Que el PIB español ha crecido en los últimos 5 años (cerca de un 20% real acumulado) más que en los 20 anteriores es un hecho innegable, según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Que la tasa de paro está en niveles mínimos desde hace 18 años también lo es. Que la economía española es, por tercer año consecutivo, la que más crece dentro de los países desarrollados es otra evidencia que ha constatado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos datos son minimizados, dentro de España, de forma recurrente afirmando que “una cosa es la macro y otra es la micro”. Los economistas sabemos que ambas cosas están relacionadas, y que el nivel de bienestar individual (“la micro”) no puede ir bien si no van bien los indicadores agregados, como el PIB o el empleo (“la macro”) y viceversa. ¿Cuál puede ser la causa de este presunto empeoramiento del bienestar social en esta fase de expansión macroeconómica?

Además de la vivienda, que sin duda es un grave problema que afecta a centenares de miles de personas y que crea inquietud entre un porcentaje amplio de la población, el otro argumento generalmente utilizado es el del presunto empeoramiento de la desigualdad en nuestro país. Es decir, que “crece la economía, pero la desigualdad empeora”. Medir la desigualdad es una tarea compleja. Pero, sin pretender un análisis exhaustivo, en este artículo voy a repasar algunos de los indicadores de desigualdad más utilizados, para contrastar si ha empeorado en los últimos años.

Estos indicadores son tres: el Índice de Gini, la Renta relativa 80/20 y el Riesgo de pobreza. El Índice de Gini mide cuánto se separa la distribución de la renta de un modelo de igualdad perfecta, representada por una línea de 45º, en la que el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% percibe el 20%, y así sucesivamente. Cuanto más se separe la distribución real de esta distribución idílica mayor será el Índice de Gini y peor la desigualdad. El indicador 80/20 es el cociente entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos (el quintil superior o s80) y la renta media del 20% de la población con menores ingresos (el quintil inferior o s20). El número indica cuántas veces es mayor la renta de los más ricos que la de los más pobres. Por ejemplo, si un país tiene un valor de 5, significa que el 20% más rico gana, de media, 5 veces más que el 20% con menos renta. Por el contrario, un valor 1 representaría la igualdad perfecta (todos los quintiles ganan exactamente lo mismo).

En el Gráfico 1 presento la evolución de los dos primeros índices desde 2008, que es el horizonte disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ambos indicadores se comportan de una forma similar. Suben y, por tanto, empeora la desigualdad, desde 2008 hasta 2014-16 y desde entonces empiezan a caer, salvo el episodio de la pandemia, en el que tiene lugar un empeoramiento de la desigualdad. Está claro que ambos indicadores tienen un perfil cíclico. Por ejemplo, su evolución guarda una gran correlación con la tasa de paro. Es lo lógico. En los periodos de crisis empeora la desigualdad y en los de bonanza mejora. Pero eso precisamente contradice a los que afirman que “la macro va por un lado y la micro por otra”. No. La macro y la micro van de la mano, al menos en lo que se refiere a estos indicadores de desigualdad de la renta. 

Además, el Gráfico 1 recoge que la caída de ambos indicadores es más intensa en los últimos años, en especial la del índice de Gini, que ha alcanzado en 2025 un nivel por debajo de logrado en 2008, cuando la tasa de paro estaba, como ahora, en valores mínimos (un dígito) dentro de nuestra historia democrática. Es decir, que la desigualdad ha retrocedido en estos años más que en los de la anterior bonanza (en la que no se hablaba tanto de “la macro” versus “la micro”).

En el Gráfico 2 presento la evolución temporal del índice de Gini y la del riesgo de pobreza, también del INE.

Este indicador, que es una medida de desigualdad relativa, calcula qué porcentaje de la población tiene unos ingresos por debajo del “umbral de pobreza”, que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas (calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida). Al igual que lo que ocurre con el Índice de Gini o el indicador 80/20, el riesgo de pobreza aumentó desde 2008 hasta 2016 y ha disminuido desde entonces, salvo en los años de la pandemia. Y desde entonces ha caído de forma más acusada y en 2024 y 2025 se ha situado incluso por debajo del mínimo alcanzado en 2008 (un 19,8%)

¿Qué ocurre si el análisis lo hacemos por CCAA?

En el Gráfico 3 presento el Índice de GINI y el PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas en 2023, que es el último año disponible para el índice de GINI regional en la información del INE. El dato de PIB per cápita lo obtengo de la Contabilidad Regional. Un resultado deseable sería que la distribución mejore cuando la renta per cápita aumente. Es decir, que las regiones más ricas presenten menos desigualdad. Este resultado, en general, se cumple y hay una relación decreciente entre GINI (mejora de la desigualdad) y renta per cápita. Una excepción llamativa es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica (un 137% de la renta per cápita media nacional, pero con la peor distribución de la renta (un Índice de GINI de 35,1, frente al 32,1 de la media nacional y casi 7 puntos más alto que el valor de País Vasco y Aragón, que son las regiones con mejores índices de desigualdad (GINI de 28,8). Madrid tiene, según el Índice de GINI, un nivel de desigualdad más cercano al de Ceuta y Melilla (la peor desigualdad) que a la del País Vasco o Aragón (la mejor).

Para concluir, que la “macro” va bien es difícilmente discutible. El debate debe centrarse en qué puede explicar la percepción de que la “micro” no acompaña a la “macro”, cuando los indicadores de desigualdad, al menos los más utilizados habitualmente, recogen también una notable mejoría y, por tanto, un acompañamiento.

En 2020, la revista danesa Mandag Morgen publicó un artículo titulado Las mujeres todavía son un negocio deficitario para las arcas del Estado. Las mujeres, sostenía el texto, reciben más de lo que aportan: cogen permisos por maternidad, pasan más tiempo en casa cuidando y tienden a ocupar puestos peor remunerados y a tiempo parcial. Por aquel entonces, la consultora y experta en género Emma Holten (Copenhague, 1991) se recuperaba de un ingreso hospitalario debido a una enfermedad autoinmune. ¿Estaban las personas que la habían cuidado generando déficit por haber empleado tanto tiempo en atenderla? “Al parecer, el trabajo que desempeñaban no generaba un valor significativo, cosa que me sorprendió: me habían salvado la vida. Empecé a preguntarme cómo se determinaba el valor en la sociedad. Solo se podía acudir a un lugar: la ciencia económica”, relata Holten. Así nació Déficit. Cómo repensar la economía desde el valor de los cuidados (Seix Barral), un libro en el que la experta reconstruye la historia del pensamiento económico para explicar cómo el machismo se coló en la manera en la que entendemos aún hoy el bienestar, el valor o el crecimiento.

Su libro surge de la indignación ante un artículo en la prensa danesa en el que se afirmaba que las mujeres somos una carga económica para el sistema porque recibimos más de lo que aportamos, a pesar de que, por ejemplo, somos las principales responsables de todo el trabajo de cuidados no remunerado. ¿Qué ideas económicas hemos interiorizado que permiten que se afirme algo así, tal y como se hizo en ese artículo?

Hemos concedido a los economistas el monopolio a la hora de decidir cómo medir el valor. Y la forma en que lo hacen es a través de los precios. Así pues, si algo no se paga, no se considera una contribución social, y si se paga poco, se considera poco importante. Los cuidados suelen ser gratuitos o mal remunerados, por lo que las mujeres aparecen en las estadísticas como contribuyentes de escaso valor. Pero no creo que el precio refleje el valor. En cambio, deberíamos interesarnos por lo que el trabajo crea y lo eso que significa para las personas.

¿Cómo se coló el machismo en el pensamiento económico moderno? En el libro sostiene que el problema estuvo en cómo comenzó a entenderse la libertad, el individuo, el progreso... y no tanto en cómo se concebía a las mujeres.

Sí, el individuo en economía se concibe como un ser muy independiente, muy racional y muy orientado hacia sus propios intereses. En un mundo en el que las personas se presentan así, el cuidado desaparece. En los modelos macroeconómicos no hay niños, ni enfermedades, ni muerte, ni dependencia de otros. Esto tiene su origen en la Ilustración, en lo que, en mi opinión, es un miedo a afrontar las propias vulnerabilidades. Estos hombres querían parecer poderosos, así que ocultaron todas las formas en las que necesitaban a los demás. Y las personas que los mantenían con vida solían ser mujeres que se dedicaban al cuidado. Esa teoría económica no comprende realmente lo que supone crear a un ser humano, ni lo que significa el cuidado para la riqueza, la alegría y una sociedad próspera. La economía moderna tiende a pensar que, si nos hacemos ricos, entonces seremos felices. Pero lo que vemos cada vez más es que la comunidad, la salud, la igualdad y la plenitud emocional no surgen por sí solas, sino que hay que cuidarlas y darles prioridad política, al igual que a la industria o la productividad.

Esta concepción de la libertad —incluida la libertad económica— como algo que se refiere exclusivamente al individuo, en contraposición a los lazos sociales, la solidaridad colectiva y la interdependencia, ¿no guarda un parecido sorprendente con lo que la extrema derecha defiende actualmente en distintas partes del mundo?

Sí, no creo que sea una coincidencia que nuestro interés por los cuidados esté en auge en este momento porque en todo el mundo ha vuelto el modelo del 'hombre fuerte'. Quería demostrar que defender los cuidados es también defender el derecho de los hombres a estar cerca de los niños, a establecer vínculos afectivos, a ser vistos como seres sensibles. No podemos tener un feminismo que idealice la vida de los hombres cuando nos encontramos en una situación en la que los hombres se están radicalizando por la rabia y la frustración que les provoca su situación.

"Necesitamos economías más centradas en las relaciones y el descanso, y menos en el consumo

Adam Smith y su 'mano invisible' son probablemente el teórico y el concepto más citados en nuestra economía contemporánea, pero usted señala la manipulación interesada de esa idea. ¿De qué manera se ha distorsionado y cómo se relaciona esto con la tesis de su libro?

Creo que volver a Adam Smith me ha hecho querer hacerle justicia. Sus teorías se han utilizado para justificar los mercados sin regulación, la 'belleza' del capital. ¡Pero él nunca escribió eso! Nos enseñan que la economía es como la física o la química, pero hay una larga y agitada historia de grupos de presión, intereses económicos y poder que ha determinado cómo se han enseñado las “teorías”. Cuando leas sobre economía, pregúntate siempre: ¿qui bono?, a quién beneficia.

¿Es necesario fijar un precio para valorar algo, o se trata precisamente de una premisa artificial que sigue impidiéndonos valorar aquellas cosas que no tienen un precio de mercado?

Para mí, el gran pecado de la economía es pensar que el valor puede reducirse a una cifra o a un ejercicio científico. La cuestión es esta: el valor es político. Lo que valoras refleja qué tipo de sociedad quieres, cómo ves a las personas y qué es importante para ti. No se le puede preguntar a un burócrata qué es valioso; deberíamos preguntárselo a los ciudadanos. Pero ya no lo hacemos y creo que por eso hay tanta gente enfadada.

Uno de los principios de la economía feminista, y que se repite a lo largo de su libro, es que el trabajo de cuidados debe ponerse en primer plano y valorarse, pero ¿cómo?

Haciendo que sea posible llevarlos a cabo. En este momento, casi todos los políticos se ven obligados a utilizar teorías económicas en las que es imposible valorar el cuidado. Están presentes en la legislación de la UE, en la universidad, en los departamentos económicos del Estado. Pero son una elección. Cuando construimos los estados del bienestar en Europa, no pensábamos como lo hacemos hoy. Si lo hubiéramos hecho, nunca habríamos tenido un estado del bienestar.

En este momento, casi todos los políticos se ven obligados a utilizar teorías económicas en las que es imposible valorar el cuidado. Están presentes en la legislación de la UE, en la universidad, en los departamentos económicos del Estado. Pero son una elección. Cuando construimos los estados del bienestar en Europa, no pensábamos como lo hacemos hoy. Si lo hubiéramos hecho, nunca habríamos tenido un estado del bienestar

Una propuesta muy debatida hace unas décadas fue el salario del ama de casa, una propuesta de algunas feministas para reivindicar un sueldo para las cuidadoras domésticas y que muchas otras rebatieron para evitar, entre otras cosas, que se reprodujera la división sexual del trabajo, es decir, que las mujeres siguieran a cargo de los cuidados por salarios seguramente muy bajos. ¿Qué opina?

Soy más partidaria de jornadas laborales más cortas para todos, independientemente del género. Creo que el trabajo remunerado es importante: para la independencia, la comunidad y el sentido de contribución. Preferiría que los hombres estuvieran más en casa. El salario de ama de casa nunca será tan alto como un sueldo, por lo que serán más vulnerable a la violencia y tendrán más dificultades para divorciarse y eso me preocupa.

