El preu de l'habitatge a Balears continua desbocat. Al març, el cost mitjà -tant d'obra nova com de segona mà- es va disparar un 20,3% interanual, molt per sobre de la mitjana estatal (+14,7%), segons les últimes dades publicades per Tinsa.

L'arxipèlag es consolida així com un dels territoris on més s'encareix l'accés a l'habitatge en un context de forta pressió del mercat i escassetat d'oferta. En termes mensuals, els preus també continuen a l'alça: al març van pujar un 1% respecte al febrer, en línia amb Canàries, dos mercats tradicionalment influïts per la demanda estrangera.

A nivell estatal, l'increment va ser fins i tot lleugerament superior, amb una pujada de l'1,1% mensual, accelerant-se respecte al 0,8% registrat el mes anterior. Aquest repunt es produeix en un escenari marcat per l'augment de la inflació, vinculat en part a la inestabilitat internacional i la guerra a Orient Mitjà.

En el conjunt d'Espanya, el preu de l'habitatge acumula un increment del 14,7% en l'últim any, situant-se 11,1 punts per sobre de la inflació, cosa que evidencia una creixent desconnexió entre el mercat immobiliari i l'evolució dels salaris i el cost de la vida.

A Balears, la combinació de la pressió turística, l'expansió del lloguer de temporada, l'escassetat d'habitatge públic i el pes de la inversió estrangera continua reduint l'oferta disponible per a residents, cosa que està expulsant progressivament la població local del mercat, dificultant tant l'accés a la compra com al lloguer i agreujant la bretxa entre els qui poden assumir els preus i els qui queden fora.

El precio de la vivienda en Balears continúa desbocado. En marzo, el coste medio -tanto de obra nueva como de segunda mano- se disparó un 20,3% interanual, muy por encima de la media estatal (+14,7%), según los últimos datos publicados por Tinsa.

El archipiélago se consolida así como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. En términos mensuales, los precios también continúan al alza: en marzo subieron un 1% respecto a febrero, en línea con Canarias, dos mercados tradicionalmente influidos por la demanda extranjera.

A nivel estatal, el incremento fue incluso ligeramente superior, con una subida del 1,1% mensual, acelerándose respecto al 0,8% registrado el mes anterior. Este repunte se produce en un escenario marcado por el aumento de la inflación, vinculado en parte a la inestabilidad internacional y la guerra en Oriente Medio.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda acumula un incremento del 14,7% en el último año, situándose 11,1 puntos por encima de la inflación, lo que evidencia una creciente desconexión entre el mercado inmobiliario y la evolución de los salarios y el coste de la vida.

En Balears, la combinación de la presión turística, la expansión del alquiler vacacional, la escasez de vivienda pública y el peso de la inversión extranjera continúa reduciendo la oferta disponible para residentes, lo que está expulsando progresivamente a población local del mercado, dificultando tanto el acceso a la compra como al alquiler y agravando la brecha entre quienes pueden asumir los precios y quienes quedan fuera.

Rita Maestre volvía el pasado enero a la primera línea política después de su baja por maternidad con un potente lema: “Te están robando Madrid”. El papel de los fondos buitre en el encarecimiento de la vivienda, la merma de los servicios públicos o la desaparición de la identidad de los barrios protagonizaban una campaña que abordaba asimismo el papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en dichas problemáticas. Ahora, su formación política retoma su consigna y la precampaña electoral para desmontar uno de los principales argumentarios de la derecha y la ultraderecha.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital arremete contra la teoría del gran reemplazo. “Un mito que alienta la extrema derecha y la derecha, discípulas de Trump y los suyos, para que culpabilicemos a nuestros vecinos y vecinas migrantes de ese malestar urbano”, expone Maestre. 

Pero estas publicaciones no se limitan a cuestionar la consigna, sino que desde la formación la reapropian para apuntar en otra dirección: “Abre los ojos y mira hacia arriba. Las personas que te están robando Madrid no van contigo en el Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú. Te roba Madrid quien te sube el alquiler, engorda las listas de espera de la sanidad pública a costa de tu salud y quien permite que todo esto pase mientras te dice que tienes que odiar al inmigrante”.

Los vídeos que el partido ha publicado en redes se acercan a la ciudad a través de una especie de mirilla que comienza apuntando a puntos cotidianos de la capital: un paso de cebra, un bazar, un kiosco, el campo de fútbol de un polideportivo municipal o un parque. Luego la redirigen a espacios menos accesibles para el conjunto de la población, lugares que parecen completar el paisaje urbano como si nada, pero que son auténtico centros de poder. Las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, las Torres de Colón o las sedes de algunas inmobiliarias son algunos ejemplos.

Maestre recopila algunos de los lugares comunes del discurso reaccionario: “Hay demasiados chinos”, “hay demasiados marroquís”, “hay demasiados ecuatorianos”. “Seguro que en los últimos meses has oído a alguien cercano hablar así. Alguien que nunca esperarías”, señala la concejala. Luego se pregunta de dónde proceden estas proclamas: “¿Quizá lo oyó en un programa de televisión? ¿O tal vez fueron los bulos de un canal de Telegram sobre Torre Pacheco?”.

“Demasiados suele ser el camino fácil de la ultraderecha”, avisa Maestre. “Es horar de abrir los ojos y mirar hacia arriba. Quien te roba Madrid está tan alto que casi no lo ves. Son personas que no van contigo en Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú y nunca vivirán en un barrio saturado de Airbnbns. Son ellos, desde bien arriba, los que te están robando Madrid mientras te dicen que odies al inmigrante”.

La edil concluye su intervención arremetiendo contra la teoría del gran reemplazo y su empleo por parte de políticos como Santiago Abascal o Carlos Hernández Quero: “La próxima vez que lo oigas hazte la pregunta de quiénes son en realidad demasiados”.

Imagine que una casa que compró hace 50 años, y de la que aún posee las escrituras, se revendió a otra empresa sin que nadie se percatara. Y que este nuevo dueño, a su vez, decidió traspasarla a un tercero que ahora la reclama. Suponga que, después de medio siglo figurando en los pagos a la comunidad, facturas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) e incluso acometiendo reformas en el piso, las dudas sobre su propiedad terminan llevándole a los tribunales en un caso tan surrealista como burocrático en su origen: el antiguo propietario, la misma empresa que se lo había vendido en los setenta, aún aparecía en el Registro de la Propiedad. Hace siete años entró en proceso de liquidación y se deshizo de todos los inmuebles a su nombre. Entre ellos, algunos ya comprados.

El 27 de septiembre de 1972, los suegros de Mario —nombre ficticio— compraron su casa en el barrio del Pilar por 288.200 pesetas a la sociedad limitada Jose Banús. Por esa década, José Banús Masdeu era un conocido promotor inmobiliario catalán y uno de los nombres detrás de varios desarrollos urbanísticos durante el franquismo: creó las famosas colmenas en La Concepción e incluso el Valle de los Caídos. Se le asignó la construcción de numerosas viviendas sociales para absorber la gran demanda entre las clases populares, en pleno éxodo rural a Madrid. Pero la empresa, constituida en los años 50 del siglo pasado, comenzó a disolverse y en 2019 inició una liquidación masiva de activos donde también entraron varias propiedades que ellos mismos habían vendido hacía décadas, pero que en ciertas áreas aún seguían a su nombre.

“Nadie nos avisó de esto. Hasta que el último comprador no vino a casa y habló con nosotros no supimos qué ocurría”, relata Mario, marido y yerno de las dos mujeres que figuran en el catastro como propietarias de la casa. Su suegra ronda los 80 años y aún vive en el piso, donde creció su hija y en el que compartió una vida junto a su marido, que era electricista. Cuando este murió, hace unos años, desde la gestoría advirtieron de alguna rareza en el testamento por la inscripción de esta vivienda, pero lo dejaron estar. Con el tiempo, una visita inesperada lo cambió todo.

“La persona que había comprado la casa llamó a la puerta y lo recibió mi suegra. Ella le dio mi teléfono y entonces nos llamó: había comprado unas casas en la zona y no sabía exactamente cuáles eran, así que fue a echar un vistazo. Pero efectivamente, era ese domicilio”, indica Mario, siempre según su relato de los hechos. Entonces, compartieron con este tercer individuo las escrituras de la casa y fotos de sus nombres en la referencia catastral. Solo faltaba una cosa, a la que se aferraron los compradores: el inmueble nunca se inscribió a su nombre.

Un paquete de 68 inmuebles por 551.000 euros

En total, Jose Banús SL cedió ante notario en Estepona (Málaga) un paquete de 68 inmuebles, que fueron transferidas a otra empresa de promoción inmobiliaria llamada Beocho Arkitecture S.L. En la escritura de aquella venta, firmada el 3 de octubre de 2019 y a la que ha tenido acceso este periódico, el propio notario explica que Banús no aportó una copia autorizada de los títulos de adquisición de las fincas durante el proceso de venta ni tampoco las referencias catastrales, pero acabó vendiendo todos estos inmuebles (la mitad de ellos en el barrio del Pilar) por apenas 551.000 euros en total, tal y como consta en el escrito notarial.

La inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad no es obligatoria en España, aunque sí permite tener más garantías frente a terceros. Así que Mario y su familia, que lograron acceder al listado de propiedades vendidas en el lote, comenzaron a visitar puerta por puerta los domicilios enumerados para ver si había otros en su situación. Solo en El Pilar localizaron a otras cuatro personas con casos idénticos al de su suegra, casas que habían comprado hace medio siglo, no inscribieron y ahora pasan a terceros, y empezaron conjuntamente a examinar sus opciones.

Primero presentaron una denuncia civil y, luego, pasaron a la vía penal a través de una querella. El caso de Mario llegará a juicio en septiembre, pero sus abogados confían en que la jurisprudencia permita zanjar el asunto antes de personarse en los tribunales. Otros afectados ya han recibido solicitudes de lanzamiento (es decir, de desahucio) para desalojar sus casas y abrir paso a nuevos dueños, pero la defensa apunta a que esta segunda venta no se hizo de buena fe y era obligación de la SL “cerciorarse de que la vivienda seguía siendo de su propiedad antes de liquidarla”.

Una empresa debe cerciorarse de que el inmueble aún es de su propiedad si va a venderlo, aunque el nuevo dueño no la haya registrado

Pablo Godot — Abogado defensor especializado en Derecho Civil y Mercantil

Es lo que sentencia Pablo Godot, abogado especializado en Derecho Civil y Mercantil y director del despacho que lleva el caso de esta vecina. Godot afirma que existen vínculos entre ambas compañías implicadas en la transacción, Jose Banús SL y Beocho Arkitecture SL, aunque atribuye solo a la primera de ellas la responsabilidad de lo ocurrido en base a la información disponible hasta el momento. El pasado 25 de noviembre, cuando presentaron ante el juzgado la primera demanda por lo civil, lograron unas cautelares para frenar nuevos intercambios de propiedades hasta que se resolviera el conflicto, pero su cliente recibió después una demanda de desahucio en precario.

Esta figura legal permite intervenir ágilmente sobre un inmueble para que el dueño pueda recuperar su propiedad si en su interior vive alguien sin contrato o que no paga la renta. Suele utilizarse en casos de okupación o usurpación del hogar. “No se va a un [procedimiento por lo] precario si hay no solo una, sino dos personas acreditadas como propietarias”, estima Godot, refiriéndose a la esposa del titular fallecido y su hija, que pasó a registrar su nombre al morir el padre.

Supuestas “coacciones” a inquilinos para abandonar el piso

En algunos casos, los afectados de otras viviendas revendidas por Jose Banús SL se han hecho eco de supuestas “coacciones” a los inquilinos con quienes mantienen un contrato de alquiler. Es lo que relata José Carlos, otro titular extrarregistral que recibió una de las casas que tenían sus padres cuando se divorciaron. Desde hace cinco años tiene un contrato de arrendamiento con una chica que conoció a través de su anterior inquilina, y a la que asegura que también fueron a visitar personalmente tras la compra para “ofrecerle dinero a cambio de abandonar el piso”.

Esta es una fórmula habitual de negociación en casos en los que un propietario busca finalizar a destiempo un contrato de alquiler, pero al existir este conflicto sobre la propiedad –en su caso, el segundo comprador es la empresa EON Capital–, José Carlos no dudó en presentar una denuncia ordinaria ante la Policía Nacional, que ha podido consultar Somos Madrid. Al igual que Mario, ha contratado a una abogada que examine el caso y asegura haber recopilado escrituras, testimonios de vecinos en el bloque que conocían a su padre o recibos de antiguos pagos asociados al inmueble.

Desde la Asamblea de Vivienda de El Pilar, un colectivo de la zona centrado en los derechos sobre la vivienda, hablan directamente de “estafa” y aúnan fuerzas con los vecinos para llegar al fondo del asunto. “Que una empresa venda dos veces el mismo inmueble es ilegal a todas luces, y no vamos a parar hasta demostrarlo”, zanjan fuentes de la organización ciudadana, que desde que recibió los primeros casos vinculados a José Banús SL se coordina con otro colectivo, la Asociación Vecinal La Flor, para buscar otros afectados y asesorar durante el proceso.

Además de los residentes ya mencionados, este periódico se ha puesto en contacto con otros dos particulares afectados por una segunda venta de esta compañía extinta, que por el momento han preferido no identificar su caso. Tanto las familias consultadas como en el colectivo de vivienda del barrio temen que la operación se haya extendido a más perjudicados, y tratan de identificar a estos posibles damnificados para presionar con actuaciones conjuntas. Una nueva operación inmobiliaria en el convulso mercado madrileño, donde los precios suben cada trimestre mientras los inquilinos e incluso antiguos propietarios ven peligrar sus hogares.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

España es y ha sido un país de propietarios. La falta de un parque público de vivienda en alquiler, el acceso al crédito en los años anteriores a la crisis financiera de 2008 y una cultura extendida de que alquilar es tirar el dinero y que ha vinculado la emancipación y el matrimonio con firmar una hipoteca han favorecido que la mayoría de los españoles quieran ser, y la mayoría lo son, dueños de la casa que habitan. Sin embargo, la especulación feroz de la vivienda ha provocado, por un lado, la entrada masiva de fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario español y el surgimiento de una nueva clase social, el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable, esto es, los que no pueden comprarse una casa. La desigualdad en España está creciendo precisamente a través de la brecha patrimonial: el trabajo o el emprendimiento han perdido fuerza para escalar socialmente, y es mucho más lucrativo y menos esforzado hacerlo a través de la acumulación de viviendas y que sean los inquilinos los que trabajen para el casero. 

