El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma. Un texto muy esperado debido a que incluía en su articulado, entre otras medidas, un conjunto de soluciones destinadas a hacer “más asequible” el acceso de las personas jóvenes de la región a su primera vivienda.

Sin embargo, una de esas medidas todavía no está en marcha. Se trata de la que contemplaba la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no financiada por las entidades bancarias cuando se compra una vivienda -lo que se conoce comúnmente como 'la entrada'-. ¿A qué se debe ese retraso?

Negativa de los bancos

En declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalla que, durante las negociaciones para definir la medida antes de aprobar la ley, las entidades financieras mostraron su rechazo a estos préstamos tipo 0 porque tenían “muy mala experiencia” con los avales del ICO. Esta es una línea de ayudas estatales para la compra de una vivienda en la que el Gobierno de España aporta hasta el 20% del valor del inmueble, pero, según el consejero, les supuso a los bancos una “enorme carga burocrática”, por lo que se mostraron reticentes a la propuesta regional.

“Cuando convencimos a las entidades financieras de que los requisitos que íbamos a exigir eran mucho menos burocráticos que los que pedía el ICO, la ley ya estaba tramitándose”, apunta Ruiz Molina. Una situación que impedía introducir cambios en el texto o añadir nuevas enmiendas ordinarias. Por ello, asegura que el Gobierno regional intentó, durante el debate del texto en las Cortes regionales, sacar adelante una enmienda transaccional a una del Partido Popular que permitiera que “no solamente pudiéramos conceder préstamos, sino también dar ayudas o garantías”.

Dicha enmienda no salió adelante debido al rechazo del PP, por lo que la Ley se aprobó, pero sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras para conceder préstamos tipo 0.

Espera que la nueva vía esté lista en un mes

Por ello, este aspecto de las ayudas se vio retrasado y ahora se opta por una nueva vía. “Vamos a presentar una proposición de ley precisamente para modificar ese artículo, de tal manera que con ese dinero podamos no solamente otorgar préstamos, sino también avales. El convenio que vamos a firmar con las entidades financieras es de aval, mientras que a la persona interesada le daremos una subvención equivalente a los intereses que tendría que pagar por esa parte no financiada por los bancos”, detalla Ruiz Molina.

El consejero espera que dicha ley esté aprobada en el plazo de un mes, un periodo de tiempo en el que seguirán ultimando con las entidades financieras el convenio de colaboración. De momento, la Junta está hablando con algunos bancos, entre los que ha mencionado al Santander, Eurocaja Rural, Globalcaja o Caixabank, pero explica que podrá adherirse cualquier entidad que lo solicite.

Sobre la compatibilidad de esta ayuda regional para la entrada de una vivienda con la subvención para el mismo fin que otorga el Gobierno de España a través del ICO, Ruiz Molina asegura que “no tiene sentido” porque al banco “le interesa conceder la mayor cuantía posible”, por lo que la persona interesada tendría que optar por una de las dos opciones. “No vamos a hablar de exclusión porque son dos caminos diferentes, pero yo creo que funciona uno o funciona otro”, aclara.

Las condiciones de aplicación de estos préstamos tipo 0 regionales son las siguientes: irán dirigidos a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as para cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. La ayuda máxima será de 48.000 euros y se aplicará a viviendas con un precio máximo de 240.000 euros, siendo preciso un empadronamiento previo de 2 años -salvo en municipios que estén situados en zonas de extrema despoblación-. El programa se desarrollará entre 2026 y 2030.

Las otras ayudas del Gobierno regional para la vivienda

Por otra parte, el consejero ha asegurado que el resto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Castila-La Mancha que se incluían en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha sí están ya vigentes. Son estas:

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

El decreto de ayudas aprobado por el Gobierno central para los afectados por las borrascas de este invierno prevé incorporar a Cáceres, Mérida y Badajoz entre los municipios incluidos en los “añadidos” que se realizarán con posterioridad al listado inicial de localidades extremeñas englobadas en estas ayudas.

El próximo jueves y viernes se celebrarán reuniones con los ayuntamientos de municipios afectados, que “en una parte importante” recibirán el cien por cien de la ayuda, para que conozcan todos los documentos que deben aportar, según ha informado este martes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, tras asistir a unas jornadas sobre igualdad en Badajoz.

Estos municipios “han debido reunir una serie de requisitos previos en cuanto a los daños sufridos y respecto a sus presupuestos”, ha explicado Quintana, que ha recordado que el listado de localidades beneficiarias ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A ello se incorporará “un añadido dentro de muy pocos días” con nuevos municipios a tenor de que cumplen también estos requisitos, de modo que Cáceres, Mérida y Badajoz estarán en “estas rectificaciones que vendrán posteriormente”, ha dicho.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado a su vez implantar ayudas destinadas a los agricultores que hayan sufrido daños en sus cultivos e instalaciones, ha agregado.

Quintana ha destacado el trabajo conjunto de distintos ministerios para “cumplir todos los compromisos” del Estado en relación a estas ayudas.

Ha recordado además que también se habilitaron oficinas para atender a las personas que optaban a las ayudas, como las familias desalojadas, además de actuaciones de emergencia por parte de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y Tajo. 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la resolución por la que se conceden ayudas a 20 salas de exhibición cinematográfica en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros, tienen como objetivo garantizar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica de la región por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica.

Esta línea de ayudas forma parte del “compromiso” del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.

Del total de las 20 ayudas concedidas, una de ellas es en la provincia de Albacete, seis en la provincia de Ciudad Real, seis en la provincia de Cuenca, una en la provincia de Guadalajara y seis en la provincia de Toledo.

Además de las ayudas a salas de cine, el Ejecutivo autonómico cuenta con líneas de ayudas dirigidas a la producción de cortometrajes, largometrajes o elaboraciones de guiones.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas para apoyar la creación de nuevas iniciativas económicas y la consolidación empresarial en la ciudad con una partida total de algo menos de 100.000 euros, como ha reseñado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria ordinaria de estas ayudas para el año 2026, que será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos días, así como un presupuesto de 98.950 euros para ello. El programa se desglosa en dos líneas, la Línea 1 'Nuevas iniciativas', dotada con 65.500 euros; y la Línea 2 'Consolidación empresarial', con 33.450 euros. Cada una de estas líneas cuenta con dos modalidades.

Así, en la Línea 1, la modalidad A, 'Nueva iniciativa', está destinada a financiar la creación de microempresas que inicien una actividad económica y se instalen en el término municipal de Logroño. La cuantía de estas subvenciones alcanzará los 2.000 euros, cuantía que se incrementará en 500 euros en aquellas actividades económicas que se ubiquen en el centro histórico de la ciudad.

La modalidad B, denominada 'Nueva iniciativa comercial', está destinada a apoyar la creación de microempresas que inicien una actividad exclusivamente de carácter comercial en el término municipal para impulsar la reactivación de este sector en la ciudad. En este caso, las subvenciones podrán tener una cuantía de 2.500 euros.

Respecto a la segunda línea, su modalidad A, 'Consolidación empresarial', está destinada a financiar parcialmente los gastos que realicen las microempresas o autónomos (que lleven al menos dos años dados de alta) en actividades destinadas a fortalecer su consolidación, ya sea con planes de modernización, marketing, comunicación, incorporación de nuevas tecnologías o digitalización, que permita, su continuidad y consolidación en el término municipal de Logroño. Las subvenciones alcanzarán en este caso hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables que se incluyen en el proyecto de bases. La modalidad B, 'Relevo generacional', está pensada para apoyar el relevo generacional y ayudar así a la continuidad empresarial.

Los gastos subvencionables en esta modalidad incluyen la realización de un plan de viabilidad de empresa o plan de relevo; los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de un proyecto de reforma y/o decoración; obras de reforma, acondicionamiento y actualización de la superficie de exposición y venta del local, así como de la fachada exterior del establecimiento donde se va a desarrollar la actividad de relevo (puertas, letreros, carteles, toldos, etc.); adquisición de equipamiento y mobiliario para la zona de venta y exposición del local; la realización de un plan de comunicación y marketing relacionado con la actividad; gastos de formación, gastos derivados de actuaciones o servicios de digitalización, y gastos derivados de la contratación de servicios de asistencia técnica especializada.

Las cuantías de subvención alcanzarán hasta un máximo de 2.500 euros de los gastos subvencionables para el sucesor de la actividad, autónomo o microempresa que cumplan los requisitos, y serán de 500 euros para el transmitente de la actividad (novedad significativa que trata de poner en valor la colaboración y acompañamiento en el proceso de relevo).

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará a las 9 horas del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y finalizará a las 14 horas del 30 de junio de 2026.

Ayudas para proyectos culturales

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad.

De este modo, con el objetivo de llevar a cabo una nueva edición, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de ayudas en este ámbito para el año 2026, así como un presupuesto total de 145.000 euros, que se distribuyen en dos líneas de actuación.

Por un lado, una línea de ayudas para empresas y autónomos a la que se destinan 98.000 euros; por otro lado, una segunda línea destinada a entidades sin ánimo de lucro y dotada con 45.000 euros. La comisión de valoración de las ayudas tendrá en cuenta a la hora de valorar las solicitudes criterios como la adecuación del proyecto al logro de las finalidades previstas, como generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural de Logroño, promover el acceso a la cultura y el desarrollo de públicos culturales, estimular el tejido cultural local o desarrollar redes de trabajo entre empresas locales y con agentes culturales de otras ciudades y países.

También se valorarán la calidad técnica del proyecto, el planteamiento económico y la difusión e impacto del proyecto.

La cuantía de las ayudas podrá financiar el 100% del presupuesto total presentado, en el caso de que el solicitante declare no disponer de otras fuentes de financiación, si bien, no podrá otorgarse ayuda por importe superior al solicitado.

Esta cuantía podrá oscilar, en función de la puntuación obtenida, entre un máximo de 40.000 euros y 3.000 euros, para la línea destinada a empresas y autónomos; y de 10.000 a 1.000 euros, para la línea de entidades sin ánimo de lucro.

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR y tendrá una duración de 15 días hábiles.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) hoy, 5 de marzo, la convocatoria para 2026 de ayudas destinadas a la adquisición de animales de reposición en La Rioja, en el marco de las líneas de apoyo al sector y especialmente a la ganadería extensiva.

Esta línea de apoyo cuenta con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, presupuesto que el Ejecutivo riojano pone a disposición de los ganaderos con el objetivo primordial de incrementar la calidad de las cabañas ganaderas mediante la mejora de la base genética de las explotaciones. A través de esta iniciativa, se subvenciona la incorporación de hembras y machos de reposición de ganado bovino, ovino, caprino, porcino o equino, exceptuando únicamente al ganado de lidia y los animales para establecimientos para la práctica ecuestre. 

Los animales adquiridos deben pertenecer a alguna de las razas recogidas en el Real Decreto 45/2019, que establece las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, además de estar inscritos en el Libro Genealógico de la raza correspondiente y tener en el momento de incorporación a la explotación, una edad mínima de 8 meses para vacuno y hembras de equino, 3 meses para ovino y caprino, 4 meses para porcino y 15 meses para machos de equino, no superando en ningún caso la edad de 3 años. 

Estas ayudas, que en 2025 llegaron a 83 explotaciones ganaderas riojanas, buscan incentivar la excelencia especialmente en la ganadería extensiva, compensando parte de los costes de adquisición de ejemplares que aporten una mejora genética contrastada a la cabaña ganadera de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria establece que las solicitudes deben presentarse en un periodo máximo de un mes desde la fecha de incorporación de los nuevos animales en la explotación. Para este ejercicio 2026, se atenderá al pago de aquellas solicitudes presentadas por adquisiciones realizadas desde el 1 de octubre del año anterior hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. 

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar el 50% del coste del animal en las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas y el 40% en las explotaciones situadas en el resto de zonas, siempre sin superar los valores máximos marcados en la orden reguladora. Esta subvención se podrá incrementar cuando los ejemplares son adquiridos en ferias ganaderas celebradas en La Rioja y cuando los animales adquiridos son para reponer animales sacrificados por programas oficiales de sanidad animal.

El Gobierno de La Rioja recuerda que la tramitación de estas ayudas se realizará preferentemente de forma telemática a través de la sede de la oficina electrónica https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=15467, siendo obligatorio el uso de medios electrónicos para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.  La Dirección General de Agricultura y Ganadería será la encargada de instruir el procedimiento, que deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses.

La Delegación del Gobierno en Extremadura tiene en servicio desde este lunes dos oficinas comarcales, ubicadas en Coria y en Jerez de los Caballeros, para facilitar la información y tramitación de las ayudas del Gobierno de España para los afectados por los efectos del temporal en semanas pasadas.

Las oficinas tienen como objetivo acercar la gestión y agilizar los trámites para canalizar las ayudas a la recuperación y las necesidades públicas y de particulares, así como de empresas, agricultores y ganaderos, tras las sucesivas borrascas que impactaron con fuerza en diversas zonas de la región.

Estos puntos servirán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y los procedimientos relacionados con las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de estas dos oficinas para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, potencialmente reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso a las prestaciones.

Asimismo, Quintana ha informado que las ayudas que se tramitarán incluyen compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de apoyo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal.

La oficina comarcal de Coria (Cáceres) se instalará en las dependencias del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres en la localidad, ubicado en calle San Francisco, 7. Se ubica estratégicamente para atender a los municipios del norte de la provincia afectados por el temporal, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Por su parte, el servicio en Jerez de los Caballeros (Badajoz) está enfocado en ofrecer atención a la población del sur de la provincia pacense y su entorno. Esta oficina se instalará en la sede del CID Sierra Suroeste de la Diputación de Badajoz, en la calle Jara s/n del municipio jerezano.

Inicialmente será personal técnico de las Subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres los que se encarguen de la gestión de los expedientes que se presenten. El horario de las oficinas será de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas.

Quintana ha agradecido la colaboración ofrecida por las diputaciones provinciales para que el Gobierno de España pueda agilizar la tramitación del real decreto con medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

Estas oficinas, concluye el comunicado, se suman al conjunto de medidas acordadas por el Gobierno para “dar respuesta rápida y eficaz a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial atención a las personas que han sufrido daños en sus viviendas, bienes personales o en sus actividades económicas”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales siempre que se dediquen a vivienda habitual, con incrementos si dichas mejoras tienen carácter patrimonial.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro', celebrada en Albacete, desde donde ha defendido que la estrategia de continuar con la rehabilitación de vivienda irá más allá del fin de los fondos europeos.

Rodríguez ha subrayado que la ola de rehabilitación impulsada tras la pandemia ha sido un “éxito colectivo” y ha permitido mejorar la calidad de las viviendas, regenerar barrios y movilizar inmuebles obsoletos. “Se acaban los fondos europeos, pero la rehabilitación sigue”, ha afirmado, insistiendo en que el compromiso del Gobierno es mantener esta línea como política estable.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y que la intervención sobre edificios envejecidos es esencial tanto para mejorar la habitabilidad como para ampliar la oferta disponible.

Rehabilitación residencial hasta 2030

En este sentido, ha destacado que el 30% de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinarán a rehabilitación residencial.

Entre las nuevas medidas, ha avanzado ayudas de hasta 35.000 euros en núcleos rurales cuando las viviendas se destinen a residencia habitual o alquiler asequible, cuantía que podrá alcanzar los 45.000 euros en viviendas con singularidad patrimonial.

El objetivo es que el plan pueda aprobarse en el Consejo de Ministros este trimestre y desplegarse a lo largo del año, tal y como ha recordado la ministra.

Rodríguez ha defendido además el papel de la rehabilitación en la cohesión territorial y ha señalado que el 45% de las viviendas vacías en España se concentran en entornos rurales, por lo que ha reivindicado que “hay mucha vida más allá de la M-30” y que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar también por reforzar el equilibrio territorial.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo el barrio de La Pajarita, en Albacete, donde se han rehabilitado más de 450 viviendas. Las actuaciones han permitido mejorar el aislamiento térmico y acústico y reducir la factura energética, con ahorros estimados de entre 400 y 600 euros anuales por familia.

La titular de Vivienda ha vinculado esta estrategia a la sostenibilidad y ha defendido que la política rehabilitadora no solo mejora la calidad de vida, sino que contribuye a la transición energética y a la generación de empleo en el sector de la construcción.

Jornada sobre rehabilitación

La jornada, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, abordará, a través de cinco mesas de debate, los beneficios sociales de la rehabilitación, su financiación, la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y su papel frente a la emergencia climática.

Participarán representantes del Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector.

La semana pasada, el programa Horizonte, de Iker Jiménez, contó con un invitado inesperado, el cineasta Juanma Bajo Ulloa, autor de películas como La madre muerta, Alas de Mariposa o Airbag. El programa de Cuatro no suele llevar a cineastas a su mesa, pero en esta ocasión, el director acudió para, supuestamente, contar cómo su recién estrenada película, El mal, era víctima de la dictadura “woke” que, según él, impide que películas que no responden a la ideología progresista del Gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y en la taquilla.

Las palabras de Bajo Ulloa han sido celebradas con fuegos artificiales por la derecha mediática y por los habituales haters del cine español, que han dado por ley lo que ha contado el director. Lo que ha hecho Bajo Ulloa es básicamente un popurrí de viejos falsos mantras del cine español, mezclado con una crítica a las políticas feministas e identitarias del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Cultura, y coger partes de la Ley del cine y las medidas en defensa de la paridad para tergiversarlas. 

Según Bajo Ulloa, solo se dan “ayudas a películas ideológicamente aceptables”. “¿Qué guion es ese?”, le pregunta Iker Jiménez, a lo que el director responde que debe ser uno en el que haya “inclusión, paridad y todas estas cosas impuestas en la agenda 2030”. “Si no entras dentro de eso, si no entras en esos parámetros, tienes muy pocas posibilidades”, asegura. Una aseveración que es, literalmente, falsa. Solo hay que leer cualquiera de las convocatorias de ayudas generales de los últimos años para ver que no hay ni un solo punto que se otorgue por el tema de los guiones. No se valora la trama, ni qué personajes tiene, ni si son woke o no. 

Las ayudas generales a la producción se basan en un sistema de puntos objetivos, por tanto, su afirmación de que las películas con subvención “se escriben desde un despacho, porque saben de qué tienen que escribir, sobre el dogma woke”, es falsa. Según esa afirmación, películas como Tardes de soledad, un documental sobre la tauromaquia; Siempre es invierno, un drama sobre una relación heterosexual; o La Familia Benetón 2, una comedia que se ríe, precisamente, de lo políticamente correcto y lo woke, nunca hubieran conseguido su ayuda. Todas la tuvieron, principalmente porque lo que más se valora es la viabilidad económica del proyecto.

Lo que sorprende de las declaraciones de Bajo Ulloa es que se olvida de que su película sí cuenta con dinero público. Tal y como se puede ver en sus créditos está apoyada por RTVE y EITB, las televisiones públicas del Estado y de Euskadi. RTVE adquirió la película en su tercera mesa de valoración de 2020, y recibió una cantidad de 700.000 euros según los datos de RTVE que elDiario.es logró por petición al portal de transparencia y que fueron publicados en un especial en donde se analizaba cuánto dinero recibía cada película española.

Esos 700.000 euros suponen la misma cantidad que recibió Rodrigo Sorogoyen por As bestas, una película que estuvo en el Festival de Cannes y que arrasó en los Goya y en la taquilla. Bajo Ulloa recibió 50.000 euros más que Alcarrás, de Carla Simón, ganadora de Oso de Oro en Berlín. 

No fue la única que recibió El mal, que en 2011, cuando iniciaba su proceso de escritura, recibió una ayuda al desarrollo de 40.000 euros. En 2011, cuando se entregó esa ayuda, estaba el PSOE en el Gobierno. La película lleva, en estos momentos, 22.907 euros recaudados, menos incluso que la ayuda al desarrollo de guion que recibió. La rentabilidad de una película nunca debería ser un criterio para cuestionar la existencia de una ayuda, sin embargo este es el argumento que la derecha mediática siempre utiliza para atacar las subvenciones al cine español y a películas concretas, como ocurrió con La piedad, de Eduardo Casanova, o Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín.

También criticó que los festivales y los premios solo se fijaban en esas películas ideológicamente alineadas con lo woke. Parece olvidarse que su anterior película, Baby, estuvo en el festival de Sitges y fue nominada a los Goya de 2021 en la categoría de Mejor dirección. Una película que, además, obtuvo una Ayuda de Cultura de 266.050 euros. Recaudó 22.000.

Malos tiempos para los hombres

La principal crítica de Juanma Bajo Ulloa en Horizonte fue que, ahora mismo, si eres un hombre tienes muy complicado dirigir. Según él, su recorrido según el sistema de puntos es solo de tres sobre 100. Lo cual es solo parcialmente cierto. Sí, él tiene tres, pero es que la carrera de premios y festivales de un director cuenta, como máximo, siete puntos. Esto lo tendrían personas como Juan Antonio Bayona, Pedro Almodóvar o Sorogoyen, que han estado nominados al Oscar, han ganado el Goya y han estado en Festivales internacionales. Por tanto, tres puntos es una cantidad normal para cualquier cineasta que se presente. 

Unió su argumento con el siguiente: “Si busco a una chica que no tiene ningún curriculum y la pongo ahí tiene 10 puntos, porque importa tu condición”. Algo que es falso. Primero, porque son dos partes de la ayuda independientes. La de la trayectoria del cineasta no depende de género. A lo que se refiere es a una de las novedades que se introdujeron en las ayudas para fomentar la igualdad de género en el cine, aumentando los puntos en ayudas y exigiendo un mínimo de presencia femenina.

Bajo Ulloa se inventa la norma. El punto 4.2 de la convocatoria de ayudas de, por ejemplo, 2024, es el dedicado al ‘Fomento de la igualdad de género. Participación de mujeres en el proyecto’. El máximo que uno puede tener en ese apartado es 8 puntos (ya no son los 10 que dijo). Tener una directora da, exclusivamente, 3 puntos. Si una película tiene una directora, guionista, productora ejecutiva y/o compositora de BSO, podría sumar ese máximo de ocho. Existe otra posibilidad, que haya 'Mujeres que ocupen, al menos, 4 de los cargos de máxima responsabilidad', lo que daría tres puntos de esos 8.  

A pesar de ello, no tener una mujer ni en la dirección ni en el guion no quiere decir que no te den una ayuda. Solo hay que ver ejemplos como el de Los tigres, de Alberto Rodríguez, escrita por él junto a Rafa Cobos y que tuvo ayuda igual que todos sus filmes. Esto se debe a que, aunque Bajo Ulloa no lo explicó, 92 de los 100 puntos responden a criterios objetivos. 41 puntos tienen que ver con la ‘Viabilidad económica y financiera del proyecto’; y otros 15 con el ‘Gasto realizado o repercutido en España’.

No hay puntos por tener a personas racializadas ni hay puntos por tener contratadas a personas LGTB. Sí que hay otros tres puntos que responden a introducir becarios, personas en prácticas o personas con discapacidad física o sensorial. Las normas, por cierto, están publicadas y son prácticamente las mismas desde hace años, por lo que Juanma Bajo Ulloa podría haber introducido alguna de estas personas para tener puntos que lo que buscan es fomentar la “accesibilidad universal”.

Según las palabras de Bajo Ulloa, las ayudas van básicamente a mujeres. Viendo a quién han ido las ayudas, se desmonta el argumento. Nunca en la historia han recibido más mujeres que hombres las ayudas del ministerio de Cultura. En 2024, se ayudó a un total de 63 películas. De ellas, 23 fueron dirigidas por mujeres. Esto supone un 36,5%. 

Según los informes con los datos definitivos que publica el ICAA, en 2023, de los 52 proyectos que obtienen ayuda, solo 19 fueron dirigidos exclusivamente por mujeres, el 36,53% de los proyectos beneficiarios. En 2022, fue un 40%, mientras que en 2021 el porcentaje fue de 37,78%. Esto quiere decir que ni siquiera con las ayudas a la paridad se ha alcanzado el 50% de mujeres y directores haciendo películas.

Tampoco ocurrió en esos mismos años en el dinero otorgado por RTVE, tal y como informó este periódico, de todas las películas adquiridas por el ente público entre 2020 y 2023. De las 207 películas que RTVE adquirió entre 2020 y 2023, 132 fueron dirigidas por hombres y 73 por mujeres (las dos restantes hasta llegar a las 207 corresponden a colectivos de cineastas formados tanto por hombres como por mujeres). Es decir, que hubo un 35,2% de mujeres frente al 63,7% de hombres.

Existe también una segunda vía de ayudas, dedicada a los proyectos más radicales, diseñadas para proyectos con un especial valor cultural, documental o experimental, así como para nuevos realizadores (primera o segunda película). En estos, hay 50 puntos de criterios objetivos, donde la “Solvencia de la empresa solicitante” da hasta 8 puntos, de nuevo la “viabilidad económica y financiera”, otros 10 y el impacto socioeconómico puede alcanzar hasta 24 puntos.

En estas sí que hay una parte que valoran los comités. Comités que varían en cada convocatoria, que son plurales y que están formados por miembros de la industria del cine. Estos comités, que leen los proyectos presentados para otorgar los otros 50 puntos. La originalidad del proyecto da hasta 10 puntos, la calidad de los diálogos hasta 5 y el equipo técnico y autoral otros 5. Ahí es donde alguien podría pensar que se podría beneficiar más a las mujeres que a los hombres. Pues bien, los informes de la Asociación de Mujeres Cineastas muestran que en 2024 los largometrajes procedentes de las ayudas selectivas dirigidos por mujeres representaron un 48%, eso sí, con un presupuesto de un 30% inferior. El 2023 hubo un 47% de proyectos dirigidos por mujeres, y en 2022 un 46%.

Al haber comité muchos pensarán que estas ayudas podrían ser un coladero de temas woke. La película con más puntuación en la resolución de 2025, Daemon, se describe “como un tecno-romance de terror corporal”. O Memorial, la cuarta con más puntuación y que su director define como “una analogía entre cómo preservamos el arte y cómo preservamos la memoria de nuestros seres queridos cuando ya no están”. O Upiro, que con la tercera mejor valoración cuenta la historia de “una joven enviada a un monasterio de clausura en el que varias novicias sufren una extraña enfermedad de la sangre”. Temas radicales, extremos, de poco presupuesto y que pueden recibir, como máximo una ayuda de 800.000 euros. De estas ayudas han salido películas como Tardes de soledad, O que arde o Estrany Riu, todas ellas presentes en festivales internacionales.

Las salas también son woke

El ataque masivo de Juanma Bajo Ulloa no se quedó solo en las ayudas del Ministerio de Cultura, sino que considera que se extiende también a la exhibición, donde solo se estrenan películas “neutras de cine familiar” o “películas de causas ideológicas”. Justifica así las 39 salas en donde se ha estrenado su película. Una cifra baja.

Sin embargo, si las películas se estrenaran por causas ideológicas, no hubieran encontrado su hueco en las salas el documental de Melania Trump, que llegó a cines españoles en más del doble, 83. O los 84 cines que estrenaron Tardes de soledad, sobre la tauromaquia, o las más de 300 que apostaron por Sound of freedom, un fenómeno de taquilla en EEUU vinculado a sectores conservadores y religiosos e incluso cercanos a Q Anon. Esta última fue, además, un absoluto éxito de taquilla en todo el mundo demostrando que, si hay interés, da igual ser woke o no. 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que “este jueves” abrirá en Grazalema la primera de las 14 oficinas comarcales que se van a instalar por toda la geografía andaluza para informar sobre el acceso a las ayudas económicas que se han dispuesto para hacer frente a los daños derivados del temporal.

En una visita al pueblo de Grazalema (Cádiz), uno de los más afectado por el tren de borrascas de las últimas semanas, Montero ha indicado que “las primeras” ayudas en llegar van a ser las relacionadas con la compensación de seguros agrarios. Esta partida contempla una cuantía de unos 600 millones de euros que “vamos ya a pagar a partir de la primera semana de marzo” para que, “de forma paulatina”, se vayan repartiendo el conjunto de ayudas entre las personas beneficiarias.

Asimismo, a lo largo de esa semana, se van a tramitar las ayudas a las personas que fueron desalojadas de su vivienda –que en Grazalema afecta al 100% de la población– a quienes se otorgará una cuantía de 150 euros por día y por persona. Esa cantidad podría ascender a los 6.000 euros “de ayuda directa sin contraprestación” para una familia de cuatro miembros en este pueblo que estuvo 11 días fuera de casa. Una medida que, según ha explicado la también secretaria general del PSOE andaluz, busca “compensar no solo los gastos que le haya producido el desplazamiento, sino también las molestias que se hayan podido producir”.

Ayudas directas para autónomos a partir del 19 de marzo

Montero ha clarificado que, en conjunto, el Gobierno de España va a destinar 2.100 millones en ayudas directas para los municipios gravemente afectados por las borrascas, a los que les seguirán otras para enseres, mobiliarios, viviendas, en donde “hemos multiplicado por cuatro el coste habitual que el Gobierno dispone a este tipo de ayudas”, ha asegurado la ministra de Hacienda antes de reunirse con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en Grazalema.

Esto significa, ha señalado, que “para daños en una vivienda, si son daños muy importantes, se podrá cobrar hasta 60.000 euros de ayuda frente a la cuarta parte que se viene cobrando en el decreto general”, señalando la importancia de contribuir a la recuperación económica de Grazalema, pero también de Benaoján (Málaga) y Dúdar (Granada).

En estos municipios, ha explicado la ministra, “el conjunto del sector económico, desde negocios de autónomos, empresas y cualquier actividad que se desarrolle y que esté con sede fiscal en estos lugares, va a tener una compensación directa de ayuda a los autónomos que va a comenzar el próximo 19 de marzo”, con una cuantía de en torno a 5.000 euros para autónomos y de “hasta 120.000 euros” para las empresas en función de su volumen de facturación.

“Vamos a agilizar todo lo que podamos esas ayudas”, ha dicho Montero, pensando sobre todo en “los pequeños comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios en estos días, que están preocupados por cómo puede venir la época de Semana Santa y la del verano”. “Vamos a intentar contribuir desde el Gobierno de España para que puedan poner a punto todas sus instalaciones a la mayor brevedad y que todo esté previsto también para que pueda abrir sus puertas sin muchas más complicaciones durante ese periodo”, ha aseverado la vicepresidenta.

El Instituto de la Mujer ha convocado nuevas ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral correspondientes a este año 2026, que podrán solicitarse durante los próximos diez días hábiles a contar desde este martes, 24 de febrero.

Según ha publicado este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), tendrán la condición de entidades beneficiarias, las entidades sin ánimo de lucro o las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha.

Estas ayudas podrán emplearse en proyectos que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación profesional tanto horizontal como vertical, y la conciliación y corresponsabilidad del trabajo y la familia.

También sirven para iniciativas que eliminen la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo y/o el fomento del emprendimiento femenino; así como en proyectos que con su realización contribuyan a reducir los obstáculos socioculturales persistentes que hace que aún existan desequilibrios de género en el ámbito laboral.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 euros. Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 12.000,00 euros.

Navarra ha actualizado la cuantía de la Renta Garantizada, el salario social para quienes no tienen recursos, que subirán este 2026 un 2,6%. La subida se realiza conforme a la inflación anual estimada del IPC. La prestación es variable, depende de las rentas propias y de la situación familiar, pero la cuantía base pasará de los 790 euros al mes de 2025 a los 810 euros en 2026. La Renta Garantizada se cobra de forma mensual y en 12 pagas.

De esta forma, la prestación aumenta respecto a 2025 de esta forma: una persona pasa de cobrar 790,28 euros a 810,83 euros al mes (20,55 euros más); dos personas, de 1.066,88 euros a 1.094,62 euros (27,74 euros más); tres personas, de 1.264,45 euros a 1.297,33 euros (32,88 euros más); cuatro personas, de 1.382,99 euros a 1.418,95 euros (35,96 euros más); cinco personas, de 1.501,53 euros a 1.540,57 euros (39,04 euros más); y las unidades de seis o más miembros pasan de 1.580,56 euros a 1.621,65 euros, lo que supone una subida de 41,09 euros al mes.

La Renta Garantizada es una ayuda económica del Gobierno de Navarra que busca garantizar a las personas y unidades familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad un ingreso mínimo para una vida digna. Es una ayuda complementaria, lo que significa que puede sumarse a otros ingresos o prestaciones que ya reciba la persona, tal y como establece la Ley Foral 15/2016, norma que la regula.

Según lo establecido, para poder acceder a la Renta Garantizada, el solicitante debe cumplir varios requisitos: ser mayor de 18 años o menor emancipado, residir en Navarra desde hace al menos dos años (o un año en ciertos casos con menores o personas dependientes), carecer de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas y haber solicitado previamente otras prestaciones o ayudas a las que pudiera tener derecho. Además, se tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar para calcular si corresponde la ayuda y cuál será su cuantía.

Según los datos del Gobierno de Navarra publicados en mayo de 2025, en 2024 fueron beneficiarias de la Renta Garantizada 16.758 unidades familiares distintas, con una media mensual de 12.868 familias, dando cobertura a un total de 36.249 personas. En 2023, debido a los cambios que se realizó en la normativa, hubo un aumento de personas mayores de 65 años que accedieron a esta prestación, aumentando de 2022 a 2024 un 201,7%.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de ayudas y exenciones fiscales por los daños producidos por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas en Andalucía y Extremadura. En total, el coste de estas medidas supera los 7.000 millones de euros. Desglosados, destaca la ayuda directa a los 12.400 desalojados durante el tren de borrascas: cada uno de ellos podrá solicitar 150 euros por cada día que ha pasado fuera de su hogar. “Si una familia de cuatro miembros ha pasado diez días fuera, recibiría una ayuda de 6.000 euros”, ha cuantificado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, encargada de presentar el Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El objetivo de las ayudas es cubrir los daños en viviendas, comercios y los sectores agrícola y pesquero provocados por el paso del tren de borrascas desde el 27 de enero (singularmente, Leonardo y Marta), y contar con una palanca capaz de activar una rápida reconstrucción, según ha explicado Montero.

Andalucía es la comunidad autónoma más afectada y, por tanto, la que recibirá esta ayuda en mayor medida. De los 12.400 desalojados que ha señalado Montero, en torno a 11.000 lo fueron en Andalucía, entre ellos la mayor parte de los 1.800 vecinos de Grazalema (Cádiz) que volvieron a sus casas este mismo lunes, una vez que los expertos del CSIC confirmaron que el regreso es seguro. Una parte ha dormido en un pabellón deportivo de Ronda desde el pasado 5 de febrero.

También está previsto que este martes el Gobierno andaluz apruebe otro paquete de ayudas de carácter autonómico, al que ha llamado Plan Andalucía Actúa.

Montero ha hecho un “llamamiento” a los demás partidos, y particularmente al PP, para que suscriban el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa del Gobierno para dar respuesta a los impactos cada vez más extremos del cambio climático.

Ayudas a las familias

Las ayudas del Decreto-Ley del Gobierno se articulan en torno a cinco grandes ejes: uno destinado a las ayudas directas a ciudadanos y familias; otro para los ayuntamientos; otro con exenciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social; otro de ayudas a trabajadores y explotaciones agrícolas; y otro de ayudas al comercio. Estas ayudas se añaden a la declaración de zona catastrófica aprobada el pasado martes.

Las ayudas directas a las familias y hogares suponen cuadruplicar el importe de las indemnizaciones establecidas con carácter general en la ley por los daños personales, en viviendas, enseres y establecimientos, según ha detallado Montero. La indemnización por destrucción total de la vivienda pasa de un máximo de 15.120 euros a 60.480; la ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda de 5.160 a 20.640; y la compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 a 10.320.

Las 12.400 personas que han sido desalojadas en las últimas semanas como consecuencia del impacto consecutivo de las borrascas Leonardo y Marta tendrán derecho a cobrar 150 euros por cada día que hayan pasado fuera de su hogar. Esta cuantía será compatible con ayudas a las que esas mismas personas puedan tener derecho como titulares de viviendas que hayan sufrido daños, y no computan como ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Andalucía llegó a contar 11.089 desalojados simultáneamente en el pico del temporal, el pasado 7 de febrero. La mayoría de los evacuados, en torno a 8.000, lo fueron de municipios de Cádiz (Grazalema, Ubrique, Jerez, San Roque), pero también los hubo en Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. 773 siguen aún fuera de sus casas.

Ayudas a los municipios y medidas fiscales

El Decreto-Ley pone también el foco sobre los municipios afectados, que deberán incorporarse a un proceso de valoración de daños en sus infraestructuras en el plazo de un mes para optar a la ayuda directa para repararlas. No será un préstamo, sino una transferencia por el 100% (no el 50%, como recoge la ley general) cuyo destino tendrán que justificar a posteriori. El Gobierno estima que esta medida tendrá un impacto de 2.000 millones de euros.

Además, tanto los municipios como Andalucía y Extremadura podrán usar su superávit de 2025 (cuya cifra final se conocerá a finales de marzo) para paliar los daños, sin que ello les compute en las reglas de gasto que ordinariamente limita las partidas a las que los ayuntamientos pueden destinar sus excedentes. Montero recoge así el guante lanzado por el Gobierno andaluz, que había solicitado expresamente esta medida sin cuantificar qué cuantía supondría. Por último, el Gobierno ofrece también un plan de empleo dotado con 50 millones a estos ayuntamientos.

En el apartado de medidas fiscales, Montero ha anunciado la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una reducción en el de Actividades Económicas (IAE) por inversiones en inmuebles dañados. Si ya se han pagado se podrá solicitar la devolución. Se reducen también la cotización en módulos agrarios del IRPF y del régimen simplificado del IVA para explotaciones, con un ahorro estimado de unos 350 millones de euros. Y en el ámbito laboral se extiende la prestación de cese de actividad hasta el 31 de mayo, y se ofrecen exenciones a empresas en ERTE y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Las empresas beneficiarias tendrán prohibido despedir.

Para los sectores pesquero y agrarios las ayudas directas previstas son de unos 2.000 millones de euros. Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria; se contempla una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario; se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará TRAGSA; y se contemplan ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, amarrados sin poder faenar durante más de una semana.

Por último, para los locales comerciales que hayan registrado pérdidas y daños por las inundaciones se establece una línea de ayudas directas por valor de 120 millones de euros, cuyos beneficiarios pueden ser autónomos y restaurantes, hoteles o comercios minoristas. En Grazalema (Cádiz), Dúdar (Granada) y Benaoján (Málaga) las ayudas beneficiarán a cualquier actividad. También se aprobará una línea de avales ICO de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias afectadas.

En las provincias marcadas por la huella de la escasez de habitantes, se repite una idea: todos los pueblos juegan, supuestamente, en la misma liga de planes contra la despoblación, fondos europeos y grandes programas de cohesión territorial.

Sin embargo, al mirar el mapa real de inversiones, aparece otra fotografía: hay municipios que encadenan proyectos, asfaltos y titulares, mientras otros siguen esperando que les toque algo más que migas. Ese desajuste entre el discurso igualitario y la realidad del reparto es a lo que he descrito como luz de gas entre pueblos, una forma de gaslighting territorial aplicada a la España disponible como la llamamos unos o a la España vaciada como la siguen nombrando otros.

El relato oficial subraya que las convocatorias están abiertas a todos, que 'el que quiere, puede' y que todo depende del esfuerzo de cada ayuntamiento. Al mismo tiempo, se observan localidades pequeñas que han concentrado en pocos años varios millones en subvenciones, frente a otras de tamaño similar que apenas consiguen tramitar una ayuda al año. En la conversación pública, cuando estos desequilibrios se señalan, a menudo se responde atribuyéndolos a falta de iniciativa o de trabajo por parte de los pueblos que se quedan atrás, reforzando la sensación de que el problema no está en el sistema, sino en quienes lo padecen.

Esta narrativa tiene efectos muy concretos. Por un lado, invisibiliza las diferencias de partida: no es igual gestionar un municipio con técnicos, consultorías externas en Madrid y contactos políticos, que hacerlo con una plantilla mínima y múltiples cargos acumulados en una misma persona. Por otro, convierte cualquier crítica en sospecha: quien pregunta por qué determinadas localidades están sobrerrepresentadas en convocatorias y mapas de inversión puede ser acusado de envidia, victimismo o desconocimiento.

Así, el foco se desplaza de las reglas del juego a la supuesta incapacidad de quienes levantan la voz.

En el debate sobre el reparto de fondos en los diferentes marcos, aparece de forma inevitable, el papel de quienes ocupan cargos de representación más allá del ámbito local. Un diputado provincial, regional o nacional nace políticamente de un pueblo concreto, pero su responsabilidad se extiende a toda la provincia que le ha confiado la voz. Hay voces del territorio que consideran deseable que esa doble pertenencia debería reflejarse en una actitud especialmente cuidadosa: poner su conocimiento, sus contactos y su capacidad de influencia al servicio del conjunto del territorio, evitando cualquier apariencia de que el municipio de origen se beneficia de una prioridad no escrita.

En contextos donde la despoblación y la falta de oportunidades son heridas compartidas, se valora mucho que estos representantes se conviertan en garantes de equilibrio, y no en sospechosos de favoritismo y de barrer para casa.

La diplomacia institucional, en este sentido, pasa por dos gestos muy concretos: explicar con transparencia cómo se han conseguido los proyectos de su pueblo y, al mismo tiempo, trabajar activamente para que herramientas similares estén al alcance del resto de municipios de la provincia. De ese modo, su éxito local se percibe como puerta abierta para los demás, y no como un privilegio difícil de replicar.

Manifiesto de los pueblos que no quieren más luz de gas

Este manifiesto recoge las demandas que se escuchan cada vez con más frecuencia en ayuntamientos pequeños, asociaciones y foros comarcales de la provincia. No habla en nombre de una persona concreta, sino de un malestar colectivo que empieza a tomar forma:

1. Reconocimiento del desequilibrio. Muchos municipios no ponen en duda el mérito de quienes han logrado atraer inversiones, pero sí reclaman que se reconozca la desigualdad de condiciones administrativas, técnicas y políticas a la hora de concurrir a las ayudas.

2. Transparencia total. Se demanda la publicación anual, clara y accesible, de todas las subvenciones concedidas por municipio: importe, programa, finalidad y cofinanciación. Solo con ese cuadro completo puede saberse quién está realmente en primera línea y quién sigue en la cuneta.

3. Límites a la concentración de fondos. Cuando los programas están pensados para un territorio amplio, se reclama que se evite que localidades monopolicen convocatoria tras convocatoria, dejando al resto en lista de espera permanente.

4. Apoyo técnico real a los pueblos pequeños. Se pide reforzar oficinas comarcales, equipos supramunicipales y servicios de asistencia que permitan a cualquier ayuntamiento presentar proyectos dignos, sin depender de favores partidistas ni de la buena voluntad ocasional de otras administraciones.

5. Debate público sobre el mapa de inversiones. Se propone abrir espacios comarcales y provinciales donde se presenten los datos y se puedan formular preguntas sin que ello se interprete como ataque personal o partidista. Interrogar al sistema de reparto es una forma de cuidar el territorio, no de dañarlo.

6. Coherencia entre discurso y práctica contra la despoblación. La lucha por la supervivencia de los pueblos no puede quedarse en fotos y consignas; debe traducirse en servicios básicos, conectividad, transporte, vivienda y un reparto de recursos acorde con la gravedad del problema en cada lugar.

7. Fin del gaslighting territorial. La demanda central es que se deje de responsabilizar a los pueblos más débiles de los fallos del sistema. La igualdad de oportunidades no puede reducirse a una frase hecha mientras unos juegan con autopista administrativa y otros siguen transitando por caminos de cabras burocráticos.

Desde esta posición de observadora y relatora, lo que se pone sobre la mesa no es un ajuste de cuentas entre pueblos, es un debate que está en las redes sociales y medios de comunicación y también una invitación a encender la luz completa sobre cómo se está repartiendo el futuro de las provincias de la despoblación y quiénes tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir a un reparto más equitativo. Sólo a partir de esa claridad será posible hablar, de verdad, de cohesión y justicia territorial.

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha solicitado al Ayuntamiento de Talavera que comience a planificar y poner en marcha ayudas municipales destinadas a los vecinos y vecinas afectadas por las inundaciones registradas en sótanos, garajes y viviendas de diversas zonas de la ciudad, entre ellas Entretorres, Grisetas, Hilanderas o San Martín.

Tita García ha señalado la importancia de trabajar de manera paralela, por un lado continuar con las labores de emergencia para achicar el agua y poner fin a las inundaciones; y por otro, comenzar a trabajar en medidas económicas que permitan paliar las pérdidas sufridas por los vecinos y vecinas de Talavera. “Ahora mismo todos los esfuerzos están centrados en resolver la emergencia, pero también debemos pensar en el día después, cuando el agua desaparezca y las consecuencias sean más visibles”, ha afirmado.

Así, ha recordado que muchas familias han visto dañadas sus viviendas, garajes, vehículos y enseres personales debido a las inundaciones, lo que supone no solo un perjuicio material, sino también emocional. Por ello, ha destacado que cuando todo pase, los afectados “deben sentir que su Ayuntamiento está a su lado desde el primer momento, ofreciéndoles soluciones reales”.

Además, Tita García también ha pedido la creación de una oficina municipal de atención a los afectados, desde donde se informe y asesore sobre las distintas ayudas públicas de todas las administraciones, incluidas las locales, seguros, o resolución de dudas en la cumplimentación de solicitudes o aportación de documentos. A esta oficina se unirían esas líneas de apoyo económico creadas por el ayuntamiento que permitan responder con rapidez a las necesidades más urgentes de los afectados.

De igual modo, han señalado que aunque ya se ha solicitado la declaración de zona catastrófica, que permitiría acceder a ayudas estatales para viviendas e inmuebles, resulta imprescindible que la administración más cercana, en este caso el Ayuntamiento de Talavera, active mecanismos propios de ayudas inmediatas ya que aunque las ayudas de otras administraciones también son necesarias, la respuesta más rápida se puede dar desde el Consistorio. Además, ha recordado que en estos momentos se está confeccionando el presupuesto municipal para el año 2026, donde estas ayudas se podrían contemplar y así estar preparados para ayudar en lo que los vecinos y vecinas afectados necesiten.

Finalmente, también se han referido a la necesidad de estudiar y ejecutar soluciones que prevengan futuras inundaciones para que estos vecinos no tengan que volver a sufrir esta situación.

El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y en la ciudad de Ceuta, debido en su mayor parte a las sucesivas borrascas que han azotado España entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026.

Esos cuatro eventos meteorológicos afectaron a la provincia de Cáceres el 13 de noviembre de 2025, al paso de la borrasca “Claudia”, y los otros tres se produjeron este año y afectaron a la región en su conjunto. En concreto, las lluvias del 28 de enero y la borrasca “Leonardo” los días 4 y 6 de febrero.

Esta declaración, a propuesta del Ministerio del Interior, se produce “por los fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas”.

Este periodo, añade la nota, ha estado marcado por una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de “lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros, en ocasiones asociados a borrascas de impacto significativo”.

Las comunidades donde se encuentran estas zonas afectadas por estos 76 episodios catastróficos son: Andalucía, Extremadura, Galicia Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid.

Entre finales de 2025 y febrero de 2026, España ha soportado varias borrascas de gran intensidad como “Emilia”, Fráncis“, ”Harry“, ”Ingrid“, ”Joseph“, ”Kristin“, ”Leonardo“ y ”Marta“, la más reciente.

La nota añade que ya hay una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar y que irán dirigidas a paliar daños personales y daños materiales en vivienda y enseres.

También podrán beneficiarse de estas ayudas “corporaciones locales establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia”.

No obstante, esta declaración de zona catastrófica abre además la puerta a que otros departamentos del Gobierno habiliten ayudas propias, tales como beneficios fiscales, por parte de Hacienda, y medidas laborales, por parte de Seguridad Social y Trabajo, entre otras.

El Gobierno también puede prestar ayudas a las corporaciones locales y atender daños en infraestructuras públicas en el ámbito de cada ministerio.

“Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas que se consideren procedentes y complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil”, señala la nota.