En muchas ocasiones, la brecha salarial o la falta de mujeres en puestos de poder se atribuye al hecho de que las mujeres no queremos ocupar esos lugares, pero ¿no deberíamos plantearnos cómo son realmente esos puestos y qué sacrificios y condiciones conllevan?

Creo que cada vez más hombres tampoco querrán ocupar esos puestos. Si comparo a una enfermera que trabaja a tiempo parcial con un hombre que ocupa el puesto más alto de una empresa, no tengo nada claro quién de los dos lleva una vida más significativa y digna. Pero uno de ellos es más rico en dinero, eso está claro. Ningún trabajo debería alejarte de tu familia. En este momento, muchos puestos lo hacen. También hemos creado un tipo de masculinidad en la que tener un trabajo así te da dignidad, estatus y respeto. Eso nos dice mucho. Tenemos una cultura que obliga a las mujeres a quedarse en casa y otra que obliga a los hombres a salir de ella. Ambas son una tragedia en sí mismas. Creo que, sin duda, ha habido un apoyo más fuerte a un feminismo en el que las mujeres imitan la vida de los hombres. Pero, claro, eso se debe a que aumenta el PIB y el número de trabajadores. Me interesa mucho más una sociedad en la que los hombres tengan acceso a lo que las mujeres han tenido tradicionalmente. Necesitamos economías más centradas en las relaciones, el tiempo libre, el descanso y la familia, y menos en el consumo de productos.

Si comparo a una enfermera que trabaja a tiempo parcial con un hombre que ocupa el puesto más alto de una empresa, no tengo nada claro quién de los dos lleva una vida más significativa y digna. Pero uno de ellos es más rico en dinero, eso está claro. Ningún trabajo debería alejarte de tu familia. En este momento, muchos puestos lo hacen

La economía feminista ha criticado el PIB por haberse convertido en el indicador económico clave. ¿Cuáles son las limitaciones del PIB?

En primer lugar, no puede medir todo aquello que no tiene un precio. Esto ha supuesto un desastre tanto para la naturaleza como para los cuidados no remunerados. En este momento, parece que cuanto menos cuidados no remunerados realizamos y menos naturaleza sin explotar tenemos, más pobres somos. Por supuesto, eso no puede ser cierto. La siguiente cuestión es que utiliza los precios para medir el valor. Así, una persona que gana 10.000 euros se considera más valiosa que alguien que gana 1.500. En la economía feminista nos interesa lo que el trabajo aporta, no lo que cuesta. Muchas personas que ganan mucho dinero están destruyendo valor, no creándolo.

En su libro, analiza cómo Dinamarca ha intentado “ponerle un precio a la naturaleza” creando lo que se conoce como “PIB verde”. ¿Por qué resulta problemático este enfoque y cómo se relaciona con el trabajo de cuidados?

En economía siempre existe el sueño de encontrar el precio perfecto y, con ello, encontrar el valor perfecto. Se trata de un callejón sin salida. Cualquier servicio, ya sea la naturaleza o los cuidados, es multidimensional. Afecta al planeta, a los seres humanos, a los lugares de trabajo. No debemos tener miedo de esta complejidad. La economía consiste en comprender las relaciones y cómo funcionan las cosas en conjunto. No en cómo aislarlas unas de otras. Y un economista nunca puede decirnos qué es valioso. Esa es una cuestión democrática.

Extremadura crecerá por debajo de la media española este año, registrando un aumento del PIB del 2,1% en 2026 y del 1,9% en 2027, según las previsiones recogidas en el informe 'Situación Extremadura 2026', presentado en rueda de prensa por el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso.

Avanzar en productividad, aumentar la disponibilidad de vivienda, diversificar las exportaciones y reducir los cuellos de botella del mercado laboral son, de acuerdo con el documento, piezas claves para consolidar un crecimiento más equilibrado en la región, donde el PIB per cápita crecerá un 1,9% en 2026.

La mejora del empleo, el dinamismo de la inversión y el impulso de la política fiscal son ejes para entender el avance de la economía regional. Por contra, el menor dinamismo de la afiliación, la debilidad del sector agrario y de la industria y la caída de las exportaciones explican el diferencial negativo en relación al conjunto del país. En general, la mejora de la actividad permitiría crear, según estas previsiones, alrededor de 18.000 nuevos empleos hasta 2027 y reducir la tasa de paro hasta el 13,8% de media en ese mismo año.

En cuanto al mercado laboral, la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura habría crecido un 0,3% trimestral de media hasta septiembre de este año, por debajo de la media nacional, donde las grandes ciudades sostienen el avance de la ocupación, un empleo que se sostiene principalmente por el sector público en detrimento del primario.

Las proyecciones demográficas apuntan a una caída de la población extremeña en edad de trabajar hacia 2031, lo que podría generar cuellos de botella en el mercado laboral, un contexto en el que la inmigración seguirá manteniendo el crecimiento demográfico y de empleo, afectando la regularización de trabajadores extranjeros a unas 3.300 personas en la región.

En el ámbito de la política fiscal, la ejecución presupuestaria hasta junio muestra una notable aceleración del gasto en consumo de la Junta de Extremadura en 2026, con un crecimiento superior al registrado en 2025 y algo más intenso que el de la media autonómica. La remuneración de asalariados sigue siendo el principal motor de este avance, en un contexto de incremento del gasto en sanidad, educación y políticas sociales. Sin embargo, el agotamiento progresivo de las medidas extraordinarias y de los fondos europeos hará que la política fiscal vaya siendo menos expansiva a partir de 2027, mientras que las rebajas tributarias de la Junta continúan sosteniendo el crecimiento de la demanda interna.

Respecto al sector inmobiliario, la oferta de vivienda sigue siendo insuficiente para responder a la demanda acumulada. Desde 2021 se han creado alrededor de 15.000 hogares en Extremadura y se han construido unas 8.000 viviendas, con una previsión de que se terminen unas 2.000 unidades en 2026 y cerca de 3.000 en 2027. Aunque el mercado extremeño está menos tensionado que en otras zonas del país, la escasez de oferta puede dificultar el acceso a la vivienda y, por ende, la atracción y retención de capital humano.

Finalmente, la producción industrial sigue mostrando debilidad. El Índice de Producción Industrial apenas creció un 0,3% en 2025 y, con datos hasta julio de 2026, retrocedió un 6,2% interanual, un descenso vinculado en buena parte a las interrupciones en la actividad nuclear de la central de Almaraz.

Aunque el rápido despliegue de energías renovables ha incrementado mucho la capacidad de generación eléctrica, la expansión de la red no ha avanzado al mismo ritmo: la congestión de la red y la falta de almacenamiento provocaron que en España se desperdiciara el 1,4% de la energía renovable en 2024, y si a nivel nacional el 88% de los nudos de la red de distribución tienen una capacidad inferior a 1 MW, en Extremadura algo más del 17% de los nudos cuenta con una capacidad superior.

Todos los meses de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una revisión del PIB y del resto de las cuentas nacionales que permiten medir el comportamiento de la economía española. En los últimos años, estas revisiones han recogido variaciones al alza de notable envergadura, ya que las primeras estimaciones trimestrales —las que normalmente copan los titulares— se veían incrementadas al incorporarse nuevas fuentes de información y mejorar los métodos. En este año, todo invita a pensar que se va a producir una revisión al alza del PIB de 2024 de entre uno y dos puntos, es decir, que aflorarán entre 15.000 y 30.000 millones de euros.

¿Cómo podemos aventurar una noticia antes de que ocurra? Desde la recuperación económica de 2021, hemos considerado factible aproximar la evolución del PIB recurriendo a diversas estadísticas. Una opción consiste en acudir a la Estadística Estructural de Empresas, que elabora el propio INE, con los registros de miles de empresas referidos a sus ventas, compras, salarios y márgenes brutos para así estimar el valor añadido por ramas de actividad en la industria, la construcción y los servicios. Otra opción consiste en acudir a las bases imponibles referidas a salarios, alquileres, rentas de los autónomos y beneficios empresariales que publica la Agencia Tributaria para así estimar el PIB desde la perspectiva de las rentas. Para conocer mejor los detalles, remitimos al lector interesado a otras entregas publicadas en elDiario.es y a la nota metodológica al final de este artículo.

El gráfico adjunto muestra la comparación en las tasas de crecimiento del PIB según las series oficiales (en rojo) y estas dos alternativas (en azul). En general, siempre seguimos dos normas implícitas. La primera es centrar la atención en el crecimiento del PIB nominal, es decir, antes de ajustar por el cambio en precios. Es una lógica similar a la que siguen la mayoría de las personas con su economía: pensamos primero en la variación de nuestros ingresos con respecto al año anterior y luego consideramos el incremento del IPC para determinar nuestra renta real. Esto recuerda que el PIB nominal, antes de ajustar por el deflactor, contiene información muy relevante. La segunda norma es que es mejor obviar las pequeñas diferencias (digamos, de menos de un punto) que siempre se producen en las tasas en cualquier año entre la serie oficial y estas alternativas, principalmente por diferencias conceptuales. Sin embargo, cuando la brecha en la tasa de crecimiento es notable (de dos, tres o hasta cinco puntos, como ocurrió en 2021), es que tenemos una señal inequívoca de que algo no termina de cuadrar en las cuentas nacionales. La experiencia ha demostrado que, en estos casos, y tras muchas idas y venidas, el INE terminará por revisar las series del PIB.

Si se utilizan la información de la Estadística Estructural de Empresas referida al año 2024 se puede detallar el origen de estas diferencias por sectores, como recoge el cuadro adjunto. En 2024 el crecimiento nominal del PIB habría sido del 8,6% en lugar del 6,4% estimado hasta ahora, y la diferencia se explicaría fundamentalmente por un mayor aumento en sectores relativamente tradicionales –la construcción, el comercio, el transporte y la hostelería– pero también en aquellos más ligados a la nueva economía (como los servicios de información o las actividades profesionales). En tanto que los niveles de empleo apenas deberían verse afectados por estas revisiones, los nuevos datos inciden en que se está produciendo una mejora de la productividad.

La información referida a las rentas que proporciona la Agencia Tributaria arroja una perspectiva muy similar: el PIB nominal habría crecido un 8,2%, o 1,8 puntos más que la serie oficial del INE. La diferencia entre nuestras estimaciones y la serie oficial en el crecimiento de la masa de salarios es muy pequeña, pero no es así en el caso de los beneficios de las sociedades (un 10,8% en la renta bruta de explotación del Impuesto sobre Sociedades) y en las rentas de los autónomos y los alquileres que perciben los hogares, que crecen un 11,1% en el IRPF frente al año anterior. Así las nuevas cifran indican que el reparto de la tarta del PIB no ha sido tan favorable para los asalariados, principalmente porque se estaban infraestimando las rentas empresariales.

El boom económico en perspectiva

La próxima revisión de las cuentas nacionales arrojará, por tanto, un balance más positivo de la evolución de nuestra economía. Las estimaciones a partir de la oferta o de las rentas indicarían una subida cercana a los dos puntos. Aquellas que estiman el PIB desde la perspectiva del gasto, y que no hemos detallado por razones de espacio, serían algo más conservadoras (en torno a un punto). Un detalle que conviene ya adelantar es que la salud de las finanzas públicas mejorará de forma visible para seguramente situar la ratio de deuda pública sobre el PIB por debajo del 100%. Asimismo, el perfil de crecimiento económico acumulado desde 2019 se verá reforzado. Puedo que esto no sorprenda en exceso a la opinión pública, acostumbrada en los últimos años a que las noticias sobre la economía española sean positivas.

Sin embargo, también es cierto que estamos viviendo un fuerte crecimiento de la población de nuestro país, que ha pasado de 47 millones de habitantes en 2019 a 49,3 millones en 2025. De hecho, es previsible llegar al umbral de los 50 millones en 2027. Con estas cifras, para los escépticos resulta fácil menospreciar el crecimiento económico ocurrido en España con el argumento de que simplemente refleja la llegada de inmigrantes, que aumenta el empleo y la actividad, sin que ello recoja una mejora real en la renta per cápita o, por extensión, en el bienestar de las personas. Una revisión de los datos refleja, sin embargo, que la realidad dista de esta situación. En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento del PIB per cápita en España según la serie oficial del INE y también tomando la estimación alternativa que planteábamos con la perspectiva de las rentas declaradas a la Agencia Tributaria desde 2019. El efecto de esta revisión es notable en 2021, cuando creemos que el INE sigue infraestimando el crecimiento (como argumentamos aquí y aquí), y en 2024. En el resto de los años, las diferencias en términos netos son irrelevantes.