La noticia de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya enviado una comunicación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en los supuestos que marca el decreto ley ilustra muy bien este cambio social. Cien mil viviendas en 13 manos. Dirán ustedes que son fondos de inversión e inmobiliarias que representan a miles de inversionistas pero el dato sigue siendo escandaloso, ya que dibuja un panorama desolador de la vivienda, que ya no es un bien social ni un derecho ni la condición necesaria para una vida digna: es mero objeto de especulación.

Echemos la vista atrás. En 2006, España contaba con algo más de 20 millones de bienes inmuebles urbanos; en 2025, hay casi 29 millones. En 2006, el 80,7% de los hogares tenía su vivienda habitual en propiedad, en 2025, esa cifra ha caído hasta el 72%. En 2006, el 67% de los propietarios solo poseía una vivienda; en 2025, esa cifra ha bajado al 53% y, sin embargo, los que tienen de dos a cinco inmuebles han pasado del 31% al 42%, los que poseen de seis a 10 han subido del 1,7% al 4,3% y los que superan la decena llegan hasta el 1,1%, la cifra más alta alcanzada históricamente en España en grandes tenedores de vivienda. Crucen los datos y verán que cada año que pasa hay más viviendas en menos manos, que la clase rentista ha subido como la espuma y que el tercio de la población que no es propietaria son los grandes perdedores de la España especuladora. 

Es evidente que la falta de parque público de vivienda, en propiedad y, sobre todo, en alquiler, es una de las causas de este disparate que vivimos de subida frenética de los precios. La construcción de vivienda protegida se desplomó un 23% en 2025, con Madrid como la comunidad que aglutina el grueso del descenso, seguida por Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León y Baleares. El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos en Alicante a afines a altos cargos al PP es solo una pequeña parte del proceso de privatización de la vivienda pública en algunas comunidades, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, con descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones sin control. 

No se trata de debatir si hay que construir más pero los que abogan por esta única solución milagro olvidan que hay muchos interesados con hacerse con inmuebles españoles, y no precisamente para vivir en ellos. Esa demanda especulativa absorberá buena parte de la vivienda que salga al mercado. Para explicarlo brevemente: es mucho más fácil que adquiera vivienda nueva el que ya tiene cinco que el que no tiene ninguna. Uno de los mantras más estúpidos que cuenta aún con gran predicamento es que el mercado se regula solo. Si la rentabilidad de la vivienda continúa creciendo (y a nadie le interesa que su casa pierda valor) o se mantiene estable, aunque se construya más, los fondos de inversión se seguirán lanzando sobre ella, y a estos se unen la nueva clase que invierte en casas para asegurarse una renta que no tendrían trabajando. Si no se protege la vivienda como bien social esencial y se impide la concentración de la propiedad, habrá una creciente parte de la población que será pobre y precaria aunque tenga trabajo, viviendo con la angustia del inquilino y con una posibilidad muy alta de quedarse sin techo en cualquier momento por la codicia de los rentistas y la falta de intervención de los poderes públicos. 

“Aquesta barriada s’ha tornat infernal”. Antoni, de 79 anys, ho diu sense embuts, recolzat a la vorera d’un carrer on ja gairebé no reconeix ningú. Ha viscut tota la vida a Santa Catalina, antic barri pesquer que ara descriu com a irreconeixible: “Mallorquins en queden pocs ja”. Als voltants, façanes acabades de rehabilitar i aparadors en anglès, alemany... i en suec. En aquesta barriada de Palma, es multipliquen els negocis i les immobiliàries escandinaves que anuncien habitatges amb preus que arriben a les set xifres mentre, a pocs metres, els darrers veïns de tota la vida observen com el barri canvia de mans. L’idioma varia segons la taula. El preu, sempre a l’alça. “Aquí no s’hi pot viure, aquí no s’hi pot dormir”, lamenta Antoni, que assenyala el renou constant, els conflictes nocturns i una sensació d’abandonament que, diu, ningú no ha sabut frenar.

La transformació no és només perceptiva. El preu de l’habitatge a Santa Catalina se situa ja entorn dels 6.200 euros per metre quadrat —fa una dècada, rondava els 2.500—, amb pujades de més del 14 % només en el darrer any, segons Idealista. Pel que fa al lloguer, el més barat que s’ofereix en aquest portal immobiliari ascendeix a 1.100 euros: un pis de 50 metres sense moblar. El gestiona MallorcaByrån Real Estate, una de les nombroses immobiliàries sueques implantades a la zona. I és que aquestes agències actuen com a intermediàries clau en aquest circuit, connectant compradors del nord d’Europa amb un mercat local cada vegada més inaccessible. El resultat, visible al carrer, és un desplaçament progressiu: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen i veïns que se’n van. Antoni és un d’ells: “Estic esperant anar-me’n d’aquí ben aviat, a una altra zona més tranquil·la”.

A pocs metres apareix Tomeu, que ha sentit fragments de la conversa i s’hi afegeix. “És que és un tema que em bull la sang”, justifica. Per a ell, la transformació no és una dada, sinó una pèrdua personal. “Allà els meus padrins tenien una botiga, Casa Paco”, explica, assenyalant una cantonada. En aquell mateix lloc es varen conèixer els seus pares. Avui, però, el local ha canviat de mans i de funció: “Ara és el típic bar de torrades d’alvocat”. El contrast li fa mal. El seu relat dibuixa amb precisió el canvi de model: del comerç de proximitat al consum global. En un local pròxim, recorda, hi havia una papereria on la seva padrina li comprava “cotxets”. Ara és un establiment de vins “de deu euros la copa on no hi entra cap mallorquí”. Al seu voltant, el que queda del barri original és ja residual: “Només queden alguns negocis de sempre, i poca cosa més”.

Només queden alguns comerços dels de sempre. Aquí hi havia una papereria en la qual la meva àvia em comprava cotxets. Ara és un lloc de vins de deu euros la copa on no entra cap mallorquí

Tomeu — Veí de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'petita Suècia')

Aquest “poca cosa més” és el rastre d’un barri que durant dècades va funcionar com una comunitat: un entramat d’habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l’habitatge s’ha convertit en un producte d’inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries el descriuen directament com 'lilla sverige' -'la petita Suècia'-. No és una exageració ni una etiqueta casual. És la conseqüència visible de més d’una dècada d’inversió estrangera —principalment escandinava— que ha alterat no només el preu de l’habitatge, sinó també la composició social i cultural del barri.

Durant dècades, Santa Catalina era un entramat d'habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l'habitatge s'ha convertit en un producte d'inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries ho descriuen com 'la petita Suècia'

El punt d’inflexió se situa després de la crisi de 2008. A partir de 2013, amb la recuperació del mercat, la inversió sueca va trobar a Santa Catalina un enclavament ideal: cèntric, proper a la mar i amb un parc immobiliari antic susceptible de revalorització. El que per a molts era la seva llar, per a altres es va convertir en una oportunitat. Edificis sencers començaren a canviar de mans. El patró es repeteix: compra a preus relativament baixos, rehabilitació integral i posterior venda com a producte de luxe dirigit a compradors internacionals. En paral·lel, els antics residents van desapareixent: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen, obres que s’allarguen durant anys. El desplaçament no sempre és abrupte, però sí constant.

El negoci immobiliari

En aquest procés, les agències immobiliàries exerceixen un paper clau. No només intermedien en la compravenda d’habitatges, sinó que actuen com a pont entre el capital estranger i el mercat local, identificant propietats amb potencial, assessorant inversions i gestionant actius. Un dels pilars d’aquest fenomen ha estat precisament la implantació d’agències escandinaves especialitzades en compradors del nord d’Europa.

Una d’elles és BO Mallorca, fundada per l’empresària Vivian Grunblatt, que reivindica el seu arrelament al barri davant la percepció d’una immobiliària vinculada exclusivament a capital estranger. “He nascut i crescut aquí i he viscut aquí la major part de la meva vida”, subratlla en declaracions a elDiario.es. La seva relació amb Santa Catalina es remunta a més de quatre dècades: “Els meus pares sempre han tengut despatx i després casa a Santa Catalina, així que fa més de 40 anys que estic en aquest barri”. Des de fa dues dècades dirigeix la seva pròpia immobiliària a la zona, cosa que, assegura, li ha permès observar de primera mà la seva transformació.

Pel que fa a l’escalada de preus, Grunblatt rebutja que es pugui explicar únicament per l’arribada de compradors internacionals: “En termes generals, el principal factor darrere la manca d’habitatge a preus assequibles a Palma és l’escassetat d’oferta, especialment d’obra nova. Durant els darrers deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, fet que ha generat una pressió constant sobre els preus”. En el cas de Santa Catalina, afegeix, l’encariment respon també a la seva evolució com a barri: “Avui dia compta amb una oferta gastronòmica, cultural i esportiva molt atractiva, fet que ha incrementat notablement la seva demanda”. Aquest atractiu, sosté, no només ha captat compradors estrangers —principalment suecs i alemanys—, sinó també residents locals amb alt poder adquisitiu. “L’augment de preus no es pot atribuir únicament a la demanda estrangera, sinó a una combinació de factors”, insisteix, en un context en què, a més, els habitatges amb terrassa o vistes a la mar són els que assoleixen els valors més elevats.

En termes generals, el principal factor darrere de la falta d'habitatge a preus assequibles a Palma és l'escassetat d'oferta, especialment d'obra nova. Durant els últims deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, la qual cosa ha generat una pressió constant sobre els preus

Vivian Grunblatt — Propietària de l'agència inmobiliària BO Mallorca Real Estate

Una altra de les empreses que s’han establert a la ‘petita Suècia de Palma’ és Fastighetsbyrån, presentada com la major xarxa immobiliària de Suècia. Des de la seva oficina al carrer Protectora de Palma comercialitza habitatges que arriben a preus de fins a 17,5 milions d’euros. Al capdavant d’aquesta estructura hi ha Mattias Rosenlund, un dels perfils clau en la implantació del negoci immobiliari escandinau a Palma. La seva activitat no es limita a la intermediació: forma part d’una xarxa que acompanya tot el procés d’inversió, des de la recerca de propietats fins a la gestió posterior de l’actiu. La seva figura exemplifica com el capital estranger accedeix de manera directa al mercat residencial local.

A aquesta xarxa s’hi afegeixen altres firmes com Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hem portat el model immobiliari suec a Espanya i l’acompanyarem durant tot el procés fins que gaudeixi del sol, la calor i la seva llar espanyola”, es pot llegir al seu web, on apareixen suggerents recomanacions com “desperti’s amb vistes a la serra i a la mar”. També SkandiaMäklarna, que va obrir oficina a Palma per captar clients escandinaus interessats en zones cèntriques amb alt potencial de revalorització.

Altres mirades: entre la crítica i la resignació

Davant el malestar generalitzat, un altre veí, Raúl, introdueix una mirada diferent sobre el que està passant a Santa Catalina. Nascut al barri i amb tota la seva família vinculada als seus carrers, recorda un passat molt diferent de l’actual: “Fa 25 o 30 anys això era un autèntic desastre. Ningú volia viure aquí. Era un suburbi”. Segons el seu relat, aquesta degradació va ser precisament el que va devaluar el barri i va permetre que, anys després, es convertís en un objectiu atractiu per a la inversió. A diferència d’altres veïns, Raúl no assenyala només els compradors estrangers. “El problema no és del que compra, el problema és del que ven”, afirma. I ho explica amb cruesa: “Et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... i què fas?”. En la seva opinió, la pujada de preus i la transformació del barri responen també a la decisió de qui va vendre les seves propietats quan el mercat es va començar a disparar. “De tots els meus amics de quan érem petits no en queda cap”, reconeix.

El problema no és del que compra, el problema és del que ven. Si et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... què fas?”

Raúl — Veí de Santa Catalina

La seva pròpia història reflecteix aquesta contradicció. Raúl vivia en un pis amb lloguer antic —“pagava 117 euros”— quan la propietària va decidir vendre l’edifici per més de mig milió d’euros. No obstant això, en el seu cas va aconseguir una sortida excepcional: un acord de lloguer amb opció de compra que li va permetre adquirir l’habitatge i, posteriorment, tota la finca. “Ara tot és molt car, està enfocat als estrangers, sí”, admet. Però insisteix en el seu diagnòstic: el canvi del barri no s’explica només per qui arriba, sinó també per qui decideix marxar.

A prop d’un dels bars de sempre, el Isleño, dos argentins, Francisco i Gustavo, observen la transformació de Santa Catalina amb una barreja de resignació i anàlisi. Francisco ho resumeix de manera directa: “Cada vegada hi ha menys residents perquè els pisos estan buits o comprats per a ús vacacional”. Després de tres dècades a Mallorca, assegura que el canvi ha estat progressiu, però evident: “Palma ja està una mica envaïda. Ja no és la Palma que m’agradava”. I en el cas concret del barri, ho descriu amb ironia: “Santa Catalina és l’ambaixada sueca”. La conversa deriva ràpidament cap als preus. “Ja ni la compra pots fer, i els cafès costen tres, quatre, cinc euros”, comenta Gustavo. Fins i tot sortir a dinar s’ha convertit en una excepció: “L’altre dia vàrem anar tres a menjar menú i ens vàrem gastar 90 euros”. Per a ells, el problema no és només la presència estrangera, sinó un canvi de model més ampli: “Això ja és tot luxe”.

Francisco, que treballa en el sector turístic, amplia la mirada i situa el fenomen en un context més ampli. “S’està portant tot cap al luxe, menys gent però de més qualitat”, explica, en referència a una estratègia que, segons ell, s’està replicant a tot Balears. No obstant això, adverteix de les seves contradiccions: manca de treballadors, precarietat en el servei i dificultats per sostenir aquest model. Tot i així, ambdós coincideixen en el diagnòstic final: “Aquí ja no hi ha marxa enrere”.

Residents suecs: “És la millor zona”

A més de les agències immobiliàries, a Santa Catalina també s’hi han implantat altres negocis com una fleca sueca, Palma Brand, que reflecteix el canvi del barri i l’arribada de residents estrangers. A l’interior gairebé no s’hi parla espanyol. Molt menys català. Dues clientes, Christin i Ebba, conversen en suec mentre esperen una comanda. Viuen a la zona i no dubten a explicar per què aquest barri s’ha convertit en un dels més atractius per als seus compatriotes. “És la millor zona”, assegura Christin. Destaca la seva ubicació —“és a prop del centre, però sense ser al centre”— i el seu estil de vida: “Els restaurants, l’ambient… és preciós”. També menciona la connexió amb la resta de l’illa i la mar: “Tens tot el que necessites aquí”.

Tanmateix, el seu relat introdueix un matís revelador. “Molts suecs se’n van de Santa Catalina”, diu. El motiu és el mateix que els va atreure: “Hi ha massa suecs”. Segons explica Ebba, la concentració ha arribat a un punt incòmode: “No pots sortir a sopar sense vigilar el que dius, perquè tothom t’entén”. Sobre els preus, apunten a una idea clara: “Els espanyols venen perquè reben molts de doblers”. I conclouen: “Al final, tot depèn dels doblers”.

Sobre la pujada de preus, la seva explicació barreja factors. D'una banda, Christin relativitza el pes dels suecs enfront d'altres compradors: “Els alemanys o els britànics són molts més”. Però també apunta a la dinàmica del mercat: “Els espanyols venen perquè reben molts diners”. En la seva opinió, si els propietaris locals romanguessin en els seus habitatges, el barri seria més divers. “Podria haver-hi una comunitat amb espanyols, suecs, alemanys…”, assenyala. Però conclou amb una idea clara: “Al final, tot depèn dels diners”. En el mateix carrer, un rètol és l'única cosa que queda de Swedish Stuff, un altre forn que va florir a Santa Catalina, però va acabar tancant les seves portes.

A Thomas Bakeshop, Michelle atén els seus clients entre pans i pastissos, però també entre llibres en diversos idiomes. Fa una dècada que viu al barri i defensa el caràcter internacional del lloc. “És el meu somni viure en una ciutat on hi hagi gent de tot el món”, explica. Per a ella, aquesta barreja és precisament l’atractiu: “Aquí ve gent d’Espanya, de Mallorca, d’Amèrica Llatina, d’Alemanya, d’Àsia… tothom és benvingut”. Davant les crítiques veïnals, Michelle, que juntament amb el seu marit regenta Thomas Bakeshop, relativitza el focus sobre el barri i assenyala: “El problema de l’habitatge no és només d’aquí, és de tota Mallorca”. En el seu cas, assegura no haver tengut dificultats, però reconeix la complexitat del context: “És molt complicat”. El seu discurs reflecteix una altra de les mirades presents a Santa Catalina: la d’aquells que entenen la transformació com a part d’una dinàmica global i no exclusivament com un conflicte local.

El problema de l'habitatge no és només de Santa Catalina, sinó de tota Mallorca

Michelle — Copropietària del forn Thomas Bakeshop

La pèrdua de negocis històrics

Durant dècades, els negocis van pertànyer a famílies locals o van allotjar lloguers assequibles, transformats ara en promocions d'alt standing, reduint el nombre d'habitatges i multiplicant el seu valor. El Bar Progreso, obert en 1920 a la Plaça Progrés, va ser durant gairebé un segle un dels símbols del Santa Catalina popular. Regentat durant dècades per la mateixa família, va tancar en 2016 després de la jubilació dels seus propietaris, posant fi a 96 anys d'història. En el seu lloc s'han succeït nous negocis de restauració internacional, reflex del canvi comercial del barri, on els antics bars de tota la vida han estat substituïts per locals orientats a un públic global.

L'impacte de la xarxa immobiliària en Santa Catalina ha adoptat formes que van des del subtil fins al conflictiu. En 2024, veïns van denunciar noves estratègies de captació: immobiliàries que deixaven publicitat en les bústies oferint taxacions gratuïtes acompanyades de brioixos de canyella, una imatge que il·lustra com el desembarcament de capital estranger es filtra fins i tot en els gestos més quotidians. Les actuacions poden aconseguir formes més agressives, com l'assetjament o assetjament psicològic immobiliari: actuacions destinades a forçar la sortida d'un resident mitjançant pressió, fustigació o deterioració de les seves condicions de vida. El Codi Penal, en el seu article 172, les reconeix com a delicte quan es dirigeixen a “impedir a un altre amb violència o intimidació fer el que la llei no prohibeix o compel·lir-li a realitzar el que no vol”, mentre que la Llei estatal d'Habitatge l'identifica com una vulneració del dret a l'habitatge.

Diversos estudis acadèmics coincideixen a assenyalar Santa Catalina com un dels casos més clars de gentrificació a Palma. Recerques de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el col·lectiu Palma XXI documenten com l'arribada d'inversió estrangera i els processos de rehabilitació urbana han anat acompanyats d'un augment sostingut del preu de l'habitatge i del desplaçament de la població resident. En el seu Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina, des de l’Observatori de Gentrificació de Palma XXI descriuen amb claredat el procés que ha viscut la zona en la darrera dècada, marcada per una intensa pressió immobiliària i una transformació social accelerada.

El document parla d’una “revalorització del barri associada a l’arribada de nous residents amb major poder adquisitiu”, una dinàmica que ha convertit un dels antics barris populars de Palma en un espai cada vegada més inaccessible per als seus propis veïns. El canvi no és només una qüestió de preus, sinó de qui es pot quedar. L’informe adverteix d’un procés de substitució progressiva: “La població resident tradicional és substituïda per nous perfils amb major capacitat adquisitiva”. Un fenomen que ja no és puntual, sinó estructural. Comprar és cada vegada més difícil, però quedar-se de lloguer tampoc és una opció realista per a molts. El resultat és un desplaçament silenciós: veïns que se’n van sense titulars, sense desnonaments visibles, però empesos per un mercat que ja no poden assumir.

Per part seva, un estudi de l'investigador Ismael Yrigoy Cadena, inclòs en el llibre El món vist de les ciutats, analitza la transformació de Santa Catalina com a resultat de la interacció entre conversió en zona de vianants i inversió estrangera, vinculant-la amb processos de desplaçament poblacional.

“Esta barriada se ha vuelto infernal”. Antoni, de 79 años, lo dice sin rodeos, apoyado en la acera de una calle donde ya no reconoce a casi nadie. Lleva toda la vida en Santa Catalina, antiguo barrio pesquero que ahora describe como irreconocible: “Mallorquines quedan pocos ya”. En los alrededores, fachadas recién rehabilitadas y escaparates en inglés, alemán... y en sueco. En esta zona de Palma se multiplican los negocios y las inmobiliarias escandinavas que anuncian viviendas cuyo precio alcanza las siete cifras mientras, a pocos pasos, los últimos vecinos de toda la vida observan cómo la barriada cambia de manos. El idioma varía según la mesa de cada bar. El precio, siempre al alza. “Aquí no se puede vivir, aquí no se puede dormir”, lamenta Antoni, quien, en su caso, apunta al ruido constante, los conflictos nocturnos y a una sensación de abandono que, dice, nadie ha sabido frenar.

La transformación no es solo perceptiva. El precio de la vivienda en Santa Catalina se sitúa ya en torno a los 6.200 euros por metro cuadrado -hace una década rondaba los 2.500-, con subidas de más del 14% solo en el último año, según Idealista. En cuanto al alquiler, el más barato que se oferta en este portal inmobiliario asciende a 1.100 euros: un piso de 50 metros sin amueblar. Lo administra Mallorcabyrån Real Estate, una de las numerosas inmobiliarias suecas implantadas en la zona. Y es que estas agencias actúan como intermediarias clave en ese circuito, conectando compradores del norte de Europa con un mercado local cada vez más inaccesible. El resultado, visible en la calle, es un desplazamiento progresivo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan y vecinos que se marchan. Antoni es uno de ellos: “Estoy esperando irme de aquí enseguida, a otra zona más tranquila”.

A pocos metros aparece Tomeu, quien ha escuchado ecos de la conversación y se suma a la misma. “Es que es un tema que me hierve la sangre”, justifica. Para él, la transformación no es un dato, sino una pérdida personal. “Ahí mis abuelos tenían un colmado, Casa Paco”, explica, señalando una esquina. En ese mismo lugar se conocieron sus padres. Hoy, sin embargo, el local ha cambiado de manos y de función: “Ahora es el típico bar de tostadas de aguacate”. El contraste le duele. Su relato dibuja con precisión el cambio de modelo: de comercio de proximidad a consumo global. En un establecimiento próximo, recuerda, había una papelería donde su abuela le compraba “cochecitos”. Ahora es una vinoteca “de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín”. A su alrededor, lo que queda del barrio original es ya residual: “Solo quedan algunos negocios de siempre, y poco más”.

Solo quedan algunos comercios de los de siempre. Ahí había una papelería en la que mi abuela me compraba cochecitos. Ahora es un sitio de vinos de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín

Tomeu — Vecino de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'pequeña Suecia')

Ese “poco más” es el rastro de un barrio que durante décadas funcionó como comunidad: un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen directamente como “la pequeña Suecia”. No es una exageración ni una etiqueta casual. Es la consecuencia visible de más de una década de inversión extranjera –principalmente escandinava– que ha alterado no solo el precio de la vivienda, sino también la composición social y cultural del barrio.

Durante décadas, Santa Catalina era un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen como "la pequeña Suecia"

El punto de inflexión se sitúa tras la crisis de 2008. A partir de 2013, con la recuperación del mercado, la inversión sueca encontró en Santa Catalina un enclave ideal: céntrico, cercano al mar y con un parque inmobiliario antiguo susceptible de revalorización. Lo que para muchos era su hogar, para otros se convirtió en una oportunidad. Edificios enteros comenzaron a cambiar de manos. El patrón se repite: compra a precios relativamente bajos, rehabilitación integral y posterior venta como producto de lujo dirigido a compradores internacionales. En paralelo, los antiguos residentes van desapareciendo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan, obras que se prolongan durante años. El desplazamiento no siempre es abrupto, pero sí constante.

El negocio inmobiliario

En este proceso, las agencias inmobiliarias desempeñan un papel clave. No solo intermedian en la compra y venta de viviendas, sino que actúan como puente entre el capital extranjero y el mercado local, identificando propiedades con potencial, asesorando inversiones y gestionando activos. Uno de los pilares de este fenómeno ha sido precisamente la implantación de agencias escandinavas especializadas en compradores del norte de Europa.

Una de ellas es BO Mallorca, fundada por la empresaria Vivian Grunblatt, quien reivindica su arraigo en el barrio frente a la percepción de una inmobiliaria vinculada exclusivamente a capital extranjero. “He nacido y crecido aquí y he vivido aquí la mayor parte de mi vida”, subraya en declaraciones a elDiario.es. Su relación con Santa Catalina se remonta a más de cuatro décadas: “Mis padres siempre han tenido despacho y luego casa en Santa Catalina, así que hace más de 40 años que estoy en este barrio”. Desde hace dos décadas dirige su propia inmobiliaria en la zona, lo que, asegura, le ha permitido observar de primera mano su transformación.

Sobre la escalada de precios, Grunblatt rechaza que pueda explicarse únicamente por la llegada de compradores internacionales: “En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios”. En el caso de Santa Catalina, añade, el encarecimiento responde también a su evolución como barrio: “Hoy en día cuenta con una oferta gastronómica, cultural y deportiva muy atractiva, lo que ha incrementado notablemente su demanda”. Ese atractivo, sostiene, no solo ha captado a compradores extranjeros –principalmente suecos y alemanes–, sino también a residentes locales con alto poder adquisitivo. “El aumento de precios no puede atribuirse únicamente a la demanda extranjera, sino a una combinación de factores”, insiste, en un contexto en el que, además, las viviendas con terraza o vistas al mar son las que alcanzan los valores más elevados.

En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios

Vivian Grunblatt — Propietaria de la agencia inmobiliaria BO Mallorca Real Estate

Otra de las empresas que se han asentado en la 'pequeña Suecia de Palma' es Fastighetsbyrån, presentada como la mayor red inmobiliaria de Suecia. Desde su oficina en la calle Protectora de Palma comercializa viviendas que alcanzan precios de hasta 17,5 millones de euros. Al frente de esta estructura se sitúa Mattias Rosenlund, uno de los perfiles clave en la implantación del negocio inmobiliario escandinavo en Palma. Su actividad no se limita a la intermediación: forma parte de una red que acompaña todo el proceso de inversión, desde la búsqueda de propiedades hasta la gestión posterior del activo. Su figura ejemplifica cómo el capital extranjero accede de forma directa al mercado residencial local.

A esta red se suman otras firmas como Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hemos traído el modelo inmobiliario sueco a España y le acompañaremos durante todo el proceso hasta que disfrute del sol, el calor y su hogar español”, se lee en su web, en la que asoman sugerentes recomendaciones como “despiértese con vistas a la sierra y al mar”. También SkandiaMäklarna, que abrió oficina en Palma para captar clientes escandinavos interesados en zonas céntricas con alto potencial de revalorización.

Otras miradas: entre la crítica y la resignación

Frente al malestar generalizado, otro vecino, Raúl, introduce una mirada distinta sobre lo que está ocurriendo en Santa Catalina. Nacido en el barrio y con toda su familia vinculada a sus calles, recuerda un pasado muy diferente al actual: “Hace 25 o 30 años esto era un auténtico desastre. Nadie quería vivir aquí. Era un suburbio”. Según su relato, esa degradación fue precisamente lo que devaluó el barrio y permitió que, años después, se convirtiera en un objetivo atractivo para la inversión. A diferencia de otros vecinos, Raúl no señala solo a los compradores extranjeros. “El problema no es del que compra, el problema es del que vende”, afirma. Y lo explica con crudeza: “Te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿y qué haces?”. En su opinión, la subida de precios y la transformación del barrio responden también a la decisión de quienes vendieron sus propiedades cuando el mercado empezó a dispararse. “De todos mis amigos de cuando éramos pequeños no queda ninguno”, reconoce.

El problema no es del que compra, el problema es del que vende. Si te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿qué haces?

Raúl — Vecino de Santa Catalina

Su propia historia refleja esa contradicción. Raúl vivía en un piso con alquiler antiguo –“pagaba 117 euros”– cuando la propietaria decidió vender el edificio por más de medio millón de euros. Sin embargo, en su caso, logró una salida excepcional: un acuerdo de alquiler con opción a compra que le permitió adquirir la vivienda y, posteriormente, toda la finca. “Ahora es todo muy caro, está enfocado a los extranjeros, sí”, admite. Pero insiste en su diagnóstico: el cambio del barrio no se explica solo por quienes llegan, sino también por quienes decidieron marcharse.

