La mayoría de las encuestas augura una victoria de las derechas en las elecciones del 29 de noviembre. Pero los estudios también vaticinan que el PP tendrá que ir de la mano de Vox para poder lograr una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Ambas fuerzas ya comparten ejecutivos en numerosas comunidades autónomas y la estrategia de la extrema derecha en esas administraciones, donde ocupa carteras como Desregulación, Familia o Agricultura, permite anticipar algunos de los cambios que pretende impulsar a nivel estatal, si finalmente se confirma que puede sumar con el PP.

La última ofensiva de Vox ha sido la de la “desregulación”. Las promesas del partido de acabar con la “maraña burocrática” en las administraciones han dejado de ser un recurso electoral para convertirse en política de gobierno en varias comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con su denominada “desregulación”, el partido plantea reducir trámites administrativos, pero también revisar el ordenamiento autonómico y eliminar normas que considera —en sus palabras— “ideológicas o superfluas”, así como examinar políticas públicas, reducir determinadas subvenciones y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos. 

Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que detrás de esta “desregulación” existe una “aplicación selectiva” de este principio y “no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa”. En esta misma línea, el politólogo Guillermo Fernández considera que Vox no puede definirse únicamente como un partido desregulador porque en muchos ámbitos es bastante intervencionista. “Por ejemplo, en el terreno de la educación, el discurso de Vox es muy hipócrita, dicen que la educación es para enseñar y no para transmitir ideología, pero en lo privado por supuesto que quieren ideología: la suya”, señala el experto. 

Nueve consejerías para Vox

En 2023, los populares pactaron con la extrema derecha después de las elecciones municipales y autonómicas. Solo un año después, Santiago Abascal rompió, de manera unilateral, todos esos ejecutivos autonómicos por su discrepancia sobre el reparto en el sistema de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias. Pero el de ahora es un momento político distinto. 

“No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, declaraba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su reelección al frente del partido. Ahora, la coalición PP-Vox cuenta con varios gobiernos autonómicos, donde los ultras han conseguido las vicepresidencias. 

En Extremadura, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox dio lugar a una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de la Consejería de Desregulación y Familia. Por su parte, en Andalucía, el último de los pactos autonómicos con el PP, Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia segunda y dirige la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Los acuerdos incluyen mecanismos para la simplificación de los procedimientos administrativos, como la ventanilla única o un “buzón de desregulación” para que los ciudadanos puedan señalar aquellas normas que consideren “innecesarias, redundantes o desproporcionadas”. Pero, al mismo tiempo, los pactos identifican como objetivos de revisión algunas de las políticas desarrolladas en los últimos años, como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad. 

La “desregulación” de Vox ya ha abierto la puerta a una revisión de la normativa en las comunidades donde gobierna junto a los populares. “Quieren reducir lo que a ellos ideológicamente no les interesa, reducir la parte del Estado que a ellos les gusta menos a la mínima expresión”, señala Lumbierres. La politóloga advierte que la estrategia de Vox “busca seleccionar qué políticas públicas deben desaparecer y cuáles deben reforzarse” y señala la importancia de las áreas que el partido ha asumido en estos gobiernos que, a su juicio, “favorecen a unos y perjudican a otros”. “Vox ha pedido consejerías como bienestar social, en las que se gestionan muchísimas ayudas y son imprescindibles para la vida”, indica la experta. 

Por su parte, Fernández coincide en que la desregulación de Vox tiene una dimensión ideológica. Sobre la propuesta de eliminar “tres normas por cada una que se apruebe”, el experto considera que, aunque pueda presentarse como una forma de eliminar normas duplicadas o innecesarias, contiene un componente político. “Ese eslogan va a aplicarse sobre todo a las áreas que en el fondo no les interesan”, apunta.

Así, de los acuerdos autonómicos con el PP han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas destinadas a personas LGTBIQ+ o la Agenda 2030. En contrapartida, dan paso a otras prioridades ideológicas de Vox, desde el endurecimiento de las políticas migratorias, la llamada “prioridad nacional”, por la que se introducen criterios de “arraigo real, duradero, estable y verificable” para el acceso a determinadas ayudas públicas, o la promoción de la tauromaquia y la caza. 

Menos subvenciones para los sindicatos y ONG

Los pactos entre PP y Vox también incluyen una reducción de las subvenciones destinadas “a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”. En la Región de Murcia, por ejemplo, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana, la formación ya ha avanzado en nuevos recortes a las subvenciones de estos organismos. 

Guillermo Fernández considera que estas medidas pueden afectar al modelo de diálogo social. A su juicio, “Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos”, lo que podría tener “posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva”.

La revisión del gasto público también alcanza a las ONG. Los pactos autonómicos establecen la supresión “total” de subvenciones a las ONG que, según los acuerdos, participen en la “promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”. “Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, establecen los pactos.

En este sentido, además de las ONG, los pactos recogen compromisos para endurecer las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, así como limitar la llegada de nuevos menores a las comunidades. “Se endurece su situación en los centros que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad”, firmaba textualmente Juan Manuel Moreno Bonilla en el acuerdo con Vox en Andalucía. En él también se ha incluido un “rechazo frontal” a la llegada de más menores extranjeros no acompañados: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el pacto. 

En Aragón, por ejemplo, el pacto entre PP y Vox incluye mecanismos de “verificación de edad” con pruebas forenses para determinar su edad o la retirada de una paga mensual de 17 euros a todos los menores migrantes no acompañados. Medidas que ya han dado lugar a al menos dos denuncias ante la fiscalía: una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista, ya que es la Fiscalía quien debe tomar la decisión de realizar o no esas pruebas. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo.

La “prioridad nacional” para optar a ayudas públicas

El gran triunfo de Vox en su pacto con el PP ha sido imponer su marco ideológico con la llamada “prioridad nacional” como una realidad en los gobiernos de ambos partidos. Los acuerdos autonómicos incluyen no solo restricciones a determinadas ayudas vinculadas a la inmigración, sino también mediante requisitos relacionados con la trayectoria de cotización o el tiempo de empadronamiento.

En Castilla y León, el pacto habla de una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tengan un arraigo “real, verificable y efectivo” en la comunidad. En Andalucía, este principio se incorpora al acceso de ayudas públicas y a la vivienda protegida. 

En la Comunitat Valenciana, a pesar de no contar con una vicepresidencia, Vox ha conseguido introducir su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat para el 2026. Allí, PP y Vox aprobaron conjuntamente la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas, endureciéndose los requisitos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión: 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30 de empadronamiento. 

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” de diez años en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

También en Castilla y León, la Junta de PP y Vox asumirá la tesis de la “prioridad nacional”, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. El Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España, aunque la Unión Europea establece que ese mínimo no puede exceder de los cinco años.

Lumbierres advierte que este tipo de criterios de “arraigo” puede acabar “perjudicando también a los ciudadanos españoles” que residen en una comunidad. La experta explica que, en el caso valenciano, “una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos”. La politóloga considera que este arraigo para el acceso de ayudas públicas supone “una mayor inseguridad jurídica”.

Por su parte, Fernández advierte de que “esta lógica puede contribuir a una transformación más profunda de la concepción de los derechos” y dar lugar a “una sociedad de estratos”, en la que existan grupos con “paquetes de derechos distintos, unos más extensos que otros”. 

Un “copia y pega” de Milei

La estrategia de Vox se inscribe así en una tendencia internacional en la que la ultraderecha ha convertido la reducción del gasto público y la revisión de la regulación en una de sus principales banderas. 

Su referente más evidente es el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que ha hecho de la ‘motosierra’ uno de los símbolos de su programa, incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para impulsar el recorte del gasto público y reducir el tamaño del Estado. También Estados Unidos, donde una de las medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk y enfocado a recortar el gasto público y revisar la estructura administrativa federal. 

Ese mismo impulso es el que Vox ha tomado en sus pactos autonómicos. En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya aseguró que iba a “meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación”, mientras los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación como una de las prioridades de sus gobiernos.

“Es una apuesta claramente política neoliberal externa a nivel de Milei, es un copia y pega del modelo argentino”, sostiene Lumbierres. “Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo que tiene que ver con lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario”, advierte la experta.

Para Fernández, una aplicación de estas políticas supone una “contrarreforma” orientada a revisar el sistema en sentido conservador. El experto advierte de que esto “reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político”. “¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno? Porque ya no solo se trata de los que te quiten, sino de los que vayas a ganar realmente”, resume Fernández.

Con su estrategia autonómica, Vox apunta contra las políticas públicas que el partido considera “ideológicas”, incluyendo requisitos de acceso a prestaciones públicas, la acogida de menores migrantes, la financiación de sindicatos y ONG, la regulación ambiental o la normativa de igualdad. “Lo que consigues es la desestabilización social”, advierte Carmen Lumbierres.

El Campamento Dignidad de Extremadura y el Sindicato 25 de Marzo han puesto en marcha en Mérida una oficina de asesoramiento gratuito dirigida a personas desempleadas y trabajadores con dudas laborales. El servicio estará atendido de forma voluntaria por Juan Carlos Nieto, el funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que fue expedientado por la administración tras atender a ciudadanos que acudían sin cita previa.

La iniciativa, según ha explicado este martes el portavoz del Campamento Dignidad, Juan Viera, nace para responder a la “mucha desinformación” y a las barreras tecnológicas que sufren colectivos vulnerables a la hora de realizar trámites burocráticos. Viera ha destacado el valor de contar con Nieto, al que califica como “gran conocedor de la materia”, asegurando que su labor “repercutirá directamente en beneficio de la clase trabajadora”.

Por su parte, Daniel Hierro, representante del Sindicato 25 de Marzo, ha detallado que la atención se prestará en la sede del Campamento Dignidad en Mérida el segundo y el último jueves de cada mes, en horario de 18:00 a 20:00 horas, arrancando la actividad este mismo jueves.

Además de la orientación en prestaciones y subsidios de desempleo, la oficina contará con un profesional experto en legislación laboral y ayudará en la obtención del certificado digital y la resolución de dudas sobre vulneración de derechos en los puestos de trabajo.

El propio Juan Carlos Nieto ha señalado que su objetivo es suplir las carencias que ha detectado durante su trayectoria profesional, ofreciendo una primera orientación clara para que los ciudadanos sepan “si tienen derecho a un subsidio, una prestación, o si deben ser derivados al Ingreso Mínimo Vital o a los servicios sociales”. Una labor con la que busca facilitar el acceso a la información frente a una “administración cerrada hacia los más vulnerables”.

Ya hay nueva línea de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética y mejora de edificios y viviendas de Castilla-La Mancha finalizados antes de 2006. La convocatoria la ha publicado la Consejería de Fomento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y está cofinanciada al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027). En total, se destinarán 50 millones de euros. Pueden solicitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

La finalidad principal de estas subvenciones es reducir el consumo de energía primaria no renovable en el parque edificatorio y fomentar el uso de energías renovables como la solar, biomasa, geotermia y aerotermia.

Las actuaciones se organizan en tres líneas principales. La primera de ellas está dirigida a edificios de uso residencial colectivo y exige lograr una reducción de al menos un 40% en el consumo de energía primaria no renovable.

En segundo lugar, otro bloque está destinado también a edificios residenciales, pero en lo referido a instalaciones térmicas por biomasa (requiere reducir al menos un 30% la energía primaria no renovable y un 45% las emisiones de CO2 en actuaciones integradas), así como sistemas fotovoltaicos, térmicos o híbridos con un máximo subvencionable de tres kilovatios (kW) por vivienda.

La tercera línea de ayudas se destina a viviendas unifamiliares. Exige una reducción mínima del 60% en el consumo de energía primaria no renovable.

Beneficiarios y novedades

Pueden beneficiarse de estas subvenciones personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas unifamiliares o edificios colectivos, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las personas propietarias en situación de vulnerabilidad económica pueden percibir una ayuda complementaria de hasta el 100% del coste de la actuación que les sea imputable. El umbral de vulnerabilidad se determina según los ingresos de la unidad de convivencia respecto al IPREM.

También destaca el hecho de que en municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación la cuantía máxima y el porcentaje de ayuda aumentan un 20%.

A esto se añade que se reducen los requisitos de potencia fotovoltaica exigidos para acceder a las ayudas de la sublínea de energía solar, la obligación de presentar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación junto con la solicitud y la exigencia de que las viviendas constituyan domicilio habitual y permanente para poder acceder a las ayudas. 

La convocatoria establece tres condiciones fundamentales para poder acceder a las ayudas, que son que los edificios tienen que estar construidos antes de 2006, que los trabajos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud y que la inversión mínima tiene que ser de 200.000 euros.

Estas ayudas recibieron luz verde del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la semana pasada. Entonces, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, recordó que se trata de la segunda convocatoria en materia de rehabilitación con fondos FEDER y que el objetivo es poder rehabilitar más de 2.000 viviendas.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde este jueves por unanimidad al decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de los incendios forestales de este verano, sobre todo en la comarca de Las Hurdes, con medidas de recuperación y prevención y una dotación de 10 millones de euros.

El decreto no se tramitará como proyecto de ley tras la petición realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha contado sólo con el apoyo de Unidas por Extremadura, sino que el texto queda en su totalidad convalidado.

El decreto ley, que ya está en vigor, contempla ayudas para agricultores, ganaderos, apicultores, empresas del sector turístico, medidas tributarias y para las personas que perdieron sus viviendas o hayan tenido daños en las mismas, así como modificación de la Ley Agraria para mejor gestión de los montes.

Aunque la parte de Extremadura más afectada ha sido parte de la comarca de Las Hurdes, el decreto-ley es de aplicación en otras zonas como Grimaldo y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, y Jerez de los Caballeros y Montemolín, en la de Badajoz, con daños en explotaciones agrarias y ganaderas.

Agricultores y ganaderos

Para este sector, uno de los más golpeados, se aprobó una línea de ayuda dirigida al cultivo del cerezo, olivar, castaño y asociados, de 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente afectada, y una segunda línea por pérdida de ganado ovino, caprino, porcino y ovino de 700 euros por cabeza y de 100 euros por colmena.

Estas ayudas serán compatibles con las pólizas de seguro.

Turismo

Para este sector se aprobó un conjunto de ayudas directas y extraordinarias para empresas, como alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos de turismo y negocios de restauración, que van desde los 1.200 euros hasta los 3.000, que se multiplicarán por 2,5 en lugares que tuvieron que ser confinados o evacuados.

Además se pondría en marcha una línea de préstamos en condiciones preferentes de hasta 50.000 euros durante 5 años con el primer año de carencia.

Medidas tributarias

La Junta busca aliviar la carga que suponen los impuestos y tasas vinculadas a la actividad cinegética de cotos afectados, por lo que se bonifican al cien por ciento, y para las explotaciones ganaderas, desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2027, las explotaciones de estas zonas van a estar exentas del pago de determinadas tasas vinculadas a su actividad.

En concreto las referidas a servicios facultativos veterinarios, pruebas de sanidad animal y gestión y suministro de los identificadores para el ganado.

Ayudas para viviendas

El decreto incluye medidas para compensar los daños en viviendas, que en los casos más graves se fijan ayudas de hasta 132.000 euros y cuando se trate de reparación o rehabilitación se va cubrir hasta el 80 por ciento, con ese mismo limite, y para reponer el menaje doméstico de primera necesidad con ayudas que oscilan entre los 7.000 y 14.000.

Además, para las familias que hayan tenido que abandonar su vivienda se establece una línea de ayudas al alquiler de 300 euros al mes.

La Junta de Extremadura ha decidido duplicar la partida presupuestaria destinada a impulsar la adopción de la inteligencia artificial (IA) entre pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, elevando la dotación global de dos a cuatro millones de euros. La ampliación, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), responde al alud de peticiones registrado tras la apertura de la convocatoria, que superó las 500 solicitudes durante su primera jornada de inscripción.

El incremento de fondos servirá para financiar los expedientes que ya han sido tramitados y no implicará la apertura de un nuevo plazo de solicitud, según ha puntualizado la Junta. La medida forma parte de la estrategia de transformación digital articulada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para modernizar el tejido productivo autonómico y elevar los niveles de competitividad empresarial.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha celebrado la respuesta del sector privado, señalando que los datos demuestran la predisposición del empresariado local por actualizar sus procesos. “Más de 500 solicitudes son la señal de que las pymes y los autónomos extremeños quieren modernizarse, producir mejor y competir en mejores condiciones. La Junta responde duplicando el presupuesto”, ha aseverado.

Financiación del 85% e incentivos a la implantación

El programa subvenciona hasta el 85% del coste total de los proyectos tecnológicos, estableciendo un techo máximo de 100.000 euros por beneficiario. La convocatoria está abierta a pymes, autónomos y unidades económicas que dispongan de centro de trabajo en la comunidad autónoma.

Los fondos pueden aplicarse tanto a tareas de consultoría estratégica y capacitación del personal como a la compra de licencias, desarrollo de programas informáticos, suscripciones tecnológicas y contratación de servicios en la nube. Las soluciones subvencionables abarcan herramientas de automatización de procesos, sistemas para anticipar tendencias de demanda, módulos de detección de fallos de producción, canales avanzados de atención al cliente y plataformas de ciberseguridad para mitigar el fraude.

En el plano financiero, la administración regional abonará de forma anticipada el 60% de la cuantía concedida tras la resolución favorable, mientras que el 40% restante se liquidará una vez justificada la inversión realizada, todo ello sin requerir avales o garantías previas por el anticipo.

Crecimiento del sector tecnológico en la región

El fuerte interés por esta línea de incentivos coincide con una fase de dinamismo en el ámbito digital extremeño. Durante el año 2025, la creación de puestos de trabajo en el sector tecnológico regional creció a un ritmo ocho veces superior al promedio del mercado laboral general, rozando los 9.000 profesionales en activo.

Según los datos de la Junta, las actividades digitales concentraron el 17% de todo el empleo neto generado en Extremadura a lo largo del pasado ejercicio, ofreciendo salarios medios un 38,5% por encima de la media de los sectores económicos tradicionales. Desde 2024, la administración autonómica ha movilizado más de 20 millones de euros en programas dirigidos a mejorar la conectividad, la capacitación tecnológica y la competitividad de las empresas del territorio.

Finales de 2020: “No recibimos subvenciones, ni las queremos”, proclamaba la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib), uno de los lobbies ultraliberales que han proliferado en Madrid en la última década, denominado “libertario” y que suma decenas de miles de euros en contratos a dedo y subsidios.

Esta entidad la financian ultrarricos como el catedrático Jesús Huerta de Soto, gurú español del argentino Javier Milei. Apoyada por cargos del PP de Isabel Díaz Ayuso, pertenece a Atlas Network, fundada en Estados Unidos a principios de los ochenta, presente en más de 100 países y considerada una de las principales estructuras de apoyo global a la ola reaccionaria.

Fundalib pide recortar impuestos, impulsar la sanidad privada y la energía nuclear o la “liberalización general del suelo”. Y no hace ascos al dinero público, con un notable apoyo institucional en Madrid.

Desde 2022, se ha adjudicado al menos tres contratos menores (la figura con menos controles) de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria) y Alicante (PP) por 26.005,79 euros. El primero, de julio de 2022, tras sacar en portada en su revista (Avance) al alicantino Luis Barcala como “el alcalde de la libertad económica”. El último, el 14 de julio, un “estudio comparativo de datos económicos de Ciudad Real” (7.800 euros, la única oferta presentada).

Hay también alguna subvención: 3.000 euros del kit digital en 2025 y 7.500 euros de ayudas de la Junta de Castilla-La Mancha en 2024 para el empleo indefinido. Y es que la sede de Fundalib, según el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, es un pareado en Illescas (Toledo), aunque desde hace años dice que está en Madrid. La actual es un coworking en Gran Vía, 6. Justo encima de las oficinas que vendió hace unos días el Gobierno de Ayuso en la subasta en la que nadie pujó por el famoso ático en Chamberí comprado con 6,3 millones de dinero público.

No constan críticas a esa opaca operación en su X (antes Twitter), del secretario general de Fundalib, Juan Pina, que en esa red reparte estopa a Rusia, Milei o Donald Trump, al que tacha de “tiranuelo de república bananera”, “cerdo” o “sátrapa” [“No es Calígula, es mucho peor”], y pide una “huelga de caseros” al tiempo que carga contra la nueva regulación del alquiler y “la anciana esa”, en alusión a Maricarmen: “Deja de asfixiar a los arrendadores con normas y tributos salvajes”, decía este jueves en esa red.

En un escrito remitido a elDiario.es, Pina no ve “contradicción ideológica alguna” en recibir dinero público: Fundalib “no tiene asumida ninguna obligación estatutaria de no contratar con las administraciones públicas”, y no ha recibido subvenciones “relacionadas con el contenido de su actividad. Sí en algún caso alguna de apoyo a la contratación de personal”. “La inmensa mayoría de las aportaciones que recibe procede de otras fundaciones y entidades no lucrativas y de donantes privados”.

Pina y su esposa y presidenta de Fundalib, Roxana Nicula, fundaron en 2009 el Partido Libertario, formación marginal (en las últimas generales a las que concurrió, 2019, sacó 1.250 votos) a la que Huerta de Soto anunció su afiliación en 2011. La fundación ha recibido apoyo de Administraciones del PP y figuras como Javier Fernández-Lasquetty, patrono de otros lobbies ultraliberales como Civismo, que se unió en 2011 a Atlas Network.

En 2023, el entonces gurú económico de Ayuso fue portada de Avance. “Lasquetty ha cumplido”, decía Pina: “El balance económico de la Comunidad de Madrid, más allá de la percepción del propio Consejero, sólo puede considerarse excepcional. Madrid se ha convertido en el motor económico de España aplicando el sentido común”.

El ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre apadrinó durante años uno de los estudios más conocidos de Fundalib, su Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), cuya última edición se publicó el pasado miércoles, de nuevo con Madrid a la cabeza. Lasquetty lo presentó en rueda de prensa en 2020, lo promocionó en 2021 y 2022 y en 2023, ya ex consejero de Ayuso y a punto de anunciar su fichaje por la multimillonaria Alicia Koplowitz, al acudir a su puesta de largo en el Senado. Allí se presenta desde entonces el IACF, que el Gobierno madrileño usa de gancho ante inversores para colocar deuda.

Otra persona de confianza de Ayuso, Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones desde 2023 y exvicesecretaria de Comunicación del PP madrileño, fue portada de Avance en 2022. “Valor en alza en la política española”, decían de ella, “miembro del Consejo General de la Fundación”. Negro matiza que entre 2021 y 2023 estuvo en su “consejo asesor, una cosa honorífica”, “sin remuneración alguna”, y que ese órgano no se reunía. “A título personal” aporta a Fundalib “tres euros al mes”: “A veces” su revista es interesante.

Olimpiada paralela

Su ayuntamiento acogió en junio a los 50 mejores clasificados en unas Olimpiadas de Economía para estudiantes de secundaria de Fundalib y entidades como la universidad privada Schiller, sin relación con las que realiza desde 2008 la Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE), de 44 universidades públicas españolas. “Somos los únicos reconocidos por el Ministerio de Educación para participar en la Olimpiada Internacional”, explica el presidente de AOEE, Sergio Marí.

La anfitriona del evento fue la concejala de Hacienda de Torrelodones, Concha Pastor. La Dirección General de Economía e Industria de Ayuso fue “Patrocinador Oficial de la Delegación Madrileña”, según ese lobby. El Consistorio de Negro ve “completamente normal ceder el salón a distintas asociaciones o vecinos de la localidad para realizar actos o presentaciones o conferencias. Ello no conlleva absolutamente ninguna aportación económica y, por lo tanto, no genera ningún expediente administrativo”.

La web también de Fundalib incluía en su consejo a un alto cargo de Ayuso en activo, Eusebio González, director general de la Agencia madrileña de Vivienda Social y consejero de Planifica Madrid, compradora del famoso ático. Su nombre desapareció tras preguntar elDiario.es a la Consejería de Transportes, que asegura que el nombramiento no se formalizó.

El secretario general de Fundalib indica que las fundaciones suelen crear “comités, consejos y grupos asesores de diversa naturaleza” con afines, “siempre con carácter honorario y sin retribución”. Fundalib los ha tenido “a veces” pero “siempre sin formalizar documento alguno por tratarse de una presencia meramente simbólica y sin efectos prácticos. Más aún, no se han producido reuniones de tales comités o consejos porque, en nuestro caso, se había puesto a personas de muy diversos países”.

Pina ha borrado “personalmente” información de ese consejo porque eran “páginas obsoletas o incorrectas que podían inducir a errores”. A González “se le ofreció en su momento como a muchas otras personas y no recuerdo si llegó a incluírsele”. “Desde luego, no se formalizó ningún documento”. “Ni con él ni con nadie”.

El alto cargo de Ayuso y la entonces alcaldesa participaron en 2024 en un evento en Madrid de Atlas Network organizado por Fundalib, el Europe Liberty Forum. Avance aseguró que Negro seguía en su consejo, con Lasquetty pronunciando un “brindis por la Libertad”. Su “espléndido discurso”, según Fundalib, fue un “fuerte espaldarazo internacional y una auténtica puesta de largo ante los donantes, aliados y stakeholders de todo tipo”. “Se habrán disipado, si quedaban, las dudas que alguien pudiera tener sobre la magnitud y la relevancia del trabajo cotidiano de la Fundación, y sobre su reconocimiento en el competitivo sector de think tanks”.

El maestro de ceremonias fue Brad Lips, consejero delegado de Atlas Network, financiada por multinacionales tabaqueras, petroleras o del gas y que en el último lustro ha recibido más de 100 millones de euros en donaciones cuyo origen no aclaran sus cuentas.

Fundalib, que no publica su memoria, ingresó 269.709,83 euros en 2025, revela Pina. 40.022 euros vinieron de una fundación que creó recientemente Huerta de Soto, partidario de privatizar “hasta las calles”, dueño de la aseguradora España SA y con una inmobiliaria con herencia franquista que ha recibido subvenciones y tiene un letrero ilegal en Gran Vía (el Defensor del Pueblo exige retirarlo al Ayuntamiento de Madrid). Esa aportación es muy superior a los 7.500 euros que destinó el magnate al Instituto Juan de Mariana, otro lobby de Atlas Network que dirige un ex alto cargo de Lasquetty y fundó y preside el canario Gabriel Calzada, que lo usa en beneficio de sus empresas familiares, receptoras de importantes ayudas públicas.

Fundalib se creó en 1999, pero no se inscribió hasta septiembre de 2018. Su primer objetivo fundacional es “la difusión de la música y las artes, y en general, de la cultura y la libertad”. En plena pandemia, mientras decía renegar de subsidios, lanzó su campaña “La sanidad privada salva vidas” para “dar visibilidad” al sector y que alcance “todo su potencial” y llegó a anunciar una “Asociación para la Defensa de la Sanidad Privada en España”.

En abril la fundación pidió que médicos privados puedan emitir bajas y altas en un informe que firmó Rafael Caviedes, presentado como “fundador de MC2 Salud y MBA por IESE Universidad de Navarra” y expresidente de Isapres, fundación de aseguradoras privadas de salud chilenas.

En los últimos años, ha organizado eventos en Value School, proyecto educativo del conocido gestor Francisco García Paramés, donante de Civismo que ha prestado su sede al Juan de Mariana e impulsa esas “Olimpiadas de Economía”.

Si en Civismo (con un presidente que le carga gastos muy discutibles) son patronos multimillonarios como Juan Abelló o Helena Revoredo, dueña de Prosegur, en ese consejo “honorífico” de Fundalib que nunca se reunió han figurado autoproclamados liberales como el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós o el lobbista nuclear Manuel Fernández Ordóñez, pero carece de empresarios de relieve, al igual que el del Juan de Mariana.

El único nombre de cierta entidad, poco conocido, pero muy rico, es el magnate inmobiliario Ángel Soria. Una de las sedes que ha tenido Fundalib en la capital, en la calle Julián Camarillo, es de su empresa Torre Rioja, con activos de 510 millones en 2025 y multada hace años por Hacienda por deducirse facturas falsas emitidas por dos empresas vinculadas a casos de corrupción y fraude fiscal en Castilla y León. El dueño de Torre Rioja, que en 2021 acusaba al Gobierno de comprar periodistas y crear un “ambiente de terror” con las restricciones por la pandemia, es como Huerta de Soto un ultrarrico por herencia. Su padre, José Soria Velasco, ya era una de las 100 personas más ricas de España hace casi medio siglo.

El Gobierno central transfirió desde 2022 más de un centenar de millones de euros para que la Junta de Andalucía pusiese en marcha el Bono de Alquiler Joven, un programa del que se beneficiaron miles de menores de 35 años –la cifra no está formalmente cerrada todavía– pero que se convirtió en todo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz: se acumularon enormes retrasos en los pagos, lo que llevó incluso a que la Cámara de Cuentas fiscalizara lo ocurrido. Ahora, en pleno temporal social y político por la vivienda y pese a las críticas lanzadas en su momento a este programa, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha anunciado la puesta en marcha de unos incentivos que son un calco.

Lo ha hecho en su intervención en la sesión de control en el Parlamento en respuesta a la portavoz socialista, María Jesús Montero, subrayando que los beneficiarios podrán recibir hasta 6.000 euros (250 euros al mes durante un máximo de dos años), para lo que se destinarán 24 millones de euros que incluyen fondos estatales y autonómicos. Los aspirantes podrán destinar esta ayuda para el alquiler de una vivienda o habitación, y se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada.

Teniendo en cuenta la partida presupuestaria anunciada, los incentivos llegarán a un mínimo de 4.000 jóvenes en el caso de que éstos consigan el máximo de 24 meses consecutivos. La última convocatoria del Bono de Alquiler Joven se abrió en enero de este mismo 2026, al transferir el Estado 34,2 millones de euros adicionales que se sumaron a los 68,4 millones anteriores para ayudas repartidas en dos tandas desde 2022. El Gobierno andaluz cerró el plazo en junio al alcanzar las 15.000 solicitudes, cuya tramitación todavía no ha concluido.

Límites de renta

Los requisitos para aspirar a la convocatoria que se lanzará en 2027 son los vigentes hasta ahora: tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) al presentar la solicitud y contar con unos ingresos anuales marcados por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Así, si se trata de una persona sola, no deberá ganar más de tres veces el Iprem –21.600 euros anuales en 12 pagas, un sueldo de 1.800 euros–, tope que se eleva a cuatro veces el Iprem en el caso de una unidad familiar, es decir, unos ingresos de 2.400 euros mensuales.

Otras condiciones que también se mantienen es que la vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante, además de que debe existir contrato de arrendamiento o compromiso de formalizarlo. Los principales cambios vienen en cuanto a los límites de renta del alquiler, que para una vivienda completa serán entre 600 y 1.000 euros al mes en función de la localidad (hasta ahora el tope estaba en 900) y para una habitación oscilarán entre 300 y 600 euros mensuales, cuando en las anteriores convocatorias estaba en 380 como máximo.

El Bono de Alquiler Joven fue un programa lanzado por el Gobierno central en 2022, que ponía para ello los fondos mientras que las comunidades autónomas se encargaban de la tramitación. La Junta de Andalucía fue especialmente crítica con el sistema, al que puso todo tipo de pegas: exceso de burocracia, falta de una herramienta informática estatal, poco margen autonómico para modificaciones, tiempos de entrega de la financiación...

“Se ha hecho mal y tarde”

En su primera convocatoria, el Ejecutivo andaluz acumuló tal retraso en la concesión de las ayudas –muchos jóvenes recibieron el dinero hasta año y medio tarde– que hasta se constituyó una plataforma de perjudicados, algunos de los cuales acabaron llevando su caso ante los tribunales. “En eso nos hemos equivocado”, acabó admitiendo el presidente andaluz ante la dimensión que adquirió una cuestión que “se ha hecho mal y tarde”.

En la sesión parlamentaria de este jueves, la líder socialista, María Jesús Montero, ha apuntado con respecto al anuncio de Moreno que “cuando copia al Gobierno de España, acierta”. Eso sí, le ha recordado que “las ayudas al alquiler no sólo hay que presupuestarlas”, sino que “hay que ejecutarlas”, sentido en el que Andalucía fue “la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno” central.

El problema generado por la gestión de la Junta de estas ayudas llevó incluso a que la Cámara de Cuentas analizara lo ocurrido en un informe. Esta fiscalización afeó la falta de eficacia de la consejería e incluso problemas estructurales de planificación, denunciando aspectos como la baja ejecución de los fondos y, sobre todo, retrasos muy elevados en la resolución. Esta situación originó la presentación de 24 quejas ante el Defensor, 386 recursos de reposición y 94 sugerencias y reclamaciones.

Nuevas ayudas y herencias entre hermanos

Con vistas a esta nueva convocatoria, desde la Consejería de Vivienda se resalta que es una iniciativa que se une a los tres nuevos programas de ayudas ya anunciados para facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias numerosas. En concreto, están dirigidos a jóvenes de hasta 40 años, a familias numerosas y al alquiler con opción a compra para jóvenes, que permitirá descontar del precio final de adquisición el 100% de las rentas abonadas previamente. Cada una de estas convocatorias estará dotada con 25 millones de euros procedentes del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía.

Asimismo, el presidente andaluz ha anunciado este jueves que la Junta bonificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para heredar la vivienda familiar entre hermanos. Así, cuando una persona herede la vivienda familiar de su hermano y sea su hogar habitual, tendrá una bonificación del 99%.

La Consejería de Fomento ha publicado una orden por la que efectúa la convocatoria de las ayudas a la mejora de la accesibilidad en viviendas de Castilla-La Mancha, que podrán solicitarse desde este jueves, 1 de octubre, hasta el 30 de noviembre.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), podrán ser beneficiarias las personas propietarias de viviendas o edificios de viviendas; las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios; y las personas propietarias que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. En todo caso, las personas beneficiarias no deben ejercer actividad económica.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de ayudas es de siete millones de euros, dividida en cinco partidas presupuestarias, cuyas cuantías son estimativas podrán modificarse antes del agotamiento del crédito total.

Se consideran subvencionables las actuaciones para la mejora de la accesibilidad que mejoren el cumplimiento los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, siempre que se hubiesen iniciado desde el 1 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.

La cuantía de la ayuda será igual al 60% del coste subvencionable de la actuación, porcentaje que se incrementará hasta el 80% si en la vivienda o en el edificio de viviendas residiera una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

Viviendas unifamiliares y colectivas

En actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila la subvención máxima será de 12.500 euros por vivienda, llegando a 15.000 si residiera una persona con discapacidad y 18.000 si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

En actuaciones correspondientes edificios de viviendas de tipología residencial colectiva la ayuda podrá alcanzar los 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de superficie construida de uso comercial u otros usos compatibles será necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

Asimismo, se apunta que la subvención podría llegar a 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad y 18.000 si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Finalmente, en actuaciones en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, la ayuda alcanzará los 6.000 euros por vivienda, incrementándose a 15.000 euros por vivienda si residiera una persona con discapacidad y a 18.000 euros si residiera una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Los límites unitarios indicados serán incrementados en 3.000 euros más por vivienda, en edificios o viviendas declaradas bien de interés cultural, catalogados o que cuenten con algún nivel de protección en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

El Ayuntamiento de Cáceres tendrá que devolver 442.575,41 euros correspondientes a una subvención destinada a actuaciones de rehabilitación comercial en la ciudad. La cantidad incluye los 415.955 euros del principal de la ayuda y otros 26.620,41 euros en concepto de intereses.

La resolución de Alcaldía del 13 de agosto de 2026, difundida este viernes por el Grupo Municipal Unidas Podemos (UP), acuerda el reintegro total de la subvención y ordena el pago de ambas cantidades. Los fondos estaban destinados a financiar la instalación de un sistema de protección solar mediante toldos en la vía pública de la calle Gómez Becerra y distintas actuaciones en las fachadas de locales comerciales de las calles Moret, Paneras, Pintores y San Pedro.

UP ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que explique las circunstancias que han llevado al reintegro de la ayuda, así como la gestión realizada durante su tramitación y las medidas que se adoptaron para evitar la pérdida de los fondos.

La portavoz municipal de la formación, Consuelo López Balset, ha considerado “especialmente preocupante” la situación porque, además de perderse la financiación destinada a estas actuaciones, el Ayuntamiento tendrá que afrontar con recursos municipales los intereses derivados del reintegro.

“Cáceres no puede permitirse perder cientos de miles de euros de financiación pública”, ha señalado López Balset, quien ha defendido que esos recursos podrían haberse destinado a mejorar los servicios públicos, los barrios o el pequeño comercio.

UP pide responsabilidades políticas

La formación ha reclamado al Gobierno municipal que informe sobre las razones que han provocado el reintegro total de la subvención y ha pedido que se depuren “responsabilidades políticas” por la gestión de la ayuda. “La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se pierden 442.575 euros de dinero público”, ha afirmado la portavoz de UP.

La resolución de Alcaldía recoge además un informe favorable de la Intervención municipal y establece la exigencia de los correspondientes intereses de demora.

UP ha defendido que los fondos públicos deben gestionarse con “rigor y transparencia” y ha situado este caso como un ejemplo, a su juicio, de la necesidad de mejorar la gestión de las ayudas destinadas al comercio de la ciudad.

El Grupo Socialista ha denunciado este viernes que el decreto ley aprobado por la Junta de Extremadura para paliar las consecuencias de los incendios forestales de este verano contempla 1,35 millones de euros en ayudas, frente a los 10 millones anunciados por la presidenta María Guardiola tras el Consejo de Gobierno celebrado en Las Hurdes.

La diputada socialista María Curiel ha planteado esta cuestión durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, donde ha preguntado al Gobierno autonómico si considera suficiente la respuesta económica ofrecida ante los daños provocados por los incendios de este verano.

La comparecencia ha corrido a cargo de la directora general de Tributos, Fátima Pablo, quien ha limitado su respuesta a las medidas tributarias incluidas en el decreto ley aprobado el 1 de septiembre de 2026, al señalar que son las cuestiones sobre las que tiene competencias.

Pablo ha explicado además que la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social no ha ejercido la acción de gobierno en este decreto ni ha tenido o asumido una labor de coordinación en su elaboración.

Tras esta respuesta, Curiel ha mostrado su indignación y ha calificado la situación de “burla” a la Asamblea de Extremadura. La diputada socialista ha señalado que las medidas tributarias contempladas en el decreto suponen, según la memoria económica, una aportación de la Junta de apenas 20.000 euros.

El PSOE pregunta por los 8,65 millones restantes

Curiel ha contrapuesto esta cantidad y la cuantía de las ayudas recogidas en el decreto con los 10 millones de euros que Guardiola anunció para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales tras el Consejo de Gobierno celebrado en Las Hurdes.

Según la diputada socialista, el decreto ley publicado posteriormente contempla únicamente 1.350.000 euros en ayudas, por lo que ha preguntado públicamente “dónde están los 8.650.000 restantes”.

La parlamentaria del PSOE ha acusado al Gobierno extremeño de dedicarse a “vender humo” y ha señalado que, después del anuncio de los 10 millones de euros, la Junta habría comenzado a buscar los créditos presupuestarios necesarios para materializar esas ayudas.

“Parece que solamente encuentran 1.350.000 en los presupuestos”, ha criticado Curiel.

El decreto ley al que se ha referido la diputada socialista fue aprobado el 1 de septiembre y recoge medidas destinadas a paliar las consecuencias de los incendios registrados durante el verano en Extremadura. La comparecencia de este viernes en la Comisión de Hacienda se ha centrado específicamente en las medidas tributarias incluidas en esa norma.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), ha convocado doce nuevas becas para este próximo año 2027, en línea con el compromiso para mejorar la competitividad regional, situando el conocimiento y el talento en el centro de su crecimiento sostenible, tal y como contempla el Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028.

Las ayudas de internacionalización, cuyo objetivo es contar con una plantilla de jóvenes formados sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de internacionalización de las empresas riojanas, incluyen una beca más que el año pasado y tres novedades en los destinos: Budapest, Tokio y Nueva York. El presupuesto asciende a 262.520 euros.

“Los destinos se eligen en función de los mercados más interesantes para las empresas riojanas y según la disponibilidad de plazas en las distintas Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero (OFECOMES) donde se desarrollan las becas. Este año, tendremos presencia en cuatro continentes: África, Asia, América y Europa”, ha destacado el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren durante la presentación de las convocatorias.  

Por otro lado, en diseño de producto se busca “favorecer la incorporación al mundo laboral de cinco jóvenes graduados, pudiendo complementar la formación reglada que han recibido con una de carácter práctico; y, al mismo tiempo, facilitar a las empresas riojanas un recurso oportuno y eficaz, incorporando el diseño de producto a su estrategia empresarial”. Esta convocatoria está dotada con 100.000 euros.

En ambas líneas, que están cofinanciadas por el Programa FSE + de La Rioja 2021-2027, el proceso de selección de los becarios consta de dos fases eliminatorias: una primera relativa a la evaluación de la documentación aportada acreditativa de los méritos, y una segunda para aquéllos que superen la fase anterior, que consistirá en una entrevista personal.

Con el ánimo de facilitar el retorno de talento, estas nuevas convocatorias publicadas hoy en el BOR no requieren un empadronamiento previo a su publicación. El plazo de presentación de solicitudes, que se deben realizar en la sede electrónica de la ADER, permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre -14:00 horas-.

Formación avanzada

En el marco del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, dotado con 405,8 millones de euros, el Gobierno de La Rioja apuesta por la atracción, el retorno y la retención de profesionales, así como por una formación avanzada y tecnológica.

Con la publicación de estas nuevas dos convocatorias, el Ejecutivo regional continúa reforzando sus políticas de apoyo a la internacionalización como una de las palancas para mejorar la competitividad del tejido productivo riojano y potencia también la utilización del diseño de producto como elemento diferenciador y herramienta de competitividad empresarial. “Es vital que las empresas riojanas puedan contar con los mejores profesionales. Uno de los grandes objetivos de la ADER es captar y consolidar talento en nuestro ecosistema empresarial”, ha incidido Pérez Echeguren. 

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo implementa distintas iniciativas para atraer y retener talento en La Rioja, que se llevan a cabo desde la ADER y la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización. Además de las becas de Acción Exterior y Diseño, la ADER convoca el Cheque talento, que facilita la contratación de tecnólogos y directivos. La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización convoca ayudas predoctorales, posdoctorales y las destinadas a la realización de doctorados industriales.

Sólo 24 horas después de aprobar en Consejo de Gobierno ayudas por valor de siete millones de euros para los municipios granadinos afectados por los terremotos del pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía ha anunciado que el montante global se elevará a 46,2 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha detallado que este dinero se destinará a Granada capital, a los municipios de la provincia más dañados y al conjunto monumental de la Alhambra.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha desvelado la cifra tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños ocasionados por esta serie sísmica. “He venido a Granada a escuchar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los seísmos y a compartir con ellos las propuestas del Gobierno andaluz”, ha señalado, asegurando que si no ha visitado antes a la zona ha sido porque habría sido “solamente para hacerse la foto”.

Moreno ha detallado que los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra. Asimismo, ha remarcado que este plan “no viene solo” y ha reiterado la petición formal que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno de España para que se implique en la ayuda a Granada. “Tiene una herramienta extraordinaria: la declaración de zona gravemente afectada, por eso le hemos pedido que la active ya”, ha afirmado. La administración autonómica, ha añadido, “seguirá empleando todos los instrumentos a su alcance, como viene haciendo desde el primer día”.

Desglose de las ayudas

En cuanto al desglose de las ayudas, más de 10,2 millones de euros se destinarán a los daños registrados en centros de salud y otras infraestructuras sanitarias, y siete millones a los ayuntamientos para reparar infraestructuras municipales. Otro millón irá a los centros educativos, mientras que en materia de vivienda, ocho millones se destinarán a ayudas para garantizar la seguridad de los edificios (comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares), y reparación de viviendas que no cubran el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno.

A petición del Ayuntamiento de Granada, se va a llevar a cabo la cuarta fase del Área de Rehabilitación y Regeneración urbana Santa Adela en Granada. La Junta de Andalucía aportará 15,5 millones a través del nuevo Plan de Vivienda andaluz. La actuación contempla 12 nuevos edificios, que suman en total 150 viviendas. Más de 330.000 euros irán a reparar centros de servicios sociales, entre otros, nueve centros de Participación Activa y la residencia de Armilla. Otros 160.000 se destinarán a infraestructuras judiciales.

La Alhambra recibirá más de cuatro millones de euros. Moreno ha subrayado que en una situación como esta no se podía dejar atrás uno de los grandes monumentos y tesoros del patrimonio andaluz y mundial. Las actuaciones previstas pasan por asegurar, estabilizar y consolidar elementos en Comares, en la muralla oriental de la Alcazaba y en las Torres del Homenaje y Quebrada. La Junta priorizará además obras ya planificadas, como la conservación de las cubiertas de la Sala de las Dos Hermanas, para adecuar los proyectos a la situación generada por los seísmos con criterios de urgencia y relevancia histórica.

Cultura de la prevención

En su intervención, ha anunciado también un plan para el fomento de la cultura de la prevención ante los terremotos, con medidas básicas y nociones claras sobre cómo actuar y protegerse. “No se puede predecir un terremoto, pero sí podemos y debemos prepararnos”, ha resaltado, y es que al tratarse de una zona de alta actividad sísmica la Junta impulsará esa cultura en colaboración con todas las instituciones.

Moreno ha puesto en valor la generosidad y la fortaleza de los granadinos y la respuesta de los alcaldes, las alcaldesas y la Diputación, volcados desde el minuto uno en aportar soluciones. De igual modo, el presidente ha trasladado su cercanía a quienes han visto alterada su vida, su descanso, su organización familiar e incluso su salud mental durante estas semanas, y ha recordado la muerte causada por un accidente posterior en el barrio del Zaidín.

En cuanto a las críticas por tardar varias semanas en visitar la zona afectada, el presidente andaluz ha defendido su decisión de acudir cuando el Gobierno andaluz ha logrado articular recursos y soluciones para los afectados por los terremotos y no “solamente para hacerse la foto”. Asimismo, ha argumentado que en los primeros momentos de una emergencia “hay que dejar espacio a los técnicos”, que son los que tienen que estar en “primera línea”.

“Los políticos sobramos”

“Yo puedo venir a hacerme una foto el primer día, hay otros dirigentes que lo han hecho; que llegan el primer día de crisis, hacen una foto y ya no vuelven más, pero eso yo creo que es poco edificante para los ciudadanos”, ha sostenido tras las críticas que ha recibido en los últimos días por este asunto. “En la primera línea cuando hay una emergencia siempre tienen que estar los técnicos (...) hay que dejarles espacio. Los políticos sobramos. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso muchas veces me lo han dicho a mí. Me han dicho, presidente, hoy no es el día”, ha narrado.

Bajo esta premisa ha defendido que, políticamente, la emergencia ha estado cubierta “perfectamente” con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz –la mayor parte de solicitudes por daños se concentran en inmuebles–, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, que “ha estado aquí desde el minuto uno”.

Moreno ha recalcado que su intención ha sido venir cuando se articularan los recursos necesarios para los afectados, una tarea en la que se ha trabajado “contra reloj” en pleno mes de agosto “teniendo que sacar de sus vacaciones a secretarios generales, a directores generales, a jefes de servicios, para trabajar en una modificación de crédito”.

Aunque la semana pasada la Junta ya tenía el plan y se convocó una visita del presidente para presentarlo, Moreno explica que “lamentablemente” no pudo llegar porque se retrasó su vuelo y ha sido aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno. “Venimos con datos, con recursos, con una evaluación”, ha remarcado el presidente del Gobierno andaluz, opinando que es el modo en que deben de comportarse los dirigentes políticos aunque no sea “fácil” y no venir “solamente a hacer una foto”.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

Marcos Valsera nunca se rinde. A sus 14 años, este jiennense se ha convertido en el campeón de España de tenis de mesa más joven en la categoría para deportistas con síndrome de Down y ya tiene claro es su próximo objetivo: “Ser campeón del mundo”.