Los datos hablan casi por si solos. En primer lugar, la serie oficial del INE ya muestra de por sí un crecimiento acumulado del 5% del PIB real por habitante desde 2019, desmintiendo la percepción de que la mejora económica simplemente viene impulsada por la llegada de migrantes. La segunda idea es que, de acuerdo con nuestra revisión, el crecimiento del PIB per cápita doblaría la cifra oficial y alcanzaría el 9,4% acumulado desde 2019. Además, el gráfico permite comprobar que la senda de crecimiento del PIB por habitante en los años recientes es comparable a la registrada antes de la pandemia y permite recuperar la senda perdida tras la crisis inmobiliaria de 2008-2013. En suma, la mejora de la economía en los últimos seis años ha permitido cerrar definitivamente la enorme cicatriz que supuso aquella crisis y que todavía lastraba el sentir general de la opinión pública. La mejor prueba de que no estamos estancados es que buena parte de los problemas económicos sobre los que se debatía en el periodo 2014-2019 (el déficit público o la elevada temporalidad en el mercado de trabajo) han sido desplazados por nuevos retos (la vivienda).

La economía española desde la perspectiva europea

Un último ejercicio ayuda a comprender la magnitud del boom económico que estamos viviendo. Siguiendo una lógica análoga a la que describíamos antes, en el gráfico adjunto se representa el crecimiento acumulado del PIB per cápita (eje horizontal) y de la población (eje vertical) desde 2019 para los países de la Unión Europea. Además, se añade nuestra estimación alternativa del PIB per cápita en España a partir de las bases tributarias (el punto rojo) y también de Estados Unidos. La comparación es pertinente por dos razones. En Europa es cierto que España no es la única economía que está mostrando un crecimiento elevado, pues otros países como Croacia, Polonia, Bulgaria o Grecia están también recogiendo incrementos notables en el PIB per cápita. Sin embargo, si tomamos nuestra estimación del PIB, sí podemos decir que España tiene el mérito de que incrementa su PIB por habitante a un ritmo parecido al de la economía estadounidense (9,4% en nuestro país, 11,3% en EEUU), a la vez que es uno de los países europeos en los que más está aumentando la población (casi un 5% desde 2019). No parece que crecer en PIB per cápita y seguir una política relativamente abierta con respecto a la inmigración esté reñido.

El segundo punto de esta comparación es que sitúa en términos distintos el reciente debate sobre la brecha entre la economía europea y la estadounidense. El debate se inició hace unos meses cuando el Wall Street Journal publicó un artículo provocativo (¿Qué pasará cuando los europeos descubran lo pobres que son?) y que generó un debate entre economistas, como bien refleja una reciente noticia El País. Para este debate, la comparación es relevante porque nos muestra que lo que a menudo se denomina “Europa” en realidad se refiere a las economías de mayor tamaño (Alemania o Francia), que efectivamente han crecido menos estos años. Pero Europa también incluye a su periferia, como España y el resto de los países que se mencionaban, donde las mejoras han sido sustanciales. Entender estas diferencias dentro del viejo continente resulta fundamental porque las causas que a menudo se achacan para hablar del estancamiento europeo –la burocracia, la protección de los derechos laborales o el estado de bienestar– son más bien “hombres de paja” elegidos por quienes escriben, y no condiciones que realmente lastren el dinamismo de los países más pujantes de la Unión.

Nota metodológica: Los detalles sobre nuestras estimaciones hasta 2024 están recogidas en este documento.

El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Yoné Caraballo, ha advertido de que la isla debe decidir “qué Lanzarote queremos dejar a las próximas generaciones” y ha reclamado un cambio de rumbo para evitar que el actual modelo turístico conduzca a una isla de 200.000 residentes.

Lanzarote ha pasado de 96.310 habitantes en el año 2000 a 166.878 en 2025, es decir, más de 70.000 residentes adicionales en apenas 25 años. Solo durante 2024 la población aumentó en 3.648 personas, un 2,2%, el mayor crecimiento relativo de Canarias. “No podemos asumir como normal que cada año miles de personas se incorporen a una isla limitada territorialmente mientras seguimos ampliando la oferta turística y carecemos de lo más básico, seguridad habitacional. Si mantenemos este ritmo, los 200.000 habitantes dejarán de ser una advertencia y se convertirán en una realidad más pronto que tarde”, advierte Caraballo.

El actual diputado de Lanzarote considera que “no podemos seguir confundiendo crecimiento económico con crecimiento ilimitado de población, camas turísticas, consumo de territorio y presión sobre los recursos naturales”. A su juicio, “Lanzarote está alcanzando límites que ya no son teóricos, sino visibles en la vivienda, el agua, las carreteras, los residuos, la energía, el territorio y la propia capacidad de los espacios naturales”.

“Hay partidos, como CC y PP, que siguen defendiendo una Lanzarote cada vez más poblada porque entienden que más población significa más mano de obra, más consumo y más negocio para el sector turístico. Nosotros defendemos exactamente lo contrario, que la economía esté al servicio de la isla y de quienes viven en ella, y no la isla al servicio del sector turístico sin tino”, sostiene.

El dirigente canarista considera que la pregunta que debe hacerse Lanzarote no es cuántas personas puede llegar a soportar físicamente, sino “cuántas personas puede acoger garantizando una vida digna, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad y la conservación de sus recursos naturales”.

“Necesitamos decrecer para poder vivir mejor”

Caraballo defiende que Lanzarote debe incorporar al debate político la idea de “decrecer”.

“Decrecer significa dejar de crecer allí donde el crecimiento destruye las condiciones que hacen habitable la isla. Significa consumir menos territorio, depender menos de combustibles fósiles, reducir la presión turística, proteger el agua y garantizar que la riqueza generada permanezca en Lanzarote”, explica.

En este sentido, considera que “no es posible afrontar la crisis de vivienda, la emergencia climática y la saturación territorial manteniendo intacta la lógica de crecimiento turístico sin límites”.

“Si cada año necesitamos más camas, más trabajadores, más viviendas, más coches, más carreteras, más agua y más energía para sostener el turismo, tenemos que preguntarnos dónde termina ese modelo. Y la respuesta es evidente: en el desastre ecológico, territorial y social”, señala.

Moratoria turística: poner límites antes de que sea demasiado tarde

Para Caraballo, la moratoria turística debe ser una prioridad política del próximo mandato. La isla necesita detener la creación de nuevas plazas alojativas y revisar las previsiones de crecimiento turístico para adecuarlas a su capacidad territorial y ecológica.

“Una moratoria no es estar contra el turismo. Es estar contra el crecimiento turístico sin límites. Lanzarote puede seguir siendo un destino turístico de primer nivel sin necesidad de seguir construyendo indefinidamente nuevas camas”, afirma.

Caraballo reclama, además, que cualquier decisión sobre el futuro turístico de la isla tenga en cuenta indicadores objetivos de capacidad de carga territorial, disponibilidad de agua, consumo energético, generación de residuos, movilidad, presión sobre los espacios naturales y acceso de la población residente a la vivienda.

La desaforada carrera competitiva por la hegemonía de la IA está reconfigurando las economías de las dos superpotencias hacia modelos más desiguales y trasladando sus variables geométricas de riqueza al resto del planeta. El crecimiento se ha distorsionado, los ciclos de negocios parecen no tener fin, pese a navegar por las turbulentas aguas de la estanflación, los mercados registran cotas de inversión y ganancias históricas bajo intensos episodios de volatilidad y elevados riesgos de correcciones y burbujas especulativas, y las rentabilidades de los bonos revelan rendimientos extraordinarios por el temor a un colapso en los pagos de las deudas soberanas.

EEUU y China muestran en sus coyunturas dos de los botones de muestra más nítidos de este fenómeno, surgido tras la gran pandemia a raíz del ciclo de negocios poscovid que se alumbró con billonarios estímulos fiscales y monetarios. Entonces, emergió la figura en K en los PIB, fruto de unas rúbricas productivas que se encaramaron de inmediato a un tren que aún mantiene una velocidad reducida, aunque de crucero.

El crecimiento (o recuperación) en forma de K ocurre cuando diferentes partes de la economía se mueven en direcciones opuestas después de una crisis. Mientras un grupo de sectores o personas prospera (el brazo superior, ascendente), el otro (el inferior) continúa empeorando.

Pero seis años después de su pistoletazo de salida, la metáfora del crecimiento en K ha adquirido un significado más profundo que la de una recuperación desigual entre sectores y hogares que remontaban el vuelo frente a los que se quedaban rezagados. Porque ha pasado de ser una mera descripción excepcional del inicio del ciclo —por el influjo de los extraordinarios despliegues presupuestarios, con tipos de interés cercanos a cero y programas de compra de deuda, tanto soberana como corporativa, a raudales— a conformar un patrón de comportamiento habitual.

Al menos, en las dos superpotencias. Aunque también, y en menor medida, en Europa. Las tres avanzan a distintos ritmos, pero bajo una resiliencia permanente, en términos agregados, que visibiliza al mismo tiempo unas industrias y empresas capaces de insertar la IA a sus cadenas de valor junto a sectores que no logran espolear su productividad. Precisamente el parámetro al que el algoritmo está llamado a catapultar.

Los expertos hablan de que, a diferencia de ciclos precedentes, el actual, en el que la IA parece haberse erigido en el Santo Grial, está protagonizando un auténtico cambio de paradigma. Con la construcción de nuevas arquitecturas productivas. Igual que ocurriera con la electricidad, el motor de combustión o internet, sus beneficios no se distribuyen de inmediato ni de una manera homogénea, sino que se concentran primero en empresas que exhiben capital, datos, talento y capacidad organizativa para transformar sus procesos. Y solo después, si el entorno institucional lo permite, esas ganancias se propagarían al resto de la economía.

Es la idea que defiende desde hace un lustro Erik Brynjolfsson, director del Digital Economy Lab de Stanford. A su juicio, la IA debe definirse como general purpose technology —una tecnología de propósito general— cuyo impacto real “depende menos de la calidad de los algoritmos que del poder de empresas e instituciones de remodelar por completo sus cadenas de valor”. En sus investigaciones detecta que los primeros estadios de esta revolución tecnológica suelen ampliar las brechas entre compañías líderes y rezagadas. “Mucho antes de que desvelen productividad agregada”, asegura.

La OCDE se une a este diagnóstico. Sus expertos auguran que la IA se convertirá en “el mayor motor de productividad en décadas”. Sin embargo, —advierten— también será un “amplificador” de brechas de eficiencia, rentabilidad e innovación entre empresas, regiones y sectores. El riesgo no reside tanto en que unas empresas “innoven más que otras”, sino que esos diferenciales “se expandan a la totalidad de sus economías”.

EEUU: la K de la productividad

El mayor PIB global (32,3 billones de dólares) sigue creciendo deprisa. Con permiso del español, al ritmo más intenso de las potencias de rentas altas. Pese a los aranceles, la polarización interna, las tensiones geopolíticas, los elevados tipos y la pérdida de fuelle del consumo se mantiene a un ritmo próximo al 2%, por encima del registro de sus socios industrializados, y con un músculo resiliente que sorprende al mercado. Aunque se dejó medio punto entre abril y junio.

Aun así, su senda de dinamismo oculta una transformación de calado. La economía de EEUU se mueve a impulsos. Con sectores que absorben el boom de la IA con presiones inflacionistas aún sin determinar, pero que ejercen de palancas de productividad, sin que, de momento, se pueda avanzar si destruirán o crearán realmente empleo neto. El mercado, en cualquier caso, asume que la agresiva etapa de inversiones en IA aporta cada trimestre 4 décimas al PIB americano.

Los datos de inversión ilustran esa divergencia. El gasto en centros de datos, chips avanzados y computación en la nube, o en software e infraestructuras digitales, repunta a dobles dígitos por el impulso de sus bigtechs. Pero esta devoción sin tregua por la IA contrasta con los reducidos flujos de capital, más prudentes, del resto del sector privado, donde los costes y las madejas normativas castigan su productividad.

Es lo que Brynjolfsson denomina la “curva en J de la IA”, que genera una fase inicial en la que las empresas más avanzadas amplían rápidamente su ventaja competitiva, mientras el resto sigue sin recoger beneficios. A este fenómeno, Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan en EEUU, añade otra variable, la elevada crispación interna. La fortaleza de EEUU continúa siendo su poder de transformar innovación en riqueza por la combinación de mercados de capitales profundos, un ecosistema empresarial flexible y la movilidad de su talento. Pero la escalada arancelaria y las restricciones migratorias, junto a los caóticos cambios regulatorios de la versión Trump 2.0 acabarán rebajando el potencial de crecimiento. “Es un escenario que no altera los fundamentos de la economía, pero debilita su hegemonía tecnológica en el mundo”, explica.

En apoyo de su relato, The Economist calcula que la denominada MAGA tax -la combinación de proteccionismo, expulsión de inmigración cualificada e incertidumbre política- restó casi tres cuartos de punto porcentual al PIB americano en 2025. Sin ese lastre, la expansión habría rozado el 3%. O, dicho de modo sarcástico: “La economía más dinámica se auto arroja palos en las ruedas de los molinos que le confieren ventaja competitiva global”.

