El juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional se ha reanudado este martes, tras la pausa veraniega, con la declaración por videoconferencia de Susana Fayos, secretaria particular de Francisco Camps en el Palau de la Generalitat y actualmente asesora en la oficina del expresidente. El testimonio de Fayos, quien ha afirmado que no mantiene relación de amistad con el acusado, ha tratado de torpedear la acusación de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, y de Álvaro Pérez 'El Bigotes', ambos acusados en la causa que han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La testigo, cuya declaración fue solicitada por la defensa de Francisco Camps, ha explicado que se encargaba de las llamadas y de las agendas del entonces president de la Generalitat Valenciana, entre 2002 y su dimisión en 2011. Susana Fayos ha declarado que cuando estalló el 'caso Gürtel' repasó si El Bigotes figuraba entre los contactos de Camps. “Cuando aparecieron las primeras noticias en prensa, yo no sabía quién era este señor [Álvaro Pérez] y lo que hice fue consultar todas mis bases de datos, las agendas, las llamadas, los escritos y las felicitaciones de navidad”, ha recordado.

La testigo ha reconocido que en una de las agendas figuraba el número de teléfono móvil del Bigotes pero ha matizado que “no tenía llamadas entrantes o salientes ni ningún escrito”. Las agendas del expresidente autonómico se desglosaban en sus contactos privados y personales, públicos y de partido. “Entiendo que ese número de teléfono lo tenía por la agenda de partido”, ha apostillado.

Fayos también ha dicho que no vio nunca a Álvaro Pérez por el Palau de la Generalitat, contradiciendo así la versión de Ricardo Costa según la cual comió “muchísimas veces” con el delegado de Gürtel y con Camps en el salón dorado de la sede institucional del Ejecutivo valenciano. “Si lo hubiera visto, lo hubiera reconocido”, ha asegurado. También ha afirmado que El Bigotes no figuraba en ninguno de los registros de visita.

La mujer ha negado categóricamente la versión de Costa, alegando que “no es posible” debido a la “máxima protección de patrimonio” del salón dorado del Palau de la Generalitat. “Este tipo de reuniones que se pueden haber dado son en el despacho del presidente y no he visto nunca a Álvaro Pérez en el despacho del presidente”, ha agregado.  

La secretaria de Camps ha negado que el expresidente mantuviera conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez. La mujer ha aclarado que las amistosas llamadas entre el expresidente valenciano y El Bigotes las conoce “por la prensa”. También ha declarado que no milita en el PP y que asistió a tres actos del partido acompañando a Camps “pero más como a nivel institucional que político”.

La declaración de Fayos denotaba que había repasado minuciosamente las agendas que aún conserva, aunque el tribunal le ha impedido consultarlas mientras prestaba testimonio como testigo al tratarse de un “documento publico” que no está incorporado a la causa, según ha dicho el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora.

El abogado de Camps, el penalista Pablo Delgado, le ha preguntado por fechas concretas de hace 15 años. La testigo ha desglosado los pasos de Camps durante una de las jornadas clave (el 14 de marzo del 2008, día del enlace nupcial del Bigotes). Fayos ha explicado que ese día, tras una reunión del Consell, su jefe acudió a una inauguración en Alzira y aprovechó para participar en actos falleros. Mas tarde, se trasladó al convite de la boda de Álvaro Pérez. Sin embargo, en la agenda que controlaba Fayos figuraba una “franja horaria con un bloqueo por el partido, de Ricardo Costa [entonces secretario general]”.

Las líneas generales de la declaración de la testigo coinciden con la versión de su jefe, quien se escudó en que su relación con El Bigotes era puramente profesional por asuntos partidistas vinculados al PP. La defensa de Camps ha preguntado a la testigo por varias fechas concretas para intentar debilitar la versión de la Fiscalía Anticorrupción que apuntala la acusación.

La secretaria particular de Camps ha dudado de que el expresidente acudiera a la farmacia de su mujer, situada en la céntrica plaza del Ayuntamiento, aduciendo problemas organizativos con los coches oficiales y la seguridad. “No se encontraba cómodo siendo tan visible, procuraba hacer los trayectos justos, de su casa al Palau y del Palau a los actos”, ha afirmado.

Fraccionamiento “a toro pasado”

Por otro lado, en la sesión de este martes también ha declarado Aranzazu Conejos, funcionaria de la subsecretaría de la Conselleria de Sanitat cuando se adjudicaron varios contratos a Orange Market. La testigo ha confirmado las visitas del personal de la filial de Gürtel en Valencia: “Tenían un aspecto muy peculiar, llamaban la atención”.

La mujer también ha asegurado que la visita no figuraba en la agenda oficial y que si “acudirían a esa empresa” para adjudicarle contratos “es porque alguien les dijo que lo hicieran, eran conocidos”.

El último testigo ha sido Pedro José Ferrer, antiguo interventor delegado del departamento autonómico de Bienestar Social cuando la acusada Alicia de Miguel era consellera. Al testigo se le ha exhibido un informe en el que sostenía que hubo fraccionamiento de contratos en las adjudicaciones a Orange Market. Sin embargo, no recordaba haber elaborado el documento a tenor del tempo transcurrido. “El burro es pardo cuando tengo los pelos en la mano”, ha dicho, dos veces, el testigo.

Cuando la fiscal anticorrupción ha insistido en preguntarle si hubo fraccionamiento, el hombre ha contestado: “A toro pasado, todos somos toreros”.

Ricardo Costa Climent (Castelló, 1972) ha pasado un largo periplo acuciado por el 'caso Gürtel'. El exsecretario general del PP valenciano ha madurado vitalmente desde que aseguró que en la formación conservadora “la fiesta no se acaba nunca”, tal como afirmó para resistir las presiones para que dimitiera en 2009 en una sonada rueda de prensa, a delatar esta semana a Francisco Camps en el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN).

El testigo, hermano de Juan Costa, exministro del Gobierno de José María Aznar, implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana como el responsable de la contratación de la trama 'Gürtel' en la administración autonómica y en los actos del partido. También detalló las dos vías de financiación del PP valenciano: aportaciones en B de empresarios y adjudicaciones públicas a Orange Market. “Es obvio que en Valencia [la empresa Orange Market] hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente”, declaró Costa.

El exdirigente popular, condenado en la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la financiación ilegal del PP, pidió “perdón” y reiteró su arrepentimiento. De hecho, fue su testimonio el que permitió reabrir la causa por los contratos menores de la trama en la que el principal acusado es Francisco Camps.

Costa también repasó su amistad con el delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y aludió a encuentros que presenció de éste último con Francisco Camps en el Palau de la Generalitat. El Bigotes, afirmó Ricardo Costa, “trabajaba con el partido y hacía determinados actos con la administración pública”. “No me parecía extraño”, apostilló. 

El expolítico popular consuma así su arrepentimiento apuntalando de paso la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Camps, para quien solicita una pena de dos años y medio de prisión, además de una década de inhabilitación, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración. 

Diputado autonómico desde 1995 hasta 2015, Costa fue absuelto junto con Camps por un jurado popular en el 'juicio de los trajes' del 'caso Gürtel'. Sin embargo, fue condenado a cuatro años de prisión en la pieza del 'caso Gürtel' sobre la financiación ilegal del PP, en la que implicó al expresidente Francisco Camps. El expolítico del PP incluso llegó a contar con protección como testigo tras haber recibido amenazas a raíz de su confesión.

Este martes, durante su declaración como testigo en la AN, Costa aseguró que “hace tiempo” que no mantiene ninguna amistad con los acusados, entre ellos Camps y El Bigotes. Su confesión la hizo, según declaró a preguntas de la fiscal anticorrupción, tras una “reflexión familiar” sobre su futuro y sin recibir presión alguna. Casado con Laura Chorro, 'bellea del foc' de Alicante en 2005 y exalto cargo del Gobierno autonómico del PP, Ricardo Costa se ha refugiado profesionalmente en el despacho de abogados Lex Cam, en el que ejerce como letrado experto en fiscalidad y derecho mercantil.

El exdirigente popular mantiene una participación en la empresa del 45%, según las últimas cuentas anuales publicadas ante el Registro Mercantil. Uno de los socios en el despacho es el exportavoz popular en el Ayuntamiento de Godella José María Musoles.

En el juicio, Costa aseguró que El Bigotes “tenía acceso a muchas personas en la administración, a varios vicepresidentes consecutivos, aparte del propio Camps y de algún otro conseller”. “Había acceso directo, con teléfonos personales”, apostilló.

El testimonio del ex secretario general del PP valenciano es una de las municiones con las que cuenta Anticorrupción para apuntalar la acusación contra Camps, además de las declaraciones del resto de arrepentidos de la trama.

Costa detalló uno de los momentos clave del 'caso Gürtel', inmortalizado con los pinchazos telefónicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El 6 de febrero del 2009, con el registro de la sede de Orange Market, se inició lentamente el final de la carrera política de Ricardo Costa y de Francisco Camps. Aquel día, Álvaro Pérez llamó a su amigo, entonces secretario general del PP valenciano, sollozando. Le pidió que tranquilizara “al jefe” respecto a la financiación del partido. La fiscal le preguntó a Costa quién era “el jefe” y el testigo contestó sin dudarlo: “El señor Camps”. La misma respuesta que dio Álvaro Pérez durante su declaración en el juicio.

Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, es uno de esos arrepentidos que, al estilo de los pentitti italianos del crimen organizado mafioso, acaban confesando cuando le ven las orejas al lobo en forma de condena a una larga estancia entre rejas. “He pedido perdón y he mostrado mi arrepentimiento”, ha recordado el testigo durante su declaración en el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional. Sobre los acusados, ha asegurado que “hace tiempo” que no mantiene ninguna amistad. Sin embargo, en su momento, tuvo una intensa relación con el principal acusado, Francisco Camps. Además de ser su portavoz parlamentario y máximo responsable del PP valenciano, Costa compartió banquillo con el expresidente valenciano en el juicio de los trajes del 'caso Gürtel', del que ambos fueron absueltos por un jurado popular.

Condenado en la pieza del 'caso Gürtel' sobre la financiación ilegal del PP, desde hace cuatro años se ha convertido en la principal baza de la Fiscalía Anticorrupción para apuntalar la acusación contra Francisco Camps como el embajador de la trama 'Gürtel' en el Palau de la Generalitat Valenciana. Su declaración como testigo en el juicio por los contratos menores de la red corrupta ha servido al Ministerio Público para apuntalar la acusación contra el expresidente valenciano, que se enfrenta a una petición de pena de dos años y medio de prisión, además de una década de inhabilitación, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración. 

El exsecretario general del PP valenciano ha confesado tras una “reflexión familiar” sobre su futuro y sin recibir presión alguna, según ha aclarado a preguntas de la fiscal anticorrupción. Costa ha trazado un retrato de las interioridades de la trama 'Gürtel', en su vertiente valenciana, y ha asegurado que fue Camps quien “había decidido” que la empresa Orange Market, filial en Valencia de la red corrupta, se encargara de la organización de los actos del partido y, en paralelo, percibiera adjudicaciones públicas de la administración autonómica. “Es obvio que en Valencia hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente”, ha dicho.

También ha recordado que su entonces amigo Álvaro Pérez 'El Bigotes' tenía línea directa con consellers y que mantenía una relación de confianza y de amistad con Francisco Camps, al contrario de la tesis que mantuvo el expresidente valenciano, según la cual su vinculación con el delegado de 'Gürtel' en Valencia era meramente profesional. Costa ha definido a Álvaro Pérez como una “persona de confianza del partido y del presidente”. “Trabajaba con el partido y hacía determinados actos con la administración pública, no me parecía extraño”, ha agregado.

De hecho, el testigo ha descrito una relación tan cercana entre El Bigotes y Camps que incluía a las respectivas familias: “He ido con el señor Pérez a la farmacia de la mujer del señor Camps a saludarla, yo no la conocía, puedo equivocarme pero creo que me la presentó él”, ha relatado. Ricardo Costa también ha indicado que comió en “muchísimas” ocasiones con El Bigotes y Camps en el Palau de la Generalitat. “Dada su relación me parecía lo más normal del mundo”, ha apostillado.

También ha reseñado encuentros “en varias ocasiones” entre Álvaro Pérez y Camps, de los cuales fue testigo directo, en los que trataban “actos vinculados a la administración pública” que fueron adjudicados a Orange Market, tales como la Volvo Ocean Race en Alicante o el Open de Tenis en Valencia.

El letrado del expresidente valenciano, el penalista Pablo Delgado, ha pedido la reproducción de una llamada telefónica intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la que Costa le pide a su amigo Álvaro Pérez que interceda ante Camps —“meterle una ideíta en la cabeza”— para que le hiciera conseller, “dada la cercanía” entre ambos.

El testigo y el abogado de Camps han mantenido varios rifirrafes y el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha frenado al letrado en diversas ocasiones por la “inutilidad” e “impertinencia” de algunas de sus preguntas.

A medida que las preguntas de la defensa del acusado atacaban al testigo, Costa respondía de manera más incisiva. “He estado en varias ocasiones, yo personalmente, con Álvaro Pérez y el señor Camps hablando de temas personales, le puedo decir hasta dónde: una vez lo recuerdo en el salón dorado del Palau de la Generalitat”, ha detallado tajante. Sin embargo, el testigo también ha reconocido que no le consta “de forma directa” que Camps diera órdenes a sus subordinados para contratar con la empresa Orange Market.

Las dos vías de financiación del PP valenciano

A preguntas de la fiscal anticorrupción, Costa ha incidido en dos momentos clave. El exsecretario general del PP valenciano ha desglosado las dos vías de financiación (ilegal) que mantenía el partido para pagar los fastuosos actos electorales que organizaba Orange Market. Por una parte, la formación conservadora recibía dinero en metálico de empresarios. “A mí me llamaban cuando algún empresario daba dinero y yo pagaba la deuda”, ha asegurado. “Entiendo que el señor Camps era conocedor de esos procedimiento”, ha apostillado el exdirigente popular.

Los actos del PP eran de tal magnitud que la formación acumuló una deuda de un millón de euros con la filial de 'Gürtel' en Valencia antes de la campaña electoral del 2007, en un contexto en que ese negociado pasó del vicepresidente Víctor Campos a Vicente Rambla, del cual recelaban tanto El Bigotes como Pablo Crespo. En una reunión con estos dos últimos, Costa les informó de que “las dos vías que se habían decidido” para saldar la deuda eran “aportaciones en efectivo y la emisión de facturas por actos que no se habían producido”.

Ante las “discrepancias” de los responsables de 'Gürtel' respecto al nuevo interlocutor, Costa llamó por teléfono a Francisco Camps. “El presidente me dijo que le habían dicho que esa era la única forma de pagar la deuda”, ha rememorado.

El otro momento clave corresponde al fin de la trama con motivo de las detenciones ordenadas por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acaecidas el 6 de febrero del 2009. Tras los registros de rigor en este tipo de operaciones, Álvaro Pérez llamó a Ricardo Costa entre lágrimas. Le pidió que tranquilizara “al jefe” respecto a la financiación del partido. La fiscal le ha preguntado ¿quién era el jefe? y el testigo ha contestado sin dudarlo: “El señor Camps”. La misma respuesta que dio Álvaro Pérez durante su declaración en el juicio.

Antes de las detenciones, tanto Álvaro Pérez como Ricardo Costa estaban invitados a la comunión de la hija de Camps. Sin embargo, ninguno de los dos acudió finalmente al acto familiar. El Bigotes le dijo “textualmente” a Costa: “Yo no voy a ir y tú tampoco”.

Milagrosa Martínez, exconsellera popular de Turismo condenada a nueve años de prisión en el marco del 'caso Gürtel', ha declarado por videoconferencia, dado su mermado estado de salud. A pesar de que en la fase de instrucción declaró que Camps le dio instrucciones para contratar el 'stand' de la feria Fitur de la Generalitat Valenciana con Orange Market, la expolítica del PP ha manifestado que no lo recordaba y ha negado haber recibido instrucciones en ese sentido.

El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha 'cantado' en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', implicando de nuevo a Francisco Camps de lleno en la trama. Costa ha detallado que la los populares valencianos tenían abiertas dos vías de financiación irregular para pagar los gastos electorales: dinero en metálico aportado por empresarios y contrataciones públicas a la empresa que organizaba sus actos: Orange Market.

La firma de la trama en Valencia se ocupaba de organizar los actos del PP “porque el presidente lo había decidido”, ha declarado el testigo en referencia a Camps, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

Ricardo Costa, condenado en la pieza relativa a la financiación ilegal del PP valenciano, ha continuado su confesión en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional. Lo hace tras una “reflexión familiar importante” sobre su futuro. A preguntas de la fiscal anticorrupción, el exdirigente del PP valenciano ha detallado la amistad entre Francisco Camps y Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama en Valencia. “Camps en determinado momento me decía: 'me gustaría que esto lo hiciera Álvaro'”, ha recordado.

El testigo ha confirmado que la relación entre Camps y El Bigotes era de amistad, a diferencia de lo que declaró el expresidente valenciano en su declaración como acusado, cuando matizó que era un trato meramente profesional. Álvaro Pérez incluso tenían una “relación fluida” con la esposa de Camps, Isabel Bas.

“Acceso directo” del Bigotes en el Gobierno de Camps

El delegado de la trama en Valencia “tenía acceso a muchas personas en la administración, a varios vicepresidentes consecutivos, a parte del propio Camps y algún otro conseller”, ha explicado Costa. “Había acceso directo, con teléfonos personales”, ha especificado el testigo.

Ricardo Costa ha relatado una reunión clave que mantuvo con El Bigotes y Pablo Crespo cuando el PP valenciano arrastraba una deuda de un millón de euros con Orange Market. “Las dos vías que se habían decidido eran aportaciones en efectivo [de empresarios] y emisión de facturas por actos que no se habían producido”, ha relatado Costa. Sin embargo, los jefes de la trama recelaban de la interlocución que debía ejercer el entonces vicepresidente Vicente Rambla y el propio Costa se negó a participar en “el tema de la emisión de facturas”.

En la reunión, Ricardo Costa telefoneó directamente a Camps. “Me dijo que que le habían dicho que esa era la única forma de pagara la deuda”, ha recordado.

El magistrado-juez del juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha acordado a petición de la Fiscalía Anticorrupción y la defensa eximir al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa de cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado por haber colaborado con la justicia. A cambio, Costa deberá pagar 192.000 euros de multa y realizar trabajos para la comunidad durante un año con el compromiso no volver a delinquir mientras dure la suspensión de la pena privativa de libertad.

El magistrado ha valorado “la confesión importante, relevante y valiosa para la justicia” en el juicio de la financiación ilegal del PP valenciano, la información aportada para la investigación de los “papeles de Bárcenas” y la actual colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en los casos Taula, Valmor y Fómula 1.

El juez de la Audiencia Nacional concluye que suspende su entrada en prisión “por haber colaborado de manera excepcional con la Administración de Justicia”, algo que, apunta, contribuye a “atajar la lacra de la denominada corrupción política”. El juez de la Audiencia Nacional considera que este arrepentimiento y la confesión supone un esfuerzo “reparador”.

El auto también relata los argumentos de la defensa que plantearon que Ricardo Costa ha “reordenado su actividad hacia el ámbito puramente privado” y los delitos que cometió “fueron primarios y ocasionales”. Además, en el caso Gürtel por el que fue condenado el exsecretario general del PP “no existe responsabilidad civil o indemnización a terceros, ya que se constató en sentencia que el condenado no obtuvo ningún lucro o beneficio personal”. 

Respecto a que se le pueda suspender una pena de cuatro años cuando la regla general del ordenamiento es que solo sea en penas inferiores a dos, el magistrado explica que se puede plantear una excepción porque ninguno de los delitos por los que fue condenado supera los dos años, ya que se le impusieron tres penas de 8 meses y una de 24. 

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha ratificado las acusaciones que vertió sobre el expresident de la Generalitat Francisco Camps en el juicio a la rama valenciana de Gürtel en el que le responsabilizó de ser el artífice de un sistema ilegal de financiación del partido.

“He colaborado con la Justicia, como siempre”, han sido las únicas declaraciones que ha hecho Costa a los periodistas al abandonar la Audiencia Nacional tras prestar declaración como testigo durante dos horas ante el juez del caso, José de la Mata.

De la Mata ha comenzado este lunes con Costa la ronda de interrogatorios en la causa que recientemente abrió, a petición de la Fiscalía, para investigar la responsabilidad del expresident Camps en una adjudicación irregular al entramado de Gürtel relacionada con Fitur 2009.

En el juicio, Costa aseguró que Camps y el expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008 y que la decisión de encargar los actos de campaña a Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia, “se produce directamente por Francisco Camps”.

Quince personas, entre testigos e imputados, han sido llamadas a declarar esta semana en el marco de esta causa abierta a raíz de las revelaciones de Costa y los cabecillas de Gürtel en el juicio a la rama valenciana de la red corrupta que se instaló en el PP.

Además de Costa, también comparecen ante el juez otros 4 testigos entre los que figura la exjefa de prensa de Camps, Nuria Romeral, que en el juicio sostuvo que quién mandaba en el PP valenciano era Costa; y la exconsellera Paula Sánchez de León.

A Camps se le investiga por la adjudicación del expositor “Grandes eventos” en Fitur 2009 que formalizó la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars (citada el miércoles), y ahora el juez quiere aclarar si ella recibió indicaciones de sus superiores para dársela a Orange Market.

Se sospecha que esas instrucciones pudieron venir de Camps, partiendo como base las revelaciones de Costa y de los integrantes de la red en el juicio a la rama valenciana de Gürtel.

Según sus declaraciones, Ibars dependía directamente de Camps y fue ella quien comunicó a las instituciones valencianas que iban a exponer en ese estand que Orange Market sería la empresa que ejecutaría los trabajos.

A estas instituciones Ibars les dijo, según estas versiones, que recibirían de Orange Market los presupuestos y que vendrían autorizados por Presidencia, así que se tenían que limitar a contratar a la empresa de la trama y validar esos presupuestos.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps acumula tres causas en sendos procedimientos por corrupción de su etapa al frente de la Generalitat, este en la Audiencia Nacional y otros dos en juzgados valencianos.

En la Audiencia Nacional, Camps está imputado en la pieza que investiga contrataciones de la Generalitat Valenciana con sociedades de la red Gürtel para el pabellón valenciano en la feria turística Fitur de 2009, que pudo ser un pago encubierto por trabajos al PP.

En los juzgados valencianos, Camps está imputado en una causa por posibles irregularidades en la visita del papa a València en 2006 y en otra por las adjudicaciones del circuito de Fórmula Uno de Valencia en el llamado caso Valmor.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene previsto comenzar este lunes los interrogatorios a testigos e imputados de la pieza 5 del 'caso Gürtel' , que investiga la posible participación del expresidente valenciano Francisco Camps en la contratación pública de empresas de la trama liderada por Francisco Correa.

Las declaraciones -que contienen al núcleo duro del expresidente- comenzarán este lunes con testigos, y se extenderán hasta el viernes, cuando está citado Camps, si bien su defensa ha solicitado que todas estas comparecencias se suspendan porque aún no ha tenido acceso a la copia digital de toda la documentación, ya que asegura que desde el juzgado no se le ha facilitado.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 aún no ha contestado al expresidente, que está imputado por prevaricación administrativa y fraude a la administración por el contrato a Orange Market, empresa de la Gürtel, para la instalación del stand de la comunidad en Fitur en el año 2009.

Cabe recordar así que el juez retrasó la declaración de Camps para interrogar antes a dos condenadas,  que amenazan con tirar de la manta. Tanto Isabel Jordán como Mónica Magariños fueron citadas a última hora, ya que fueron ellas mismas las que solicitaron declarar. Las dos están ya condenadas por otras piezas del 'caso Gürtel': la primera, a 20 años y 10 meses de cárcel, y la segunda, a tres años.

Ricardo Costa, el primero

Si todo sigue según lo previsto, las declaraciones de esta pieza 5 de Gürtel darán comienzo este lunes a las 11.00 horas con el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien acude en calidad de testigo.

Fueron precisamente las revelaciones que hizo Costa hace ahora justo un año en un juicio en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP valenciano las que propiciaron la reapertura de esta investigación contra Camps. Concretamente, dijo que su partido se financió con dinero negro y que era el entonces presidente el que ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la Gürtel.

Una vez conocidas estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia Nacional reabrir la investigación de esta causa para Camps con el objetivo de saber si el entonces presidente valenciano “participó de modo decisorio” en la adjudicación a Orange Market, “presuntamente irregular”.

Suficiente consistencia

La Sala de lo Penal dio la razón al Ministerio Público y el juez José de la Mata acordó en diciembre la imputación al considerar que “lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada”.

En su opinión, resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las “primeras autoridades” que “pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de Fitur 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro”.

Este lunes, después de Ricardo Costa, también están citados a declarar como testigos la exconsellera y exportavoz de la Generalitat Paula Sánchez de León; la exjefa de prensa de Camps Nuria Romeral; Juan Sanz, diseñador del stand de Fitur; y la exresponsable de ventas de Ciudad de las Artes y las Ciencias Alicia Verdú.

Al día siguiente deberán declarar, también como testigos, Concepción Godoy, directiva de la fundación La Luz de las Imágenes, y Vanessa Borrás, responsable del departamento de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A continuación, y como investigados, será el turno de la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars, y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

El 30 de enero comparecerán, también como investigados, Pablo Crespo, 'número dos' de la trama corrupta, y Cándido Herrero, exgerente de Orange Market. Éste último declarará por videoconferencia desde la cárcel, a diferencia del resto que están en prisión, que serán trasladados en furgón hasta el tribunal.

Un día después declarará el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y Mónica Magariños, mientras que el viernes 1 de febrero será el turno de Isabel Jordán y del expresidente valenciano.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aprobado conceder medidas de protección al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, a raíz de las amenazas que asegura haber recibido desde que comenzó a colaborar con la Fiscalía tras confesar en el juicio de Gürtel la financiación ilegal del Partido Popular y señalar directamente a Francisco Camps como principal responsable de estas prácticas. Tal y como ha adelantado À Punt, se le va a aplicar la Ley de Protección de Testigos, aunque no se han concretado las medidas que se van a aplicar por cuestiones de seguridad.

De la Mata, había citado a Costa como testigo en su investigación sobre la caja b del PP. Costa, condenado a cuatro años por la financiación ilegal del PPCV, solicitó protección al magistrado del caso Bárcenas después de afirmar que estaba siendo objeto de amenazas anónimas telefónicas “que no cesan” tras haber desvelado el pago de comisiones por parte de los empresarios que confesaron haber financiado irregularmente al partido que presidía Camps -entonces president de la Generalitat-.

El exsecretario general del PPCV ratificó ante de la Mata que recibir dinero de los empresarios era una práctica habitual en el PP valenciano, un dinero que era remitido a la dirección de Génova en cantidades no superiores a los 3.000 euros para eleudir las previsiones de la ley de financiación de partidos políticos.

Concretamente, aseguró que recibió una entrega de 150.000 euros en billetes de 500 euros en 2008 del empresario José Mayor Oreja (FCC) para financiar actos de la campaña de las elecciones generales. Ese dinero era a cambio de contratos en la Comunitat Valenciana. En contreto, mencionó que más de 600 millones fueron adjudicados a empresarios que habían realizado aportaciones.

El juez del caso Bárcenas, José de la Mata, ha citado hoy miércoles como testigo al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que en el juicio por la trama valenciana de Gürtel admitió el cobro de comisiones de empresarios para financiar el partido a instancias del expresidente Francisco Camps.

Tras la declaración de Costa, que se produce a petición de la acusación ejercida por IU, está citado en la misma causa el exalcalde de Boadilla del Monte imputado en la trama Gürtel, Arturo González Panero, esta vez a petición propia.

Costa está condenado a 4 años de cárcel por financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, después de que la Fiscalía le rebajase su petición de pena por confesar los hechos.

En el juicio de la trama Gürtel, Costa afirmó que Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

Mostró además su arrepentimiento y pidió “perdón a la sociedad española y valenciana”, unas disculpas que reiteró cuando compareció el pasado abril en la comisión del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Vicente Cotino se niega

El empresario Vicente Cotino -sobrino del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino- se ha negado a declarar este martes ante el juez de la misma causa.

Citado como imputado, Cotino ha llegado a la sala de declaraciones unos quince minutos antes de la hora a la que estaba convocado, las doce del mediodía, y, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, no ha querido contestar a las preguntas del magistrado o del fiscal Antonio Romeral.

El empresario valenciano ha abandonado la Audiencia Nacional poco después de la una de la tarde sin hacer ninguna declaración a los medios de comunicación que esperaban a la salida.

Cotino fue condenado el pasado junio a un año y tres meses de cárcel (que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros) tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía durante el juicio por las actividades de la trama Gürtel en Valencia.

Junto con otros ocho empresarios, Cotino reconoció entonces que había financiado ilegalmente al PP valenciano en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red liderada por Francisco Correa.

Después de Cotino les ha tocado el turno de declarar, esta vez en calidad de testigos, a José Luis Montesinos, exdirector general de la empresa Constructora Hispánica, y la exdiputada Carmen Rodríguez Flores.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha emitido en su sentencia de la trama valenciana de la Gürtel “pronunciamiento alguno” sobre las posibles responsabilidades de Francisco Camps en la financiación irregular del PPCV, aunque también da total credibilidad a la confesión que hizo en el juicio el exsecretario general del partido Ricardo Costa, en la que aseguró que “las decisiones importantes y básicas” las tomó el expresident.

La sentencia “no puede omitir que varios de los acusados” apuntaron la existencia de otras responsabilidades, en concreto Francisco Camps y el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, si bien destaca que es “jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto”, ya que ambos comparecieron como testigos y no como imputados.

“Es obvio, conforme al principio acusatorio formal, que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta”, explica el magistrado José María Vázquez Honrubia, para añadir después que los hechos enjuiciados se remontan a 2007 y 2008, por lo que sus posibles actos habrían prescrito ya “por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna”.

“Nada saben, nada reconocen, nada recuerdan”

Además, las declaraciones que tanto Camps como Campos prestaron durante el juicio fueron “totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados”, pues “nada saben, nada recuerdan, nada reconocen”. “Aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio, están amparados por el artículo 24 de la Constitución en cuanto tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables. Su declaración, como mucho, se ha limitado a apuntalar extremos ya acreditados por otros medios”, afirma la sentencia.

En lo que respecta concretamente al expresidente valenciano, el Juzgado Central de lo Penal destaca que su “radical negativa a admitir cualquier conocimiento de la trama ha sido absoluta, como que tuviera el más mínimo conocimiento del aviso” que, según relató Costa en el juicio, hizo éste en la central del partido en Génova sobre “prácticas de financiación irregulares”.

Y es que Camps, apunta la sentencia, remitió en todo momento a Costa en “todo lo relativo a cuestiones económicas” del PPCV y recordó que tiene la condición de investigado en tres piezas de la trama Gürtel, “con lo cual su derecho a no declarar contra sí mismo es aún más evidente”.

Sin embargo, sólo unas páginas antes la sentencia escrita por Vázquez Honrubia hace mención a la confesión que Ricardo Costa hizo en la Audiencia Nacional el pasado 24 de enero, la cual marcó un antes y un después en el devenir del juicio de esta pieza del 'caso Gürtel'.

Notable credibilidad y fiabilidad

A este respecto, el magistrado aprecia en esa confesión “una notable credibilidad y fiabilidad subjetiva”, aunque “objetivamente también es totalmente creíble en cuanto complementa, integra y explica totalmente” las declaraciones que se habían prestado anteriormente y en las que nueve empresarios, el líder de la trama, Francisco Correa, y sus números dos y tres, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. En concreto, fueron Pérez y Costa los que citaron directamente a Camps.

Después de reconocer que el PP valenciano pagó las campañas de las elecciones de 2007 y 2008 “con dinero B aportado por los empresarios y de asumir su ”responsabilidad directa“, afirmó que ”las decisiones importantes y básicas las tomó Francisco Camps“ y que de hecho fue él quien ”encargó la campaña a Orange Market“, dato que confirmó también Álvaro Pérez en su calidad de responsable de la empresa.

La sentencia también recoge la declaración de Costa en la que subrayó que Camps “fue el que insistió en que todo lo hiciera Orange Market y le comentó que eran caros, pero buenos”.

Pero Francisco Camps no sólo salió a relucir en los interrogatorios de Ricardo Costa y Álvaro Pérez, sino en el del exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, que ha resultado absuelto. Según su declaración, Orange Market fue la empresa introducida en Valencia por Camps y que tanto éste como Costa eran “los que manejaban los fondos del partido” y que “no le hablaron de límites estrictos, de gastos de campaña”.

El titular del jutjat central penal de l’Audiència Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha considerat acreditat el finançament il·legal del PP de Francisco Camps en les eleccions autonòmiques, municipals i generals del 2007 i el 2008. El magistrat condemna l’exsecretari general dels populars valencians Ricardo Costa a quatre anys de presó i absol l’exvicepresident de la Generalitat, Vicente Rambla.

Aquesta és la segona condemna de la justícia sobre el Partit Popular que se suma a la coneguda com a “Època 1” i que ha provocat la moció de censura que ha posat fi a la carrera política de Mariano Rajoy i ha fet pujar Pedro Sánchez a la Presidència del Govern.

De la trama Gürtel, la que va ajudar a aconseguir els diners negres per al partit polític, han estat condemnats Álvaro Pérez “El Bigotes” a seis anys i nou mesos i Francisco Correa a cinc anys i tres mesos després d’haver col·laborat en l’esclariment dels fets.

Els nou empresaris que van reconéixer els fets abans del judici i que van forçar la resta dels acusats a assumir una part dels delictes eludiran la presó després d’haver pagat una multa.

Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció, el PPCV va pagar a Orange Market un total de 3,4 milions d’euros per l’organització d’esdeveniments i els actes de campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008. Pel que fa als comicis, precisa que la formació política va abonar 2,03 milions d’euros, dels quals 1,2 milions van ser sufragats pels empresaris.

El líder de la trama Gürtel, amb la seua intenció de col·laborar amb la Justícia, va revelar que la formació política regional, i precisament Costa, els va indicar a qui havien de facturar els actes que van fer si “volien cobrar”. Més enllà van anar Crespo i El Bigotes, que van apuntar directament l’expresident de la Comunitat Valenciana Francisco Camps com el responsable de l’ordre de girar factures falses a tercers.

Una afirmació que va ser corroborada després pel mateix Ricardo Costa, que a més va emfatitzar que va comunicar les decisions de Camps a la direcció nacional del PP. Concretament a l’extresorer Luis Bárcenas, que li va recordar –segons va contar l’exsecretari general del PPCV– que aquestes pràctiques estan prohibides en el partit.

El titular del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha considerado acreditada la financiación ilegal del PP de Francisco Camps en las elecciones autonómicas, municipales y generales de 2007 y 2008. El magistrado condena a cuatro años de prisión al exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla. El exvicesecretario del PP y exdiputado David Serra irá a la cárcel 3 años y 8 meses.

Esta es la segunda condena de la justicia sobre el Partido Popular que se suma a la conocida como “Época 1” y que ha provocado la moción de censura que ha acabado con la carrera política de Mariano Rajoy y ha aupado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

De la trama Gürtel, la que ayudó a conseguir el dinero negro para el partido político, han sido condenados Álvaro Pérez “El Bigotes” a 6 años y 9 meses y Francisco Correa a 5 años y tres meses después de haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Pablo Crespo ha sido sentenciado a 5 años de cárcel. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

Los nueve empresarios que reconocieron los hechos antes del juicio y que forzaron al resto de acusados a asumir parte de los delitos eludirán la cárcel tras haber pagado una multa. La ex gerente del PP Cristina Ibañez ha resultado condenada a 3 años y 4 meses; y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.

Los hechos probados sobre la financiación ilegal

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, el magistado José María Vázquez Honrrubia explica el modus operandi de la trama en un párrafo: “El Grupo Político, actuando en nombre y para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y con el objetivo de conseguir financiación por encima del límite legal establecido, contrató con la sociedad del Grupo Correa Orange Market SL para que ésta realizara actos y servicios de campaña de todo tipo, pero en vez de pagar el PPCV a la sociedad contratada, es decir Orange Market, procuró que estos gastos electorales fueran satisfechos por una serie de empresarios que, además, eran adjudicatarios de obras, servicios o suministros concedidos por la Administración regional y/o local”. La sentencia añade que, “para cubrir esta anomalía, básicamente se elaboran una serie de facturas mendaces que cubrirían unos supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios”.

Así y tras explicar la arquitectura de la red, concluye: “El pago de los servicios que Orange Market prestó al PPCV se abonaron a Orange Market de tres formas: facturas correctas, pagos en ”B“ y creando facturas falsas pagadas por empresarios por supuestos trabajos no realizados a sus empresas”.

En definitiva, sentencia, “con la aquiescencia y voluntad del Grupo Correa y el Grupo Político, se interpone Orange Market, a modo de empresa pantalla para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, sino en todo, si en gran parte por el Grupo Empresarios violentando e infringiendo así, tanto cuantitativamente como cualitativamente la legislación en la materia”.

La celebració de la Fórmula 1, un dels grans esdeveniments estrela del PP valencià de Francisco Camps, torna a estar en el punt de mira de la justícia. Ara ho és pels sobrecostos en la construcció del circuit urbà de València. La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat informació a la Conselleria d'Habitatge sobre les empreses que van realitzar aquestes obres. En concret, Hormigones Martínez, els propietaris de la qual, Rafael i Tomás Martínez Berna, han confessat en el procés de Gürtel haver finançat en B al PP valencià, i FCC.

La Fiscalia Anticorrupció de València va requerir el passat 23 d'abril a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori “la totalitat dels expedients administratius relacionats amb la construcció del circuit de Fórmula 1 de València en qualsevol de les seues fases adjudicades”, que afectaria Hormigones Martínez i FCC.

Per a aquestes noves diligències de la Fiscalia ha sigut fonamental col·laboració de Ricardo Costa, exnúmero 2 del PP valencià. Costa porta diversos mesos facilitant a Anticorrupció dades susceptibles de servir en l'esclariment d'altres casos de presunta corrupció en l'era del Govern de Francisco Camps.

Els expedients que sol·licita la Fiscalia Anticorrupció deuen ser remesos per Habitatge “de manera íntegra (sense annexos de plans), havent de contindre acord d'inici, plecs, aprovació d'aquests, ofertes, informes tècnics, proposta d'adjudicació, actes de la mesa de contractació incloses, modificats si escau, factures, pagament, etc. i en format digital”.

Dos jutjats de València ja tenen obertes sengles investigacions per la Fórmula 1. El d'Instrucció 17, pels sobrecostos de la construcció del circuit i el projecte, i el 2 d'Instrucció, per les negociacions entre la Generalitat i Bernie Ecclestone. En tots dos està imputat l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps.

Tres años es lo que se ahorra el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, en la petición de penas de la fiscal por su confesión en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PPCV que este martes enfila su recta final. Así, el Ministerio Público solicita cuatro años y tres meses de cárcel para Costa frente a los siete años y nueve meses que pedía al comienzo del juicio, después de que el exnúmero dos de Francisco Camps reconociera las prácticas ilícitas y apuntara directamente al que fue jefe del Consell.

Peor suerte corren el exvicepresidente valenciano con Camps, Vicente Rambla, o el exvicesecretario general del PP valenciano, David Serra, para quienes la fiscal mantiene la petición de seis años y tres meses y siete años y medio, respectivamente. También rebaja sustancialmente la petición de penas para los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', por “colaborar” con la Justicia.

Concretamente, a Correa, presunto líder de la Gürtel, se le rebaja la petición de penas de 22 a siete años y tres meses de cárcel; para Álvaro Pérez solicita 16 años y seis meses -frente a la petición inicial de 27 años-; y a Pablo Crespo le reduce la petición de 22 a trece años y medio. En los tres casos se les imputan delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

Por lo que respecta a los nueve empresarios que confesaron la financiación ilegal, la fiscal mantiene la petición de multa -de alrededor de dos millones de euros entre todos-, tras el acuerdo alcanzado después de que éstos reconocieran las prácticas corruptas. Durante el juicio ha quedado probado que el Partido Popular que lideraba Camps montó un estructura para ingresar, a través de estas empresas, como mínimo 1,2 millones de dinero B, cantidad que le facilitó la victoria al PP valenciano en las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.

Anticorrupción sólo ha apreciado la atenuante de confesión para Correa y los nueve empresarios que revelaron haber financiado irregularmente al PP valenciano, sin perjuicio de “individualizar la pena en cada caso, siempre dentro del mismo grado en el que venía solicitada la pena en las conclusiones provisionales” para Crespo, El Bigotes y Costa, que tendrá que ingresar en prisión.

La branca valenciana del cas Gürtel, la que investiga el presumpte finançament del PP de Francisco Camps, entra aquest dimarts en la recta final amb sorpreses que el dia 15 de gener, quan va arrancar el judici, ningú no esperava. L’exsecretari general dels populars valencians i home fort de Camps, Ricardo Costa, ha descobert el pastís i ha posat de cap per avall el partit, cosa que ha fet tremolar els mateixos fonaments de Génova, 13.

“Dels quatre desvergonyits”, que va ser com es va definir la xarxa corrupta liderada per Francisco Correa quan va saltar l’escàndol, s’ha provat en el judici –amb confessions dels empresaris corruptors– que el partit que liderava Camps va muntar un estructura per a ingressar com a mínim 1,2 milions de diners B, quantitat que va facilitar la victòria al PP valencià en les eleccions autonòmiques i generals del 2007 i el 2008.

En la vista oral també s’ha fet palés amb les declaracions de Costa i de membres de la xarxa com Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez “El Bigotes” que el mecanisme de corrupció podria haver estat generalitzat en campanyes municipals que ja estarien prescrites.

Així, Ricardo Costa s’ha convertit en un acusat clau en la causa, ja que és la primera vegada que un polític del PP reconeix el finançament irregular del partit. Aquesta confessió –negociada amb la Fiscalia Anticorrupció– ha servit a les acusacions per a armar definitivament el cas i perquè hi haja una sentència condemnatòria.

Això sí, hui es veurà realment quina és la contraprestació que rep Costa per haver descobert el pastís, ja que presumiblement la fiscal del cas reduïsca la seua petició de 7 anys i 9 mesos de presó que va sol·licitar en un principi per a la mà dreta de Camps en el PP.

Dimarts, a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares tornaran a acudir tots els acusats, inclosos els empresaris que també van confessar haver finançat el PP valencià amb 1,2 milions de diners B. Els nou contractistes d’obra i serveis públics, que han estat els primers a confessar i que van lubricar així les confessions posteriors dels capitostos de la trama i de Costa, han aconseguit evitar entre quatre i sis anys de presó a canvi de pagar una multa. En molts casos irrisòria per al seu compte de resultats.

La fiscal anticorrupció serà la primera a presentar les seues conclusions i s’hi veurà si la confessió de Costa té contrapartida. També si continua mantenint la petició de penes per als altres antics càrrecs públics, l’exvicepresident del Govern valencià Vicente Rambla i l’exvicesecretari del PP valencià David Serra després de les seues declaracions.

Més difícil serà que es reduïsquen les peticions de penes per als capitostos de la trama, ja que durant tota la fase d’instrucció es van negar a col·laborar-hi i va ser, arran de la confessió dels empresaris, que van reconéixer el finançament irregular. Primerament van apuntar a Costa i, posteriorment, al mateix Camps.

Posteriorment, serà l’Advocacia de l’Estat la que presente les seues conclusions, que aniran en línia amb Anticorrupció, i finalment l’acusació popular exercida pel PSPV també presentarà les seues peticions de penes i la seua visió sobre la vista.

Després de les acusacions, serà el torn per a les defenses dels acusats, que seguiran previsiblement l’estratègia mantinguda durant el judici que compleix ja el cinqué mes de vistes.

A pesar que en el judici tant Costa com els capitostos de la Gürtel han apuntat Francisco Camps com a cervell de la trama de finançament irregular i l’exvicepresident i exdirector de la policia amb Aznar, Juan Cotino, com a recaptador, les derivades penals contra aquestes persones no es dirimiran en aquest procés per tal com estan prescrits els presumptes delictes.

Això sí, algunes d’aquestes declaracions podran servir en la peça separada del cas Gürtel sobre la visita del papa, en què sí que està imputat Juan Cotino, i en les dues causes obertes per la Fórmula 1, en què Francisco Camps ha estat citat com a investigat.

La rama valenciana del caso Gürtel, la que investiga la presunta financiación del PP de Francisco Camps, entra este martes en su recta final con sorpresas que el día 15 de enero cuando arrancó el juicio nadie esperaba. El exsecretario general de los populares valencianos y hombre fuerte de Camps, Ricardo Costa, ha tirado de la manta y ha puesto patas arriba el partido, llegando a hacer temblar los propios cimientos de Génova, 13.

“De los cuatro golfos”, que fue como se definió a la red corrupta liderada por Francisco Correa cuando saltó el escándalo, se ha probado en el juicio -con confesiones de los empresarios corruptores- que el partido que lideraba Camps montó un estructura para ingresar como mínimo 1,2 millones de dinero B, cantidad que le facilitó la victoria al PP valenciano en las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.

En la vista oral también se ha evidenciado con las declaraciones de Costa y de miembros de la red como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez “El Bigotes”, que el mecanismo de corrupción podría haber sido generalizado en campañas municipales que ya estarían prescritas. 

Así, Ricardo Costa se ha convertido en un acusado clave en la causa puesto que es la primera vez que un político del PP reconoce la financiación irregular del partido. Esta confesión -negociada con la Fiscalía Anticorrupción- ha servido a las acusaciones para armar definitivamente el caso y para que haya una sentencia condenatoria.

Eso sí, hoy se verá realmente cuál es la contraprestación que recibe Costa por tirar de la manta, ya que presumiblemente la fiscal del caso reduzca su petición de 7 años y 9 meses de cárcel que solicitó en un principio para la mano derecha de Camps en el PP.

Este martes, a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares volverán a acudir todos los acusados, incluidos los empresarios que también confesaron haber financiado al PP valenciano con 1,2 millones de dinero B. Los nueve contratistas de obra y servicios públicos, que han sido los primeros en confesar y que lubricaron así las posteriores confesiones de los cabecillas de la trama y de Costa, han conseguido evitar entre cuatro y seis años de cárcel a cambio de pagar una multa. En muchos casos irrisoria para su cuenta de resultados.

La Fiscal Anticorrupción será la primera en presentar sus conclusiones y en ellas se verá si la confesión de Costa tiene contrapartida. También si sigue manteniendo la petición de penas para los demás antiguos cargos públicos, el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el exvicesecretario del PP valenciano David Serra después de sus declaraciones.

Más difícil será que se reduzcan las peticiones de penas para los cabecillas de la trama, puesto que durante toda la fase de instrucción se negaron a colaborar y fue, tras la confesión de los empresarios, que reconocieron la financiación irregular. Primero apuntaron a Costa y posteriormente al propio Camps.

Posteriormente, será la Abogacía del Estado la que presente sus conclusiones, que irán en línea con Anticorrupción, y finalmente la acusación popular ejercida por el PSPV también presentará sus peticiones de penas y su visión sobre la vista.

Tras las acusaciones, será el turno para las defensas de los acusados, que seguirán previsiblemente la estrategia mantenida durante el juicio que cumple ya su quinto mes de vistas.

Pese a que en el juicio tanto Costa como los cabecillas de la Gürtel han apuntado a Francisco Camps como cerebro de la trama de financiación irregular y al exvicepresidente y exdirector de la policía con Aznar, Juan Cotino, como recaudador, las derivada penales contra estas persona no se dirimirán en este proceso al estar prescritos los presuntos delitos.

Eso sí, algunas de estas declaraciones podrán servir en la pieza separada del caso Gürtel sobre la visita del Papa, donde sí que está imputado Juan Cotino, y en las dos causas abiertas por la Fórmula 1 donde Francisco Camps ha sido citado como investigado.

L'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa ha afirmat aquest dijous que ni va participar en la contractació ni va prendre “cap decisió” sobre com organitzar el congrés nacional que el PP va celebrar en Fira València el 2008 a proposta de Francisco Camps i en el qual Mariano Rajoy va resultar triat president del partit.

La decisió es va prendre, segons declaracions d'anteriors compareixents, en un sopar entre l'extresorer Luis Bárcenas, Francisco Camps i la seua cap de gabinet, i el mateix Costa. Segons el popular, en el sopar només es va parlar de portar el conclave a València i el seu compromís es va limitar a mobilitzar la militància per a l'acte de cloenda. “Jo no tinc constància que s'assumira el compromís”, ha dit en ser preguntat per si el PP valencià va prometre que pagaria la factura de mig milió d'euros que finalment va ordenar pagar un jutge a la direcció nacional pel citat esdeveniment.

No obstant això, no descarta que es donara una conversa entre Camps i Bárcenas prèvia o posterior a la seua presència en la cita. “El president del partit no demana permís al secretari general, ni al vicesecretari”, ha afegit més tard.

Costa, ben entrenat en interrogatoris judicials, ha anat traslladant la responsabilitat a Camps, llavors president del partit, sense dir el seu nom. “Presidència volia que Orange Market organitzara els actes del partit. Jo cridava als secretaris provincials per a dir que l'empresa que anava amb el president era Orange Market”, ha dit en ser preguntat per si va participar en l'intent d'expansió de l'empresa de la filial de la Gürtel per la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez va intentar fer-se amb l'organització d'actes en les diputacions de Castelló i Alacant que els seus dirigents van rebutjar.

Costa ha afegit que també es va comentar en aqueixa reunió que la direcció nacional obriria un concurs per a decidir quina empresa organitzava el congrés -en el qual finalment la triada no va ser Orange Market, sinó l'empresa de la seua cunyada-. També ha negat haver rebut ordre alguna sobre no contractar amb Orange Market, perquè, d'haver-se donat, haguera cessat la relació.

Durant la seua compareixença en la comissió de les Corts que investiga la gestió de Fira València, s'ha remès en nombroses ocasions a la seua declaració en l'Audiència Nacional, especialment quan ha sigut preguntat pel finançament il·legal del partit.

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha afirmado este jueves que ni participó en la contratación ni tomó “ninguna decisión” sobre cómo organizar el congreso nacional que el PP celebró en Feria Valencia en 2008 a propuesta de Francisco Camps y en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del partido.

La decisión se tomó, según declaraciones de anteriores comparecientes, en una cena entre el extesorero Luis Bárcenas, Francisco Camps y su jefa de gabinete, y el propio Costa. Según el popular, en la cena sólo se habló de traer el cónclave a Valencia y su compromiso se limitó a movilizar a la militancia para el acto de clausura. “Yo no tengo constancia de que se asumiera el compromiso”, ha dicho al ser preguntado por si el PP valenciano prometió que pagaría la factura de medio millón de euros que finalmente ordenó pagar un juez a la dirección nacional por el citado evento. No obstante, no descarta que se diera una conversación entre Camps y Bárcenas previa o posterior a su presencia en la cita. “El presidente del partido no pide permiso al secretario general, ni al vicesecretario”, ha añadido más tarde.

Costa, bien entrenado en interrogatorios judiciales, ha ido trasladando la responsabilidad a Camps, entonces presidente del partido, sin decir su nombre. “Presidencia quería que Orange Market organizara los actos del partido. Yo llamaba a los secretarios provinciales para decir que la empresa que iba con el presidente era Orange Market” ha dicho preguntado por si participó en el intento de expansión de la empresa de la filial de la Gürtel por la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez intentó hacerse con la organización de actos en las diputaciones de Castellón y Alicante que sus dirigentes rechazaron.

Costa ha añadido que también se comentó en esa reunión que la dirección nacional iba a abrir un concurso para decidir qué empresa organizaba el congreso -en el que finalmente la elegida no fue Orange Market, sino la empresa de su cuñada-. También ha negado haber recibido orden alguna sobre no contratar con Orange Market, porque, de haberse dado, hubiera cesado la relación.

Durante su comparecencia en la comisión de las Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, se ha remitido en numerosas ocasiones a su declaración en la Audiencia Nacional, en especial cuando ha sido preguntado por la financiación ilegal del partido.

Tan sols un mes després que ho fera l'expresident Francisco Camps, el que va ser el seu número dos en el PP valencià, Ricardo Costa, ha comparegut aquest dimecres en el Congrés dels Diputats en el marc de la comissió de recerca sobre el presumpte finançament il·legal del Partit Popular.

Costa ha ratificat en seu parlamentària la seua declaració en l'Audiència Nacional el passat mes de gener, quan va confessar les pràctiques de finançament il·legal del PPCV i va apuntar directament a Camps com a principal responsable d'aquesta pràctica, “absolutament tot”, així com el seu penediment i petició de perdó per alguna actuació que no va ser capaç “de detenir”. “Quan hi ha responsabilitats pel mig, cal demanar perdó, i jo ho vaig fer en seu judicial”, ha assenyalat l'exsecretari general dels populars valencians a preguntes del socialista Artemi Rallo.

L'exsecretari general del PP ha respost amb evasives a les preguntes del socialista i del diputat de Compromís, Joan Baldoví. De fet, no ha volgut ni nomenar als qui va assenyalar en l'Audiència Nacional per formar part de la trama de finançament il·legal del PP valencià. “Li faré arribar la meua declaració”, ha respost al portaveu socialista.

Costa, qui tampoc ha volgut valorar el fet que Francisco Camps no estiga assegut en el banc dels acusats, ha explicat que des de maig de 2012 no ha tingut cap aparició per a parlar sobre aqueix presumpte finançament: “en aquest temps no he parlat amb ningú, mai trobarà una declaració pública meua en els últims set anys i hi ha hagut un període de reflexió, sobre les conseqüències que tot açò va a tenir, inclòs en la meua vida familiar”. A aqueixa reflexió interna, “fonamentalment en els últims dos anys”, ha atribuït Costa el seu canvi de postura respecte a la seua versió inicial en el que al finançament il·legal del PPCV es refereix.

“Un responsable polític està ben que de tant en tant assumisca responsabilitats, demane disculpes i es penedisca”, ha sentenciat l'exnúmero dos de Francisco Camps a preguntes de Baldoví. Posteriorment ha puntualitzat que no vol donar lliçons “a ningú”.

Costa ha repetit, tal com va declarar en seu judicial, que Gènova li va comunicar que la pràctica que hi haguera empresaris finançaren actes del partit estava prohibida, “tal com jo vaig advertir”. “Si es va enviar a algú del partit la directriu perquè no es treballara amb Orange Market, a mi no va ser, i si es va enviar al partit, no es va fer”, ha apuntat l'exdirigent popular, qui ha fet autocrítica en reconèixer que tal vegada havia d'haver denunciat aquesta pràctica en seu judicial.

“Jo el que sé és que Bárcenas li anava a traslladar a Lapuerta la informació per a traslladar-li-ho a Camps. La meua obligació va ser dir-ho. Podria haver fet un pas més i denunciar-ho davant la justícia i no ho vaig fer”, ha reiterat, preguntat sobre l'ordre interna de Rajoy per a no contractar amb l'empresa de la trama Gürtel.

Costa ha narrat més endavant com li va parlar a Bárcenas sobre la trama de facturació del PP valencià: “Vaig anar a denunciar una situació i Bárcenas va corroborar que era il·legal, que no es podia fer. Va dir que era un*Filesa 2 i que li ho traslladaria a Lapuerta, el seu superior”. Ha dit que no li consta si Lapuerta li ho traslladara a la direcció regional.

Costa ha tornat a apuntar a Francisco Camps i Vicente Rambla com a responsables de la presa de decisions en les campanyes investigades. “Jo en 2007 no era secretari general, era el número tres del partit. Òbviament les prenia el president Camps recolzat per un equip de campanya en el qual jo estava i que coordinava Rambla”, ha dit.

Costa, encara amb evasives, s'ha mostrat penedit de no haver denunciat la corrupció en el seu partit amb anterioritat. “El moment en el qual algú et sol·licita fer alguna cosa que no està bé tens dues possibilitats, encara que siga el teu superior, fer-ho o denunciar. Jo no ho vaig denunciar i per açò estic en aquesta situació”, ha reconegut al diputat Joan Tardà.

Preguntat per la relació del partit amb Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha comentat que es queixava de la freqüència amb la qual rebia els pagaments. A la diputada d'Unidos Podemos Yolanda Díaz li ha reconegut que “Jo em preguntava com es pagava tot”.

L'exidirigent popular ha marcat entorn de 2005 el moment en el qual va prendre consciència de com funcionava el partit, a preguntes del diputat de Ciutadans Toni Cantó. “Va haver-hi un moment en el qual em vaig adonar que estava en una situació on no sabia dir que no. Em traslladen per marcar un terme temporal. En 2005 em traslladen com es paguen les despeses del PP”, ha reconegut en diverses ocasions. En 2006, ha indicat a la representant d'Unidos Podemos, es presenta Pérez com a interlocutor.

Del testimoniatge de Costa, Cantó dedueix que Camps va mentir en la seua anterior compareixença, en dir per exemple que no despatxava amb ell. “No sé com es finançava el PP, no tinc ni idea, no sé res del finançament. Mai vaig veure els comptes del PP, no era la meua competència”, va dir Camps.

Apenas un mes después de que lo hiciera el expresident Francisco Camps, el que fuera su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

Costa ha ratificado en sede parlamentaria su declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, cuando confesó las prácticas de financiación ilegal del PPCV y apunto directamente a Camps como principal responsable de esta práctica, “absolutamente todo”, así como su arrepentimiento y petición de perdón por alguna actuación que no fue capaz “de detener”. “Cuando hay responsabilidades de por medio, hay que pedir perdón, y yo lo hice en sede judicial”, ha señalado el exsecretario general de los populares valencianos a preguntas del socialista Artemi Rallo.

El exsecretario general del PP ha respondido con evasivas a las preguntas del socialista y del diputado de Compromís, Joan Baldoví. De hecho, no ha querido ni nombrar a quienes señaló en la Audiencia Nacional por formar parte de la trama de financiación ilegal del PP valenciano. “Le haré llegar mi declaración”, ha respondido al portavoz socialista.

Costa, quien tampoco ha querido valorar el hecho de que Francisco Camps no esté sentado en el banquillo de los acusados, ha explicado que desde mayo de 2012 no ha tenido ninguna aparición para hablar sobre esa presunta financiación: “en este tiempo no he hablado con nadie, nunca encontrará una declaración pública mía en los últimos siete años y ha habido un periodo de reflexión, sobre las consecuencias que todo esto va a tener, incluido en mi vida familiar”. A esa reflexión interna, “fundamentalmente en los últimos dos años”, ha achacado Costa su cambio de postura respecto a su versión inicial en lo que a la financiación ilegal del PPCV se refiere.

“Un responsable político está bien que de vez en cuando asuma responsabilidades, pida disculpas y se arrepienta”, ha sentenciado el exnúmero dos de Francisco Camps a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví. Posteriormente ha puntualizado que no quiere dar lecciones “a nadie”.

Costa ha repetido, tal y como declaró en sede judicial, que Génova le comunicó que la práctica de que hubiera empresarios financiaran actos del partido estaba prohibida, “tal y como yo advertí”. “Si se envió a alguien del partido la directriz para que no se trabajara con Orange Market, a mí no fue, y si se envió al partido, no se hizo”, ha apuntado el exdirigente popular, quien ha hecho autocrítica al reconocer que tal vez debía haber denunciado esta práctica en sede judicial.

“Yo lo que sé es que Bárcenas le iba a trasladar a Lapuerta la información para trasladárselo a Camps. Mi obligación fue decirlo. Podría haber dado un paso más y denunciarlo ante la justicia y no lo hice”, ha reiterado, preguntado sobre la orden interna de Rajoy para no contratar con la empresa de la trama Gürtel.

Costa ha narrado más adelante cómo le habló a Bárcenas sobre la trama de facturación del PP valenciano: “Fui a denunciar una situación y Bárcenas corroboró que era ilegal, que no se podía hacer. Dijo que era un Filesa 2 y que se lo trasladaría a Lapuerta, su superior”. Ha dicho que no le consta si Lapuerta se lo trasladara a la dirección regional.

Costa ha vuelto a apuntar a Francisco Camps y Vicente Rambla como responsables de la toma de decisiones en las campañas investigadas. “Yo en 2007 no era secretario general, era el número tres del partido. Obviamente las tomaba el presidente Camps apoyado por un equipo de campaña en el que yo estaba y que coordinaba Rambla”, ha dicho.

Costa, aún con evasivas, se ha mostrado arrepentido de no haber denunciado la corrupción en su partido con anterioridad. “El momento en el que alguien te solicita hacer algo que no está bien tienes dos posibilidades, aunque sea tu superior, hacerlo o denunciar. Yo no lo denuncié y por eso estoy en esta situación”, ha reconocido al diputado Joan Tardà.

Preguntado por la relación del partido con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha comentado que se quejaba de la frecuencia con la que recibía los pagos. A la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz le ha reconocido que “Yo me preguntaba cómo se pagaba todo”.

El exidirigente popular ha marcado en torno a 2005 el momento en el que tomó conciencia de cómo funcionaba el partido, a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó. “Hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba en una situación donde no sabía decir que no. Me trasladan por marcar un término temporal. En 2005 me trasladan como se pagan los gastos del PP”, ha reconocido en varias ocasiones. En 2006, ha indicado a la representante de Unidos Podemos, se presenta Pérez como interlocutor.

Del testimonio de Costa, Cantó deduce que Camps mintió en su anterior comparecencia, al decir por ejemplo que no despachaba con él. “No sé cómo se financiaba el PP, no tengo ni idea, no sé nada de la financiación. Jamás vi las cuentas del PP, no era mi competencia”, dijo Camps.