Lo dice con la confianza de quien ha crecido superando barreras. Con ocho años prácticamente no llegaba a la mesa. Hace tres se rompió la cadera y tuvo que pasar 40 días sin apoyar un pie en el suelo. Convive además con más de diez dioptrías en cada ojo, hipotiroidismo e hipotonía muscular. Pero Marcos insiste: “Mi frase es no me rindo”.

El problema es que su mayor rival no está en la pista. “Marcos compite en desventaja y no por tener un cromosoma de más”, sostiene su padre, Javier Valsera. Este verano tenía la oportunidad de hacer historia como el primer deportista español con síndrome de Down en disputar un Campeonato de Europa de tenis de mesa. Tras meses de gestiones por parte de su familia, consiguió la licencia internacional y fue convocado para representar a España. Sin embargo, al no contar con ayudas públicas que cubrieran los costes, la familia tuvo que renunciar.

“El talento no entiende de discapacidad, pero las oportunidades sí entienden de recursos”, resume su padre desde Jaén. Javier está convencido de que “el talento lo tenemos, solo necesitamos apoyo para que siga creciendo”. Esa es la otra cara de esta historia. La de una familia que no quiere ponerle límites a su hijo, pero que se encuentra con que seguir avanzando no depende únicamente de su esfuerzo.

Un reto que traspasa el deporte

Cuando Marcos empezó a jugar, sus padres no imaginaban hasta dónde podría llegar ni que la mayor dificultad que se iban a encontrar durante el camino sería el dinero. El tenis de mesa empezó casi como una extensión de su vida familiar. Sus padres estaban vinculados al club y Marcos comenzó a asomarse a los entrenamientos. Pronto descubrió allí algo más que una mesa, una pala y una pelota: le gustaba competir, entrenar y, sobre todo, “estar con la gente”.

Desde sus inicios, destacó por su alto nivel de coordinación. Pese a las limitaciones físicas con las que convive, demostraba una capacidad de movimiento y de reacción que podía marcar la diferencia frente a otros jugadores. Hace tres años empezó a tomarse en serio los entrenamientos, alentado por los ánimos de su entorno. La evolución fue rápida, aunque no estuvo exenta de obstáculos. A los pocos meses se rompió la cadera, pero la lesión no frenó su progresión.

Pronto empezó a competir y los resultados confirmaron lo que ya intuían quienes lo habían acompañado durante los entrenamientos. En 2024, con solo 12 años, terminó quinto de España. Un año después se subió al podio como tercero. Y este 2026 empezó el verano proclamándose campeón en un campeonato absoluto en el que se enfrenta a jugadores de todas las edades.

A lo largo de ese camino también apareció una de sus principales virtudes: “la resiliencia” que destaca su hermano mayor Samuel: “Tiene talento, pero lo mejor es esa capacidad de no rendirse y esa energía que le lleva a poder estar horas jugando al tenis de mesa”, asegura. A ello se le suma que tiene “mucho amor propio”, como añade su padre, quien recuerda que ha ganado algunos partidos después de llegar al quinto set, en un deporte en el que la concentración y la gestión de la frustración pueden ser tan determinantes como la técnica.

De hecho Marcos no solo ha trabajado el saque o el revés, sino que ha tenido que aprender a perder, a esperar, a gestionar sus emociones y a seguir intentándolo cuando las cosas no salen como le gustaría. Y ahí es donde el tenis de mesa empieza a trascender el terreno de juego. Para su familia, el deporte ha supuesto un impulso enorme para su autoestima, su capacidad de concentración y sus habilidades sociales. También le ha permitido viajar, relacionarse y enfrentarse a retos que, fuera de la pista, tienen la misma importancia que cualquier trofeo.

Eso es lo que muestran sus redes sociales, gestionadas por sus padres, donde junto a sus medallas y logros deportivos comparte pequeñas conquistas cotidianas como aprender a atarse los cordones. “Necesitamos que la sociedad los entienda y vea que las personas como él también pueden, sin visibilidad no se pueden cambiar las cosas ni conseguir avances”, defiende su padre en nombre de toda la familia, que es también un equipo.

Siguiente objetivo: ampliar el equipo

Para Marcos y su familia el Campeonato de España no era una meta, sino el punto de partida. El siguiente objetivo pasa por cruzar la frontera, pero también por abrir un camino que hasta ahora prácticamente no existe para los jugadores con síndrome de Down en el tenis de mesa español. “Nosotros como padres podríamos conformarnos ya, pero vemos los beneficios que tiene para él y queremos que siga creciendo en este deporte mientras la salud se lo permita, ¿por qué tenemos que ser nosotros quienes le pongamos límites?”, se pregunta Javier.

De ahí que se pusieran en marcha para gestionar los trámites con distintas federaciones y conseguir que Marcos representara por primera vez a España en el Campeonato de Europa, celebrado este verano en Polonia. Aunque lograron la licencia, el coste económico hizo imposible el viaje. “El problema es que no existe categoría paralímpica para síndrome de Down en tenis de Mesa y Marcos no recibe ayudas del Estado, mientras que otros países como Portugal, Francia, Inglaterra o Polonia sí ayudan a sus deportistas con síndrome de Down”, explica su padre.

El resultado es que este joven jiennense —pese a ser Campeón de España y a tener la pasión y el nivel necesarios para dar el salto internacional— “se queda fuera de esos campeonatos por falta de recursos”. Y eso “da mucha rabia”, como expresa el padre de la familia Valsera Cobos. “Las instituciones, la estructura del mundo, agotan porque no encuentras facilidades y al final todo se reduce al dinero”, reconoce Javier con la mirada empañada de impotencia.

“Es triste porque la andadura es ilusionante, pero a la vez frustrante y más allá de las dificultades que tiene Marcos, al final el mayor hándicap que encontramos es el dinero”, apostilla. Pero si algo han aprendido de Marcos es precisamente a no rendirse. Y esa actitud, reconoce su hermano, acaba contagiándose al resto. “Ante las dificultades, hay que luchar, y si lo haces en equipo es mejor”, reflexiona Samuel, que siempre acompaña a su hermano en los partidos.

Ese equipo en su familia ya existe. Ahora necesitan ampliarlo. Para ello buscan patrocinadores y han lanzado un crowdfunding con el que poder afrontar las próximas competiciones internacionales, con la mirada puesta en el Campeonato de Europa y el Mundial en Egipto de 2027. En el fondo, no se trata únicamente de financiar un viaje: quieren sostener un proyecto deportivo que lleva tres años creciendo y que aspira a seguir abriendo camino.

Ya como deportista de alto rendimiento reconocido por la Junta de Andalucía, Marcos sigue entrenando tres días a la semana para acercarse a su sueño de ser campeón del mundo. Mientras tanto, su familia seguirá haciendo lo que ha hecho desde que empezó esta aventura: acompañarlo, porque no están dispuestos a detenerse. “Vamos a pelearlo todo lo que podamos y no nos vamos a cansar porque en esta casa somos peleones”, garantiza Javier. Y, si quedaba alguna duda, Marcos tiene clara la respuesta: “Yo nunca me rindo”.

Durante el pasado agosto han coincidido en Navarra la grabación de al menos cuatro producciones audiovisuales de forma simultánea: Odio al Verano 2, Narcopiso, Enredados (Disney) e Iruña 1997. Los vecinos del Casco Viejo de Pamplona pudieron disfrutar durante unos días de finales de agosto de un viaje en el tiempo por la grabación de este último proyecto, aunque también expresan quejas por los gritos de los figurantes de madrugada en la zona de la Casa Consistorial. Entre junio y septiembre de este año “14 producciones han elegido localizaciones de Navarra para sus proyectos”, según trasladan desde NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio). Sin embargo, hay opiniones dentro de la industria que lo consideran un “overbooking” que deriva en la explotación de espacios habitados. Según una trabajadora navarra del sector audiovisual, “se está forzando la máquina”. “Llegan, arrasan con todo y les da igual”, declara.

En 2024 el Gobierno de Navarra se propuso “una estrategia para apoyar e impulsar la industria audiovisual”, afirman desde el mismo Gabinete Cultura, Deporte y Turismo, que, junto con el Departamento de Economía y Hacienda, aprobaron “un incentivo” para poder ser “más competitivos con respecto a otras comunidades”. “Queremos promover y consolidar a la región como un territorio de referencia y polo de atracción para la industria cinematográfica y audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional”, trasladan desde el departamento dirigido por Rebeca Esnaola.

Los planes que impulsaron desde el Ejecutivo foral se amplían más allá de “atraer rodajes”, pretendiendo poner el foco a medio plazo en poder “lograr un tejido en el sector audiovisual que complete toda la cadena de valor de la industria audiovisual, desde la educativa hasta la profesional”, explican desde Cultura. Esta actividad se prevé que genere “empleo y beneficios para la economía”, además de exportar la “Marca Navarra” al mostrar en “la gran pantalla” los “paisajes y patrimonio” de la Comunidad Foral.

Las ayudas fiscales aprobadas en enero de 2025 al sector audiovisual, con mejoras del incentivo fiscal de hasta un 50% (llegando al 85% en determinados proyectos) y que afectaron con carácter retroactivo a los proyectos que se desarrollaron desde el 1 de enero de 2024, ha generado un boom de rodajes en Navarra. Según los datos de Navarra Film Industry en 2024 y 2025 en la comunidad foral se filmaron 374 proyectos.

“Lo que hacen las productoras, muchas veces de fuera de Navarra y que [en general casi] siempre son deficitarias, es venir aquí, rodar, hacer una AIE (una agrupación de interés económico) con inversores o con productoras de Navarra, y con eso generan las deducciones que se las venden a inversores con una rentabilidad del 20%”, cuenta Ana, nombre ficticio (pues prefiere mantener el anonimato), que forma parte de uno de los proyectos que se ha estado llevando a cabo en Pamplona a finales de agosto. Este margen del 20% está expresamente contemplado en la normativa navarra que regula el incentivo.

De esta forma, las ayudas fiscales se materializan de una forma muy sencilla. La productora recibe financiación de una empresa o inversor y, a cambio, este puede beneficiarse de la deducción fiscal generada por la película. Por ejemplo, si aporta 416.000 € y obtiene una deducción de 500.000 €, logra un ahorro fiscal de 84.000 €. De este modo, la productora consigue financiación que no tiene que devolver como un préstamo y el inversor obtiene un beneficio fiscal, incentivando que las empresas destinen recursos a financiar la industria audiovisual. Porque en la práctica en vez de pagar 500.000 en impuestos, paga 416.000 a una productora, ahorrándose la diferencia.

Puesto que la ayuda fiscal en Navarra parte del 45% y puede llegar al 85% (dependiendo en el tipo de obra y determinados requisitos), Ana afirma que “al final las productoras se cocinan mucho el incentivo”, creándose lagunas e ingenierías fiscales que no se controlan en un sector en que cada proyecto tiene un coste medio, solo de producción, de alrededor de 3,1 millones de euros, según el Instituto de Gestión Cultural y Artística en España. En sus palabras, ocurre con los empleados, que figura su actividad como realizada en Navarra, “pero luego se hace fuera” y otros aspectos. “Hay proveedores que te facturan cosas [como si fueran de origen navarro] que luego son de fuera, así muchas otras”. “Nadie te hace una auditoria”, expresa. Aunque en la normativa se plasma un procedimiento bastante exhaustivo de prevalidación, postvalidación e informe de memoria a cargo, según indican desde Cultura, de “una unidad específica en la Dirección de Cultura que se dedica a ello junto con Hacienda”.

Todos estos movimientos se enmarcan en los propios requisitos económico-territoriales establecidos por el Gobierno de Navarra. Para calcular la deducción sobre toda la inversión, al menos el 40% del gasto debe realizarse en Navarra, tal y como se establece en la Guía de Incentivo de 2026 publicada por Gobierno navarro. Si no se alcanza ese porcentaje, la base de deducción se reduce proporcionalmente. Por ejemplo, en una producción de 1 millón de euros, gastar 400.000 € en Navarra permite calcular la deducción sobre el millón completo; si solo se gastan 200.000 €, la base baja a 500.000 € y la deducción general del 45 % sería de 225.000 €.