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, avisa que “el verdadero impacto económico de la IA ”no dependerá tanto de cuántos empleos sustituya como de la rapidez con la que eleve la productividad de millones de trabajadores en actividades cotidianas. Si se acelera, EEUU podría protagonizar su mayor fase expansiva desde internet. Pero si se concentra en un reducido número de empresas, el PIB seguirá mostrando forma de K y creando una distribución desigual de riqueza.

La Fed de Nueva York asegura que el consumo se concentra desde 2023 en hogares de ingresos altos, debido a la revalorización de sus carteras de capital. En concreto, los del 1% más rico, que incrementaron sus desembolsos en un 25% en el último trienio y medio. A diferencia del aumento de un dígito del 40% de familias de rentas medias o bajas. Es decir, que la propensión al gasto de los más pudientes es la causante de que la inflación se sitúe en el 3,5% y dificulte cualquier rebaja de tipos de la Fed.

Wall Street, alertan desde Axios, se pregunta por interés bursátil, si este debate es real. Samuel Tombs, de Pantheon Macroeconomics, es de los que arroja tierra a esta narrativa al afirmar que la participación del 20% de hogares de ingresos altos en el consumo agregado apenas ha variado durante los últimos 25 años, situándose alrededor del 40%.

China y Europa, dos fórmulas de K

China simboliza una variante probablemente más compleja. También crece en K, aunque por un dilema sumamente complejo de superar. El gigante asiático navega entre dos aguas: una oferta industrial extraordinariamente dinámica y una demanda doméstica incapaz de seguir el mismo ritmo. El segundo PIB global (20,8 billones de dólares) sorprende por la intensidad de su aparato manufacturero y su rampante liderazgo en IA, robótica, semiconductores, vehículos eléctricos o baterías. Sin embargo, ese éxito industrial convive con unos hogares que continúan ahorrando más de lo que consumen, un mercado inmobiliario desestabilizado y una inversión privada que se mantiene en cautela.

Varias cifras ilustran esa fractura. Mientras la producción industrial crece en torno al 6% anual y las exportaciones registran tasas de dos dígitos por el ciclo mundial de inversión en IA, las ventas minoristas apenas aumentan alrededor del 2%, uno de los peores datos desde la Gran Pandemia. El PIB remontó un 4,3% entre abril y junio, el peor repunte en tres años.

Xiangrong Yu, economista para China de Citigroup, considera que “las divergencias en forma de K se amplían”. Su diagnóstico apunta a la estrategia de los últimos planes quinquenales de Pekín, especialmente vigilados por Xi Jinping que, en el último lustro, ha reorientado recursos públicos y privados hacia sectores estratégicos. Entre ellos, la IA, la robótica, la computación avanzada, las energías limpias o los semiconductores. Con objeto de corregir la dependencia tecnológica del exterior y consolidar la autosuficiencia industrial.

Esta reconversión ha arrojado leña a la productividad, a pesar de que la sociedad ha reducido su generación de renta disponible. Más eficiencia manufacturera, pero menos eficacia consumista.

Frederic Neumann, de HSBC, enfatiza que “la debilidad del gasto familiar no puede interpretarse ya como un daño temporal del interminable ajuste inmobiliario; es un colapso estructural del patrón de crecimiento chino”. Algo que suscribe Robin Xing, de Morgan Stanley, para quien la fortaleza de las exportaciones reduce la urgencia política de desplegar nuevos estímulos fiscales o monetarios a gran escala y perpetúa la anemia del consumo y, con él, el peligro deflacionista.

Europa también dibuja un escenario similar, aunque con una K difusa por sus complejos en torno a la IA. Es la crítica que trasladó hace dos años Mario Draghi al estamento comunitario. Para el salvador del euro, el vencedor de la carrera competitiva global “será la potencia que inyecte sus ganancias de productividad a su tejido productivo”, que creció un 1,2% en el segundo trimestre en el conjunto del mercado interior, 2 décimas por encima del repunte de su espacio monetario.

La geometría variable de la UE (con un PIB conjunto de 23 billones que desciende hasta los 19,4 entre los socios del euro) se vislumbra en el distanciamiento entre una élite empresarial capaz de absorber rápidamente la IA y un inmenso tejido de pymes cuya transformación digital avanza con lentitud. Draghi alerta de que Europa escala demasiado despacio a la cumbre tecnológica y Philip Lane, economista jefe del BCE, de que solo logrará avanzar en la carrera competitiva de la IA si rompe con sus “trabas regulatorias y burocráticas” y expande la economía del algoritmo más allá de sus multinacionales tecnológicas, hasta sus pymes y sectores rezagados. Mientras Enrico Letta, el otro ex primer ministro italiano al que Bruselas le encargó un informa para sacar a Europa de su letargo, se afana en reclamar “más capitales dirigidos a la digitalización, redes computacionales y energéticas y financiación empresarial”, porque “la revolución tecnológica corre el riesgo de confinarse en una parte relativamente reducida de la economía continental”.

De acuerdo con este informe, elaborado tras la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) del avance del Producto Interior Bruto (PIB) de España, Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas con menor crecimiento interanual. El incremento del 2,3 % es el segundo más bajo del país, compartido con Cantabria, País Vasco y Aragón.

En términos trimestrales, la economía extremeña creció un 0,6 % entre abril y junio respecto al primer trimestre del año, el menor avance de España junto a otras siete comunidades autónomas. Este dato se sitúa una décima por debajo de la media nacional, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF.

BlackRock, la gestora estadounidense más grande del mundo, ha asegurado este martes que el mercado español es su principal apuesta a nivel global, durante el segundo semestre de 2026, al tratarse del mercado más sólido de la región.

“España sigue siendo nuestro país preferido para la exposición a la renta variable. Aunque las valoraciones parecen menos atractivas en comparación con otros países, su crecimiento interno sigue siendo el más sólido de la región”, señala la entidad en sus perspectivas correspondientes al segundo semestre del 2026.

Dentro de sus apuestas en renta variable, BlackRock ha identificado a la Bolsa española junto al sector financiero, infraestructuras, industrial y de materiales a nivel mundial.

El responsable de ventas de BlackRock para Iberia, Javier García Díaz, ha argumentado la apuesta por España en que es el principal protagonista del crecimiento económico, del 8% desde la pandemia de 2020; en que tiene un superávit por cuenta corriente del 2,2% y una inflación controlada por debajo del 3%, a lo que ha sumado la buena evolución de su mercado laboral.

Ha recordado que en Europa, desde la pandemia, se han creado 8 millones de empleos netos y la mitad de ellos han sido en España y Francia.

En su opinión, hay potencial en la renta variable española a pesar de que en 2025 se revalorizó un 5 % y de que en lo que va de año suma un alza de cerca del 15 %. Ha estimado un crecimiento de los beneficios por encima del 10%.

La composición del mercado español les lleva a ser optimistas, al estar formado principalmente por bancos, 'utilities' y compañías de infraestructuras.

Ha incidido en que les gusta el sector de la banca española, que ha tenido buenas rentabilidades y cuenta con un interés atractivo, con bancos saneados; así como las compañías muy vinculadas a las megatendencias como la IA, en referencia a la 'utilities', aunque no ha dado nombres.

BlackRock ya invierte en España 104.000 millones de euros: aproximadamente un 50% en renta variable, un 25% en deuda publica, un 10% en deuda privada y un 15% en mercados privados.

Pérdida de competitividad de Europa

Respecto a Europa, ha dicho que no están sobreponderados porque ven que crece por debajo de la tendencia. Se estima un crecimiento de entre el 0,8% y el 1,1% para el bloque, que BlackRock reduce al 0,6% por las tensiones políticas y los gobiernos polarizados.

Esto, a su juicio, provoca pérdida de competitividad en sectores estratégicos como el tecnológico frente a EE.UU, y en el industrial, así como en el de autos, frente a China.

BlackRock apuesta por la IA, a pesar de que cada vez es más difícil identificar quienes serán los ganadores y los perdedores.

Para García Díaz, la protección de datos, la seguridad digital, la infraestructura de los centros de datos o la demanda de energía “va a ser brutal”, por lo que todas las compañías vinculadas a esa parte del valor pueden beneficiarse.

Sin embargo, ha precisado que hay que ser selectivos, ya que “no todo vale” en lo relativo a la IA y ha apostado por tendencias que no pertenecen sólo a una clase de activo, sino que impactan de manera transversal en los mercados.

La cartera de inversiones debe estar enfocada por megatendencias en lugar de por clases de activos, ha planteado.

También ha destacado que el entorno es bueno para invertir en renta fija, ya que el 60 % de la misma tiene rentabilidades superiores al 4%.

Ha indicado que refuerzan la visión por la deuda pública europea, bajan el optimismo en tramo corto de la curva americana y en el caso de la deuda emergente cambian la preferencia y pasan más a moneda local en vez del dólar.

Tipos de interés a la baja

En cuanto a los bancos centrales, García Díaz ha afirmado que, a pesar de que el mercado descuenta que los tipos en Europa sigan subiendo como en junio, cuando se situaron en el 2,25 %, BlackRock estima que “de hacer algo” este año el BCE los bajará un cuarto de punto y en 2027 se quedarán en el 2%.

En el caso de la Reserva Federal de EEUU (Fed), la gestora estadounidense no espera cambios este año y apuesta por que en 2027 se bajen un 0,25 % (ahora están en el 3,50 %-3,75 %).

En cuanto al precio del petróleo, la gestora sitúa el precio del barril de brent en el rango de entre 68 y 72 dólares.

La economía española crecerá un 2,5% en 2026, tres décimas más de lo previsto hace apenas dos meses, según la última actualización de previsiones de Funcas. El centro de análisis atribuye esta revisión al alza a la mayor resistencia mostrada por la actividad durante la primera mitad del año, aunque mantiene sin cambios su previsión para 2027. Cuando el crecimiento se moderará hasta el 1,8% por el agotamiento de algunos de los motores que han impulsado la recuperación.

La nueva estimación de Funcas se sitúa ligeramente por debajo de la previsión del Gobierno, que espera un avance del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2026. Según Funcas, la demanda interna será el principal motor del crecimiento, con una aportación de 2,8 puntos al PIB, dos décimas más de lo previsto anteriormente. En cambio, el sector exterior restará tres décimas, una menos de lo estimado en mayo.

El informe destaca que la economía española ha sorprendido por su fortaleza en los dos primeros trimestres del año. Tras crecer un 0,6% entre enero y marzo, el PIB habría acelerado su ritmo hasta el 0,7% entre abril y junio, pese al impacto económico derivado del conflicto entre Irán e Israel y las tensiones en Oriente Medio.

Tres factores detrás de la revisión

El ‘think tank’ identifica tres elementos que explican la mejora de las perspectivas para 2026. En primer lugar, muchas empresas adelantaron compras y aumentaron sus existencias para evitar posibles problemas de abastecimiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Ese comportamiento generó un incremento temporal de la actividad industrial que aporta una décima adicional al crecimiento.

A ello se suma un mejor comportamiento del consumo público y de la construcción, que también añaden una décima respecto a las previsiones anteriores. Por último, el turismo ha resultado menos perjudicado de lo esperado. España se ha beneficiado de un desvío temporal de visitantes hacia destinos considerados más seguros, lo que reduce el impacto negativo del sector exterior sobre el crecimiento.

El fin de los fondos europeos frenará la actividad

Pese a la revisión al alza para 2026, Funcas mantiene que la economía perderá impulso en 2027. El crecimiento se moderará hasta el 1,8% debido, principalmente, al menor dinamismo del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo.

Uno de los factores que explican esa desaceleración será el final del programa europeo Next Generation EU. Aunque el fondo España Crece asumirá parte de ese papel, Funcas considera que el volumen de recursos que llegará a la economía será inferior, al menos durante los primeros años de transición.

El escenario central del informe tampoco incorpora todavía posibles cambios en la política fiscal derivados de las negociaciones sobre la financiación autonómica, al considerar que aún no se han traducido en medidas concretas.

Siete años creciendo por encima de la eurozona

Si se cumplen estas previsiones, España encadenará siete años consecutivos creciendo por encima de la media de la eurozona, algo inédito desde el ciclo expansivo de comienzos de los años 2000.

No obstante, Funcas advierte de que esa ventaja tenderá a reducirse conforme pierdan intensidad algunos factores excepcionales que han impulsado la economía en los últimos años, como los fondos europeos o el fuerte crecimiento del turismo, cuya expansión considera que alcanzará su techo a partir de 2027.

Las previsiones parten además de un escenario de normalización gradual del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las tensiones sobre los mercados energéticos y de materias primas durante los próximos meses.

La inflación seguirá elevada

El centro de análisis también revisa ligeramente sus previsiones de inflación. Calcula que el deflactor del consumo crecerá un 3,2% de media en 2026, una décima menos de lo previsto en mayo, aunque todavía muy por encima de las estimaciones realizadas antes del conflicto en Oriente Medio.

Funcas considera que el encarecimiento de la energía continuará trasladándose al conjunto de la economía y que la retirada de las rebajas fiscales sobre los combustibles añadirá entre ocho y nueve décimas a la inflación. Este diferencial respecto a la eurozona, advierte el informe, supondrá una pérdida gradual de competitividad para la economía española.

Más de 900.000 empleos en dos años

Pese a la desaceleración prevista para 2027, Funcas estima que el crecimiento permitirá crear algo más de 900.000 empleos netos entre 2026 y 2027. Como consecuencia, la tasa de paro descenderá hasta el 9,1% al final del periodo, dos décimas menos de lo previsto anteriormente, aunque España seguirá registrando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

Los expertos subrayan que estas estimaciones se basan en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que consideran menos expuestos que las cifras de afiliación a los efectos de la regularización de inmigrantes.

Déficit contenido, pero riesgos al alza

En materia fiscal, Funcas prevé que las ayudas adoptadas para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio retrasen la reducción del déficit público.

El desequilibrio presupuestario se mantendrá en el 2,4% del PIB en 2026 y solo se reducirá hasta el 2,2% en 2027, mientras que la deuda pública cerrará ese ejercicio en el 96,7% del PIB.

El informe identifica varios riesgos para este escenario. En el plano internacional, el principal es un deterioro de la situación geopolítica en el Golfo Pérsico. También alerta de una posible corrección en los mercados financieros si terminara estallando una burbuja vinculada al sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

En el ámbito interno, Funcas señala como principales amenazas la prolongación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdos políticos para impulsar reformas que contribuyan a aliviar la crisis de la vivienda.

El servicio de estudios de BBVA estima que el incremento del PIB de Aragón alcance el 2,2% en 2026, significativamente por encima del resto de la Eurozona y del promedio registrado entre 1995 y 2019 (1,8%), aunque levemente por debajo del previsto para el conjunto de España (2,4%). La recuperación de las exportaciones de bienes y el mejor comportamiento de la industria habrían apoyado la actividad. Hacia delante, BBVA Research prevé que el PIB de Aragón aumente un 2,3% en 2027, por encima del promedio nacional. De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 11,5 puntos el nivel de 2019. Además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 7,7% de media en 2027 y se podrían crear en torno a 26.500 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Según el informe ‘Situación Aragón 2026’ de BBVA Research, presentado este martes por Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, y por Marta Alonso, directora de la territorial norte de BBVA en España, la economía aragonesa mantiene un crecimiento sólido, impulsado por la mejora del empleo, la recuperación del sector exterior y el buen comportamiento del consumo privado. Hacia delante, las interrupciones de las cadenas de suministro y el encarecimiento de la energía y de otros insumos clave podrían afectar a la producción industrial y a las exportaciones en el corto plazo. No obstante, la progresiva resolución de estos problemas, junto con la inercia positiva del empleo, el buen tono del consumo y de la inversión, y una política fiscal más expansiva, continuarán sosteniendo el crecimiento.

El avance de la afiliación en Aragón se acelera en el primer semestre de 2026, apoyado en la fortaleza de Huesca, el área urbana de Zaragoza y las zonas rurales. Por sectores, los servicios públicos, el comercio, las actividades profesionales y la construcción impulsaron la afiliación en 2025, explicando el 77% del incremento total. En 2026, la aceleración del ritmo de crecimiento se explica gracias, sobre todo, al mayor empuje del sector manufacturero.

En cuanto a la demanda interna, el consumo de los hogares en Aragón continúa mostrando fortaleza. El gasto presencial realizado por clientes de BBVA y con tarjetas de otras entidades nacionales y extranjeras registrado en TPV de BBVA en Aragón alcanzó el 16,5% en 2024 y se moderó hasta un todavía dinámico 10,9% en 2025. Hasta mayo de 2026, el crecimiento se situó en un 9,0% interanual, con aumentos especialmente en grandes superficies, vehículos y restauración, mientras que se observa una caída en alojamiento, transporte y electrónica.

Con respecto al turismo, tras aumentar un 8,9% en 2025, el gasto con tarjetas de extranjeros en TPV de BBVA en Aragón se desaceleró en el inicio de 2026, aunque siguió mostrando una evolución sólida, con un crecimiento del 5,5%. Por su parte, las pernoctaciones de viajeros extranjeros repuntaron hasta el 1,8%, tras el retroceso observado el año anterior.

Además, las exportaciones de bienes vuelven a crecer en Aragón tras la caída de 2025, apoyadas en la mejora del sector automotriz. En lo que va de año, las ventas al exterior avanzan un 6,6% nominal, frente al 2,0% de España. Por destinos, la aceleración de las ventas a las economías europeas compensa el freno observado en el resto del mundo. Aunque en términos nominales las exportaciones de bienes superan en un 19% el nivel de 2019 (+34% en España), en términos reales aún se sitúan 4 puntos por debajo del nivel prepandemia (+5 puntos en España).

Un crecimiento sólido en un entorno de mayor incertidumbre

Entre los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 y 2027 se encuentra el dinamismo de la demanda interna. El crecimiento del empleo, el aumento de la renta disponible y la mejora de la riqueza inmobiliaria seguirán sosteniendo el consumo privado, aunque con una moderación gradual. Asimismo, la inmigración continuará apoyando el crecimiento de la población y del empleo, compensando parcialmente las limitaciones demográficas existentes. En Aragón, la regularización de trabajadores extranjeros podría afectar a alrededor de 1.700 personas.

La inversión residencial también seguirá creciendo, impulsada por la creación de hogares, la evolución favorable del mercado laboral y unas condiciones financieras todavía relativamente positivas. En este contexto, la vivienda en ejecución podría aumentar un 3,5% en 2026 y un 12,4% en 2027, hasta alcanzar unas 3.700 unidades el próximo año.

Por último, la política fiscal seguirá apoyando la actividad. La finalización de la licitación y adjudicación de los fondos NGEU, junto con el mayor gasto en defensa, impulsarán la demanda interna. Además, las medidas para limitar el impacto del encarecimiento del petróleo podrían beneficiar a sectores intensivos en el uso de combustible y a determinados hogares. A este respecto, el peso de los combustibles en la cesta de consumo de las familias aragonesas es similar al promedio nacional.

Perspectivas positivas, pero con retos estructurales

Aunque Aragón mantiene una senda de crecimiento sólido, el deterioro del contexto externo introduce riesgos para los próximos trimestres. El encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro, podría frenar la actividad industrial y elevar la inflación. La economía aragonesa resulta especialmente expuesta a estos factores por el mayor peso de la industria.

Asimismo, el deterioro del entorno europeo podría afectar al dinamismo exportador y a la producción industrial. Tras crecer un 3,1% en 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) apenas avanza un 0,1% en el primer semestre de 2026, con un fuerte retroceso de la energía y, en menor medida, de los bienes de consumo, que compensa el avance de los bienes intermedios y de equipo.

La escasez de mano de obra también podría limitar el avance en determinados sectores. El porcentaje de vacantes sin cubrir en Aragón se sitúa en niveles históricamente elevados y por encima del promedio nacional, mientras que los ocupados que no trabajaron alcanzan el 5,5%, en línea con el conjunto de España.

A estos retos se suma la necesidad de incrementar la productividad. En Aragón, la productividad por hora se mantiene en niveles similares a los de 2019, lo que limita el avance del PIB per cápita y exige reformas que permitan sostener un crecimiento más competitivo a medio plazo.

Por otro lado, la mayor actividad constructora no será suficiente para satisfacer la demanda acumulada de vivienda. Desde 2021, en Aragón se han creado 30.000 hogares y se han construido solo 12.000 viviendas, lo que puede dificultar la atracción y retención de capital humano.

En este contexto, avanzar en productividad, reducir los cuellos de botella en el mercado laboral, mejorar la disponibilidad de vivienda asequible y sostener la inversión serán elementos clave para consolidar un crecimiento más equilibrado y resiliente en los próximos años.

Los principales organismos internacionales reconocen que la economía española es una de las que más crece de toda Europa y entre los países de la OCDE. De hecho, según las previsiones de la OCDE y de la Comisión Europea, su crecimiento seguiría por encima del de Francia, Alemania o Italia —y de la media de la zona euro— en 2026 y 2027.

La gran pregunta que alimenta el debate es si ese crecimiento se sostiene porque hay más gente trabajando o porque se está produciendo una transformación estructural. En este análisis aportaré algunos datos que nos ayuden a hacernos una idea de lo que está pasando.

Para contextualizar el debate debo recordar que el Producto Interior Bruto (PIB) que articula gran parte del debate económico es únicamente el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país en un determinado período de tiempo. En términos absolutos, eso significa que si hay más gente trabajando, el PIB será mayor. Al mismo tiempo, si un país consigue producir cosas de más valor empleando a los mismos trabajadores (o el mismo tiempo de trabajo) también crecerá el PIB. Para los fines de este artículo estos son los dos grandes mecanismos que pueden explicar el crecimiento económico. Al primer tipo se le llama crecimiento extensivo porque depende de añadir más trabajadores, mientras que al segundo se le llama crecimiento intensivo porque implica usar “mejor” los factores productivos existentes.

Dicho esto, por lo general una economía que crece extensivamente enfrentará límites de manera más rápida: es improbable que el ritmo de crecimiento del número de trabajadores se mantenga en el tiempo. Además, formar trabajadores cualificados, que son los que generan más valor, es difícil y es raro que la entrada masiva de personas tenga esas características. Por esa razón se considera un tipo de crecimiento poco atractivo. Por otro lado, crecer intensivamente es un proceso potencialmente más sostenible porque depende del aumento de la productividad (aunque también hay límites, como los ecológicos). Respecto a la economía española, los analistas más conservadores aducen que el crecimiento es débil porque es del primer tipo, mientras que otros consideramos que hay elementos que apuntan a que también se está produciendo una transformación estructural, aunque modesta.

Por suerte, existen procedimientos para descomponer el PIB y contrastar qué tipo de crecimiento se está produciendo. En la nota final indico cómo se hace metodológicamente, pero el que utilizo aquí es básicamente una transformación logarítmica que permite descomponer el PIB en cuatro factores: población, tasa de empleo, intensidad de trabajo y productividad por hora. Utilizando datos de Eurostat para el período 2022-2025 y en crecimiento acumulado, obtenemos los siguientes datos para algunas economías seleccionadas de la Unión Europea.

Lo que nos dice esta tabla es que el crecimiento de España se debe tanto al aumento de la población y de la tasa de empleo como al avance de la productividad por hora. De la muestra, España es el país donde más ha crecido la población; y, como la tasa de empleo crece aún más, sabemos que el empleo ha aumentado más deprisa que la población: buena parte de quienes han llegado están en edad de trabajar y se han incorporado al mercado laboral. Conviene notar, además, que las horas por ocupado caen (−1,3), señal de que la jornada media se acorta —probablemente por más parcialidad—, de modo que el empuje laboral viene del número de personas que trabajan, no de que cada una trabaje más horas. Así pues, el crecimiento del número de trabajadores explica una parte importante del crecimiento económico reciente.

Cabría esperar que esa entrada de trabajadores tirase de la productividad por hora hacia abajo: si los nuevos ocupados tuvieran, en promedio, menor cualificación y se incorporaran a empleos de bajo valor añadido, aportarían menos valor que la media preexistente. Es lo que suele suponerse, aunque la evidencia reciente lo matiza, pues según el Banco de España la inmigración llegada en los últimos años está más cualificada que las olas anteriores. El ejemplo más claro de ese patrón extensivo es Italia: su empleo crece con fuerza (+5,0) mientras su productividad por hora se desploma (−4,1), de modo que el grueso de su crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento del empleo. Alemania y Austria, por su parte, ilustran un caso distinto enmarcado en su crisis industrial: ahí la productividad por hora también cae, pero acompañada de una tasa de empleo negativa, señal de que el problema no es la composición de nuevos trabajadores, sino la destrucción de empleo de alto valor en la industria.

En España, en cambio, y tal y como analizamos en profundidad recientemente, la productividad por hora crece al mismo tiempo que se crea empleo. Esa combinación es precisamente la que resulta difícil de obtener en procesos de crecimiento puramente extensivos, porque la incorporación rápida de trabajadores suele reducir la productividad media, al menos temporalmente.

Una explicación plausible de este fenómeno es que, a la vez que se produce esa fuerte entrada de población, está ocurriendo un cambio en el modelo productivo que eleva la productividad media de los trabajadores: en parte porque la inmigración reciente es más cualificada y en parte por una reasignación hacia actividades de mayor valor añadido. Es precisamente lo que apuntó el informe de Goldman Sachs al señalar que España es, entre las grandes economías europeas, donde más están creciendo los empleos de alto valor añadido. He reproducido a continuación el gráfico que sostenía tal argumento.

