Capgemini lanza un ERE que afectará hasta a 748 empleados en España, el 7% de la plantilla

El expediente de regulación de empleo (ERE) que va a acometer la consultora tecnológica francesa Capgemini podría afectar hasta un máximo de 748 empleados en España, lo que representa aproximadamente un 7% de la plantilla, han asegurado a EFE fuentes de la compañía.

El proceso se desarrolla en un contexto marcado por la aceleración del cambio tecnológico, la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo, asegura la consultora.

La empresa, formada en España por 11.000 empleados, ya anunció la apertura de un ERE el pasado 10 de abril, cuando alegó un “entorno incierto” frente a la innovación tecnológica.

Capgemini ha constituido formalmente la mesa de negociación de manera formal y ha iniciado el periodo de consultas, dentro de un proceso que, aseguran, se llevará “en un marco de diálogo constructivo y negociación de buena fe, con pleno respeto hacia las personas potencialmente afectadas y en estricto cumplimiento de la normativa laboral”.

Así, destaca que el procedimiento afectaría hasta 748 puestos de trabajo “en su escenario máximo”, a falta de concretar cómo se desarrolla la negociación con los sindicatos.

Hace apenas quince días, Capgemini notificó que había iniciado ese procedimiento y argumentó que la innovación tecnológica se está acelerando, “generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto”.

Asimismo, la consultora añadió que las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente, por lo que se estaban adaptando ya para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que sus equipos cuenten “con las competencias adecuadas para el futuro”.

Este anuncio se produce después de que en enero la compañía ya presentara a los representantes del personal en Francia un plan de adaptación que podía suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7% de la plantilla en el país.