Jaume Ripoll Vaquer (Palma, 1977), es productor cinematográfico, cofundador y máximo ejecutivo de Filmin. La plataforma, apoyada por las principales productoras del país, lleva casi 20 años en funcionamiento con un éxito fuera de lo común si se tiene en cuenta que compite con gigantes como Netflix, Disney o HBO Max, y además lo hace ofreciendo cine independiente, creativo y a veces incómodo.

Precisamente un documental disponible en la plataforma está haciendo pasar a Ripoll por uno de sus peores momentos profesionales. Se trata de Ícaro: la semana en llamas, que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del procés en 2019. La cinta, que omite los puntos de vista y las experiencias de los Mossos d'Esquadra, que también se enfrentó a los disturbios, ha recibido numerosas críticas por su falta de pluralidad.

De hecho, hasta hace pocas semanas, Ícaro: la semana en llamas no había sido aceptada por ninguna plataforma. Pero sorpresivamente ha aparecido en Filmin, sin promoción ni ruido hasta que ha cosechado las alabanzas de la activista de extrema derecha Macarena Olona, una de las fundadoras del partido Vox, que la descubrió en el catálogo de la plataforma. O se la descubrieron.

“Ícaro: la semana en llamas forma parte de un lote de películas que contratamos recientemente y por solo unos meses, hasta el 31 de enero”, explica Ripoll en conversación telefónica con elDiario.es. Reconoce el ejecutivo que la empresa no supo “detectar” el título y su temática “en un lote tan grande”. “Se nos pasó a pesar de que solemos aplicar filtros rigurosos. De haberla detectado, habríamos hablado con el vendedor para descartarla del lote, porque pensamos que en Filmin no tiene cabida una cinta como esta”, apostilla.

Campaña contra Filmin

La publicación laudatoria de la política y abogada del Estado, actualmente fuera de Vox, generó una potente reacción en X por parte de numerosos usuarios, que iniciaron una campaña de cancelación de suscriptores de Filmin. Algunos usuarios llegaron incluso a apelar al llamado “caso Galinsoga” de los años 60 del siglo pasado, en referencia al director de La Vanguardia que dijo “los catalanes son una mierda” y recibió 20.000 cancelaciones de suscripciones al diario.

De nada sirvió el comunicado que la plataforma emitió hace dos días apelando a la “libertad artística” y pidiendo “no censurar las películas por su orientación ideológica”. Al día siguiente, la puerta de las oficinas de Filmin, en Barcelona, amaneció con la siguiente inscripción pintada: “Filmin colaborador con la represión española”.

A este respecto, Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental. “De haber detectado el título a tiempo, al vendedor le hubiéramos sugerido que buscase otra plataforma más adecuada porque no la veíamos para Filmin”, asevera. Además, añade que desde el punto de vista de la calidad de realización no es una cinta destacable.

Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental

Defiende, adicionalmente, que su catálogo tiene otras películas documentales incomodadas como Ciutat Morta, que cuestiona los métodos policiales en Barcelona durante los años más duros de la crisis económica. También Catalunya-Espanya, un filme documental dirigido por Isona Passola y favorable a la independencia catalana.

Y desvela que en ambas cintas Filmin sí se implicó en la promoción, pero asegura que, a diferencia de Ícaro: la semana en llamas, “tienen una calidad y un valor cinematográfico” que el propio Ripoll no ve en el documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso. El responsable de Filmin asegura que salvaría de Ícaro “algunas escenas iniciales” pero poca cosa más, y critica la banda sonora, “con clara intención política”.

Solo hasta el 31 de enero

Por todo ello considera Ripoll que “no es un documental con cabida en Filmin”, pero lamenta que firmaron un contrato que no pueden rescindir e insiste en que el 31 de enero desaparecerá del catálogo. “Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote”, confiesa Ripoll.

El productor, que recalca que la plataforma jamás se implicó en la promoción del mismo, reconoce que la campaña de cancelación en X ha dado lugar a “unas cuantas bajas”, sin querer precisar el número pero lamentando que “aunque sean pocas duelen, porque son bajas de personas que llevamos casi 20 años fidelizando”.

Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote

Ripoll se ratifica en lo escrito en su comunicado cuando dice que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, y reitera su “compromiso con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. El jefe de Filmin ensalza la pluralidad de su amplísimo catálogo, con más de 11.000 títulos. “Si has estado trabajando a tus clientes durante años, buscando títulos que les enriquezcan, es muy doloroso que de un día para el otro cancelen esta historia en común de tantos años por solo un título inadecuado entre 11.000”, lamenta.

También reconoce que, como fenómeno paralelo, la polémica le ha venido bien a la cinta, que ha tenido más visualizaciones de las que de otro modo hubiera conseguido dada su calidad, pero matiza que “ni de lejos se acerca a los valores de las más vistas”. Finalmente, Ripoll recuerda que Filmin tiene a disposición de los usuarios un sistema de valoraciones que permite puntuar negativamente aquellas películas que no nos gustan, “y así prevenir a otros usuarios sin que sea necesario ir pidiendo que se cancelen las suscripciones”.

El Tribunal Constitucional afrontará en este trimestre final del año sus últimos debates relevantes en torno a la ley de amnistía. Los flecos finales de su legalidad, con el rechazo mayoritario de los recursos presentados por el Gobierno de Aragón y el Tribunal Supremo, se sumarán esta semana a la admisión a trámite de varias impugnaciones, entre ellas la de Carles Puigdemont, contra su aplicación al delito de malversación. Se trata del delito cuya vigencia impide que, a día de hoy, el expresident catalán pueda volver a España sin exponerse a ser detenido por su imputación en la causa principal del procés independentista.

La ley de amnistía fue llevada ante el Constitucional menos de dos meses después de entrar en vigor. Dos decenas de recursos se agolparon en el registro del tribunal en la calle Doménico Scarlatti de Madrid mientras su aplicación se traducía en absoluciones, archivos y sobreseimientos en más de 300 casos de activistas, policías y políticos. El primer recurso –el que más aspectos de la ley abarcaba– fue el presentado por el Partido Popular y su rechazo marcó un aval a la ley que se reproducirá esta semana en otros dos debates relevantes.

Fuentes del tribunal de garantías explican que la mayor parte de los argumentos de esa primera sentencia servirán para rechazar estos nuevos recursos. Uno de ellos es la cuestión de inconstitucionalidad que presentó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un escrito en el que por primera vez los magistrados calificaban el desafío soberanista de 2017 y el referéndum del 1 de octubre de ese año como un “golpe de Estado” después de haberlo descartado en la sentencia que impuso condenas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia.

La cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, firmada por el magistrado Leopoldo Puente, calificaba de “grosera discriminación” la norma de perdón del procés, llegando a bromear con el arrepentimiento de los amnistiados. “Es suficiente con que dejen de lanzar adoquines”, aseguraba el documento.

La impugnación del Supremo llega al pleno del Constitucional después de que la mayoría progresista haya establecido que la ley de amnistía es constitucional, al tener una “justificación objetiva y razonable” que es “la reconciliación”. Este tipo de normas, dijeron los magistrados, solo son “constitucionalmente admisibles” cuando buscan responder a una “coyuntura extraordinaria”, como lo fue el desafío soberanista de 2017 que culminó con el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia.

El pleno, con los previsibles votos en contra del sector conservador, aplicará la doctrina de esa primera sentencia para rechazar el grueso de las quejas del Supremo sobre la amnistía, aunque eso no cierra la puerta a que se pueda dar la razón a la Sala de lo Penal en algunos puntos concretos de su cuestión de inconstitucionalidad, como sucedió con el recurso del PP. Los magistrados, en esa primera sentencia, ya anularon tres puntos de la ley de escasa trascendencia y poca aplicación práctica a casos existentes aunque abriendo la puerta a amnistiar a la exjefa del CNI acusada de espionaje.

“Puede haber algún punto que tenga razón y deba ser admitido”, avanzó el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un reciente encuentro con la prensa. Un sector del tribunal, por ejemplo, apuesta por reiterar algo que ya afirmaron en la sentencia del recurso del PP: que la norma también debe perdonar a particulares y empleados públicos que se opusieran al referéndum y delinquieran. Las deliberaciones arrancan este martes y pueden prolongarse hasta el jueves.

La segunda impugnación que estudiarán los magistrados esta semana es la presentada por el ejecutivo aragonés. Fue el primero de múltiples recursos interpuestos por comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, y esta sentencia rechazará sus argumentos, pero servirá para admitir la posibilidad de que gobiernos regionales puedan recurrir la ley.

Estas mismas fuentes explican que el recurso de Aragón iba un poco más allá que el del PP y solicitaba un pronunciamiento sobre cómo se aplica a determinados tipos de malversación de caudales públicos. El borrador que estudiará el pleno esta semana propone avalar las directrices de la ley sobre este delito –que no se pueda amnistiar si ha existido un enriquecimiento personal–, pero la ponente, Laura Díez, ha eliminado en los últimos días las referencias que pudieran interpretarse como un adelanto del debate sobre la situación de Carles Puigdemont.

La malversación imputada a Puigdemont

La respuesta del Tribunal Constitucional a Carles Puigdemont tendrá que esperar unos meses, pero esta semana el pleno tiene previsto dar el primer paso para abrir el debate sobre su caso: admitir a trámite tanto su recurso como los de Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación que les imputa desde hace ocho años el juez Pablo Llarena y que, en la práctica, les mantiene en búsqueda y captura dentro de España.

Los recursos llegan después de que quejas similares de Oriol Junqueras y otros imputados, condenados y amnistiados fueran admitidas a trámite en febrero, y vienen acompañados de peticiones de medidas cautelarísimas que serán rechazadas por el pleno. La respuesta que redacte el pleno a estos recursos dentro de meses será la que determine si Puigdemont sigue imputado por malversación o si ese delito se amnistía y deja de estar en búsqueda y captura.

El propio presidente del Constitucional, en un encuentro reciente con la prensa, descartó que estos recursos puedan quedar resueltos antes de que termine el año. El debate girará, dentro de unos meses, en torno al principal argumento del Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena para no perdonar la malversación: que el procés catalán pudo llegar a afectar los intereses económicos de la Unión Europea y que, además, sí existió un enriquecimiento personal de los encausados. Usar medios públicos de la Generalitat para organizar el referéndum, dice el Supremo, supuso en la práctica que no tuvieran que ponerlos de su bolsillo.

Este argumento del Supremo no fue pacífico. La Fiscalía entendía que la norma era “clara” y que la malversación debía ser amnistiada, argumentos similares a los esgrimidos por Ana Ferrer, una de las magistradas de la Sala de lo Penal. “No puede apreciarse el ánimo de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, entiende esta jueza.

La ley de amnistía ha cumplido su primer año en vigor con más de 300 beneficiadas y un detalle clave para el futuro de la ley: el borrador de sentencia que estudiará en los próximos meses el Tribunal Constitucional apuesta por avalar, con pocos matices, la norma de perdón del procés independentista catalán. Si esa ponencia sale adelante, la decisión del tribunal de garantías no contestará a todas las preguntas que hay sobre la ley de amnistía: si abarca el delito de malversación que mantiene a Carles Puigdemont en búsqueda y captura. Ese matiz de máxima importancia judicial y política tendrá que esperar a los recursos que los propios políticos catalanes han presentado contra sus casos concretos o, incluso, a una futura sentencia de los tribunales europeos.

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la amnistía a finales de mayo del año pasado y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) menos de dos semanas después. Se abrió entonces un plazo de dos meses para que los jueces aplicaran el perdón a todas las causas sentenciadas o bajo investigación relacionadas con el procés. Así, el periodo va desde 2011 hasta 2023, abarcando el referéndum de 2017 y sus preparativos pero también la consulta de 2014 o los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo.

La ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán avala la mayor parte de la norma y estima parcialmente el recurso del Partido Popular –el primero que será sentenciado de las dos decenas de impugnaciones interpuestas– para detalles sin apenas incidencia. La ley no ampara los delitos consumados después de noviembre de 2023 y debería obligar a escuchar a la Fiscalía y las entidades públicas afectadas por el procés desde el punto de vista contable, por ejemplo a la Generalitat de Catalunya.

Este borrador que maneja el Constitucional, en caso de ser aprobado y convertirse en una sentencia, establecerá que la ley de amnistía es constitucional, pero no marcará la interpretación que hagan los jueces sobre a qué casos se aplica y a cuáles no. En particular a uno de los supuestos de mayor relevancia penal y política, el delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados líderes políticos independentistas como Oriol Junqueras y por el que todavía están buscados otros como Carles Puigdemont.

Un aval general del tribunal de garantías a la ley de amnistía, en la práctica, sella su aplicación en la inmensa mayoría de los casos en los que no ha habido polémica judicial y en los que el criterio del Tribunal Supremo no ha sido discutido. Más de 100 policías investigados por las cargas del 1-O y también los manifestantes o activistas encausados por disturbios, así como algunos cargos públicos condenados, por ejemplo, por poner escolta a Puigdemont mientras estaba en Bélgica. La polémica que no soluciona la futura sentencia es qué pasa con los casos que el Supremo ha rechazado amnistiar.

Esos casos específicos deben esperar a que el Constitucional resuelva sus recursos concretos. Es, por ejemplo, el supuesto de Oriol Junqueras. En su caso, los indultos y la reforma de la sedición borraron su condena de cárcel y el líder de ERC siguió con la pelea para que la amnistía eliminara también la inhabilitación, que a día de hoy le impide ocupar un puesto público hasta 2031. Sus reclamaciones contra la negativa del Supremo a amnistiar la malversación ya fueron admitidas a trámite por el Constitucional.

La malversación de Puigdemont

El caso de Carles Puigdemont es diferente. En Bélgica desde 2017, ha sido imputado y procesado en varias causas relacionadas con el procés y en la actualidad está pendiente de una sola, la acusación por malversación en las diligencias principales del procés que, ocho años después, sigue llevando el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Y hasta el momento ni el instructor ni la Sala de lo Penal han accedido a amnistiar la malversación del expresident o, entre otros, sus antiguos compañeros de gabinete, lo que tiene una consecuencia práctica: sigue imputado por ese delito y, salvo que protagonice una nueva fuga como cuando apareció brevemente en Barcelona en 2024, será detenido si entra en España.

Estos recursos individuales servirán para saber si los argumentos del Supremo superan el filtro del Constitucional. La ley de amnistía establece como excepción la malversación que haya terminado en un enriquecimiento personal del acusado y en la Sala de lo Penal entienden que eso se ajusta al caso de Puigdemont, Junqueras y otros políticos que llevaron la batuta del procés desde las instituciones públicas catalanas. Usar recursos públicos para organizar el referéndum de 2017 les libró de poner el dinero de su bolsillo y, además, todo el desafío separatista pudo afectar potencialmente a los intereses económicos de la Unión Europea, según la sala que presidía entonces Manuel Marchena.

Esos autos en los que el Supremo aprovechaba para ir más allá que en su sentencia del caso y definir el procés como un “golpe de Estado”, serán los que aproveche el Constitucional para establecer si la malversación del procés queda o no amparada por la ley de amnistía. La Fiscalía considera que el Supremo se ha equivocado al interpretar una norma que, según dijo la teniente fiscal en una de las vistas más recientes, es “clara” en su contenido y sus intenciones.

Este criterio del Supremo se ha encontrado con discrepancias dentro de la magistratura. Una jueza de Barcelona, por ejemplo, optó por perdonar la malversación atribuida al exsecretario de Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, porque actuó “con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal”. Según la imputación que pesaba sobre él, destinó fondos públicos como buzoneo y papeletas del referéndum de 2017.

Otros frentes judiciales internacionales se suman a los recursos pendientes de decisión en España. Son las cuestiones prejudiciales que tribunales como la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y cuya resolución también será clave. De esas impugnaciones dependen otros casos relevantes relacionados con el procés: los 12 procesados por terrorismo en la causa contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o las causas contables en las que se decide si los responsables del procés pagan con su patrimonio el dinero público invertido.

La intención del Tribunal Constitucional es dictar su sentencia principal sobre la amnistía antes del verano, tal y como explicó su presidente Cándido Conde-Pumpido en un coloquio en el Ateneo de Madrid hace unas semanas. La ponencia de Montalbán ha sido puesta recientemente a disposición del resto de magistrados y el debate todavía no tiene fecha, aunque diversas fuentes apuntan al mes de junio.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) vive momentos de tensión interna después de que Josep Costa, que fue vicepresidente del Parlament hace dos legislaturas tildara de “despótica y antirreglamentaria” la gestión del presidente de la entidad independentista, Lluís Llach.

Costa ha hecho estas declaraciones a través de una publicación en X, en la que explica que abandonó la reunión que el Secretariado Nacional celebraba el pasado sábado “en protesta” a la actitud de Llach.

Costa, que es miembro del Secretariado de la ANC, asegura que “la gente que lo dio todo para ganar en el 1O no se merece que la continúen manipulando”.

Las palabras del exvicepresidente del Parlament han despertado el “enojo” de Llach, quien le ha respondido a través de la misma red social. “Ninguno de los setenta miembros del Secretariado Nacional de la Assemblea, tenga el pensamiento que tenga, merece calificativos relacionados con despotismo, fraude reglamentario o manipulación”.

Igualmente, Llach apunta que la acusación de Costa “contraviene el reglamento” de la entidad independentista.

El motivo de la disputa se basa en la elección de un nuevo Secretario para la ANC, después de que Sílvia Ventura abandonara el cargo hace dos meses. Costa se postula para tomarle el relevo y, para ello, compite contra Elnur Bayranzade, afín a Llach.

En la reunión del sábado, ninguno de los dos consiguieron reunir el consenso suficiente, por lo que Llach decidió mantener como secretario en funciones a Bayranzade, lo que provocó que Costa abandonara el encuentro y le tildara de despótico.

Pero las críticas a Llach no han venido sólo de parte de Costa. El también miembro del Secretariado David Miñana ha apoyado al exvicepresidente asegurando, también en X, que ve “incoherente pedir transversalidad, unidad y regeneración” para el movimiento independentista y “hacer lo contrario a nivel interno”.

“Todo empezó mal, con candidatos que no tenían derecho a presentarse y con candidaturas pensadas para el asalto en bloque”, remachó Miñana.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

El Tribunal Supremo ha anunciado que no amnistiará el delito de malversación por el que está imputado y procesado Carles Puigdemont. El juez instructor del procés y la Sala de lo Penal entienden que el perdón de la ley no alcanza al uso de dinero y medios públicos para impulsar el referéndum de 2017, cerrando al mismo tiempo la puerta a acudir a Europa para que examine la amnistía y su aplicación al caso del expresident catalán. La única opción de que el Tribunal de Justicia de la Unión se termine pronunciando sobre uno de los flecos clave de la ley es que el Tribunal Constitucional sea el que eleve el debate hasta Luxemburgo, algo que solo ha hecho una vez en sus más de cuatro décadas de historia.

Tanto el juez instructor de la causa del procés como el tribunal que juzgó y sentenció el caso han dejado claro que el delito de desobediencia atribuido a varios líderes independentistas sí es amnistiable, pero que la malversación no lo es. La ley excluye del perdón a quienes malversen dinero público en su propio beneficio para enriquecerse, y el Supremo interpreta que eso fue lo que hicieron los integrantes del Govern de Carles Puigdemont que impulsaron el procés: usar los fondos de todos los catalanes para no tener que pagar el referéndum de su bolsillo.