En resumen, la economía española está creciendo por una combinación de crecimiento extensivo (más trabajadores) e intensivo (más productividad por hora). Las dos interpretaciones que a priori parecían enfrentadas son, en realidad, compatibles. Y eso tiene mérito, porque sus lógicas tienden a oponerse: que ambas convivan indica que la transformación estructural está teniendo una fuerza suficiente para compensar el efecto composición de sumar más trabajadores.

Los avances obtenidos hasta ahora es probable que se deban en gran medida a los incentivos introducidos por los fondos NextGeneration, es decir, a un tipo de política industrial que atrae capital y trabajadores hacia sectores con mayor valor añadido. El verdadero reto de futuro para la economía española consiste en conseguir que cada nueva incorporación al mercado laboral vaya acompañada de un aumento sostenido de la productividad. Si eso ocurre, lo que requiere una política industrial más activa y ambiciosa, habremos conseguido una transformación económica de la estructura productiva, esto es, de uno de los grandes problemas que ha arrastrado históricamente a nuestra economía.

Las grandes empresas llevan meses despidiendo a trabajadores, lo que apunta a una estrategia de automatización debida a la incorporación de la inteligencia artificial al proceso productivo. Algunas estimaciones hablan más de cien mil despidos en todo el mundo en lo que va de año, una cifra similar a la que hubo en todo 2025. En España, los casos del ERE de Amazon —1.200 personas— y el de Capgemini —748 personas— son dos ejemplos claros, pero posiblemente habrá más en los meses venideros.

Desde los inicios del capitalismo, el miedo a ser sustituidos por máquinas ha sido una de las inquietudes más profundas y persistentes de la clase trabajadora. Los trabajadores habían sido desposeídos del control de los medios de producción a través de la violencia y el robo —como ilustran de manera paradigmática los enclosures, aquellos cercamientos de las tierras comunales que arrojó a la población campesina a las fábricas urbanas—, de modo que siempre intuyeron que la reorganización del trabajo con nueva maquinaria no redundaría en su beneficio. El movimiento ludita, a comienzos del siglo XIX, es quizás la expresión más conocida de aquella resistencia popular, precisamente porque supuso una rebelión que buscaba destruir las máquinas que estaban arruinando los oficios tradicionales y expulsando a miles de trabajadores al desempleo y la miseria. A veces se olvida que en aquellos momentos el Estado respondió con aún más violencia, con leyes que castigaban con la horca a quien rompiera un telar, y con una clara defensa de la propiedad privada de los dueños de las máquinas frente al sustento de los trabajadores. El Estado era, entonces más que nunca, un instrumento totalmente comprometido con los propietarios de los medios de producción.

Aquellos medios de producción eran unas máquinas que habían sido creadas para abaratar los costes. Aunque la historiografía dominante ha edulcorado la capacidad inventiva de los mecánicos que produjeron los primeros telares mecánicos o la máquina de vapor durante la Revolución industrial, lo cierto es que el propósito perseguido era, antes que nada, sustituir a trabajadores caros —los hombres adultos cualificados— por mujeres y niños, peor pagados y menos capaces de organizarse colectivamente. Además, y tal y como ha documentado con detalle Andreas Malm en Capital fósil, aquellas máquinas fueron al principio muy ineficientes desde el punto de vista termodinámico —la rueda hidráulica era a menudo más barata que el motor de carbón—, pero permitían un control mucho mayor sobre la fuerza de trabajo. Los obreros pasaban de producir con cierta autonomía en sus casas del mundo rural, marcando su propio ritmo, a hacerlo apilados y vigilados en las fábricas de la periferia contaminada y sobrepoblada de las ciudades industriales. Desde sus albores, en suma, las innovaciones tecnológicas del capitalismo han estado orientadas a maximizar beneficios al coste social y ecológico que fuera necesario, no a aligerar el esfuerzo humano ni a democratizar la riqueza. Y esto es resultado de la lógica profunda del capitalismo, no de la tecnología en sí, y lo que por otra parte explica que más de dos siglos después nos resulte un proceso tan familiar.

Frente a esta lectura crítica con las máquinas, los economistas suelen insistir en que, aunque haya un proceso de ajuste doloroso, tras la introducción de cada nueva tecnología que sustituye trabajo se crean siempre nuevos empleos en otros sectores —por lo general, se dice, mejor pagados—. Carl Benedikt Frey, el autor de The Technology Trap, abre su libro recordando precisamente la sustitución de los faroleros que apagaban las lámparas de aceite por el alumbrado eléctrico. Marx, por su parte, vio en este tipo de cambios consecuencias horrorosas para los trabajadores que perdían sus medios de vida, pero también la prueba de la progresividad del sistema capitalista hacia unas relaciones de producción más modernas. David Ricardo pensaba lo mismo a comienzos del siglo XIX, y atribuía cualquier desempleo provocado por la maquinaria a una fricción transitoria. Sin embargo, en la tercera edición de sus Principios —un cambio de posición célebre y demasiado a menudo olvidado por los pensadores contemporáneos— incorporó una modificación que hizo de su argumento algo mucho más escéptico: aceptaba que la sustitución podía ser permanente y perjudicial para los trabajadores. Que el padre intelectual de buena parte de la teoría económica liberal terminara por reconocerlo debería invitarnos a una mucho mayor prudencia ante las promesas del optimismo tecnológico.

Es cierto que, en general, la mecanización casi nunca implica la automatización de trabajos enteros, sino de tareas concretas dentro de cada puesto. Eso suele obligar al trabajador a especializarse en aquellas actividades que la máquina aún no puede realizar, lo que a menudo exige mayor cualificación: programar, supervisar, gestionar, cuidar. Este proceso está detrás, además, del incumplimiento de lo que Marx esperaba que fuera una polarización total de la sociedad entre proletariado y burguesía. Resultó que, junto al obrero industrial clásico, a lo largo del siglo XIX fue creciendo una abultada clase media de asalariados especializados en actividades que implicaban más una gestión intelectual que un trabajo manual: técnicos, administrativos, profesionales, supervisores. El llamado “problema de la clase media” —ya lo discutían Bernstein y Kautsky a finales del siglo XIX y lo ha revisitado con detalle Erik Olin Wright— no es nuevo, pero ha tomado nuevas formas en cada oleada tecnológica. Lo característico de la actual, como subraya el informe del Consejo Económico y Social sobre el futuro del trabajo, es que la automatización vacía especialmente los empleos intermedios y polariza el mercado laboral entre puestos muy cualificados y otros muy precarios. Es decir, empeora la dinámica de desigualdad que ya está bastante acentuada por otros factores.

En nuestras sociedades tenemos absolutamente idolatrado el progreso tecnológico hasta el punto de no problematizar su papel

A pesar de toda esta complejidad, en nuestras sociedades tenemos absolutamente idolatrado el progreso tecnológico hasta el punto de no problematizar su papel. Cualquier crítica al rumbo concreto de la innovación se desactiva enseguida con el etiquetado de “tecnófobo” o “ludita”, como si la disyuntiva fuera entre admirar acríticamente cada novedad o regresar a vivir en cuevas. Pero antropólogos como Alf Hornborg llevan décadas advirtiendo que la máquina es una condensación de materiales y de flujos de energía que han sido extraídos por el centro a partir de las periferias de la economía mundial. Como es bien conocido, detrás de cada teléfono móvil hay coltán congoleño extraído en condiciones de semiesclavitud, litio de los salares andinos arrancado al ecosistema, cobre chileno y silicio refinado con cantidades enormes de electricidad. En definitiva: las máquinas no caen del cielo y son construidas a partir de materiales y flujos energéticos que vienen de algún sitio concreto, aunque no pensemos habitualmente en ello. Eso convierte cada salto tecnológico en una operación de intercambio ecológico desigual, donde el bienestar aparente de unos pocos se sostiene sobre el agotamiento y la contaminación de muchos otros, casi siempre lejos de nuestra vista.

Quizás el ejemplo paradigmático de todo esto sea la llamada inteligencia artificial. Aunque a veces se la presenta como un proceso casi desmaterializado —una “nube” mágica y etérea—, lo cierto es que implica un consumo extraordinario de agua, minerales y energía: los grandes centros de datos que entrenan los modelos generativos requieren muchísimos recursos, y la disputa por el suministro eléctrico se ha convertido en uno de los argumentos centrales del propio sector tecnológico. Con todo, y teniendo presente la necesidad de gestionar estos costes, la tecnología podría usarse para fines socialmente deseables: contribuir a la investigación científica, ayudar a diagnosticar enfermedades, traducir lenguas minoritarias, facilitar tareas tediosas o peligrosas, liberar tiempo de trabajo para el cuidado y el descanso. En la práctica, sin embargo, su uso está generalizado en la producción industrial de tonterías digitales —imágenes vacías, textos repetitivos, contenido publicitario diseñado para capturar atención— o, peor aún, en la hiperexplotación de los trabajadores: algoritmos que dictan al repartidor de plataforma cada metro de su trayecto, sistemas que cronometran al segundo el trabajo o aplicaciones que asignan turnos imposibles a quienes ya cobran un salario de subsistencia. No es tanto una paradoja como la incorporación de la tecnología a la lógica capitalista: la inteligencia artificial podría elevar la productividad en muchísimas áreas —evitando toda una lista de tareas que son tediosas para el trabajador— y producir lo mismo en mucho menos tiempo, pero esta opción está clausurada bajo el capitalismo.

Y lo está porque el objetivo ciego del sistema es producir más y más y más, no importa cuál sea el coste social y ecológico ni la disponibilidad de otras alternativas sociales. Cada incremento de productividad se traduce en mayores beneficios para los propietarios y en una intensificación de tareas o en despidos puros y duros para quienes ejecutan el trabajo. Las plataformas digitales —esa última frontera del trabajo asalariado— son un buen retrato del fenómeno: tecnología puntera puesta al servicio de la precarización extrema, mayor informalidad laboral, vigilancia algorítmica permanente y una pretensión de aplicar las viejas relaciones de servidumbre con interfaz amigable. Los analistas más serios reconocen que el futuro del trabajo no dependerá tanto de la potencia técnica de las máquinas como de la gobernanza democrática —laboral, fiscal, industrial— que decidamos construir colectivamente. Parece obvio que, sin diálogo social, sin negociación colectiva y sin políticas públicas marcadamente progresistas, el cambio tecnológico será otro mecanismo más de redistribución de la riqueza hacia arriba.

Y ese, en el fondo, es el verdadero sinsentido de la automatización contemporánea. No es que sustituya trabajadores —en sí mismo, que máquinas y algoritmos hagan parte de las tareas más pesadas podría ser una excelente noticia—, sino que no está dirigida a ningún fin social democráticamente planificado. Únicamente responde a los estímulos insensibles del mercado, a la presión bursátil trimestral y al cálculo individual del beneficio. De esa manera nos hemos convertido en parte de un engranaje que nunca se detiene, precisamente porque no hay ningún plan común que justifique el esfuerzo. Estamos a merced de una gran fuerza inconsciente. Discutir la automatización del trabajo, en consecuencia, no es discutir si las máquinas son buenas o malas: se trata de discutir quién decide qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. Y esa es, también, la pregunta que el ludita de hace dos siglos lanzaba con su martillo y que la izquierda contemporánea no debería renunciar a formular con todas las herramientas —técnicas, sindicales y políticas— que tenga a su alcance: la tecnología, como la economía, ¿para qué?

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

La economía cántabra cerrará este año con un crecimiento de entre el 1,6% y el 2,1%, un ritmo menor que el resto de España que sitúa a la comunidad autónoma a escasas décimas del promedio nacional. Así lo constata el IV informe 'Economía de Cantabria: cierre de 2025 y previsión para 2026', elaborado de forma conjunta por el Colegio de Economistas de Cantabria y el Consejo General de Economistas. La presentación de este barómetro económico ha tenido lugar este lunes durante la celebración del Foro SER Cantabria.

El documento advierte sobre los principales frenos de la economía cántabra, marcados por la escasa capacidad para atraer inversión extranjera y el déficit estructural en innovación. Para revertir esta situación, los economistas proponen optimizar los recursos internos mediante la alianza operativa entre el Puerto de Santander y la Zona Franca, además de impulsar la industria cultural como motor de la economía del conocimiento.

El estudio insta a capitalizar la recta final de los fondos europeos Next Generation y subraya la urgencia de afianzar un nuevo patrón de crecimiento apoyado en la productividad y la retención de talento. Asimismo, los analistas condicionan el cumplimiento de estas estimaciones a factores globales: cualquier repunte de la inestabilidad geopolítica o encarecimiento de la energía recortaría el techo de crecimiento regional hasta dejarlo en un 1,2%.

El balance del ejercicio 2025 muestra el mantenimiento de la deuda autonómica en el 17,2% del Producto Interior Bruto, lo que supone el cuarto periodo anual consecutivo de descensos. Respecto al empleo, la tasa de paro se situó en el 6,77% al término del cuarto trimestre, frente a la media estatal del 9,93%. Este dato se acompaña de una tasa de ocupación del 51,26%.

Poca inversión extranjera

Inversión extranjera y brecha en innovación Cantabria ocupa actualmente la novena posición en el Índice de Competitividad de las Comunidades Autónomas. Los autores del estudio vinculan este puesto a varios desajustes en el tejido productivo regional, destacando especialmente la dificultad para captar capital foráneo.

De hecho, la comunidad apenas atrajo el 1,23% del total de la inversión extranjera directa recibida en España durante 2025. Los indicadores industriales operan en esta misma línea. El índice de producción fabril se situó en 82,46 puntos, a notable distancia de los 95,63 que marca la media estatal.

La estadística de investigación y desarrollo (I+D) refleja un escenario similar, ya que el esfuerzo inversor se ha estancado en el 0,96% del PIB cántabro frente al 1,50% nacional. Los economistas señalan directamente a la falta de financiación por parte del sector privado como el principal obstáculo para la modernización tecnológica de la región.

Una lectura minuciosa por ramas de actividad revela una contracción aguda del entorno rural. El censo de productores de leche mermó un 33,64% en apenas cinco años. En paralelo, los técnicos alertan de la temporalidad laboral. El 47% del tejido de empresas cántabro opera en el sector servicios, lo que satura de contratos la franja veraniega de julio y agosto. Demográficamente, Cantabria anotó un repunte poblacional del 0,5%. La llegada de ciudadanos extranjeros es el único factor que logra camuflar el envejecimiento nativo.

La presentación técnica del barómetro ha corrido a cargo de Salvador Marín Hernández, director del Servicio de Estudios del Consejo General, quien ha destacado que Cantabria debe afrontar tres retos clave para su crecimiento: “corregir el déficit de apertura al capital exterior, transformar el conocimiento en patentes y aumentar el tamaño medio de las empresas”. Según Marín, ganar dimensión empresarial es un paso imprescindible para “retener el talento joven” y mejorar el atractivo de la comunidad.

La economía española ha aguantado el primer golpe de la guerra en Oriente Medio. A pesar de los fríos vientos de cara que proceden de Irán, y que ya está estancando algunas economías como la francesa, el producto interior bruto (PIB) español creció un sólido 0,6% en el primer trimestre, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión productiva.

De acuerdo con los datos preliminares publicados este jueves por el INE, el crecimiento económico se ralentizó ligeramente en comparación con el cuarto trimestre de 2025, en el que avanzó un robusto 0,8%, pero en términos interanuales (es decir, comparando los tres primeros meses de 2026 con los del año pasado) se situó en el 2,7%, con una ligera aceleración en comparación con el final del ejercicio pasado.

Según destaca Estadística, de ese 0,6% que creció la economía en los tres primeros meses del año, 0,4 puntos se explicaron por la aportación de la demanda interna de la economía, en tanto que 0,2 fueron gracias al sector exterior.

En cuanto a la 'pata' interna de la economía, el consumo de los hogares avanzó un 0,6% y el de las administraciones públicas, un 0,2%, con una ligera ralentización en comparación con finales del año pasado.

La inversión productiva, medido a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, creció un 0,4%, una ralentización notable si comparamos el avance de esta rúbrica en el último trimestre de 2025 (2,1%).

Del sector exterior, las exportaciones decrecieron ligeramente en el trimestre (0,5%), pero cayeron más las importaciones (1,2%). Este comportamiento menos dinámico de las compras al exterior del país es relevante a la hora de calcular el crecimiento, ya que que adquirir en otras economías 'resta' PIB, mientras que las ventas al extranjero suman.

Desde la óptica de la oferta, y por sectores, todas las ramas productivas crecieron en el primer trimestre del año: las primarias, vinculadas al campo, un 3,3%; la industria, un 0,4%; la construcción, un 0,1%; y los servicios, un 0,7%.

El crecimiento interanual se acelera

El crecimiento interanuales de la economía española se ha acelerado una décima, hasta el 2,7%, en comparación con el registrado a finales del año pasado, después de que el INE haya revisado ligeramente a la baja el cierre de 2025.

Si la economía española crece a un ritmo del 2,7% en comparación con le primer trimestre de 2025, 3,4 puntos se deben a la fortaleza interna de la economía, mientras que el sector exterior, aún sufriendo la convulsión arancelaria desatada por Donald Trump, restó 0,7.

El consumo de los hogares acelera al 3,2% (una décima más), que contrarresta ligeramente la desaceleración en el de las Administraciones Públicas (creció un 2%, cinco décimas menos que entre octubre y diciembre).

La inversión creció un 5,6%, con la construcción de vivienda (6%) y los productos de propiedad intelectual mostrando el mayor dinamismo (6,8%).

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía apunta a que esta cifra cierra una semana de “datos positivos”, tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (que no fue tan buena, como suele ocurrir al iniciar el año) y de la inflación de abril, que se moderó ligeramente en relación con marzo.

“La economía española mantiene el pulso de crecimiento en este arranque de año marcado por la guerra de Irán”, señala el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que destaca que este “sólido” ritmo de la actividad permite que España siga “liderando entre las principales economías de la Unión Europea”.

Otro de los datos positivos que arroja la Contabilidad Nacional publicada este jueves es el repunte de la productividad por hora trabajada, que creció un 1% en el primer trimestre, en comparación con el precedente. Esto, dicen desde el Ejecutivo, consolida “un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo, que es el reflejo de la modernización de nuestro modelo de crecimiento económico”.

Estos datos son un primer avance de la Contabilidad trimestral, que se elabora con los indicadores disponibles, la mayor parte hasta febrero. El estallido de la guerra, en marzo, y sus efectos sobre otros indicadores se verían ya reflejados en la revisión que haga Estadística de sus cifras a finales de junio.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

“Nos enfrentamos a un verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podemos imaginar en este momento”. Estas son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista publicada este jueves en The Economist. Europa se asoma a un abismo económico por culpa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las consecuencias económicas ya se palpan en la Unión Europea, pero, como advierte Lagarde, hay un peligro añadido, ya que el impacto se manifiesta gradualmente, lo que implica “una evaluación tardía” de la gravedad real de la crisis. Cuando se va a cumplir un mes del inicio de los bombardeos, lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana entre los analistas: la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

Este sentimiento que se extiende en los mercados crece ante la incertidumbre que provocan los constantes cambios de estrategia de la guerra por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque aseguró que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, cuando ya se ha cumplido un mes aún no se percibe que Trump haya encontrado una salida creíble al conflicto. Este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que incrementarían sus ataques contra Irán tirando por tierra la supuesta solución diplomática que el presidente de EEUU asegura que está negociando con Irán.

Ante este escenario, Boris Vujcic, recientemente nombrado vicepresidente del BCE, también ha advertido de que la guerra en Irán está empujando a la zona euro hacia una combinación de crecimiento más débil y mayor inflación. La advertencia de Vujcic no fue que Europa ya estuviera en esta situación, sino que la tendencia del riesgo se mueve más rápido de lo que se pensaba en esa dirección.

En un entorno de estanflación, los bancos centrales tienen menos flexibilidad y más probabilidad de cometer errores de política monetaria. “Los banqueros centrales de todo el mundo se están encontrando entre la espada y la pared, ya que los precios de la energía se disparan y destrozan la economía global. A medida que aumentan los riesgos de inflación creciente y desaceleración del crecimiento con cada subida en los precios del crudo, la función de respuesta de la política monetaria se vuelve débil”, explica Jack Janasiewicz, gestor de Natixis.

La tardía reacción del BCE en la crisis de inflación que provocó la invasión de Ucrania pesa sobre el BCE. Lagarde insiste en que actuará inmediatamente, pero los analistas avisan de que la situación es diferente. “El inmovilismo actual de los bancos centrales, aunque parece impuesto, es probablemente la mejor respuesta. Si bien el riesgo de recesión derivado de este choque energético parece bastante obvio, el recuerdo de la ola de inflación de 2022-2023 sigue siendo demasiado nítido para que los banqueros centrales lo ignoren. Sobre todo, como ha señalado el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales no deben reaccionar a través de sus herramientas de política monetaria a las crisis temporales de oferta. He ahí una lección que especialmente el BCE haría bien en tener presente, ya que sus errores de política monetaria en la era Trichet costaron muy caro a la economía de zona euro”, advierte Enguerrand Artaz, gestor de fondos de LFDE.

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación”

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación porque la guerra en Oriente Medio impulsa los precios al alza mientras frena el crecimiento”, comentó Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Williamson ha advertido que “los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años, en medio del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra”.

El economista de SP en la Eurozona añadió que: “El crecimiento de la producción se ha desacelerado hasta casi la estanflación, debido a una caída de la confianza empresarial y al deterioro de los nuevos pedidos. La disminución de las expectativas sobre la producción futura fue la mayor registrada desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

No es el único analista que advierte del impacto económico de la guerra de Irán en Europa. “Los mercados están comenzando a incorporar un escenario de petróleo más alto por más tiempo. Esta dinámica está reforzando las preocupaciones sobre la estanflación”, dijo Emmanuel Cau, jefe de estrategia en Barclays. Mientras, Xavier Chapard, estratega de LBP, indicó que “las primeras encuestas de coyuntura de marzo confirman el carácter estanflacionista de la crisis” con “un golpe es especialmente fuerte en Europa, lo que no resulta sorprendente a la vista de las importaciones de petróleo y gas de la región”.

Patrick Artus, analista de Ossiam, añadió que: “Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la economía de la zona euro se estaba moviendo hacia un equilibrio de estanflación debido a la ausencia de aumentos en la productividad y a un fuerte aumento de los precios de metales y semiconductores. La guerra en Oriente Medio, si persiste, aumenta el riesgo de caer en estanflación, dado el shock negativo de oferta derivado de los mayores precios del petróleo y del gas natural”.

Un impacto económico que ya sufren los ciudadanos

En España ya hay datos concluyentes del impacto de la guerra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes. El Banco de España ya apunta que el peor de los escenarios por la guerra supondría un frenazo de la economía (1,9%) y una inflación disparada (5,9%), mientras que la OCDE recortó en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento PIB de España en 2026 y otra décima, hasta el 1,7%, para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Estamos hablando de la economía española, que es la que va mejor entre los grandes países de la UE. Bloomberg ha publicado que Alemania se quedaría en un escaso 0,5% de crecimiento en 2026 si la guerra continúa, mientras que Italia ya ha anunciado que no crecerá más de un 0,5% y el banco central de Francia revisó al 0,9% la tasa de crecimiento para su país este año.

Anthony Willis, esconomista de Columbia Threadneedle Investments, explicó que “es muy desafortunado que, en un año en el que se esperaba un aumento del crecimiento y de los beneficios corporativos, sobre un fondo de baja inflación y, en palabras de Christine Lagarde, ”en buena posición“, el contexto haya empeorado tan rápidamente. La UE está en mejor situación desde el punto de vista del suministro de gas que en 2022, gracias a la infraestructura de importación de GNL ahora en funcionamiento, pero sigue siendo vulnerable, ya que las reservas de almacenamiento están agotadas y la UE compite con Asia por los limitados suministros de gas disponibles desde EEUU, dado que Catar está parcialmente 'fuera de línea'. El estímulo económico y el gasto adicional en defensa pueden ayudar a la economía europea hasta cierto punto, pero los precios más altos para una región muy dependiente de las importaciones de energía, dejan a la UE vulnerable a una desaceleración económica impulsada por los precios de las materias primas, combinada con un shock inflacionario”.

Este viernes hubo una reunión de ministros de finanzas de la UE para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, fue concluyente: “Las perspectivas están empañadas por una profunda incertidumbre, pero es evidente que nos enfrentamos al riesgo de un choque estanflacionario. Se daría incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente cortas”. El comisario europeo señaló que el crecimiento de la UE en 2026 podría situarse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales “por debajo de lo proyectado en nuestras previsiones económicas de otoño (1,4% de incremento del PIB)”.

Cuando parecía que Europa dejaba atrás los efectos del conflicto en Ucrania, la guerra de Irán ha vuelto a golpear el crecimiento europeo y ha obligado a los ejecutivos de la eurozona a dedicar sus esfuerzos en rebajar el golpe de los precios. El presidente Pedro Sánchez señaló en unas jornadas organizadas por elDiario.es que “la guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político y geopolítico. Desestabiliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos”. Como otros países europeos, el Gobierno de España ha sacado adelante medidas anticrisis que van a paliar el impacto sobre la economía de los ciudadanos.

“Estamos en una situación que podría convertirse en una recesión global autoinfligida. Demuestra lo que ocurre cuando se actúa fuera del marco de las normas y reglas internacionales. Todo está vinculado con todo: el precio del petróleo con el del gas, con el de los alimentos, con el de los fertilizantes, con el de los productos farmacéuticos y la lista continúa”, comentó Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista en Politico para explicar la debacle económica que se avecina.

La economía española aceleró al cierre de 2025 y permitió que el año se zanjase con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,8%, una cifra que supone doblar el avance registrado en el conjunto de la zona euro (1,4%) y que confirma a España como la economía avanzada líder por segundo año consecutivo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato que adelantó a finales del mes de enero, cuando informó de que el PIB había aumentado en el cuarto trimestre un 0,8%, la mayor tasa del año. Ese acelerón registrado entre octubre y diciembre coloca a la economía española en un punto muy positivo para 2026, a pesar de los efectos de la guerra en Oriente Medio, ya que el 'efecto arrastre' implica que el tejido productivo ya crece a un ritmo del 1,1%.

El crecimiento en 2025 descansó en tres ejes: por un lado, el consumo de los hogares, que avanzó un 3,3%; por otro, la inversión productiva, medida a través de la formación bruta de capital fijo, que registró un crecimiento del 5,8%; y la productividad por hora trabajada, que se incrementó en un 0,7% en todo el ejercicio.

Según ha destacado el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación, el vigor del gasto de las familias está sostenido por el buen momento del mercado laboral y por la recuperación de poder adquisitivo de las familias, que se mantuvo en 2025. La cartera que dirige Carlos Cuerpo también destaca el “ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de nuestra economía”.

De hecho, es la propia fuerza interna de la economía la que sostuvo el crecimiento económico, después de la guerra comercial lanzada por la Casa Blanca. La demanda nacional sumó 3,6 puntos al crecimiento, en tanto que el sector exterior restó 0,7 puntos. Con todo, las exportaciones de servicios no turísticos mostraron un gran dinamismo, como destaca Estadística, ya que avanzaron un 11,1%, mientras que, por la parte de las las importaciones, creció el gasto de hogares residentes en el resto del mundo un 12,6%. Cuatro veces superior al de los hogares no residentes en el territorio económico (4,4%).

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8% superior al de 2024.

La demanda interna se mantiene vigorosa

En términos trimestrales, el PIB creció un 0,8% entre octubre y diciembre, dos décimas más que en los tres meses anteriores. De nuevo, fue la demanda nacional (0,9 puntos) la que explicó este aumento, mientras que la exterior restó crecimiento a la economía, por un aumento mayor de las importaciones que de las exportaciones.

La parte interna de la economía estuvo azuzada por el gasto de los hogares, que creció un 0,9%, frente al 0,2% que sumó el de las Administraciones Públicas. La inversión avanzó un 2,4%, la mayor tasa registrada en el año. En concreto, aquella en vivienda y construcción creció un 2,9%, el ritmo más rápido desde principios de 2024.

En cuanto a los datos interanuales, en el cuarto trimestre la economía española se situó un 2,7% por encima del mismo periodo de 2024, una décima por encima de lo avanzado y al mismo ritmo que en el tercero. El gasto en el consumo final de los hogares creció un 3,1% y la formación bruta de capital fijo, un 6,4%. La inversión inmobiliaria y en infraestructuras avanzó un 7,8%.

Por la parte de la oferta -es decir, por sectores económicos- las ramas vinculadas al campo cayeron un 0,6% en el cuarto trimestre, en comparación con el año anterior. La industria creció un 2,6% y la Construcción, un 7,2%. El sector servicios creció un 3%.

El INE también destaca que la remuneración de los asalariados creció un 7,8% en el cuarto trimestre en tasa interanual, mientras que el excedente bruto de explotación -la medida que se aproxima a los beneficios empresariales- lo hizo a un ritmo del 4,2%.

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,2% interanual y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, un 2,8%. La productividad por hora trabajada sumó un 0,5%.

Trabaja desde casa y no gastes tiempo conduciendo al trabajo; utiliza el transporte público siempre que puedas; no circules al máximo de velocidad permitida; evita viajar en avión; modera el uso del aire acondicionado; usa la bicicleta o tus propias piernas como medio de transporte… Todas estas medidas forman parte de las demandas habituales del movimiento por el decrecimiento, pero están extraídas de las recomendaciones que la agencia internacional de la energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha publicado a raíz de la actual crisis energética provocada tras la guerra en Irán.

Se trata de una irónica convergencia entre un movimiento político ecologista —que postula que la reducción del consumo de energía y recursos naturales es una condición necesaria para que nuestra actividad económica sea sostenible dentro de los límites del planeta— y una organización mainstream fundada hace más de medio siglo —cuyo propósito principal es monitorizar y garantizar la seguridad del flujo de energía que necesitan todas las sociedades contemporáneas—. Aunque los decrecentistas defienden estas medidas como estructurales y piensan en términos ecológicos, mientras que la IEA considera que se trata de arreglos temporales para adaptarse a la crisis actual, no deja de ser un encuentro significativo.

Como ocurrió con el apagón energético en España y Portugal, la actual crisis energética pone de relieve la enorme dependencia que tenemos de flujos de energía y recursos que normalmente son invisibles para nuestros ojos: encendemos las luces y nuestro ordenador, ponemos la calefacción o el aire acondicionado, nos duchamos con agua caliente y llenamos el depósito del coche sin apenas pararnos a pensar en todo lo que hace posible tales acciones. La energía nos rodea, pero nosotros la ignoramos. Por eso solemos despreocuparnos acerca de su suministro: básicamente lo damos por garantizado. De hecho, la mayoría de la población llega a prestar atención solo al precio, no a las cantidades biofísicas (las toneladas de recursos que se necesitan, por ejemplo) o su procedencia. La energía es la caja negra de la economía: un mecanismo esencial del que depende cómo vivimos, pero cuyo funcionamiento permanece opaco para la mayoría.

Lo cierto es que como especie vivimos por encima de lo que el planeta puede aguantar. De acuerdo con el último State of the Global Climate, de la Organización Meteorológica Mundial, en el año 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó su máximo en dos millones de años. De hecho, el incremento anual en 2024 ha sido el mayor registrado desde 1957, lo que apunta hacia un futuro muy sombrío. Y ello a pesar de que sabemos desde hace casi un siglo cuáles son las principales —y muy negativas— consecuencias de esta terrible senda. Sin embargo, los indicadores mundiales no han dejado de empeorar desde que tuvieron lugar los principales encuentros internacionales del clima —como el que llevó al Protocolo de Kioto, firmado en 1997—. Esto no quiere decir que lo que se haya hecho hasta ahora sea inútil —en absoluto: todo suma y cada décima de temperatura que no suba es una contribución bienvenida—, pero sí que es claramente insuficiente. 

Nuestro sistema económico global sigue descarrilado, y el consecuente ajuste de los parámetros del Sistema-Tierra implica ya unas consecuencias irreversibles para millones de especies… y no menos peligrosas para los humanos. Este horizonte es especialmente difícil para los humanos más pobres dentro de cada sociedad y para aquellos que viven en las regiones más afectadas por el calentamiento global. La crisis ecológica, o crisis ecosocial, es de mucho mayor alcance y profundidad que la crisis energética desatada por la guerra en Irán. Y eso es lo que más sorprende de todo: que el pensamiento mainstream es capaz de proponer soluciones extraordinarias que deberían haber sido incorporadas desde hace mucho tiempo como parte de las medidas cotidianas y normales.

Ahora bien, es fundamental entender que las medidas de reducción de demanda no son socialmente neutras. No es lo mismo pedir teletrabajo a quien tiene un empleo de oficina que a quien trabaja en un almacén o conduce un camión; no es lo mismo recomendar el uso de transporte público a quien vive en una ciudad con red de metro que a quien habita en un pueblo mal conectado de la España vaciada. Si no se tiene en cuenta esta asimetría, el riesgo es evidente: que el ajuste lo paguen quienes menos han contribuido al problema y/o menos recursos tienen para adaptarse. Por eso cualquier programa serio de reducción del consumo material debe llevar integrada una política redistributiva que compense las desigualdades de partida. De lo contrario, el decrecimiento se convertirá en un privilegio de quienes pueden permitírselo y en una condena para el resto.

En todo caso, los gobiernos actuales podrían hacer de la necesidad virtud, y aprovechar la crisis actual para abordar algunos retos fundamentales. Casi la mitad del petróleo que se consume en la Unión Europea procede del transporte por carretera, de modo que las emisiones podrían disminuir enormemente con una intervención drástica en ese sector. Según la IEA, solo con el teletrabajo en aquellos puestos que se lo pueden permitir se reduciría hasta un 6% del consumo total por vehículos; otro 6% podría alcanzarse con una reducción de 10 km/h de la velocidad máxima; otro 3% promoviendo transporte público; y hasta un 8% adicional con medidas como compartir vehículos, conducción más eficiente y revisiones de neumáticos. La IEA está pensando en términos de reducción de consumo de petróleo, para depender menos de las importaciones, pero ello también implica una reducción de las emisiones. Es ahí donde el decrecimiento se encuentra con la seguridad energética.

Por lo general los gobiernos han optado siempre por mirar a las políticas de oferta, como la producción de vehículos eléctricos y los cambios en las fuentes energéticas de las grandes industrias. Esas medidas son necesarias, pero también pueden y deben ir acompañadas de medidas de demanda, como las planteadas en el informe de la IEA. Y aquí los efectos serían mucho más rápidos, pero exigirían igualmente una determinación importante. Por ejemplo, es central que exista una inversión multimillonaria en el transporte público a fin de que sea una alternativa viable al vehículo particular —especialmente a los motores de combustión interna—. Eso ayudaría, por cierto, a evitar los innumerables problemas de calidad del servicio en la red ferroviaria. Hay que diseñar nuevas redes y conexiones, garantizar mayores frecuencias y, sobre todo, priorizar aquellas infraestructuras que muevan mayor volumen de personas. Las inercias juegan en nuestra contra, ya que las geografías urbanas de las ciudades se han diseñado como si la era de los combustibles fósiles fuera a durar para siempre; de modo que adaptar la movilidad a los nuevos tiempos es un reto enorme. 

Los bancos centrales y la Unión Europea “encontraron” fondos suficientes para rescatar bancos durante la crisis financiera de 2008. Algo parecido ocurrió en 2020 cuando el mundo se paralizó a consecuencia de la pandemia, y los gobiernos pusieron en marcha planes de estímulo multimillonarios. Ahora deberíamos hacer exactamente lo mismo, incluso con más razón y urgencia. Pero no solo por la guerra de Irán, sino por la crisis ecosocial que es el telón de fondo. Aunque el decrecimiento quiere decir mucho más que reducción de consumo de energía y recursos naturales, este es precisamente uno de los aspectos que deben abordarse con celeridad. Y esta es una oportunidad inmensa para hacerlo.

En definitiva, las medidas que el pensamiento convencional propone como respuestas de emergencia son el tipo de transformaciones que deberían constituir la normalidad de cualquier política económica responsable. Se trata de reconocer que o gestionamos el descenso del consumo material de forma ordenada, democrática y justa, o serán las propias crisis —energéticas, climáticas, geopolíticas— las que impongan ese ajuste de manera caótica y desigual. El decrecimiento, lejos de ser una utopía ingenua, es sencillamente uno de los nombres políticos que le damos al reconocimiento de los límites físicos del planeta. El metabolismo material de nuestras sociedades tarde o temprano sufrirá una reducción de la energía y de los recursos consumidos, pero el tiempo que tenemos por delante es lo que nos permite decidir cómo y para quiénes serán más intensos esos ajustes.

Comunidad Valenciana (3%), Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, ya que avanzarán por encima de la media nacional, según las proyecciones de BBVA Research, que mantuvo en el 2,4% su previsión de crecimiento para la economía española este año. Mientras, Aragón se situará en el furgón de cola con un 1,9%.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, la Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la DANA. Por su lado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid y de las islas, que son las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional. En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

Perspectivas para 2027

De cara a 2027, desde BBVA Research ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas y ha elevado cuatro décimas al alza su previsión del PIB nacional, hasta el 2,4%. Así, la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media, que se situará en el 2,4%, en Cataluña (2,5%) y en buena parte del norte –País Vasco, Navarra y Aragón (2,8%), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7%) y Castilla y León (2,5%)–. Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público –impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal–favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) Extremadura y la Región de Murcia (2,2%). En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre.

Por su lado, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

Crecimiento de empleo

Además, desde BBVA Research prevén que el empleo siga mostrando un tono favorable este año en la Comunidad Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,3%). En el lado contrario, según las previsiones de BBVA Research, en Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) se registrarán avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con un avance del 2% a nivel nacional y con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.