Europa vota la próxima semana y los países suelen aprovechar la campaña electoral para repasar las bondades de pertenecer al club comunitario. En el caso vasco, el balance económico es que la Unión Europea ha aportado o comprometido 3.028,48 millones de euros entre 2014, inicio del anterior período de planificación, y 2027, cuando finalizará el actual, según datos facilitados a elDiario.es/Euskadi por el área de Economía y Hacienda del Gobierno vasco.

Un altísimo porcentaje, cinco de cada seis euros aportados, es decir, casi 2.500 millones, han llegado como consecuencia de los planes extraordinarios diseñados para combatir el hundimiento repentino de la economía por la llegada de la COVID-19 en 2020, tanto los REACT UE como el plan Next Generation EU. El resto se corresponden con los programas ordinarios de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo Social Europeo (FSE). Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, como el resto de España, ingresaron en la Unión Europea en 1986.

Fondos FEDER y FSE

FEDER responde a Fondo Europeo de Desarrollo Regional y “es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión europea”. Es decir, busca el equilibrio territorial y reducir las desigualdades. Antes de la llegada de la COVID-19 se diseñó un programa operativo para el período 2014-2020 con una dotación de 179,1 millones para Euskadi, 125,4 para el Gobierno vasco y el resto para las tres diputaciones (8,7 para Álava, 27,2 para Bizkaia y 17,7 para Gipuzkoa). Se trata de unas ayudas “cofinanciadas”. Esto es, las instituciones receptoras deben aportar otro tanto de lo que reciben para optar a estos fondos.

Además, “como respuesta a la crisis derivada de la COVID-19”, se articuló una línea adicional de FEDER -directa y no confinanciada- dentro del plan de emergencia REACT UE. Fueron 319,1 millones. En total, el FEDER del sexenio rozó los 500 millones de euros, en concreto 498,27. Sumadas las inversiones propias generadas, se han movilizado en este capítulo 680 millones para “mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información, mejorar la competitividad de las 'pymes', favorecer una economía baja en carbono y conservar y proteger el medio ambiente”.

De cara al período 2021-2027, aprobado por la Comisión Europea en la legislatura comunitaria que ahora acaba, el FEDER asignado a Euskadi es de 165,7 millones de euros, 116 de gestión autonómica y 49,6 de gestión foral. En esta ocasión, la financiación europea cubre el 40% de los proyectos. Se acometerán, por lo tanto, inversiones valoradas en 414 millones. La mitad de la ayuda va a iniciativas de transformación digital y el resto al programa 'Una Europa más verde' que prevé planes contra inundaciones o incendios, eficiencia energética, mejora de suministro de agua o renovación de transportes urbanos.

El FSE, por su parte, es el Fondo Social Europeo. La previsión para el sexenio 2014-2020 era de 54,7 millones para el programa “País Vasco” y 51,4 para el de “Empleo juvenil”. Tras la llegada de la COVID-19 se asignaron otros 106,38 millones dentro del plan REACT UE para incrementar la aportación al FSE. En la planificación para 2021-2027 hay consignados 79,04 millones para Euskadi. El FSE trabaja en líneas como el empleo, la economía social, la lucha contra la pobreza y, específicamente, la situación de los jóvenes.

Next Generation EU

En el verano de 2020, terminada la primera ola de la COVID-19, Ursula von der Leyen anunció un gran plan para inyectar fondos a la deprimida economía europea. El plan recibió el nombre de Next Generation EU. Los últimos datos del Gobierno vasco, actualizados a 31 de diciembre de 2023, arrojan que a Euskadi le han sido asignados 1.192 millones de los 26.125 distribuidos a las comunidades autónomas españolas. Es un 4,55% del total, al menos que el 4,61% que supone la población vasca. El 93% ya estaba transferido a comienzos de año. A ello se le añaden otros 881 gestionados directamente por el Gobierno central en la comunidad autónoma, 797 en programas ministeriales y 84 por asignaciones a agentes públicos y privados. La parte estatal para Euskadi asciende al 6,7% del total movilizado.

De los fondos gestionados desde Euskadi, el Gobierno vasco ha cedido a las diputaciones 126 millones, 57 a Bizkaia, 40 a Gipuzkoa y 29 a Álava. Además, 34,5 recayeron en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y otros organismos municipales o comarcales. La intención final es que 246,5 de los 1.192 millones totales sean gestionados en el ámbito local o foral. ¿Qué ha hecho la Administración vasca con ese dinero europeo? Se han realizado 258 convocatorias de subvenciones “con un volumen total de inversión de 793 millones” y se han licitado 318 contratos “con una dotación de 118 millones”. Otros 61 millones han sido para proyectos realizados con medios propios.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, lanzó un catálogo de planes que se querían cofinanciar con fondos europeos, el denominado Euskadi Next. Ahí aparecieron desde la piscifactoría que se quiere ubicar en las instalaciones abandonadas de la central nuclear de Lemoiz hasta el nuevo Guggenheim de Urdaibai. Presentado a finales de 2020, aquello era una relación de 188 proyectos (132 páginas) valorados en más de 13.000 millones y la idea era que Europa pusiera el 43%, unos 5.700 millones, una cifra muy alejada de la ejecutada realmente.

El programa Next Generation EU ha creado la figura de los PERTE o “proyecto estratégico para la recuperación y la transformación”. “Los agentes vascos -explica Economía y Hacienda- han tomado parte en convocatorias pertenecientes a ocho PERTE: aeroespacial, agroalimentario, digitalización del ciclo del agua, economía social y de los cuidados, energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, nueva economía de la lengua, salud de vanguardia y vehículo eléctrico y conectado”. En cifras, los PERTE implican 725 millones, 241 de gestión autonómica y 484 estatales (379 vía subvención y 105 a modo de préstamos).

El Gobierno vasco, por boca del consejero Pedro Azpiazu, siempre ha demandado un cambio en la gobernanza de los fondos comunitarios. Ha reclamado más capacidad de gestión para las comunidades autónomas. “No se puede desperdiciar el profundo y cercano conocimiento que tienen de su tejido social y productivo y que es fundamental para impulsar proyectos transformadores”, ha llegado a señalar en las sucesivas comparecencias que ha realizado en el Parlamento Vasco para ir dando cuenta de la evolución de la gestión del programa.

En el PNV dan por amortizada la etapa de Gotzone Sagardui al frente de la cartera con más presupuesto del Gobierno vasco, la de Salud. Osakidetza es una de las principales preocupaciones ciudadanas y ha sido uno de los temas protagonistas en la campaña electoral hasta el punto de que quien con toda probabilidad será nuevo lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado propuestas que enmendaban decisiones adoptadas por Sagardui, como el cierre de algunos servicios en Vitoria como el PAC de San Martín, por ejemplo. Están confirmadas también las salidas de Josu Erkoreka (vicelehendakari primero y Seguridad), Arantxa Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y Pedro Azpiazu (Hacienda), así como las de Idoia Mendia (vicelehendakari y Trabajo) e Iñaki Arriola (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en el ala socialista.

No se han pronunciado Olatz Garamendi (Gobernanza Pública y Autogobierno), Jokin Bildarratz (Educación) o Bingen Zupiria (Cultura y portavocía) pero es una constatación que únicamente Nerea Melgosa (Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) ha hecho campaña con el PNV de modo activo. Ha sacado escaño, como también Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) del PSE-EE. Se espera, por lo tanto, una profundísima renovación en el nuevo gabinete, que podría estar conformado para después de las elecciones europeas del 9 de junio.

Sagardui llegó a Salud tras las elecciones del verano de 2020, es decir, después de la primera ola de la COVID-19. Relevó a Nekane Murga y se presentó como un cambio para mejorar en comunicación en un área muy sensible en momento muy sensible. Sin embargo, fuentes internas del PNV insisten en que esos problemas de comunicación no solamente no se han resuelto sino que constituyen el principal argumento de la oposición e incluso del socio de Gobierno, el PSE-EE, contra su gestión. Sagardui, la primera euskaldun al frente de la Sanidad vasca, procedía del equipo de Juan María Aburto en el Ayuntamiento de Bilbao, con quien coincidió también en Lanbide, y había sido parlamentaria.

No se han iniciado formalmente las negociaciones entre el PNV y el PSE-EE pero los socialistas ya han explicitado que quieren más peso en la nueva legislatura. Ellos han subido dos escaños y los nacionalistas han bajado cuatro. Sin entrar al detalle de qué carteras desean, están repitiendo que sus “prioridades” son lograr un acuerdo para dar la vuelta a la situación de Osakidetza y devolverla a niveles de “excelencia”, así como los cuidados, vivienda o seguridad.

Erkoreka, Tapia y Azpiazu forman parte de la misma generación de Urkullu, es decir, tienen más de 60 años. El PNV no dejó en las listas de las elecciones a nadie de más de esa edad con la única excepción de Irune Zuluaga, reelegida por Bizkaia. Tener escaño no impide seguir en el Gobierno pero los tres ya han comunicado de una u otra manera que pondrán fin a su trayectoria en la primera línea. También Zupiria y Bildarratz han superado esa barrera. El segundo es algo más joven y no se ha manifestado en ningún momento. Cerró la legislatura con la aprobación de la reforma educativa, un hito en tres décadas. En el pasado, tuvo una gran proyección política. En el lado socialista, Arriola ya ha confirmado su adiós y Mendia está en las quinielas para ser la cuota vasca en las listas del PSOE en España para las europeas. Ambos han participado de modo activo en la campaña.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado en Radio Euskadi que dejarán “manos abiertas” a Pradales para que conforme su gabinete. “Nosotros al lehendakari le dejamos manos abiertas. Lo hemos hecho con todos los lehendakaris Eso sí, si la persona que va a ser designada no es afiliada nos lo tiene que comunicar. Pero la libertad de elección del lehendakari es es absoluta y yo creo que esa es una buena”, ha señalado. Preguntado también por la renovación de caras, ha dado a entender que se producirá. “La renovación en un partido tiene que ser constante y por supuesto que seguirá”, ha señalado.

¿Una oficina para el lehendakari?

El diario 'El Mundo' ha publicado que el lehendakari Urkullu instalará una oficina en Bilbao. En Euskadi, los lehendakaris tienen derecho a usar de modo vitalicio ese título así como a una pensión si no tienen otros ingresos. También a disponer de un reducido volumen de personal y un local. Fuentes de la Presidencia vasca confirman que se están realizando unas obras de acondicionamiento en un inmueble en Bilbao pero aún no está claro si será ese el destino de Urkullu a partir de la finalización de su mandato. Cumplirá 63 años en septiembre y es maestro de formación. Sí ha verbalizado a su entorno que no desea pasar al sector privado como hiciera en Euskaltel José Antonio Ardanza o en Petronor y Repsol quien le precedió en la presidencia del PNV, Josu Jon Imaz.

Solamente un lehendakari dispone de esa oficina. Se trata de Carlos Garaikoetxea, que cumplirá este 2024 86 años y que mantiene un despacho en Pamplona, donde reside. Ardanza falleció hace unas semanas, Juan José Ibarretxe impulsó el Agirre Lehendakaria Center y el socialista Patxi López continúa su trayectoria en el Congreso. La pensión a la que tienen derecho los antiguos lehendakaris es del 50% del actual salario del inquilino de Ajuria Enea, es decir, unos 4.100 euros mensuales en la actualidad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

A los cinco días de su entrada en vigor, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha tenido que publicar en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una pequeña corrección de errores de los presupuestos de 2024, en concreto de su versión en castellano. En la maquetación definitiva habían 'desaparecido' 16.039.214 euros en partidas y 3.639.930 euros más en créditos de compromiso para los próximos años, casi 20 millones en total. En concreto, eran fondos para entidades públicas como Euskadiko Kirol Portuak (EKP, que gestiona los puertos deportivos autonómicos), Gogora (Instituto de la Memoria) y la Autoridad Vasca de la Competencia.

Explica el Ejecutivo que el decreto que regula el uso del BOPV permite actuar “de oficio” para corregir “meros errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que no alteren o modifiquen su contenido o pueda suscitar dudas al respecto”. Añade que se han “advertido” fallos de ese tipo que hacen que los números aprobados a finales de diciembre en el Parlamento Vasco no coincidan con los reflejados finalmente.

Se editan dos cuadros en las páginas dos y tres de los presupuestos. En concreto, en el artículo 3, referido a los fondos para los organismos autónomos se cortó una tabla y 'desaparecieron' la Autoridad Vasca de la Competencia, dependiente de Economía y Hacienda y que supervisa prácticas colusorias, y Gogora, adscrito a Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y que asume las labores de Memoria desde la Guerra Civil y el franquismo hasta ETA pasando por el GAL y la violencia policial. También pasó lo mismo en lo referido a los entes públicos de derecho privado, el artículo 4. Y ahí se cae EKP, cuya sede está en Donostia. Con la nueva redacción de los presupuestos, Competencia asume 2.027.000 euros para 2024 y 60.880 de cara a próximos ejercicios, Gogora 6.752.000 euros ahora y 696.000 comprometidos y EKP 7.260.214 y 2.883.050, respectivamente.

Las cuentas tienen un crédito global de 15.025 millones de euros. Salieron adelante con los votos de la mayoría del Gobierno, de PNV y PSE-EE, y con el 'no' de toda la oposición. La propuesta presentada en octubre y la promulgada finalmente tiene algunas diferencias, ya que ambos partidos presentaron una batería de enmiendas para financiar los descuentos en el transporte público, mejoras en la calidad de los comedores escolares de la red pública y las primeras medidas de la nueva ley de salud pública, principalmente.

Tras el atracón legislativo de este jueves, cuando el Parlamento Vasco promulgó seis leyes de una tacada, particularmente la reforma educativa, la Cámara ha continuado este viernes su actividad con la aprobación de los presupuestos de 2024. Las cuentas han contado con la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, pero han tenido el rechazo de toda la oposición. Los más de 15.025 millones dispuestos son un récord de gasto y van acompañados de optimismo macroeconómico en grandes dosis. Son también los últimos presupuestos de la era de Iñigo Urkullu, quien en casi doce años (tres legislaturas) ha vivido todo tipo de situaciones: prórrogas por minoría, coalición con los socialistas o acuerdos con la izquierda (EH Bildu, Podemos y Equo) y con la derecha (PP, dos veces). Solamente se le han resistido IU, UPyD, Ciudadanos y Vox. Y es el adiós también de su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que se jubila con este hito y tras haber sido abuelo por segunda vez en las últimas horas.

El Ejecutivo ha achacado la falta de acuerdos al contexto preelectoral en Euskadi, aunque la bolsa disponible para posibles acuerdos era de apenas 25 millones, diez veces menos que el último acuerdo con la oposición, el de EH Bildu en 2022. Así constaba en la denominada “sección 99” del proyecto de ley. Las negociaciones abiertas con todos los grupos salvo con la ultraderecha de Vox fueron más breves que nunca. Así las cosas, la propuesta aprobada ahora por la Cámara y que entrará en vigor el 1 de enero es esencialmente la misma que se presentó en octubre. Sí se han introducido un puñado de autoenmiendas planteadas por nacionalistas y socialistas. Están valoradas en 22 millones de euros, el 0,14% del total, como publicó este periódico. Son partidas para garantizar la continuidad de los descuentos del 50% en el transporte público en 2024, para aplicar la reciente ley de Salud Pública y para mejorar la calidad de los comedores escolares, en medio de la polémica por las quejas a la contratista Serunion.

¿Cuáles son las claves principales? La capacidad de gasto de la Administración vasca para el próximo ejercicio subirá un 5,4%. Pero Salud, el área que más recursos consume, crece un 5,3%, por debajo de la media. Este curso el gasto sanitario representará el 32,6% del total autonómico cuando las últimas cuentas previas a la llegada de la COVID-19, las de 2020, la referencia a la que siempre se quiere volver, ofrecieron un 33,5%. En Educación ocurre lo mismo en la comparativa de 2019 a 2023. En general, en 2024 habrá 774 millones adicionales, de los que el grueso son mejoras para personal, tanto en las nóminas como contrataciones, más de 300 millones. En la Ertzaintza, se han prometido partidas para mejorar la “conectividad” con otros cuerpos policiales para luchar contra la violencia de género y se repite la promesa de dotar a Euskadi de medios aéreos contra incendios, dado que es la única comunidad sin ellos. La cuantía básica de la RGI subirá un 5% pero no se actualizan las prestaciones de vivienda y similares.

Después de la votación, ante la prensa, Azpiazu se ha felicitado por la aprobación de las cuentas. “Este presupuesto va a ser capaz de responder a las necesidades y retos de este país en 2024 y va a poner las bases para los ejercicios siguientes”, ha señalado. En la parte macro, aunque ha hablado de “incertidumbres” globales, ha apuntado que el próximo año la economía vasca “será capaz de generar 16.000 puestos de trabajo, con una tasa de paro por debajo del 7% en la segunda mitad del año”. “Es un éxito colectivo [...]. Hoy a Euskadi, permítanme la metáfora, le ha tocado la lotería”, ha ironizado Azpiazu en la jornada del soniquete de los niños de San Ildefonso.

En la tribuna, el socialista Ekain Rico -pertrechado de gráficos coloreados en tamaño DIN A3- ha lamentado que la oposición esté en campaña electoral “permanente”, “un debate preelectoral no es el mejor escenario para llegar a un acuerdo”, ha afirmado. De hecho, ha puesto como ejemplo que allí donde nacionalistas y socialistas no tienen los votos suficientes no han podido sacar los presupuestos. Es el caso de Álava y de Gipuzkoa, encaminadas a la prórroga. Según el PSE-EE, la oposición ha demandado propuestas no realistas, de hasta 600 millones de euros y para materias sobre las que Euskadi no tiene competencias. “Ocho de cada diez euros a gasto social. Son datos”, ha concluido.

Durante la sesión, en la que muchísimas señorías estaban tosiendo y en la que se ha caído la web de la institución, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, ha tenido que expulsar del salón de plenos a una docena de pensionistas con chalecos verdes que demandaban un mínimo de 1.080 euros para sus prestaciones. Tejeria ha demandado “respeto” y “educación” en sede parlamentaria. En el exterior del edificio también ha habido una protesta de activistas contra la guerra que ha incluido el reparto de billetes falsos de 500 euros y hasta un bombo de lotería.

El análisis crítico de la oposición

Leire Pinedo ha sido la voz de EH Bildu en el debate. La portavoz económica, de EA, ha acusado al Gobierno de Urkullu de “menospreciar cientos de propuestas” durante años y también en este trámite presupuestaria. Como ya es rutinario en los debates, la coalición ha vuelto a recordar la situación de Osakidetza. En concreto, ha mencionado la evolución negativa de las listas de espera, conocida a raíz de preguntas de la propia EH Bildu en el Parlamento.

La parlamentaria ha ironizado que parece que en Euskadi todos los problemas son “exógenos”, mientras que los logros se los anota el Gobierno. “Ya sabemos que los problemas de fondo no se arreglan con los presupuestos de un año, pero habrá que poner las bases. Está claro que las fórmulas de siempre no sirven. Los problemas estructurales requieren de soluciones estructurales. Y entre todos”, ha señalado Pinedo. Y ha añadido: “Cuando la gente sale a la calle para mejorar sus condiciones, para subir las pensiones mínimas o para pedir un pediatra en su pueblo lo hace porque lo necesita y no por fastidiar”.

Entre las medidas concretas, Pinedo ha lamentado que no se hayan aprobado enmiendas para reforzar la Sanidad pública por la tarde, abordar un posible SMI de 1.400 en los ámbitos de competencia autonómica, los 1.080 euros en pensiones o el impulso al audiovisual en euskera. Ha hablado también de desinversiones en hidrocarburos, pero este punto no ha caído en saco roto ya que la futura ley de transición energética y contra el cambio climático incluirá, con toda probabilidad, una salida de Shesa o Bahía Bizkaia Gas.

La coalición Elkarrekin, como es habitual en este tipo de sesiones, ha repartido sus tiempos entre Podemos e IU. David Soto ha tomado la palabra en nombre de los primeros. En su intervención ha criticado la falta de “oportunidad” para “negociar” mejoras tangibles. Según Soto, el Gobierno continúa una “inercia” que no permite cambios “estructurales”. Ha enumerado el “deterioro de Osakidetza”, el “alto nivel de concertación educativa”, la “crisis de cuidados” o la “falta de ambición contra la emergencia climática”, declarada en 2019. “Lamentamos no haber tenido más margen de negociación. Es una oportunidad perdida”, ha incidido. Ha mencionado también que el Guggenheim de Urdaibai no es una buena apuesta, como tampoco el Basque Culinary Center. Jon Hernández, de IU, ha señalado que “el presupuesto de 2024 sigue la misma senda” que ya criticaron en ejercicios anteriores. De hecho, en 2020 IU llegó a desmarcarse del pacto que alcanzaron Podemos y Equo con PNV y PSE-EE.

El portavoz económico del PP, Luis Gordillo, ha apuntado en su alocución que es preciso un “alivio fiscal” en Euskadi, que sería deseable no solamente plantear el gasto con grandes números sino garantizar su ejecución, particularmente con las inversiones -“¿cómo está el tema de la alta velocidad en Euskadi?”-, y que la gestión de los fondos europeos Next no está siendo adecuada, extremo sobre el que también se ha pronunciado en ocasiones el propio Azpiazu. Gordillo ha avisado también de que el panorama macroeconómico está cambiando. Ha puesto en valor que el PP había sido el partido que más propuestas concretas había hecho para mejorar los presupuestos, aunque ha lamentado que no se le ha aceptado ninguna. Ha citado, por ejemplo, que habían pedido 30 millones para mejorar las condiciones de la Ertzaintza y desencallar el conflicto que ha explotado a lo largo de 2023.

Por parte de Ciudadanos, José Manuel Gil ha considerado que “el mito de la buena gestión del PNV se ha desmoronado”. Él también ha citado la gestión en Osakidetza. Además, ha indicando que “son unos presupuestos básicamente nacionalistas”. Vox, que también tiene un único escaño, ha exagerado desde la tribuna y ha llamado “peronista” al PNV por el “sablazo” a los bolsillos de los contribuyentes, en palabras de Amaia Martínez Grisaleña. De los socialista ha dicho que son “monaguillos” de los nacionalistas. Ha aprovechado también el debate económico para cargar contra el euskera y las políticas de igualdad y para hablar de las víctimas de “los republicanos” en la Guerra Civil.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha logrado este martes superar otro trámite para la aprobación de los presupuestos de 2024, los últimos de su tercer y último mandato y que superan por vez primera los 15.000 millones de euros. En un pleno en el Parlamento Vasco marcado por la renovación de las listas del PNV, que dejan fuera a todos los consejeros actuales salvo a Nerea Melgosa, y por la designación como candidato de EH Bildu de Pello Otxandiano, todo ello muy reciente en la Euskadi política, la mayoría absoluta del Ejecutivo ha logrado tumbar las enmiendas de totalidad. En esta ocasión han sido presentadas por los cinco grupos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Ciudadanos y Vox, algo que nunca había ocurrido en toda la legislatura y lo que ha implicado que la sesión se haya prolongado seis horas.

“Si podemos hoy presentar y defender un proyecto de presupuestos ambicioso es precisamente por que Euskadi ha sabido y sabe responder a los diferentes embates que han sufrido las principales economías europeas y el resto del mundo recientemente. La economía mundial se encuentra en aguas agitadas desde hace bastante tiempo, sufriendo un 'shock' después de otro. El episodio más reciente de naturaleza geopolítica ha sido el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, que se ha traducido no ya solo en una crisis humanitaria −que por supuesto lo es− sino en una crisis de la humanidad”, ha apuntado desde la tribuna el hombre de los números de Urkullu, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Y ha añadido: “Me han escuchado en reiteradas ocasiones decir que este presupuesto pivota sobre cuatro pilares: personas, planeta, prosperidad y autogobierno. 15.025,4 millones de euros, que suponen un incremento del presupuesto total de 774,7 millones, es decir, un 5,4 % más que el año anterior, son una apuesta firme por garantizar y mejorar la calidad de vida en Euskadi”.

A partir de ahí, han empezado los dardos desde la oposición. Nuevamente EH Bildu se ha mostrado muy centrada en la crítica de la gestión de la Sanidad pública, su gran bandera política. “Qué decir de Osakidetza. Este presupuesto se ha hecho en su cuarenta aniversario, en medio de una decadencia indisimulable”, ha destacado Nerea Kortajarena (EH Bildu), que ha recordado que la proporción de subida de Salud es menor que la subida general del gasto. “Antes de bajar a este atril, acabo de ver un 'tuit' que hablaba del colapso que se está dando en el hospital de Txagorritxu. 12 horas [de espera en Urgencias]. Los seguros médicos privados desde que Urkullu asumió la Lehendakaritza han aumentado un 67% hasta el 2021 según el Eustat. Y si se vive pegado a la realidad, se sabe que estos dos últimos años el repunte ha sido significativo como consecuencia de la situación a la que nos han llevado con Osakidetza”, ha añadido la jefa de la oposición y portavoz de EH Bildu.

En la coalición Elkarrekin Podemos-IU ambos partidos han intervenido separadamente, como es costumbre en los grandes debates. Por parte de Podemos, Miren Gorrotxategi ha incidido en que las cuentas “fortalecen un modelo de colaboración público-privada, un eufemismo para hablar de privatización”. Como ejemplo, ha apuntado que se mantiene el “dinero para mantener plazas privadas que no hacen falta” en Educación. Jon Hernández, de IU, ha alertado de que el Gobierno de Urkullu busca “comprometer” el inicio de la próxima legislatura al dejar aprobados unos números “que no garantizan ni la igualdad ni la cohesión social”. “Son unos presupuestos que siguen mimando las necesidades de la patronal y dando la espalda a la clase trabajadora”, ha recalcado.

En el flanco derecho del hemiciclo -aunque físicamente están sentados en el centro, por parte del PP, el ya expresidente Carlos Iturgaiz, ha iniciado su intervención diciendo que el presupuesto “lo presenta un Gobierno que no lo va ejecutar”. “A este Gobierno, en el mejor de los casos -o en el peor, según cómo se mire- le quedan pocos meses de actuación”, ha ironizado. Y ha añadido: “Mientras las familias vascas y muchas empresas lo pasan mal, no faltan recursos para pseudoembajadas, ikastolas en Francia o para una ETB sobredimensionada y sectaria”. Desde Ciudadanos, José Manuel Gil, que igualmente no continuará, ha considerado que los presupuestos “reinciden” en gastos superfluos en asesores o gabinetes. “El mito de la buena gestión del PNV se ha terminado de desmoronar por completo”, ha afirmado para añadir que se constata el “fin de un ciclo”, con “un lehendakari apartado por su propio partido”. Y, desde la bancada de Vox, Amaia Martínez Grisaleña ha señalado que “los ingresos presupuestarios están sustentados sobre los pilares del sufrimiento y el castigo a los vascos”.

PNV y PSE-EE han dado la réplica a las argumentaciones de la oposición. Con EH Bildu, ha tomado la palabra el propio portavoz nacionalista, Joseba Egibar, y luego ha delegado en Alaitz Zabala. Egibar, quien no continuará la próxima legislatura, ha pedido a la coalición abertzale que no repita que el Ejecutivo de Urkullu está “en funciones”. “Para empezar, es una falta de respeto. Este Gobierno no está en funciones. [...] Tengo en Navarra, en la Ribera, un amigo que dice 'ya sois cansos'”, ha lanzado Egibar. “Para falta de respeto la de su amigo el de la Ribera”, ha replicado Kortajarena al hilo del comentario.

Por parte socialista, ha sido siempre Susana Corcuera la encargada de intervenir. “Este Gobierno ha gestionado con autoexigencia, con rigor, con prudencia, con responsabilidad y realismo, año tras año, unas cuentas que han pretendido atender lo urgente; sin olvidar lo importante, y preparando a Euskadi y a la sociedad vasca para las transformaciones y los cambios que tenemos que afrontar; sin resignación, y con la determinación política de que al acabar la legislatura dejaremos una Euskadi mejor que la que nos encontramos en 2020 tras todo lo que hemos vivido. Una Euskadi preparada, además, para avanzar más aún en la siguiente legislatura”, ha señalado en un momento de sus muchas intervenciones.

Los presupuestos enfilan ahora la recta final de su tramitación. Ahora se tramitarán las enmiendas parciales. PNV y PSE-EE ya han presentado algunas autocorrecciones, como publicó este periódico, para dotar la continuidad de los descuentos del transporte y reforzar los fondos para comedores u Osakidetza. La votación definitiva se producirá, de nuevo en pleno, el 22 de diciembre, de modo que las cuentas entrarán en vigor el 1 de enero.

En 2024, la mayoría absoluta del Gobierno será suficiente para sacar adelante el proyecto. El clima preelectoral ha hecho que no hayan cristalizado las negociaciones con la oposición. Tampoco hubo pactos en 2023. El más reciente es de 2022, con EH Bildu. Urkullu también ha sacado cuentas con Podemos y Equo y con el PP a lo largo de su trayectoria.

El Gobierno vasco ha unido sus fuerzas con la patronal vasca Confebask y sus tres territoriales, para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez en la puesta en marcha de PERTE regionales que permitan a Euskadi realizar una gestión directa de las ayudas europeas. En concreto, han elaborado una propuesta concreta de proyectos vascos para gestionar de forma directa 1.047 millones de euros de subvenciones MRR (Mecanismo de Recuperación y Resilencia) aún no ejecutadas. El consejero Pedro Azpiazu, acompañado de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha insistido en que el plazo de ejecución se agota, algo que viene recordando desde hace meses, por lo que “se corre el riesgo de inejecución”. En concreto, el plazo de ejecución del MRR concluye en 2026, por lo que “transcurrido su ecuador si la fórmula de gobernanza no varía existe un serio riesgo de inejecución, lo que obligaría a devolver a Europa los fondos no utilizados”.

“Sería un fracaso y una pérdida de oportunidad de históricas dimensiones”, ha señalado Azpiazu. “Es momento de hacer de la colaboración efectiva una virtud con enormes efectos positivos para el tejido económico vasco, que será el principal afectado por la pérdida de estos recursos europeos”, ha dicho. Por su parte, Tamara Yagüe ha asegurado que “una gestión más ‘descentralizada y cercana’ puede suponer una vía adicional para favorecer el completo aprovechamiento de unas ayudas europeas, históricas en su cuantía y en su objetivo transformador. No podemos permitirnos el lujo de perder un solo ‘euro’ por algo que podría resolverse con una participación más activa de las comunidades autónomas en su asignación, gestión y distribución”.

En concreto, la propuesta que el Gobierno vasco trasladará al central y también a la Comisión Europea, propone destinar a las comunidades autónomas el 65% de los fondos de los PERTE estatales que aún no están distribuidos, un total de 11.792,57 millones de euros, de forma que desde Euskadi se gestionara el 8,88% de esta cuantía, que es el porcentaje que se corresponde con el peso del valor añadido bruto de su industria respecto al total del Estado según los datos del INE. En total, 1.047,18 millones de euros.

“Hoy, tres años después de plantear a la e General del Estado la figura de PERTE regional, en colaboración con la patronal vasca Confebask y sus tres organizaciones territoriales Cebek, Sea y Adegi, damos un paso adelante más, de manera proactiva, colaborativa y constructiva, de cara a lograr que esta inédita apuesta de Europa por la inversión se materialice de forma transformadora”, ha señalado Azpiazu, que ha considerado que “sería estupendo que se sumen más comunidades autónomas” a la petición, porque este no es un tema exclusivamente vasco, y transciende a la política.

Esta demanda se da dos meses después de que la Comisión Europea haya aprobado la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante la cual se movilizan la totalidad de recursos asignados a España de los fondos Next Generation, se contemplan más de 10.000 millones de transferencias adicionales (7.700 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y más de 2.600 millones del programa REPowerEU) y hasta 83.000 millones en préstamos. De este modo el PRTR de España podrá movilizar en torno a 162.700 millones de euros en transferencias y préstamos en el periodo 2021-2026.

Azpiazu ha considerado que el principal escollo para que los fondos MRR asignados lleguen definitivamente al tejido social y productivo vasco se encuentra en los proyectos estratégicos de transformación. En su opinión los denominados PERTE ·no responden a las necesidades del tejido social y productivo vasco. En la actualidad están identificados 12 PERTE y las cifras reflejan la magnitud del reto que queda por delante: de los 24.496,2 millones en subvenciones que se tiene previsto destinar a estos proyectos estratégicos de transformación, quedan todavía 18.141,63 millones de euros por distribuir y ejecutar en los próximos tres años.

En concreto, los ámbitos de aplicación de los PERTE regionales vascos presentados en la propuesta del Gobierno vasco son Longevidad, bienestar y resiliencia; Redes de Distribución inteligentes; Energías renovables de origen marino; Capacitación científica y tecnológica; Big Data, Cloud, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad; Euskadi Creativa; Ciudades Sostenibles; Resiliencia al cambio climático, ecosistemas y biodiversidad; Ecoinnovación y Basque Mobily.

El Instituto Vasco de Finanzas como intermediario

Euskadi quiere participar activamente en la gestión de los préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) como ha señalado el consejero ya en varias ocasiones. Este fondo está dotado con hasta 20.000 millones de euros e irá destinado a financiar proyectos privados, públicos y público-privados en los ámbitos vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

El fondo estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se plantea que el Instituto Vasco de Finanzas, que ya tiene experiencia en canalizar a las empresas financiaciones junto con el BEI, pueda ejercer de intermediario con las pymes vascas. Para ello el consejero ha instado a que “sin dilación, se firmen los acuerdos que sean necesarios entre el IVF, el BEI y la Administración General del Estado en los que se establezcan las condiciones de esta relación”.

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) ha financiado a más de 400 empresas por un importe de 700 millones de euros desde su creación en 2008. Y cuenta actualmente con un activo de más de 175 millones de euros en préstamos formalizados, en su mayor parte compartiendo el riesgo con las entidades financieras, en 282 empresas. Este organismo, que es el vehículo a través del cual el Gobierno vasco realiza su actividad financiera, que se ha mostrado imprescindible en el impulso a la empresa en tiempos de crisis y que es titular de las participaciones del Gobierno vasco en Socade, Elkargi, Luzaro y Ekarpen, y titular exclusivo del Fondo Finkatuz, quiere reforzar su posición aún más a partir de ahora con la canalización de los fondos Next a las empresas y ese proceso hacerse también más visible para la sociedad. En ese marco ha inaugurado este miércoles una nueva sede en el edificio de la Bolsa de Bilbao al que han asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros de Arantxa Tapia y Pedro Azpiazu. “El Instituto Vasco de Finanzas tras quince años de andadura y de crecer de forma ininterrumpida da un paso decisivo con esta nueva sede, adaptada a los nuevos tiempos”, ha señalado Urkullu.

Durante su intervención, el lehendakari ha recordado que se está tramitando en el Parlamento Vasco la nueva ley del Instituto Vasco de Finanzas, que “previsiblemente se aprobará antes de que finalice el ejercicio y contempla una nueva formulación de los fines, principios de actuación y funciones” y que se está ultimando la creación del Creación del Clúster Financiero e Inversor de Euskadi en el que participan 75 agentes financieros. Ha destacado además la apuesta porque se convierta en “agente intermediario para canalizar e instrumentar los fondos Next Generation” que pudieran llegar a Euskadi en forma de préstamo a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “con objeto de maximizar su impacto, fortaleciendo la resiliencia del territorio, apoyando las transiciones ecológica y digital a través de un crecimiento sostenible y que facilite la creación de empleo”. En este punto, el consejero Pedro Azpiazu ya anunció en su día en el Parlamento que negociarían con el Gobierno central poder llevar a cabo esta intermediación para llegar con mayor facilidad a las pymes.

Desde el inicio de su actividad, el 1 de enero de 2009, el Instituto Vasco de Finanzas ha concedido casi 700 millones de euros en financiación directa, a más de 400 empresas vascas y cuenta actualmente con un activo de más de 175 millones de euros en préstamos formalizados, en su mayor parte, compartiendo el riesgo con las entidades financieras. Esta actividad crediticia en operaciones específicas ha sido otro de los ejes de actuación del orgaismo en estos catorce años, así como el de gestionar las participaciones financieras del Gobierno vasco en los diversos fondos y sociedades de carácter financiero. Es titular de las participaciones del Goierno vasco en Socade, Elkargi, Luzaro y Ekarpen, y titular exclusivo del Fondo Finkatuz, vehículo público para la toma de participaciones en el capital de grandes empresas de Euskadi en aras de garantizar su arraigo en Euskadi y que ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco, que ha materializado 103 millomes repartidos en Kaiku, CAF e ITP Aero, pero que cuenta con 300 millones de euros de fondos propios. El Gobierno está estudiando nuevas inversiones.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, da por cerrada totalmente la puerta a negociar con la oposición los presupuestos de 2024, si es que alguna vez estuvo abierta. En una rueda de prensa, el hombre de los números de Iñigo Urkullu, que el pasado jueves mantuvo una toma de contacto con todos los partidos salvo con Vox, a quien aplica un cordón sanitario, ha enumerado que “no tiene sentido” sentarse a dialogar con Elkarrekin Podemos-IU, que es “sorprendente” que EH Bildu pida más de 350 millones sólo para empezar cuando apoya la investidura de Pedro Sánchez sin ningún acuerdo, que Ciudadanos está en las “antípodas” de la coalición de PNV y PSE-EE y que el PP ni siquiera ha enviado una propuesta escrita.

“No merece la pena hacer una ronda. Sería perder el tiempo. No necesitamos los votos. Dar vueltas y vueltas para no llegar a ningún lado no merece la pena”, ha justificado Azpiazu en euskera. Eso sí, no ha descartado que en la ponencia presupuestaria se puedan incorporar algunas enmiendas de los grupos, una práctica habitual para temas genéricos como los de cooperación con el Sáhara o puramente técnicos.

Azpiazu ha admitido que el Gobierno estaba dispuesto a ceder una cifra “orientativa” de 25 millones para aceptar enmiendas y propuestas de la oposición. Es diez veces menos que los 250 en que se cifró el último pacto con la oposición, el cerrado con EH Bildu en 2022. Y el 0,16% del techo de gasto. “Pero, ante todo, calma. Euskadi contará en 2024 con un presupuesto de 15.025 millones”, ha reseñado el titular de Economía y Hacienda, que ha recordado que PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y que en absoluto es un “fracaso” cerrar así las últimas cuentas de la legislatura.

De hecho, ha hecho mucho hincapié en que el contexto preelectoral “no hacía fácil” explorar acuerdos. Azpiazu ve “marcado tinte electoral” en las peticiones de los diferentes partidos, principalmente en la de EH Bildu. Ve llamativo que la coalición de “EA y Sortu” exhiba “nivel de exigencia” con Urkullu con “lo sencillo que le resulta apoyar en otras zonas geográficas investiduras o presupuestos”. En Elkarrekin Podemos-IU ven “lejanía” de la “realidad financiera” de la Administración vasca y critican las “formas”, ya que hicieron sus propuestas en los medios de comunicación y no directamente en la mesa de negociación. Con el PP, que fue socio en la anterior legislatura con Alfonso Alonso al frente de los 'populares' antes de la moción de censura de Mariano Rajoy, hubo un amago de negociación el pasado año que no cristalizó y este año no se producirá.

Ahora, el Gobierno se podría exponer a cinco enmiendas de totalidad. Se da la circunstancia de que tras una legislatura en que Urkullu había hecho gala de sacar sus iniciativas, en general, con acuerdos con la oposición a pesar de no ser aritméticamente necesarios en el Parlamento, ahora ha cambiado el escenario. Es probable que también la ley de Educación, el proyecto estrella del mandato y que venía de un pacto político previo con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, solamente pueda prosperar con los votos de PNV y PSE-EE.

La coalición EH Bildu, principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, no ve margen para pactar los presupuestos de 2024 del Gobierno de Iñigo Urkullu, a diferencia de lo sucedido en 2022. El Ejecutivo de PNV y PSE-EE opina lo mismo y lo atribuye al contexto preelectoral, pero cuenta con mayoría suficiente en la Cámara para aprobar las cuentas. Con todo, la portavoz abertzale, Nerea Kortajarena, ha presentado este martes una propuesta de más de 350 millones para abrir una negociación. Es una oferta muy centrada en combatir la “decadencia” de Osakidetza, argumento que ya niega el Gobierno. Supone retocar entre el 2% y el 3% del techo de gasto total, 15.025 millones, y 100 millones más que los que el Gobierno concedió a EH Bildu cuando sí estaba dispuesto a pactar, hace dos años.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ya se reunió con EH Bildu y con el resto de la oposición salvo Vox la pasada semana. Kortajarena ha considerado “cortita” e “informal” esa cita y ha admitido que salieron de ella sin ver visos de un posible pacto. E incluso sin fecha para otro encuentro. Diferentes voces de la oposición manejan la cifra de que el consejero apenas estaría dispuesto a mover partidas por valor de 20-25 millones. La propuesta de EH Bildu, en todo caso, surge de la “responsabilidad, según ha justificado Kortajarena.

EH Bildu pide que el Gobierno “no puede limitarse a ser notario de la realidad” y sostiene que ha de abordar “retos” críticos para el país. Han de ser presupuestos “para un cambio de ciclo” y han de aprovechar la “extraordinaria” recaudación fiscal impulsada por la inflación. El Ejecutivo no puede conformarse con “los presupuestos de siempre” para “hacer lo de siempre” aunque solamente “con algo más de dinero”, ha criticado Kortajarena. “Son los presupuestos de un Gobierno que ha tirado ya la toalla”, ha abundado la jefa de la oposición, que ha recordado que Azpiazu presentó como positivo que fuese un proyecto “continuista” cuando hay urgencias que atender.

Pone como ejemplo de ello la Sanidad pública. Sobre Osakidetza, EH Bildu entiende que “la joya de la corona” está ya en “deterioro”, con “récord de quejas y reclamaciones” de la ciudadanía y que el gabinete de Urkullu no ofrece respuestas, ni para las listas de espera, ni para la atención primaria ni para mejorar las condiciones del personal. La formación pide como “primer elemento” para poder negociar medidas “concretas” para mejorar la atención de Osakidetza. Más de 150 de los casi 360 millones que plantean en enmiendas van en esa dirección, en concreto 90 para reducir las listas de espera sin privatizaciones, 61,6 para ambulatorios y PAC y otras medidas como la publificación de Emergencias.

EH Bildu demanda también un SMI propio vasco de 1.400 euros y una pensión mínima de 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Se estima en 18 millones el coste total de iniciar el cumplimiento de esos compromisos. La coalición quiere cambios también en Educación, Vivienda o impulso del euskera. Y citan igualmente el “problemón” de los cuidados y las medidas contra la emergencia climático. “Se nos acumulan los problemas. No son tiempos para planteamientos continuistas. Hay que hacer un ejercicio de anticipación política”, ha zanjado.

Formalmente, han arrancado las conversaciones entre el Gobierno de Iñigo Urkullu y la oposición en torno a los presupuestos vascos de 2024. Este jueves el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se ha sentado en el Parlamento Vasco con toda la oposición menos con Vox. Pero ni el Ejecutivo necesita apoyos dada su mayoría absoluta ni la oposición parece muy convencida con la propuesta inicial presentada ya en la Cámara. El propio Azpiazu ha admitido ya que ve complejo encontrar un acuerdo en período preelectoral, aunque no haya fecha para las autonómicas.

Incluso antes de las reuniones EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU habían exhibido sus diferencias con el Gobierno. Los primeros, que pactaron las cuentas de 2022 pero no ya las de 2023, han aprovechado el contexto del cuadragésimo aniversario de Osakidetza para recalcar que es difícil un acercamiento con la Sanidad pública “en declive”, en palabras de Nerea Kortajarena. Los segundos, en un tono similar, han insistido en que no van a sumarse nunca a un modelo que permite centros de salud sin médicos. Y han añadido que no puede haber pueblos en Euskadi sin colegio público. El PP y Ciudadanos han comparecido después del encuentro. Los primeros, con Carlos Iturgaiz como máximo representante a pesar de haber dejado la presidencia del partido en Euskadi, han insistido en la necesidad de una rebaja fiscal.

Azpiazu, además, acota el marco de negociaciones de manera clara. No quiere ni pretensiones “extrapresupuestarias” ni “cambios estructurales” en el documento del Gobierno. Solamente aceptarían PNV y PSE-EE modificaciones “viables”, en palabras de Azpiazu. Los socialistas forman parte del equipo negociador aunque la cartera de Economía y Hacienda esté dirigida por los nacionalistas. Ahora se ha abierto una fase para que la oposición envíe documentos y propuestas. El Ejecutivo ha indicado que las leerá, pero ni siquiera garantiza una segunda ronda con los grupos. “Dependerá de la viabilidad de las propuestas”, han explicado.

Las reuniones han tenido lugar en el Parlamento, coincidiendo con el pleno ordinario semanal. Han explicado en el equipo de Azpiazu que se trataba de “aprovechar” que estaban allí Gobierno y oposición. Pero la fórmula no ha convencido nada a algunos partidos, ya que les ha obligado a acompasar sus intervenciones en la sesión con la cita presupuestaria.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, que ha dejado entrever que dejará la política al término de la legislatura, ha reconocido este lunes en el Parlamento Vasco que “no es fácil en un año electoral recabar apoyos” para aprobar el presupuesto vasco de 2024. Ya los de 2023 salieron con la mayoría que le procuran los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, aunque en 2022 sí se produjo un entendimiento histórico con EH Bildu. En todo caso, este jueves iniciará una “primera ronda de contraste” con los grupos parlamentarios de la oposición, salvo con Vox, para buscar “posibles alianzas”. “Tengo confianza en que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias y Euskadi se pueda convertir en el reflejo de lo que la política debiera ser”, ha subrayado.

Azpiazu ha abierto este lunes la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno Vasco ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco para presentar los proyectos de presupuestos de sus respectivos departamentos para el próximo año. Este lunes también han acudido a la Cámara los responsables de Presidencia y las dos vicepresidencias, la de Seguridad y la de Trabajo y Empleo.

El titular de Economía ha recordado, según informa Europa Press, que este es el último presupuesto de la legislatura y ha señalado que ha sido una legislatura “marcada por incertidumbres globales como la pandemia, conflictos bélicos y una alta inflación, que sin duda han condicionado el gasto público”. “En este contexto de incertidumbre global, el presupuesto se convierte en el soporte y garante del mantenimiento y mejora de nuestros servicios públicos, con la mirada puesta en construir un futuro comprometido con las personas, el desarrollo económico, el empleo y el cuidado de nuestro planeta”, ha subrayado.

El consejero ha recordado que, tras las comparecencias de los consejeros en la Cámara vasca, el próximo día 9 quiere mantener “la primera ronda de contraste” con los grupos parlamentarios para buscar “posibles alianzas”. “Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias y Euskadi se pueda convertir en el reflejo de lo que la política debiera ser”, ha subrayado.

La renta de garantía de ingresos o RGI, que es el salario social de quienes o no tienen recursos o quienes cobran nóminas o pensiones precarias, subirá alrededor de un 5% en 2024, según recogen los presupuestos vascos hechos públicos este viernes en el Parlamento Vasco. La previsión aparece en la disposición adicional sexta del proyecto de ley ahora en tramitación en la Cámara. “Durante el ejercicio 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el importe mensual de la cuantía base de la renta máxima garantizada será de 560,45 euros”, se indica. Este año esa misma referencia ha sido de 533,52 euros y, a partir de ahí, se van calculando el resto de cuantías en función de la necesidad o del número de miembros de la familia.

Las cuentas se presentaron en rueda de prensa este martes y el Gobierno de Iñigo Urkullu no quiso ofrecer el dato de la revalorización de una prestación que cobran, en la actualidad, unas 54.000 personas. 2024 es, además, el primer ejercicio tras la aprobación de la nueva ley de la RGI, lo que implica que la subida, bajada o congelación ya no depende de una decisión política del Ejecutivo de turno sino que se fundamenta en un indicador objetivo que tiene en cuenta el IPC o la renta mediana.

La mejora es menor que el 8,5% del pasado ejercicio, cuando se acordó asimilar la revalorización a la de las pensiones o el IMV. Ahora, sin concreciones del Estado, se estima en un 4% la posible subida de esas prestaciones de la Seguridad Social. Por el contrario, la propuesta de mejora de las condiciones salariales de los empleados públicos está cifrada en un 2%. Esa partida total es de 5.900 millones, más de un tercio del total del techo de gasto.

Los presupuestos prevén, como adelantó este periódico, una congelación de las prestaciones de vivienda para apoyar el alquiler. “Será de 300 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia”, se puede leer en el articulado. Se estima en 26.000 los beneficiarios de la prestación llamada PEV (que poco a poco irá absorbiendo a los 24.000 de la PCV) y en 7.500 los de Gaztelagun, el programa específico para jóvenes. Se congela también Bizigune, que es la cantidad que ofrece la Administración para captar pisos a cambio de un alquiler seguro. Queda en 675 euros mensuales de renta.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha propuesto finalmente a Ainara Herce como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, según se ha informado este martes tras el Consejo de Gobierno. Herce releva a Alba Urresola, también propuesta por el PNV y que regresara a su puesto de alta responsabilidad en el Guggenehim. La primera inquilina del puesto fue Pilar Canedo, que llegó con el PSE-EE en el Gobierno vasco. Las tres presidentas en la historia del organismo han sido mujeres.

Con Herce se rebaja el perfil político de un organismo con tres vocalías, dos a propuesta del PNV y una tercera socialista en la que continúa desde hace años Rafael Iturriaga. El consejero Azpiazu no había negado en el Parlamento las dificultades para encontrar un relevo. La segunda plaza del PNV, hasta ahora en manos de Enara Venturini, también ha de ser renovada. Según se ha informado, Herce es “licenciada en Derecho por la UPV/EHU” y “funcionaria de carrera del cuerpo superior facultativo con una dilata experiencia en el Derecho de la Competencia desde 2006”. Ha sido interventora de la Oficina de Control Económico (OCE), responsable de instrucción en materia de Competencia en Economía y Hacienda y, desde 2015, funcionaria de la Autoridad Vasca de la Competencia. En 2019 fue promocionada a secretaria general.

Competencia es un organismo de control adscrito al Gobierno pero que proclama su “independencia”. Tiene funciones asesoras y también investigadoras y sancionadoras. En la etapa de Canedo surgió su gran caso, el del cártel de los comedores escolares, aunque también las irregularidades en Pinosolo, en Leioa. Ahora, Competencia tiene en cartera la investigación de las posibles irregularidades en los contratos de transporte escolar de los colegios públicos. También recientemente sancionó en Bilbao a una empresa vinculada al 'caso De Miguel'.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha presentado este martes el proyecto de presupuestos para 2024. Una vez más, puede presumir de que son los más altos de la historia, con un gasto previsto por encima de los 15.000 millones de euros, en concreto 15.025 millones. Suben las cifras un 5,4% y se destaca el “gran crecimiento” en Osakidetza, pero el Departamento de Salud crece un 5,3%, por debajo de la media. En general, el crecimiento es menor que el del 8,7% del pasado ejercicio. Son 774 millones adicionales, de los que el grueso son mejoras para personal, tanto en las nóminas como contrataciones, más de 300 millones.

Su aprobación está garantizada en el Parlamento Vasco antes de que finalice el ejercicio merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. Son los cuartos y últimos presupuestos de esta legislatura, que finalizará en 2024 con unas elecciones que aún no tienen fecha. El primero y el tercero salieron sin más apoyos que los de los partidos del Ejecutivo mientras que los segundos, los de 2022, ofrecieron la fotografía entonces inédita de un acuerdo económico con EH Bildu.

El hombre de los números del lehendakari, Pedro Azpiazu, ha indicado que “invitará” a una ronda de negociaciones a todos los partidos de la oposición salvo a Vox. Ello implica a EH Bildu, a Elkarrekin Podemos-IU y al PP, pero ahora también a Ciudadanos, que opera en solitario. “Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza en que todos sabremos estar a la altura de las circunstancias. Euskadi se puede convertir en el reflejo de lo que la política debería ser”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Antes, consejero a consejero, las cuentas se irán desgranando en el Parlamento Vasco.

1 - El techo de gasto

Los 15.000 millones suponen, verdaderamente, un hito económico en el histórico del Gobierno vasco. Cuando Urkullu llegó a Ajuria Enea en 2012 presentó para 2013 una propuesta que recortaba 1.300 millones y dejaba el techo de gasto en unos 9.500. Es un 57% de diferencia en una década. Aunque matizados por un contexto inflacionista, los números muestran una escalada continuada del apartado de gasto sustentada en la buena senda de la recaudación fiscal de las Haciendas forales, que ceden un 70% a la instituciones comunes. Al inicio de la legislatura el contador estaba por debajo de 12.000 millones de euros. En 2022 el techo de gasto ya fue de más de 13.000, en 2023 de más de 14.000 y ahora se sube otro peldaño. Sin embargo, la subida del 5,4% está más en la línea de la de 2021 y 2022 que en la del pasado año, que llegó al 8,7%. En todo caso, “hay remanentes que se pueden utilizar” en función de las circunstancias.

2 - El cuadro macroeconómico: “incertidumbre” pero crecimiento

Euskadi no oculta el “escenario de debilidad” y de “incertidumbre” que rodea no a la economía vasca sino al conjunto del mundo. Pasó la crisis de la pandemia, llegó la invasión de Rusia en Ucrania y ahora se abre otro flanco de zozobra con el conflicto en Oriente Medio. La inflación “persiste como el mayor impedimento para un mayor crecimiento” pero, con todo, el cuadro macro de Euskadi es mejor que el de España y que el de Europa. Lo micro ya es otro debate. Europa crecerá un 1% en 2024 y España un 2%, mientras que la comunidad autónoma prevé hacerlo en un 2,1%. En cuanto al mercado laboral, se prevé que la tasa de desempleo caiga al 7% en el próximo ejercicio. “Continúa en una senda favorable. Así, se prevé que se creen del orden de 13.000 puestos de trabajo a tiempo completo este año y otros 16.000 el año próximo”, sostiene el Ejecutivo. Por sectores, se prevé una fuerte subida del primero de ellos tras estar en recesión y que mantengan tendencias ascendentes más contenidas industria, construcción y servicios. Los presupuestos vascos con un déficit previsto del 0,3%, que es la mitad que en 2023. La deuda se ubicará en el 12,4% y la carga financiera serán 837,1 millones (631 millones en amortizaciones y 229,8 en intereses), por 1.197,5 del ejercicio anterior.

3 - Salud, Educación... y elecciones

Como es habitual, el gasto social y, singularmente, Salud y Educación copan el grueso del presupuesto. Eso sí, el gasto social sube en euros absolutos pero baja en términos relativos, ya que representa el 76% frente al 76,1% del ejercicio anterior. De hecho, la subida global de fondos es del 5,4% y la de Salud no llega a esa barrera. Las partidas con “perspectiva de género” suben al 19,2%. Explica Hacienda -en puertas de una huelga general en el sector público- que el coste salarial de los empleados de la Administración autonómica y sus sociedades públicas es de 5.891 millones de euros, el 39% del total y un 6,1% más que en 2023. La subida de la nómina programada es del 2% y la diferencia es por el “aumento” de personal, de 1.200 personas en Educación, por ejemplo. “Cada punto de subida son 60 millones de euros. Es algo muy muy serio”, ha indicado Azpiazu.

Explica el Gobierno que las inversiones representan 2.025 millones, el 13,47%. La I+D se va a 701,2 millones, el 4,66%. Por áreas, la 'ganadora' porcentualmente es Presidencia. Y tiene una explicación. Sube un 118% por tener un presupuesto bajo y haber ganado las competencias de Juventud. Le supondrán 58 millones más para la puesta en marcha de las ayudas a la emancipación juvenil de 300 euros mensuales, el plan Emantzipa, presentado en numerosas ocasiones pero aún no activo. Le sigue Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, con un 22,9% de crecimiento. En 2024 empezará a gestionar más prestaciones de alquiler y, además, ha tenido el “impacto” de 180 millones en fondos europeos. Caen Turismo, Comercio y Consumo y Gobernanza Pública y Autogobierno.

Los 4.896 millones para salud (246 de subida) van su mayoría a Osakidetza, 3.889. En el caso de Educación son 3.672 millones con un 17% de subida para las Haurreskolak por la gratuidad de la enseñanza en esa etapa y un 6% más para la UPV/EHU. El personal educativo se llevará un 5,4% de subida, justo la media. Seguridad manejará 790 millones. 23 de los 29 millones de subida van a gastos de personal, según se ha destacado. Esta cartera, por cierto, prevé 9,6 millones para “procesos electorales” con la mirada puesta en las autonómicas. Prisiones dispone de 74 millones y EiTB de 192,4.

4 - Nadie informa de la subida de la RGI

Las prestaciones sociales están repartidas en varias áreas. Las más importantes, en todo caso, son las rentas de garantía de ingresos (RGI) de Trabajo y Empleo, que las gestiona vía Lanbide. La RGI, ahora vinculada al ingreso mínimo vital (IMV) estatal, subirá en 2024 pero nadie ha informado de ello. Será menos que el 8,5% del año anterior pero es una cifra que, por vez primera, se obtiene no por una decisión política sino de una fórmula que tiene en cuenta la inflación y otros indicadores como la renta mediana y los datos de pobreza. Ni en Hacienda ni en Trabajo y Empleo han querido ofrecer la cifra. El gasto en prestaciones de Lanbide asciende a 641 millones de los 1.177 que maneja este departamento en su conjunto. La subida nominal en ayudas es de 76 millones, pero la RGI es un derecho subjetivo, de modo que se abona siempre que se cumplan los requisitos independientemente de la partida presupuestaria asignada. En el cálculo se ha tenido en cuenta la reforma legislativa del sistema, que entró en vigor hace unos meses y que mejora las cuantías por norma general.

En detalle, son 382 millones para la RGI, 180 para el IMV (que luego es abonado por el Estado vía Cupo) y 79 para la PCV antes de que sea transferida a lo largo de 2024 a Vivienda. Este área, además de las ayudas propias al alquiler, se dotará con 17,6 millones el programa juvenil Gaztelagun. Todas estas prestaciones se congelan en 300 euros, como ha adelantado este periódico. En Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, las AES suman 41,5 millones y en los 162 de Familia están incluidas las ayudas por nacimiento, de 200 euros mensuales.

5 - Gasto por partidos: mejora la posición del PSE-EE

El Gobierno vasco es una coalición en la que el PNV y el PSE-EE cogobiernan. Los socialistas tienen tres áreas, Trabajo y Empleo con Idoia Mendia, Planificación Territorial, Vivienda y Transportes con Iñaki Arriola, y Turismo, Comercio y Consumo con Javier Hurtado. En 2024 dispondrán de 2.008,5 millones de los 13.706,2 asignados a los departamentos. En 2023 fueron 1.790,8 de 12.892,8. La proporción es ahora del 14,65% para los socialistas frente a los nacionalistas, más alta que el 13,88% del ejercicio anterior. Eso implica que la subida en estas carteras es más fuerte que en la del PNV, aunque en parte viene condicionada por la bajada de la cartera de Hurtado. Estos números distan mucho de los de la pasada legislatura, cuando el PSE-EE controlaba alrededor del 4% de los fondos totales y el PNV el 96%.

El Gobierno de Iñigo Urkullu presentará este martes un proyecto de presupuestos expansivo que, con toda probabilidad, superará los 15.000 millones de euros. Supone un gran contraste con los 9.500 millones de la primera propuesta de Urkullu que tuvo que retirar por falta de apoyos y que a punto le cuesta unas elecciones anticipadas. Será el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, el que ofrezca las líneas maestras de los números pero, según ha podido saber este periódico, se ha acordado la congelación en 300 euros de todas las prestaciones de apoyo al alquiler, que afectan a cuatro departamentos, Presidencia, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Trabajo y Empleo y, por supuesto, Vivienda. Sí habrá una subida de la renta de garantía de ingresos (RGI) por vez primera aplicando el sistema de actualización automática de las cuantías en función del IPC y de otros indicadores estandarizados.

El actual sistema de prestaciones de apoyo al alquiler surgió en 2008 como complemento de la RGI y se fijaron en un máximo de 320 euros. Después, ya en 2011 se recortaron a 250. Eas cuantía quedó congelada durante más de una década hasta que se acordó una primera subida en 2022 a 275 euros y una segunda en 2023 a 300 euros. Sin embargo, este año no va a haber una nueva revisión y, formalmente, no se ha llegado aún a los 320 euros que se plantearon en su momento.

Las dos áreas más afectadas por esta medida están en manos del PSE-EE. Hasta ahora, la principal ayuda al alquiler era la conocida como PCV, la prestación complementaria de vivienda que se abona única y exclusivamente a quienes también cobran con anterioridad la RGI. Por este motivo, es una ayuda tramitada por el área de Trabajo y Empleo a través de Lanbide. 24.680 perceptores la cobraron en el último mes. Sin embargo, tiene los días contados. El Gobierno vasco ya ha aprobado el decreto que desarrolla la ley de Vivienda de 2015 y que prevé que sea el propio departamento del ramo el que asuma la atención de este colectivo. Lo que se ha hecho es articular una pasarela para que los beneficiarios actuales de la PCV cobren la denominada PEV. Esta prestación nació en 2015 y es la alternativa a quienes tienen reconocido el derecho a acceder a un piso protegido pero no disponen de uno adecuado a sus características. 2.100 de los 8.200 titulares del derecho a la vivienda reciben los 300 euros mensuales como una ayuda para acudir al mercado libre. El área de Vivienda, además, ofrece las ayudas específicas para jóvenes Gaztelagun. En marzo eran 5.276 los perceptores activos de esa prestación que fue reformulada para ganar en potenciales beneficiarios no sin tensiones y retrasos de gestión.

El tercer área afectada por la medida es Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Esta última pata de la macrocartera de Nerea Melgosa financia las denominadas AES o ayudas de emergencia social que luego tramitan las instituciones locales. Y aquí también, desde 2023, se fijó como tope los 300 euros mensuales para las prestaciones de apoyo al alquiler a través de esta ventanilla de último de recurso.

Finalmente, Presidencia ha entrado de lleno en este terreno tras asumir en 2022 las competencias de Juventud. Uno de los proyectos estrella de la parte del PNV del Gobierno vasco de cara al final de la legislatura es la creación de las ayudas Emantzipa. Formalmente no son ayudas al alquiler y sí a la emancipación pero es precisamente la dificultad de acceder al mercado de vivienda lo que hace que la salida del hogar familiar se retrase allende los 30 años. Emantzipa, que ha sido presentado en una decena de ocasiones pese a que aún ni siquiera está en marcha, será en principio compatible con Gaztelagun en el caso de posibles beneficiarios que tengan derecho a acceder a ambos programas, pero tiene requisitos diferentes. Urkullu, que ha prometido 58 millones de euros para el lanzamiento de este programa, ha confiado en que más de 15.000 jóvenes puedan cobrar los 300 euros.

Lo que sí se revalorizará será la RGI. Las fuentes consultadas posponen la confirmación de la subida concreta a la rueda de prensa de Azpiazu de presentación de las cuentas pero confirman que habrá una revisión al alza. Será el primer año en que se aplique el nuevo indicador previsto en la ley reformada hace unos meses. Hasta ahora, quedaba al albur de criterios políticos ya que se desindexó del salario mínimo interprofesional (SMI) en cuanto empezó a experimentar fuertes subidas. La normativa prevé tener en cuenta la inflación pero siempre garantizando el 60% de la renta mediana o bien “la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible”. El pasado año se decretó un 8,5% de subida, en línea con las pensiones. Este año, la Seguridad Social ha barajado una mejora del entorno del 4% para esas prestaciones por jubilación o viudedad.

Las tres Haciendas vascas, de acuerdo con el Gobierno autonómico, han anunciado para 2024 se intención de aplicar una deflactación del 2,5% en el IRPF, que es detrás del IVA el impuesto más recaudador. Este mecanismo es una fórmula para que las subidas salariales en contextos de inflación no impliquen un salto de tramo en el pago de esta figura, que se liquida cada primavera. Desde que se inició la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania se han producido ya tres deflactaciones anteriores, dos en 2022 (del 5,5% en total) y otra este 2023 (2%). Eso sí, ya en la última de ellas el PSE-EE, socio del PNV en todas las instituciones, torció el morro, al igual que la oposición de izquierdas. La medida tiene que ser ratificada en las correspondientes Juntas Generales pero, tras las elecciones forales, la coalición de nacionalistas y socialistas solamente tiene mayoría absoluta en Bizkaia, mientras que en Álava y Gipuzkoa deberían contar con apoyos externos y solamente el PP es partidario de este tipo de medidas.

La decisión se ha tomado en el Consejo Vasco de Finanzas, un órgano que sienta al Ejecutivo de Iñigo Urkullu con las tres diputaciones y con Eudel, la asociación de municipios vascos. Este foro se tiene que reunir por ley antes del 15 de octubre para fijar una doble previsión de recaudación fiscal, la del cierre del ejercicio en curso y la del siguiente. Este segundo dato es la referencia para el techo de gasto con el que, desde ya, todas las instituciones empezarán a confeccionar sus respectivos presupuestos. La cifra prevista es de 19.000 millones de euros para 2024, un dato de récord y ya con el efecto moderador de la deflactación, que reduce en la suma el peso de los impuestos directos y progresivos frente a los indirectos y lineales (el IVA, fundamentalmente). Supondrá (de concretarse) 100 millones de euros, según los datos que se manejan. Por el contrario, el impacto del nuevo impuesto de Grandes Fortunas -para el que se propone en Euskadi una aplicación más suave que en el resto de España- se considera “mínimo” y, en todo caso, complementario al del ya vigente de Patrimonio.

Los 19.000 millones son 898 más que el cierre estimado de 2023, 18.102 millones. El Gobierno vasco, que copa el 70% del gasto del entramado institucional y el grueso de las competencias, superará previsiblemente los 15.000 millones, los números más altos de la historia. Cuando Urkullu llegó a Ajuria Enea en 2012, su primera propuesta fue de 9.300 millones de euros. El hombre de los números de Urkullu, Pedro Azpiazu, ha dado por buena esa cifra, aunque no se pronunciará hasta que se presente el proyecto el 24 de octubre. Bizkaia y Gipuzkoa harán su propuesta también a finales de octubre y Álava el 14 de noviembre. Sobre la otra medida fiscal contra la crisis inflacionista, la deducción de 200 euros para rentas inferiores a 35.000 euros, no se prorroga en 2024 pero aún en la próxima campaña de la renta se liquidará la correspondiente al segundo de los ejercicios en que se implantó, 2023. Al menos en Gipuzkoa, tiene un impacto mayor que la deflactación, un 33% concretamente.

Un Consejo Vasco de Finanzas feminizado

El Consejo Vasco de Finanzas ha ofrecido en esta ocasión una fotografía mucho más feminizada. Se han estrenado en la mesa dos diputadas generales, la de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, las primeras en la historia, y por Eudel ha intervenido Esther Apraiz, alcaldesa de Derio, que ha relevado al exregidor de Vitoria, Gorka Urtaran. Continúan de la etapa anterior el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y el diputado general de Álava, Ramiro González. Todos son miembros del PNV.

Azpiazu ha dibujado un escenario de buenas previsiones macroeconómicas. Se prevé un crecimiento del 1,7% en 2023 y del 2,1% en 2024. Se crearán “del orden de 13.000 empleos este año y 16.000 el próximo”, ha añadido. Ello se traduciría en una tasa “por debajo del 7%”. El titular de Economía y Hacienda ha afirmado que son “previsiones que vienen avaladas por la Airef”. Sin embargo, no ha ocultado que a las incertidumbres de la pandemia y de la guerra en Ucrania se une ahora el posible efecto de otro conflicto bélico en Oriente Medio. También González, Etxanobe y Mendoza han aludido a la “prudencia” en sus perspectivas económicas. “La coyuntura actual puede verse alterada por situaciones imprevistas”, ha sintetizado el alavés.

Los consejeros de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu (PNV), y de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado (PSE-EE), han trasladado este lunes a representantes de Kutxabank, Laboral Kutxa, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Abanca Bankoa, Caja Rural de Navarra y Bankinter la necesidad de que las entidades financieras trasladen “ya” a la remuneración por los depósitos de sus clientes la subida de los tipos de interés.

Azpiazu y Hurtado se han reunido en Bilbao con representantes de estas entidades para tener un primer contacto y colaborar en diversas materias, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado. El primer asunto abordado en el encuentro ha sido la remuneración de los depósitos. Desde el Ejecutivo se ha explicado que la subida de tipos “ha empujado a un escenario cuyas consecuencias se dejan sentir en el mercado del crédito para hogares y familias”, pero que dichas consecuencias “aún no llegan en otros segmentos, como la remuneración del ahorro”, informa Europa Press.

El Gobierno vasco entiende que la traslación de los tipos al mercado se acabará produciendo, pero considera que las entidades financieras “deben hacerlo ya”, una posición que coincide con la expuesta por parte del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. En un contexto en el que algunas entidades financieras ya han anunciado en el mes de septiembre el comienzo de remuneración de los depósitos, y en el que los bancos ofrecen diferentes alternativas además de los depósitos para el ahorro de las familias y los particulares, desde el Departamento de Economía y Hacienda se considera que “se debe remunerar los pasivos a unos tipos acordes con los actuales elevados niveles tipos de interés”.

En este sentido, ha recordado que en Europa ha aumentado la remuneración de los depósitos, también por parte de bancos nacionales con filiales internacionales, y ha mostrado su deseo de que “ese cambio se traslade también a Euskadi”. El Ejecutivo ha señalado que otros países europeos “se da una amplia remuneración, con niveles del 3%”. Además, ha precisado que, según las estadísticas del BCE, España y Euskadi “llevan hasta un año de retraso en la remuneración de los depósitos”.

Por su parte, Hurtado ha informado sobre las cuestiones que preocupan a Kontsumobide en la relación de las personas consumidoras y el sector bancario, por ser motivo frecuente de reclamaciones o afectar a colectivos vulnerables. Algunos de estos temas son las trabas existentes a la hora de operar en ventanilla, el cobro “abusivo o indebido” de comisiones bancarias, los impedimentos que se dan en algunas ocasiones para cerrar las cuentas, los problemas para retirar dinero en efectivo, o la “reticencia” por parte de algunas entidades a ofrecer la cuenta de pago básica para personas residentes en la UE, ya sean solicitantes de asilo o que no puedan ser expulsadas.

Con relación a estas y otras cuestiones, Hurtado ha anunciado que se realizará una campaña de inspecciones específica para 2024, pero ha mostrado la voluntad de establecer cauces de comunicación y una relación más fluida “que ya existe con algunas entidades” para poder abrir vías de solución de cualquier problema. El objetivo de Kontsumobide es “garantizar y defender” los derechos de las personas consumidoras. Por ese motivo, el consejero ha subrayado que mantendrá “la máxima disposición para hablar, mediar y mejorar la relación de las entidades de diferentes sectores con las personas consumidoras”.

Por otra parte, se ha abordado el problema de las ciberestafas. Ambos consejeros se han prestado a poder apoyar a las entidades en la detección y corrección de este tipo de delitos. Así, a través de la nueva agencia Cyberzaintza -en colaboración también con el Departamento de Seguridad-, se ha ofrecido “toda la ayuda necesaria”, complementaria al apoyo que ya aporta Kontsumobide a las personas consumidoras.

A su vez, se ha constatado que la 'inclusión financiera' es “un reto a abordar en Euskadi”, para lo que se ha anunciado a las entidades financieras una próxima iniciativa, a principios de 2024, enfocada a garantizar servicios financieros en cerca de 70 municipios de zonas rurales, mediante cajeros o vía 'cash back', en este caso, en colaboración con la viceconsejería de Agricultura. El objetivo es trabajar por una efectiva inclusión financiera que permita el desarrollo económico de las zonas rurales, “toda vez que la presencia de entidades que presten servicios bancarios fomenta el ahorro, la inversión de las familias y el desarrollo de proyectos empresariales, lo que a su vez contribuye al progreso económico de toda la zona”.

A la reunión han asistido, junto a los consejeros, el viceconsejero de Finanzas y Presupuestos, Hernando Lacalle, la jefa de gabinete y coordinación, Yurdana Burgoa, la directora de Política Financiera, Arantza Larrauri, y la directora de Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo, Laura Alzola.

Las tres Haciendas vascas apuran los plazos para que el conocido como Impuesto de las Grandes Fortunas (Impuesto Temporal de Solidaridad sobre Grandes Fortunas) entre en vigor antes del 31 de diciembre y, por lo tanto, grave los patrimonios más elevados a efectos del año 2023. Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han puesto en marcha la maquinaria para que se puede aprobar este impuesto en las Juntas Generales en plazo, despejando la incertidumbre que existía sobre si finalmente se aplicaría o no en Euskadi. Y es que, desde el PNV -y también el propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu- habían dejado abierta la posibilidad de que no se pusiera en marcha teniendo en cuenta que está vigente el Impuesto de Patrimonio y, en parte, la razón de ser de la aprobación de esta tasa por el Gobierno de Pedro Sánchez era neutralizar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que lo tienen bonificado en su totalidad, lo que supone suprimirlo de facto, como por ejemplo en Madrid o Andalucía.

Sin embargo, la opción que finalmente llevarán a cabo las Haciendas vascas es que se trate de un impuestos complementario al de Patrimonio. La nueva diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha asegurado este miércoles en el pleno de las Juntas Generales en Gernika que el Gobierno foral está dando “todos los pasos necesarios” para presentar un proyecto de norma foral cuanto antes y que pueda estar aprobado antes de que finalice el año. El diputado general de Álava, Ramiro González también confirmó este martes que tramitarán el proyecto porque es un “compromiso” y lo van a cumplir. En la misma línea, fuentes de la Diputación guipuzcoana confirmaron que se llevará a pleno del Parlamento foral antes de que acabe el año.

Lo cierto es que los Gobiernos forales deberán pisar el acelerador si quieren llegar a tiempo para imponer este impuesto que grava a patrimonios por encima de los 3 millones de euros, con tipos impositivos progresivos, es decir que aumentan en la medida en la que crece el patrimonio. Hay que tener en cuenta que las 'grandes fortunas' que tributan en Euskadi ya se han librado de pagar esta tasa durante su primer año de vigencia en el resto del Estado, y en principio nació con un carácter temporal, para dos años: 2022 y 2023, aunque partidos como EH Bildu o Sumar son partidarios de extenderlo. En Euskadi el año pasado no se aplicó porque hasta abril de este año no se aprobó por parte del Congreso de los Diputados la modificación del Concierto Económico para que se pudiera incluir esta nueva tasa.

El Impuestos sobre Grandes Fortunas se aplica sobre patrimonios de más de 3 millones de euros, a unos tipos de gravamen progresivos que van desde el 1,7% hasta el 3,5% para patrimonios superiores a los 10,7 millones de euros. Habrá que esperar a las respectivas normas forales para ver si se incluye alguna modificación sobre la norma en el conjunto del Estado en lo que refiere a los tipos impositivos, porque tienen capacidad normativa. El Impuesto de Patrimonio en Euskadi se aplica a patrimonios superiores a los dos millones de euros, excluyendo la vivienda habitual, pero los tipos máximos se quedan en el 2% en el caso de Bizkaia, y en el 2,5% en Álava y Gipuzkoa, frente al 3,5% del Impuesto a las grandes fortunas.

Esto supone que aplicar el tipo más alto para mayor patrimonio permitiría aumentar la recaudación pero no se puede determinar cuánto porque no será muchos los patrimonios de más de 10 millones de euros, donde el cambio de tipos entre los dos impuestos es significativo. Algunas fuentes estiman que no habrá más de 500 contribuyentes que puedan estar obligados a pagar por lo que tendrá un carácter más simbólico que de cantidad.

Hay que tener en cuenta que el Impuesto de Patrimonio lo pagan unos 17.000 contribuyentes y que el año pasado se recaudó por este tributo 169,7 millones de euros, frente a los por ejemplo, 6.497 millones de IRPF, el impuesto que supone los mayores ingresos para las Haciendas seguido del IVA. Es decir, para el conjunto de Euskadi, el Impuesto de Patrimonio supuso poco mas del 1% del total de la recaudación de 17.130 millones. El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova, que es el que ha interpelado a la diputada de Hacienda sobre si se va a poner en marcha la tasa a las grandes fortunas se ha referido en su intervención al carácter pedagógico y de reparto de la riqueza de este impuesto. “Es imprescindible porque la recaudación aumentaría y sería un plus y también desde el punto de vista pedagógico ya que hoy en día hay gente que paga muy pocos impuestos”, ha señalado.

En principio, lo que trasciende hasta el momento es que se pretende que sea un impuesto armonizado en los tres territorios. También la próxima reforma fiscal, a la que no se acaba de poner fecha se quiere llevar cabo de forma consensuada entre las tres diputaciones. De hecho, la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Álava, Itziar Gonzalo, ha marcado la reforma fiscal como un objetivo de legislatura, lo cual es fiarla a largo plazo teniendo en cuenta que lleva varios años retrasándose.

Gonzalo ha señalado en una comparecencia en comisión que primero, se realizará “una evaluación de las anteriores reformas fiscales” -una evaluación que sigue pendiente para las tres Haciendas para después abordar “modificaciones dirigidas a potenciar el crecimiento económico y adecuar los incentivos fiscales para retener, atraer e incentivar el talento, el emprendimiento y la inversión”. Básicamente se ha referido a la reforma de los dos principales impuestos directos, el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades u ha insistido en que tendrá que coordinarse con las otras dos diputaciones.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha confirmado este viernes en el Parlamento Vasco que la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, cuyo mandato venció el pasado 15 de septiembre, no seguirá en el cargo, pero que, por el momento, no tiene un sustituto, aunque sí ha iniciado “contactos” para encontrarlo. En una comparecencia parlamentaria en respuesta a una interpelación del parlamentario del PP, Luis Gordillo, el consejero ha señalado que ya en el mes de agosto Alba Urresola le comunicó su intención de no continuar durante un mandato más al frente de Competencia y reincorporarse a su puesto de trabajo anterior como subdirectora de Asesoría Jurídica y Control Interno de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, aduciendo “razones personales”. Azpiazu ha indicado que está personalmente coordinando los contactos para encontrar una persona que la sustituya, pero ha reconocido de forma implícita que no es tarea fácil encontrar un relevo.

“Es indispensable que las personas que se integren aporten valor al organismo”, ha señalado, para indicar se trata de encontrar a los “mejores profesionales”. No obstante, ha señalado que no hay problema por los procedimientos abiertos por la AVC, ya que la ley establece que la presidenta deba permanecer en el cargo hasta que se encuentre un sustituto. También se encuentra en situación de interinidad una de las vocales, Enara Venturini, para la que también se buscar relevo. Son tres los miembros de este consejo y dos, Urresola y Venturini, fueron a propuesta del PNV. El tercero, cuyo mandato no caduca, es el socialista Rafael Iturriaga.

El parlamentario Luis Gordillo ha advertido al consejero de que las personas que se nombren tienen que ser “independientes”, y “no tienen por qué ser afines al PNV”, ha ironizado. Ha sugerido que en el proceso de selección los posibles candidatos comparezcan ante la Comisión de Economía y Hacienda y se sometan a las preguntas de los parlamentarios. “Si tiene problemas para encontrar candidatos, yo le proporciono nombres”, ha señalado. Una apreciación que ha “ofendido” al consejero, que ha afirmado no entender que el PP defienda que sus candidatos “garantizan la independencia” pero los que proponga el consejero “serán una persona dependiente del partido”.

“Yo respeto la independencia estrictamente. He iniciado los contactos para nombrar lo antes posible a los cargos de la AVC, cuyo mandato ha expirado hace poco, y espero resolver esta cuestión rápidamente. Comprenderá que mi objetivo es conseguir a los mejores profesionales del área de gestión que de mí depende”, ha subrayado antes de indicar que velará por que “actúen en el ámbito de la competencia con total independencia, como ha sido su voluntad desde que es consejero”.

Pedro Azpiazu fue el encargado de nombrar a Alba Urresola como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia en 2017 como sustituta de Pilar Canedo, que cesó en el cargo al ser nombrada vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En esta ocasión la AVC estuvo sin presidente nombrado dos meses y medio, ya que Canedo cesó el 27 de junio de 2017 y Urresola tomó posesión del cargo el 18 de septiembre. Durante es intervalo ostentó la presidencia Iturriaga, vocal del organismo.

Durante la presidencia de Pillar Canedo se iniciaron expedientes en los que el Gobierno vasco se vio comprometido como el del cartel de las consultoras, cuya investigación asumió finalmente la CNMC. También se destapó otro cártel, el de las empresas de 'catering' que se repartieron durante años los contratos del servicio de comedor de la escuela pública. Ese caso precisamente tuvo una segunda parte para analizar si las irregularidades constatadas en años anteriores se mantenían en el presente y la primera decisión de Urresola fue archivar esa causa al mes y medio de relevar a Canedo.

La actual presidenta de la AVC ha colisionado de forma directa con la vicelehendakari del Gobierno vasco y consejera de Trabajo y Empleo, Idoa Mendia, que pidió la retirada de la 'Guía práctica sobre la incidencia de la competencia en el mercado laboral' publicada el pasado mes de mayo por la Autoridad Vasca de la Competencia por considerar que cuestiona la negociación colectiva. En concreto, ese documento recoge: “¿Los convenios colectivos sectoriales son susceptibles de restringir la competencia? En efecto, los convenios colectivos adoptados en el marco de una negociación colectiva pueden dar lugar a una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia”.

Empresas de transporte escolar e informáticas contratadas por EJIE

Uno de los principales procedimientos abiertos en estos momentos en la Autoridad Vasca de la Competencia es el que implica a 76 empresas de transporte escolar, que fueron acusadas por el departamento de Educación del Gobierno vasco de acordar no presentarse a las licitaciones de las rutas de Bizkaia y Álava para forzar al Gobierno a subir los precios. También está abierto un expediente de investigación contra 13 empresas informáticas por posibles “prácticas colusorias” en los contratos que han realizado con el Gobierno vasco a través de la sociedad EJIE, que se ocupa de la gestión de la informática del Ejecutivo.