El segundo argumento que esgrimen las dos resoluciones del Supremo conocidas este lunes es que la malversación del procés cumple con otro requisito para quedarse fuera de la amnistía: afectaron a la Unión Europea. No a sus fondos, porque los propios jueces reconocen que no hay pruebas de que ese dinero saliera de las arcas de la Unión, pero sí a sus intereses de forma indirecta: la independencia de Catalunya, explica Pablo Llarena, habría afectado por ejemplo a la recaudación de impuestos que forman parte de la financiación de la UE y sus presupuestos.

Desde su puesta en marcha hasta su aprobación, el Partido Popular ha confiado en que los tribunales centrales –el Supremo y la Audiencia Nacional– elevarían el asunto de forma casi inmediata a Luxemburgo a través de sendas cuestiones prejudiciales. Una de las cábalas que hacían los de Alberto Núñez Feijóo en la calle Génova era que el caso llegara rápidamente al TJUE y que la aplicación de la amnistía quedara en suspenso hasta que los jueces europeos se pronunciaran, algo que rara vez sucede en un plazo inferior a un año y medio. Diversos medios de comunicación publicaron que esta era la intención, entre otros, del Tribunal Supremo.

El movimiento de los jueces de lo penal ha llegado por un camino distinto, que zanja en primera instancia el debate sobre si la malversación es o no amnistiable y que retrasa y dificulta el posible desembarco de los magistrados de Luxemburgo. Los autos todavía son recurribles ante el propio Tribunal Supremo, que no solo ha dejado clara su opinión sobre la malversación sino también sobre llevar el caso al TJUE: considera que no es necesario que un tribunal internacional explique la jurisprudencia española sobre la distracción de caudales públicos y si es necesario o no el enriquecimiento personal de los culpables.

No significa que la amnistía no vaya a llegar nunca a manos del Tribunal de Justicia, aunque el caso concreto de Puigdemont es materia exclusiva del Tribunal Supremo y ningún otro juez puede elevarlo por su cuenta. El expresident sí podrá llevar las decisiones del tribunal y el juez ante el Constitucional, donde el propio Supremo ya ha elevado una consulta sobre el delito de desobediencia y la amnistía. Y en el Constitucional se abren varios caminos, al margen de los múltiples recursos que se han anunciado contra la ley en sí misma.

Una de esas vías es que el Constitucional acepte a estudiar el fondo del asunto y tome una decisión sobre la aplicación concreta al caso de Puigdemont. Otra sería si el Constitucional aceptara elevar su propia cuestión prejudicial al TJUE, algo que solo ha hecho una vez en sus más de 40 años de historia, cuando en 2011 decidió preguntar a Europa por el proceso de entrega a Italia de un condenado por fraude. Una tercera vía sería estudiar si el Supremo ha vulnerado los derechos de Puigdemont al no elevar la cuestión prejudicial.

En los últimos años el Constitucional ha obligado a distintos tribunales a elevar preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión. Lo hizo, por ejemplo, con la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo y el bono social eléctrico en 2019. En otras muchas ocasiones, sin embargo, ha declarado que la denegación de estas cuestiones prejudiciales no afectan a los derechos fundamentales de los recurrentes, por ejemplo a la hora de examinar y rechazar recursos precisamente de la causa del procés independentista.

El primer pronunciamiento del Supremo, por tanto, no paraliza la aplicación de la ley de amnistía y declara que la malversación del procés no puede ser perdonada. Mientras tanto, juzgados y tribunales de todo el país aplican el dictamen a la espera de saber si los autos dictados hasta la fecha cuadran con los conocidos este lunes. El primer amnistiado, por ejemplo, ha sido el exconseller Miquel Buch, condenado precisamente por malversar dinero público al otorgarle una escolta a Carles Puigdemont de forma irregular.

Junts y ERC irán al Constitucional

A nivel judicial, tanto Junts como ERC ya han anunciado su intención de recurrir el bloqueo del Supremo a la amnistía. El primer paso será impugnar las decisiones ante el propio tribunal, pero los dos partidos han avanzado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional con el objetivo de que el tribunal de garantías obligue al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de condenados por el procés.

“El Supremo intenta derogar y no aplicar una ley vigente. Es insultante y gravísimo”, ha manifestado la vicesecretaria de derechos y libertades de ERC, Marta Vilaret. Por su lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que el Supremo “se salta la ley y sigue persiguiendo al independentismo”.

Al margen de los recursos contra la decisión del Supremo, la negativa a la amnistía del Alto Tribunal se produce en un contexto de negociaciones complejas entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Los republicanos quieren blindar la negociación política de cualquier decisión judicial, pero Junts ya ha usado las resoluciones del Supremo para insistir en su presión a los republicanos para “ir a la una” de cara a un intento fallido de investidura de Carles Puigdemont.

En el plano político, Turull ha reiterado la promesa de Puigdemont de volver a Catalunya aunque se mantenga su orden de detención para un pleno de investidura que, a más tardar, se tendría que celebrar el 26 de agosto. Ante la imposibilidad de que Puigdemont sea investido por falta de mayoría, Junts pretende una repetición electoral que le permita volver a lanzar los dados mediante una candidatura unitaria con ERC pero liderada por el expresident que sirva de revulsivo a las sucesivas debacles electorales independentistas.

A la espera de la decisión de Puigdemont durante el verano, la resolución de este lunes del Supremo torpedea el objetivo principal de la ley de amnistía: poner el contador a cero y olvidar las consecuencias penales del procés. Los partidos son conscientes de que difícilmente se podrá completar la normalización de la política catalana mientras haya un expresident en el extranjero que resulte detenido y encarcelado en caso de pisar España.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el proceso para aplicar la recién publicada ley de amnistía a las distintas causas relacionadas con el procés independentista. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala que sentenció el procés como, finalmente, la jueza que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo, han pedido alegaciones a las partes para que informen en los próximos días sobre la incidencia de esta ley en todos los casos. Llarena, además, ha recordado que la orden nacional de detención que pesa sobre el expresident catalán y el resto de imputados sigue activa y que, por tanto, serán arrestados si entran en España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la ley de amnistía aprobada por el Congreso el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor de la mayoría que apoya al Gobierno y los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Una norma que busca el archivo de todas la causas o la revocación de todas las condenas relacionadas con el procés independentista catalán y que tiene incidencia, entre otros, en Carles Puigdemont, todavía imputado por la causa original del procés y ahora también investigado por terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic'.

Distintas facciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han sido las primeras en mover ficha y han pedido a las partes de las diversas diligencias relacionadas con el procés que informen sobre cómo afecta la ley de amnistía a los casos abiertos o ya sentenciados. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal como la magistrada Susana Polo. Una de esas partes que tendrá que informar será la Fiscalía con la previsión de un nuevo conflicto interno: los cuatro fiscales de la causa del procés ya han comunicado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que según su criterio la amnistía no salva a Puigdemont de la acusación de malversación que pesa sobre él en la causa que instruye Llarena.

En el caso de Llarena, que instruyó la causa principal del procés e intenta desde hace años traer a Carles Puigdemont a España para que sea juzgado, recuerda que tanto él como Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira tienen una orden nacional de detención dentro de España. La Policía y la Guardia Civil, explica el juez, “deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. Carles Puigdemont, en pleno proceso de elección de un nuevo president para la Generalitat de Catalunya al que pretende presentarse como candidato a la investidura, no puede entrar en España sin ser detenido.

El instructor de la causa del procés reconoce que es trabajo del legislativo establecer “los criterios para ser beneficiado por la amnistía”, pero añade que es trabajo del poder judicial “identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación”.

Malversación, desobediencia y terrorismo

La versión final de la ley de amnistía, después de un primer fracaso parlamentario, incluyó los delitos de terrorismo en determinados supuestos. También la obligación de tomar decisiones de forma preferente sobre aquellos casos en los que existieran medidas cautelares impuestas sobre los acusados, como en el caso de Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura dentro de España a la espera de que el juez Llarena decidiera si reactivar o no las órdenes internacionales.

Juzgados y tribunales, sobre todo en Catalunya y en el Tribunal Supremo, mantienen causas abiertas sobre el procés o han dictado sentencias que ya han sido declaradas firmes y que también se pueden ver afectadas por la nueva ley. También la Audiencia Nacional, donde el juez Manuel García-Castellón también ha preguntado a las partes si la amnistía afecta a los investigados en Tsunami Democràtic cuya causa no fue elevada al Tribunal Supremo.

No es cierto que haya preocupación generalizada por la extrema derecha de cara a las próximas elecciones europeas. La hay en quien pone los derechos por encima del capital, pero no a la inversa como ha demostrado la fotografía de Antonio Garamendi y otros empresarios de las grandes corporaciones españolas con Javier Milei. Todos y cada uno de los presentes habrían acudido sin ningún tipo de “recelo” a la reunión secreta que en febrero de 1933 se produjo en el Reichstag entre los principales empresarios de Opel, Krupp, Siemens o IG Farben con Adolf Hitler para escuchar cuáles eran sus planes económicos. Todos y cada uno de los presentes habrían hecho negocio durante los cuarenta años de nuestra dictadura. La historia de nuestro empresariado enseña, la historia de nuestros conservadores alumbra. Llegado el momento todos escuchan, la mayoría colabora. Siempre eligen su fascismo bueno. 

El marco de debate para las elecciones europeas ya está perdido y favorece los intereses de la extrema derecha porque gira en torno a sus preocupaciones y puntos fuertes. La campaña estará basada en las alianzas con los ultras y en el debate que más les conviene como la cuestión migratoria, tal y como se ha visto con el pacto migratorio alcanzado en la UE. La dinámica ya la vimos en las elecciones catalanas, donde la derecha, catalana o española, se plegó a los intereses del discurso de la extrema derecha para intentar consolidar sus resultados. Las razones por las que esto se produce es por la aceptación de todos aquellos que tienen valores conservadores, en momentos de crisis de resultados, económicos o de valores, a aquellos fascismos que les son propicios para sus intereses. La confluencia de intereses en la coyuntura actual es total para que haya una asimilación entre la derecha tradicional, las corporaciones económicas y los ultras. Ya han elegido. 

El capital o los intereses conservadores no tienen bandera e incluso teniendo muchas acaban coincidiendo en lo sustancial. Una parte importante del nacionalismo catalán no ve mal a Vox porque sea islamófobo, ni porque crea que hay demasiados inmigrantes, ni porque considere que los que vienen de fuera pervierten la tradición cristiana occidental, ni porque defiendan un proyecto económico que favorezca a los empresarios y el capital, los ven mal porque defienden la unidad de España. Es por eso que ven con cierta simpatía a una señora como Silvia Orriols, que iba a las manifestaciones del procés, que considera que Cataluña debe ser independiente y que además llama a Illa imperialista, y si esa persona, encima se mete con los inmigrantes que pervierten la identidad catalana y mantiene el statu quo del capital pues acaba siendo de los suyos. 

Un mensaje de Albano Dante, exsecretario general de Podemos en Cataluña, y plegado al secesionismo de Carles Puigdemont, expresaba la cobardía, cuando no connivencia, de una parte del independentismo con Aliança Catalana hasta el punto de no atreverse a criticarla abiertamente porque es consciente de que se la ve con simpatía entre sus seguidores: “No vull ofendre ningú. Només vull opinar en llibertat i respectuosament. I opino, sincerament, que això no ajuda en res el nostre país. Al contrari. Puc estar equivocat, però és el que penso i volia compartir-ho. Bona nit.” El mensaje adjuntaba un vídeo de Silvia Orriols, Aliança Catalana, en el que decía que su partido era aquel que recogía a quien no quería que sus barrios se llenaran de gente extraña, incívica y desconsiderada que vienen a robar, okupar y recibir subsidios. En el fondo Albano Dante tiene miedo a criticar de forma abierta ese mensaje porque el que ellos promueven se parece mucho pero con una consideración clasista y nacional por encima que la racista. Es difícil ser más cobarde con el fascismo propio que en el mensaje de Albano Dante. 

La tolerancia del catalanismo con el fascismo no se circunscribe a la aceptación incómoda de Aliança Catalana porque viene de lejos cuando servía a sus intereses. La connivencia y alianzas de Carles Puigdemont con los fascistas flamencos del Vlaam Belang nunca fue denunciada por las fuerzas progresistas del procesismo ni siquiera cuando aparecían con sus banderas en las manifestaciones del procés. El crecimiento de la extrema derecha siempre viene acompañado por la tolerancia interesada y el silencio de aquellos que consideran que su presencia les puede resultar valiosa para sus intereses o que siendo conscientes de que son vistos por simpatía por parte de su potencial electorado consideran que les conviene no enfrentarse a ellos porque incrementaría la brecha entre aquellos a los que aspiran a seducir. No existe ninguna diferencia entre la aceptación del mundo de Junts y sus allegados del fascismo catalanista de Silvia Orriols y la aceptación del fascismo españolista por parte de los conservadores españoles. El votante de Vox es el nieto de los migrantes españoles en Cataluña y el de Aliança Catalana es la clase media-aburguesada con el clasismo y la identidad nacional como prioridad. Todos ven a los inmigrantes como factores que disuelven su identidad occidental ya sea catalana o española, todos ven en esas formaciones quienes mejor defenderán sus privilegios económicos.  

No existe la posibilidad de que las ideas de extrema derecha prendan en una sociedad sin que haya una cierta asimilación de los conceptos por parte del resto de actores que sin atreverse al principio, o reprimiendo un sentimiento de simpatía por esos principios y valores, ven bien que otros se atrevan a expresar lo que ellos también piensan pero no se atreven a hacer público. La expresión de las ideas de la extrema derecha es una avanzadilla del subconsciente y del pensamiento oculto conservador, que aflora solo en los más desacomplejados para hacerse mayoritaria con el paso del tiempo porque existe un sentimiento de aceptación general de esas ideas en los partidos conservadores y las élites económicas. Esa expresión reprimida por los conservadores que los ultras hacen visible acaba haciéndose hegemónica cuando las condiciones son propicias porque expresa el verdadero sentir de las derechas que engrasan con su connivencia íntima que los partidos ultras tengan visibilidad y representación. Para todos los que tienen como principal interés el capital, llegado el momento, hay un fascismo bueno.

Dos territorios con una enorme carga política, por la historia y por el momento que atraviesan, celebran comicios autonómicos en las próximas semanas. Primero llega Euskadi, este mismo domingo, 21 de abril. El 12 de mayo será turno de las elecciones en Catalunya. Los nacionalismos de Euskadi y Catalunya llevan décadas mirándose de reojo. ¿Ha sido siempre así? ¿Cuál ha sido el camino que han seguido históricamente estos nacionalismos?

Reflexionamos sobre ello con el periodista de elDiario.es en Catalunya Arturo Puente.

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El economista alemán Albert Hirschman se refería a los “empeoradores de la realidad” para definir a aquellos que desde esta ciencia trabajan para frenar progresos sociales y transformaciones beneficiosas para el conjunto. Pasa con algunos economistas pero también con los pensadores. Por suerte, existen también otros estudiosos que podrían definirse como ‘mejoradores’, aquellos cuyas reflexiones repercuten en el bien común. A menudo son razonamientos menos estruendosos y en estos tiempos puede que menos escuchados aunque los necesitemos más que nunca. 

El filósofo José Antonio Marina está en el grupo de los que deberían ser catalogados de ‘pensadores mejoradores’ y su último ensayo, ‘Historia universal de las soluciones’ (Ariel), que llega este miércoles a las librerías, es una reivindicación de la política para que los dirigentes aprendan a resolver problemas y no confundan el trabajo que les ha sido encomendado con los automatismos perversos del poder. De ahí que se plantee cómo tendría que ser la educación del político para que su labor sirviese para resolver los problemas. Para ello recurre, de nuevo, a la filosofía clásica, la historia y la psicología, pero a la vez a ejemplos prácticos tan próximos y de actualidad como Catalunya. 

Marina recupera las tres cuestiones fundamentales que identificó Kant para formular esta historia universal de las soluciones: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? y ¿qué puedo esperar? Para darles respuesta, antes es imprescindible entender cuáles son los problemas que podrían calificarse de universales. En el ensayo se identifican ocho y van desde el valor de la vida humana a la relación con los débiles, la relación del individuo con la tribu o el poder, ya sea su titularidad, sus límites o la participación en él.  

En el caso de la política, como en tantos otros ámbitos, toda resolución debe ir de la mano de la ética. Un punto de partida, para gobernantes y gobernados, es la distinción entre conflicto y problema. Este aparece como uno de los ejes principales del libro. “El conflicto se diferencia del problema en que en este último caso se busca una solución, es decir, un marco más amplio en que la compatibilidad sea posible. Mientras que, en el conflicto simplemente se busca la derrota del opositor. No se quiere una solución, sino una victoria”, diagnostica Marina. 

No hay mejor ejemplo práctico que Catalunya para preguntarse si se trata de un conflicto o de un problema. Hace tiempo que el filósofo da vueltas a esta cuestión y la planteó en un artículo en este diario en octubre del año pasado. Marina analiza este contencioso desde la mirada de alguien que ha hecho el esfuerzo de no quedarse con la refriega partidista. Recurre a la historia para identificar bien el motivo de una discordia que desde 1641 hasta ahora ha acumulado agravios y sufrimientos, siempre planteados como un conflicto.

Esta formulación, según el autor, es lo que ha hecho que siga sin arreglo tantos siglos después. Así que la cuestión, en base a la necesidad de explorar posibles soluciones, es si se trata de un asunto que puede reformularse como un problema. La respuesta, si se desmontan algunas de las condiciones que hasta ahora lo han convertido en un conflicto, es afirmativa.

A modo de resumen, Marina subraya la necesidad de reconocer que existe una “soberanía compartida” a partir de la cual debería atenderse el hecho diferencial catalán: “Hay que reconocer que hay ‘tres derechos en conflicto’: el de los catalanes que quieren la independencia (sean mayoría o minoría), el de los catalanes que no quieren la independencia (sean mayoría o minoría) y el del resto de los españoles, porque son afectados por una posible secesión”.

Situados en el campo legal, y para encontrar la solución al problema, se trataría de abordar un doble referéndum: uno sobre el modelo de autogobierno en el que votarían solo los catalanes y otro sobre la reforma constitucional, que como tal deberían votar todos los españoles.

Probablemente si la negociación, la paciencia y la comprensión guiasen a los políticos para buscar una solución al caso catalán u otros problemas que siguen abordándose como un conflicto y no se planteasen su resolución como un juego de suma cero, el de “aplastar al oponente”, como le gusta decir a Trump, el prestigio de la política y los políticos sería otro. Ellos deberían ser los primeros interesados en evolucionar en el sentido correcto.   

Marina cita a Newton cuando le preguntaron cómo conseguía resolver los problemas, y el científico respondió: “Pensando en ellos día y noche”. Es un proceso parecido al que ha llevado al premiado filósofo a bucear desde hace años entre tratados de educación y biografías de mandatarios. De ahí salieron muchas anotaciones que le han ayudado a ordenar las reflexiones de un ensayo que es una apelación a la buena política, la de aquella que busca soluciones en vez de crear nuevas disputas.

La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 seguirá adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez ha dictado un auto en el que rechaza la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y otros siete codemandados más. 

Según ha informado el órgano fiscalizador, dicha solicitud se basaba en salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista para “evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios, una vez analizado el texto de la proposición de la ley de amnistía”. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. No obstante, la consejera afirma que a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales, por lo que ha denegado la petición. 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de esa petición al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, aseveró el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, durante el juicio celebrado el pasado 17 de noviembre. 

Se mantiene abierto así el procedimiento contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo. 

Los líderes del Partido Popular y de Vox han coincidido este sábado, como ya hicieron la semana pasada, en una nueva protesta multitudinaria en la capital de España contra la ley de amnistía y en defensa de la Constitución que ha congregado a 170.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid. La protesta, la primera tras la investidura de Pedro Sánchez, ha sido convocada por más de 100 asociaciones que han llamado a ciudadanos “de izquierdas, de centro o de derecha” a manifestarse en la capital y ha contado con la presencia de los máximos responsables del PP, Vox y Ciudadanos, aunque cada uno de ellos ha permanecido con los suyos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había confirmado este viernes su asistencia con un mensaje publicado en X en el que afirmaba “Yo voy. #EspañaNoSeRinde”, ha estado acompañado de varios presidentes territoriales como Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid; Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León; Fernando López Miras, de Murcia, o el presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Junto a ellos se ha podido ver a la exportavoz del PP, y diputada, Cayetana Álvarez de Toledo

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como Feijóo han sido recibidos con gritos de “¡Presidente, presidente!” y “¡Presidenta, presidenta!” por los participantes, que a mediodía ya desbordaban la Plaza de Cibeles y sus aledaños. Los participantes han interrumpido los discursos de los convocantes con proclamas contra Sánchez, “No es un presidente, es un delincuente”, a favor de la “unidad”, “España, unida, jamás será vencida”, o contra Puigdemont.

Entre los carteles y las banderas de España había algunos en los que se leía “Me gusta la fruta”, el nuevo 'grito de guerra' de la derecha acuñado por Ayuso para enmascarar el insulto que profirió contra Sánchez en la tribuna de invitados del Congreso durante la primera jornada del debate de investidura. La propia dirigente madrileña ha celebrado el 'éxito' de su ocurrencia: “Aquí hay gente de Murcia que está encantada. Me estaban contando que una de cada cuatro piezas de fruta que se exportan en España proceden de la Regíón”, ha explicado antes de comenzar el acto.

Feijóo exige a Sánchez que “no levante muros”

A su llegada, Feijóo ha asegurado que “las alarmas de la democracia están encendidas” por el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes, pero ha pedido a la ciudadanía que no tenga “miedo” porque el PP estará “vigilante” en lo que reste de legislatura y su formación va a seguir “denunciando siempre” los “abusos” que cometa el nuevo Gobierno. El líder del PP ha criticado que “se vote una cosa en las urnas” y luego “se haga otra cosa en el Congreso”, y ha reiterado que “España es un sistema democrático” para exigirle luego a Sánchez que “no levante muros entre españoles”.

Ayuso, por su parte, ha declarado que el acuerdo con los independentistas ha llevado a España “a una situación límite nunca vista en democracia” y que se está creando un sistema de “bandos” en el que “solo pueda haber un tipo de gobierno” que va a “reventar la convivencia”. “Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, seamos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sentenciado que “el daño que se está generando es irreversible”.

Desde una hora antes de que diera comienzo la convocatoria, la afluencia de ciudadanos era ya bastante notable y desde la Puerta de Alcalá se dirigían hacia Cibeles decenas de personas con banderas españolas y europeas, muchas de ellas con eslóganes contra la amnistía y el gobierno. De fondo, sonaba 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat, que ha dado paso después al 'Que Viva España', de Manolo Escobar, un clásico en estas manifestaciones. En la calle, de camino a Cibeles, no faltaron los choques entre algunos ciudadanos que se quejaban de los cortes de tráfico tan drásticos que ha habido este sábado en Madrid. Los que iban a la manifestación ironizaban, entre risas: “Ya sabes, me gusta la fruta”.

La convocatoria lleva el lema, “No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. ¡Por la libertad, la unidad y la igualdad!” y se ha celebrado apenas 48 horas después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, lograra este jueves su investidura con una mayoría absoluta de apoyos en el Congreso. El presidente socialista ha conseguido reeditar el Gobierno de coalición tras sellar el pacto con los independentistas catalanes que incluye la ley de amnistía para los líderes del procés. 

Almeida: “Las manifestaciones en Ferraz estaban mejor antes de que llegara Vox”

También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho declaraciones a su llegada a la concentración. Entre otras cosas, Almeida ha dicho que “las manifestaciones en Ferraz [donde está la sede nacional del PSOE] estaban mejor antes de que llegara Vox”, partido que está alentando allí las protestas que desde hace días derivan en violencia. El alcalde ha añadido que “los partidos políticos no deben ser protagonistas de concentraciones nacidas desde la sociedad”, a pesar de que la semana pasada fue el PP quien convocó las concentraciones en todas las capitales de provincia.

Almeida ha afirmado que seguirán manifestándose “hasta que vuelva el consenso” y que las protestas no son lo que añade “crispación” en la sociedad, sino el hecho de que “la gobernabilidad de España se haya pactado con los independentistas”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mantenido en el otro punto de la Plaza de Cibeles, muy alejado de donde se encontraban los miembros del PP, con los que no ha coincidido.

Abascal quiere una reunión con Feijòo

Abascal ha adelantado a su llegada a la protesta que ha solicitado una reunión a Feijóo para coordinar la respuesta a la ley de amnistía desde el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. “La consumación del golpe que ya se ha iniciado con el pacto de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España será la aprobación de la ley de amnistía”, ha dicho. El líder de Vox ha añadido que “no podemos dar la batalla por perdida, hay que seguir resistiendo con una movilización social sostenida, dar una respuesta institucional coordinada”. El partido de extrema derecha ha convocado para este mismo sábado una nueva marcha por la Gran Vía hasta la sede socialista en Ferraz como continuación a la protesta en Cibeles, aunque al final han desfilado hasta el Palacio de la Moncloa entre un fuerte dispositivo de seguridad.

Allí, centenares de manifestantes han provocado el corte de la autopista A-6 de entrada a Madrid. Ante la presencia de los antidisturbios de la policía, menos de una hora han abandonado la concentración frente a la Moncloa, aunque poco después han regresado y han obligado a cortar de nuevo la vía de entrada a la capital.

Tanto el PP como Vox han mantenido una pugna en las últimas semanas por liderar el rechazo a la amnistía en las calles, con protestas que, como en el caso de las celebradas ante sedes socialistas, se han visto desbordadas por enfrentamientos con la policía y entre proclamas y símbolos fascistas y racistas. “Los disturbios que se están viendo están provocados por una minoría y no hay que confundir a la minoría con la mayoría”, ha dicho Almeida, que ha mostrado de nuevo su respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El rechazo a esa ley “del perdón” ha inspirado ya más de dos semanas de protestas diarias ante la sede socialista en la madrileña calle de Ferraz, convocadas en su mayoría por Vox, así como diversas concentraciones en las capitales de provincia, que el pasado fin de semana lideró el PP. Con esta nueva convocatoria, ambos partidos vuelven a estar juntos, pero no revueltos, en lo que la extrema derecha ha denominado “movilización permanente” contra Sánchez en las calles. 

Este sábado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reivindicado las protestas “pacíficas” de los españoles contra lo que ha calificado como el “atentado a la Constitución” de la ley de amnistía.

El PP explicó este viernes que si antes de la investidura del líder socialista “había una razón para ir a la calle este sábado en Madrid a reclamar democracia y Estado de derecho en España”, el presidente del Gobierno en su discurso de investidura “la ha aumentado al llamarnos a la mitad más uno de los españoles fascistas, extremistas de derecha y no demócratas”, en palabras del responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons.

“Por España, la Democracia y la Constitución”

La convocatoria de este sábado está secundada por asociaciones como Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Catalunya Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas - todas de tinte conservador- que ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema “Por España, la Democracia y la Constitución”.

En la nueva manifestación de Cibeles ha habido varias intervenciones, con un último discurso por parte de Fernando Savater. El filósofo y escritor ha asegurado este sábado que la protesta es el “primer paso de una resistencia que tiene que continuar”. Savater ha apoyado escoltar al expresidente catalán Carles Puigdemont pero para “llevarlo a Alcalá Meco y dejarlo allí unos cuantos años”.

Durante la concentración también se ha emitido un vídeo en homenaje a los policías heridos durante los altercados en Barcelona tras el procés. Los convocantes han asegurado en su manifiesto que España se encuentra ante una “grave encrucijada que determinará su futuro” y que hace “inaplazable la acción de la sociedad civil”. 

También añaden que “por primera vez” en 45 años de democracia, “el PSOE ha abandonado su deber de defender el orden constitucional” y se dispone a aprobar leyes de “imposible encaje” en la Constitución “a cambio de mantenerse en el poder”. El texto, en el que aseguran que se “pone en riesgo cierto la existencia misma de España como espacio de garantía de los derechos y libertades”, ha sido enviado a todas las Embajadas, Consulados, corresponsales extranjeros, autoridades de la UE y eurodiputados. “El mundo entero se tiene que enterar de esta infamia”, aseguraba muy serio uno de los manifestantes de este viernes mientras se tomaba una caña en una de las terrazas de la zona, todas abarrotadas de gente.

“Porque Catalunya tiene todo el derecho a decidir su futuro político. Porque algunos están obsesionados en perseguir y reprimir a los catalanes, que sólo queremos poder votar”. Con estas palabras, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esta tarde ha publicado un vídeo en X (anteriormente Twitter) cargando contra la amnistía.

El president ha escogido la misma fórmula que Ayuso para responder a un mensaje en que la popular lanzaba mensajes como “porque España sí es una nación”, “porque todos en España somos iguales ante la ley” o “porque los golpistas sí cometieron un delito”.

De esta manera, ambos presidentes autonómicos se han intercambiado reproches usando el mismo formato. Así, mientras Ayuso apunta que “España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian”, Aragonès replica que “Catalunya ha frenado a la derecha y a la extrema derecha y algunos no pueden soportar perder y que ahora el independentismo tenga la clave”, en referencia a la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las negociaciones en curso para investir a Pedro Sánchez.

Son diversas las voces en los sectores de la derecha que han cargado contra el rey Felipe VI por encargar ahora la formación del Gobierno al socialista, que depende de los votos independentistas. “No se puede dañar tanto la imagen de España en el mundo. Por los catalanes que han perdido lo más importante que tenemos: la libertad”, ha reivindicado Ayuso.

A lo que Aragonès ha respondido que “quien más daño hace a la imagen del estado español son aquellos que niegan la democracia”. “Porque a algunos les encanta hablar de libertad y buena gestión y son los que recortan la sanidad publica y tienen niveles más altos de paro. Son especialistas en esconder su incompetencia atacando a Catalunya y su ciudadanía”, ha remachado el president.

Este intercambio de mensajes se ha iniciado con una publicación de la presidenta Ayuso, que ha usado el vídeo para recordar su asistencia a la manifestación que la entidad Societat Civil Catalana organiza en Barcelona este domingo contra la amnistía. Una concentración a la que también han confirmado su presencia otros líderes como Feijóo o Santiago Abascal.

“Por la libertad de Catalunya y España entera, este domingo estaremos en Barcelona. En casa”, ha acabado Ayuso. Finalmente, Aragonès ha cerrado su vídeo afirmando: “Nosotros siempre estamos en Catalunya. Este domingo y cualquier otro día. Siempre al lado de toda la ciudadanía. De toda”.

El posible proceso de extradición de Carles Puigdemont a España no se solapará con las negociaciones más inmediatas entre PSOE y JxC para una posible investidura de Pedro Sánchez. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha anunciado que no tomará una decisión sobre la euroorden del expresident catalán, que recientemente se ha quedado sin inmunidad parlamentaria, hasta que la Justicia europea no se pronuncie sobre las posibles medidas cautelares que Pugidemont pueda pedir para retener esa inmunidad. El juez calcula que, en cualquier caso, sería posible tener al expresident en España antes de junio del año que viene.

La decisión del juez instructor del procés llega poco después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) haya confirmado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresident catalán así como a los exconsellers Comín y Ponsatí. El tribunal radicado en Luxemburgo entendió que el Supremo no puso en marcha el proceso contra ellos “con la intención de dañar la actividad de los diputados” y que, incluso, están imputados desde un año antes de obtener un escaño en la institución comunitaria.

Un paso clave para que el Tribunal Supremo pudiera afrontar con garantías el proceso de extradición de Puigdemont, que se ha atascado en diferentes tribunales de Europa en los últimos años. Después de la derogación del delito de sedición y de que el propio Supremo descartara el delito de rebelión, su procesamiento quedó reducido a desobediencia y malversación de caudales públicos, según confirmó recientemente la sala de lo penal. En el caso de Ponsatí, que volvió recientemente a España y no compareció tras ser citada por el Supremo, su procesamiento se ha quedado en un delito de desobediencia.

Explica ahora el juez Llarena que poner en marcha una euroorden en este momento implicaría que “quedaría inmediatamente paralizada (antes de alcanzar su objeto) si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento”.

La respuesta del Supremo, por tanto, no llegará como mínimo hasta que los tribunales comunitarios se pronuncien sobre un recurso de medidas cautelares que el propio Puigdemont anunció que interpondría cuando supo que su inmunidad de europarlamentario había quedado definitivamente anulada. No cree que exista “ninguna dificultad” para que el expresident y el resto de fugados “puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos y para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio”. Es decir, antes de las próximas elecciones europeas en junio del año que viene.

El Derecho Parlamentario descansa en el principio de discontinuidad. Cada legislatura empieza con una manifestación de voluntad del cuerpo electoral y finaliza en el momento en que se ha agotado el plazo previsto para dicha manifestación de voluntad en el documento constituyente correspondiente: Tratado, en el caso de la Unión Europea; Constitución, en el de los Estados miembros.

Las legislaturas son compartimentos estancos y no vasos comunicantes. De esta manera se expresa la especificidad del principio de legitimidad democrática respecto del Parlamento, tanto del europeo como de los nacionales. El momento de la renovación temporal es parte constitutiva del principio de legitimidad democrática por lo que al Parlamento se refiere. Es un momento definitorio de dicho principio. Por eso, lo es también la de los órganos cuya legitimidad democrática depende de la legitimidad del Parlamento, como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial.

Viene a cuento esta introducción por el posible alcance de la decisión conocida este miércoles del Tribunal General de la Unión Europea (TGEU), que ha validado la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. Una vez levantada esta inmunidad, podría surtir efectos la orden de detención y entrega dictada por el juez Pablo Llarena respecto de Puigdemont ante la justicia belga. Pero, puesto que el TGUE es un órgano de primera instancia, su sentencia no será firme hasta que sea ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En consecuencia, si Puigdemont recurre la sentencia del TGUE y solicita y consigue que el TJUE mantenga las medidas cautelares adoptadas por el propio TGUE hasta que se dicte sentencia firme, es muy probable, por no decir que prácticamente seguro, que no se dicte sentencia firme antes de mayo de 2024, en que habrá finalizado la presente legislatura y se celebrarán las elecciones que abrirán la próxima. 

En el mismo momento en que se ponga fin a la presente legislatura, Puigdemont dejará de ser diputado europeo, pero también dejará de tener valor la decisión del Parlamento respecto del levantamiento de su inmunidad. La justicia belga podría perfectamente ordenar la extradición de Puigdemont de manera inmediata, ya que este carecería de inmunidad parlamentaria en el periodo que media entre la disolución del Parlamento y la celebración de las elecciones para su renovación. Pero es bastante improbable que lo haga si Puigdemont figura en alguna candidatura a las elecciones de mayo del Parlamento Europeo. 

La elección de Puigdemont en dichos comicios, caso de producirse, pondría de nuevo el contador a cero. El juez Llarena tendría que dictar una nueva orden de detención y entrega y solicitar de nuevo el levantamiento de la inmunidad al Parlamento elegido en mayo de 2024. La decisión adoptada por el Parlamento Europeo en la presente legislatura será letra muerta a partir de la constitución del nuevo Parlamento. Hasta que se haya producido la constitución del nuevo Parlamento europeo, no podremos saber qué va pasar con el estatus jurídico de Puigdemont.

Ello no quiere decir que hasta la jornada electoral de mayo no se vayan a producir actos jurídicos que pueden tener mucha relevancia para la decisión que pueda acabar adoptando el nuevo Parlamento Europeo respecto de la inmunidad de Puigdemont.

Si la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) sigue siendo tras estas elecciones la misma que mantuvo en las elecciones anteriores, Puigdemont no será proclamado candidato electo por la JEC al no acudir, como es presumible, a la sede de dicho órgano para prometer o jurar la constitución. En consecuencia, la JEC no incluirá a Puigdemont en la lista de candidatos electos que enviará al Parlamento Europeo, por entender que, sin dicho juramento o promesa, no ha adquirido la condición de diputado. 

Pero la situación tras estas próximas elecciones será sustancialmente distinta de la que teníamos en las elecciones anteriores, ya que el TJUE dictó sentencia el 19 de octubre de 2019, en la que afirmó de manera rotunda que la condición de candidato electo se obtiene como consecuencia del recuento de los votos válidamente emitidos por los ciudadanos y no se puede hacer depender de la promesa o juramento de la Constitución. La decisión de la JEC de no reconocer a Puigdemont como candidato electo ante la ausencia de promesa o juramento de la Constitución, estaría en contradicción radical con la jurisprudencia del TJUE. Sería, en consecuencia, recurrida por Puigdemont ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, en su caso, en recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional y, finalmente, ante el TJUE, que tendría que decidir si confirma o rectifica su decisión de 2019. 

No parece que quepan dudas respecto de la decisión del TJUE, máxime cuando la decisión fue adoptada en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que reconoció la validez de dicha jurisprudencia pro futuro, aunque consideró que ya no podía se aplicada a Carles Puigdemont por el tiempo transcurrido y la consolidación de determinadas situaciones jurídicas por esa misma circunstancia.

¿Mantendrá la JEC la posición que mantuvo en las anteriores elecciones o rectificará y se ajustará a la jurisprudencia del TJUE? En el caso de que haga lo primero, su decisión podría ser anulada por el TS, por el Tribunal Constitucional (TC) español o por el TJUE. En todo caso, parece obvio que la contumacia de la JEC en su rechazo de la sentencia del TJUE no podría dejar de ser tomada en consideración por el propio Parlamento Europeo a la hora de adoptar la decisión acerca de la incorporación de Puigdemont a su escaño, primero, y sobre el levantamiento de la inmunidad, después.

En el caso de que la JEC rectifique, estará reconociendo que actuó de manera antijurídica al no reconocer la condición de diputado europeo de Puigdemont y que, como consecuencia de ello, el Parlamento Europeo en esta pasada legislatura adoptó la decisión de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont con base en información incorrecta.

Queda todavía mucho partido, pero mi impresión es que la JEC, el TS y el TC van a quedar muy mal parados si se mantienen en su posición de las pasadas elecciones. Y también si rectifican. Lo que se ha perseguido con malas artes en el pasado, no se puede considerar como no producido. La ausencia de imparcialidad de la justicia española en su persecución de Carles Puigdemont en el inmediato pasado, ¿se puede subsanar en el presente? ¿Se puede pasar por alto que la imparcialidad incluye la apariencia de imparcialidad?

Es, además, posible que, antes de que se ponga punto final a la cuestión de la inmunidad de Puigdemont, haya dictado sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los recursos interpuestos por los condenados por sedición y malversación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Todo esto es lo que le viene encima a la JEC, al TS y al TCE. Ya he dicho en más de una ocasión que, en mi opinión, la sentencia del TS en el 'caso Procés' y la ulterior del TC acabarán siendo declaradas nulas de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y de derechos reconocidos en el Convenio Europeo. No creo, en todo caso, que se vaya a producir la extradición de Puigdemont en cumplimiento de la orden de detención y entrega dictada por el juez Llarena.   

El Tribunal Supremo ha confirmado que Carles Puigdemont no seguirá acusado de sedición tras la última reforma del Código Penal pero sí por desobediencia y malversación de caudales públicos. Los jueces de la sala de lo penal han avalado la decisión del juez Pablo Llarena de aplicar la reforma del delito de sedición y mantener la orden de búsqueda y captura por los otros dos delitos junto con Toni Comín y Lluís Puig. Esta decisión también confirma que Marta Rovira y Clara Ponsatí están procesadas por desobediencia y que el desaparecido delito de sedición no es sustituible por otro de desórdenes públicos.

El instructor de la causa del procés revisó el procesamiento que pesaba sobre todos ellos después de la última reforma del Código Penal que, en la práctica, eliminó el delito de sedición por el que habían sido condenados, modificando también el de malversación de caudales públicos y los desórdenes públicos. Su decisión fue mantener la acusación de malversación contra Puigdemont e incluir la desobediencia, rechazando que la antigua sedición pudiera ser considerada un desorden público.

Una decisión que fue en contra del criterio inicial desplegado por la Fiscalía. En sus primeros escritos durante este trámite, el Ministerio Público se mostró de acuerdo con Llarena en perseguir al expresident catalán por la versión más dura de la malversación, pero también de hacerlo por desórdenes públicos. Ahora la sala de lo penal confirma la decisión del instructor.

La sala de apelación rechaza los recursos de los propios procesados como también de la acusación popular que ejerce el partido ultraderechistas Vox. “La reforma de la malversación no altera el procesamiento por este delito”, dice el alto tribunal, como tampoco implica ningún tipo de impunidad que la nueva versión del delito haga alusión al “ánimo de lucro”.

También razona que no se puede sustituir la sedición por los desórdenes públicos. “Son distintos los elementos de ambos tipos penales”, explica la sala de apelación. “Los encausados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia”, afirma.

El conflicto político en Catalunya no está resuelto. El procés independentista continúa siendo el tema que más polariza la sociedad catalana. Así lo refleja la encuesta “Convivència i cohesió a Catalunya”, realizada a 2.050 personas el mes de octubre de 2022 y presentada este martes por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). 

Para el 61,6% de los catalanes, el procés independentista es un tema de debate con un grado de polarización alto o muy alto. Este resultado, de momento, no preocupa al Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), ya que considera que “el nivel de crispación política respeto este tema ha bajado gracias a los acuerdos transversales en los presupuestos de Catalunya y también en el ámbito español”, tal como ha asegurado Kristian Herbolzheimer, director del ICIP, en la presentación de la encuesta. 

Las cifras muestran que “aunque el discurso político del gobierno central dice que durante estos cinco años la situación ha cambiado mucho, la realidad no es así. El proceso independentista no está resuelto, viene de lejos y va para largo”, añade Herbolzheimer.   

En cuanto a la detección del grado de polarización tanto ideológico como emocional de la sociedad en general, este no cuenta con muchas variaciones respecto al histórico de los resultados de estas encuestas, que se realizan desde 2018. Siguiendo en la línea de las consultas anteriores, los datos muestran que los medios de comunicación y los partidos políticos están mucho más polarizados que la sociedad en general.

Además de la parte ideológica, los valores de polarización emocional también se mantienen estables. El respeto (de 5,5 puntos, en una escala del 1 al 10) y la impotencia (de 4,6 puntos sobre 10) siguen predominando entre las emociones hacia las personas que piensan políticamente diferente. La tristeza y el miedo aumentan un poco respecto 2020, y baja la confianza acompañada de un crecimiento del número de personas que desconfían bastante o mucho del resto de la sociedad. 

El segundo tema que polariza más a la sociedad catalana, después del procés independentista, es la lengua, un tema de debate estrechamente ligado al conflicto político catalán. Poco más de la mitad de los encuestados cree que la polarización que provoca la lengua de uso habitual es alta (de 7 puntos o más), por encima de otros indicadores analizados como la clase social, la inmigración o el feminismo. 

“El conflicto político es ahora un poco más social y el debate alrededor de la lengua es una representación de este cambio”. Con estas palabras, la coordinadora del sondeo, Berta Barbet, expone que la lengua ha pasado de ser el quinto tema más polarizante a ocupar el segundo puesto, siendo la variable que incluye un incremento de puntos más significativo (pasa de 5,1 puntos a 6,1). 

El sondeo analiza otros aspectos como la confianza y la cohesión social y los riesgos y amenazas que percibe la sociedad catalana. El director del ICIP valora positivamente los resultados, pero se muestra alarmado en cuanto a la preocupación generalizada por el aumento del incivismo, percibido como el principal problema de convivencia; y la extrema derecha, que crece de forma exagerada.

Asimismo y en el contexto de la guerra en Ucrania, la mitad de la población cree que el aumento del gasto militar genera más inseguridad que seguridad y que el gobierno español invierte demasiado dinero en ello. “La ciudadanía tiene una percepción de seguridad diferente a la OTAN y el gobierno español, ya que considera el incremento del gasto militar como un elevado factor de riesgo para la seguridad”, detalla Herbolzheimer. 

La encuesta sugiere que Catalunya es una sociedad concienciada con la justicia social: preocupada por las crisis económicas, el cambio climático, el mal funcionamiento de la democracia, la desinformación y la desigualdad, entre muchas otras cosas. Asimismo, el director añade que ésta “actúa como una señal de alerta hacia las instituciones públicas y la sociedad en general”. 

El Tribunal de Cuentas ha acordado este lunes mantener la multa que impuso al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y varios exconsellers por el uso indebido de fondos públicos en la consulta independentista del 9N de 2014. 

En un comunicado, el órgano fiscalizador ha informado de que su Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha desestimado por unanimidad el recurso de apelación que presentó el exconseller de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs contra la liquidación de intereses practicada en esa condena. A ese recurso se adhirieron el expresident Artur Mas y otros altos cargos. De esta forma, la Sala de Justicia confirma el auto del pasado 28 de julio con el que la Sección de Enjuiciamiento desestimó las impugnaciones de la liquidación de intereses practicada.

El Tribunal de Cuentas cifró en 4,95 millones de euros el coste para las arcas de la Generalitat que supuso esa consulta y condenó a Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver esa cantidad. A esa cifra se sumaba más de un millón de euros por los intereses devengados. Homs, a cuyas alegaciones se adhirieron Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Josefina Valls y Jordi Vilajoana, pretendía que los intereses quedaran fijados en 590.547,63 euros.

El centro de la discrepancia era la manera de calcular el periodo en el que el montante reclamado por el órgano fiscalizador dio lugar al incremento de la deuda con la Generalitat. En su recurso, Homs defendía que el cómputo de los intereses debería haber quedado paralizado desde el momento en que se hicieron las sucesivas consignaciones: en noviembre de 2017 y en julio de 2019, cuando se aportaron las cantidades reclamadas para hacer frente a la posible responsabilidad contable que era objeto de investigación. 

La Fiscalía se opuso al recurso de apelación de Homs, al considerar que la consignación de dichas cantidades no tenía por qué detener la contabilización de los intereses con el argumento de que no se habían manifestado por los encausados “su voluntad de aceptar y pagar la condena impuesta”.

El vicepresidente y 13 miembros de los 71 que conforman el secretariado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha decidido dimitir en bloque durante el pleno celebrado este sábado. Con esta decisión, el secretariado -órgano que gobierna la entidad independentista- se queda en cuadro y marca un antes y un después en la presidencia de Dolors Feliu y confirma la crisis interna de una de las entidades con mayor peso político del independentismo catalán.

La crispación empezó a notarse en la entidad en la reunión del pasado 28 de enero, cuando Feliu propuso crear un grupo de trabajo que confeccionara la llamada 'lista cívica', una propuesta electoral independentista al margen de los partidos soberanistas (ERC, Junts y la CUP). Esta propuesta, que necesitaba dos terceras partes de los votos, fue tumbada por 29 votos frente a 28.

Pero el problema no es tanto la idea de la lista electoral, sino las formas. Los críticos afean a Feliu haber hablado públicamente de la lista sin que haya sido debatida en el marco de la estrategia general de la entidad, que se debe detallar en el pleno previsto para los días 11 y 12 de marzo.

De hecho, Feliu ya esgrimió como amenaza esta propuesta electoral ante los partidos independentistas durante los días previos a la Diada del 11 de septiembre de 2022, una jornada marcada por las tensiones. Tanto, que la manifestación organizada por la ANC, a la que no asistió ningún miembro de ERC ni del Govern, acabó con peticiones de elecciones anticipadas por parte de Feliu.

Feliu descarta dimitir

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha descartado su dimisión, pero si ha reconocido que la lista cívica ha sido un detonante y que “no hay acuerdo en uno de los temas de fondo ideológico”, ha asegurado Feliu en una entrevista este domingo en Catalunya Ràdio.

La presidenta ha explicado que durante el encuentro de ayer se llevaron a cabo “reflexiones de consenso” y se impulsaron “decisiones muy relevantes con amplias mayorías”, pero ha lamentado que las 13 dimisiones fueran “preacordadas antes del pleno”.

Las personalidades más críticas con la gestión de Feliu se organizaron en el colectivo Indesinenter, que la semana pasada emitió un comunicado (sin firmas) que hacía las veces de ultimátum para que el Comité Permanente (el núcleo duro del secretariado) se remodelara y dejara de actuar “con centralismo y abuso de poder” y con “malas prácticas e irregularidades”.

Estas acusaciones se basan en hechos acontecidos durante la reunión del pasado 28 de enero, cuando Dolors Feliu “decidió destituir al secretario nacional escogido presidente de mesa y nombrarse a ella misma”. También critican que se vetaran dos puntos del orden del día y que, a pesar de que la votación con respecto a crear la 'lista cívica' fuera rechazada, se emitiera un comunicado oficial que asegurara que “el compromiso de la Assemblea con las previsiones de su hoja de ruta y la Lista Cívica es del todo vigente”.

Ante estas acusaciones, la ANC emitió un comunicado el pasado jueves en que se escudaba en los estatutos y “mecanismos de democracia interna”, recordando que el Comité Permanente es escogido “democráticamente” entre todos los secretarios nacionales. Así mismo, lamentan las filtraciones a la prensa sobre las crisis internas de la entidad. Igualmente, aseguran que en el pleno de marzo se debatirá ampliamente el asunto de la 'lista cívica' de manera “transparente”.

La intención de los críticos que han dimitido no es la de abandonar la ANC; de hecho el vicepresidente -Jordi Pesarodona- deja el cargo, pero continuará como secretario. La postura de los críticos es la de apartarse y recoger las firmas suficientes para lograr la destitución de la actual dirección y forzar unas elecciones en la entidad.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre la reforma de la malversación y la sedición, y el veredicto no acompaña completamente al objetivo con el que el Gobierno central y Esquerra impulsaron el cambio en el Código Penal. Los jueces lamentan que sediciones no violentas pueden quedar sin castigo legal y rechazan que este delito sea sustituible por otro de desórdenes públicos, pero al mismo tiempo rechazan que beneficie a condenados como Oriol Junqueras y mantienen que usar dinero público para impulsar el procés soberanista fue la versión más grave posible de la malversación de caudales públicos.

Esta reforma fue la clave de bóveda del acuerdo entre el Ejecutivo y ERC, uno de sus socios de investidura, para sacar adelante los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura. La derogación del delito de sedición por el que habían sido condenados los líderes políticos catalanes y una modificación del delito de malversación para diferenciar entre aquellos que sacaban dinero de la caja pública para llevárselo a su bolsillo y quienes no obtenían un beneficio propio directo. 

Desde el Gobierno la defensa de la reforma pasaba por homologar ese capítulo del Código Penal español a lo que dicen las leyes de países vecinos, más aún después de los diversos tropiezos del juez instructor, Pablo Llarena, en sus intentos por traer a Carles Puigdemont a España desde Alemania. El objetivo también era desinflamar la vertiente judicial de las consecuencias del desafío soberanista de 2017, con causas todavía por juzgar.

Desde ERC su propuesta añadía una modificación de la malversación que, según sus cálculos, serviría directamente para despenalizar hechos como los del procés, al creer que los matices introducidos entre el que malversa con ánimo de lucro personal y el que no lo hace podían dejar a Junqueras y el resto de condenados y acusados fuera del alcance de las manos del Tribunal Supremo. Un regate que, según sus objetivos, era compatible con evitar cualquier tipo de impunidad en un delito asociado tradicionalmente a la corrupción política. 

Las 43 páginas firmadas por la sala de lo penal del Supremo apuntan en dirección contraria en casi todos esos ámbitos. Lo hace, en primer lugar, afirmando que la nueva versión del delito de desórdenes públicos no es un buen sustitutivo para la desaparecida sedición: “Era algo más que un delito contra el orden público”, dice Manuel Marchena. 

Llega entonces el único punto en el que convergen las aspiraciones de ERC y los razonamientos del Supremo: la reforma acerca un escenario donde es sencillo que una sedición sin actos violentos determinantes acabe en absolución. Apunta el Supremo a un “vacío normativo” y a “grietas” en el nuevo Código Penal. Se ha generado, dicen los jueces, un ángulo muerto en el que hechos como este solo serán punibles “si van acompañados de actos de violencia o intimidación”. 

La presencia o no de violencia en los principales capítulos del procés de 2017 fue uno de los puntos más polémicos de la sentencia que condenó a los líderes políticos catalanes. Dictaminó que existieron actos violentos, pero no lo suficiente como para hablar de rebelión. Ahora el Supremo lamenta que la prueba no se orientó a demostrar, por ejemplo, la concreta participación de Junqueras o el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, en actos violentos. 

Eso, sin embargo, sí lo considera posible en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que pasan de la sedición a los desórdenes públicos por su papel protagonista, por ejemplo, en las concentraciones masivas del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía. Ellos sí ejercieron, dicen los jueces, “actos de violencia e intimidación”. 

La malversación y el ánimo de lucro

La derogación de la sedición vino acompañada de una reforma de la malversación para volver a un modelo más similar al que existía antes de 2015. El nuevo articulado invita a los jueces a diferenciar entre casos en los que haya existido “ánimo de lucro” o versiones menos graves cuando el dinero no salga del circuito público aunque se destine a una finalidad distinta. 

El Tribunal Supremo cree que la malversación cometida y no cuantificada por parte de Junqueras y el resto de condenados no se beneficia de esta reforma, y que el uso de medios públicos para impulsar el procés sigue siendo una de las versiones más graves del delito. Incluso deja caer que sin la atadura de un concurso con la sedición, la condena podría llegar a los 15 años, más allá que la condena máxima de la sentencia de 2019. 

El dinero del procés no fue a parar a la cuenta bancaria personal de Junqueras, pero desde luego para el Supremo no puede entenderse que esos miles de euros tuviera un fin lícito cuando el Tribunal Constitucional había ordenado varias veces el final del desafío soberanista institucional. El dinero público, dice el Supremo, se usó para “una actividad delictiva impulsada por ellos mismos”.

Dedicar recursos públicos al procés, por tanto, sigue siendo delito a ojos del Supremo después de la reforma. No fue una acción “ausente” de ánimo de lucro, razonan los jueces, sino “actos apropiatorios”. “Muchas de esas operaciones implicaron la utilización de facturas falsas y hasta personas interpuestas con el único fin de ocultar la ilegal distracción de los fondos”, zanja. 

El resultado, con la calculadora en la mano, es que las dos vertientes de la reforma, según interpreta el Supremo, desprotegen al Estado en su capacidad de respuesta penal frente a acciones como las de 2017 pero no benefician a los presos del procés. Sin sedición ni malversación de caudales públicos, el Supremo advierte al líder de ERC: “La ruptura del concurso entre malversación y sedición permitiría ahora movernos en un nuevo marco punitivo que autorizaría la imposición de una pena mínima de 15 años de inhabilitación”, explica.

Esto añade otro argumento a los expuestos por este tribunal. No solo la presencia de actos violentos y tumultuarios evitaría la impunidad en casos similares: el uso de medios o dinero público también lo evita, como es el caso de Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados por el procés. 

Sin mejora para Junqueras y los cargos pendientes de juicio

Más allá de los dardos políticos que el Supremo envía al Gobierno, la resolución del Alto Tribunal frustra las expectativas que Junqueras y el resto de cargos políticos de ERC y de Junts pendientes de juicio en Catalunya habían puesto en la reforma para tener un horizonte penal más favorable. En el caso del líder republicano, no solo no se podrá presentar a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025, sino tampoco a las siguientes, ya que su inhabilitación termina en 2031. 

Las defensas de los condenados de ERC no dan la batalla por perdida y pedirán primero al Supremo anular el auto de este lunes y después solicitarán amparo al Tribunal Constitucional ante lo que entienden como una resolución injusta que reinterpreta los cambios penales alejándose del espíritu de la reforma. 

La intención de las defensas también es incluir la nueva decisión del Supremo en la demanda que ya se sigue en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según ha expresado el letrado Andreu Van den Eynde en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), la “interpretación sesgada” del Supremo “da fuerza” a los independentistas en Europa, ya que muestra que la judicatura es “imprevisible cuando aplica el derecho penal al caso catalán”. 

La interpretación del Supremo y de la Fiscalía contraria a beneficiar a los políticos independentistas afecta en especial a dos pesos pesados de ERC, los excolaboradores de Junqueras en Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los cerebros del 1-O. Se prevé que la Fiscalía Superior de Catalunya formalice en los próximos días su acusación, que si no hay cambios de última hora incluirá penas de cárcel por la malversación agravada. En otras palabras, no se les acusará por los dos nuevos tipos de malversación atenuada que pactaron el PSOE y ERC, sino por el delito tradicional.

La resolución de este lunes del Supremo también confirma que la Sala de lo Penal va a la una: se descarta aplicar a los exconsellers condenados el delito de desórdenes públicos, en línea con lo que ya dijo el juez Llarena respecto a Carles Puigdemont y el resto de exconsellers que permanecen en Bruselas. Salvo que se estimen los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, algo poco probable, el expresident será reclamado a Bélgica únicamente por malversación –delito cuya entrega rechazó el juez Llarena en 2018–.

En suma, el escenario no ha variado para los dirigentes independentistas que permanecen en el extranjero y solo la exconsellera Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tienen la puerta abierta al regreso a España gracias a la derogación de la sedición. 

Alerta por los desórdenes y el activismo

La reacción pública de la mal avenida familia independentista ha sido cerrar filas y criticar al Supremo. “Golpe a la democracia”, ha dicho Marta Vilalta (ERC). “Criminalización del 1-O”, ha lamentado Turull (Junts). “El Estado sigue considerando violento el ejercicio de derechos fundamentales”, ha terciado Xavier Antich (Òmnium).

ERC es sin duda quien sale peor parado de una reforma que había impulsado y que no ha obtenido los efectos deseados. En Junts no se podía evitar cierta satisfacción ante el mal resultado de la jugada de su antiguo socio y ahora rival. 

Más allá del regate corto de la política partidista, de puertas adentro el soberanismo no escondía una alerta no solo por la frustración de la reforma de la malversación para la treintena de cargos pendientes de juicio por el 1-O, sino también por la interpretación del Supremo que ha llevado a una condena por desórdenes públicos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (aunque la pena de inhabilitación está igualmente extinguida). 

Aunque públicamente se ha evitado el ‘yo ya lo dije’, en algunos sectores soberanistas se recuerdan las alarmas de penalistas y movimientos sociales por la reforma de los desórdenes públicos, que ERC en cambio vendió de forma totalmente positiva. Unas alarmas, entienden esta voces críticas, justificadas tras la interpretación del Supremo, y cuando todavía quedan decenas de juicios por celebrarse por los altercados que siguieron en 2019 a la sentencia que ahora se ha revisado.