El Tribunal de Cuentas celebra el juicio contra Puigdemont y una treintena de dirigentes a la espera de la ley de amnistía

La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 ha seguido adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. El máximo órgano fiscalizador ha acordado mantener el juicio contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo. 

La consejera Elena Hernáez ha decidido mantener la vista a pesar de que las defensas de Junqueras  y el resto de encausados de ERC solicitaron aplazarla invocando la proposición de ley de amnistía. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. Hernáez ha anunciado que se pronunciará por escrito sobre la petición de suspender el procedimiento, aunque ha acordado mantener la vista de celebración de prueba, en la que han comparecido los testigos.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de la petición de las defensas al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, ha aseverado el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo.

El objetivo de este procedimiento es concretar la cantidad de dinero público que se empleó indebidamente y se malversó en el procés, pues el Supremo incluyó el delito de malversación en su sentencia, pero dejó en manos del Tribunal de Cuentas la fijación de la cantidad a reclamar. La sesión se ha celebrado sin la presencia de Puigdemont, que estaba citado como testigo y para quien el tribunal rechazó que compareciera por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado que no planteó la petición de que declarara de forma telemática hasta el pasado lunes porque hasta el “último momento” no sabía si podía acudir por la ley de amnistía. La orden de detención nacional contra Puigdemont decaerá si prospera esa norma, pero por el momento continúa vigente. Después, a preguntas de los medios, Boye ha afirmado que su cliente no había acudido porque tenía “agenda” en Bruselas, donde es eurodiputado.

5,4 millones de fianza

Así las cosas, la vista se ha celebrado con la incógnita de si el procedimiento queda finalmente suspendido a raíz de esa proposición de ley, que deja en el aire cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés. Los 35 encausados quedarán exonerados de restituir esos fondos al erario público si se aprueba la ley de amnistía en los términos en los que se registró en el Congreso esta semana.

En el marco de esta causa contable, el Tribunal de Cuentas impuso en junio de 2021 fianzas de 5,4 millones de euros a los 35 exdirigentes y funcionarios encausados que el Govern cubrió con un fondo especial para que no tuvieran que vender propiedades o afrontarlo de su propio bolsillo. Sin embargo, el ente rechazó ese aval y procedió embargó a los encausados. Las cuantías se terminaron abonando mediante la Caja de Solidaridad con aportaciones del movimiento soberanista.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas no podría condenar a los encausados por una responsabilidad contable mayor que la que reclaman las acusaciones. La Fiscalía solicita 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva esa cifra a 5,3 millones de euros, aunque únicamente dirige el procedimiento contra los 11 ex altos cargos que tenían los puestos más destacados. En este caso, los dirigentes soberanistas no han pagado todavía ninguna multa porque no han sido condenados, sino que tan sólo han abonado fianzas. Precisamente sobre estas fianzas, la ley de amnistía establece que “se procederá” a su levantamiento, lo que deja vía libre a su devolución.

La interventora dice que “nunca” controló gastos

Durante su interrogatorio como testigo, la que fuera interventora de la Administración del Estado en Catalunya en la fecha del referéndum, María Luisa Lamela, ha asegurado que “nunca llegó a controlar” los gastos del procés porque no tenía ni capacidad ni competencia para hacerlo. “Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Catalunya”, ha aseverado. 

En un momento de su declaración, la defensa de Puigdemont ha puesto de manifiesto que la entonces interventora del Estado es hermana de la primera jueza instructora del procés, Carmen Lamela. Fue entonces cuando el fiscal señaló al letrado que, en ese caso, debería haber impugnado su intervención, no haberla propuesto, y la consejera ha dicho a la testigo que no tiene por qué explicarse. En todo caso, Lamela ha asegurado que no habla con su hermana de temas profesionales. 

También ha comparecido como testigo Antoni Millet, director de la escuela diplomática de Barcelona y antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat. Ha afirmado que el ente no se llegó a disolver después de la aplicación del artículo 155, pero que no se reunió hasta principios de 2018. El tercer testigo ha sido Alfonso González Bondía, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili contratado para elaborar un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado español. Ha detallado que ese contrato data de 2015 y que el precio se fijó tras analizar los baremos de la fundación de la universidad.