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Vivienda tarda cuatro meses de media en atender las peticiones a las ayudas vascas para el alquiler juvenil

Viviendas en Vitoria

Iker Rioja Andueza

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El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, dirigido por el socialista Iñaki Arriola, ya había admitido en dos informes previos enviados al Parlamento Vasco que la ampliación del programa de ayudas al alquiler juvenil Gaztelagun ha generado retrasos y un gran incremento del volumen de solicitudes. Ahora, en otra comunicación a la Cámara a instancias de EH Bildu, estima en 121 días, es decir, en cuatro meses, el “tiempo medio de tramitación total” de las peticiones de esta prestación de 300 euros mensuales. Sin embargo, las tablas adjuntas al informe con el detalle de todas las solicitudes revelan que hay casos de esperas de cinco, seis o siete meses. Es más, la fecha de referencia para el alta de las demandas es el 7 de mayo de 2022, cuando entraron en vigor las nuevas características del programa, y no se computa como demora media el alta real de las peticiones, en algos casos del propio mes de enero.

Los datos oficiales muestran que el tiempo de tramitación se ha disparado en 2022. Gaztelagun nació en 2019 y aquel año la demora media es de 43 días. Los 44 y 50 días de 2020 y 2021 quedan también muy lejos de los 121 de 2022. El consejero Arriola no hace muchas más valoraciones al respecto pero en noviembre ya se indicó que las peticiones, de 2021 a 2022, se habían disparado un 62% y, de 2019 a 2022, un 180,7%. Y unas semanas antes, en octubre, apuntó también a que “durante el 2022 se ha recibido un inusual volumen de solicitudes, ampliamente superior a los años anteriores”. Las tres peticiones de información han partido de la portavoz de EH Bildu en materia de Juventud, Eraitz Sáez de Egilaz.

Con los datos de 2022 ya cerrados, el pasado año 5.560 jóvenes acudieron a la ventanilla autonómica a interesarse por las ayudas de Gaztelagun. En los tres años anteriores habían sido 6.593, a razón de 1.690 en 2019, 1.977 en 2020 y 2.926 en 2021. Asimismo, a Vivienda le ha correspondido tramitar, además de las nuevas altas, las adecuaciones de los beneficiarios anteriores al nuevo modelo (2.605 hasta noviembre) y otros expedientes de comprobación de los datos fiscales con las Haciendas forales o revocaciones.

¿Qué cambios se introdujeron en mayo de 2022? Por un lado, se elevaron los máximos de rentas para poder acceder a las ayudas, que se han fijado en 24.500 euros anuales para un solicitante individual y en hasta 32.000 euros para unidades de convivencia más amplias. Asimismo, las ayudas no se pagan solamente durante tres años sino de manera indefinida hasta cumplir los 36 años. La cuantía es de 300 euros mensuales en 2023. Era 250 hasta 2021 y 275 en 2022. Es la misma cantidad que el complemento para el alquiler de la renta de garantía de ingresos (la conocida como PCV) o que la prestación sustitutiva de quienes tienen derecho a la vivienda reconocido pero no una casa disponible. Puede cubrir hasta el 60% de la renta total. Se pueden leer aquí los requisitos para pedir esta prestación.

Se de la circunstancia de que, en paralelo, el Gobierno vasco ha anunciado ya una nueva línea de apoyo, en este caso enfocada a fomentar la emancipación. Este programa, que de nuevo fija la ayuda en 300 euros mensuales, está impulsado por la pata del PNV del Ejecutivo. El lehendakari, Iñigo Urkullu, asumió en septiembre en primera persona las políticas de Juventud a través de su asesor Jonan Fernández y, en diciembre, presentó un primer plan que incluía ya estas nuevas subvenciones. Este mes de febrero ya se han dado más detalles al respecto aunque, según las previsiones, no será hasta el “primer semestre” de 2024 cuando se empiecen a pagar.

Este plan sí que está limitado nuevamente a tres años, por lo que la subvención máxima es de 7.200 euros. Además, los beneficiarios potenciales han de tener entre 25 y 29 años. El programa ha sido bautizado como Emanzipa y se recalca que será totalmente compatible con Gaztelagun. Se ha indicado que no podrán pedirla quienes tengan ingresos superiores a 28.000 euros, un umbral diferente al de las ayudas al alquiler juvenil, y se requerirá un empadronamiento mínimo de un año en Euskadi antes de la solicitud o de al menos tres de los últimos diez años.

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