De esta forma, las productoras y sus inversoras intentan aprovechar los incentivos fiscales al máximo, incluso de otras comunidades (como País Vasco y Canarias, que también gozan de ayudas fiscales a la industria audiovisual). “Hay una serie que se ha estado grabando esta semana” ambientada en Pamplona, pero “han grabado solo los exteriores y ahora se van a Bilbao” porque la deducción fiscal “es todavía más grande”, afirma Ana, que dice saberlo por una amiga que trabaja en esa producción. En Vizcaya, si se cumplen ciertas condiciones, la deducción llega al 70%. Según dice, esa misma empresa se ha traído el servicio de catering de Madrid, por lo que en la ciudad dejan “poco en comida”, a pesar de que dentro de considerado “gasto en territorio navarro” entra el consumo en “hostelería y restauración en establecimientos navarros”.

La entrada de grandes inversiones, según Ana, hace que las productoras locales también tengan dificultades para desarrollarse. “No todos tienen el dinero de Netflix, HBO o Amazon Prime. Hay producciones mucho más pequeñas y artesanales para las que es muy difícil conseguir igualar los sueldos que pagan las grandes plataformas” causados por el aumento de la demanda, explica. “Hay técnicos que llevan trabajando seis meses, seis meses de experiencia laboral, y te dicen: 'Yo por menos de 300 euros al día no me levanto de la cama'”, afirma a partir de su experiencia.

Aparte de la burbuja que se ha creado, que considera que en algún momento “explotará”, también señala la laxitud con la que se trata a las productoras. “No es normal que se den permisos de rodaje nocturnos en la plaza del Ayuntamiento con cientos de figurantes gritando, no se ha respetado el descanso de los vecinos”, cuenta conocedora de la actividad nocturna de los enclaves del Casco Antiguo de la capital navarra. “Los cortes de peatones intermitentes tienen un permiso máximo de tres minutos habitualmente y hacían cortes de 20 minutos, que no podías acceder porque estaba balizando porque estaban tirando piedras. Han usado salas municipales que, en principio, solo son para asociaciones y, aunque han pagado bastante viruta, han entrado para producir. Se les deja todo”, añade.

“Para el cine es bueno, pero no estable”, considera la trabajadora sobre el asentamiento de las productoras en Navarra. “Ahora hay cuatro o cinco producciones a la vez y luego puede no haber trabajo. La industria del cine es inestable de por sí. Tú puedes currar de repente tres meses y levantarte 3.000 euros al mes y luego no hacer nada cinco meses”, por lo que la creación de industria no es del todo real.

Tampoco considera que se haga un fomento real de la comunidad foral a pesar de que también sea obligatorio la aparición de Navarra en los créditos, puesto que en los espacios que se graba “muchas veces falsean con que es otro sitio”. “Así que ya ves”, concluye tras un soplido.

La Junta de Extremadura ha dado luz verde este martes a un decreto ley de medidas urgentes dotado con 10 millones de euros para reparar los daños provocados por los incendios forestales de este verano. La iniciativa, orientada tanto a la reconstrucción como a la prevención de futuros fuegos, se ha formalizado tras la reunión del consejo de gobierno celebrada de forma extraordinaria en la alquería de Vegas de Coria, perteneciente al municipio de Nuñomoral.

La elección de este enclave responde a un gesto de respaldo institucional a la comarca de Las Hurdes, la zona más castigada por la ola de incendios tras registrar 3.700 hectáreas calcinadas y la evacuación de un millar de vecinos en 12 alquerías. La norma entrará en vigor de manera inmediata, aunque deberá convalidarse en la Asamblea de Extremadura en el plazo de un mes. También incluirá una modificación puntual de la Ley Agraria regional para agilizar y mejorar la gestión de los montes.

Aunque la mayor severidad de los daños se ha concentrado en el norte cacereño, el Ejecutivo autonómico ha precisado que las coberturas económicas del decreto ley tendrán carácter regional para auxiliar a todas las zonas rurales golpeadas este verano. De este modo, los incentivos y compensaciones se extenderán también a explotaciones y municipios afectados como Grimaldo y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, junto a Jerez de los Caballeros y Montemolín, en la provincia de Badajoz.

Para el sector primario, calificado por la presidenta autonómica, María Guardiola, como uno de los más castigados por el fuego, se ha diseñado una línea especial de apoyo financiero compatible en todo momento con la percepción de indemnizaciones procedentes de las pólizas de seguro. En el ámbito agrícola, las explotaciones de cultivos permanentes como el cerezo, el olivar, el castaño y sus cultivos asociados percibirán ayudas directas de 3.000 euros por hectárea dañada. En el ámbito ganadero y apícola, el decreto fijará indemnizaciones de 700 euros por cada cabeza de ganado perdida (aplicable a especies de vacino, porcino, caprino y ovino) y de 100 euros por cada colmena destruida.

Junto a la inyección económica directa, la norma contempla un importante bloque de alivio fiscal diseñado para aliviar los costes operativos de las explotaciones a medio plazo. En concreto, desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2027, las explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios afectados estarán totalmente exentas del pago de las tasas autonómicas vinculadas a la prestación de servicios veterinarios facultativos, la realización de pruebas de sanidad animal y los trámites de gestión y suministro de los identificadores para el ganado. Asimismo, se bonificará al 100% el pago de impuestos y tasas vinculadas a la actividad cinegética en aquellos cotos de caza que hayan sufrido el impacto de los incendios.

Ayudas por la pérdida de la vivienda habitual

En lo relativo a los daños patrimoniales y residenciales, las ayudas compensatorias por pérdida total de la vivienda habitual alcanzarán un tope máximo de 132.000 euros. Para los casos en los que los inmuebles hayan sufrido desperfectos que requieran rehabilitación o reparación, la Junta cubrirá hasta el 80% del coste total de las obras, manteniendo ese mismo límite máximo de 132.000 euros.

A estas partidas se suma una línea específica para la reposición de menaje doméstico y enseres de primera necesidad, con asignaciones que oscilarán entre los 7.000 y los 14.000 euros por hogar, además de una prestación directa al alquiler de 300 euros mensuales destinada a aquellas familias que se hayan visto obligadas a abandonar temporalmente su residencia habitual.

Por último, el sector turístico dispondrá de un paquete de ayudas directas extraordinarias para compensar el impacto económico causado por los desalojos y las cancelaciones en plena campaña estival. Estas subvenciones beneficiarán a alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos turísticos y establecimientos de restauración, con cuantías que irán de los 1.200 a los 3.000 euros.

En aquellos municipios o alquerías que sufrieron confinamientos o evacuaciones obligatorias, estos importes se multiplicarán por 2,5. Adicionalmente, se abrirá una línea de préstamos en condiciones preferentes de hasta 50.000 euros a cinco años, con un primer año de carencia.

Durante su comparecencia, la presidenta extremeña ha recordado que el 92% de las 50.000 hectáreas de superficie de Las Hurdes no ha sufrido daños y permanece intacta, por lo que ha hecho un llamamiento a reactivar la llegada de visitantes a la zona.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en Guadalajara abre el plazo para que los ganaderos de explotaciones extensivas y semiextensivas de bovino de la provincia soliciten la nueva convocatoria de ayudas de la Diputación para adquirir collares con función de “vallado virtual”.

La convocatoria de ayudas fue aprobada en Junta de Gobierno el pasado 14 de julio, pero el inicio dos días después del incendio que afectó a la Sierra Norte motivó que la Diputación decidiese retrasar su publicación. Con este retraso se ha buscado facilitar que los ganaderos puedan presentar sus solicitudes tras haber atendido necesidades más urgentes y otros problemas derivados del incendio.

La Diputación realiza esta convocatoria de subvenciones por segundo año consecutivo, dotándola con un crédito presupuestario de 300.000 euros.

Los collares con función de “vallado virtual” son dispositivos que, colocados en los animales, permiten determinar su ubicación desde un dispositivo móvil, definir recintos de pastoreo y controlar los movimientos del rebaño sin necesidad de instalar cercados físicos.

Esta línea de ayudas fue puesta en marcha por el equipo de Gobierno de José Luis Vega en el año 2025 con la finalidad fundamental de dotar a los titulares de explotaciones de ganado bovino de una herramienta que les permita realizar actuaciones preventivas para proteger a los animales frente a posibles ataques de lobos, pero también se ha demostrado su utilidad para agrupar y poner a salvo a los animales ante emergencias como el gran incendio forestal que afectó a la Sierra Norte el pasado mes de julio.

Requisitos y condiciones para la obtención de ayudas

Los beneficiarios que pueden optar a estas subvenciones son los titulares de explotaciones ganaderas de animales de especie bovina y de régimen extensivo o semiextensivo localizadas en la provincia de Guadalajara. Las explotaciones deben estar inscritas en el Registro General de Explotaciones (REGA) a la fecha de publicación de la convocatoria.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva hasta agotar el crédito de 300.000 euros, financiándose hasta el 80% del coste total de la adquisición de collares virtuales, con un máximo de 270 euros por collar (IVA excluido). El periodo de adquisición de collares subvencionable es todo el año 2026, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los ganaderos es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria de subvenciones en el BOP.

En la primera convocatoria de esta línea de ayudas, en el año 2025, se beneficiaron de ellas 18 explotaciones de ganado vacuno de la provincia.

Primavera de 2021. Con la pandemia todavía golpeando a la economía y miles de negocios intentando sobrevivir a meses de cierres y restricciones, llega el ansiado momento de pelear los millones de euros movilizados en ayudas. Sobre el papel, las reglas parecen claras: los solicitantes deben haber desarrollado la actividad durante un periodo determinado, acreditar que han sufrido una caída de ingresos y cumplir una serie de requisitos fiscales. En la práctica, comienza a aflorar otra disputa: empresas que intentan que los cálculos jueguen a su favor, exprimiendo para ello la letra pequeña y ensanchando la factura de sus pérdidas para elevar la cuantía a percibir, como en el caso de un gran grupo empresarial que llegaría a reclamar más de 30 millones de euros frente a los 564.106 que le reconoció la Administración.

Mientras los empresarios se organizan y salen a la calle, en los balcones de las zonas más turísticas aparecen carteles de 'SOS Turismo' acompañados de un lema que resume sus demandas: “Más ayudas, menos impuestos”. Más de 700 entidades y particulares se suman a una campaña que reclama un salvavidas público para un sector prácticamente paralizado. La consigna, sin embargo, alimenta una incómoda paradoja: ¿cómo se pueden reclamar más ayudas públicas mientras se exige una menor contribución para sostenerlas?

Pero en Balears la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él? Las cifras hablan por sí solas: en 2020, las islas reciben unos tres millones de turistas frente a los más de 16,4 millones del año anterior. El hundimiento se hace extremo durante los meses centrales de la temporada: en junio llegan 58.256 visitantes, un 97,6% menos que un año antes, y en agosto, el mejor mes del verano, recalan 884.524, un 67,5% todavía por debajo de agosto de 2019. El desplome de la actividad se traslada también al consumo: el gasto turístico retrocede un 73,2% en agosto y un 89,6% en septiembre.

En Balears, la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él?

Se abre así un intenso debate sobre la necesidad de diversificar la economía, reducir la dependencia turística y avanzar hacia un modelo más resiliente. Mientras se discute el futuro -las instituciones hablando de transformación y los colectivos sociales, de caminar hacia el decrecimiento, un debate que lleva años sobre la mesa-, las empresas necesitan resolver el presente: cuánto han perdido, cuánto pueden reclamar y hasta dónde pueden llegar las ayudas públicas para mantenerse a flote.

Es en ese terreno donde, más allá de las calles y los balcones, se inicia la pelea por cada euro de las ayudas COVID. Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), consultadas por elDiario.es, permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban. Detrás de cada pleito hay una misma disputa: hasta dónde podían estirarse las reglas aprobadas en plena emergencia para encajar determinadas situaciones empresariales y quién tenía realmente derecho a cobrar. Las resoluciones judiciales han ido fijando esos límites y cerrando algunas de las vías utilizadas por quienes acudieron a los tribunales en busca de una mayor ayuda.

Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban

La letra pequeña que podía valer millones

Uno de los casos más llamativos por la cantidad en juego lleva hasta Roxa S.L., cabecera de uno de los grandes grupos empresariales de las islas, Grupo Roxa. Fundado en 1942 y con intereses en dos de los sectores más relevantes de la economía balear, la automoción y el turismo, en 2024 cifró su facturación conjunta en unos 220 millones de euros, tal como se desprende de su propia web. Durante la pandemia, la compañía llegó a reclamar 30,85 millones de euros de la Línea COVID. La Administración, sin embargo, acabó reconociéndole 564.106 tras certificar una caída del volumen de operaciones del 31,05%. La empresa acudió a los tribunales porque consideraba que el cálculo debía incluir también a seis sociedades que se habían incorporado al grupo durante 2020. La máxima instancia judicial de Balears rechazó su interpretación y confirmó la cuantía concedida.

La diferencia no era menor. Entre los 564.106 euros reconocidos por la Administración y los 30,85 millones que pretendía obtener el grupo mediaba una distancia de más de 30 millones de euros. La controversia acabó reducida a una cuestión aparentemente técnica -qué sociedades podían considerarse integrantes del grupo a efectos del cálculo-, pero con un impacto económico enorme. La Sala entendió que admitir las seis incorporaciones de 2020 habría alterado el criterio establecido por la normativa estatal y, con ello, la comparación entre los ejercicios que servía para determinar la caída de actividad.

El caso muestra cómo, en la carrera por las ayudas, la letra pequeña podía valer millones. En total, el grupo estaba formado por 28 sociedades en 2020, seis de ellas incorporadas ese mismo año. La empresa defendía que no tenía sentido dejarlas fuera cuando se calculaba la caída de facturación y, sin embargo, tenerlas en cuenta para otros aspectos del reparto. Pero el TSJIB cerró esa vía: para medir la caída de ingresos solo podían entrar en el cálculo las sociedades que hubieran formado parte del grupo en los dos ejercicios de referencia, 2019 y 2020.

Una doctrina nacida en tiempos de guerra

La pandemia también abrió otro frente: el de las empresas que intentaron reducir el impacto económico de la COVID sobre sus contratos. Es el caso del hotel El Corsario, en Eivissa, gestionado por la sociedad La Torre del Canónigo S.L., que reclamó que se le devolviera el 50% de las rentas de 2020 y 2021, por un total de 159.120 euros, invocando la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permite revisar las condiciones de un contrato cuando circunstancias extraordinarias e imprevisibles alteran de forma grave el equilibrio económico entre las partes. La empresa defendía que la pandemia había hecho inviable la explotación del establecimiento.

La fórmula a la que recurrió la hotelera tiene, sin embargo, una historia mucho más antigua. La rebus sic stantibus cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra. En una sentencia de 1945, por ejemplo, el Tribunal Supremo abordó un contrato de arrendamiento de una fábrica celebrado en 1929, antes del conflicto bélico, cuyo cumplimiento se había visto afectado por las circunstancias sobrevenidas. Con el tiempo, la doctrina quedó configurada como una vía excepcional para revisar las condiciones de un contrato cuando un cambio extraordinario e imprevisible altera gravemente el equilibrio entre las partes.

La doctrina 'rebus sic stantibus' cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra

Ocho décadas después, la pandemia volvió a poner esa vieja doctrina sobre la mesa. Pero en el caso de El Corsario había un problema añadido: las obras del propio hotel. La Audiencia Provincial de Balears constató que los trabajos habían impedido la explotación del establecimiento hasta agosto de 2020, pese a que los hoteles ya podían reabrir con restricciones desde mayo. El tribunal consideró imposible determinar qué parte de las pérdidas obedecía realmente a la pandemia y cuál a las obras.

La reclamación acabó siendo desestimada. La Audiencia añadió que el hotel había facturado 994.121 euros en 2021 y 1.369.925 euros en 2022, y que la empresa había continuado pagando las rentas, elementos que, a juicio del tribunal, debilitaban la tesis de que la pandemia hubiera frustrado el contrato.

Un hotel nuevo en el mismo hotel

En otros casos, la batalla se centró en determinar quién podía acceder a las ayudas y por qué cuantía. Es el caso de Foners Rooms S.L., la sociedad que explotaba el Hotel Foners, situado en Playa de Palma. Constituida en noviembre de 2019 por los mismos hermanos que hasta entonces gestionaban el establecimiento a través de una comunidad de bienes, la nueva mercantil firmó apenas un mes después un contrato para hacerse cargo de la explotación del hotel durante 15 años. En junio de 2021 solicitó 350.459 euros de ayudas COVID, pero el Govern solo le reconoció 4.000 euros al considerar que se trataba de una empresa de nueva creación.

La mercantil defendió que no había nacido un negocio nuevo, sino que se había producido una auténtica sucesión empresarial: mismo hotel, mismos propietarios y continuidad de la actividad. El TSJIB no lo aceptó. Los magistrados consideran que una comunidad de bienes y una sociedad limitada son sujetos jurídicos diferentes y que el hecho de que los mismos propietarios estuvieran detrás de ambas no convierte automáticamente a la segunda en sucesora de la primera. El resultado fue mantener los 4.000 euros.

Una cuestión similar se produjo en el caso relativo a una 'Osteria' de Alcúdia. El restaurante había sido explotado anteriormente por una persona física y, posteriormente, pasó a una sociedad cuyo administrador y socio mayoritario era ese mismo empresario. La mercantil reclamaba 210.052 euros frente a los 4.000 concedidos por el Ejecutivo autonómico. La Sala concluyó que realizar la misma actividad, en el mismo local y con las mismas personas no bastaba para acreditar una sucesión empresarial.

El tribunal zanja la cuestión con una conclusión clara: aunque la persona física sea posteriormente administrador y socio mayoritario de la sociedad, ambos tienen personalidad y patrimonio separados. Por eso la nueva mercantil seguía siendo una empresa de nueva creación y no podía utilizar la facturación del negocio anterior para calcular la caída exigida por las ayudas.

La sociedad que quiso heredar un negocio anterior

Otro litigio lleva esta estrategia todavía más lejos. Una sociedad constituida en febrero de 2021 intentó que se reconociera como continuación de una comunidad de bienes creada años antes. Reclamaba 74.000 euros de ayudas y sostenía que la comunidad debía considerarse una sociedad civil irregular y que, por tanto, la nueva mercantil no podía ser considerada una empresa creada después de la fecha límite.

El TSJIB rechazó el planteamiento. Aunque una comunidad de bienes que desarrolla una actividad empresarial pueda ser asimilada en determinados ámbitos a una sociedad irregular, esa consideración no permite convertirla jurídicamente en una sociedad limitada a efectos de obtener una subvención. La sentencia es tajante: la irregularidad de la comunidad de bienes no puede invocarse para obtener un beneficio económico de los poderes públicos. Al haber nacido la nueva sociedad después del 31 de marzo de 2020, no podía ser beneficiaria de la ayuda.

Cuando una partida podía cambiar miles de euros

Otra batalla se libró en las cuentas. Un empresario recibió 24.623 euros, pero reclamó una cantidad superior después de sostener que Hacienda estaba incluyendo en el volumen de operaciones una partida de 22.105 euros correspondiente a la variación de existencias. Si se eliminaba esa partida, defendía, la caída de facturación pasaba a ser del 34,5% y la ayuda podía elevarse hasta 46.875,80 euros, según sus cálculos. El Tribunal Superior rechazó la interpretación y consideró que la convocatoria obligaba a utilizar los ingresos íntegros fiscalmente computables, incluida la variación de existencias.

Otro empresario planteó prácticamente el mismo problema. Había recibido 12.001 euros, aunque solicitaba 56.916, además de reclamar que la ayuda se elevara a 45.640 euros o, subsidiariamente, a 68.972. Su estrategia consistía en excluir del cálculo tanto determinadas subvenciones como la variación de existencias. El tribunal volvió a respaldar el criterio de la Administración y confirmó que esas cantidades debían integrarse en el cálculo.

Corregir las cuentas después

La discusión llegó incluso a las declaraciones fiscales presentadas después de solicitar las ayudas. Cubic Estudi Tècnic SLP reclamó 75.373 euros después de que se le denegara la subvención porque la caída de su volumen de operaciones era, según los datos de la Administración, del 22,41%, por debajo del 30% exigido. La empresa sostenía que la cifra real de 2019 debía ser otra y que determinadas operaciones permitían elevar la caída por encima del umbral.

El tribunal acabó dando la razón al criterio administrativo: para determinar el requisito se debían utilizar los datos fiscales certificados por la Agencia Tributaria, no una reconstrucción posterior de las cuentas aportada por la empresa.

Algo parecido ocurrió con City Yoga Palma. El centro reclamaba 24.410 euros, pero Hacienda había detectado que su resultado de 2019 era negativo en 1.701, lo que impedía acceder a la ayuda. La sociedad trató de apoyarse en una declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades presentada después de la solicitud para defender que la base imponible era positiva. El TSJIB rechazó la maniobra temporal: los requisitos debían cumplirse en el momento de solicitar la subvención.

La sentencia más reciente incorporada a esta radiografía, dictada el pasado 29 de junio, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. La empresa, dedicada al alquiler de viviendas vacacionales, había solicitado 271.123 euros, pero el Govern rechazó la ayuda porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en la fecha de presentación de la solicitud, el 23 de junio de 2021.

La defensa de la empresa tenía un argumento llamativo: aportó un certificado positivo de Hacienda emitido apenas 19 días antes, el 4 de junio, y sostenía que tenía una vigencia de 12 meses. El TSJIB rechazó esa interpretación. Lo decisivo no era que hubiese existido un certificado positivo unas semanas antes, sino la situación tributaria concreta el día en que se presentó la solicitud. La AEAT certificó posteriormente que en aquella fecha existían deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo. La Sala recuerda además que el informe de un auditor aportado por la empresa para justificar la ayuda no podía sustituir la comprobación de los requisitos que correspondía realizar a la Administración.

Primavera de 2021. Amb la pandèmia encara colpejant de ple l'economia i milers de negocis intentant sobreviure a mesos de tancaments i restriccions, arriba l'anhelat moment de lluitar pels milions d'euros mobilitzats en ajudes per evitar la fallida d'empreses i autònoms. Sobre el paper, les regles semblen clares: els sol·licitants han d'haver desenvolupat l'activitat durant un període determinat, acreditar que han patit una caiguda d'ingressos i complir una sèrie de requisits fiscals. A la pràctica, comença a aflorar una altra disputa: empreses que intenten que els càlculs juguin a favor seu, esprement per a això la lletra petita i eixamplant la factura de les seves pèrdues per elevar la quantia a percebre, com en el cas d'un gran grup empresarial que arribaria a reclamar més de 30 milions d'euros enfront dels 564.106 que li va reconèixer l'Administració.

Mentre els empresaris s'organitzen i surten al carrer, als balcons de les zones més turístiques apareixen cartells de 'SOS Turisme' acompanyats d'un lema que resumeix les seves demandes: “Més ajudes, menys impostos”. Més de 700 entitats i particulars se sumen a una campanya que reclama un salvavides públic per a un sector pràcticament paralitzat. La consigna, però, alimenta una incòmoda paradoxa: com es poden reclamar més ajudes públiques mentre s'exigeix una menor contribució per sostenir-les?

Però a Balears la pandèmia ha deixat alguna cosa més que hotels buits i negocis tancats. Ha fet trontollar una certesa sobre la qual l'arxipèlag ha construït bona part de la seva economia: si el turisme pot desaparèixer pràcticament d'un dia per l'altre, fins a quin punt és sostenible dependre d'ell? Les xifres parlen per si soles: el 2020, les illes reben uns tres milions de turistes enfront dels més de 16,4 milions de l'any anterior. L'enfonsament es fa extrem durant els mesos centrals de la temporada: al juny arriben 58.256 visitants, un 97,6% menys que un any abans, i a l'agost, el millor mes de l'estiu, en recalen 884.524, un 67,5% encara per sota d'agost de 2019. El desplomament de l'activitat es trasllada també al consum: la despesa turística retrocedeix un 73,2% a l'agost i un 89,6% al setembre.

S'obre així un intens debat sobre la necessitat de diversificar l'economia, reduir la dependència turística i avançar cap a un model més resilient. Mentre es discuteix el futur -les institucions parlant de transformació i els col·lectius socials, de caminar cap al decreixement, un debat que fa anys que és sobre la taula-, les empreses necessiten resoldre el present: quant han perdut, quant poden reclamar i fins on poden arribar les ajudes públiques per mantenir-se a la superfície.

És en aquest terreny on, més enllà dels carrers i els balcons, s'inicia la baralla per cada euro de les ajudes COVID. Una bateria de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), consultades per elDiario.es, permet seguir el rastre de les estratègies desplegades per empreses de molt diferent perfil per intentar obtenir més diners o defensar les quantitats que reclamaven. Darrere de cada plet hi ha una mateixa disputa: fins on podien estirar-se les regles aprovades en plena emergència per encaixar determinades situacions empresarials i qui tenia realment dret a cobrar. Les resolucions judicials han anat fixant aquests límits i tancant algunes de les vies utilitzades per aquells que van acudir als tribunals a la recerca d'una ajuda més gran.

La lletra petita que podia valer milions

Un dels casos més cridaners per la quantitat en joc porta fins a Roxa S.L., capçalera d'un dels grans grups empresarials de les illes, Grup Roxa. Fundat el 1942 i amb interessos en dos dels sectors més rellevants de l'economia balear, l'automoció i el turisme, el 2024 va xifrar la seva facturació conjunta en uns 220 milions d'euros, tal com es desprèn de la seva pròpia web. Durant la pandèmia, la companyia va arribar a reclamar 30,85 milions d'euros de la Línia COVID. L'Administració, tanmateix, va acabar reconeixent-li 564.106 després de certificar una caiguda del volum d'operacions del 31,05%. L'empresa va acudir als tribunals perquè considerava que el càlcul havia d'incloure també sis societats que s'havien incorporat al grup durant el 2020. La màxima instància judicial de Balears va rebutjar la seva interpretació i va confirmar la quantia concedida.

El cas mostra com, en la cursa per les ajudes, la lletra petita podia valer milions. En total, el grup estava format per 28 societats el 2020, sis d'elles incorporades aquest mateix any. L'empresa defensava que no tenia sentit deixar-les fora quan es calculava la caiguda de facturació i, tanmateix, tenir-les en compte per a altres aspectes del repartiment. Però el TSJIB va tancar aquesta via: per mesurar la caiguda d'ingressos només podien entrar en el càlcul les societats que haguessin format part del grup en els dos exercicis de referència, 2019 i 2020.

No serà l'únic intent d'estirar els límits d'aquelles ajudes. En els anys següents, els tribunals es trobaran amb societats acabades de crear que asseguren ser la continuació de negocis anteriors, empresaris que intenten canviar les xifres de referència incorporant o excloent determinades partides, declaracions fiscals corregides després de sol·licitar la subvenció, certificats d'Hisenda la validesa dels quals es discuteix i fins i tot una empresa que reclama més de 271.000 euros malgrat que el dia que va presentar la sol·licitud tenia deutes tributaris en via executiva.

La suma d'aquests casos dibuixa una mena de mapa de les escletxes que les empreses van intentar explorar per augmentar les ajudes o reduir l'impacte econòmic de la pandèmia. I les sentències permeten seguir-los un per un.

Una doctrina nascuda en temps de guerra

La pandèmia també va obrir a més un altre front: el de les empreses que van intentar reduir l'impacte econòmic de la COVID sobre els seus contractes. És el cas de l'hotel El Corsari, a Eivissa, gestionat per la societat La Torre del Canonge S.L., que va reclamar que se li tornés el 50% de les rendes de 2020 i 2021, per un total de 159.120 euros, invocant la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permet revisar les condicions d'un contracte quan circumstàncies extraordinàries i imprevisibles alteren de forma greu l'equilibri econòmic entre les parts. L'empresa defensava que la pandèmia havia fet inviable l'explotació de l'establiment.

La fórmula a la qual va recórrer l'hotelera té, tanmateix, una història molt més antiga. La rebus sic stantibus va cobrar especial protagonisme a Espanya en els anys posteriors a la Guerra Civil, quan els tribunals van haver de resoldre què passava amb contractes signats abans de la contesa el quin equilibri econòmic havia quedat trasbalsat pel conflicte i la postguerra. En una sentència de 1945, per exemple, el Tribunal Suprem va abordar un contracte d'arrendament d'una fàbrica celebrat el 1929, abans del conflicte bèl·lic, el quin compliment s'havia vist afectat per les circumstàncies sobrevingudes. Amb el temps, la doctrina va quedar configurada com una via excepcional per revisar les condicions d'un contracte quan un canvi extraordinari i imprevisible altera greument l'equilibri entre les parts.

Vuit dècades després, la pandèmia va tornar a posar aquesta vella doctrina sobre la taula. Però en el cas d'El Corsari hi havia un problema afegit: les obres del mateix hotel. L'Audiència Provincial de Balears va constatar que els treballs havien impedit l'explotació de l'establiment fins a l'agost del 2020, malgrat que els hotels ja podien reobrir amb restriccions des del maig. El tribunal va considerar impossible determinar quina part de les pèrdues obeïa realment a la pandèmia i quina a les obres.

La reclamació va acabar sent desestimada. L'Audiència va afegir que l'hotel havia facturat 994.121 euros el 2021 i 1.369.925 euros el 2022, i que l'empresa havia continuat pagant les rendes, elements que, a judici del tribunal, debilitaven la tesi que la pandèmia hagués frustrat el contracte.

Un hotel nou al mateix hotel

En altres casos, la batalla es va centrar a determinar qui podia accedir a les ajudes i per quina quantia. És el cas de Foners Rooms S.L., la societat que explotava l'Hotel Foners, situat a Platja de Palma. Constituïda el novembre de 2019 pels mateixos germans que fins aleshores gestionaven l'establiment a través d'una comunitat de béns, la nova mercantil va signar tot just un mes després un contracte per fer-se càrrec de l'explotació de l'hotel durant 15 anys. El juny de 2021 va sol·licitar 350.459 euros d'ajudes COVID, però el Govern només li va reconèixer 4.000 euros en considerar que es tractava d'una empresa de nova creació.

La mercantil va defensar que no havia nascut un negoci nou, sinó que s'havia produït una autèntica successió empresarial: mateix hotel, mateixos propietaris i continuïtat de l'activitat. El TSJIB no ho va acceptar. Els magistrats consideren que una comunitat de béns i una societat limitada són subjectes jurídics diferents i que el fet que els mateixos propietaris estiguessin darrere d'ambdues no converteix automàticament la segona en successora de la primera. El resultat va ser mantenir els 4.000 euros.

Una qüestió similar es va produir en el cas relatiu a una 'Osteria' d'Alcúdia. El restaurant havia estat explotat anteriorment per una persona física i, posteriorment, va passar a una societat el numerador i soci majoritari de la qual era aquest mateix empresari. La mercantil reclamava 210.052 euros enfront dels 4.000 concedits per l'Executiu autonòmic. La Sala va concloure que dur a terme la mateixa activitat, en el mateix local i amb les mateixes persones no n'hi havia prou per acreditar una successió empresarial.

El tribunal talla la qüestió amb una conclusió clara: encara que la persona física sigui posteriorment administrador i soci majoritari de la societat, ambdós tenen personalitat i patrimoni separats. Per això la nova mercantil seguia sent una empresa de nova creació i no podia utilitzar la facturació del negoci anterior per calcular la caiguda exigida per les ajudes.

La societat que va voler heretar un negoci anterior

Un altre litigi porta aquesta estratègia encara més lluny. Una societat constituïda el febrer de 2021 va intentar que es reconegués com a continuació d'una comunitat de béns creada anys abans. Reclamava 74.000 euros d'ajudes i sostenia que la comunitat havia de considerar-se una societat civil irregular i que, per tant, la nova mercantil no podia ser considerada una empresa creada després de la data límit.

El TSJIB va rebutjar el plantejament. Encara que una comunitat de béns que desenvolupa una activitat empresarial pugui ser assimilada en determinats àmbits a una societat irregular, aquesta consideració no permet convertir-la jurídicament en una societat limitada a efectes d'obtenir una subvenció. La sentència és taxativa: la irregularitat de la comunitat de béns no pot invocar-se per obtenir un benefici econòmic dels poders públics. En haver nascut la nova societat després del 31 de març de 2020, no podia ser beneficiària de l'ajuda.

Quan una partida podia canviar milers d'euros

Una altra batalla es va lliurar en els comptes. Un empresari va rebre 24.623 euros, però va reclamar una quantitat superior després de sostenir que Hisenda estava incloent en el volum d'operacions una partida de 22.105 euros corresponent a la variació d'existències. Si s'eliminava aquesta partida, defensava, la caiguda de facturació passava a ser del 34,5% i l'ajuda podia elevar-se fins a 46.875,80 euros, segons els seus càlculs. El Tribunal Superior va rebutjar la interpretació i va considerar que la convocatòria obligava a utilitzar els ingressos íntegres fiscalment computables, inclosa la variació d'existències.

Un altre empresari va plantejar pràcticament el mateix problema. Havia rebut 12.001 euros, encara que en sol·licitava 56.916, a més de reclamar que l'ajuda s'elevés a 45.640 euros o, subsidiàriament, a 68.972. La seva estratègia consistia a excloure del càlcul tan determinades subvencions com la variació d'existències. El tribunal va tornar a donar suport al criteri de l'Administració i va confirmar que aquestes quantitats havien d'integrar-se en el càlcul.

Corregir els comptes després

La discussió va arribar fins i tot a les declaracions fiscals presentades després de sol·licitar els ajuts. Cubic Estudi Tècnic SLP va reclamar 75.373 euros després que se li denegués la subvenció perquè la caiguda del seu volum d'operacions era, segons les dades de l'Administració, del 22,41%, per sota del 30% exigit. L'empresa sostenia que la xifra real de 2019 havia de ser una altra i que determinades operacions permetien elevar la caiguda per sobre del llindar.

El tribunal va acabar donant la raó al criteri administratiu: per determinar el requisit s'havien d'utilitzar les dades fiscals certificades per l'Agència Tributària, no una reconstrucció posterior dels comptes aportada per l'empresa.

Una cosa semblant va passar amb City Yoga Palma. El centre reclamava 24.410 euros, però Hisenda havia detectat que el seu resultat de 2019 era negatiu en 1.701, cosa que impedia accedir a l'ajuda. La societat va intentar recolzar-se en una declaració complementària de l'Impost sobre Societats presentada després de la sol·licitud per defensar que la base imposable era positiva. El TSJIB va rebutjar la maniobra temporal: els requisits havien de complir-se en el moment de sol·licitar la subvenció.

La sentència més recent incorporada a aquesta radiografia, dictada el 29 de juny de 2026, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. L'empresa, dedicada al lloguer d'habitatges vacacionals, havia sol·licitat 271.123 euros, però el Govern va rebutjar l'ajuda perquè no estava al corrent de les seves obligacions tributàries en la data de presentació de la sol·licitud, el 23 de juny de 2021.

La defensa de l'empresa tenia un argument cridaner: va aportar un certificat positiu d'Hisenda emès tot just 19 dies abans, el 4 de juny, i sostenia que tenia una vigència de 12 mesos. El TSJIB va rebutjar aquesta interpretació. El fet decisiu no era que hagués existit un certificat positiu unes setmanes abans, sinó la situació tributària concreta el dia en què es va presentar la sol·licitud. L'AEAT va certificar posteriorment que en aquella data existien deutes o sancions tributàries en període executiu. La Sala recorda a més que l'informe d'un auditor aportat per l'empresa per justificar l'ajuda no podia substituir la comprovació dels requisits que corresponia realitzar a l'Administració.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.