, que ha recordado que el listado de localidades beneficiarias ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A ello se incorporará “un añadido dentro de muy pocos días” con nuevos municipios a tenor de que cumplen también estos requisitos, de modo que Cáceres, Mérida y Badajoz estarán en “estas rectificaciones que vendrán posteriormente”, ha dicho.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado a su vez implantar ayudas destinadas a los agricultores que hayan sufrido daños en sus cultivos e instalaciones, ha agregado.

Quintana ha destacado el trabajo conjunto de distintos ministerios para “cumplir todos los compromisos” del Estado en relación a estas ayudas.

Ha recordado además que también se habilitaron oficinas para atender a las personas que optaban a las ayudas, como las familias desalojadas, además de actuaciones de emergencia por parte de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y Tajo. 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución por la que se conceden ayudas a 20 salas de exhibición cinematográfica en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros, tienen como objetivo garantizar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica de la región por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica.

Esta línea de ayudas forma parte del “compromiso” del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.

Del total de las 20 ayudas concedidas, una de ellas es en la provincia de Albacete, seis en la provincia de Ciudad Real, seis en la provincia de Cuenca, una en la provincia de Guadalajara y seis en la provincia de Toledo.

Además de las ayudas a salas de cine, el Ejecutivo autonómico cuenta con líneas de ayudas dirigidas a la producción de cortometrajes, largometrajes o elaboraciones de guiones.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas para apoyar la creación de nuevas iniciativas económicas y la consolidación empresarial en la ciudad con una partida total de algo menos de 100.000 euros, como ha reseñado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria ordinaria de estas ayudas para el año 2026, que será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos días, así como un presupuesto de 98.950 euros para ello. El programa se desglosa en dos líneas, la Línea 1 'Nuevas iniciativas', dotada con 65.500 euros; y la Línea 2 'Consolidación empresarial', con 33.450 euros. Cada una de estas líneas cuenta con dos modalidades.

Así, en la Línea 1, la modalidad A, 'Nueva iniciativa', está destinada a financiar la creación de microempresas que inicien una actividad económica y se instalen en el término municipal de Logroño. La cuantía de estas subvenciones alcanzará los 2.000 euros, cuantía que se incrementará en 500 euros en aquellas actividades económicas que se ubiquen en el centro histórico de la ciudad.

La modalidad B, denominada 'Nueva iniciativa comercial', está destinada a apoyar la creación de microempresas que inicien una actividad exclusivamente de carácter comercial en el término municipal para impulsar la reactivación de este sector en la ciudad. En este caso, las subvenciones podrán tener una cuantía de 2.500 euros.

Respecto a la segunda línea, su modalidad A, 'Consolidación empresarial', está destinada a financiar parcialmente los gastos que realicen las microempresas o autónomos (que lleven al menos dos años dados de alta) en actividades destinadas a fortalecer su consolidación, ya sea con planes de modernización, marketing, comunicación, incorporación de nuevas tecnologías o digitalización, que permita, su continuidad y consolidación en el término municipal de Logroño. Las subvenciones alcanzarán en este caso hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables que se incluyen en el proyecto de bases. La modalidad B, 'Relevo generacional', está pensada para apoyar el relevo generacional y ayudar así a la continuidad empresarial.

Los gastos subvencionables en esta modalidad incluyen la realización de un plan de viabilidad de empresa o plan de relevo; los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de un proyecto de reforma y/o decoración; obras de reforma, acondicionamiento y actualización de la superficie de exposición y venta del local, así como de la fachada exterior del establecimiento donde se va a desarrollar la actividad de relevo (puertas, letreros, carteles, toldos, etc.); adquisición de equipamiento y mobiliario para la zona de venta y exposición del local; la realización de un plan de comunicación y marketing relacionado con la actividad; gastos de formación, gastos derivados de actuaciones o servicios de digitalización, y gastos derivados de la contratación de servicios de asistencia técnica especializada.

Las cuantías de subvención alcanzarán hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables para el sucesor de la actividad, autónomo o microempresa que cumplan los requisitos, y serán de 500 euros para el transmitente de la actividad (novedad significativa que trata de poner en valor la colaboración y acompañamiento en el proceso de relevo).