Junto a uno de los bares de siempre, el Isleño, dos argentinos, Francisco y Gustavo, observan la transformación de Santa Catalina con una mezcla de resignación y análisis. Francisco lo resume de forma directa: “Cada vez hay menos residentes porque los pisos están vacíos o comprados para uso vacacional”. Tras tres décadas en Mallorca, asegura que el cambio ha sido progresivo, pero evidente: “Palma ya está un poco invadida. Ya no es la Palma que me gustaba”. Y en el caso concreto del barrio, lo describe con ironía: “Santa Catalina es la embajada sueca”. La conversación deriva rápidamente hacia los precios. “Ya ni la compra puedes hacer, y los cafés cuestan tres, cuatro, cinco euros”, comenta Gustavo, comparando el coste de la vida actual con el de hace años. Incluso salir a comer se ha convertido en algo excepcional: “El otro día fuimos tres a comer menú y nos gastamos 90 euros”. Para ellos, el problema no es solo la presencia extranjera, sino un cambio de modelo más amplio: “Esto ya es todo lujo”, señala uno, describiendo una evolución que ha llevado a sustituir la cantidad por la exclusividad.

Francisco, quien trabaja en el sector turístico, amplía la mirada y sitúa el fenómeno en un contexto más amplio. “Se está llevando todo hacia el lujo, menos gente, pero de más calidad”, explica, en referencia a una estrategia que, según él, se está replicando en toda Balears. Sin embargo, advierte de sus contradicciones: falta de trabajadores, precariedad en el servicio y dificultades para sostener ese modelo. Aun así, ambos coinciden en el diagnóstico final: “Aquí ya no hay vuelta atrás”, una frase que resume la sensación compartida de que la transformación del barrio es ya irreversible.

Residentes suecos: “Es la mejor zona”

Además de agencias inmobiliarias, en Santa Catalina también se han implantado otros negocios como una panadería sueca, Palma Brand, que refleja el cambio del barrio y la llegada de residentes extranjeros. Apenas se habla español en su interior. Mucho menos catalán. Dos clientas, Christin y Ebba, conversan en sueco mientras esperan un pedido. Viven en la zona y no dudan en explicar por qué este barrio se ha convertido en uno de los más atractivos para sus compatriotas. “Es la mejor zona”, asegura Christin. Destaca su ubicación –“está cerca del centro, pero sin estar en el centro”– y su estilo de vida: “Los restaurantes, el ambiente… es precioso”. También menciona la conexión con el resto de la isla y el mar: “Tienes todo lo que necesitas aquí, buenas comunicaciones y estás cerca de la ciudad y del mar”.

Sin embargo, su relato introduce un matiz revelador. Según percibe, “muchos suecos se están yendo de Santa Catalina”. El motivo, paradójicamente, es el mismo que atrajo a tantos: “Hay demasiados suecos”. Según describe Ebba, la concentración ha llegado a un punto incómodo incluso para ellos: “No puedes salir a cenar sin tener cuidado con lo que dices, porque todo el mundo te entiende”. A su juicio, el barrio ha alcanzado un nivel de saturación que está empujando a parte de esta comunidad a buscar otras zonas.

Sobre la subida de precios, su explicación mezcla factores. Por un lado, Christin relativiza el peso de los suecos frente a otros compradores: “Los alemanes o los británicos son muchos más”. Pero también apunta a la dinámica del mercado: “Los españoles venden porque reciben mucho dinero”. En su opinión, si los propietarios locales permanecieran en sus viviendas, el barrio sería más diverso. “Podría haber una comunidad con españoles, suecos, alemanes…”, señala. Pero concluye con una idea clara: “Al final, todo depende del dinero”. En la misma calle, un letrero es lo único que queda de Swedish Stuff, otra panadería que floreció en Santa Catalina, pero acabó echando el cierre.

En Thomas Bakeshop, Michelle atiende a sus clientes entre panes y pasteles, pero también entre libros en varios idiomas. Lleva una década viviendo en el barrio y defiende el carácter internacional del lugar. “Es mi sueño vivir en una ciudad donde hay gente de todo el mundo”, explica. Para ella, esa mezcla es precisamente el atractivo: “Aquí viene gente de España, de Mallorca, de América Latina, de Alemania, de Asia… todo el mundo es bienvenido”. Frente a las críticas vecinales, Michelle, quien junto a su marido regenta Thomas Bakeshop, relativiza el foco sobre el barrio y señala: “El problema de la vivienda no es solo de aquí, es de toda Mallorca”. En su caso, asegura no haber tenido dificultades, pero reconoce la complejidad del contexto: “Es muy complicado”. Su discurso refleja otra de las visiones presentes en Santa Catalina: la de quienes entienden la transformación como parte de una dinámica global y no exclusivamente como un conflicto local.

El problema de la vivienda no es solo de Santa Catalina, sino de toda Mallorca

Michelle — Propietaria de la panadería Thomas Bakeshop

La pérdida de históricos negocios

Durante décadas, los negocios pertenecieron a familias locales o alojaron alquileres asequibles, transformados ahora en promociones de alto standing, reduciendo el número de viviendas y multiplicando su valor. El Bar Progreso, abierto en 1920 en la Plaça Progreso, fue durante casi un siglo uno de los símbolos del Santa Catalina popular. Regentado durante décadas por la misma familia, cerró en 2016 tras la jubilación de sus propietarios, poniendo fin a 96 años de historia. En su lugar se han sucedido nuevos negocios de restauración internacional, reflejo del cambio comercial del barrio, donde los antiguos bares de toda la vida han sido sustituidos por locales orientados a un público global.

El impacto de la red inmobiliaria en Santa Catalina ha adoptado formas que van desde lo sutil hasta lo conflictivo. En 2024, vecinos denunciaron nuevas estrategias de captación: inmobiliarias que dejaban publicidad en los buzones ofreciendo tasaciones gratuitas acompañadas de bollos de canela, una imagen que ilustra cómo el desembarco de capital extranjero se filtra incluso en los gestos más cotidianos. Las actuaciones pueden alcanzar formas más agresivas, como el acoso o mobbing inmobiliario: actuaciones destinadas a forzar la salida de un residente mediante presión, hostigamiento o deterioro de sus condiciones de vida. El Código Penal, en su artículo 172, las reconoce como delito cuando se dirigen a “impedir a otro con violencia o intimidación hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a realizar lo que no quiere”, mientras que la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda lo identifica como una vulneración del derecho a la vivienda.

Diversos estudios académicos coinciden en señalar Santa Catalina como uno de los casos más claros de gentrificación en Palma. Investigaciones de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el colectivo Palma XXI documentan cómo la llegada de inversión extranjera y los procesos de rehabilitación urbana han ido acompañados de un aumento sostenido del precio de la vivienda y del desplazamiento de la población residente. En su 'Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina', desde el Observatori de Gentrificació de Palma XXI describen con claridad el proceso que ha vivido la zona en la última década, marcada por una intensa presión inmobiliaria y una transformación social acelerada.

El documento habla de una “revalorización del barrio asociada a la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, una dinámica que ha convertido uno de los antiguos barrios populares de Palma en un espacio cada vez más inaccesible para sus propios vecinos. El cambio no es solo una cuestión de precios, sino de quién puede quedarse. El informe advierte de un proceso de sustitución progresiva: ”La población residente tradicional es sustituida por nuevos perfiles con mayor capacidad adquisitiva“. Un fenómeno que ya no es puntual, sino estructural. Comprar es cada vez más difícil, pero quedarse de alquiler tampoco es una opción realista para muchos. El resultado es un desplazamiento silencioso: vecinos que se marchan sin titulares, sin desahucios visibles, pero empujados por un mercado que ya no pueden asumir.

Por su parte, un estudio del investigador Ismael Yrigoy Cadena, incluido en el libro El mundo visto de las ciudades, analiza la transformación de Santa Catalina como resultado de la interacción entre peatonalización e inversión extranjera, vinculándola con procesos de desplazamiento poblacional.

Antonia tiene una pequeña nevera que gotea cada vez que abre. Se debate entre comprar otra o no, porque vive de alquiler en un piso de Lavapiés y el propietario no le cobra mucha renta, pero tampoco le paga sus electrodomésticos. Un día decide ir a una tienda y mirar modelos, pequeñitos, porque solo quiere guardar “cuatro ajos”, como dice ella.

Cuando va de camino, una vecina le llama y frustra los planes: su casero va a vender a un fondo buitre el piso de alquiler y las otras 51 viviendas con las que comparte escalera. Antonia se queda en shock y decide pausar la compra, para volver a recoger el goteo de su refrigerador y a su incierto futuro.

La siguiente escena -os estoy contando una película real- es con Antonia en la tienda de electrodomésticos, hablando con el dependiente y escogiendo su nueva nevera. Eligiendo resistir junto a otras vecinas. Quedándose con la esperanza.

La metáfora de la nevera es uno de los hilos conductores de Soy Tribulete 7, un documental recién sacado del horno, que tuve la suerte de ver el pasado martes en el Teatro del Barrio, donde se mostró al público por primera vez. Sus autoras, las periodistas Leah Pattem y Elisa González, se han pasado dos años grabando historias de los vecinos de este bloque, adquirido por el fondo Elix y ejemplo de los desahucios silenciosos que tienen lugar -a miles- en Madrid.

“Lo cotidiano que tenemos en el barrio lo están vendiendo y lo están destruyendo. Están echando a nuestros vecinos para traer a turistas y queremos que se oiga”, explicaba Elisa durante la presentación sobre los procesos económicos que amenazan espacios como este edificio, cuyos habitantes son la pura esencia de Lavapiés, el ADN que compone Madrid.

Lo que pasa en Tribulete 7 lleva mucho tiempo apareciendo en los medios de comunicación. Somos Madrid lo ha contado varias veces, incluyendo la última gran victoria vecinal: la de sentar en el banquillo por acoso inmobiliario al fondo buitre, acusándolo de llevar a cabo molestas obras de reforma con intención de echar a los vecinos. De momento han conseguido expulsar a la mayoría: solo quedan 15 de los 52 alquilados. Pero los inquilinos prometen quedarse todo lo que puedan.

La historia de su lucha se hubiera podido perder en el tiempo, pero gracias a este magnífico documental podrá pervivir y enseñar a otros el camino para resistir ante la voracidad inmobiliaria. La película, que tiene un enorme trabajo de grabación y montaje detrás (hay más de 1.000 horas de material, condensado en 53 minutos), acaba de echar a rodar y su camino de exhibición va a ser largo. También costoso.

De momento sus impulsoras están vendiendo carteles ilustrados del documental para financiar los siguientes pasos y ofrecen proyecciones gratuitas. En la web oficial del documental tienes más información sobre ellas, así como en el email de contacto (soytribulete7@gmail.com) y en sus redes sociales, donde acaban de estrenar un tráiler que te deja con ganas de conocer más historias. No desvelo ninguna otra porque merece la pena sentarse a verlas y escucharlas.

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La estrategia es sencilla: adquirir un piso a bajo precio, invertir lo mínimo posible en su reforma y volver a sacarlo rápidamente al mercado, pero a un precio muy superior. La estrategia, conocida como flipping inmobiliario, se ha consolidado en los últimos años como una maniobra de inversión que dificulta, aún más, el acceso a la vivienda de jóvenes y familias.

La dinámica es cada vez más común en ciudades como Madrid, sobre todo en zonas y barrios tradicionalmente obreros, con precios todavía más relajados, y forma parte del agraviado problema de acceso a la vivienda existente a nivel nacional, pero que se acentúa aún más en las principales ciudades españolas y en territorios costeros o insulares.

El truco pasa por hacer un “lavado de cara” a pisos o casas de segunda mano con la intención de inflar su valor. Con el efecto colateral de que, a la vez que se incrementa su precio, también lo hace el del distrito o zona en la que se encuentran. Los inversores no hacen mejoras reales en la vivienda, sino cambios superficiales con el objetivo principal de que la compra dé rentabilidad lo antes posible. El fin es que el inmueble parezca recién reformado para evitar que el comprador fije su atención en las deficiencias estructurales del edificio o la casa, sobre todo en instalaciones antiguas, explica David, profesional del sector inmobiliario.

En Estados Unidos, donde el flipping lleva décadas asentado, la práctica generó un beneficio bruto medio de unos 55.000 euros por operación en el primer trimestre de 2025, según datos del BBVA. En España, el modelo gana peso en un contexto marcado por el auge de la vivienda de segunda mano y la preferencia creciente por pisos ya reformados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este tipo de inmuebles concentró cerca del 80% de las compraventas en 2024.

Distintos estudios del sector apuntan a que siete de cada diez compradores optaron por viviendas renovadas. La combinación de precios más accesibles, mejores ubicaciones y la posibilidad de evitar obras ha impulsado este cambio de tendencia, que favorece directamente a este tipo de inversores, como refleja un análisis de mercado de BizNexus Consulting.

El objetivo: zonas urbanas emergentes

De cara a este 2025, los expertos han determinado que la rentabilidad pasa por identificar viviendas con potencial, especialmente en barrios periféricos o en transformación, y por controlar al máximo los costes de reforma. Por ese motivo, el foco se ha posado sobre las zonas urbanas emergentes, que permiten vender más rápido y a mejor precio en un mercado cada vez más competitivo.

De hecho, las operaciones de un perfil más bajo se concentran, ahora mismo, en barrios como Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel. Así como en la parte más asequible de Tetuán y Ciudad Lineal. Mientras tanto, inversores de mayor perfil —los que compran y venden pisos por encima del millón de euros—, buscan zonas más caras, como el barrio de Salamanca, Chamberí y Retiro. Entre ellos se encuentran muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela y Argentina, aunque también hay mexicanos.

En estas áreas de mayor poder adquisitivo, la compraventa es frecuente a pesar de los elevados precios por una demanda constante y el flipping inmobiliario no es tan habitual. “Estos inversores contratan empresas más especializadas y que llevan a cabo reformas cuidadosas”, apunta el experto. En cambio, en los barrios históricamente más degradados y con menor demanda hasta ahora, ha vivido escenas como una puerta de lavavajillas que no se abría al no haberse tomado bien las medidas.

María, arquitecta e interiorista, lleva meses buscando una vivienda para comprar y ha podido comprobar cómo algunos pisos pequeños se venden a precios elevadísimos tras remodelaciones que no son integrales. “No se revisan las instalaciones del edificio como deberían, y eso puede provocar complicaciones con el paso del tiempo, porque suelen ser antiguas”.

Los problemas que tiene la vivienda se ven a posteriori. Mayoritariamente, la inversión que se hace ronda los 15.000 euros cuando lo recomendable es que sea de unos 45.000. La intención: vender rápido y más caro. Aunque existe un tipo de inversor que prefiere otra vía de especulación centrada en el mercado del alquiler: comprar viviendas de obra nueva y hacer un contrato de arrendamiento durante los primeros años persiguiendo un doble beneficio, la revalorización del inmueble a medio plazo y el ingreso del alquiler en el corto.

Revalorizar el metro cuadrado

La reconversión de locales en vivienda o la segregación de inmuebles también se ha convertido en una táctica habitual. Cuanto más pequeño sea el piso resultante, más sube el precio por metro cuadrado. Para ilustrarlo, David ejemplifica: si de una casa hipotética de doscientos metros cuadrados se sacan cuatro viviendas, cada una se valoraría en unos 200.000 euros. Aun teniendo en cuenta la inversión inicial, el beneficio podría llegar a superar los 300.000 euros.

Otro truco que utiliza el sector inmobiliario es trampear a través de los anuncios de los portales inmobiliarios. Entre ellos, reforzar el atractivo con imágenes generadas con inteligencia artificial y que muestran diseños no correspondientes al estado actual de la vivienda. También es habitual encontrar anuncios que simulan inmuebles más grandes o funcionales de lo que son en realidad a partir de manipular la superficie.

“A veces se publican los metros construidos y no los útiles, incluyendo zonas comunes como el rellano o el trastero, y eso reduce considerablemente el tamaño real”, detalla María. Denuncia, además, que algunas viviendas se fragmentan en más habitaciones de las que corresponden, con estancias pequeñísimas. “Fui a ver un piso y en una de ellas, no me cabía ni un pie”, hiperboliza. El objetivo es, una vez más, subir el valor del inmueble haciendo crecer el número de habitáculos.

Especular a través de la tasación

Alberto [nombre ficticio a petición propia], otro comprador del mismo gremio, confirma que existen empresas que operan directamente en este mercado. Algunas de ellas son Clikalia, centrada en inmuebles de perfil más bajo, y Velzia, con un enfoque más premium: “Compran pisos en mal estado, les dan un lavado de cara y los venden mucho más caros. Cuanto menos gastan, más beneficio sacan”. Su experiencia también refleja la voracidad del mercado. Tras un año buscando, ha logrado hace poco adquirir una vivienda en Tetuán, uno de los distritos de Madrid donde los precios han aumentado vertiginosamente.

El mismo crecimiento se ha dado en otras zonas históricamente degradadas como Puerta del Ángel, Prosperidad o el barrio de la Concepción. “Me fijé en seis casas y solo pude visitar dos, porque las otras cuatro se vendieron el mismo día o al siguiente”. Su presupuesto, no muy elevado teniendo en cuenta el mercado inmobiliario madrileño, y la rapidez con que se efectuaron las operaciones, le condujo a pensar que la mayoría de las compras se habían hecho por parte de empresas o inversores.

Alberto, que anteriormente trabajaba en tasaciones, detalla además que para calcular el valor hipotecario, un trabajo que se hace de forma estricta y donde es muy difícil que haya irregularidades, se toma la superficie útil, no la construida, y se compara con inmuebles similares de la misma zona, aplicando un coeficiente de depreciación según el estado del piso. “Los valores suelen establecerse teniendo en cuenta que, en caso de que el propietario no pueda hacer frente en algún momento a la hipoteca firmada con el banco, la entidad pueda vender la vivienda, como mínimo, por el precio estipulado por el tasador”, aclara.

Por otro lado, existen varias fórmulas de tasación. La primera es el método de coste o valor de reposición, sumando todos los costes de producción si se construyera la vivienda desde cero: mano de obra, aparejador, arquitecto, etc.; la segunda es hacer un promedio según la rentabilidad que puede generar esa vivienda en un periodo determinado; y la tercera es el método comparativo, fijándose en lo que han pedido de alquiler los vecinos en los últimos seis meses. “En todas, sale un precio de la vivienda mucho más alto que si se mirara realmente lo que vale y no lo que se pide”, sostiene por su parte Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario y ex director general de Arquitectura y Vivienda en Balears.

Así, los precios, que se estabilizaron durante la pandemia, han ido in crescendo desde entonces. Sobre todo, a partir de la inversión de empresas que empujan los precios en zonas donde hasta ahora más asequibles. En estos distritos, otra de las formas de especulación más salvaje es su promoción —y consecuente revalorización— con la construcción de nuevas infraestructuras, así como su ‘depuración’ a través de redadas antidroga: “Es muy típico coger zonas deprimidas y eliminar el problema, siempre, cuando antes ha habido una compra del terreno; una inversión”, asevera Vila.

Los barrios, lugar “para invertir”

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, señala que el flipping inmobiliario es una expresión “muy clara” de cómo la vivienda se ha convertido en un activo financiero. La organización sindical es testigo “constantemente”, en los barrios en los que tienen asambleas, de cómo se obtienen enormes plusvalías de la compra y reforma de inmuebles. “El problema es que ese beneficio privado se produce a costa de expulsar a vecinas y a vecinos encareciendo aún más el acceso habitacional”, considera Pérez.

Una consecuencia de este tipo de operaciones es la aceleración de los procesos de gentrificación, ya que la lógica especulativa de compra-reforma-venta a un precio superior hace que se eleve el precio no solo de esa vivienda concreta, sino de todo su entorno. La consecuencia es que los barrios dejan de ser lugares para vivir y pasan a ser “lugares para invertir”, lamentan desde el sindicato.

El portavoz añade que el problema no es el flipping en sí mismo, sino que las instituciones siguen autorizando que la vivienda funcione como un mercado financiero sin ningún tipo de límite. “Si la entendemos como un derecho, no puede seguir tratándose legalmente como un producto con el que se puede especular y, además, de manera rápida”. Se refiere a la Ley de Vivienda de 2023 o la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, que permiten, según el sindicato, el alquiler de habitaciones fraudulentas y los arrendamientos de temporada, entre otros.

Además, denuncian que en Madrid existen recursos habitacionales que adquieren fondos de inversión, como Nestar o Blackstone, que deberían formar parte del parque público de vivienda para utilizarlos, en lugar de hacer nuevas construcciones. El rápido —y vasto— beneficio de estas empresas o fondos contrasta con la dificultad de otros ciudadanos de poder pagar el alquiler o poder acceder siquiera a él: “Necesitamos políticas que frenen la especulación y que protejan a los inquilinos”, subraya Pérez.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

La Guàrdia Civil ha denunciat el responsable de comercialitzar un habitacle de vuit metres quadrats per 695 euros al municipi mallorquí de Maria de la Salut. La barraca s'oferia a Internet com si en tingués 25. Davant la indignació generada, l'anunci va acabar sent retirat.

La investigació es va iniciar després que agents del Servei de Protecció a la Natura (Seprona) detectassin que la publicació havia generat ressò mediàtic. El comercialitzador presentava l'espai com a “ideal per a una persona que busqui tranquil·litat i contacte amb la natura”, amb “espai suficient” fins i tot per rebre familiars o amics els caps de setmana i amb “possibilitat de fer barbacoes”.

L'oferta va aixecar sospites tant per les dimensions com per les condicions de l’immoble, ubicat en sòl rústic. En la inspecció practicada el passat 10 de març, els agents varen constatar que la suposada vivenda era, en realitat, una caseta d’eines reconvertida per a ús residencial sense complir la normativa.

La construcció amb prou feines superava els 10 metres quadrats i només vuit eren habitables, molt lluny dels 25 que s’anunciaven. A més, presentava modificacions recents per fer-la habitable i instal·lacions exteriors pròpies d’un ús residencial, fet que apunta a una utilització irregular del sòl rústic.

Arran de la inspecció, l’Institut Armat ha aixecat diverses actes: una per incompliment de la normativa de cèdules d’habitabilitat, remesa a la Conselleria d’Habitatge; una altra per infracció urbanística, traslladada a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca; i una tercera per vulneració de la Llei d’Aigües, en detectar-se un pou sense autorització.

El cas torna a posar el focus en l’auge de les infravivendes a Balears, un fenomen cada vegada més visible en un mercat tensionat per la manca d'oferta i els preus disparats. La proliferació d’anuncis d’espais mínims, sovint en condicions irregulars, evidencia fins a quin punt l’accés a una vivenda digna s’ha convertit en un dels principals problemes socials de l’arxipèlag.

La greu situació de l'habitatge a Balears, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió, la polarització econòmica i la turistització, està abocant nombroses persones a l'amuntegament en aquest tipus d'infrahabitatges i en caravanes, fenòmens agreujats, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors estrangers -principalment alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera- que compren immobles a preus inabastables per a la majoria dels residents.

La Guardia Civil ha denunciado al responsable de comercializar un habitáculo de ocho metros cuadrados por 695 euros en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La barraca se ofertaba en Internet como si tuviera 25 metros. Ante la indignación generada, y en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa Balears, el anuncio fue retirado de inmediato.

La investigación se inició después de que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detectaran que la publicación estaba siendo objeto de atención mediática. El comercializador la ofertaba como “ideal para una persona que busque tranquilidad y contacto con la naturaleza, con espacio suficiente para disfrutar también de fines de semana con familiares o amigos” y “con posibilidad de realizar barbacoas”.

Tras una inspección realizada el pasado 10 de marzo, los agentes comprobaron que la supuesta vivienda era en realidad una caseta de aperos situada en suelo rústico que había sido transformada para uso residencial sin cumplir la normativa. La superficie total apenas superaba los 10 metros cuadrados, de los cuales solo ocho eran habitables.

Además, la edificación presentaba modificaciones recientes destinadas a hacerla habitable, así como instalaciones exteriores propias de una vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un uso irregular del suelo rústico.

Como resultado de la inspección, el Instituto Armado ha levantado varias actas: una por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad y vivienda, remitida a la Conselleria de Vivienda; otra por infracción urbanística, trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, y una tercera por vulnerar la Ley de Aguas, al detectarse un pozo sin autorización.

En Balears, la especulación inmobiliaria -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización están abocando a cientos de personas al hacinamiento en infraviviendas y caravanas. Se trata de un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses- con gran solvencia financiera.

Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes, quienes se ven abocados a la expulsión residencial en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión. Balears es, de hecho, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Una imagen que contrasta con la proliferación de anuncios de espacios mínimos, muchas veces en condiciones irregulares, reflejando con ello hasta qué punto el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago.

El pasado mes de septiembre, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad. Mientras tanto, en 2024 un policía local fue detenido por alquilar ilegalmente trasteros como si de viviendas se tratasen y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha reactivado en las últimas semanas el desalojo de las más de 200 personas que desde hace años malviven en la antigua prisión de la capital balear: son, principalmente, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación, cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros.

Javier Gil (Madrid, 1985) fue la cara visible en los inicios del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Era uno de los activistas por el derecho a la vivienda que acompañaba a las familias víctimas de desahucios, a los vecinos que hacían frente a los grandes fondos buitre o la voz que confrontaba con unas decisiones políticas orientadas, dice, a apuntalar un sistema que traslada el valor social de las casas a un marco especulativo. Su carrera profesional también ha estado enfocada a investigar la financiarización de la vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a un techo digno.

Gil, doctor en Sociología e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de publicar 'Generación Inquilina' (Capitan Swing), un ensayo sobre las políticas que han llevado al país a una “crisis de Bienestar”, pero también un alegato por un nuevo paradigma en torno a la vivienda: “Esto se soluciona con una respuesta igualitaria, basada en la redistribución, o con un neoliberalismo autoritario”.

¿Dónde están hoy aquellos jóvenes que en 2006 ya coreaban que no iban a tener casa “en la puta vida”?

Siguen viviendo de alquiler o tienen una vivienda en propiedad porque les ha ayudado la familia. Estructuralmente, es imposible que esa generación se haya comprado una casa con sus propios medios.

¿Cómo reconfigura esta generación inquilina la sociedad, en términos de estabilidad y capacidad para trazar proyectos vitales a medio y largo plazo?

La vivienda en propiedad era un elemento central de cohesión y bienestar sobre el que se articulaba toda la sociedad, pero eso se rompe de 2008 en adelante. Es cuando empieza a surgir una generación inquilina, excluida de la propiedad y de todos esos sistemas de protección socioeconómica. Se restringe el crédito a la población y empieza a haber una demanda especulativa, que compra viviendas para alquilar, como fuente de inversión y expectativas de obtener una gran rentabilidad de ellas. La crisis es del Estado de Bienestar, porque la promesa de que si estudias, trabajas y te esfuerzas vas a tener una vida digna y con relativo bienestar, se rompe.

¿Qué vieron en España los grandes fondos de inversión?

Hay un arreglo político-financiero para no permitir que los bancos españoles vayan a la quiebra. El Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta y apoyado por la Comisión y el Banco Central Europeo, empieza a cambiar toda una serie de reglas para favorecer la especulación con la vivienda. Se crea la Sareb, avalada con dinero público, pero gestionada de manera privada; se crean las Golden Visa; se reforman las Socimis; la Ley de Arrendamientos Urbanos, para quitar derechos a los inquilinos; se venden viviendas públicas, algunas por debajo del coste de construcción, a Blackstone y Goldman Sachs, que empiezan a entrar en España… Nos intentan vender que [la crisis de la vivienda] tiene que ver con la propia dinámica del mercado, pero los mercados están muy intervenidos para favorecer la especulación y que suban los precios.

Describe el mercado inmobiliario como un esquema Ponzi, ¿cómo funciona y qué implicaciones para el sistema puede tener que se rompa?

Como todo mercado financiero, funciona y se estabiliza a través de las expectativas de que los precios sigan subiendo. La venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs buscaba generar esas expectativas, aunque luego los tribunales hayan dicho que se tienen que revertir algunas de esas operaciones. Es una gran pirámide, en la que los precios se disocian de la economía real y los salarios de la población. Esto genera una gran burbuja especulativa, sostenida políticamente.

Muchos de esos fondos quieren deshacerse ahora de grandes paquetes de viviendas. ¿Es partidario de que el Estado se las compre, aunque eso suponga seguir aumentando sus cuentas con dinero público?

Esto muestra como todo ese proceso era una gran estafa. Blackstone está vendiendo por 300.000 euros las viviendas que le compró a Ana Botella por 68.000. Ahí estaba el negocio. A la pregunta concreta: sí, creo que el Estado se tiene que hacer con esas viviendas, la cuestión es cómo y a qué precio. El Estado no puede ser todo el tiempo un subordinado de los fondos de inversión, también tiene que actuar políticamente. No puedes, simplemente, comprar esas viviendas. Lo primero que hay que hacer es sanear el mercado de especuladores.

¿Cómo?

La vivienda se tiene que proteger como la sanidad o la educación, con un sistema de regulación que ponga límites a la especulación, a los precios y que garantice su función social, que no se puedan convertir en pisos turísticos o alquileres de temporada. Aunque haya una población y un número de casas dadas, el precio puede cambiar muchísimo dependiendo de cuál es la dinámica del mercado. Analizando los datos del Banco de España, hay municipios que han perdido un 15% de población, mientras los precios del alquiler han subido un 50 o un 60%.

Muchas voces apuntan que la solución es construir más.

Es la fórmula del rentismo, que lleva operando 40 años, la que nos ha traído hasta aquí. Un solar no vale nada, pero si lo haces urbanizable, su valor se dispara, metes a las constructoras, a los bancos… y, de repente, es una fuente central de negocio para una minoría que va a ganar mucho dinero. En los desarrollos del sureste de Madrid se está construyendo mucha vivienda. Salen pisos de dos habitaciones por medio millón de euros, en una zona donde no hay ni un comercio, ni centro de salud, nada. Si vas a construir, tiene que ser vivienda asequible, como sucede en Europa, con promotores sociales, asociaciones o cooperativas, que buscan producir un beneficio limitado, porque no quieren ganar todo lo que podrían, sino garantizar una vivienda y alquileres dignos. Cuando van a pujar por un suelo, llega un especulador que paga tres veces más, porque lo va a repercutir en el precio, y se lo queda. Por eso, también tienes que regular quién construye, cómo y bajo qué perspectiva, para fomentar que otros actores entren en el mercado inmobiliario.

¿Qué le parece el nuevo fondo soberano para vivienda que ha anunciado el Gobierno?

Creo que se tiene que hacer a una escala más masiva y no para construir. Lo primero es la compra preferente [por parte de las administraciones], para que no entren especuladores. En Valencia, hace unos años hubo una gran operación entre Sabadell y Cerberus. El Gobierno autonómico [del Botànic] intervino y se quedó las 225 viviendas a un precio un 25% por debajo del de tasación. Eso también manda el mensaje a los mercados financieros de que hay un cambio de rumbo.

No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros

¿Se están implementando actualmente políticas reales para revertir el modelo? ¿Cómo valoras las actuaciones del Gobierno?

A nivel discursivo dice que va a hacer algo, pero luego nunca se atreve a hacer nada. Cambiar esto es un juego de suma cero. No estamos en los grandes momentos de desarrollo industrial donde se producía, se crecía, había mucha riqueza, podían ganar el capital y los trabajadores y se pacificaba la sociedad. Ahora lo que ganan unos se lo quitan a otros. No se produce ni se crea riqueza, solo se redistribuye hacia arriba. Si el Gobierno cambia el sistema, esas viviendas que Blackstone va a vender por 300.000 euros, tal vez las tenga que vender por 200.000. Y no somos tú y yo, es el principal donante de la campaña de Trump, con un poder político y económico espectacular. Regular contra eso hace que sufran ataques, pero hay gobiernos que ya lo están haciendo, porque si no, lo que generas es desafección en las nuevas generaciones, que ya no creen en el sistema. ¿De qué sirve esforzarse si el futuro depende de que tus padres te hereden una casa? Cuando la desigualdad ya no se articula a través de sistemas meritocráticos, sino de herencias, los consensos sociales se empiezan a desmoronar y cada vez menos personas creen en los valores democráticos. Estamos ante una crisis de bienestar, que se soluciona con una respuesta igualitaria basada en la redistribución o con un neoliberalismo autoritario.

Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. Es una carrera a medio plazo.

¿Qué respuesta va ganando?

Es una carrera a medio plazo. Trump, Bolsonaro y las extremas derechas son respuestas a esta crisis de asequibilidad y bienestar, donde la vivienda juega un papel importante. Pero Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York con un discurso muy radical y con una política muy central, de regular precios, hacer vivienda asequible, etc. En Berlín, la población ha votado en un 56% a favor de expropiar a los grandes caseros del país. Aquí, en una encuesta de 40dB para el Grupo Prisa vemos que el apoyo social a limitar la acumulación de viviendas en propiedad es amplio: un 83% en el caso de los votantes de Podemos, un 81% en los del PSOE, un 60% en los del PP y un 52% en los de Vox. Cuando el Gobierno no se atreve a llevar a cabo estas políticas por las presiones, lo que hace es preparar el terreno para que venga un neoliberalismo autoritario, las extremas derechas. El Gobierno está manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas, pero la cuestión de la vivienda es la que le puede hacer perder las elecciones, porque no se atreve a intervenir, como si han hecho algunas comunidades autónomas.

¿Por ejemplo?

Catalunya, aunque aun así se está viendo que es insuficiente. Si tu política es demasiado suave, no va a ser efectiva. Cuando Rajoy reformó el sistema inmobiliario español, no se cortó. No tocó una o dos leyes, sino toda una batería. No dejó ley sin tocar para diseñarlo a la perfección y que entraran los fondos y el capital especulativo. Si tú quieres hacer lo contrario, necesitas un sistema integral de intervención. El Estado de Bienestar no se crea a través de palabras, sino con políticas públicas, intervención, regulación, financiación, etc. ¿Va a pasar? Parece que no está pasando y eso es lo que genera desafección.

Es imposible aspirar socialmente a una vida digna cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero

Hablando de datos macro, sostiene que esa estabilidad ya no genera bienestar, sino que lo erosiona.

La población que vive de alquiler, la generación inquilina, cada vez está peor en términos económicos, vitales, familiares… Es imposible aspirar socialmente a una vida digna, como se nos ha prometido, cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero. Esto tiene muchos efectos, desde la salud mental hasta que haya parejas que no se puedan separar; mujeres atadas al espacio doméstico, un sitio central de violencias machistas; en el derecho a la educación, si tienes que estar cambiando cada cinco años de casa y de colegio; si tienes que mudarte de municipio o al otro punto de la ciudad en medio de un tratamiento médico; o si tardas dos horas en llegar al trabajo.

¿Cómo ha calado la “racionalidad rentista” en la sociedad?

Vivimos en una sociedad súper individualista, un éxito del superindividualista que cada uno juega con sus recursos de la mejor manera posible. Hay una cuestión de supervivencia. No hay que olvidar que el 95% de los hogares que son rentistas ganan más dinero con su salario que con las rentas inmobiliarias. Eso es crucial, porque ocupan posiciones intermedias y contradictorias. El problema es que son los hogares con más dinero los que empiezan a acumular más viviendas para ponerlas en alquiler. Así es como se va rompiendo la sociedad, pero la búsqueda de riqueza en abstracto. Muchas familias se mueven para proteger a sus hijos, porque saben que con sus trabajos tampoco podrán acceder a una vivienda, o para poder pagar la residencia cuando se jubilen, porque se está desmantelando el Estado de Bienestar. La vivienda en propiedad funciona como un sistema de protección social y económica. Si quitas eso, lo tienes que dar por otro lado, por eso abogo por un nuevo paradigma de vivienda.

Los inquilinos del portal número 18 de la calle Mercaderes en Pamplona barajan denunciar a la empresa dueña del bloque, propiedad de Fernando Vidaurre, por acoso inmobiliario tras casi 11 meses de presiones. El periplo comenzó a finales de abril de 2025, cuando les anunciaron la venta de los pisos y la necesidad de que los desalojasen, a pesar de que todos ellos tenían contratos en vigor. Desde entonces, los vecinos alegan haber vivido obras innecesarias, desactivación del ascensor, amenazas y en ocasiones no se les han garantizado las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, según ha podido conocer elDiario.es/Navarra, no es el primer caso en el que el dueño de Vidaurre Group, constructora de numerosas obras a grandes instituciones (como el Centro Bioma de la UNAV, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros; o el proyecto Iberia Loreto 1, encargado por el Ayuntamiento de Madrid por 12 millones) genera descontentos entre los vecinos del Casco Viejo de Pamplona.

Los vecinos que aún resisten en el bloque del número 18 de la calle Mercaderes, una de las más icónicas de Pamplona por ser escenario de los encierros, recuerdan bien el día que comenzó todo: 28 de abril de 2025, día del apagón nacional. El empleado y portavoz de Fernando Vidaurre, propietario de la empresa VDR (Vidaurre Group), dueña del edificio, les convocó a una reunión en su sede, ubicada en la calle San Agustín, para decirles que “iban a vender el edificio y tenían que marcharse”, según han relatado los inquilinos. “Intentaron engañarnos para que firmásemos nuestra salida, pero no firmamos y avisamos a todos los vecinos que no lo hicieran”, recuerdan algunos de ellos.

Según han explicado los propios moradores, algunos de los inquilinos llevan viviendo desde 2021 y “la última persona entró en abril de 2025”, el mismo mes de la notificación. Además, algunos tienen “contratos de siete años” de vigencia por “ser la propietaria una persona jurídica”, explican.

Dos meses antes, en febrero del pasado año, se hacía pública la noticia en un periódico local de que el edificio había conseguido, a través de un recurso presentado al Ayuntamiento de Pamplona, once licencias turísticas (correspondientes a las once viviendas que componen el inmueble). Según el Sindicato Socialista de la Vivienda, vinculado a GKS, antes de la compra del edificio por parte del Grupo Vidaurre en 2019, las viviendas fueron apartamentos turísticos gestionados por el Hotel Avenida desde 2012. Con el cambio de dueño, el edificio se siguió explotando turísticamente hasta la pandemia, momento en el que se reconvirtió para el alojamiento de viviendas convencionales.

“Los vecinos [del edificio] conocíamos el sindicato porque lleva tiempo activo en Iruñea”, señalan los inquilinos, que se pusieron en contacto con la organización para resolver las dudas sobre sus situaciones. “Ha supuesto una seguridad a la hora de conocer nuestros derechos como inquilinos” y así poder seguir adelante, afirman. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario no puede echar a los inquilinos únicamente porque quiera vender la vivienda, ya que la venta no extingue bajo ningún concepto el contrato de alquiler, sino que el comprador quedaría sujeto al contrato vigente y sus plazos establecidos. Además, si el propietario desea alcanzar un acuerdo para que los inquilinos abandonen la vivienda antes, este solo es posible si los inquilinos aceptan voluntariamente, ya que no existe obligación legal de que lo hagan. Por tanto, si quieren permanecer en la vivienda hasta la finalización del contrato, tienen derecho a hacerlo. En el caso de que el propietario quiera vender el inmueble vacío, deberá esperar a que finalice el contrato o negociar una salida anticipada con los inquilinos, sin poder imponerla unilateralmente conforme a lo previsto en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

Las nuevas reuniones que mantuvieron los vecinos y el propietario en mayo para negociar una posible salida, no fueron fructíferas. El dinero que les ofrecieron “no era justo”, explica uno de los vecinos. “Durante ese tiempo, estuvimos buscando viviendas, pero no encontramos ningún otro lugar con unas condiciones parecidas. O eran muy caras, o están lejos, o no son de larga estancia”, dicen. Ante la negativa de abandonar las viviendas —que en ese momento eran cinco puertas de las once que tiene el edificio—, porque “estaban bien” en sus casas y no querían mudarse con “peores condiciones simplemente porque al dueño le viniese bien”, el empleado de Vidaurre Group les advirtió: “Estáis bien hasta que no lo estéis, porque en el edificio las cosas empiezan a fallar. No es presionar, es lo que va a pasar”. En otra ocasión, los vecinos recuerdan que Fernando Vidaurre les advirtió que “tenía sus armas” si no pactaban con él.

Según los afectados, Vidaurre y su representante se negaron a que el sindicato mediase en las “negociaciones”, además de vetar la entrada de la organización a las reuniones mantenidas durante el año pasado. Respecto a las instituciones oficiales, algunas de las vecinas explican que acudieron a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y se sintieron “totalmente infantilizadas y humilladas”. “También hemos llamado por teléfono [a otros organismos] y no nos han aclarado nada”.

Durante el verano, a una de las casas se le averió el agua caliente. Sin embargo, los propietarios se negaron a arreglarla durante meses, corriendo finalmente la reparación a cargo de los vecinos, que todavía no han recibido reembolso de los gastos. Según relatan los inquilinos, “hay un gran cambio de actitud y atención” desde que los propietarios comenzaron la campaña y ahora. Antes, “la comunicación era fluida” y las respuestas ágiles. Pero, desde el comienzo de la situación, la propiedad “usa el desgaste” e ignora a los vecinos, a pesar de que está obligada a mantener la habitabilidad de la vivienda. Lo mismo pasó en otro piso con la calefacción, averiada a finales de verano. “Nos trajeron radiadores enchufables, pero seguía haciendo frío”, declaran las inquilinas, que durante la ola de frío de diciembre (cuando las temperaturas rozaron los 3 grados bajo cero) el domicilio no superaba los 15 grados, según declaran. También tenían miedo de pedir la reparación por si no la finalizaban. “Es calefacción radiante y hay que levantar todo el suelo. Como quieren que nos vayamos, lo mismo nos dejan sin suelo y no lo reparan”.

En septiembre de 2025, los vecinos conocieron a Fernando Vidaurre en una reunión para intentar llegar a un acuerdo y exponerle sus condiciones. Sin embargo, el propietario no aceptó y, además, les avisó de que se realizarían obras de reparación de unas humedades ubicadas en el portal. Poco después, ya en el mes de octubre, bajaron los plomos del ascensor y comenzaron a picar el techo y las paredes del portal. Según cuentan los vecinos, en seis meses los obreros han aparecido en el lugar menos de media docena de veces. Ante las preguntas de los vecinos sobre la duración de las obras y, sobre todo, la gestión de los residuos —como los cascotes y fragmentos de pared, que quedaban esparcidos por el suelo e imposibilitaban deambular por el portal—, la respuesta por parte de Vidaurre Group fue nula. Les dijeron que “la empresa estaba buscando la humedad” y que no dependía de ellos, pues “los obreros no pertenecían a la empresa”. Sin embargo, los vehículos que manejaba el personal de la “reparación” pertenecían a la compañía de Fernando Vidaurre.

En la memoria de obras, presentada por el propietario al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso elDiario.es/Navarra, se describe que “en las zonas comunes del edificio se han detectado humedades que con el tiempo han ido a más”, provenientes de “los locales contiguos (medianeros)” del edificio. Sin embargo, en la página siguiente de este mismo informe, donde se detalla la obra, se describe que la intervención es un “tratamiento de humedades por capilaridad”. De la misma manera, en los bloques colindantes —correspondientes al número 4 de la calle Calderería y a Mercaderes 16— no se han realizado obras relacionadas con humedades, según el registro de licencias del Consistorio. Tampoco han tenido este tipo de problemas en el local de hostelería que ocupa el bajo de Mercaderes 18, según ha explicado el encargado, que corrobora la versión de los vecinos de que “el portal se encontraba en perfecto estado”. También, respecto a esta intervención, hay registrada en el Ayuntamiento una incidencia relacionada con una mala gestión de los residuos por hallarse esparcidos por todo el habitáculo que compone el portal y la salida.

Ante la duda de que las obras encargadas por Fernando Vidaurre tuvieran como único fin amedrentarles, los vecinos encargaron a un perito un análisis técnico. Las conclusiones, tras varias páginas que explican el arduo análisis que se hizo in situ y de los restos, fueron muy rotundas, concluyendo que “nada” indicaba “la necesidad de acometerlas”. Además, en las conclusiones del informe también se refieren a la desactivación del ascensor, reflejando que “se desconoce la causa por la que no está en funcionamiento, ya que no se han observado afecciones en su entorno”; y añaden que las obras “se están realizando de forma intermitente”, pudiendo “dar lugar a incidentes” por “el tránsito de personas permanente [al ser un portal de acceso a viviendas]”.

Junto con el Sindicato Socialista de la Vivienda, los inquilinos convocaron el 3 de noviembre de 2025 una rueda de prensa frente al portal para “denunciar la situación” que vivían particularmente de “acoso inmobiliario”, pero “más allá de su situación particular”, exponer la problemática del “negocio turístico” en el Casco Viejo de Pamplona. Ese mismo día, según los inquilinos, Fernando Vidaurre supo de la convocatoria antes de celebrarse, pues poco antes de la llegada de los medios limpiaron los escombros y cascotes para meterlos en bolsas, que agolparon en el portal. Una vez terminada, Vidaurre llamó a una de las vecinas, que había actuado como portavoz, “gritando y de muy mala manera” para decirle que “lo que decía era mentira”, relata la joven. Además, la vecina declara que el arrendatario le avisó de que iba a llamar al director de un periódico local (que había cubierto la convocatoria) para que borrase la noticia y, por lo visto, así ocurrió. Poco después del inicio de la campaña, Fernando Vidaurre también se personó delante de la farmacia donde trabaja uno de los inquilinos —que había secundado la protesta— y, según cuenta él mismo, “lo amenazó”, diciendo que le iba a empapelar el escaparate del negocio y que “estaba investigando” a él y a su familia. Otra vecina también alega que Vidaurre llamó a su trabajo preguntando por ella. “Lo hacen para que sepas que te han fichado”, hipotetiza.

Una de las vecinas recuerda que “tuvo mucha ansiedad durante esos días” porque “se ha vendido una historia que no es del todo cierta”. “Hemos sentido muchas veces frustración”. Sin embargo, alega que, a pesar de la incomodidad de la situación, seguían sin encontrar una alternativa viable y se quedaron “simplemente por dignidad y convicción”. “No puede ser que porque quieran hacer negocio nos tengamos que ir de nuestras casas”.

Menos de dos semanas después, el 14 de noviembre, se celebró una asamblea en el Casco Viejo pamplonés “para hablar del tema”, tanto de la situación que vivían los vecinos, como otros casos similares en el barrio. “Acudió mucha gente y hablaron de su situación”, muchas de ellas similares, relatan los asistentes. “Sentimos mucho cariño”, declaran. Un mes después, se convocó una movilización en el Casco Viejo, junto con los vecinos del bloque número 18 de la calle Mercaderes, para denunciar “el negocio inmobiliario” y sus “consecuencias negativas”.

No fue hasta principios de febrero, cuando los obreros comenzaron a recoger el equipo de obra (como los puntales o plásticos) y a reconstruir la pared y el techo del portal. Cabe decir que la fecha coincidía con el vencimiento de la licencia de obra por “humedades”. También “empezaron a hacer obras en los pisos vacíos [en total 6] y activaban el ascensor [que llevaba apagado desde el inicio de las obras por las supuestas humedades] mientras trabajaban”, aunque después lo volvían a apagar, declara una vecina. Por esas fechas, el 11 de febrero de este año, aparecía una pancarta en el segundo piso del inmueble donde anunciaban la venta de los pisos. Un anuncio que el Sindicato Socialista de la Vivienda interpretaba como una victoria. En una rueda de prensa, la organización afirmaba que, “gracias a la presión y la lucha de los vecinos y del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria”, Vidaurre renunciaba a “construir pisos turísticos”. Sin embargo, en las diversas veces que se ha llamado al número que se expone en el cartel —también desde distintos números de teléfono y tramos horarios— siempre ha saltado un contestador automático.

Por su parte, Fernando Vidaurre, preguntado por este periódico, ha alegado que todo forma parte de una “extorsión personal”. Según declara, la versión expuesta por los vecinos es “mentira” y ya “han conseguido lo que ellos querían”, pues ha renunciado a las licencias turísticas. Ha defendido la existencia de humedades en todo el edificio y ha anunciado que irá a por los vecinos “judicialmente” si dicen “una injuria más”. “Lo tengo todo preparado”, sostiene. Según cuenta, dispone de “toda la documentación” que avala sus declaraciones, pero ha rechazado facilitarla para contrastar la información, como fotos del “portal con humedades”, “el hueco del ascensor inundado” o “correos de la comunidad del edificio contiguo” quejándose por la humedad que causa el número 18 de Mercaderes. “Yo solo quiero irme de ahí. Desaparecer y que sean felices. No soy un especulador”, declara el empresario a este medio. “Voy a vender los pisos uno a uno a inversores. Los voy a vender como empresario, porque tengo derecho”.

Incidente con un trastero

En este mismo edificio, hubo en 2022 otro percance grave relacionado con el empresario. Vidaurre Group vació dos trasteros que no eran de su propiedad. “Rompieron nuestra cerradura y pusieron otra” sin dejar rastro de “todas nuestras cosas”, recuerda la propietaria. El empleado y representante del empresario, el mismo con el que los inquilinos han mantenido el contacto, explicó a la propietaria que “pensaban que los objetos eran de turistas”. Según cuenta ella, Fernando Vidaurre “nunca se puso en contacto” con la afectada “ni para pedir perdón, ni para hacer ninguna propuesta”.

La dueña de los pequeños inmuebles, vecina también de la calle Mercaderes, aunque no del portal 18, compró estos trasteros en 2013. En agosto de 2022 tras “meses sin ir por la pandemia y enfermedades”, tal y como relata la vecina, su hija “fue a coger la bici y no le entraba la cerradura”, aunque pensó que “la llave estaría mal”. Una vez comprobaron que se había cambiado bombín, preguntaron a Vidaurre Group qué había ocurrido muy extrañadas. “Tenían medios para saber que esos trasteros eran de mi propiedad” y no “hicieron nada por comunicarnos” cualquier cambio “en ningún momento”, reclama la propietaria

Después de un buen rato y avisar a la empresa de que iban a llamar a la Policía Municipal, la vecina recuerda que el representante de Vidaurre les dijo por llamada que habían vaciado el trastero “por un error”. “Nos dijeron que habían reformado el portal para justificarlo, pero no lo habían hecho”, apostilla la vecina. Según la Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, en 2021 solo se realizó una “reforma de pintura en la fachada” desde los balcones, no habiendo constancia de que se hubiera reformado el portal por aquellas fechas.

Además, la empresa de Vidaurre tardó casi dos semanas en darle las llaves. Mientras, la propietaria interpuso una denuncia en la Policía Nacional detallando todo lo que había en los dos trasteros. “Había cosas de todo tipo, muchas de ellas buenas, como la bici, muebles antiguos, mesas de marquetería, equipos de música, material de camping, de playa, maletas...”, todo con un incalculable “valor personal y sentimental”, incluido todos “los recuerdos de infancia de sus hijos”.

Al recibir las llaves, Vidaurre Group solo les dio dos copias, alegando que la otra estaba en paradero desconocido y “la tenían que localizar”, según cuenta la vecina. En el trastero “había un extintor, una mesa del bar de al lado y una fregona con su cubo”, recuerda. Abrir el trastero y que no quedase rastro de sus cosas fue un “shock total”, recuerda la afectada. Avisó a la empresa para informar sobre los objetos y, al volver al día siguiente, “no había nada”. “Habían vuelto a entrar sin permiso y la llave esa que estaba perdida, no lo estaba tanto”, explica la mujer, que procedió a cambiar las cerraduras para que “no hubiera copias por el mundo”.

Según ella, el “encargado de Vidaurre” le admitió en una reunión que “habían tirado todo” al contenedor de escombros “porque estaban de obras” y “pensaban que eran cosas de los turistas”. Aunque “un trabajador del bar de abajo dijo que había cosas que tiraron y otras que se las llevaron en furgonetas”, matiza la vecina. En la reunión que tuvo con el empleado de la empresa de Vidaurre, este le hizo una oferta de compra por los trasteros, aunque, según la dueña, la cifra fue “una desfachatez”. “Nos ofrecieron por los dos trasteros el precio que pagamos por solo uno [casi 10] años antes”.

Cuando la propietaria le avisó que acudiría a la vía penal —por recomendación de la Policía Nacional que la había atendido y su abogado— el empleado de Vidaurre Group le avisó de “con quién se estaba metiendo”. “Ha hecho el [estadio de Osasuna] Sadar”, le advirtió supuestamente este. Durante el juicio, Vidaurre argumentó que las vecinas “tenían que haber ido con más frecuencia”, explica la demandante, a lo que ella misma se pregunta: “¿pero qué obligación tenemos nosotros de ir al trastero cuando tú nos lo digas?”. Además, el empresario declaró que había sido él quien había cambiado la cerradura final de las puertas, a pesar de que la propietaria conservaba las facturas del cambio de bombín. Finalmente, la demanda no dio sus frutos por la vía penal y acudieron a la civil, donde se “conformaron con 6.000 euros”, aunque la dueña había tasado sus enseres por un valor muy superior. “Aceptamos el acuerdo por el temor a quedarnos con los 800 euros que ofrecían ellos, no se hizo justicia para nada”, lamenta. El asunto acabó en febrero de 2025, tres años después del incidente.

Los vecinos del edificio de Mercaderes 18 conocieron la historia de la propietaria del trastero y su hija porque ellas siguen utilizando el pequeño inmueble para guardar otras cosas. “Fui un día a por la bici, vi que estaba todo el portal sucio y pregunté a las vecinas, que me contaron lo que pasaba”, relata la hija de la propietaria. “Entonces les conté nuestra historia y establecimos contacto”. Además, en la asamblea el 14 de noviembre, también “hubo una vecina, que vivió en este edificio, que tuvo una experiencia horrorosa” con Vidaurre, relatan.

En esa reunión, la propietaria del trastero y su hija se sintieron reconfortadas. “A la mujer [que anteriormente vivió en el edificio] se le removía el estómago al saber que [supuestamente, Vidaurre] seguía haciendo lo mismo”. Ahora, afirman que “siguen dando su apoyo” a los vecinos de Mercaderes 18 por “la pesadilla” que vivieron ellas. “[Con nosotras, la empresa de Vidaurre] tuvo la misma actitud que ha tenido con estos chicos”, describe la vecina con pena.

Los inquilinos del edificio consideran que organizarse “ha sido un acierto” y ha ayudado mucho. “A la hora de tomar decisiones nos ha dado una posición de poder diferente”, apostilla una de las vecinas del bloque, que también ha dado valor al soporte moral que ha supuesto. “Cuando nos hemos sentido más vulnerables siempre nos ha reconfortado hablar y darnos fuerzas entre nosotros”, aunque antes no se conocieran “más allá de vernos en el ascensor”. Según aseguran los vecinos, la ayuda del Sindicato Socialista de la Vivienda les ha permitido matizar “todas las verdades a medias (o directamente mentiras) que nos han ido tratando de colar los propietarios”. Además, “está claro que solos no hubiéramos tenido medios para convocar una rueda de prensa y darle tanta visibilidad a la situación del Casco Viejo”, afirman. Aunque también es cierto que, conforme la situación seguía avanzando, ha habido ciertas discrepancias entre la organización y algunos vecinos. A pesar de ello, los inquilinos tienen una cosa clara: “[Vidaurre] nos ha hecho sentir que no podíamos hacer nada, pero luego hemos visto que, realmente, se podía hacer mucho”.

Hace unos meses escribí, en este mismo diario, una serie de palabras muy benévolas con los arrendadores de lo que hasta ahora sigue siendo mi casa. Entiéndase mi casa como el lugar en el que guardo mis cosas, al que llegan mis cartas y, claro, el espacio en el que puedo tomarme el privilegio de refugiarme del mundo cuando el mundo se pone patas arriba. Entiéndase mi casa como el altar de sacrificios en el que degüello una parte importante de mi nómina para que mis arrendadores puedan pagar tranquila y relajadamente las cuotas de su hipoteca mientras ellos viven en otro lugar. Entiéndase, entonces, mi concepto de palabras muy benévolas cuando lo que dije, refiriéndome a ellos, es que había tenido suerte con mis caseros. Dice así:

Eran, siguen siendo, una pareja joven. Ella es extranjera y él no; él es de acá, o eso dice él, porque Él tiene un petulante acento castellano que arrastra las eses de aquí para allá como si fuesen las ubres de una mula vieja; un acento castellano petulante que es exactamente el acento que tienen los que dicen ser de aquí, pero se avergüenzan de ser de aquí. Igual que ese escritor de Águilas que hace libros que relativizan la credibilidad de las denuncias de violencia de género o ese otro escritor de Cartagena que confunde sin distinción la decrepitud de su vida con la decrepitud de Occidente. Los dos trabajan en el sector de la informática; esto lo sé porque he bicheado su LinkedIn.

Según la historia que nos contaron, supongo que será cierta, compraron la casa en la que vivo -es decir, repito: mi casa- con intención de vivir ellos aquí. Pero, pobres de ellos, consiguieron un puestazo de trabajo en no sé dónde que no podían rechazar y tuvieron que poner el piso en alquiler. Pedían originalmente 1.400 euros al mes por él y tras una buena negociación acabaron aceptando 1.200. La casa es un séptimo con piscina en la azotea y buenas vistas, pero las ventanas son viejas, el suelo es más guarro que una sobremesa en El Ventorro y de los armarios empotrados podría salir fácilmente un poltergeist. Mil doscientos euros les pareció correcto y para nosotros era tan urgente que no podíamos pensárnoslo mucho más. Durante algo más de dos años, la relación ha sido correcta: pagar antes del día 5 y recibir a cambio una atención más o menos apresurada de las demandas de mantenimiento que teníamos. Cómo estarán las cosas para decir que eso es tener suerte.

Un rato después, más o menos la semana pasada, recibimos un mensaje de los propietarios: “¿Os importa dejarnos entrar en el piso? Queremos pasarnos con un amigo arquitecto que tome medidas del piso para una futura obra. No os vamos a engañar: nosotros también vivimos de alquiler en Madrid y antes de final de año tenemos que irnos del piso, y quizá tengamos que mudarnos de vuelta a Murcia antes de tiempo”. El error fue decirles que sí. A los dos días apareció Él por allí con unas pintas de protagonista de un ensayo de Raquel Peláez insoportables y dos arquitectos que eran, a todas luces, decoradores de interiores. Una vez allí, o sea, aquí, nos contó lo malísimos chunguísimos que eran sus caseros y cuánto palo le daba a Él y a Ella -jo, tíos- pensar siquiera en que ella estaba, en realidad, en una situación parecida. “Pobre de mí, solo tengo un piso en propiedad”, entendí que nos estaba diciendo. Nos dijo que, pese a las apariencias, todo esto era solamente teórico y que, en caso de tener que volver al piso, nos avisarían con bastante tiempo. “Ya sabéis que el mínimo legal son dos meses, pero os avisaríamos con más margen”, nos dijo. “Lo de los planos es porque compramos la casa prácticamente sin venir a verla, no hemos tenido tiempo de ver cómo es en realidad”. Hasta nos estuvo preguntando por la piscina y por el balcón y por los vecinos.

Esta semana, sin embargo, Ella nos envió un mensaje de WhatsApp larguísimo en el que nos decía que lo sentía muchísimo y que habíamos sido inquilinos increíbles, pero que el uno de abril tenemos que pirarnos de acá. Es decir, que el “más margen” al que hacía referencia la semana pasada era, en concreto, cinco días más de margen. Sus caseros chunguísimos de no sé dónde les habían dado de margen hasta final de año, y para diferenciarse de ellos, supongo que en alguna perversa competición para ver quién es el propietario de vivienda más cabrón de este país, nos ofrecían la friolera de cuatro veces menos tiempo. Al final mis caseros han resultado ser gentuza, como casi todos los caseros.

Podría pensar que lo mío es un caso aislado, una concatenación desafortunada de circunstancias personales, una pareja joven con mala suerte en Madrid que necesita recuperar su piso en Murcia. Pero no. Lo que nos pasa a nosotros forma parte de algo mucho más grande y bastante más obsceno. En 2026 se extinguirán o vencerán en España más de 632.000 contratos de alquiler, la mayoría firmados en 2021, en plena pandemia, cuando los precios estaban relativamente contenidos y la ley obligaba a una prórroga mínima de cinco años. Lo que significa, traducido al idioma de los que pagamos, es que cientos de miles de inquilinos van a sentarse frente a sus propietarios para escuchar cuánto vale ahora su necesidad de techo. Se calcula una subida media de unos 1.735 euros anuales por contrato, algo más de 140 euros al mes.

Porque lo que suena fenomenal en una conversación de sobremesa (comprar un piso sin verlo, alquilarlo para que cuatro chavales te paguen la hipoteca mientras tú haces carrera por ahí y, llegado el momento, recuperar tu activo) tiene consecuencias muy concretas cuando el activo es la vida de otro. Claro, claro, nosotros somos jóvenes, tenemos margen de movimiento, no hay criaturas de por medio, ya encontraremos algo. Imagina que esta jugada se la hacen a alguien sin colchón, a alguien con dependientes a cargo, a alguien que no puede absorber 145 euros más al mes ni una mudanza exprés en primavera. Lo que ocurre cuando decides hacer negocio de una necesidad básica es que no puedes permitirte la franqueza, porque necesitas dar una puñalada amable para no sentirte como el cacho de escoria que eres. Y entonces todo se convierte en una cuestión de modales. No de derechos, no de estructura económica, no de acceso desigual a la vivienda: de formas. El margen legal son dos meses, dicen. El margen moral, al parecer, son cinco días extra y un mensaje larguísimo con un lo sentimos muchísimo, obviando lo perverso, lo cruel y lo psicopático que tiene la obscenidad de este sistema que convierte a gente perfectamente integrada, perfectamente moderna y perfectamente simpática en ejecutores rutinarios de un desahucio con muy buenas formas.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

Silvino va néixer a Langreo, al cor miner d'Astúries. Tenia 15 anys quan ajudava el seu pare a arrossegar sacs de carbó i a repartir-los entre els veïns abans d'emigrar i començar una vida errant que, entre altres destinacions, el va portar a Finlàndia, a Canàries i, finalment, a Mallorca. Amb el fred del matí encara agafat a la roba, relata la seva història mentre, al seu voltant, tècnics municipals i un ampli dispositiu de la Policia Local identifiquen aquells que, com ell, malviuen des de fa anys a l'antiga presó de Palma: més de 200 persones entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. L'Ajuntament ha reactivat el desnonament de tots ells, però Silvino, cuiner avui jubilat, ho té clar: “No penso quedar-me al carrer”.

Divendres que ve, una vegada completats els controls iniciats aquest dimecres, el Consistori preveu notificar-los l'ordre d'expulsió, presentada com una actuació necessària per raons de seguretat i salubritat. Al llarg del matí, els seus noms eren anotats en formularis i incorporats, un a un, dins un procediment administratiu tan meticulós com impersonal. Mentrestant, als afores de l'immoble, el primer tinent de batle de Palma, Javier Bonet (PP), assegurava que el que al govern municipal li preocupa és que “cap persona de les que viuen aquí dins pugui morir calcinada”, en al·lusió als quatre incendis registrats a les instal·lacions el passat cap de setmana i que, al seu parer, van ser “probablement provocats”.

En un comunicat remès als mitjans de comunicació, l'equip de govern apunta que “no és un fet aïllat”, sinó que “es ve repetint amb freqüència en els últims mesos”, la qual cosa, en paraules de Bonet, “fa pensar” que “puguin ser fins i tot provocats pels ocupants, derivats de disputes entre els grups que aquí resideixen”. Una afirmació que el Consistori formula en termes hipotètics en un intent d'associar als seus residents amb la conflictivitat i reforçant amb això l'argument municipal a favor del desallotjament.

Molts dels afectats no tenen alternativa habitacional ni ingressos suficients per pagar el lloguer d'una habitació -el preu de la qual en alguns casos arriba a superar els 1.000 euros- i resistiran, entre els enderrocs i els murs esquerdats del vell recinte carcerari fins que s'esgoti el termini legal. Després de la notificació del desnonament, els ocupants disposaran de cinc dies per presentar al·legacions. Després, es dictarà una ordre que els obligarà a abandonar el lloc en un màxim de quatre dies. De no fer-ho, l'Ajuntament sol·licitarà autorització judicial per executar el desnonament col·lectiu. Un cop desocupat l'espai, el Consistori preveu netejar-lo, tapiar-lo i, posteriorment, demolir-lo per urbanitzar el solar amb la construcció d'un accés a l'autovia de Palma i un projecte d'habitatges.

“Potser agafaré un carro i el passejaré pel carrer”

Silvino explica que va arribar a la vella presó després que la propietària de l'habitació on vivia li pugés el lloguer de 200 a 250 euros, una xifra impossible per a algú que aleshores cobrava poc més de 400. “Vaig agafar els trastos i me'n vaig anar”, recorda. Una dona el va veure al carrer i li va parlar d'aquest lloc. Sense aigua, sense electricitat i entre murs derruïts que amb prou feines protegeixen del fred exterior, l'home va trobar un 'refugi'. Recrimina que, amb una mitjana pensió que amb prou feines arriba per sobreviure, no sap on anirà: “Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”.

A pocs metres, un altre 'resident' de l'antiga presó, d'origen italo-tunisià, explica que fa tres anys que viu al recinte. “Aquí els polítics parlen molt, però no fan res. I la policia ve aquí a parlar, però no posa una solució”, lamenta, mentre insisteix que ningú li ha explicat amb claredat què passarà després. “Aquí no hi ha aigua ni llum. I em diuen que he d'anar-me'n. Què puc fer jo? No cometo delictes, sóc una persona treballadora, vaig a la feina i torno”, apunta, per la seva banda, Felipe, una altra de les persones que s'enfronten a la incertesa de la sortida forçosa amb el temor de perdre l'únic sostre del qual disposa.

En termes similars es pronuncia Antonio, mallorquí que fa sis mesos que viu a l'antiga presó i recrimina que el desnonament s'està duent a terme “amb nocturnitat i traïdoria”. “No ens donen cap solució. Molts som treballadors. Què aconseguiran amb això? Un cens. I si ens fan fora demà? On anem? Vosaltres sabeu el que costa lloguer un pis”, incideix, dirigint-se als periodistes que a primera hora s'han desplaçat fins al recinte. Una ullada al portal immobiliari Idealista permet comprovar com, en aquests moments, tan sols una desena de pisos s'anuncien a Palma per menys de 1.000 euros al mes. Només un d'ells supera els 50 metres quadrats: en fa 55.

Un altre dels afectats, el testimoni del qual ha recollit l'agència EFE, assegura ser “una persona treballadora amb un sou en B de 1.200 euros a la construcció” i que el seu cap li exigeix 3.000 euros per contractar-lo, una pràctica il·legal que il·lustra l'explotació i l'indefensió a les quals nombrosos treballadors es troben sotmesos, atrapats entre l'economia submergida i un mercat immobiliari que els tanca les portes. “Necessito un lloc on dormir”, sentencia.

Contactes amb el Bisbat i l'Exèrcit

L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que està intentant trobar una solució amb el Bisbat de Mallorca -que recentment ha recorregut als tribunals per a desallotjar una mare i els seus dos fills d'un dels seus locals apel·lant a la “perillositat” de l'immoble- i l'Exèrcit amb l'objectiu que ningú quedi a la intempèrie. “És un problema de ciutat i un problema de país”, ha asseverat Bonet en referència a l'actual crisi habitacional, agreujada en els últims anys per l'especulació immobiliària, la irrupció massiva de fons d'inversió internacionals i la turistització, factors que han empès centenars de persones a viure amuntegades a infrahabitatges, caravanes i a edificis abandonats com l'antiga presó de Palma.

Lucía Muñoz, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, qui es trobava present juntament amb altres integrants de la formació morada per intentar aclarir als afectats què passarà quan el procediment administratiu esgoti els seus terminis, s'ha mostrat severament crítica amb l'actuació municipal i amb la “política criminal” del batle, Jaime Martínez, que suposa “deixar al carrer persones que ja viuen en unes condicions que ningú desitjaria”. Així mateix, lamenta l'absència d'un acompanyament real per part dels tècnics municipals: “Hi ha una taula de serveis socials que està ajudant a desnonar 200 persones, més de la meitat d'ells sense papers, sense que se'ls estigui explicant el procés ni les alternatives disponibles”.

Muñoz ha proposat al Consistori reconvertir l'antiga presó en habitatges socials així com en una residència pública d'estudiants, i ha cridat l'alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Les entitats socials adverteixen, per la seva banda, de les conseqüències immediates del desnonament. Metges del Món calcula que unes 250 persones resideixen al recinte en situació d'extrema vulnerabilitat -moltes d'elles amb greus problemes de salut física i mental- i denuncia que no s'han habilitat recursos suficients per acollir-les. L'organització alerta que, si s'executa en les condicions actuals, totes elles “quedaran directament abocades, encara més, a una realitat marcada per la inseguretat, la ruptura dels seus processos terapèutics i socials, el deteriorament accelerat de la seva salut” així com a “una major exposició a situacions de violència, exclusió i estigmatització”.

Davant aquest escenari, Metges del Món ha instat l'Ajuntament a “assumir la seva responsabilitat institucional i a actuar amb caràcter urgent”, habilitant alternatives habitacionals dignes, suficients i adequades abans de procedir al desnonament o, en defecte, ajornant-lo “fins a garantir una solució definitiva que protegeixi els drets fonamentals de les persones afectades i eviti la generació d'una emergència social que, a dia d'avui, segueix sent prevenible mitjançant voluntat política i planificació responsable”.

Aquells que avui sobreviuen al vell penal -alguns des de fa uns mesos, altres des de fa anys- habiten les mateixes parets que durant dècades van tancar els presos comuns que van ocupar el complex des de la seva inauguració el 1968. Fins aleshores, la presó provincial es trobava al convent de ses Caputxines. La presó, la possessió de la qual l'Ajuntament vol recuperar, va romandre en funcionament fins al 1999, quan els interns van ser traslladats a l'actual centre penitenciari de Palma i els estrets passadissos, les cel·les i els patis van quedar sumits a l'abandonament, condemnats a un deteriorament lent que avui serveix de refugi precari per a aquells que no tenen un altre lloc on viure.

Les dificultats per accedir a un habitatge digne a Balears, els elevats preus del qual s'han convertit en un obstacle per a la població local enfront de l'elevada demanda de compra i lloguer per part d'estrangers amb major capacitat financera, han portat la població més vulnerable a buscar alternatives com aquesta per poder sobreviure. A Palma, una de les ciutats espanyoles amb el mercat immobiliari més tensionat, les dades il·lustren la magnitud de la crisi habitacional, l'increment del sensellarisme i les dificultats d'accés al mercat residencial: mentre els preus continuen disparant-se -al gener el metre quadrat va assolir els 5.131 euros enfront dels 2.650 euros de mitjana estatal, segons Idealista-, un total de 9.346 pisos romanen buits, d'acord a les dades del mateix portal immobiliari. Palma concentra, així mateix, la major part dels habitatges de Balears en mans de grans tenidors -aquells que posseeixen més de deu immobles-, amb 8.652 sota el seu control, dels quals 2.621 pertanyen a titulars amb carteres superiors a cent propietats, segons reflecteix la investigació duta a terme l'any passat per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre.