Uno de los iconos modernistas del Eixample de Barcelona tiene forma de mariposa. Este gran insecto hecho de trencadís que se posa en la fachada de un edificio atrae las miradas de centenares de personas al día. Pero no todos saben que, en su interior, se libra una batalla por el derecho a la vivienda. Tras casi tres años resistiendo contra un fondo de inversión que pretende echarles, las seis familias que siguen en la finca han decidido dar un paso más: inician una huelga de alquileres.

“En un contexto de altísima tensión y máxima centralidad de la cuestión de la vivienda, esta medida es una herramienta de presión económica directa que se ha usado poco, pero que llega en un momento clave”, apuntan desde el Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que acompaña a los vecinos del bloc Papallona (mariposa en catalán).

Esta decisión llega después de casi tres años de lucha, que empezaron en el momento en que los herederos de la dueña original vendieron la finca al fondo New Amsterdam Developers (NAD), cuya intención era no renovar los contratos de alquiler para vaciar la finca, fragmentar las viviendas y convertir los pisos en colivings. Esta intención se constató en el momento en que empezaron a marcharse los primeros vecinos, cuyos hogares ya han sido reformados.

De los seis que resisten, sólo dos siguen teniendo un contrato de alquiler vigente. Al resto ya les ha vencido, pero se negaron a irse y seguían pagando sus mensualidades como una declaración de intenciones. Hasta ahora. La huelga de alquiler es una respuesta a una propiedad que, según explican los vecinos, no sólo no se ha prestado a negociar, sino que también ha ejercido prácticas de “acoso” inmobiliario.

Tanto es así, que desde el sindicato alertan de que dos vecinos acabaron abandonando su casa debido a la “presión psicológica” y otros tres porque no podían hacer frente a los costes que suponía defender su causa ante los tribunales después de que la propiedad les denunciara.

Dejar de pagar es una herramienta de presión a NAD, pero también al Ayuntamiento de Barcelona, a quien el sindicato reclama que ponga “una resolución definitiva al conflicto” y que se avenga a comprar la finca, como ya hizo con la Casa Orsola, que se encontraba en una problemática similar. Además, en el caso del bloc Papallona, se suma el hecho de que se trata de un edificio declarado Bien Cultural de Interés Local que ya ha registrado daños en “elementos decorativos protegidos” a raíz de las obras para generar los colivings.

Tanto los vecinos como el sindicato coinciden en que la huelga de alquileres se da en un momento “estratégico”, no sólo porque la vivienda haya vuelto al centro del debate, sino porque los nuevos decretos aprobados por el Gobierno ponen límites al modelo de negocio que NAD tiene en Barcelona.

Este fondo de inversión aterrizó en Barcelona en 2023 con el objetivo de contar con una cartera de 1.000 habitaciones de alquiler en Barcelona. Esta modalidad de alquiler, junto al de temporada, quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, aprobada ese mismo año. Un vacío legal permitía fraccionar una vivienda y cobrarla a un precio muy por encima del marcado en el índice de referencia; una posibilidad que ha quedado vetada con la nueva normativa, que establece que la suma de todas las habitaciones no puede superar el precio máximo.

Los vecinos esperan que este cambio legislativo, sumado a la huelga de alquileres, sea presión suficiente como para hacer que la empresa ceda y pueda poner fin, tanto a la situación personal de estas familias, como a la especulación inmobiliaria a la que se ve sometida Barcelona, especialmente en el Eixample.

Según un informe de la Asociación de Vecinos de l’Esquerra de l’Eixample, más de 3.000 personas viven en fincas compradas por grandes propietarios que tratan de expulsar a sus inquilinos. Se trata, en total, de 90 edificios.

“La presión inmobiliaria es tal que es imposible construir proyectos empresariales o culturales. Los alquileres no paran de subir y los números no dan”. Aunque no pierde la ilusión ni la esperanza y aboga por trasladar el espíritu de su librería a una nueva localización, la indignación y la preocupación se imponen en el discurso de Pablo Cerezo pocas horas después de anunciar el cierre de la librería más antigua de Madrid.

Será el 17 de noviembre cuando Pérgamo bajará la persiana después de 80 años como gran refugio literario del distrito de Salamanca, uno de los más pudientes de la capital. Cuando el catedrático republicano Raúl Serrano abrió el comercio en 1946, después de que el franquismo le arrebatara su posición académica y universitaria, este punto de la ciudad todavía era algo así como la periferia. Hoy no solo es un lugar céntrico, sino que ejemplifica las perversas dinámicas mercantiles y especulativas que asolan Madrid.

“Del mismo modo que miles y miles de personas se matan a trabajar para pagar una habitación sin vistas, nosotros lo hacemos para pagar el alquiler del local. Pero ya es insostenible”, explica Pablo en conversación con Somos Madrid desde su establecimiento, del que tomó las riendas en 2022 tras un conato de cierre por entonces salvado ante la intervención de un inversor anónimo. Unos meses más tarde se incorporó su compañera María Treviño y luego otra trabajadora más. Juntos han convertido Pérgamo en un nuevo referente, explotando su potencial en redes sociales, medios de comunicación y eventos de todo pelaje (presentaciones, clubes de lectura, cafés literarios...).

El modelo convierte en un acontecimiento todavía más doloroso esa clausura forzosa, la de la librería El Aleph de la calle Ferraz el 28 de diciembre o la de Tipos Infames en Malasaña, a comienzos de año (cuyo local sigue cerrado y sin conato alguno de obras ocho meses después). “El sentido que tienen las librerías hoy en ciudades fragmentadas y aceleradas es construir lugares de encuentro, lo mejor que genera un libro es una conversación y de ahí el boom de los clubes de lectura. Uno de los males de nuestra sociedad es la soledad. Hay quienes la usan para agitar odio. Nosotros tratamos de solucionarla mediante el encuentro y la conversación”, expone Pablo.

Las cifras de una creciente incertidumbre

La Asociación de Librerías de Madrid ya alertó en mayo, a través de una encuesta, del “escenario de incertidumbre creciente” generado por la presión inmobiliaria. El 84% de las librerías consultadas desarrolla su actividad en régimen de alquiler y más del 80% percibe estas rentas como un peligro para su estabilidad. Solo un 14,3% tiene garantizada su continuidad en el local actual, según el informe. Un 33,3% afirmaba haber renunciado a contratar personal debido a los precios del alquiler, mientras que un 41% de estos comerciantes anticipa un riesgo inmobiliario “alto o muy alto” en los próximos dos años.

“La paradoja es que los datos macro avalan que las librerías y el sector editorial va muy bien y no deja de crecer, con sus complejidades. Sin embargo, los proyectos de librería no son sostenibles por la presión inmobiliaria, lo mismo que le pasa a la gente en general pese el auge de la macroeconomía. O paramos esto o se va a hundir”, alerta Pablo. Una coyuntura que hace extensible al conjunto de los pequeños comercios: “Yo vivo en la calle Alcalá a su paso por Quintana y no paran de vaciarse locales porque no hay negocios tan rentables como el rentismo. Si seguimos hacia un país o una sociedad donde la gente busca máxima rentabilidad, y eso solo lo da el suelo, se va a llevar toda la inversión frente a la cultura, la innovación, la educación... La propia clase empresarial debería verlo como un disparate”, explica.

Recuerda que el alquiler es una problemática que atraviesa a “cuatro de cada cinco librerías de Madrid que no saben si podrán continuar de aquí a dos años”. Su compañera María apostilla que “una librería siempre tiene una facturación que debe procurar llegar a cero, porque alcanzar el beneficio es difícil cuando tienes que pagar nóminas o cubrir todos los gastos logísticos”. Tampoco deja pasar el dato de que las librerías solo obtienen el 30% de la venta de un libro, ya que su precio se reparte además entre autores, editoriales o proveedores.

El presidente de la citada Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, puntualiza en declaraciones a este periódico que ese porcentaje disminuye todavía más hasta el 15% cuando la venta se dirige a instituciones públicas. Luis es además dueño de la librería Dykinson, con un local en propiedad en la calle Meléndez Valdés abierto hace ya 53 años y otro operativo desde 2024 en la calle de Gaztambide de Chamberí, este en régimen de alquiler con un contrato de diez años.

“Éramos conocedores de la situación de Pérgamo desde hace días y le hemos trasladado todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Lo triste es que se trata de un contexto generalizado en el sector y en todo el comercio local. Los alquileres tan altos dan pie a que una pequeña bajada o incluso un mantenimiento de las ventas provoquen que los libreros no puedan asumir gastos, mejoras o contrataciones”, lamenta. Avisa de que “muchos contratos pospandemia comienzan a caducar y en Madrid ciudad, la Comunidad y todo el país las renovaciones están siendo muy al alza”.

Para Luis, en suma, los dos desafíos más importantes que afronta el sector son “la presión inmobiliaria y la falta de relevo generacional”. Dos cuestiones muy vinculadas entre sí: “Es complicado emprender ante las dificultades de estos proyectos y cuesta ver la viabilidad de un nuevo negocio. Venimos arrastrando el problema de las subidas años, pero desde 2025 ha pasado de goteo constante a una oleada muy preocupante”.

Dibuja un tercer problema en que “el aumento en las ventas de libros no necesariamente llega a las librerías, ya que cada vez se vende más fuera de ellas”. “Entre tres y cuatro de cada diez ventas se producen en librerías independientes. El resto se lo llevan las compras online, las grandes superficies y venta directa de las grandes editoriales”, detalla.

En cuanto a las posibles soluciones, el caso de Pérgamo ejemplifica que apelar a la solidaridad de los dueños de los locales no parece la mejor opción. Sus caseras son dos hermanas que durante años gestionaron la librería que había fundado su padre. Cuando el negocio estuvo cerca de bajar la persiana ya en 2022, aseguraron en diálogo con elDiario.es que “el nivel cultural es más importante que el económico” en su barrio. Una de ellas criticó incluso la deriva del expresidente Felipe González, que en 1982 devolvió la cátedra a su padre que el franquismo le había quitado, con la frase “la pasta es la pasta”.

La presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local

Luis M. Tigeras — Presidente de la Asociación de Librerías de Madrid

“Seguro que las propietarias han sido conscientes de lo que Pérgamo aporta el barrio, no podemos indagar en las razones que tendrán. Lo que debemos pedir a las administraciones públicas es que sigan apoyando a las librerías y la cadena de libros. Recibimos ayudas para aspectos como la modernización, pero no satisfacen todas las necesidades para resolver el problema. Una opción es plantear ayudas directas al alquiler o a propietarios que alquilen a agentes culturales”, propone Luis.

“Hay que partir de que la presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Por ello, cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local”, dice. Lo cual no significa que sus particularidades no deban tomarse en cuenta: “Lo que nos diferencia del resto de locales con necesidades similares es la dinamización del espacio o el arraigo que generamos. Pérgamo es un ejemplo esencial, en los últimos tiempos ha pasado de ser una librería de 80 años a un espacio de encuentro social”. El pasado 26 de septiembre, cuando Pablo y María ya conocían el destino que les aguarda, un vermut literario celebró el 80º aniversario del establecimiento y llenó de mensajes de felicitación su escaparate.

Esta transformación de las librerías de lugares de compra-venta a recintos que sirven también para el encuentro cultural implica que necesiten más espacio. Lo expresaba María al comentar la complicada tarea de hallar un sitio alternativo para revivir Pérgamo: “En la búsqueda se refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”.

Luis estima que, ante una subida de 1.000 euros mensualidades en la renta, sería preciso obtener “10.000 euros más en ventas” para que el negocio siguiese siendo rentable: “Como nuestro margen de beneficio y nuestros precios están muy marcados, cuesta asumir cualquier alza de los gastos”.

Pese a un panorama tan desolador, Madrid todavía ve cómo llegan nuevas aperturas de librerías y espacios literarios, sobre todo en puntos más periféricos que escapan en parte de la gentrificación y con proyectos que se lanzan a una decidida apuesta por géneros como el cómic o el anime.

La dibujante e investigadora Clara Moreno lleva meses relatando el proceso para poner en marcha su propia librería en Tetuán. Narraba que los dueños de un par de posibles locales se echaron atrás cuando se enteraron del tipo de negocio, incluso habiendo dejado una señal. “El primero claramente me dijo que prefería un comercio más viable (me parece que iban a poner otro negocio de uñas) y el segundo me hizo ghosting”. Al preguntar a los obreros que se encontraba reformando los bajos de la zona, la respuesta siempre era la misma: “Va a ser un piso turístico”. Finalmente, consiguió abrir hace pocas semanas en el número 11 de la calle del Doctor Santero. No todo está perdido para proyectos como Pérgamo mientras indagan en nuevas ubicaciones donde “mantener su espíritu”, por muy difícil que la especulación ponga las cosas.

“Ahora lo que queremos es celebrarnos. Venderlo todo y empezar en otro sitio, todavía no sabemos dónde ni cuándo”. Pablo Cerezo mira al futuro sin temor y con algo de resignación, o al menos eso transmite el día en el que han comunicado la noticia que nunca quisieron dar: la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid y de la que es responsable desde 2022 junto con María Treviño, cierra sus puertas el próximo 17 de noviembre.

Ubicada en el número 24 de la calle General Oráa, en el pudiente distrito de Salamanca, abrió sus puertas en 1946. No en vano, celebraron el 80º aniversario con un vermut literario el pasado 26 de septiembre. Aquella jornada Pablo y María ya sabían el porvenir que les esperaba, pero solo allegados y clientes habituales del barrio conocían una inminente clausura que han hecho pública este martes con una entrevista en la Cadena SER.

Desde entonces, las llamadas se han sucedido y las visitas tampoco cesan en el local. Este respaldo masivo complica la conservación con Somos Madrid, pero Pablo y María (que sacan adelante el negocio junto a otra empleada, Nicole) siempre acaban encontrando el momento y la manera de transmitir su amor por la literatura en general y por este espacio en particular. Aunque sea para abordar un desenlance, o un punto y aparte, tan descorazonador.

“En estos cuatro años y medios tan intensos que llevamos al frente de Pérgamo las dueñas no nos han aplicado ninguna subida del alquiler, que estaba a precio de mercado, pero ya llegábamos justos a cubrir gastos. Además, el hecho de renovar el contrato año a año nos generaba mucha incertidumbre. Nunca sabes cuándo va a pasar lo que nos acaba de ocurrir”, cuenta Pablo.

Fue a mitad de septiembre cuando recibieron el jarro de agua fría: “Nos comunicaron que no somos las personas más apropiadas para continuar con el local y no nos van a renovar el alquiler”. Pablo vincula la situación a la especulación inmobiliaria, meses después del traumático cierre de Tipos Infames en Malasaña y tras el anuncio de El Aleph, en la calle de Ferraz, sobre su inminente clausura el 28 de diciembre. De hecho, no es que las caseras de Pablo y María busquen otros libreros, de hecho sería difícil que cualquier profesional logre la dedicación o el impacto cultural y en redes de los actuales, sino que previsiblemente se plantean vender el inmueble o alquilarlo con otro uso.

La búsqueda de una alternativa refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos

De hecho, tras su primera clausura en 2022, el negocio estuvo a punto de convertirse en una pizzería. Las hermanas Ana y Lourdes Serrano, hijas del catedrático republicano represaliado por el franquismo que fundó la librería en los años más férreos de la censura, pusieron fin a esta etapa poco después de la pandemia. La intervención de un anónimo inversor mexicano-gallego permitió retomar la actividad y mantener la librería, con Pablo y María al frente. “Se dice que en este barrio hay mucho nivel económico, pero es más importante el cultural”, declaraba Lourdes a elDiario.es cuando que parecía la literatura no regresaría ya al establecimiento cuatro años atrás. Ahora, en cambio, han cambiado de opinión.

Su padre, Raúl Serrano, era profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Complutense hasta que fue desposeído de la plaza al acabar la Guerra Civil, de la que se libró por su miopía. El académico optó entonces por dedicarse a los libros desde otra perspectiva. Unos familiares asturianos con posibles pusieron el dinero para la aventura, cuando la localización actual era casi el extrarradio de la capital. El profesor librero nunca abdicó de sus ideas. Todos los 14 de abril el negocio cerraba y los empleados recibían un aguinaldo. Con la llegada de la presidencia tambión recuperó su cátedra, otorgada de nuevo por Felipe González en 1982. “Hizo muchas cosas buenas… Pero la pasta es la pasta”, opinaba paradójicamente sobre la trayectoria del expresidente Ana Serrano.

Pablo y María no se amilanan y prometen retomar Pérgamo lo antes posible, “con el mismo nombre y el mismo espíritu”: “No tenemos claro dónde iremos o si continuaremos por la zona, pero sigue el entusiasmo del proyecto, aunque termina la historia en esta ubicación”, dice ella. Admite, eso sí, que la búsqueda para dar con una alternativa “refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”. Por suerte, no pierde la esperanza: “Espero que con este anuncio se levanten manos y alguien o mucha gente nos eche un cable. Somos optimistas”.

El Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears va néixer el 22 de maig de 2024 amb una posada en escena a l'altura de la transformació que prometia. Aquell gran acord, destinat, segons el Govern, a canviar el rumb de les illes, va reunir en la presentació representants de més de 140 entitats polítiques, socials i econòmiques que, sota un mateix sostre, es conjuraven per fer realitat un full de ruta cridat a conduir l'arxipèlag cap a la sostenibilitat i el benestar com mai abans s'havia fet. “Allò semblava un casament”, recorda amb ironia un dels participants que encara continua dins del procés. La imatge no era menor: la cerimònia escenificava un compromís col·lectiu que aspirava, almenys sobre el paper, a marcar un abans i un després en la història de les illes.

Dos anys després, malgrat els grans anuncis i la solemnitat amb què es va presentar aquella aliança, la fotografia ha canviat radicalment: partits, organitzacions socials i entitats que van participar en el llançament han abandonat el procés, mentre que milers de persones han sortit al carrer en mobilitzacions multitudinàries i històriques per protestar contra la turistificació i el creixent deteriorament de les condicions de vida de la població resident. Malgrat tot, l'Executiu de Marga Prohens (PP) continua defensant la vigència d'aquell acord i reivindica un procés que va néixer com un gran espai de consens. La llista dels qui se n'han despenjat i el rastre del que ha quedat per fer, però, expliquen una altra història.

En una comunitat autònoma on l'escalada de preus que està expulsant a centenars de residents, amuntegant d'altres en infravivendes i caravanes i transformant barris sencers, i on la creixent pressió turística tensa infraestructures, platges, recursos hídrics i espais naturals, el Pacte per la Sostenibilitat afronta el retret d'haver quedat en un exercici de diagnòstic i participació sense traducció en polítiques clau dirigides a avançar cap al decreixement. No en va, unes 70.000 persones -segons xifres dels organitzadors- van sortir al carrer el passat 26 de juliol per denunciar un model econòmic que consideren cada vegada més incompatible amb el dret a una vivenda llar, la conservació del territori i el benestar de qui viu a les illes.

L'hermetisme que envolta l'estat actual del Pacte per la Sostenibilitat és una altra de les crítiques que planen sobre el procés. Davant l'absència d'un balanç públic que permeti avaluar el seu recorregut i els seus efectes, l'oposició va voler posar negre sobre blanc en quin punt es troba el procés i va reclamar la compareixença del director general de Diàleg Social i Transició Econòmica, José Antonio Caldés, perquè donés explicacions al Parlament. El passat mes de setembre, PP i Vox van votar en contra de la sol·licitud cursada pel Grup Socialista, bloquejant així la possibilitat que el Govern rendís comptes davant la Cambra.

La factura del Pacte

El Pacte per la Sostenibilitat no només ha deixat anuncis, reunions i documents estratègics. També ha generat una factura a càrrec de les arques públiques. Tot i que no hi ha cap balanç públic que permeti saber quant ha costat el procés en conjunt, la documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es permet identificar almenys 230.729 euros en despeses de publicitat i contractes directament vinculats a la iniciativa, als quals s'afegeixen 55.000 euros en subvencions.

La documentació a la qual ha tingut accés elDiario.es permet reconstruir la despesa d'almenys 230.729 euros en publicitat i contractes directament vinculats al procés, als quals s'afegeixen altres 55.000 euros en subvencions

La primera factura va arribar abans que hi hagués un full de ruta definitiu. El Govern va adjudicar a Wireless DNA SL el desenvolupament de la plataforma digital per recollir les aportacions ciutadanes per 14.700 euros sense IVA, 17.787 euros en total. El portal va estar operatiu entre el juliol i l'octubre de 2024 i va canalitzar prop de 500 aportacions ciutadanes cap als grups de treball. Va ser una de les eines centrals de participació de la primera fase i una de les despeses que es poden atribuir directament a la posada en marxa del Pacte.

La partida més voluminosa, però, no va ser la de participació, sinó la de publicitat. Els registres de contractació permeten identificar 206.517 euros destinats a anuncis i accions publicitàries en premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals. La inversió en difusió supera àmpliament el cost de la plataforma ciutadana i constitueix la principal despesa identificada fins ara. La xifra permet dimensionar l'esforç econòmic dedicat a donar visibilitat al procés, encara que, per si sola, no n'acredita l'abast ni els resultats.

Una altra de les partides documentades correspon a la impressió de les “Bases de l'Agenda de Transició”, el document de més de 350 pàgines presentat el febrer de 2025 com a resultat del treball desenvolupat durant la primera fase del Pacte. El contracte per imprimir-ne 300 exemplars es va adjudicar a la Fundació Amadip Esment per 6.425,10 euros, IVA inclòs. El document recollia els objectius estratègics i de desenvolupament que l'Executiu va presentar com a full de ruta per avançar cap a la transformació del model econòmic de les Balears.

El Govern també ha concedit 55.000 euros en subvencions a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a les dues convocatòries dels Premis Agenda de Transició: 30.000 euros el 2025 i 25.000 el 2026. Si s'afegeixen a les despeses anteriors, l'import dels recursos públics directament identificables vinculats al procés i a actuacions derivades ascendeix a 285.729 euros.

A finals de 2024, quan l'oposició va demanar al Govern informació sobre les contractacions efectuades per posar en marxa el Pacte, l'Executiu va assegurar que la feina de les taules amb les entitats s'havia desenvolupat amb “recursos interns” i que l'única contractació efectuada fins aleshores era l'assistència informàtica per a la plataforma de participació. Tanmateix, el fet que s'hi fes servir personal propi no vol dir que aquesta part del procés no tingués cap cost: l'Administració no ha publicat cap estimació de les hores de feina dedicades ni del seu import econòmic.

L'Executiu ha gastat 17.787 euros per al desenvolupament d'una plataforma digital activa durant diversos mesos, 206.517 euros en accions publicitàries en mitjans de comunicació, 6.425,10 euros en imprimir les 'Bases de l'Agenda de la Transició' i 55.000 euros per a la UIB per a dues convocatòries dels Premis Agenda de Transició

La despesa publicitària, a més, deixa una incògnita. En la resposta al Parlament, l'Executiu va explicar que els criteris per seleccionar els mitjans —audiència, cost econòmic i abast territorial— els havia definit l'agència de comunicació contractada per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). Aquesta agència disposava d'un contracte general d'imatge i comunicació per al 2024, amb un pressupost base d'1,67 milions d'euros, que incloïa serveis com la compra d'espais publicitaris i la gestió de mitjans.

El mateix sistema de contractació pública dificulta reconstruir el cost global del Pacte. Els registres no permeten conèixer necessàriament totes les despeses inferiors a 5.000 euros, que es poden tramitar com a contractes menors i quedar fora de la publicació ordinària. Això impedeix determinar si hi va haver desemborsaments específics per a tasques de disseny, producció audiovisual, fotografia, maquetació, organització d'actes, lloguer d'espais o altres serveis puntuals relacionats amb el procés.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Govern per saber quines mesures concretes s'han aprovat o posat en marxa com a conseqüència directa del Pacte i quins resultats tangibles se li poden atribuir de manera exclusiva, però no n'ha obtingut resposta en el moment de publicar aquest reportatge. Entre altres qüestions, aquest diari havia demanat informació sobre la composició actual del Pacte, el cost global del procés i les possibles despeses addicionals, així com si l'Executiu considera necessari que el responsable polític directe de la iniciativa doni compte públicament del seu desenvolupament i dels resultats, després que el PP i Vox en bloquejassin la compareixença.

Els registres no permeten conèixer necessàriament totes les despeses inferiors a 5.000 euros que poden tramitar-se com a despeses menors i quedar fora de la publicació ordinària

El procés es desinfla

El contrast entre el llançament i la situació actual és especialment significatiu. El maig de 2024, el Govern anunciava la participació de més de 140 entitats. Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i director tècnic de la Fundació Impulsa, va ser presentat com a coordinador tècnic del procés. Un mes després, Prohens va presentar les línies de treball de les taules amb la voluntat de convertir el Pacte en una estructura estable.

La primera fase es va articular en 12 grups de treball i va culminar el febrer de 2025 amb la presentació de les “Bases de l'Agenda de Transició”, un document de més de 350 pàgines que identificava 247 factors determinants i fixava 59 objectius estratègics i 65 objectius de desenvolupament per avançar, en paraules de la presidenta del Govern, cap a la “sostenibilitat econòmica, social i ambiental” de Balears.

Prohens va convertir el document en la principal carta de presentació del Pacte i va arribar a lliurar-li al rei durant la seva visita a Palma. En declaracions als mitjans després de la trobada amb el monarca, va reivindicar “aquesta manera pionera que tenim de treballar i de pensar més enllà d'una legislatura” i va qualificar el procés de transformació d'“únic a tot Espanya i pioner a la resta de regions europees”.

No va fer menció en cap moment del diagnòstic integral que l'arxipèlag ja tenia traçat el 2019, avalat per més de 60 científics de la Universitat de les Illes Balears (UIB): biòlegs, físics, economistes, juristes, enginyers, especialistes en intel·ligència artificial i geògrafs, entre d'altres. Amb el vistiplau d'assessors externs reconeguts, aquests experts van posar sobre la taula els reptes econòmics, laborals, socials i mediambientals de les illes i van establir les bases per afrontar-los. Aquell document, en què van participar més de 400 persones, també va rebre el vistiplau del Consell Econòmic i Social (CES) a Brussel·les.

Desbandada d'organitzacions socials i civils

Quan Prohens va presentar les “Bases de l'Agenda de Transició”, el Pacte ja havia perdut bona part de la pluralitat política i social amb què havia començat. El Fòrum de la Societat Civil va suspendre la participació, el GOB —una de les principals entitats ecologistes de les Balears— va abandonar el procés i, posteriorment, també ho van fer els principals partits de l'oposició d'esquerres. El PSIB-PSOE va justificar la sortida per la falta d'ambició, diàleg i transparència; Més per Mallorca va qüestionar la metodologia, i Més per Menorca se'n va desvincular just abans de la presentació de les conclusions.

La desbandada va deixar l'acord sense una part de les organitzacions socials, ecologistes i polítiques que havien de donar contingut a la seva vocació de consens, i va obrir interrogants sobre la capacitat del procés per representar una visió realment compartida del futur de les illes. El gran pacte de país que Prohens havia presentat com una aposta transversal per transformar el model econòmic arribava així a la primera gran fita amb una fractura cada vegada més evident entre l'ambició proclamada i la participació real.

La segona fase, concebuda per convertir els objectius del diagnòstic en mesures concretes, va començar el 24 de març de 2025 i va reorganitzar els 12 grups inicials en cinc grups més reduïts. El Govern també va anunciar que dotaria el procés d'una estructura permanent. Des d'aleshores, una part de les actuacions que l'Executiu ha difós sota el paraigua del Pacte són mesures o iniciatives sectorials que, segons l'oposició, formen part de l'activitat ordinària de qualsevol Administració.

Entre aquestes actuacions hi ha programes d'ocupació, ajudes, projectes de formació, intervencions a les platges, polítiques d'economia circular, iniciatives empresarials i la gestió de fons turístics. Són mesures que contrasten amb l'ambició amb què va néixer el procés. El Pacte havia de servir per acordar com transformar el model econòmic, social i ambiental de les illes; dos anys després, el rastre comunicatiu de la iniciativa sembla més vinculat a decisions fragmentades que no a grans mesures sorgides d'aquest espai.

El Pacte havia de servir per acordar com canviar el model econòmic, social i ambiental de les illes; dos anys després, el seu rastre comunicatiu apareix més lligat a decisions fragmentades que a grans decisions nascudes d'aquest espai

“Molt paper, però poques solucions per als treballadors”

Un dels representants que continua dins del Pacte és José García-Relucio, secretari general de la Federació de Serveis d'UGT a les Balears, que lamenta, en declaracions a elDiario.es, que la segona fase del procés estigui paralitzada des de fa mesos. “Des d'abans de l'estiu no hi ha hagut cap reunió, cap notícia ni cap avanç”, assenyala el responsable sindical, que expressa la seva “decepció” pel desinflament d'una iniciativa cridada a transformar l'economia de les illes.

Des d'abans de l'estiu no hi ha hagut cap reunió, cap notícia ni cap avenç

José García-Relucio — Secretari general de la Federació de Serveis d'UGT a Balears

García-Relucio assegura que el procés ha acumulat “molt paper i intercanvi d'informació”, però que no ha servit per avançar en qüestions fonamentals per als treballadors, entre les quals hi ha l'emergència habitacional, especialment greu en el sector turístic. Els empleats que arriben a les illes per incorporar-se als seus llocs de feina, inclosos els treballadors temporals, es troben amb enormes dificultats per accedir a un habitatge. “Se'ls acaba donant un llit en una habitació compartida, sense unes condicions mínimes que els permetin tenir privacitat”, denuncia. El sindicat proposa destinar prioritàriament l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a pal·liar aquesta situació i finançar habitatges per als treballadors, però el Govern no ha atès la proposta.

Tot i que reconeix algunes iniciatives, com els 600.000 euros procedents de l'ITS destinats a fomentar la contractació de persones amb discapacitat en el sector turístic, recorda que es tracta d'una obligació que ja preveu la legislació. “No s'està fent el que s'hauria de fer per atendre la realitat actual dels treballadors”, lamenta. García-Relucio també es mostra especialment crític amb les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar i apunta que, en alguns casos, les alternatives passen per pagar 600 euros o renunciar a dies lliures. “Estem molt decebuts”, resumeix.

La patronal: “Necessitem acords globals”

Des de la patronal, la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) va donar suport al Pacte des del principi perquè, segons el seu president, Toni Fuster, afrontar el canvi de model i els reptes turístics, ambientals i climàtics exigeix un acord ampli, tant polític com social. En declaracions a elDiario.es, Fuster explica que va participar en les diferents taules i considera que el procés va permetre assolir “un diagnòstic més o menys consensuat”. Però aquí, sosté, es va acabar el que havia de ser el començament de la transformació: “A partir d'aquest diagnòstic no ha servit per al més important, per prendre decisions”. En la seva opinió, el Pacte ha quedat atrapat entre el diagnòstic i l'acció, quan la seva raó de ser era precisament convertir el consens en mesures concretes.

A partir d'aquest diagnòstic no ha servit per al més important, per prendre decisions. Aquest últim any, pràcticament no s'han pres decisions, segurament també per falta de consens polític

Toni Fuster — President de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem)

Fuster atribueix l'estancament de l'últim any també a la falta d'acord polític i reclama un esforç tant al Govern com a l'oposició: “Aquest últim any, pràcticament no s'han pres decisions, segurament també per falta de consens polític”. Malgrat el desgast del procés, Pimem no planteja donar-lo per tancat: “L'origen, el germen d'aquest Pacte per la Sostenibilitat, ha de tirar endavant”, ja sigui amb la mateixa estructura o amb una altra. El missatge de Fuster, però, és d'urgència: “Necessitem acords globals per prendre decisions. Les hem de prendre ja i les hem de fer de manera consensuada”.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'altra patronal present en el procés, la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), però prefereixen mostrar-se cautelosos a l'espera de la pròxima reunió del Pacte.

Antoni Riera reivindica el treball de diagnòstic

Antoni Riera reivindica el treball de diagnòstic

Preguntat pel desenvolupament del procés, Antoni Riera, que va coordinar-ne la primera fase, reivindica el treball de diagnòstic i planificació recollit en les “Bases de l'Agenda de Transició”. La seva argumentació se centra en els factors identificats, els objectius formulats i les possibles línies d'actuació, però no entra a valorar quines mesures s'han posat efectivament en marxa, quines han quedat sobre el paper ni fins a quin punt han condicionat les decisions del Govern. L'economista defensa que la feina desenvolupada s'ha de valorar a partir d'aquest document, i no únicament a partir de l'existència de taules sectorials o de les decisions polítiques adoptades posteriorment.

Riera sosté que les Bases es van dissenyar des d'una perspectiva sistèmica, en lloc de dividir les polítiques públiques en àmbits estancs, per abordar les interdependències entre turisme, economia, societat i medi ambient. “Les Bases abandonen la planificació i gestió des de compartiments estancs i, amb aquesta finalitat, integren les 12 àrees de reflexió-acció sota un enfocament sistèmic que alinea objectius i prioritats, evita la fragmentació i fomenta la complementarietat d'estratègies i plans d'acció”, assenyala, citant el document. Al seu parer, per tant, l'absència d'una taula específica sobre una matèria determinada no significa necessàriament que aquesta quedàs fora de l'anàlisi.

El director de la Fundació Impulsa subratlla que qüestions com la saturació turística i l'accés a l'habitatge sí que figuren en el full de ruta. Entre els grans objectius de transició, les Bases inclouen “establir mecanismes per controlar la capacitat de càrrega i evitar la saturació de recursos bàsics”. També fixen com a objectiu estratègic “garantir un accés equitatiu a l'habitatge” i plantegen mesures transversals com “la limitació de la conversió d'habitatges en allotjaments turístics, la regulació del creixement de l'oferta hotelera i mecanismes de redistribució”. Riera defensa que aquestes referències permeten identificar l'abast del diagnòstic elaborat, encara que insisteix que la formulació d'objectius no s'ha de confondre amb la seva aplicació efectiva: una cosa és que les mesures figurin en el document i una altra, ben diferent, que es tradueixin en decisions polítiques.

Com a resultat concret de la primera fase, Riera destaca la identificació de 247 factors determinants en les 12 àrees de treball, l'anàlisi de les interrelacions i la formulació de 59 objectius estratègics i 65 objectius de desenvolupament. “La combinació de participació multiactor, anàlisi basada en evidència i avaluació d'interdependències va permetre construir una proposta integrada que transcendeix els plantejaments sectorials habituals”, sosté.

El mateix document, recorda, deixava per a etapes posteriors la definició de línies d'acció concretes i el desenvolupament de mecanismes de seguiment i revisió. Per això, considera que la valoració de les decisions adoptades posteriorment, el grau d'execució dels objectius i l'evolució de la participació corresponen a una anàlisi diferent de la feina tècnica que va coordinar.

Des del Govern responen a les crítiques reivindicant que el Pacte continua “viu” i “obert a tothom”. Així ho va manifestar la setmana passada la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, que, en resposta a les preguntes del diputat socialista Llorenç Pou, va assegurar que “desenes d'entitats” continuen treballant “setmana rere setmana” en un procés que, segons va sostenir, ha permès fer una anàlisi “amb rigor”. Cabrer va situar entre els resultats del Pacte la tramitació de la llei de protecció del litoral i el projecte de llei agrària, a més de debats sobre ajudes per prevenir la sinistralitat laboral, contractar persones amb discapacitat o impulsar la desestacionalització.

“Creixement zero” mentre s'allibera sòl

El Govern també va reivindicar el decret de contenció turística com un dels fruits del Pacte. Cabrer li va atribuir una “importància fonamental” per plantejar un “creixement zero” de les places turístiques i combatre l'oferta il·legal. La consellera va sostenir, a més, que les Balears han de “posar límits” perquè “no poden créixer en volum”, però “sí en valor”.

Les explicacions de l'Executiu contrasten, tanmateix, amb les mesures que el PP i Vox han aprovat al llarg de la legislatura, com la llei de liberalització del sòl, que permet transformar determinades àrees de transició —fins ara classificades com a sòl rústic— en urbanitzables i facilita noves edificacions en determinats municipis. La mateixa norma també va obrir la porta a legalitzar construccions irregulars prescrites en sòl rústic de la Serra de Tramuntana, fins i tot en àrees de màxima protecció.

Pel que fa al decret de contenció, el text prohibeix noves places en habitatges plurifamiliars i endureix la persecució de l'oferta il·legal, però blinda un enorme parc de places existents, l'auge de les quals, a judici de les entitats socials, ha disparat -juntament amb la especulació immobiliària, la compra massiva per part d'estrangers d'alt poder adquisitiu i l'avidesa dels fons voltor- els preus de l'habitatge, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris.

Paral·lelament, el PP va arribar a plantejar un increment de l'ITS d'entre el 66% i el 200% durant l'estiu, però la pressió dels hotelers i Vox va tombar la mesura. A canvi del seu suport al decret, els populars van ampliar fins a 500 les places turístiques permeses en edificis catalogats situats en sòl urbà o rústic comú.

El PSIB-PSOE acusa el Govern d'haver convertit el Pacte per la Sostenibilitat en el seu “projecte estrella” sense oferir explicacions sobre el funcionament. El partit va resumir el balanç de la iniciativa amb una expressió especialment contundent: “Va agafar la bandera del decreixement per després abandonar-la”.

Per la seva banda, Més per Mallorca i Més per Menorca han acabat situant-se fora d'un procés que consideren incapaç de traduir el diagnòstic en mesures concretes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “canvi econòmic sostenible que deixi d'afavorir uns pocs”, polítiques d'habitatge i avenços cap al decreixement “en un territori en què els recursos naturals no basten”.

El Pacto Social y Político por la Sostenibilitat Económica, Social y Ambiental de Balears nació el 22 de mayo de 2024 con una puesta en escena a la altura de la transformación que prometía. Aquel gran acuerdo destinado, según el Govern, a cambiar el rumbo de las islas reunió en su presentación a representantes de más de 140 entidades políticas, sociales y económicas que, bajo el mismo techo, se conjuraban para convertir en realidad una hoja de ruta llamada a conducir el archipiélago hacia la sostenibilidad y el bienestar como nunca antes se había hecho. “Aquello parecía una boda”, recuerda con ironía uno de los participantes que aún continúa dentro del proceso. La imagen no era menor: la ceremonia escenificaba un compromiso colectivo que aspiraba, al menos sobre el papel, a marcar un antes y un después en la historia de las islas.

Dos años después, y a pesar de los grandes anuncios y de la solemnidad con la que se presentó aquella alianza, la fotografía ha cambiado radicalmente: partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente. Pese a ello, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) continúa defendiendo la vigencia de aquel acuerdo y reivindica un proceso que nació como un gran espacio de consenso. La lista de quienes se han descolgado y el rastro de lo que ha quedado por hacer, sin embargo, cuentan otra historia.

En una comunidad autónoma donde la escalada de precios que está expulsando a cientos de residentes, hacinando a otros en infraviviendas y caravanas y transformando barrios enteros, y donde la creciente presión turística tensiona infraestructuras, playas, recursos hídricos y espacios naturales, el Pacto por la Sostenibilidad afronta el reproche de haber quedado en un ejercicio de diagnóstico y participación sin traducción en políticas clave dirigidas a avanzar hacia el decrecimiento. No en vano, unas 70.000 personas -según cifras de los organizadores- salieron a la calle el pasado 26 de julio para denunciar un modelo económico que consideran cada vez más incompatible con el derecho a una vivienda hogar, la conservación del territorio y el bienestar de quienes viven en las islas.

El hermetismo que rodea el estado actual del Pacto por la Sostenibilidad es otra de las críticas que planean sobre el proceso. Ante la ausencia de un balance público que permita evaluar su recorrido y sus efectos, la oposición quiso poner negro sobre blanco en qué punto se encuentra el proceso y reclamó la comparecencia del director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, para que diera explicaciones en el Parlament. El pasado mes de septiembre, PP y Vox votaron en contra de la solicitud de cursada por el Grupo Socialista, bloqueando así la posibilidad de que el Govern rindiera cuentas ante la Cámara.

La factura del Pacto

El Pacto por la Sostenibilidad no solo ha dejado tras de sí anuncios, reuniones y documentos estratégicos. También ha generado una factura con cargo a las arcas públicas. Aunque no existe un balance público que permita conocer cuánto ha costado en conjunto el proceso, la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones.

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es permite reconstruir el gasto de al menos 230.729 euros en publicidad y contratos directamente vinculados al proceso, a los que se añaden otros 55.000 euros en subvenciones

La primera factura llegó antes de que existiera una hoja de ruta definitiva. El Govern adjudicó a Wireless DNA SL el desarrollo de la plataforma digital para recoger las aportaciones ciudadanas por 14.700 euros sin IVA, 17.787 euros en total. El portal estuvo operativo entre julio y octubre de 2024 y canalizó cerca de 500 aportaciones de la ciudadanía hacia los grupos de trabajo. Fue una de las herramientas centrales de participación de la primera fase y uno de los gastos que pueden atribuirse directamente a la puesta en marcha del Pacto.

Pero la partida más abultada no fue la de participación, sino la de publicidad. Los registros de contratación permiten identificar 206.517 euros destinados a anuncios y acciones publicitarias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La inversión en difusión supera ampliamente el coste de la plataforma ciudadana y constituye el principal desembolso identificado hasta ahora. La cifra permite dimensionar el esfuerzo económico dedicado a dar visibilidad al proceso, aunque no acredita por sí sola su alcance ni sus resultados.

Otra de las partidas documentadas corresponde a la impresión de las 'Bases de la Agenda de la Transición', el documento de más de 350 páginas presentado en febrero de 2025 como resultado del trabajo desarrollado durante la primera fase del Pacto. El contrato para imprimir 300 ejemplares se adjudicó a la fundación Amadip Esment por 6.425,10 euros, IVA incluido. El documento recogía los objetivos estratégicos y de desarrollo que el Ejecutivo presentó como hoja de ruta para avanzar hacia la transformación del modelo económico balear.

El Govern ha concedido, además, 55.000 euros en subvenciones a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para las dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición: 30.000 euros en 2025 y otros 25.000 en 2026. Si se incorporan a la cifra anterior, el dinero público directamente identificable relacionado con el proceso y sus actuaciones derivadas asciende a 285.729 euros.

A finales de 2024, cuando la oposición preguntó al Govern por las contrataciones realizadas para poner en marcha el Pacto, el Ejecutivo aseguró que el trabajo de las mesas con las entidades se había desarrollado con “recursos internos” y que la única contratación efectuada hasta entonces era la asistencia informática para la plataforma de participación. Sin embargo, el uso de personal propio no significa que esa parte del proceso careciera de coste: la Administración no ha publicado una estimación de las horas de trabajo dedicadas ni de su importe económico.

El Ejecutivo ha gastado 17.787 euros para el desarrollo de una plataforma digital activa durante varios meses, 206.517 euros en acciones publicitarias en medios de comunicación, 6.425,10 euros en imprimir las 'Bases de la Agenda de la Transición' y 55.000 euros para la UIB para dos convocatorias de los Premios Agenda de Transición

La factura publicitaria, además, deja una incógnita. En su respuesta al Parlament, el Ejecutivo explicó que los criterios para seleccionar los medios -audiencia, coste económico y alcance territorial- habían sido definidos por la agencia de comunicación contratada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB). Esta disponía de un contrato general de imagen y comunicación para 2024, con un presupuesto base de 1,67 millones de euros, que incluía servicios como la compra de espacios publicitarios y la gestión de medios.

El propio sistema de contratación pública introduce una dificultad para reconstruir el coste global del Pacto. Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria, lo que impide determinar si hubo desembolsos específicos para trabajos de diseño, producción audiovisual, fotografía, maquetación, organización de actos, alquiler de espacios u otros servicios puntuales relacionados con el proceso.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Govern para conocer qué medidas concretas se han aprobado o puesto en marcha como consecuencia directa del Pacto y qué resultados tangibles pueden atribuirse exclusivamente a este proceso, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicación de este reportaje. Entre otras cuestiones, este periódico preguntaba al Ejecutivo solicitaba información sobre la composición actual del Pacto, sobre el coste global del proceso y posibles gastos adicionales, y si considera necesario que el responsable político directo del Pacto dé cuenta públicamente de su desarrollo y resultados después de que PP y Vox bloquearan su comparecencia.

Los registros no permiten conocer necesariamente todos los gastos inferiores a 5.000 euros que pueden tramitarse como gastos menores y quedar fuera de la publicación ordinaria

El proceso se desinfla

El contraste entre el lanzamiento y la situación actual es especialmente significativo. En mayo de 2024, el Govern hablaba de la participación de más de 140 entidades. Antoni Riera, catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director técnico de la Fundació Impulsa, fue presentado como coordinador técnico del proceso. Un mes después, Prohens presentó las líneas de trabajo de las mesas con la voluntad de convertir el proceso en una estructura estable.

La primera fase se articuló en 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con la presentación de las 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de más de 350 páginas que identificaba 247 factores determinantes y fijaba 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo para avanzar, en palabras de la presidenta del Govern, hacia la “sostenibilidad económica, social y ambiental” de Balears.

Prohens convirtió el documento en la principal carta de presentación del Pacto y llegó a entregárselo al rey durante su visita a Palma. En declaraciones a los medios tras el encuentro con el monarca, reivindicó “esta manera pionera que tenemos de trabajar y de pensar más allá de una legislatura” y calificó el proceso de transformación de “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”.

No hizo mención en ningún momento del diagnóstico integral que el archipiélago ya tenía trazado en 2019, avalado por más de 60 científicos (biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que, con el visto bueno de reconocidos asesores externos, pusieron sobre la mesa los retos a los que se enfrentaban las islas a nivel económico, laboral, social y medioambiental y sentaron las bases para afrontarlos. Aquel documento, que contó con la participación de más de 400 personas, fue, además, refrendado por el Consejo Económico y Social (CES) en Bruselas.

Desbandada de organizaciones sociales y civiles

Para cuando Prohens presentó las 'Bases de la Agenda de Transición', el Pacto ya había perdido gran parte de la pluralidad política y social con la que había arrancado. El Fòrum de la Societat Civil suspendió su participación, el GOB -una de las principales entidades ecologistas de Balears- abandonó el proceso y, posteriormente, hicieron lo propio los principales partidos de la oposición de izquierdas. El PSIB-PSOE justificó su salida por la falta de ambición, diálogo y transparencia, Més per Mallorca cuestionó la metodología y Més per Menorca se desvinculó justo antes de la presentación de las conclusiones.

La desbandada dejó el acuerdo huérfano de las organizaciones sociales, ecologistas y políticas que debían dar contenido a su vocación de consenso, y abrió interrogantes sobre su capacidad para representar una visión verdaderamente compartida del futuro de las islas. El gran pacto de país que Prohens había presentado como una apuesta transversal para transformar el modelo económico llegaba así a su primera gran culminación con una fractura cada vez más evidente entre la ambición proclamada y la participación real.

La segunda fase, concebida para convertir los objetivos del diagnóstico en medidas concretas, arrancó el 24 de marzo de 2025 y reorganizó los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos. El Govern anunció, además, que dotaría al proceso de una estructura permanente. Desde entonces, parte de las actuaciones difundidas por el Govern bajo el paraguas del Pacto son medidas o iniciativas sectoriales propias, en palabras de la oposición, de la actividad ordinaria de una Administración.

Entre ellas aparecen programas de empleo, ayudas, proyectos de formación, actuaciones en playas, políticas de economía circular, iniciativas empresariales o la gestión de fondos turísticos que contrastan con la ambición con la que nació el proceso. El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio.

El Pacto debía servir para acordar cómo cambiar el modelo económico, social y ambiental de las islas; dos años después, su rastro comunicativo aparece más ligado a decisiones fragmentadas que a grandes decisiones nacidas de este espacio

“Mucho papel, pero pocas soluciones para los trabajadores”

Uno de los representantes que continúa dentro del Pacto es José García-Relucio, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears, quien, en declaraciones a elDiario.es, lamenta que la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad está paralizada desde hace meses. “Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance”, señala el responsable sindical, quien expresa su “decepción” por el desinflamiento de un proceso llamado a transformar la economía de las islas.

Desde antes del verano no ha habido ninguna reunión, ninguna noticia ni ningún avance

José García-Relucio — Secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Balears

García-Relucio asevera que el proceso ha acumulado “mucho papel e intercambio de información”, pero no ha servido para avanzar en cuestiones fundamentales para los trabajadores, entre las que la emergencia habitacional, especialmente grave en el sector turístico, donde los empleados que llegan a las islas para incorporarse a sus puestos de trabajo, incluidos trabajadores temporales, se encuentran con enormes dificultades para acceder a una vivienda. “Se les acaba dando una cama en una habitación compartida, sin unas condiciones mínimas que les permitan tener privacidad”, denuncia. El sindicato plantea que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destine prioritariamente a paliar esta situación y financiar vivienda para los trabajadores, pero el Govern no ha atendido a su propuesta.

Aunque reconoce algunas iniciativas, como los 600.000 euros con cargo al ITS destinados a fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico, recuerda que se trata de una obligación que ya contempla la legislación. “No se está haciendo lo que se debería hacer para atender la realidad actual de los trabajadores”, lamenta. García Relucio se muestra especialmente crítico con las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y apunta que, en algunos casos, las alternativas pasan por pagar 600 euros o renunciar a días libres. “Estamos muy decepcionados”, resume.

La patronal: “Necesitamos acuerdos globales”

Desde la patronal, la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) respaldó el Pacto desde el principio porque, a juicio de su presidente, Toni Fuster, afrontar el cambio de modelo y los retos turísticos, ambientales y climáticos exige un acuerdo amplio, tanto político como social. En declaraciones a elDiario.es, explica que participó en las distintas mesas y considera que el proceso permitió alcanzar “un diagnóstico más o menos consensuado”. Pero ahí, sostiene Fuster, terminó lo que debía ser el principio de la transformación: “A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones”. En su opinión, el Pacto ha quedado atrapado entre el diagnóstico y la acción, cuando precisamente su razón de ser era convertir ese consenso en medidas concretas.

A partir de este diagnóstico no ha servido para lo más importante, para tomar decisiones. Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político

Toni Fuster — Presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem)

Fuster atribuye el estancamiento del último año también a la falta de acuerdo político y reclama un esfuerzo tanto al Govern como a la oposición: “Este último año, prácticamente no se han tomado decisiones, seguramente también por falta de consenso político”. Pese al desgaste del proceso, Pimem no plantea darlo por zanjado: “El origen, el germen de este Pacto por la Sostenibilidad, ha de seguir adelante”, ya sea con la misma estructura o con otra. Pero el mensaje de Fuster es de urgencia: “Necesitamos acuerdos globales para tomar decisiones. Las tenemos que tomar ya y las tenemos que hacer de manera consensuada”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la otra patronal presente en el proceso, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), pero prefieren mostrarse cautelosos a la espera de la próxima reunión del Pacto.

Antoni Riera reivindica el trabajo de diagnóstico

Preguntado sobre el desarrollo del proceso, Antoni Riera, quien coordinó la primera fase del Pacto, reivindica el trabajo de diagnóstico y planificación recogido en las 'Bases de la Agenda de Transición'. Su argumentación se apoya en los factores identificados, los objetivos formulados y las posibles líneas de actuación, pero no entra a valorar qué medidas se han puesto efectivamente en marcha, cuáles han quedado en el papel ni hasta qué punto han condicionado las decisiones del Govern. El economista defiende que el trabajo desarrollado debe valorarse a partir de aquel documento y no únicamente por la existencia de mesas sectoriales o por las decisiones políticas adoptadas posteriormente.

Riera sostiene que las Bases se diseñaron desde una perspectiva sistémica, en lugar de dividir las políticas públicas en ámbitos estancos, para abordar las interdependencias entre turismo, economía, sociedad y medio ambiente. “Las Bases abandonan la planificación y gestión desde compartimentos estancos y, con esta finalidad, integran las 12 áreas de reflexión-acción bajo un enfoque sistémico que alinea objetivos y prioridades, evita la fragmentación y fomenta la complementariedad de estrategias y planes de acción”, señala, citando el documento. A su juicio, por tanto, la ausencia de una mesa específica sobre una determinada materia no significa necesariamente que esta quedara fuera del análisis.

El director de la Fundación Impulsa subraya que cuestiones como la saturación turística y el acceso a la vivienda sí aparecen recogidas en la hoja de ruta. Entre los cinco grandes objetivos de transición, las Bases incluyen “establecer mecanismos para controlar la capacidad de carga y evitar la saturación de recursos básicos”. También incorporan como objetivo estratégico “garantizar un acceso equitativo a la vivienda” y plantean medidas transversales como “la limitación de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, la regulación del crecimiento de la oferta hotelera y mecanismos de redistribución”. Riera defiende que estas referencias permiten identificar el alcance del diagnóstico elaborado, aunque insiste en que la formulación de objetivos no debe confundirse con su aplicación efectiva: una cosa es que las medidas figuren en el documento y otra, distinta, que se traduzcan en decisiones políticas.

Como resultado concreto de la primera fase, Riera destaca la identificación de 247 factores determinantes en las 12 áreas de trabajo, el análisis de sus interrelaciones y la formulación de 59 objetivos estratégicos y 65 objetivos de desarrollo. “La combinación de participación multiactor, análisis basado en evidencia y evaluación de interdependencias permitió construir una propuesta integrada que trasciende los planteamientos sectoriales habituales”, sostiene.

El propio documento, recuerda, dejaba para etapas posteriores la definición de líneas de acción concretas y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y revisión. Por ello, considera que la valoración de las decisiones adoptadas después, el grado de ejecución de los objetivos y la evolución de la participación corresponde a un análisis distinto del trabajo técnico que coordinó.

Desde el Govern responden a las críticas reivindicando que el Pacte sigue “vivo” y “abierto a todo el mundo”. Lo manifestó la semana pasada la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, quien, a preguntas del diputado socialista Llorenç Pou, manifestó que “decenas de entidades” siguen trabajando “semana tras semana” en un proceso que, según sostuvo, ha permitido realizar un análisis “con rigor”. Cabrer situó entre sus resultados la tramitación de la ley de protección del litoral y el proyecto de ley agraria, además de debates sobre ayudas para prevenir la siniestralidad laboral, contratar a personas con discapacidad o impulsar la desestacionalización.

“Crecimiento cero” mientras se libera suelo

El Govern reivindicó también como uno de los frutos del Pacte el decreto de contención turística, al que Cabrer atribuyó una “importancia fundamental” por plantear un “crecimiento cero” de las plazas turísticas y combatir la oferta ilegal. La consellera sostuvo además que Balears debe “poner límites” porque “no puede crecer en volumen”, pero “sí en valor”.

Las explicaciones del Ejecutivo contrastan, sin embargo, con las medidas a las que PP y Vox han dado luz verde a lo largo de la legislatura, como la ley de liberalización del suelo, que permite transformar determinadas áreas de transición -hasta ahora rústicas- en urbanizables y facilita nuevas edificaciones en determinados municipios. La misma norma abrió además la puerta a legalizar construcciones irregulares prescritas en suelo rústico de la Serra de Tramuntana, incluso en áreas de máxima protección.

En cuanto al decreto de contención, el texto prohíbe nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y endurece la persecución de la oferta ilegal, pero blinda un enorme parque de plazas existentes, cuyo auge, a juicio de las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios.

En paralelo, el PP llegó a plantear subir el ITS entre un 66% y un 200% en verano, pero la presión de los hoteleros y Vox tumbó la medida. A cambio de su apoyo al decreto, los populares ampliaron hasta 500 las plazas turísticas permitidas en edificios catalogados situados en suelo urbano o rústico común.

El PSIB-PSOE acusa al Govern de convertir el Pacto de Sostenibilidad en su “proyecto estrella” sin ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento y resumió su balance con una expresión especialmente contundente: “se cogió la bandera del decrecimiento para después abandonarla”.

Por su parte, Més per Mallorca y Més per Menorca han terminado situándose fuera de un proceso que consideran incapaz de traducir el diagnóstico en medidas concretas. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclama un “cambio económico sostenible que deje de favorecer a unos pocos”, políticas de vivienda y avanzar hacia el decrecimiento “en un territorio en que los recursos naturales no bastan”.

“Invierte como los grandes fondos” era uno de los reclamos con los que la startup Housers, rebautizada hace un año como Crowpire, trataba de captar clientes para invertir en promociones inmobiliarias a cambio de grandes rentabilidades.

Housers llegó a publicitar que había recaudado 167 millones de inversores y se habían devuelto 110. ¿Adónde han ido los 57 millones de euros que faltan?

Ni siquiera la nueva dirección de la empresa, que achaca los problemas a una etapa anterior, logra responder la pregunta. “La mayoría de los proyectos están en desarrollo y construcción y otros en recobro y en juicio”, afirman. “No podemos, en este caso, facilitarte los datos concretos, que daremos en cada caso conforme se vayan devolviendo, repartiendo o recobrando”.

Las docenas de inversores entrevistados y documentación obtenida por elDiario.es apuntan a problemas de gestión y a un entramado societario que permitió a la startup eludir cualquier responsabilidad en los proyectos inmobiliarios que anunciaba mientras, de manera indirecta, mantenía su control.

Sobre el papel, la responsabilidad de Housers sobre una promoción inmobiliaria acababa una vez se lograba la financiación para el proyecto. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por personas con vínculos societarios con la empresa.

La actual dirección, que le puso el nombre de Crowpire a la compañía, señala que estas prácticas forman parte del pasado.

“Estos hechos se produjeron en etapas anteriores y bajo responsabilidades distintas de las actuales”, responden. “Desde la incorporación de la actual dirección la actividad se ha centrado en defender los intereses de los inversores con la máxima transparencia”.

Este periódico también ha podido obtener diversas resoluciones y sanciones contra la empresa y sus dirigentes, incluido su presidente actual, que no habían trascendido hasta la fecha, más allá de las multas por 215.000 euros que le impuso en 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pocas semanas antes de asumir la presidencia de Housers, Juan Guruceta recibió una sanción del Banco de España. En octubre de 2025, el organismo le multó a él y a Divilo, la empresa que preside, con 54.000 euros por haber operado al menos seis meses con un capital inferior al mínimo exigido.

Tres meses después, Guruceta anunciaba que Housers pasaba a llamarse Crowpire y que la plataforma Divilo se integraría como plataforma de pagos en la startup de crowdfunding inmobiliario.

“La incidencia que mencionas es pública”, responden desde la compañía. “Y es absolutamente ajena a Crowpire y a su actividad”.

También el CONSOB, el regulador italiano del mercado de valores, multó con 100.000 euros a Housers a finales de 2019 por acumulación de sanciones vinculadas a su “actividad abusiva”. 

“No nos corresponde valorarla”, responden desde la empresa. “La sentencia es anterior al cambio de control y a la incorporación de la actual dirección”.

Un entramado societario que acababa en un piso de Madrid

En principio la tarea de Housers era la de un mero intermediario que juntaba a inversores con promotores que necesitaban el dinero. Cuando el proyecto estaba financiado, se nombraba un administrador “independiente” y Housers ya no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que ocurriera.

Este nombramiento de un administrador independiente fue una obligación que impuso la CNMV a Housers, cuyos primeros proyectos estuvieron administrados directamente por la startup hasta que el regulador le obligó a separar la gestión.

La empresa propuesta por Housers como “administradora independiente” en buena parte de sus proyectos era una compañía llamada Atrium Lex. El administrador de la empresa, sin embargo, estaba vinculado con personas vinculadas a Housers a través de diversas sociedades radicadas en un mismo piso en el barrio de Peñagrande de Madrid.

El responsable de Atrium era también apoderado de una sociedad, Firstom Properties, que acabó comprando las filiales de Housers en Italia y Portugal en 2019 por casi un millón de euros, según un documento interno de la empresa.

El presidente de Firsthom Properties presidió a su vez la compañía Lemon Key, otra empresa utilizada por uno de los fundadores de Housers, Antonio Brussola, para desviar más de 55.000 euros de proyectos inmobiliarios de la startup, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El fundador de Firsthom Properties, Arturo Ballester, y el administrador de Atrium, Luis Puebla, también compartían cargos en otra sociedad inmobiliaria, a su vez radicada en el mismo domicilio de Madrid. El que fuera administrador único de Firsthom Properties, David Marchamalo, fue también liquidador de varios proyectos de Housers.

Atrium, la administradora elegida por Housers, acumula quejas y denuncias judiciales, algunas en curso, por parte de decenas de inversores que acusan a la compañía de llevar años sin presentar las cuentas ni convocar juntas de propietarios en diversas promociones que están paralizadas. 

En una promoción de Barcelona que gestiona Atrium, la administradora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad estaba en perfecto estado, según pudo comprobar elDiario.es.

Atrium también fue multada con 100.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos por tratar masivamente datos financieros de inversores sin base legal ni medidas de seguridad y llegó incluso a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.

Al cierre de este artículo, esta empresa de administración de inmuebles no había respondido al cuestionario remitido por elDiario.es.

“Desde nuestra incorporación como gestores, la prioridad de la dirección actual ha sido maximizar la recuperación de las inversiones con transparencia, y defender los intereses de las personas afectadas por situaciones procedentes de etapas anteriores”, responden desde Crowpire.

Inversores denuncian posibles irregularidades en las comisiones

Los más de veinte inversores de Housers entrevistados apuntan también que la startup pudo cometer un fraude a Hacienda a la hora de cobrar sus comisiones en los proyectos. 

Según describen los entrevistados —bajo condición de anonimato para evitar acciones legales— en la comisión del 10% que Housers les cobraba por formalizar contratos u obtener rentabilidades, los cobros se detraían automáticamente de su cuenta en la liquidación de los rendimientos, sin una factura nominativa con identificación de la base imponible y el desglose del IVA correspondiente. 

Al carecer de una factura sobre esta comisión, los inversores no se podían deducir esa cantidad en la declaración del IRPF. Cuando un inversor solicitó a la compañía una factura detallada por este concepto, la empresa le respondió que no se la podía remitir, según un correo obtenido por esta redacción. 

“Es incorrecto que los inversores carezcan de soporte documental”, responden desde Crowpire. “Al menos bajo la actual dirección, toda la documentación contable y fiscal justificativa de los servicios prestados, y relativa a cualquier actividad, se emite, como no podía ser de otra manera, conforme a la normativa aplicable.”

La notícia de la mort de Maricarmen va irrompre ahir vespre a l'acampada per l'habitatge de Palma enmig d'una assemblea. La defunció de la dona de 87 anys, convertida en un dels símbols de la lluita contra els desnonaments després de ser expulsada de casa seva a Madrid, ha provocat “moltíssima ràbia i dolor” entre els qui mantenen el campament de la Plaça d'Espanya.

En un comunicat difós aquest dijous, l'acampada sosté que la seva mort “hauria estat fàcil d'evitar” i llança una acusació duríssima: “Maricarmen no ha mort. A Maricarmen l'han assassinada”.

La nota assenyala directament l'empresa Urbagestión, propietària de l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda del qual Maricarmen va ser desnonada el passat 23 de setembre, i responsabilitza també la jutgessa que va signar l'ordre de llançament i els Governs de la Comunitat de Madrid i d'Espanya. “L'ha assassinada el fons voltor Urbagestión, que porta anys amenaçant-la perquè cobejava la seva llar per fer els seus amos més rics”, incideix l'acampada.

El text estén així mateix la responsabilitat a la jutgessa que va signar l'ordre de desnonament “sense atendre la seva situació i vulnerabilitat” i a les administracions, a les quals retreu haver-se passat “les culpes els uns als altres sense posar solucions al drama de l'habitatge”.

Maricarmen Abascal va morir aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, quinze dies després d'haver estat desnonada de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. El 23 de setembre, la dona va sortir de l'immoble en llitera després que la Policia Nacional s'obrís pas entre els activistes que tractaven d'impedir el llançament. Va romandre ingressada des d'aleshores fins a la seva defunció.

El seu cas havia adquirit una enorme repercussió durant els mesos anteriors. Maricarmen feia anys que litigava amb Urbagestión pel dret a romandre a l'habitatge, després que l'empresa adquirís l'immoble i qüestionàs el seu dret a continuar-hi com a arrendatària. Hi va haver diversos intents de desnonament abans del definitiu del 23 de setembre. L'Audiència Provincial de Madrid va acabar ordenant-ne l'expulsió i el Tribunal Suprem va ratificar posteriorment aquest criteri.

L'execució del desnonament va convertir Maricarmen en un símbol de la crisi de l'habitatge. La seva expulsió va provocar mobilitzacions i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, mentre el seu cas va passar a ocupar el centre del debat polític sobre els desnonaments i l'habitatge. Els esdeveniments van desembocar també en l'aprovació de dos decrets d'habitatge per part del Govern, posteriorment rebutjats pel Congrés.

L'acampada de Palma posa especialment el focus en el deteriorament de la salut de Maricarmen. “El seu deteriorament físic no és de les dues setmanes que ha passat a l'hospital des que la van desnonar els antiavalots. És dels anys que porta vivint sota la por i l'estrès que l'expulsassin de casa seva”, afirma el comunicat. El col·lectiu vincula aquest deteriorament a “un sistema que posa els beneficis de molt pocs per sobre de les nostres vides”.

El text recorda, a més, altres casos de persones que, segons l'acampada, van perdre la vida després d'enfrontar-se a processos de desnonament. Cita Olga, que “es va suïcidar després d'haver estat desnonada de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat”, i Javier, un sabater que, segons el comunicat, es va llevar la vida al seu taller abans de ser desnonat. “Però les seves morts no seran en va”, sosté el col·lectiu.

L'acampada de Palma converteix així la defunció de Maricarmen en un nou impuls per a la seva mobilització. “La lluita de Maricarmen ens ha ensenyat el camí”, afirma el comunicat, que reivindica la seva memòria i anuncia que els participants continuaran acampats i seguiran “lluitant pel que és nostre”. El col·lectiu anuncia, a més, la seva participació en la vaga general per l'habitatge convocada per al proper 11 de novembre.

“Que la terra et sigui lleu, Maricarmen, i que els qui fan negocis amb les nostres vides no puguin tornar a dormir ni un sol dia tranquils”, conclou el text.

La noticia de la muerte de Maricarmen irrumpió anoche en la acampada por la vivienda de Palma en mitad de una asamblea. El fallecimiento de la mujer de 87 años, convertida en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios después de ser expulsada de su casa de Madrid, ha provocado “muchísima rabia y dolor” entre quienes mantienen el campamento de la Plaça d'Espanya.

En un comunicado difundido este jueves, la acampada sostiene que su muerte “habría sido fácil de evitar” y lanza una acusación durísima: “Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado”.

La nota señala directamente a la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de la que Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, y responsabiliza también a la jueza que firmó la orden de lanzamiento y a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. “La ha asesinado el fondo buitre Urbagestión, que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos”, incide la acampada.

El texto extiende asimismo la responsabilidad a la jueza que firmó la orden de desahucio “sin atender a su situación y vulnerabilidad” y a las administraciones, a las que reprocha haberse pasado “las culpas los unos a los otros sin poner soluciones al drama de la vivienda”.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. El 23 de septiembre, la mujer salió del inmueble en camilla después de que la Policía Nacional se abriera paso entre los activistas que trataban de impedir el lanzamiento. Permaneció ingresada desde entonces hasta su fallecimiento.

Su caso había adquirido una enorme repercusión durante los meses anteriores. Maricarmen llevaba años litigando con Urbagestión por el derecho a permanecer en la vivienda, después de que la empresa adquiriese el inmueble y cuestionase su derecho a continuar como arrendataria. Hubo varios intentos de desahucio antes del definitivo del 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Madrid acabó ordenando su expulsión y el Tribunal Supremo ratificó posteriormente ese criterio.

La ejecución del desahucio convirtió a Maricarmen en un símbolo nacional de la crisis de vivienda. Su expulsión provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras su caso pasó a ocupar el centro del debate político sobre los desahucios y la vivienda. Los acontecimientos desembocaron también en la aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, posteriormente rechazados por el Congreso.

La acampada de Palma pone el foco especialmente en el deterioro de la salud de Maricarmen. “Su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron los antidisturbios. Es de los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés a que la echaran de su casa”, afirma el comunicado. El colectivo vincula ese deterioro a “un sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima de nuestras vidas”.

El texto recuerda además otros casos de personas que, según la acampada, perdieron la vida después de enfrentarse a procesos de desahucio. Cita a Olga, que “se suicidó después de haber sido desahuciada de su casa en L'Hospitalet de Llobregat”, y a Javier, un zapatero que, según el comunicado, se quitó la vida en su taller antes de ser desahuciado. “Pero sus muertes no serán en vano”, sostiene el colectivo.

La acampada de Palma convierte así el fallecimiento de Maricarmen en un nuevo impulso para su movilización. “La lucha de Maricarmen nos ha enseñado el camino”, afirma el comunicado, que reivindica su memoria y anuncia que los participantes continuarán acampados y seguirán “luchando por lo que es nuestro”. El colectivo anuncia además su participación en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

“Que la tierra te sea leve, Maricarmen, y que quienes hacen negocios con nuestras vidas no puedan volver a dormir ni un solo día tranquilos”, concluye el texto.

L'acampada per l'habitatge de la Plaça d'Espanya de Palma s'ha convertit en un nou front de disputa entre el moviment social i l'Ajuntament. El batle, Jaime Martínez (PP), ha incorporat ara un nou argument a la seva ofensiva: les queixes sobre suposats comportaments masclistes formulades dins el mateix campament. Tant els integrants de l'Acampada per l'Habitatge com el col·lectiu Flama han acusat el batle d'“instrumentalitzar el feminisme” i d'utilitzar aquestes situacions -que ja havien abordat internament- per justificar políticament el desallotjament de les tendes instal·lades en protesta per l'emergència habitacional.

Ho posen de manifest en un comunicat conjunt difós aquest dimarts en resposta a la nota que, moments abans, havia emès el Consistori palmesà. En aquesta, la corporació municipal, governada pels populars amb el suport de Vox, reclama a la Delegació del Govern a Balears que intervingui per desallotjar “sense més demora” l'acampada. Per fer-ho, l'Ajuntament es fa ressò de “les greus denúncies fetes públiques pel col·lectiu Flama” i adverteix també de la presència de menors d'edat en aquest espai.

“Es tracta de denúncies que, per la seva gravetat, fan encara més necessari que la Delegació del Govern deixi de mirar cap a una altra banda, assumeixi les seves responsabilitats i actuï de manera immediata davant una situació que requereix una resposta per part de l'Administració competent”, subratlla el comunicat.

L'Ajuntament al·ludeix a una nota difosa per Flama al seu perfil d'Instagram, en la qual l'organització anunciava la seva retirada de l'organització de l'acampada després d'un procés intern de “debat i reflexió” en el qual, segons explica el col·lectiu feminista, va detectar “comportaments i actituds sexistes, així com situacions d'assetjament sexual” incompatibles amb els principis de cura i transformació social que defensa. El col·lectiu assenyalava, a més, la seva responsabilitat davant la presència de militants menors d'edat i assegura que la seva protecció, integritat i seguretat són una “prioritat absoluta”.

La sortida, tanmateix, no suposa un allunyament de la lluita pel dret a l'habitatge ni dels objectius de la protesta. No en va, Flama aclaria en la mateixa nota que reivindica les acampades i la desobediència civil pacífica com a eines “legítimes i imprescindibles” per combatre l'especulació i defensar el dret a l'habitatge, i deixa clar que la seva crítica no es dirigeix al moviment social ni a les seves reivindicacions. El col·lectiu assevera així que abandona la seva participació orgànica en l'acampada, però no la lluita per un habitatge digne.

Després del comunicat del Consistori, Flama i l'Acampada recriminen que el batle utilitzi aquestes situacions per reforçar una petició de desallotjament que, recorden, l'Ajuntament ja havia formulat abans de conèixer els fets. “L'Ajuntament ja demanava el desallotjament abans de conèixer aquests fets; ara pretén utilitzar-los per reforçar una decisió política que ja havia pres”, sostenen.

“Potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”

Els col·lectius marquen així una diferència entre els comportaments concrets que puguin produir-se al campament i l'existència de la protesta com a tal. El seu argument és que la denúncia d'actituds masclistes dins l'acampada no equival a reclamar-ne la desaparició. Per reforçar-ho, llancen una comparació directa amb el Consistori: “Si l'existència de comportaments masclistes fos motiu suficient per desallotjar un espai sencer, potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”.

En aquesta línia, rebutgen que les situacions denunciades dins el campament puguin utilitzar-se com a argument per deslegitimar el conjunt de la mobilització. “Denunciar comportaments masclistes no és denunciar l'existència de l'acampada. Assenyalar problemes puntuals dins d'un espai col·lectiu no és demanar-ne la dissolució”, assenyalen. Flama i l'Acampada per l'Habitatge asseguren que no han ocultat aquests episodis, sinó que els han abordat internament. Tal com expliquen, han escoltat les afectades, han pres mesures, han apartat de l'espai les persones que generaven inseguretat i han posat en marxa mecanismes de “prevenció, atenció i reparació”.

“Al batle li demanam una cosa molt senzilla: que deixi d'instrumentalitzar el feminisme per justificar la seva agenda política i que comenci a escoltar”, conclouen Flama i l'Acampada per l'Habitatge. “L'habitatge és un dret. L'acampada segueix”, sentencien.

L'acampada de la Plaça d'Espanya va començar després de la concentració celebrada a la plaça de Cort sota el lema “Ni una Maricarmen més”, en solidaritat amb la mobilització sorgida a Madrid després del desnonament de Maricarmen Abascal. Des de llavors, els participants han organitzat assemblees i torns per mantenir el campament i han anunciat la seva intenció de prolongar-lo.

La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció dels lloguers, una major protecció davant els desnonaments, la regulació dels lloguers temporals i d'habitacions i la declaració de Balears com a zona de mercat residencial tensionat. La mobilització es manté mentre el preu de l'habitatge continua sotmetent les llars de Palma a una forta pressió.

La acampada por la vivienda de la Plaça d'Espanya de Palma se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre el movimiento social y el Ayuntamiento. El alcalde, Jaime Martínez (PP), ha incorporado ahora un nuevo argumento a su ofensiva: las quejas sobre supuestos comportamientos machistas formuladas dentro del propio campamento. Tanto los integrantes de la la Acampada per l'Habitatge como el colectivo Flama han acusado al primer edil de “instrumentalizar el feminismo” y de utilizar estas situaciones -que ya habían abordado internamente-, para justificar políticamente el desalojo de las tiendas instaladas en protesta por la emergencia habitacional.

Lo ponen de manifiesto en un comunicado conjunto difundido este martes en respuesta a la nota que, momentos antes, había emitido el Consistorio palmesano. En ella, la corporación municipal, gobernada por los populares con el apoyo de Vox, reclama a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada. Para ello, el Ayuntamiento se apropia de “las graves denuncias hechas públicas por el colectivo Flama” y advierte también de la presencia de menores de edad en este espacio.

“Se trata de denuncias que, por su gravedad, hacen todavía más necesario que la Delegación del Gobierno deje de mirar hacia otro lado, asuma sus responsabilidades y actúe de forma inmediata ante una situación que requiere una respuesta por parte de la Administración competente”, subraya el comunicado.

El Ayuntamiento alude a una nota difundida por Flama en su perfil de Instagram, en la que la organización anunciaba su retirada de la organización de la acampada tras un proceso interno de “debate y reflexión” en el que, según explica el colectivo feminista, detectó “comportamientos y actitudes sexistas, así como situaciones de acoso sexual” incompatibles con los principios de cuidado y transformación social que defiende. El colectivo señalaba además su responsabilidad ante la presencia de militantes menores de edad y asegura que su protección, integridad y seguridad son una “prioridad absoluta”.

La salida, sin embargo, no supone un alejamiento de la lucha por el derecho a la vivienda ni de los objetivos de la protesta. No en vano, Flama aclaraba en la misma nota que reivindica las acampadas y la desobediencia civil pacífica como herramientas “legítimas e imprescindibles” para combatir la especulación y defender el derecho a la vivienda, y deja claro que su crítica no se dirige al movimiento social ni a sus reivindicaciones. El colectivo aseveraba así que abandona su participación orgánica en la acampada, pero no la lucha por una vivienda digna.

Tras el comunicado del Consistorio, Flama y la Acampada recriminan que el alcalde utilice estas situaciones para reforzar una decisión de desalojo que, recuerdan, el Ayuntamiento ya había reclamado antes de conocer los hechos. “El Ayuntamiento ya pedía el desalojo antes de conocer estos hechos; ahora pretende utilizarlos para reforzar una decisión política que ya había tomado”, sostienen.

Los colectivos marcan así una diferencia entre los comportamientos concretos que puedan producirse en el campamento y la existencia de la protesta como tal. Su argumento es que la denuncia de actitudes machistas dentro de la acampada no equivale a reclamar su desaparición. Para reforzarlo, lanzan una comparación directa con el Consistorio: “Si la existencia de comportamientos machistas fuese motivo suficiente para desalojar un espacio entero, quizás el alcalde y sus socios deberían plantearse desalojar el Ayuntamiento”.

En esta línea, rechazan que las situaciones denunciadas dentro del campamento puedan utilizarse como argumento para deslegitimar el conjunto de la movilización. “Denunciar comportamientos machistas no es denunciar la existencia de la acampada. Señalar problemas puntuales dentro de un espacio colectivo no es pedir su disolución”, señalan. Flama y la Acampada per l'Habitatge aseguran que no han ocultado estos episodios, sino que los han abordado internamente. Tal como explican, han escuchado a las afectadas, han tomado medidas, han apartado del espacio a personas que generaban inseguridad y han puesto en marcha mecanismos de “prevención, atención y reparación”.

“Al alcalde le pedimos algo muy sencillo: que deje de instrumentalizar el feminismo para justificar su agenda política y que empiece a escuchar”, concluyen Flama y la Acampada per l'Habitatge. “La vivienda es un derecho. La acampada sigue”, sentencian.

La acampada de la plaza de España comenzó después de la concentración celebrada en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, los participantes han organizado asambleas y turnos para mantener el campamento y han anunciado su intención de prolongarlo.

La protesta reclama, entre otras medidas, una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado. La movilización se mantiene mientras el precio de la vivienda continúa sometiendo a una fuerte presión a los hogares de Palma.

La crisi de l'habitatge ha tornat a trobar-se aquest dimarts amb un mur polític al Parlament. PP i Vox han rebutjat declarar Balears zona de mercat residencial tensionat, una de les principals reivindicacions de l'oposició i dels col·lectius que fa dies que estan mobilitzats als carrers. Mentre dins de la Cambra s'escenificava el rebuig a utilitzar una de les eines previstes en la llei estatal per contenir els lloguers, fora, al voltant de 200 persones es concentraven per reclamar un canvi de rumb en les polítiques d'habitatge en una Comunitat la pressió immobiliària de la qual està expulsant els seus residents.

El debat arriba després d'una setmana en la qual l'habitatge ha ocupat els carrers de Palma. L'acampada instal·lada des de finals de setembre a la plaça d'Espanya continua com a punt d'organització de noves mobilitzacions. El passat dissabte, milers de persones van recórrer la ciutat en una manifestació convocada sota el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policia Nacional va xifrar l'assistència en unes 3.000 persones i els organitzadors la van elevar a 10.000. Aquest dimarts, a més, Pilar, dona desnonada per un fons voltor, ha irromput en el ple.

A les illes, mentre el moviment per l'habitatge reclama intervenir sobre un mercat que considera desbocat, el Govern de Marga Prohens manté la seva aposta per liberalitzar sòl i utilitzar incentius fiscals i rebutja fer ús d'eines que, des de la declaració de zones tensionades i la limitació dels lloguers fins a la regulació de la compra d'immobles per part de no residents, permetrien limitar aquests marges i frenar l'escalada de preus que està expulsant nombrosos residents i amuntegant-ne d'altres en infrahabitatges i caravanes.

Prèviament al debat, Prohens ja havia avançat que votaria en contra de la proposta socialista, asseverant, en línia del discurs habitual del PP, que el control de lloguers provocaria una retirada d'habitatges del mercat i un encariment dels pisos disponibles, com en el cas, ha asseverat, de Catalunya. La Generalitat aplica des del març de 2024 la contenció de rendes i actualment arriba a 271 municipis, on resideix al voltant del 90% de la població. El disparat creixement dels lloguers de temporada com a forma d'evitar les limitacions de preu va portar el Parlament català a aprovar al desembre la seva subjecció al límit de la resta de lloguers residencials.

Seguidament, la presidenta balear ha citat les mesures que el Govern ha posat en marxa en matèria d'habitatge com la creació dels habitatges a preu limitat, la possibilitat d'incrementar la densitat en immobles, la posada en marxa dels projectes residencials estratègics o l'establiment del requisit de diversos anys de residència mínima a Balears.

L'habitatge, “més inassolible” que mai

Els al·legats de la líder conservadora s'han topat, tanmateix, amb la resposta del portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, qui li ha recriminat que els resultats de les seves mesures “no s'han vist” i que l'habitatge és “més inassequible que mai” a l'arxipèlag. L'ecosobiranista ha exigit a Prohens que “deixi d'enganyar” la gent dient que la declaració de les zones tensionades afectaria els petits propietaris, atès que, segons ha puntualitzat, el control de preus podria influir en un 10 % dels propietaris que tenen sis o més habitatges. Tot seguit, ha reclamat a la presidenta que “superi la seva ideologia” per “donar resposta als problemes de la gent”.

Per la seva banda, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encarregat de defensar la proposta, ha asseverat que la seva iniciativa no pretén copiar el model català, sinó permetre que els ajuntaments puguin exercir competències per limitar els preus allà on existeixi una situació especialment greu. Ha posat com a exemple Galícia, governada pel PP, i ha retret als populars que presentin com a fracassades unes mesures que, segons ha assenyalat, també s'apliquen en comunitats governades pel seu propi partit. Al seu parer, el debat no hauria de ser partidista, sinó permetre que municipis com Inca o d'altres puguin adoptar mesures davant l'encariment de l'habitatge.

El portaveu socialista ha centrat després la seva intervenció en l'increment dels lloguers, que, ha criticat, haurien passat d'una mitjana de 800 a 1.400 euros, una pujada que està colpejant especialment treballadors i pensionistes quan acaben els seus contractes i han d'assumir noves rendes. Negueruela ha acusat el PP de negar-se a limitar els preus i de situar-se del costat dels fons d'inversió i dels fons voltor, i ha vinculat directament l'encariment dels lloguers amb el risc de desnonament. “Si es posessin límits al lloguer no hi hauria tants desnonaments”, ha sostingut, reclamant al Govern que prioritzi les persones afectades davant els interessos dels grans propietaris.

En aquesta línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusat el Govern d'haver convertit l'habitatge en el principal problema de les Balears i de no haver-lo resolt després de tres anys de legislatura, sinó tot el contrari. L'ecosobiranista ha recriminat que, mentre l'Executiu i l'oposició s'encallen en retrets partidistes, els lloguers han augmentat un 30% i el preu de compra un 40%, d'acord amb les dades que ha esgrimit durant la seva intervenció. Ha contraposat aquestes xifres a la situació de milers de persones que destinen pràcticament tot el seu sou al lloguer, es veuen obligades a compartir habitatge o a continuar vivint amb els seus pares.

Posen “la catifa roja als fons voltor”

Apesteguia ha carregat, així mateix, contra les ajudes de 10.000 euros per a la compra d'habitatge impulsades per l'Executiu “mentre posen la catifa roja als fons voltor” i els preus continuen allunyant-se de la capacitat adquisitiva de la població. Davant d'aquest model, ha apel·lat a la intervenció d'un mercat que ha qualificat de “desbocat” i a l'adopció de mesures extraordinàries davant una situació que considera d'emergència social.

El text defensat pel PSIB-PSOE plantejava modificar la Llei d'Habitatge balear de 2018 per establir de manera expressa qui pot iniciar la declaració d'una zona de mercat residencial tensionat i com s'ha de tramitar. La proposta emplaçava que la iniciativa partís del Govern, a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), o dels ajuntaments. En el cas de les sol·licituds municipals, l'Executiu autonòmic havia de comprovar la documentació i, si aquesta és íntegra i suficient, declarar la zona tensionada. El text també preveia que els consells insulars prestin assistència tècnica als municipis que manquin de mitjans per elaborar els estudis necessaris.

En aquest sentit, la declaració prevista en la Llei estatal d'Habitatge permet activar mesures específiques sobre el mercat del lloguer en territoris en els quals existeixi un risc especial d'oferta insuficient i dificultats per accedir a un habitatge a preus assequibles. La mateixa proposició socialista recorda que la norma vincula aquestes situacions a un esforç residencial superior al 30% dels ingressos de la llar.

L'abril de 2025, PP i Vox ja van votar en contra d'instar el Govern a declarar els municipis de Balears com a zones tensionades i de considerar grans tenidors a qui posseís cinc o més habitatges. Aquella iniciativa incloïa també altres mesures com l'expropiació temporal d'habitatges buits, l'adquisició per part de l'Ibavi d'habitatges i sòl de la Sareb o la reserva del 50% de les noves promocions per a habitatge protegit. Un mes abans, al març, ambdós partits van impedir que prosperés la presa en consideració d'una proposició de llei del PSIB-PSOE destinada, precisament, a obrir la via per declarar zones tensionades i limitar els lloguers.

I la posició del Govern s'ha mantingut des de llavors. El desembre de 2025, quan es va plantejar la renovació de milers de contractes de lloguer, l'Executiu va optar per preparar incentius fiscals per als propietaris en lloc de declarar les Balears zona tensionada.

Tampoc no ha prosperat al Parlament la regulació de la compra d'habitatges per part de no residents. El febrer de 2026 PP i Vox van rebutjar limitar temporalment l'adquisició d'habitatge per no residents i grans tenidors en municipis tensionats i també van rebutjar elevar la fiscalitat sobre les operacions immobiliàries de luxe i les compres de multipropietaris.

La crisis de la vivienda ha vuelto a encontrarse este martes con un muro político en el Parlament balear. PP y Vox han rechazado declarar Balears zona de mercado residencial tensionado, una de las principales reivindicaciones de la oposición y de los colectivos que llevan días movilizados en las calles. Mientras dentro de la Cámara se escenificaba el rechazo a utilizar una de las herramientas previstas en la ley estatal para contener los alquileres, fuera, unas 100 personas se concentraban para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en una Comunidad cuya presión inmobiliaria está expulsando a sus residentes.

El debate llega después de una semana en la que la vivienda ha ocupado las calles de Palma. La acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa como punto de organización de nuevas movilizaciones. El pasado sábado, miles de personas recorrieron la ciudad en una manifestación convocada bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas y los organizadores la elevaron a 10.000.

En las islas, mientras el movimiento por la vivienda reclama intervenir sobre un mercado que considera desbocado, el Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por liberalizar suelo y utilizar incentivos fiscales y rechaza hacer uso de herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Previamente al debate, Prohens ya había avanzado que votaría en contra de la propuesta socialista, aseverando, en línea del discurso habitual del PP, que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, como en el caso, ha aseverado, de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas y actualmente alcanza a 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población. El disparado crecimiento de los alquileres de temporada como forma de evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.

Seguidamente, la presidenta balear ha citado las medidas que el Govern ha puesto en marcha en materia de vivienda como la creación de las vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos o el establecimiento del requisito de varios años de residencia mínima en Balears.

La vivienda, “más inasequible” que nunca

Los alegatos de la líder conservadora se han topado, sin embargo, con la respuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha recriminado que los resultados de sus medidas “no se han visto” y que la vivienda es “más inasequible que nunca” en el archipiélago. El ecosoberanista ha exigido a Prohens que “deje de engañar” a la gente con que la declaración de las zonas tensionadas afectarían a los pequeños propietarios, dado que, según ha puntualizado, el control de precios podría influir a un 10 % de los propietarios que tienen seis o más viviendas. Acto seguido, ha reclamado a la presidenta que “supere su ideología” para “dar respuesta los problemas de la gente”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha aseverado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

El portavoz socialista ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que está golpeando especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Negueruela ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. “Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios”, ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Balears y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura, sino todo lo contrario. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, de acuerdo a los datos que ha esgrimido durante su intervención. Ha contrapuesto estas cifras a la situación de miles de personas que destinan prácticamente todo su sueldo al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda o a seguir viviendo con sus padres incluso bien entrada la treintena o la cuarentena.

Ayudas de 10.000 euros mientras ponen “la alfombra roja a los fondos buitre”

Apesteguia ha cargado, asimismo, contra las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda impulsadas por el Ejecutivo “mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre” y los precios continúan alejándose de la capacidad adquisitiva de la población. Frente a este modelo, ha apelado a la intervención de un mercado que ha calificado de “desbocado” y la adopción de medidas extraordinarias ante una situación que considera de emergencia social.

El texto defendido por el PSIB-PSOE planteaba modificar la Ley de Vivienda balear de 2018 para establecer de forma expresa quién puede iniciar la declaración de una zona de mercado residencial tensionado y cómo debe tramitarse. La propuesta emplazaba a que la iniciativa partiese del Govern, a través del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), o de los ayuntamientos. En el caso de las solicitudes municipales, el Ejecutivo autonómico debía comprobar la documentación y, si esta es íntegra y suficiente, declarar la zona tensionada. El texto también preveía que los consells insulares presten asistencia técnica a los municipios que carezcan de medios para elaborar los estudios necesarios.

En este sentido, la declaración prevista en la Ley estatal de Vivienda permite activar medidas específicas sobre el mercado del alquiler en territorios en los que exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles. La propia proposición socialista recuerda que la norma vincula estas situaciones a un esfuerzo residencial superior al 30% de los ingresos del hogar.

En abril de 2025, PP y Vox ya votaron en contra de instar al Govern a declarar los municipios de Balears como zonas tensionadas y de considerar grandes tenedores a quienes posean cinco o más viviendas. Aquella iniciativa incluía también otras medidas como la expropiación temporal de viviendas vacías, la adquisición por parte del Ibavi de viviendas y suelo de la Sareb o la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Un mes antes, en marzo, ambos partidos impidieron que prosperara la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB-PSOE destinada, precisamente, a abrir la vía para declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres.

La posición del Govern se ha mantenido desde entonces. En diciembre de 2025, cuando se planteó la renovación de miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo optó por preparar incentivos fiscales para los propietarios en lugar de declarar Balears zona tensionada.

Tampoco ha prosperado en el Parlament la regulación de la compra de viviendas por parte de no residentes. En febrero de 2026 PP y Vox rechazaron limitar temporalmente la adquisición de vivienda por no residentes y grandes tenedores en municipios tensionados y también rechazaron elevar la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias de lujo y las compras de multipropietarios.

Más recientemente, el PP introdujo en su ley ómnibus una medida que permite a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler.

El debat sobre l'habitatge ha baixat aquest dimarts de la tribuna del Parlament a la bancada del públic. Mentre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), i el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, es creuaven acusacions entorn dels desnonaments i el paper dels fons voltor, entre el públic es trobava Pilar López, una dona de 65 anys desnonada de l'habitatge en el qual residia des de 2012 i que aquest estiu va haver de dormir durant dos mesos al seu cotxe, el cas del qual va explicar elDiario.es.

“Vostè va dir que els fons voltor no influeixen a Balears, però m'agradaria que mirés a l'esquerra i l'hi digués a Pilar”, li ha etzibat Negueruela a Prohens durant el debat. “Va estar 40 anys treballant en hostaleria perquè ara vostè li digui que el seu desnonament no té res a veure amb els fons voltor, encara que no ha mogut un dit. No té empatia amb ella i tria els fons voltor, s'asseu amb ells i pacta amb ells. Però mai s'asseurà amb les seves víctimes”, ha afegit.

Prohens ha respost que “els desnonaments són lamentables”, però ha desplaçat la responsabilitat cap a l'Executiu central. “Es produeixen perquè les seves lleis així ho permeten”, ha afirmat. La presidenta ha acusat a més el PSIB d'utilitzar el terme “fons voltor” perquè “queda molt bé” i d'“instrumentalitzar el dolor de qualsevol persona”.

El moment de major tensió s'ha produït després de l'intercanvi parlamentari. Prohens s'ha acostat a la zona del públic i ha abraçat a López. L'escena ha provocat una revolada en el saló de plens, amb un diputat socialista tractant d'acompanyar la dona fora, mentre des de la bancada del PP se li recriminava la seva actitud. López ha acabat abandonant el saló entre llàgrimes, acompanyada per integrants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poc després ha tornat al Parlament per atendre els mitjans al costat de la portaveu de la plataforma, Àngela Pons.

“Això no va d'idees polítiques”, ha explicat López en referir-se a la seva trobada amb Prohens. “Jo no estic sent utilitzada. Tinc 65 anys, treballo des dels 14. Soc una mare soltera tirant endavant una filla que té 33 anys i tampoc no té oportunitat de tenir un habitatge”, ha assenyalat. La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. “Els que ens hem currat i cotitzat aquest país no som res”, ha lamentat.

Dos mesos vivint al carrer

La dona ha qüestionat a més que les polítiques d'habitatge del Govern se centrin fonamentalment en la població jove i deixin fora persones grans que també pateixen les conseqüències de la crisi residencial. López ha explicat que depèn econòmicament de la seva filla, però que ambdues no poden conviure. La seva filla paga actualment 1.250 euros per un apartament en el qual, segons ha relatat, no pot viure amb ella per les condicions establertes en el contracte.

La situació es va agreujar després del desnonament. López assegura que va passar “dos mesos al carrer” perquè l'Ajuntament no podia assumir el cost d'una habitació en un hostal i va acabar dormint al seu cotxe durant juliol i agost, en plena onada de calor. “Jo no he estat assistida pels serveis socials ni hi ha hagut preocupació de les administracions”, ha denunciat.

El cas de López s'ha convertit aquestes setmanes en un dels rostres de l'emergència habitacional a Palma. Després de perdre l'habitatge en el qual portava més d'una dècada residint, va relatar, en declaracions recents als mitjans a l'Ajuntament de Palma, que havia passat de treballar durant dècades en el sector de l'hostaleria a no tenir un lloc on viure.

Aquest dimarts ha reclamat als responsables polítics que surtin de les institucions per comprovar la dimensió de la crisi. “Que vagin als carrers”, ha demanat, perquè Palma “no són només iots i urbanitzacions”. També hi ha, ha denunciat, “gent treballadora vivint sota lones”. “No són ganduls, són gent treballadora i són espanyols. Treballadors de l'hostaleria, taxistes, que necessiten un habitatge assequible”, ha reivindicat.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portaveu de la PAH Mallorca, Àngela Pons, ha aprofitat la presència de López al Parlament per reclamar als grups que donin suport a la proposició de llei presentada pel PSIB per permetre que els ajuntaments puguin declarar zones tensionades i aplicar els mecanismes de regulació del lloguer previstos en la legislació estatal.

El Govern de Prohens s'ha oposat fins ara a declarar Balears zona tensionada, una de les principals reivindicacions de les organitzacions socials i dels partits de l'esquerra per contenir l'increment dels lloguers.

El xoc d'aquest dimarts es produeix, a més, en plena escalada dels preus de l'habitatge a les Illes i després que PP i Vox hagin rebutjat precisament la declaració de Balears com a zona tensionada. La discussió sobre els mecanismes per intervenir el mercat immobiliari ha tornat així a enfrontar el Govern i l'oposició, però aquesta vegada amb una dona afectada directament per un desnonament com a protagonista involuntària de la disputa.

Al final de la sessió, López ha resumit la seva reclamació amb una frase que pretén situar el debat més enllà de l'enfrontament partidista: “Necessitem una ideologia en la qual càpiga tothom i no només uns quants”.

El debate sobre la vivienda ha bajado este martes de la tribuna del Parlament a la bancada del público. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se cruzaban acusaciones en torno a los desahucios y el papel de los fondos buitre, entre el público se encontraba Pilar López, una mujer de 65 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 2012 y que este verano tuvo que dormir durante dos meses en su coche, cuyo caso contó elDiario.es.

“Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Balears, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar”, le ha espetado Negueruela a Prohens durante el debate. “Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas”, ha añadido.

Prohens ha respondido que “los desahucios son lamentables”, pero ha desplazado la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. “Se producen porque sus leyes así lo permiten”, ha afirmado. La presidenta ha acusado además al PSIB de utilizar el término “fondos buitre” porque “queda muy bien” y de “instrumentalizar el dolor de cualquier persona”.

El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López. La escena ha provocado un revuelo en el salón de plenos, con un diputado socialista tratando de acompañar fuera a la mujer, mientras desde la bancada del PP se le recriminaba su actitud. López ha terminado abandonando el salón entre lágrimas, acompañada por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poco después ha regresado al Parlament para atender a los medios junto a la portavoz de la plataforma, Ángela Pons.

“Esto no va de ideas políticas”, ha explicado López al referirse a su encuentro con Prohens. “Yo no estoy siendo utilizada. Tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda”, ha señalado. La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. “Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada”, ha lamentado.

Dos meses viviendo en la calle

La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. López ha explicado que depende económicamente de su hija, pero que ambas no pueden convivir. Su hija paga actualmente 1.250 euros por un apartamento en el que, según ha relatado, no puede vivir con ella por las condiciones establecidas en el contrato.

La situación se agravó después del desahucio. López asegura que pasó “dos meses en la calle” porque el Ayuntamiento no podía asumir el coste de una habitación en un hostal y terminó durmiendo en su coche durante julio y agosto, en plena ola de calor. “Yo no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones”, ha denunciado.

El caso de López se ha convertido estas semanas en uno de los rostros de la emergencia habitacional en Palma. Después de perder la vivienda en la que llevaba más de una década residiendo, relató, en declaraciones recientes a los medios en el Ayuntamiento de Palma, que había pasado de trabajar durante décadas en el sector de la hostelería a no tener un lugar donde vivir.

Este martes ha reclamado a los responsables políticos que salgan de las instituciones para comprobar la dimensión de la crisis. “Que se pateen las calles”, ha pedido, porque Palma “no son solo yates y urbanizaciones”. También hay, ha denunciado, “gente trabajadora viviendo debajo de lonas”. “No son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible”, ha reivindicado.

La PAH reclama declarar Palma zona tensionada

La portavoz de la PAH Mallorca, Ángela Pons, ha aprovechado la presencia de López en el Parlament para reclamar a los grupos que respalden la proposición de ley presentada por el PSIB para permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas y aplicar los mecanismos de regulación del alquiler previstos en la legislación estatal.

El Govern de Prohens se ha opuesto hasta ahora a declarar Balears zona tensionada, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los partidos de la izquierda para contener el incremento de los alquileres.

El choque de este martes se produce, además, en plena escalada de los precios de la vivienda en las Islas y después de que PP y Vox hayan rechazado precisamente la declaración de Balears como zona tensionada. La discusión sobre los mecanismos para intervenir el mercado inmobiliario ha vuelto así a enfrentar al Govern y a la oposición, pero esta vez con una mujer afectada directamente por un desahucio como protagonista involuntaria de la disputa.

Al término de la sesión, López ha resumido su reclamación con una frase que pretende situar el debate más allá del enfrentamiento partidista: “Necesitamos una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos”.

El acceso a la vivienda es un problema global que se extiende por todas las grandes ciudades del planeta, disparando los precios de compra y alquiler. Se señalan a los fondos de inversión, a la vivienda turística, a la falta de suelo y de obra pública, a los compradores extranjeros y no residentes, al teletrabajo, al estancamiento de los salarios, a la fiscalidad, y un largo etcétera que indica la complejidad de abordarlo de manera integral.

Una presión que también llega a territorios que parecen estar al margen y que transciende lo urbano, hasta asfixiar cualquier política de reto demográfico en el ámbito rural, donde además de los problemas urbanos, se añaden el deterioro por abandono, los problemas de titularidad o las denominadas herencias proindiviso. Una realidad que convive con casi cuatro millones de viviendas vacías, muchas de las cuales se concentran en zonas rurales de Galicia y Castilla yLeón. Hay localidades como la conquense Huete con casi la mitad de las viviendas censadas vacías, aunque las que podemos encontrar en los portales inmobiliarios están desacopladas de los salarios locales, por decirlo de una manera suave, acercándose a los precios urbanos.

Un medio rural, que está siendo usado y consumido por las ciudades, como segunda residencia o desarrollando un enorme parque de vivienda turística, como escribe Manuel Delgado en su reciente 'Todas las ciudades están poseídas', el paisaje también forma parte de la promoción urbanística, integrándose en el mercado de especulación global, lo que tensiona y modifica el tejido social de los pueblos.

Lo rural se urbaniza, absorbiendo dinámicas, estéticas y modos de consumo urbano. Como ha descrito Marc Badal, cada vez se percibe con mayor nitidez que la trama social y económica, aunque la escenografía visual sea la misma, ha cambiado radicalmente y las actividades agrarias han dejado de ser el eje central para convertirse en territorio que la ciudad usa y consume durante los fines de semana o las vacaciones.

El proceso es el mismo que Delgado define para las ciudades. Se declara “territorio con encanto”, se diseña una marca, se levanta un centro de interpretación y se programa un festival. Y en un tiempo fugaz, los nuevos residentes disparan los precios de la vivienda en estos mercados restringidos. Algo que si en la ciudad aleja a los habitantes de estas zonas hacia otros espacios periféricos, en los pueblos tiene un resultado aún más dramático si cabe.

Estudios como los realizados por geógrafos y sociólogos del territorio ponen de manifiesto que la revitalización de los espacios rurales no depende únicamente de la dinamización económica o social, sino de superar la barreras estructurales en el acceso a la vivienda en el medio rural que requiere desarrollar herramientas específicas. El Plan Estatal de Vivienda para los cuatro próximos años, prevé ayudas para promociones públicas en zonas rurales de hasta ochenta y cinco mil euros, una medida que a estas alturas de legislatura, parece llegar demasiado tarde y que no acaban de solucionar la imposibilidad de que los municipios más pequeños puedan articular bolsas públicas de vivienda o regular las viviendas turísticas.

Unos territorios que también sufrieron en décadas anteriores el denominado 'efecto Guggenheim', epidemia aún no superada, en la creencia de que el edificio, por sí solo, produce desarrollo. Es habitual encontrar estos santuarios a la arquitectura milagrosa en forma de grandes museos, centros de visitantes o auditorios sin programación, sin colección significativa y que no habla el idioma local, sino el de la población que vive en la gran ciudad más próxima. El paisaje y la vida local convertidas sin reflexión estratégica en mercancías convierten al vecino en una suerte de figurante que certifica la autenticidad del lugar.

Si Delgado, habla de la distinción entre polis y urbs, entre el lugar pensado por técnicos y el lugar practicado, en el medio rural el abismo entre ambos conceptos se hace aún más profundo. Mientras que el espacio rural es planificado externamente como un decorado para el turismo, la vida vivida circula por otros derroteros. El derecho 'al pueblo', en analogía con el 'derecho a la ciudad' de Lefebvre, se debe traducir en el derecho a decidir localmente, frente al consumo como escenografía hueca. El derecho a no encajar en la postal. El derecho a no ser población 'chic'. El derecho a vivir en el pueblo. Derecho sobre el que debe basarse toda política frente al reto demográfico.

La manifestación de este sábado en València en defensa del derecho a la vivienda ha hecho un llamamiento a unirse a la huelga general de noviembre y ha acabado con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía cuando al final del recorrido un grupo de personas ha intentado acceder a un congreso inmobiliario.

Convocada por el Sindicato de Inquilinas, el Sindicat d'Habitatge, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la coordinadora Entrebarris de València, la protesta ha partido de la Porta de la Mar para expresar también la “rabia” por el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, y ha finalizado ante el Palau de Les Arts, que acoge un congreso de inversión inmobiliaria.

Una vez allí, un grupo de personas ha roto el cordón policial que custodiaba el acceso al edificio tras derribar las vallas y lanzarlas junto a otros objetos contra los agentes -9 de ellos han resultado heridos, según han informado fuentes policiales-, que a su vez han lanzado pelotas de goma y botes de humo y han cargado contra algunos manifestantes.

El grupo que ha conseguido llegar hasta la terraza del primer piso del Palau de Les Arts ha sido desalojado, tras lo que se ha iniciado una sentada en la rotonda de acceso al edificio, que finalmente se ha dispersado al grito de 'Sol aguanta, València se levanta'.

Previamente, miles de personas -6.000 según la Delegación del Gobierno y más de 50.000 según los convocantes-, entre ellas muchos jóvenes, se habían sumado este sábado soleado a una marcha reivindicativa que llevaba por lema 'Por el derecho a la vivienda. Fuera especuladores y rentistas'.

Los manifestantes han levantado y han hecho sonar llaves, han gritado consignas como 'No a la especulación', “Ni gente sin casa, ni casas sin gente', 'Los inversores son los invasores' o 'Ningún desahucio sin respuesta', y han mostrado pancartas con frases como 'Acabemos con el negocio de la vivienda' o 'Vivienda universal, gratuita y de calidad'.

Huelga en noviembre

Antes del inicio, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Andrea Aleixos, ha llamado a crear comités de huelga y hacer asambleas en todos los centros de trabajo y educativos con el fin de que “la gente se organice” para la huelga general, después de que no se hayan aprobado unos decretos “de mínimos”, y ha asegurado: “Hay muchísima rabia en la calle”.

 José Luis González Meseguer, portavoz de la PAH, ha explicado que “de momento” no tienen previsto llevar a cabo acciones como una acampada por la vivienda, pues han centrado sus fuerzas en la manifestación de hoy, tras la que “se abrirá una nueva dinámica”, y ha destacado que ya no quieren “migajas” y van a por “el pan” con “una lucha unida y contundente”.

Iker Gallego, portavoz de Entrebarris, ha indicado que han querido “manifestar la rabia” por la situación de la vivienda y por el “congreso de especulación inmobiliaria” que acoge València, y ha defendido que hay que “intentar parar esta dinámica” y conseguir que la vivienda sea “un derecho de primera necesidad y no un negocio”, para lo que van a “seguir luchando” y a estar “muy activos”.

 Júlia Sendra, portavoz del Sindicat de l'Habitatge de València ha afirmado que el Congreso de los Diputados votó ayer “a favor del rentismo y la especulación” y se “atacó de forma muy grave” los derechos de la clase trabajadora, y ha indicado que no van a “dejar las calles” en sus reclamaciones e irán a la huelga general si se convoca en noviembre.

Les primeres pluges de la tardor han tornat a deixar a sa Pedruscada una imatge que els veïns coneixen massa bé: problemes amb les clavegueres, abocaments i arena arrossegada cap a les platges. En aquest racó de Capdepera, on des de fa anys es lliura una batalla contra la construcció de 57 habitatges repartits en 15 blocs, 17 piscines i 95 places d'aparcament, el calendari afegeix ara una nova data al conflicte. Les obres de dotació de serveis avancen i el següent pas serà la llicència que permeti aixecar els edificis. Però els tribunals encara s'han de pronunciar sobre la reparcel·lació dels terrenys.

L'associació Salvem sa Pedruscada ha presentat aquesta setmana una nova demanda contra la revisió d'ofici de l'expedient i reclama a l'Ajuntament de Capdepera que no concedeixi noves llicències mentre romanguin oberts els procediments judicials sobre l'actuació. En una carta oberta dirigida a l'alcaldessa, Núria Garcia, el col·lectiu demana “responsabilitat i prudència” abans d'autoritzar la construcció de la urbanització.

La transformació urbanística d'aquesta parcel·la situada devora la mar fa anys que enfronta part del veïnat amb l'Ajuntament i la promotora. El projecte va arribar a plantejar la construcció de 72 habitatges i blocs de fins a quatre altures, cosa que va despertar les protestes de veïns i ecologistes, que denunciaven que l'actuació canviaria per complet la fisonomia de sa Pedruscada i reclamaven una revisió del planejament.

El 2024, l'Ajuntament va suspendre durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes a la zona, en el marc de la revisió de les condicions urbanístiques. El projecte va acabar reduint les altures fins a planta baixa més un pis. Per als veïns, aquesta mesura no resol el problema de fons: l'associació considera que s'està produint una transformació urbanística de gran intensitat en una zona que, segons denuncia, encara presenta importants mancances de serveis municipals.

Els veïns recriminen, a més, que la parcel·la es troba en una zona identificada com a inundable en el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Balears i adverteixen que el projecte no hauria tingut prou en compte el seu impacte climàtic: la pèrdua de vegetació autòctona, l'augment de les superfícies construïdes i del trànsit i el denominat efecte d'illa de calor, a més de la transformació del paisatge de sa Pedruscada.

La reparcel·lació, als tribunals

El febrer del 2025, el Consistori va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 11 (UA-11) de sa Pedruscada, que cinc mesos abans havia presentat la promotora del projecte, Residencial Vista Alegre SA, una empresa constituïda el 1985 i controlada al 100% des del 2011 per Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, la societat que articula TM Grupo Inmobiliario. És en aquesta zona on preveu desenvolupar el projecte residencial.

L'expedient reorganitza les finques incloses en l'àmbit i estableix les condicions per executar la urbanització i la dotació de serveis necessàries per al desenvolupament residencial. La finca resultant que correspon a la promotora queda, a més, vinculada a l'execució de les obres de dotació de serveis.

L'acord municipal, tanmateix, va ser recorregut davant els tribunals per Salvem sa Pedruscada i l'entitat ecologista GOB després que el Consistori desestimés les seves al·legacions. Les entitats sostenen que l'actuació suposa en realitat una transformació urbanística que no estaria avalada per l'instrument de planejament que consideren necessari i denuncien l'absència d'una avaluació ambiental, d'una memòria de sostenibilitat econòmica i d'un informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

El conflicte es va ampliar el juliol del 2025, quan el GOB va fer pública una anàlisi dels expedients municipals en què qüestionava com s'havia posat en marxa l'operació. Segons la seva investigació, l'Ajuntament de Capdepera havia aprovat el 6 de setembre del 2022 la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte redactat el 2013 per l'arquitecte Mateu Carrió, que no havia arribat a executar-se. Tanmateix, una setmana després, Residencial Vista Alegre va presentar un altre projecte, diferent de l'anterior i molt més concret, que és el que posteriorment s'ha tramitat per desenvolupar la urbanització. Aquesta proposta incloïa ja un projecte de reparcel·lació i de dotació de serveis i contemplava inicialment fins a 78 habitatges.

Per als ecologistes, la qüestió rellevant és que la delimitació de la unitat es va aprovar prenent com a referència un projecte que no era el que finalment es pretenia executar. L'organització sosté, a més, que el nou projecte de Vista Alegre no va ser esmentat en els primers acords municipals ni en les comunicacions trameses a altres administracions. Així mateix, qüestiona la competència de l'òrgan municipal que va aprovar inicialment la delimitació i la posterior convalidació de l'acord.

Les excavadores arriben a sa Pedruscada

Malgrat les crítiques i la judicialització del procés, el passat mes de febrer les excavadores van entrar a la parcel·la per iniciar els treballs de dotació de serveis, cosa que va revifar les protestes veïnals. L'Ajuntament va explicar que es tractava de les obres de dotació i que els habitatges no podien començar fins que aquestes estiguessin acabades, llevat que se sol·licitàs una execució simultània. Així mateix, el Consistori va defensar que es guia pel criteri dels seus serveis jurídics i que no pot paralitzar l'actuació mentre aquesta es trobi dins la legalitat administrativa. Una vegada acabada la dotació de serveis, haurà de decidir sobre la llicència d'edificació, segons va informar en el seu moment IB3.

Aquest mateix mes, l'alcaldessa, en una entrevista amb Cap Vermell, va manifestar que l'única via possible per aturar el projecte seria la compra o l'expropiació del terreny, una operació que, va assenyalar, suposaria una despesa mínima d'entre vint i vint-i-cinc milions d'euros.

Ara el conflicte ha entrat en una nova fase. Salvem recorda que està pendent de sentència el procediment que va interposar contra l'expedient de reparcel·lació i anuncia que aquesta setmana ha presentat, a més, una segona demanda contra la revisió d'ofici. El litigi es produeix mentre les actuacions sobre el terreny han continuat endavant.

La falta d'aigua, un dels arguments

En la seva nova carta, la plataforma torna a situar al centre del debat dos documents que considera essencials per a una transformació urbanística d'aquestes característiques: l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica i l'informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics. L'associació sosté que ambdós documents són imprescindibles i que la seva absència podria determinar la nul·litat de l'actuació. El col·lectiu cita el criteri del seu advocat, especialista en urbanisme, tot i que reconeix que seran els tribunals els que hauran de determinar finalment si les irregularitats denunciades tenen conseqüències sobre la validesa del projecte.

La qüestió dels recursos hídrics ja formava part de les al·legacions presentades contra la reparcel·lació. El GOB va denunciar el 2025 l'absència d'un informe sobre la suficiència de recursos hídrics, a més d'una memòria de viabilitat econòmica i una avaluació ambiental. L'Ajuntament, per la seva banda, ha defensat que la reparcel·lació permetrà executar infraestructures relacionades amb els recursos hídrics que també beneficiaran l'entorn i que l'actuació inclou la cessió d'un 5% del solar municipal.

La por a construir i haver de desfer

La principal preocupació dels veïns rau en què passaria si comencen les obres i posteriorment els tribunals estimen els recursos. L'associació considera que permetre que el projecte avanci mentre estan pendents les resolucions judicials podria generar un problema econòmic per a les arques municipals si posteriorment els tribunals anul·lassin l'actuació. Per això reclama esperar abans d'adoptar una decisió que considera potencialment irreversible.

El col·lectiu arriba a plantejar que, si l'Ajuntament utilitza un informe jurídic extern per concedir la llicència, haurien de quedar clarament delimitades les responsabilitats professionals en cas que posteriorment la promotora reclamàs una indemnització. Salvem sa Pedruscada demana que l'Ajuntament quedi protegit davant una eventual reclamació econòmica.

La qüestió és especialment rellevant per als veïns, ja que la dotació de serveis constitueix el pas previ a la llicència d'edificació. El Consistori ja va explicar, a més, que les obres d'urbanització s'havien de completar abans que poguessin començar els habitatges.

“Capdepera necessita solucions, no més problemes”, recriminen els veïns en la seva carta. Salvem esmenta els problemes de sanejament que tornen a fer-se visibles amb les pluges per reclamar a l'Ajuntament una planificació urbanística que, al seu parer, hauria de resoldre primer les mancances existents abans d'incorporar noves pressions sobre el territori.

L'associació reclama, a més, que Capdepera impulsi una planificació urbanística i una ordenança de patrimoni verd que permetin afrontar el creixement del municipi a llarg termini. “Abans de transformar Capdepera per sempre”, sosté el col·lectiu, l'Ajuntament hauria d'assegurar-se que l'actuació millora la vida dels qui ja hi viuen i protegeix l'interès general.

Mentrestant, el projecte segueix avançant administrativament i la Justícia encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la seva tramitació.

Las primeras lluvias del otoño han vuelto a dejar en sa Pedruscada una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: problemas con las alcantarillas, vertidos y arena arrastrada hacia las playas. En este rincón de Capdepera, donde desde hace años se libra una batalla contra la construcción de 57 viviendas repartidas en 15 bloques, 17 piscinas y 95 plazas de aparcamiento, el calendario añade ahora una nueva fecha al conflicto. Las obras de dotación de servicios avanzan y el siguiente paso será la licencia que permita levantar los edificios. Pero los tribunales todavía tienen que pronunciarse sobre la reparcelación de los terrenos.

La asociación Salvem Sa Pedruscada ha presentado esta semana una nueva demanda contra la revisión de oficio del expediente y reclama al Ayuntamiento de Capdepera que no conceda nuevas licencias mientras permanecen abiertos los procedimientos judiciales sobre la actuación. En una carta abierta dirigida a la alcaldesa, Núria Garcia, el colectivo pide “responsabilidad y prudencia” antes de autorizar la construcción de la urbanización.

La transformación urbanística de esta parcela situada junto al mar lleva años enfrentando a parte del vecindario con el Ayuntamiento y la promotora. El proyecto llegó a plantear la edificación de 72 viviendas y bloques de hasta cuatro alturas, lo que encendió las protestas de vecinos y ecologistas, preocupados por el impacto que tendría sobre un paisaje que consideran uno de los últimos reductos del litoral tradicional de Capdepera.

Después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un año las licencias para edificios de más de dos plantas mientras revisaba las condiciones urbanísticas de la zona, la propuesta acabó reduciendo las alturas a planta baja más un piso. Para Salvem Sa Pedruscada, sin embargo, el cambio no resuelve la cuestión de fondo. La asociación sostiene que se pretende impulsar una transformación urbanística de gran intensidad en un entorno que todavía arrastra importantes carencias de servicios municipales. También alerta del impacto ambiental, paisajístico y social de la actuación y considera que la urbanización puede suponer una alteración irreversible de la imagen y el carácter mediterráneo de sa Pedruscada.

Los vecinos recriminan, además, que la parcela se encuentra en una zona identificada como inundable en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Balears y advierten de que el proyecto no habría tenido suficientemente en cuenta su impacto climático: la pérdida de vegetación autóctona, el aumento de las superficies construidas y del tráfico y el denominado efecto de isla de calor, además de la transformación del paisaje de sa Pedruscada.

Una reparcelación recurrida ante los tribunales

El último capítulo de esta batalla urbanística comenzó en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 11 (UA-11) de sa Pedruscada. La propuesta había sido presentada cinco meses antes por Residencial Vista Alegre SA, la promotora que prevé desarrollar la actuación. La empresa, constituida en 1985, está controlada por Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, sociedad que articula TM Grupo Inmobiliario. Es en esa zona donde prevé desarrollar la construcción. El expediente reorganiza las fincas incluidas en el ámbito y establece las condiciones para ejecutar la urbanización y la dotación de servicios necesarias para el desarrollo residencial. La finca resultante que corresponde a la promotora queda además vinculada a la ejecución de las obras de dotación de servicios.

El acuerdo municipal fue recurrido ante los tribunales por Salvem Sa Pedruscada y la entidad ecologista GOB después de que el Consistorio desestimara sus alegaciones. Las entidades sostienen que la actuación supone en realidad una transformación urbanística que no estaría respaldada por el instrumento de planeamiento que consideran necesario y denuncian la ausencia de evaluación ambiental, de una memoria de sostenibilidad económica y de un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos.

El conflicto se amplió en julio de 2025, cuando el GOB hizo público un análisis de los expedientes municipales en el que cuestionaba cómo se había puesto en marcha la operación. Según sus investigaciones, el Ayuntamiento de Capdepera había aprobado el 6 de septiembre de 2022 la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto redactado en 2013 por el arquitecto Mateu Carrió, que no había llegado a ejecutarse. Sin embargo, una semana después, Residencial Vista Alegre presentó otro proyecto, distinto del anterior y mucho más concreto, que es el que posteriormente se ha tramitado para desarrollar la urbanización. Esta propuesta incluía ya un proyecto de reparcelación y de dotación de servicios y contemplaba inicialmente hasta 78 viviendas.

Para los ecologistas, la cuestión relevante es que la delimitación de la unidad se aprobó tomando como referencia un proyecto que no era el que finalmente se pretendía ejecutar. La organización sostiene además que el nuevo proyecto de Vista Alegre no fue mencionado en los primeros acuerdos municipales ni en las comunicaciones remitidas a otras administraciones. Asimismo, cuestiona la competencia del órgano municipal que aprobó inicialmente la delimitación y la posterior convalidación del acuerdo.

Las excavadoras llegan a Sa Pedruscada

Pese a las críticas y a la judicialización del proceso, el pasado mes de febrero las excavadoras entraron en la parcela para iniciar los trabajos de dotación de servicios, reavivando las protestas vecinales. El Ayuntamiento explicó que se trataba de las obras de dotación y que las viviendas no podían comenzar hasta que estas estuvieran terminadas, salvo que se solicitara una ejecución simultánea. Asimismo, el Consistorio defendió que se guía por el criterio de sus servicios jurídicos y que no puede paralizar la actuación mientras esta se encuentre dentro de la legalidad administrativa. Una vez terminada la dotación de servicios, deberá decidir sobre la licencia de edificación, informó en su momento IB3.

Ese mismo mes, la alcaldesa, en una entrevista con Cap Vermell, manifestó que la única vía posible sería la compra o la expropiación del terreno, una operación que, señaló, supondría un gasto mínimo de veinte o veinticinco millones de euros.

Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase. Salvem recuerda que está pendiente de sentencia el procedimiento que interpuso contra el expediente de reparcelación y anuncia que esta semana ha presentado además una segunda demanda contra la revisión de oficio. El litigio se produce mientras las actuaciones sobre el terreno han seguido adelante.

La falta de agua, uno de los argumentos

En su nueva carta, la plataforma vuelve a colocar en el centro del debate dos documentos que considera esenciales para una transformación urbanística de estas características: el informe o memoria de sostenibilidad económica y el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos. La asociación sostiene que ambos documentos son imprescindibles y que su ausencia podría determinar la nulidad de la actuación. El colectivo cita el criterio de su abogado, especialista en urbanismo, aunque reconoce que serán los tribunales quienes deberán determinar finalmente si las irregularidades denunciadas tienen consecuencias sobre la validez del proyecto.

La cuestión de los recursos hídricos ya formaba parte de las alegaciones presentadas contra la reparcelación. El GOB denunció en 2025 la ausencia de un informe sobre la suficiencia de recursos hídricos, además de una memoria de viabilidad económica y una evaluación ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la reparcelación permitirá ejecutar infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos que también beneficiarán al entorno y que la actuación incluye la cesión de un 5% del solar municipal.

El temor a construir y tener que deshacer

La principal preocupación de los vecinos reside en qué ocurriría si comienzan las obras y posteriormente los tribunales estiman los recursos. La asociación considera que permitir que el proyecto avance mientras están pendientes las resoluciones judiciales podría generar un problema económico para las arcas municipales si posteriormente los tribunales anulan la actuación. Por eso reclama esperar antes de adoptar una decisión que considera potencialmente irreversible.

El colectivo llega a plantear que, si el Ayuntamiento utiliza un informe jurídico externo para conceder la licencia, deberían quedar claramente delimitadas las responsabilidades profesionales en caso de que posteriormente la promotora reclamara una indemnización. Salvem Sa Pedruscada pide que el Ayuntamiento quede protegido frente a una eventual reclamación económica. La cuestión es especialmente relevante para los vecinos ya que la dotación de servicios constituye el paso previo a la licencia de edificación. El Consistorio ya explicó, además, que las obras de urbanización debían completarse antes de que pudieran comenzar las viviendas.

“Capdepera necesita soluciones, no más problemas”, recriminan los vecinos en su carta. Salvem menciona los problemas de saneamiento que vuelven a hacerse visibles con las lluvias para reclamar al Ayuntamiento una planificación urbanística que, a su juicio, debería resolver primero las carencias existentes antes de incorporar nuevas presiones sobre el territorio. La asociación reclama además que Capdepera impulse una planificación urbanística y una ordenanza de patrimonio verde que permitan afrontar el crecimiento del municipio a largo plazo. “Antes de transformar Capdepera para siempre”, sostiene el colectivo, el Ayuntamiento debería asegurarse de que la actuación mejora la vida de quienes ya viven allí y protege el interés general.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando administrativamente y la Justicia tiene todavía que resolver los recursos planteados contra su tramitación.

Todos los partidos tendrán que retratarse con su voto mañana viernes en el Congreso y demostrar si sus palabras son solo trampantojos con los que llenar titulares o si, verdaderamente, están dispuestos a empezar a resolver lo que durante demasiado tiempo no estuvo entre las prioridades de su agenda. Pero el PP ya ha anticipado su no rotundo porque no quiere apoyar a un gobierno “tramposo” (sic). Pero Feijóo ha dicho una verdad como un templo. Como no acostumbra a ello, la frase es susceptible de esculpirse en mármol: “Nadie va a resolver el problema de la vivienda en cinco minutos”. El líder de la oposición ha descubierto que la solución de los problemas lleva tiempo y que ocuparse de lo que más preocupa a los ciudadanos no es cuestión de reloj, sino de voluntad política. 

A quienes llevan media vida pagando hipoteca o años haciendo números para saber si pueden alquilar un piso casi se les caen las lágrimas con el alarde de sinceridad de quien habita en una sede pagada con dinero negro y es, además, el jefe de filas de quien ha sacado de la caja común de los madrileños 6,3 millones de euros para comprarse un ático. Mañana dirá que los pisos no crecen de los árboles o que los intereses hipotecarios no corren por cuenta de los directivos de los bancos y lo hará con la misma pompa y ceremonia. 

Pero la frase con la que el líder del PP solemniza lo obvio con cara de estadista tiene trampa porque lo mismo sirve para el Gobierno de España que para las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos. Gobiernos autonómicos y locales son en definitiva los competentes en la gestión del suelo, el urbanismo, las licencias, la vivienda protegida. Y los populares llevan años, décadas en algunos casos, gobernando en un puñado de ellos, lo que significa que los cinco minutos de Feijóo llevan corriendo desde antes de que muchos de los que hoy no pueden emanciparse tuvieran edad siquiera para ser escolarizados. 

La derecha tuvo tiempo para todo: para inaugurar rotondas, para anunciar soterramientos, para privatizar servicios públicos, para construir hospitales sin médicos y sin enfermos, para liberalizar suelo y para recalificar terrenos, pero siempre le faltaron cinco minutos para ocuparse de la vivienda que, cuando gobierna el contrario, es una emergencia nacional y un escándalo y cuando lo hacen los propios es un asunto complejo que requiere tiempo. Dato: los gobiernos de Aznar y Rajoy nunca tuvieron un Ministerio de Vivienda.

A esa gente de 30 años que planifica su emancipación con la misma fe con que otros compran la lotería del Niño o que trabaja a jornada completa por un sueldo mileurista y comparte piso con desconocidos, el hombre que aspira a gobernar España les pide paciencia porque lo de los precios del alquiler no se resuelve en cinco minutos, ni en cinco años, ni en más de cinco lustros, que son unos cuantos menos de los que lleva el PP en gobiernos regionales como el de Madrid. 

En realidad lo único que pretendía Feijóo con sus palabras sobre los 5 minutos era desdeñar las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez para la protección a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Algo que para que salga adelante requiere de que Junts y Podemos salven sus diferencias. 

El gobierno ha decidido acelerar los tiempos y llevar la convalidación del decreto mañana mismo al Congreso para forzar el respaldo de los socios porque cree que, a pocos meses de las elecciones, no podrán asumir el desgaste social de ser los responsables de que los decretos decaigan. Lo que Feijóo, por su parte, teme es que Sánchez pueda anotarse un tanto con quienes, como Maricarmen, sufren la crisis de la vivienda y padecen a diario las consecuencias de una especulación salvaje. Y que los hechos y la hemeroteca, “pinten la cara” a un PP para el que el problema de la vivienda no ha merecido una sola iniciativa de cuantas ha presentado en el Parlamento en lo que va de Legislatura.

Por el contrario, desde que Pedro Sánchez recuperó en 2023 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas para intervenir el mercado de la vivienda que han sido sistemáticamente bloqueadas por los distintos grupos parlamentarios. Las medidas impulsadas que no salieron adelante pretendían abordar el problema en tres direcciones: el fraude en el alquiler de temporada, la fiscalidad frente a la especulación y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. 

A continuación, algunas de las más relevantes:

Alquiler de temporada

Diciembre 2023. Se creó un grupo de trabajo para consensuar una regulación que acabara con el fraude del alquiler de temporada Participaban expertos y representantes tanto de la patronal como de los sindicatos de clase, y también entidades sociales como el Sindicato de Inquilinas. En junio de 2024, tras varias reuniones y encuentros, varios grupos (Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG) se descolgaron y registraron una iniciativa no acordada de la mano del Sindicato de Inquilinas.

Septiembre 2024. La propuesta del Sindicato de Inquilinas decayó por los votos en contra de Junts.

Octubre de 2024. Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG presentaron una nueva iniciativa para regular el alquiler de temporada, y esta vez Junts permitieron su tramitación, pero tanto ellos como PNV pidieron cambios para aprobar el texto.

Noviembre 2025. Todos los partidos de la mayoría de investidura menos Junts acordaron en ponencia un texto para regular el alquiler de temporada.

Enero de 2026. El presidente del Gobierno anunció que elevaría el mencionado acuerdo a un Real Decreto Ley para que entrase en vigor cuanto antes, y acompañarlo de medidas fiscales para conseguir el voto de PNV y Junts. Los grupos a la izquierda del PSOE se opusieron a esta propuesta e incluso pidieron la dimisión de la ministra de vivienda.

Abril de 2026. Tras el rechazo de la Cámara a las prórrogas de los alquileres, la ministra de Vivienda anunció la apertura de una ronda de contactos para aprobar un decreto amplio y transversal que vaya más allá de temporada y medidas fiscales.

Julio de 2026. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana circuló un borrador de RDL acordado en el seno del Gobierno para aprobarlo a lo largo del mes. Los grupos se mantuvieron en sus máximos y, ante la falta de acuerdo, se pospuso la aprobación a septiembre.

Medidas fiscales contra la especulación

Enero de 2025. El presidente del Gobierno anunció 12 medidas en materia de vivienda entre las cuales figuraban la elevación del IVA a los pisos turísticos y un impuesto del 100% para las compras de extracomunitarios no residentes. Ante la falta de apoyo de PNV y Junts, estas medidas se quedaron en el cajón.

Mayo de 2025. El grupo parlamentario socialista, a instancias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, registró una proposición de Ley para favorecer el alquiler asequible con medidas que perseguían la limitación de los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes. La iniciativa incluía una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son y la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, para evitar la compra especulativa. Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, se propuso modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarían de tributar el 15% al 25%, salvo que se tratara de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. Asimismo, se planteó un aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler y la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

Vivienda asequible

Diciembre 2024. El Ministerio incorporó en el decreto ómnibus de final de año medidas para adscribir de forma automática el patrimonio procedente de la Administración General del Estado a CASA 47 (entonces aún Sepes). Junts rechazó ese decreto y obligó a la Entidad Estatal de Vivienda a adscribir los lotes de vivienda uno a uno, con mucha más tramitación, lo que ralentiza su puesta a disposición de la ciudadanía. 

Reforma de la Ley del Suelo: El Gobierno presentó un proyecto de reforma de la ley con el objetivo de dotar de estabilidad y seguridad jurídica el planeamiento territorial y urbanístico de España, así como para simplificar y agilizar los procesos. Pero, en mayo de 2024, el rechazo del PP, Sumar, Podemos, Junts y ERC provocó la retirada de la reforma antes de iniciar su debate en el pleno. En febrero de 2025, el Congreso volvió a rechazar la modificación de la norma con los votos en contra del PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos.

Prórrogas de los alquileres. El Gobierno impulsó a finales de marzo pasado un decreto de urgencia que establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que vencieran hasta diciembre de 2027, poniendo un tope del 2% a la actualización de las rentas. Un mes después, a finales de abril, las derechas tumbaron en el Congreso la prórroga de los alquileres, que implicaba también el fin del tope del 2% a la subida de las rentas.  

Moratoria antidesahucios. El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2025 un Real Decreto que incluyó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 (venía aplicándose desde 2020) la moratoria de desahucios y lanzamientos extraordinarios para colectivos vulnerables, incluyendo compensaciones a propietarios afectados. PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la prórroga. El Gobierno presentó un mes después un nuevo decreto con modificaciones que también fue rechazado en el Congreso.  

Así que sí por fin Feijóo dice una verdad: nadie resolverá el problema de la vivienda en cinco minutos. Pero conviene recordar quién lo dice, en qué momento y cuál ha sido la posición de su partido para evitar que las soluciones propuestas por otros fueran imposibles de articular. Esto, además de que sus gobiernos autonómicos no hayan planteado alternativas al elevado precio del alquiler o la compra ni en cinco minutos, ni en diez, ni en quince, ni en varias legislaturas. Ni para frenar la especulación, ni para construir vivienda social, ni para liberar suelo, ni para ejercer el derecho preferente de compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler.

P.D. El PP votará hoy también en contra de los decretos aprobados por el Gobierno. No había duda, de hecho, al respecto.

La empresa de Desocupación García Seguridad Integral, junto al dueño de la propiedad, ha encerrado a varias personas en el interior de la Fábrica de Sombreros de Sevilla durante, al menos, una hora, a raíz de un conflicto con una persona, M., que acudía al espacio. El recinto industrial, frente de los corralones de Castellar, ha sido escenario este miércoles de un nuevo episodio de tensión entre los usuarios y la propiedad, como ha venido ocurriendo en los últimos meses a causa del interés de una promotora en comprar tanto los corralones como la Fábrica, inmueble protegido, para construir nuevos edificios de uso turístico y residencial.

Los sucesos comenzaron alrededor de la 13.30 horas cuando M., antigua inquilina de los corralones de Castellar que fue desalojada de uno de los locales que alquilaba, visitaba a una compañera que mantiene su taller en la Fábrica de Sombreros, según ha podido saber este medio hablando con la afectada y con las personas que se congregaron rápidamente a las puertas del edificio para apoyar a los compañeros que se quedaron en el interior. “Identificaron mi bicicleta y fue entonces que vinieron para acá para sacarme de aquí también”.

Fue entonces cuando la libre circulación de esta persona se vio amenazada. En representación de la propiedad, Garajes Santa Inés S.A., se personó uno de los dueños, Miguel, junto a un miembro de la empresa de desokupación y cerraron los portones de la puerta “para impedir que entrara la gente”. A escasos metros, se encontraba la acampada en las Setas con motivo del decreto Maricarmen contra la especulación urbanística, por lo que el llamamiento corrió como la pólvora en escasos minutos. Así, a las puertas del edificio, había varias personas, dueños de los locales que denunciaban lo que había ocurrido y que habían podido salir con minutos de diferencia, y medios de comunicación.

“Debo dar un preaviso”

Alrededor de una hora después, sobre las 14.22 horas, dos agentes de la Policía Nacional se personaron en la calle Heliotropo. Una de los agentes pidió que se dejara de grabar y que actuaría solo cuando las cámaras se apagaran, sin embargo, un joven respondió que “era un espacio público”. Inmediatamente, le pidieron que se identificara aunque no hubiera cometido ningún delito ni existiera indicios de que lo fuera a cometer, contrario a lo que dicta la Ley de Seguridad Ciudadana. Una vez identificada, procedieron a entrar en la Fábrica y mediaron en el conflicto.

Minutos más tarde, y con el refuerzo de otros dos policías nacionales, finalmente se abrió el portón y M. explicó que se había llegado a un acuerdo con la propiedad: “Debo dar un preaviso cada vez que vaya a venir”.

En el interior del edificio conviven alrededor de unos 30 artesanos con talleres de fotografía, joyería, danza y pintura, entre otros. Una de las afectadas que se encontraban por fuera del inmueble aseveró que desde febrero del año pasado se ha requisado la llave a los inquilinos de los espacios. “Cuando entré aquí, el portón estaba abierto 24 horas y los usuarios tenían la llave, pero por las lluvias decidieron remodelar una fachada, para lo que se cerró la calle Heliotropo. Pero no se hizo nada. Cuando reabrieron la calle, pusieron a una persona a abrir y cerrar la Fábrica”, critica.

La construcción de un hotel y viviendas

V., la afectada, que fue desalojada hace meses del corralón de Castellar, ha vivido esta presión en una jornada en la que iba a participar en un taller de danza, aseguró, tras haberse reconocido su bicicleta en las inmediaciones. Un nuevo episodio en los alrededores de los corralones que se suma a los enfrentamientos que se han vivido este verano con varios momentos violentos, como el allanamiento de morada de Estefi, la inquilina del espacio industrial, agresiones, o las continuas amenazas recibidas. Todo ello, bajo la vigilancia a la que está sometida por parte de la empresa de Desocupación García Seguridad Integral, que tiene un trabajador sentado en su portal.

Así, se acumulan los signos de tensión que vive en centro histórico. El motivo, publicado por este medio, es que hay un acuerdo para la compra por 12 millones de euros de los solares por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que proyecta un hotel de cuatro estrellas con 90 habitaciones y 29 viviendas libres. El acuerdo expiraba en junio de este año en función de la aprobación del Plan de Reforma Interior de los terrenos, que debe aprobar la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, pero fuentes próximas aseguran que el promotor “está dispuesto a esperar”.

En el proyecto presentado al Consistorio hispalense por la constructora, se adelante que en la Fábrica de Sombreros no se han desarrollado las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, pero sería “impulsado contemporáneamente por este mismo promotor” para llevar a cabo una remodelación.