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará a las 9 horas del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y finalizará a las 14 horas del 30 de junio de 2026.

Ayudas para proyectos culturales

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad.

De este modo, con el objetivo de llevar a cabo una nueva edición, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de ayudas en este ámbito para el año 2026, así como un presupuesto total de 145.000 euros, que se distribuyen en dos líneas de actuación.

Por un lado, una línea de ayudas para empresas y autónomos a la que se destinan 98.000 euros; por otro lado, una segunda línea destinada a entidades sin ánimo de lucro y dotada con 45.000 euros. La comisión de valoración de las ayudas tendrá en cuenta a la hora de valorar las solicitudes criterios como la adecuación del proyecto al logro de las finalidades previstas, como generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural de Logroño, promover el acceso a la cultura y el desarrollo de públicos culturales, estimular el tejido cultural local o desarrollar redes de trabajo entre empresas locales y con agentes culturales de otras ciudades y países.

También se valorarán la calidad técnica del proyecto, el planteamiento económico y la difusión e impacto del proyecto.

La cuantía de las ayudas podrá financiar el 100% del presupuesto total presentado, en el caso de que el solicitante declare no disponer de otras fuentes de financiación, si bien, no podrá otorgarse ayuda por importe superior al solicitado.

Esta cuantía podrá oscilar, en función de la puntuación obtenida, entre un máximo de 40.000 euros y 3.000 euros, para la línea destinada a empresas y autónomos; y de 10.000 a 1.000 euros, para la línea de entidades sin ánimo de lucro.

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y tendrá una duración de 15 días hábiles.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) hoy, 5 de marzo, la convocatoria para 2026 de ayudas destinadas a la adquisición de animales de reposición en La Rioja, en el marco de las líneas de apoyo al sector y especialmente a la ganadería extensiva.

Esta línea de apoyo cuenta con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, presupuesto que el Ejecutivo riojano pone a disposición de los ganaderos con el objetivo primordial de incrementar la calidad de las cabañas ganaderas mediante la mejora de la base genética de las explotaciones. A través de esta iniciativa, se subvenciona la incorporación de hembras y machos de reposición de ganado bovino, ovino, caprino, porcino o equino, exceptuando únicamente al ganado de lidia y los animales para establecimientos para la práctica ecuestre. 

Los animales adquiridos deben pertenecer a alguna de las razas recogidas en el Real Decreto 45/2019, que establece las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, además de estar inscritos en el Libro Genealógico de la raza correspondiente y tener en el momento de incorporación a la explotación, una edad mínima de 8 meses para vacuno y hembras de equino, 3 meses para ovino y caprino, 4 meses para porcino y 15 meses para machos de equino, no superando en ningún caso la edad de 3 años. 

Estas ayudas, que en 2025 llegaron a 83 explotaciones ganaderas riojanas, buscan incentivar la excelencia especialmente en la ganadería extensiva, compensando parte de los costes de adquisición de ejemplares que aporten una mejora genética contrastada a la cabaña ganadera de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria establece que las solicitudes deben presentarse en un periodo máximo de un mes desde la fecha de incorporación de los nuevos animales en la explotación. Para este ejercicio 2026, se atenderá al pago de aquellas solicitudes presentadas por adquisiciones realizadas desde el 1 de octubre del año anterior hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. 

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar el 50% del coste del animal en las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas y el 40% en las explotaciones situadas en el resto de zonas, siempre sin superar los valores máximos marcados en la orden reguladora. Esta subvención se podrá incrementar cuando los ejemplares son adquiridos en ferias ganaderas celebradas en La Rioja y cuando los animales adquiridos son para reponer animales sacrificados por programas oficiales de sanidad animal.

El Gobierno de La Rioja recuerda que la tramitación de estas ayudas se realizará preferentemente de forma telemática a través de la sede de la oficina electrónica https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=15467, siendo obligatorio el uso de medios electrónicos para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.  La Dirección General de Agricultura y Ganadería será la encargada de instruir el procedimiento, que deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses.