El índice de precios de referencia de Bizkaia y Álava, imprescindible para que los municipios que se declaren zonas tensionadas puedan aplicar el tope de los alquileres en su totalidad, se retrasa hasta el mes de mayo. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, ha realizado este jueves la estimación de que podría contarse con este índice en el plazo de dos meses, porque los datos ya están en manos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde han confirmado al consejero vasco que podrían estar publicados “en el mes de mayo, o incluso antes”. En cualquier caso, Itxaso ha señalado que los datos se han remitido al Ministerio “la pasada semana”, lo que muestra el retraso con el que las diputaciones forales han completado los datos necesarios, para lo que han contado con la colaboración del Eustat.

De momento, sólo está pubicado el de Gipuzkoa, y desde el mes de septiembre del año pasado, ocho meses después de la declaración del primer municipio como zona tensionada, Errenteria, en enero de 2025. La importancia de este índice es que están referenciados a él el tope de los alquileres de los pisos de grandes tenedores -los que tienen cinco o más viviendas- y la renta a pagar por los pisos que no hayan estado alquilados los cinco años anteriores, o se alquilan por primera vez. En esos casos, si no hay índice, el precio del alquiler sigue en manos por completo de los propietarios. Es decir, en estos momentos, los municipios de Bizkaia y Álava que se han declarado zonas tensionadas -incluidos Bilbao y Vitoria- aplican la normativa coja, por no contar con este índice.

Aunque el propio Itxaso ha minimizado en cierto modo el impacto de la ausencia de este índice, asegurando que sin contar con él se llega “al 90% de los alquileres”, lo cierto es que ha sido motivo de conflicto entre las Diputaciones forales y el Departamento. Es una tensión que se ha ido suavizando en la misma medida que lo han hecho las diferencias iniciales entre PNV y PSE-EE sobre la ley de Vivienda estatal, de la que emanan las zonas tensionadas, y que el PNV llegó incluso a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Así, en un principio, se entendió la ausencia de los datos de las Haciendas forales para elaborar el índice como un intento por parte del PNV de retrasar la aplicación de la ley. Primero alegaron que no tenían petición formal del Ministerio para que se remitiesen esos datos, luego que era muy complejo técnicamente, para lo que se implicó al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en la colaboración directa con las Haciendas. En mayo de 2025, Mikel Torres, vicelehedakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del que depende el Eustat, auguraba que Euskadi no tendría fijado el índice del alquiler para todo el territorio al menos hasta el mes de septiembre, de ese año. A la llegada de esa fecha, septiembre de 2025 sólo se pudo contar con Gipuzkoa. Ya entonces, el consejero Itxaso calculó que serían necesarios al menos otros seis meses para contar con el de Bizkaia, y al de Álava no se atrevía a ponerle una fecha.

La complejidad técnica de elaborar estos datos radica, esencialmente, en que no coinciden los que se pide por parte de la Agencia Tributaria con los que solicitan las Haciendas vascas a la hora de registrar los alquileres en la declaración del IRPF. Tampoco las Haciendas forales vascas usan el mismo sistema, y de ahí la diferencia entre ellas. Según ha afirmado varias veces el consejero, en Bizkaia y Álava es aún más complicado que en Gipuzkoa porque en estos territorios ni siquiera se exigía desglosar las viviendas por las que se obtenían ingresos de alquiler y tampoco había datos para identificar a los inquilinos, algo que se ha modificado para próximas campañas de la renta.

El consejero ha confiado este jueves, en una entrevista en Radio Euskadi, en que este índice esté operativo ya en el todo el territorio en el momento en que se incorporen a las zonas tensionadas los municipios que están ya pendientes de los últimos trámites. Según ha señalado, se espera que el BOE publique a finales de abril la incorporación al listado de zonas tensionadas Zestoa, Arrasate y Pasaia, todos ellos en Gipuzkoa, es decir con el Índice de Precios de Referencia publicado. No obstante, ha señalado que se están tramitando las solicitudes de declaración como zona tensionada de otras diez localidades, las de Basauri, Sopela, Bergara, Urduliz, Gorliz, Deba, Oiartzun, Oñati, Bermeo y Orio, cinco ellas de Bizkaia, que sí precisan de la publicación de ese índice. El consejero calcula que “a mitad de año” se podría alcanzar el 56,4% de la población vasca viviendo en una zona tensionada.

El decreto “urgente” del Gobierno vasco con medidas en materia de Vivienda, que incluye ampliaciones de programas como Gaztelagun -las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler- o Bizilagun y Asap -de captación de casas vacías- o incluso la posibilidad de convertir bajos comerciales en viviendas, será aprobado finalmente en la “segunda quincena de abril”, según estiman fuentes oficiales. El paquete fue adelantado por este periódico hace ya un año, se hizo promoción de ello en el BBK Live de julio del pasado año, se hablaba de finales de 2025 como referencia y, después, se dijo también que estaría antes de la finalización del primer trimestre del año. Pero no ha sido así. El propio consejero, el socialista Denis Itxaso, admite los retrasos: “Me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable”.

El nuevo decreto está ya en su última fase de tramitación, indican desde el área de Vivienda. Desde el viernes, el texto está publicado para recabar alegaciones. Ese plazo se cerrará el 23 de marzo. Cuando pase por Consejo de Gobierno, vacaciones de Semana Santa mediante, solamente quedará su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para que entren en vigor los cambios. “La tramitación del decreto de medidas urgentes se ha alargado más de lo razonable”, reconoce Itxaso. Y añade como explicación: “Cuando ya pensábamos que estaba todo listo para llevarlo a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, la COJUA [comisión jurídica asesora del Gobierno vasco] nos ha obligado a abrir un segundo período de información pública en este caso destinado a entes locales, lo que ha retrasado dos meses su aprobación”.

“El 23 de marzo concluye el plazo de información pública y audiencia a los entes locales, y he dado la instrucción para que los servicios técnicos corran todo lo posible para preparar el informe de respuesta a las eventuales alegaciones que puedan presentarse, de cara a poder tener aprobado en Consejo de Gobierno el decreto durante la segunda quincena de abril. Como consejero, me resulta muy frustrante que un decreto cuyo primer apellido es 'urgente' tarde tanto en tramitarse por una burocracia a veces insoportable, y desde luego incompatible con la emergencia habitacional que vivimos. Confío en que esta demora en los plazos contribuya a blindar la seguridad jurídica de todas las medidas que entraña este paquete normativo”, añade Itxaso en declaraciones a este periódico. Con todo defiende que el decreto será “todo un escudo social ante el agravamiento de la crisis de la vivienda”.

La nueva regulación complementa los cambios introducidos en la también “urgente” reforma legal que aprobó el Parlamento Vasco en diciembre y que fue presentada públicamente en fechas similares a las que trascendió la existencia del decreto. Hinca el diente, sobre todo, a una adaptación de los programas a la realidad de las zonas tensionadas.

Gaztelagun es un ejemplo claro. Los 300 euros mensuales de apoyo al alquiler para jóvenes de hasta 35 años tienen mucho menor efecto en Donostia y Gipuzkoa, las zonas con los precios más caros. ¿Por qué? Los precios ordinarios están ya en umbrales que antes eran considerados como suntuosos y, por lo tanto, no bonificables. En cifras concretas, son 8.007 los beneficiarios del programa hasta el 31 de diciembre de 2025, 3.564 en Bizkaia, 2.252 en Gipuzkoa y 1.260 en Álava. Más en detalle, en Donostia apenas hay 461, por 1.285 de Vitoria o 1.622 de Bilbao

Los beneficiarios de Gaztelagun han bajado con respecto a 2024, según publicó 'El Correo', a pesar de la emergencia habitacional. Ahora, se busca revertir la tendencia elevando, por un lado, los umbrales máximos de renta para poder optar a la prestación y, por otro, subiendo el precio de las casas que se pueden alquilar hasta el 95% de la renta media, que rozaría ya los 1.000 euros en el caso de Donostia. Por cierto, un informe enviado al Parlamento Vasco a instancias del PP, que lleva varias iniciativas queriendo conocer los extranjeros beneficiarios de las políticas de vivienda, muestra que los titulares de Gaztelagun, en un 82%, son nacionales. Recientemente, otro informe mostró cómo los extranjeros accedían mucho menos a las casas protegidas de compra que a las de alquiler.

En el caso de Bizigune, que permite ceder un piso a la Administración a cambio de una renta asegurada y otras ventajas para que se sume al parque de pisos disponibles para demandantes de viviendas protegidas, el canon que se abonará a los propietarios pasará a 800 euros o, de nuevo, al 95% de la renta media. Actualmente se abonan 675, muy por debajo del mercado, y el programa nació con 450. Y ASAP, el otro programa de intermediación, sube incluso a cubrir el 100%.

“Estamos seguros de que las medidas surtirán efecto y permitirán, entre otros muchos avances, que en ciudades como San Sebastián, donde apenas otorgamos 400 prestaciones [de Gaztelagun], el nivel de cobertura crezca considerablemente. Hoy desde luego, encontrar un piso de alquiler por 800 euros es una auténtica quimera. Y, con el nuevo sistema, ayudaremos a jóvenes cuyos contratos rocen los 1000 euros de renta mensual. Además, el hecho de que pueda haber más de un beneficiario por cada vivienda (jóvenes que comparten piso), también será una ventaja para incrementar la cobertura”, sostiene Itxaso.

Dos proyectos fotovoltaicos promovidos por Solaria cerca de Vitoria, el Vitoria Solar 1 y el Vitoria Solar 2, que entran también en terrenos de los municipios de Arrazua-Ubarrundia y Elburgo, esquivarán 'in extremis' la nueva restricción que aleja 500 metros de los núcleos urbanos las instalaciones de renovables, aprobada este martes en el Consejo de Gobierno. Al haber recibido la aprobación “inicial” conforme a la normativa en vigor hasta ahora, que establecía un margen de 300 metros, podrán continuar sin cambios. Otra veintena de proyectos más incipientes, por el contrario, serán ahora analizados a la luz de las nuevas directrices.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, habitualmente protagonista por los anuncios de la primera de las dos patas de su cartera, ha presentado a los medios de comunicación este martes el denominado Plan Territorial Parcial de Álava Central, conocido por las siglas PTP. Este documento urbanístico regula una panoplia de actividades en buena parte del territorio, 3.000 kilómetros cuadrados incluida la capital. Es un ámbito más amplio que Gipuzkoa, ha recordado Itxaso, y afecta a zonas donde residen 334.000 habitantes.

Y no esquiva el asunto de las renovables aunque el Gobierno vasco tenga pendiente desde hace años otro documento, el denominado PTS, específico para esta materia y que abarcaría a toda la comunidad autónoma. Además de la nueva distancia, se apunta a “limitaciones específicas en cuencas visuales” y exclusiones totales en “suelos no urbanizables de especial protección, pastos montaos y suelo no urbanizable de alto valor estratégico”, según lo aprobado. Igualmente, los edificios de nueva planta con más de 200 metros cuadrados tendrán que tener placas solares para garantizar su autoconsumo y habrá zonas “preferentes” para que sea allí donde vayan parques de interés general.

Hasta ahora, sin herramientas generales de ordenación, las propuestas de proyectos solares o eólicos han florecido en numerosas ubicaciones, principalmente en Álava. Euskadi arrastra dos décadas sin nuevas instalaciones, con permiso de los molinos que ahora se instalan en Oyón, y un déficit de generación, pero estos proyectos también se han encontrado con fuerte contestación social en muchos municipios, como es el caso de los dos parques de Solaria en el entorno de Vitoria. El consejero Itxaso, de cuya cartera no depende el plan específico de renovables, sí ha indicado que necesariamente irá sincronizado con estas directrices ofrecidas para la zona conocida como Álava central, que toca también dos municipios de Bizkaia, Otxandio y Ubidea.

El anterior plan alavés era de 2004 y aspira a tener una vigencia de 16 años. Es el segundo surgido a la luz de las directrices de ordenación del territorio de 2019 después del de Bilbao metropolitano. Hay en marcha otros siete PTP y tres PTS, en colaboración con las diputaciones, “en un proceso de actualización integral del marco territorial en Euskadi”, ha dicho el consejero. Además, barriendo para casa, ha prometido un PTS sobre vivienda, de modo que la respuesta a la emergencia habitacional no quede “al albur” de los denominados PGOU de los municipios.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, el de Zubieta, realizará finalmente su apertura “entre los meses de mayo y junio”. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Se trasladarán al centro los 339 encarcelados de Martutene (230 en régimen cerrado y el resto cumpliendo pena con otras modalidades) y una cantidad desconocida de personas en Zaballa, la cárcel con más población reclusa de las de Euskadi. El plan permitirá vaciar Martutene, donde se prevé ya la construcción de 400 viviendas protegidas cuando se demuela el viejo edificio, y rebajar el tensionamiento que ha tenido la red penitenciaria vasca desde la transferencia de Prisiones, en 2021.

La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. El actual consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cuando era delegado de Gobierno de España aventuró en la Cadena Ser que esperaba que la construcción del nuevo penal estuviese culminada a finales de 2023 y poder realizar su apertura en 2024. Dos años más tarde, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, es quien ha anunciado el ansiado cambio, que debería estar completado antes del verano.

La cárcel la construye el Estado. Es parte del acuerdo de transferencia. Se cedió el penal de Gipuzkoa en activo, el de Martutene, pero el Gobierno central se comprometió a completar el nuevo que estaba planificado y a entregarlo a su finalización al Gobierno vasco, que tendrá que devolver el antiguo, que será derribado para que revierta en viviendas para la ciudad de Donostia. San José ha confirmado que, en los próximos días, el organismo estatal SIEPSE -que se encarga en España de las obras de cárceles y comisarías- comenzará la “transferencia del inmueble”.

Esto puede provocar “obras menores” para terminar de ajustar los sistemas e instalaciones del centro. La consejera considera la apertura de Zubieta como un “hito clave” para la “implementación del modelo vasco” en sus cárceles. Lo ha considerado como “humano y eficaz” por su interés en preparar “a las personas para volver a convivir en la sociedad” tras haber cumplido sus penas. 

Estas cárceles albergan, por ejemplo, a exmiembros de ETA, como Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', a quien se le aprobó recientemente la semilibertad. La consejera ha comentado ser “consciente” sobre cómo las decisiones que toma su departamento “generan dolores en las víctimas”. Ante ello, ha reiterado el respeto que tiene el Gobierno vasco “con el estado de derecho y riguroso en la aplicación, y con el cumplimiento del ordenamiento jurídico”. Ese respeto debe ser el motor de todas “las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad”, para evitar “acrecentar” el dolor de las víctimas. También han sido controvertidos los recientes pasos a tercer grado de cuatro exdirigentes del PNV condenados por corrupción, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles.

Demolición de Martutene y la construcción de viviendas protegidas

Junto a la consejera San José, se encontraba el consejero de Vivienda. Itxaso ha explicado el trabajo que están realizando para llevar a cabo la demolición de la cárcel de Martutene, cuyo coste ronda en los 4 millones de euros. Se espera que Visesa, del Gobierno vasco, y Casa47, sociedad del Gobierno español, se coordinen para el derribo, con el permiso del Ayuntamiento de Donostia.

Itxaso ha alegado que el plan evitará que el “espacio quede inutilizado por años”. Esto se debe a que, tras la demolición, se planea la construcción de un nuevo barrio entre el Ayuntamiento, Visesa y Casa47. Se desea construir 400 viviendas protegidas para “la clase media donostiarra” y también ofrecer alojamientos dotacionales. El consejero ha agradecido “el trabajo coordinado” entre los departamentos para “acompasar todos los trabajos”. Es la primera vez desde 1981 en que el Estado promueve vivienda protegida en Euskadi.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, del PSOE, también acompañó a los consejeros. Ha mostrado su apoyo al plan que explicaba Itxaso, afirmando que “uno de los problemas más importantes que tiene España, sin duda alguna, es la vivienda”. Espera que todo se pueda llevar a cabo “lo antes posible” y que este “reinicio” de acciones conjuntas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, “pueda ser el comienzo de otras muchas”.

Residentes en Euskadi con origen extranjero o parejas mixtas han accedido a un tercio de las viviendas asignadas en alquiler entre 2022 y 2025. Sin embargo, según datos del Gobierno vasco, apenas han sido adjudicatarios del 4,7% de las ofertadas en régimen de compra. En el caso de los arrendamientos con opción a compra, muy minoritarios, la proporción es del 20,9%.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha facilitado este martes al Parlamento Vasco estadísticas de adjudicatarios de viviendas protegidas como respuesta a una iniciativa de la representante del PP, Ana Morales, que había solicitado esa información relativa a los últimos cuatro ejercicios y desglosada entre nacionales y extranjeros. La información no incorpora ningún análisis cualitativo de las tablas. El volumen de viviendas adjudicadas en compra y alquiler entre 2022 y 2025 ha sido muy similar, 7.141 y 7.087, respectivamente. La tercera vía, el alquiler con opción a compra apenas se ha usado en 81 ocasiones en el cuatrienio.

En función de los datos ofrecidos, sin embargo, mientras el 19,8% de los titulares de pisos protegidos en régimen de alquiler son extranjeros, apenas representan el 2,1% en el caso de compra. A ellos se suman un 18,8% de unidades de convivencia mixtas en alquiler, por 2,6% en compra. En total, las estadísticas indican que en cuatro años 11.566 personas de nacionalidad española han accedido a una vivienda en todos sus formatos, por 1.565 extranjeros y 1.178 parejas mixtas.

Los datos, en todo caso, permiten extraer otras conclusiones. Por ejemplo, el diferente calado de las políticas públicas de Vivienda en las capitales. Así, en Vitoria se han adjudicado 4.607 pisos en compra (2.358), alquiler (2.222) u opción de compra (27), por 1.743 de Bilbao (1.036 en compra, 705 en alquiler y dos en arrendamiento con opción de adquisición) y apenas 779 en Donostia, la ciudad más cara (108 vendidas y 671 arrendadas).

El barrio de Riberas de Loiola, el más jóven de todos los de la capital guipuzcoana, cuenta con una zona en desuso, desde hace más de una década, en la que se iba a construir un edificio de oficinas. Dicho plan no avanzó y, con la liberación de la vacante, el Gobierno vasco tiene planes en él para hacer frente a la crisis habitacional. El anteproyecto del Departamento de Vivienda ha sido presentado por su consejero, Denis Itxaso, del PSE-EE, por Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura, y por Gonzalo Sánchez y Armando Diago, arquitectos del estudio Ortega Diago. Sin embargo, ofrece 200 alojamientos dotacionales por 400 anunciados allí mismo solamente hace unos días por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, ambos del PNV.

La propuesta “prudente” de Vivienda nace de un estudio previo que analiza el ámbito “desde una perspectiva urbana, social y comunitaria”, realizado por los arquitectos. En él se proponen 8.000 metros cuadrados edificados para 200 viviendas dotacionales de dos habitaciones. Itxaso ha asegurado que la propuesta es “compatible con las capacidades del barrio en términos del transporte público y otras infraestructuras”. Además, no se haría uso de toda la parcela para construir las viviendas. Según lo que explicaba Diago, se incluiría la creación de un “espacio comunitario” para “enriquecer” la zona.

Para llevar esta propuesta a cabo, Itxaso desea incluir en el proceso a la asociación de vecinos del barrio, con más de 5.000 habitantes. El consejero ya ha conversado con la asociación por vía telefónica para avisar sobre el anuncio del anteproyecto, y ha pautado, para la semana siguiente, una reunión con los vecinos. El objetivo es que “de aquí al verano” se pase por una definición del anteproyecto para “poder sacar a concurso este mismo año”.

Esta propuesta aún no se ha presentado al Ayuntamiento de Donostia. Hace dos días, el alcalde Insausti y el lehendakari Pradales anunciaron la construcción de 400 viviendas en la misma parcela. Ante la acción, este jueves el consejero de Vivienda no ocultó su “malestar”. Las tensiones en materia de Vivienda entre el PNV y el PSE-EE vienen de lejos pero, además, esto llegaba justo después de la división por el asunto de Ayesa y por el puerto de Pasaia. Itxaso ha dicho que no se puede anunciar la construcción de alojamientos “sin el respaldo de un proyecto detrás”.

El consejero socialista ha sido contundente con que “no se puede frivolizar con las esperanzas de la ciudadanía” y menos frente a la crisis habitacional. “Lo último que necesita la política de vivienda son crisis de políticos”, ha añadido. Vivienda tiene planteado comunicarle el anteproyecto al Ayuntamiento, aunque “le hubiese gustado acercarse de otra manera”. Con todo, el consejero mira con positividad obtener “la luz verde” del proyecto que se trae entre manos desde “hace más de un año” y al que le han puesto “mucho mimo y cariño”.

El plan de Itxaso propone construir el 50% de los alojamientos que ha anunciado el alcalde. El consejero ha defendido la decisión de construir 200 viviendas porque así se evita “eternizar el proyecto”, aunque está abierto “a escuchar las aproximaciones y el planteamiento de 400 alojamientos”, ha indicado.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, se reunió este jueves con los alcaldes de Hernani, Tolosa y Lezo, de EH Bildu, para oficializar la declaración de estos municipios como zonas tensionadas. Con esta decisión, Euskadi pasa a contar con un total de catorce localidades bajo la medida propuesta en la ley de Vivienda de 2023. El proceso, sin embargo, se inició hace ahora un año, en 2025. Errenteria, también en el área metropolitana de Donostia, fue el primer municipio en incorporar esta herramienta dentro de su plan de intervención en el mercado inmobiliario hace ahora doce meses.

Sin embargo, su activación estuvo marcada por la ausencia de los índices de referencia, cuya elaboración correspondía a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, en manos del PNV. No fue hasta el 30 de septiembre de 2025 cuando estos se publicaron. A causa de esta tardanza, la alcaldesa Aizpea Otaegi, de EH Bildu, señala que no se cumple el aniversario “con todas las herramientas que la ley permite”. Durante los nueve meses en los que el índice no estuvo disponible, los nuevos contratos y los alquileres de grandes tenedores no pudieron ser topados, por ejemplo.

Aun así, la declaración de zona tensionada no solo implica la limitación de precios, sino que también permite una prórroga de tres años para los contratos que estén a punto de expirar. A lo largo de 2025, se registraron entre Donostia y Errenteria 15 unidades familiares que optaron por esta prórroga y lograron obtenerla. Además, la herramienta contempla que, si un inquilino se considera vulnerable, no puede ser desahuciado con el fin de no agravar su situación; no obstante, este punto fue el que generó alarma entre los propietarios.

Jon Altuna, gerente de la inmobiliaria Aterpe, de Errenteria, explica que los propietarios, ante la posibilidad de impago, sienten “miedo e incertidumbre”. La inseguridad jurídica es, según afirma el gerente, la principal razón por la cual “muchos alquileres han dejado de ser de larga duración”. Como consecuencia, algunos propietarios han optado por dejar las viviendas vacías, mientras que otros migran hacia contratos de corta duración. Actualmente, en la página web de Idealista solo se puede encontrar una oferta de alquiler en la localidad, la cual no especifica si se trata de un contrato de larga o corta duración.

El consejero Itxaso es consciente del aumento de los alquileres de corta duración por “estar fuera del alcance de la ley estatal”. Durante la declaración de zona tensionada de Hernani, Tolosa y Lezo, señaló que esta situación será “vigilada”. Por su parte, la alcaldesa Otaegi insiste en que “el discurso del miedo no tiene mucha cabida” gracias a los programas de mediación que ofrece el Gobierno vasco, como Bizigune o ASAP. A estas iniciativas se suma próximamente el programa Alokaplus, un seguro público destinado a propietarios en zonas tensionadas con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica.

Pese a que los efectos de la zona tensionada se perciben mayoritariamente a medio plazo, tanto la inmobiliaria como el Ayuntamiento de Errenteria se encontraron con una sorpresa: actualmente, quienes compran vivienda son jóvenes y familias que desean vivir en el municipio. Altuna considera que se trata de un “efecto rebote”, ya que los inversores han perdido interés en la zona y “esa pérdida de rentabilidad ha conseguido que la gente del pueblo pueda comprar”. Tanto Altuna como Otaegi coinciden en estar “contentos” con esta evolución y subrayan que no se debe únicamente a la zona tensionada, sino al plan de intervención general.

En Errenteria se está construyendo vivienda “tanto pública como privada”, afirma la alcaldesa. Está previsto levantar alrededor de 1.200 viviendas en los próximos años. Para alcanzar este objetivo, el foco principal se sitúa en la construcción de vivienda protegida, mediante la cesión de suelos al Gobierno vasco y la restricción de la autorización de vivienda turística. En paralelo, el Ayuntamiento estudia cómo aplicar el canon a las viviendas vacías, un proceso que se ha visto dificultado por la falta de herramientas que permitan verificar si una vivienda se encuentra desocupada. El consejero Itxaso anima a llevarlo a cabo y ofrece “acompañamiento” a los municipios interesados, recordando que se trata de “un último recurso” tras haber planteado distintos “incentivos”.

La zona tensionada dura tres años, apenas ha transcurrido uno; además, es prorrogable, confirma la alcaldesa. Es una medida cuyo objetivo es a medio plazo, sin significar que en el Ayuntamiento se espera que “se congelen los precios”. El gerente de Aterpe cree que estas medidas son “necesarias”, mas no suficientes para atender la realidad “tan compleja”. Ambos están a la espera de datos sobre el panorama que ha vivido el municipio y en toda Euskadi. Otaegi confirma que “el Gobierno vasco ha contratado un estudio” para saber el “impacto” de las zonas tensionadas. Ante la falta de datos propios, Itxaso recuerda los estudios de Navarra y Catalunya, en los que muestran una disminución de precios en el alquiler. Itxaso tiene la “esperanza” de que suceda lo mismo en Euskadi.

Anteriormente, el Partido Nacionalista Vasco había votado en contra de la normativa estatal e incluso la recurrió ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que la competencia en materia de Vivienda recae en el PSE-EE. Sin embargo, el escenario ha cambiado: tres de los catorce municipios declarados zonas tensionadas están gobernados por el PNV Además, el conjunto de municipios incluidos en la lista representa el 49,9 % de la población vasca, con una especial concentración en Bizkaia, que agrupa al 21,28 % del total de habitantes. Entre las localidades declaradas zonas tensionadas se encuentran las tres capitales vascas, Bilbao, Donostia y Vitoria, dos municipios de Bizkaia, Barakaldo y Galdakao, y nueve de Gipuzkoa: Astigarraga, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Tolosa, Usurbil y Zumaia.

El área de Vivienda del Gobierno vasco calcula que, en 2026, destinará 95 millones de euros a la prestación económica de vivienda (conocida por sus siglas PEV). En 2025, con un presupuesto similar, se ejecutaron finalmente 86 millones. Éste será un año clave para esta ayuda -de 300 euros mensuales como apoyo al abono de rentas en el mercado libre- ya que se completará finalmente la pasarela de beneficiarios de la antigua prestación complementaria de vivienda (la PCV asociada a la RGI) y todas las gestiones las centralizará ya Vivienda, que se previó en la ley de 2015, dejando sin atribuciones a Lanbide.

Esa norma de 2015 fue la primera en desarrollar el derecho constitucional a la Vivienda. Quienes cumplan unos umbrales económicos pueden solicitar un piso a la Administración y, en caso de no disponer de oferta suficiente, se les abona una cuantía mensual para facilitar la entrada a viviendas libres. Ahora mismo, 3.000 personas ejercen el derecho con un alojamiento y los 32.000 reciben la PEV subsidiaria para el alquiler.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, se ha felicitado de que estos 35.000 se suman a 30.000 adjudicatarios de casas protegidas en sus diferentes fórmulas de alquiler y a 9.500 jóvenes beneficiarios del programa Gaztelagun, que también aporta 300 euros mensuales. La conclusión es que “más de la mitad” de los 137.000 hogares en alquiler tienen apoyo público. No se incluyen los titulares de Emantzipa, otra ayuda paralela de 300 euros para jóvenes impulsada por el ala del PNV del Ejecutivo de coalición.

Itxaso, en rueda de prensa, ha asegurado que “ninguna otra comunidad” tiene estos niveles de cobertura. Asegura que “en medio de tanto diagnóstico” sobre el problema habitacional otros hacen los deberes. “Somos un país que está desplegando muchos recursos”, ha destacado el socialista, que ha puesto en valor las políticas de “intervención pública” ante un “mercado desbocado”.

Por otro lado, Itxaso ha recordado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto para ampliar las coberturas de programas como la PEV o Gaztelagun, entre otros. No suben las cuantías -de hecho, cuando la PCV nació en 2008 llegaba a 320 euros- sino los beneficiarios potenciales. Solamente en Gaztelagun ello podría requerir un gasto adicional anual de 5 millones, según se prevé.

Era un decreto que recibió la etiqueta de “urgente” y ya estaba encima de la mesa en la Semana Santa de 2025, cuando lo adelantó este periódico, pero aún no ha sido aprobado. Itxaso ha asegurado que la tramitación está ya “en la última fase” y ha calculado que “en un mes o mes y medio” podría volver a dar una rueda de prensa para presentarlo ya definitivamente.

Los municipios de Tolosa, Lezo y Hernani, en Gipuzkoa, entrarán en los próximos días en el listado de municipios de zonas tensionadas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estos tres tendrán a partir de entonces capacidad para topar los precios de los alquileres casi coincidiendo con el aniversario de la declaración de zona tensionada del primer municipio vasco, la localidad guipuzcoana de Errenteria.

La publicación está prevista para finales de este mes y, de hecho, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, tiene comprometido realizar un acto el próximo jueves 29 en Hernani con los tres ayuntamientos para significar la importancia de estas nuevas incorporaciones a las medidas para contener los precios de los alquileres. Se da la casualidad de que son tres municipios de Gipuzkoa, único territorio que en estos momentos tiene publicado el Índice de Precios de Referencia, por lo que las medidas de contención de precios se podrán aplicar también a las viviendas de los grandes tenedores y los nuevos contratos de alquiler, que precisan de esta herramienta para su cálculo.

Con estas tres incorporaciones serán catorce los municipios incluidos en el listado de localidades tensionadas en materia de vivienda. Son las tres capitales vascas -Donostia, Bilbao y Vitoria-, Errenteria, Usurbil, Astigarraga, Lasarte-Oria, Zumaia, Irún, Barakaldo, Tolosa, Hernarni, Lezo, y un distrito de Galdakao. En estos momentos el Departamento de Vivienda está con trámites ya avanzados para la declaración de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Basauri y Pasaia. Cuando estén completados, el 50% de la población vasca vivirá en zonas tensionadas.

Los nuevos municipios tensionados, Lezo, Hernani y Tolosa, tienen un mercado de vivienda que está muy condicionado por su cercanía con Donostia, una de las ciudades de todo el Estado con los precios de vivienda más elevados. Y cumplen uno de los requisitos necesarios para contar con la declaración, que el precio de compra o alquiler ha subido en los cinco años anteriores a la declaración un porcentaje acumulado de, al menos, tres puntos porcentuales superiores al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi, o que el esfuerzo económico necesario para pagar la vivienda supere el 30%.

En el caso de Lezo, el precio de compra o alquiler de la vivienda ha experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado del 20%. En Hernani el esfuerzo para pagar la vivienda es de media el 30,5% de sus ingresos familiares. Por su parte, en Tolosa, la renta de alquiler mensual media ha crecido en un 20% en el periodo anterior a la declaración.

La declaración de zona tensionada permitirá a estos municipios durante tres años aplicar el tope de subida anual de los alquileres en función de índice de revalorización de alquileres, que ahora está en el 2,8%. No podrá subirse la mensualidad por encima de ese tope. También se posibilita la prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler que no podrá superar la renta del último contrato.

Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino. La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda. Como los tres son municipios guipuzcoanos y tienen ya publicado el índice de precios de referencia., también podrán actuar sobre los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tengan cinco o más viviendas, y los contratos de pisos que no hayan sido alquilados antes.

La declaración de zona tensionada lleva aparejados unos compromisos por parte de los ayuntamientos, a desarrollar de manera conjunta con Vivienda durante los tres años de vigencia de la declaración con el objetivo de salir de ese tensionamiento del mercado. En este sentido, por ejemplo en Lezo, entre otras acciones, se prevén construir un total de 33 nuevas viviendas de protección oficial. Actualmente se están construyendo 33 viviendas protegidas y 24 tasadas. Además de 52 viviendas dotacionales y 16 viviendas tasadas. Asimismo, se identifican 238 viviendas (8,6%) sin que conste ninguna persona empadronada en ellas. La mayoría se concentran en el núcleo urbano, 175 viviendas que se quieren sacar al mercado de alquiler mediante medidas fiscales o la aplicación del canon de viviendas vacías.

En Tolosa se plantea la edificación de un total de entre 854 y 857 viviendas en los próximos tres años: 275 en compra y entre 579 y 582 en alquiler. Tolosa tiene 61 viviendas incorporadas al programa Bizigune del Gobierno vasco, y prevé seguir incrementando este número. Alineada con esta acción, se prevé profundizar en el conocimiento de la vivienda vacía del municipio realizando una actualización del estudio específico realizado en su día para conocer cuál es su situación y cuantificar cuántas son susceptibles de sacarlas al mercado de alquiler. Precisamente este jueves se ha anunciado que en febrero arrancarán las obras de construcción de 192 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en Tolosa.

En Hernani se plantea cesiones de parcelas al Gobierno para la construcción de viviendas y cuenta con varias zonas de posibles desarrollos urbanos. En una primera fase y de forma prioritaria se contemplan 27.720 metros cuadrados para nuevas viviendas de las que 15.840 metros serán para viviendas de protección oficial, y 11.880 metros cuadrados para vivienda tasada. Además de levantar viviendas dotacionales, rehabilitar viviendas y aplicar un canon a las viviendas vacías.

El departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco arranca 2026 con varios proyectos piloto que permitirán empezar a desplegar las disposiciones que contempla la Ley de Medidas Urgentes aprobada en el Parlamento vasco hace un mes. Se trata de siete proyectos que en su conjunto permitirán movilizar en torno a 1.000 viviendas protegidas, y que, según ha señalado el consejero, Denis Itxaso, “ilustran el potencial inmediato de la Ley para desbloquear suelos y activar operaciones que estaban paralizadas”.

Itxaso ha participado junto a la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, en una jornada destinada a presentar y explicar a los ayuntamientos vascos el alcance de la nueva normativa y en la que han participado alrededor de cien representantes municipales.

Entre los proyectos piloto que ha enumerado el consejero están los seis proyectos de “levantes” sobre edificios residenciales que son de propio departamento o de sus sociedades públicas, ubicados en Vitoria, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku, con una primera previsión de 250 nuevos alojamientos dotacionales, de los que ya se han recibido los diseños y que serán obras de jóvenes arquitectos vascos. Esta línea se apoya en fórmulas urbanísticas contempladas expresamente en la Ley de Medidas Urgente para facilitar la tramitación municipal y que el consejero ha confiado en “tengan una acogida positiva por parte de los ayuntamientos y que faciliten su puesta en marcha”. Ha recordado que el Gobierno vasco tiene a través de Alokabide cerca de 1.000 alojamientos dotacionales. En este sentido, ha señalado que si se autorizara al Gobierno a realizar levantes en edificios residenciales de vivienda hasta dos alturas, “podríamos aflorar 2.000 alojamientos votacionales, es decir, triplicar el número de alojamientos dotacionales”. Estos seis proyectos piloto con “levantes”, -txapelas sobre los edificios, como los ha definido el consejero- se presentarán en detalle en un seminario específico que tendrá lugar en Bilbao el próximo 2 de marzo.

Por otra parte, se iniciará la construcción de 525 viviendas en Portugalete, que se levantarán en un “espacio que llevaba tiempo en espera” y que ahora a través de esta ley encuentra la manera de desarrollarlo, al facilitar el desbloqueo de suelos.

En su intervención al inicio de la jornada de presentación de la nueva normativa a los representantes municipales, Denis Itxaso ha señalado que el objetivo es “trasladar, de forma práctica y coordinada, las nuevas herramientas que incorpora la norma para acelerar la planificación urbanística municipal y maximizar la producción de vivienda, especialmente protegida, en un contexto de tensionamiento residencial”. Itxaso ha señalado que la Ley nace para responder “a la urgencia habitacional” y para remover obstáculos que han ralentizado durante años la movilización de suelos calificados para albergar vivienda protegida.

“La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo dificulta extraordinariamente la adopción de respuestas ágiles y eficaces, que es lo que las personas con necesidad de vivienda nos demandan. Plazos de ocho o diez años para desarrollar un suelo, y entregar una vivienda, habituales en el marco de la citada ley, resultan claramente inasumibles”, ha señalado. En este sentido, el consejero ha recordado que la nueva normativa, además de tener un “impacto clave en los procedimientos y plazos urbanísticos para los consistorios”, incorpora un “régimen sancionador ante infracciones y fraude, así como la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, apelando a la necesidad de la colaboración de todas las instituciones de Euskadi”.

Ha destacado la necesidad de la colaboración institucional para el despliegue de la Ley y ha insistido en el papel esencial del municipalismo en la planificación urbanística y en la puesta en marcha de soluciones ante el reto del acceso a la vivienda. “Si 2025 fue el año de la aprobación de la Ley, 2026 sea el año de su despliegue efectivo”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, ha subrayado que la vivienda es una prioridad común para todos los alcaldes y alcaldesas, y ha apelado a la corresponsabilidad y a la colaboración institucional, así como al trabajo conjunto entre municipios, para aprovechar todas las oportunidades de “respuesta local”.

Ha señalado Apraiz que la nueva norma “no va a solucionar de la noche a la mañana todas las necesidades de vivienda, pero sí puede contribuir a mejorar la situación en nuestras ciudades y pueblos”. Por ello, ha puesto el acento en el liderazgo municipal destacando que “los representantes locales somos la primera línea de respuesta para ofrecer resultados tangibles a nuestras vecinas y vecinos”. Finalmente, la presidenta ha puesto en valor la experiencia de “municipios pioneros”, como las declaraciones de zonas tensionadas o la movilización de viviendas vacías, que sirven de referente y contribuyen al reto de la vivienda en el conjunto del territorio.

Los inquilinos vascos morosos acumulan una deuda media en el pago de alquileres de 8.372 euros, la cuarta más elevada del Estado, por detrás sólo de Catalunya, Islas Balerares y Madrid. De hecho, la morosidad en el pago de alquileres en Euskadi se ha incrementado de forma paulatina en los últimos años, y entre 2023 y 2024 ha aumentado un 3,11%, según se recoge el informe sobre la 'Situación de la Morosidad en el alquiler en España. Observatorio del Alquiler'. Gipuzkoa es el territorio con una mayor morosidad media, con 9,833,71 euros, seguida de Bizkaia, con 7.849,23,. Ambos territorios están por encima de la morosidad media en España, que en 2024 -último año analizado- se situó en 7.957,6 euros. En Álava es donde la media de impagos es menor, por debajo de la media estatal, con 6.611,56 euros.

Según se recoge en dicho informe, el índice de morosidad ha pasado de 137,02 en el año 2009 a 381,43289,24 en 2024, un 3,11% más que el año anterior. El pico más elevado se corresponden con el año de la COVID-19, el año 2020, en el que se registró un índice de 452,51. Aunque se recuperó en 2021 hasta 319,16, se ha incrementado en los tres años siguientes. Esto es así, según se recoge en este informe del Observatorio del Alquiler porque el esfuerzo financiero de los inquilinos en Euskadi para hacer frente al alquiler es del 37%, “superando el rango recomendado del 30-35%, lo que refleja una creciente presión económica en los hogares. Este desequilibrio entre ingresos y costos de vivienda contribuye a la acumulación de impagos, situando la región como un área con un nivel de riesgo superior al deseable”.

Según la información con la que cuenta el departamento de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas en alquiler en Euskadi se han incrementado un 98% entre 2019 y 2024, al pasar de 54.727 a 84.374. En el primer trimestre de 2025 se incrementaron hasta 84.927 viviendas. En cuanto al número de lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por impago de los alquileres, la estadística del Poder Judicial también señala un aumento. Si fueron 111 en el primer trimestre de 2024, aumentaron de forma continua cada trimestre hasta llegar a 213 en el primer trimestre de 2025. Una cifra que se redujo, aunque de forma muy ligera, en el segundo trimestre del pasado año, hasta 203 lanzamientos. Esto supone que se ha pasado de 5 lanzamientos por cada 100.000 habitantes en 2024, a 9,1 en segundo trimestre del pasado año.

Precisamente para intentar evitar que el temor a la morosidad y a tener que judicializar los impagos de las rentas retraiga a los propietarios a la hora de poner en alquiler sus viviendas, el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco que dirige Denis Itxaso pondrá este año en marcha el programa Alokaplus. En concreto, se tratará de un seguro que cubra a las personas propietarias frente a impagos o morosidades de la renta y de los suministros, así como frente a los desperfectos que se producen en el mercado del alquiler. La ayuda prevista en el programa Alokaplus establecerá como requisito que el contrato de arrendamiento lo sea de una vivienda libre, no sometida a ningún régimen de protección pública o asimilada, ubicada en zona declarada como de mercado residencial tensionado. El programa estará operativo a mediados de año y cuenta con una partida de 250.000 euros, ampliable, en su caso, con cargo a los fondos que se recibirán del Ministerio para inversiones en zonas tensionadas.

En respuesta al parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, el consejero detalla que la ayuda que se conceda a los propietarios a través de Alokaplus “será incompatible con otras ayudas que para la misma finalidad pudiera conceder cualquier otra administración o cualquier entidad pública o privada, así como con las indemnizaciones derivadas de contratos de seguros de impago de alquiler”. La ayuda prevista en el programa establecerá como requisito que el contrato de arrendamiento lo sea de una vivienda libre, no sometida a ningún régimen de protección pública o asimilada, ubicada en zona declarada como de mercado residencial tensionado. En relación con el programa Bizigune y el programa ASAP, las viviendas adscritas a los mismos son viviendas consideradas “como viviendas asimiladas a la protección pública”. “Por lo tanto, no está previsto que puedan solicitar la ayuda”, Además señala el consejero que ambos programas ya protegen a las personas titulares de las viviendas de un posible impago de renta o desperfectos que puedan ocasionarse.

En el caso del programa Bizigune, las personas titulares de las viviendas cedidas reciben una contraprestación económica, consistente en un canon periódico que se les abona a partir de la firma del primer contrato de arrendamiento independientemente de que la persona arrendadora abone la renta correspondiente hasta la devolución de la vivienda. Además, en el momento de la finalización de la cesión se devolverá la vivienda a las personas propietarias en el mismo estado de conservación que se recibió, dejando a salvo el desgaste natural por su uso normal. En el caso del programa ASAP, en el supuesto que se produzca un impago o desperfecto en la vivienda el departamento garantiza a las personas arrendadoras el cobro de la renta y la reparación de los desperfectos a través de una póliza de seguro privada.

El programa Alokaplus prevé un alcance mayor que el sistema de ayudas vigente desde 2021 con motivo de la crisis de la COVID-19, ya que la ayuda se otorgará desde la interposición de la demanda judicial con un límite temporal, mientras que las otras ayudas se conceden una vez suspendido el procedimiento, según resalta el consejero en la respuesta.

A modo de balance de 2025 y 'resoluciones' para el 2026, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha lanzado con el cambio de año sus prioridades para el nuevo ejercicio en el asunto que es ya la principal preocupación ciudadana. Ha confiado en que sea “un año de despliegue y consolidación” de las reformas para lograr “más vivienda asequible” y mejoras regulatorias.

Según su criterio, el Gobierno vasco ha llevado a cabo “una apuesta sin precedentes” para proteger la demanda con “instrumentos clave” como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el desarrollo de los índices de referencia del alquiler para Gipuzkoa, “con siete municipios en los que su aplicación es ya efectiva”. Por el contrario, no lo son en Bizkaia y Álava.

El Ejecutivo ha asegurado que, tras la aprobación parlamentaria de la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del País Vasco (BOPV) a finales de 2025, será el año de su “entrada en funcionamiento real” mediante “el desarrollo y aplicación de sus instrumentos”. Se pretende así “agilizar trámites y reducir plazos administrativos, facilitando la activación de promociones”, además de “impulsar herramientas para movilizar suelo y desbloquear operaciones urbanísticas con mayor autonomía municipal” y reforzar medidas vinculadas a zonas tensionadas, “incluyendo límites a la proliferación de viviendas turísticas donde aplique”. Según ha manifestado Itxaso, la vivienda “es un problema que tiene solución”, y la legislatura entra en 2026 “con reformas y la mayor dotación de recursos económicos para Vivienda de la historia del Gobierno vasco, orientados a resultados concretos en el ámbito de la oferta, pero también de la demanda”.

En 2026 también se trabajará en “mejoras normativas” para “fortalecer la protección de la demanda y ampliar el alcance del sistema vasco de prestaciones para mejorar el acceso a una vivienda”. Entre los hitos previstos, figuran la modificación de un decreto, “ajustando requisitos para incrementar el número de personas beneficiarias del derecho subjetivo y de programas como Gaztelagun o Bizigune”. Esto había sido prometido para 2025 también, pero se ha pospuesto a 2026. Con la aprobación del “decreto de medidas urgentes”, que ahora se lleva a finales del primer trimestre de 2026, Vivienda completará su “plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi”, que agrupa en un único documento “la caja de herramientas con la que se pretende responder a la actual crisis de oferta, tanto para las personas más vulnerables como para el grueso de las clases medias”.

Euskadi ha concluido 2025 con 11 municipios declarados oficialmente zonas de mercado residencial tensionado: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irún, Galdakao, Donostia, Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria. Los once concentran en torno a 1.048.000 habitantes, lo que equivale al 47,7% de la población vasca. A esta lista “se irán sumando de forma progresiva” otros municipios que cumplen los criterios objetivos establecidos en la ley y han solicitado formalmente la declaración, “a los que se acompañará con apoyo del trabajo técnico del Observatorio Vasco de la Vivienda y de la guía para ayuntamientos”.

Esta cobertura territorial se ampliará “de forma significativa” a comienzos de 2026, ya que, con la próxima declaración de Hernani, Tolosa y Lezo, prevista para finales del mes de enero, el porcentaje de población residente en zonas tensionadas superará el 50% del total de Euskadi. Además, el Gobierno trabaja con otras localidades con los trámites ya en marcha, entre ellos Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri, que podrán incorporarse en fases posteriores una vez culminados los procedimientos correspondientes. Para el próximo año el objetivo será “profundizar en los planes trienales de acción asociados a cada declaración” y proteger al 53,36% del total de la población vasca, residente en estos 18 municipios.

Por otra parte, Itxaso prevé que 2026 sea el año en el que se culmine la “publicación/operatividad” de los índices de referencia vinculados a la contención de los precios del alquiler en zonas tensionadas, “un proceso que depende de datos tributarios de arrendadores y arrendatarios, y que en Euskadi se obtienen vía la declaración del IRPF de las Haciendas forales”. En su opinión, la colaboración en este campo de las Diputaciones forales es “clave” para asegurar “que se obtienen y comparten aquellos datos necesarios para establecer dichos índices en cada uno de los tres territorios vascos”.

Álava y Bizkaia han comunicado el envío a Eustat de la información fiscal necesaria, incluida la de 2024, para que pueda elaborarse el índice y se espera que, en el primer semestre de 2026, ambos territorios puedan ya aplicar los índices de referencia para topar los alquileres en los supuestos establecidos por la ley estatal de vivienda. Existe la web https://zonatensionadaeuskadi.eus/ con información sobre el proceso.

Para un 58% de la ciudadanía vasca, la vivienda es actualmente el principal problema, según el reciente Sociómetro. En este contexto, el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso, ha entregado al Parlamento Vasco un informe con una radiografía del parque de pisos protegidos en respuesta a una solicitud de documentación de la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, muy crítica con la gestión de esta materia y particularmente con lo que ha llamado “contrarreforma”, es decir, la modificación legal ya aprobada con medidas “urgentes” para hacer frente a lo que se ha bautizado también como “emergencia habitacional”.

¿Y qué conclusiones ofrecen las tablas estadísticas? Uno, entre 1983 y 2025 se han terminado 111.542 viviendas de protección oficial frente a 226.493 libres, una proporción de una por cada dos, aproximadamente. Dos, 50.378 de ellas han quedado desclasificadas con el paso de los años, una posibilidad ya eliminada de la legislación actual pero que continúa teniendo efectos en el presente. Porque, tres, todavía quedan 1.760 más por perder la etiqueta, según las estimaciones oficiales. Cuatro, ahora mismo el parque público en alquiler es de 28.783 casas, sumadas las de titularidad autonómica y las de otras entidades. Así, cinco, esto comporta que un 47% de los pisos protegidos en Euskadi están en este régimen.

1 - Las viviendas terminadas desde 1983

El gráfico doble muestra las viviendas terminadas desde 1983 a la actualidad, año por año. En un lado, están las protegidas, en todas sus tipologías. En el otro, las libres. Las primeras son 111.542. Por décadas, en la de 1980 el volumen era de más de 3.000 de media al año, bajó a menos de 2.000 en la de 1990, repuntó por encima de las 3.700 anuales en la de los 2000 -coincidiendo prácticamente con toda la etapa de la extinta EB al frente de la cartera de Vivienda en el tripartito de Juan José Ibarretxe- y se quedó en alrededor de 2.500 en los 2010. La actual década presenta los datos más bajos de toda la serie, con menos de 1.300 anuales.

Las viviendas libres totales en el período son 226.493, pero con el matiz de que no hay datos de 1983 a 1991 y tampoco aún de 2025. Es una información del Ministerio de Vivienda del Gobierno central. En los años en que sí consta la información se superan con claridad los 6.000 pisos nuevos de media. El cambio de siglo y hasta la 'burbuja' de 2008 fue todo un 'boom', con ejercicios en que se estrenaban hasta 14.000 nuevas casas. En 2015 entró en vigor la nueva ley vasca de Vivienda. La siguiente gráfica muestra la evolución de los pisos terminados por la sociedad autónomica Visesa en ese tiempo, 3.449. Son 2.214 en Bizkaia -Bilbao es donde más se ha construido-, 875 en Gipuzkoa -pero de ellas solamente 70 en la capital- y 360 en Álava.

2 - Patrimonio perdido: la desclasificación

Las leyes más recientes, desde 2003, ya hacen permanente la protección pública de los pisos levantados con dinero público. Pero antes no era así. Eso también fue un negocio: acceder en precio controlado a un inmueble y luego disponer de un bien revalorizado con precios de mercado en un contexto de 'burbuja'. Son 50.378 las viviendas desclasificadas entre 1983 y 2025. ¿Qué supone esa cifra? En mayo de este año se ofreció el dato de que había 100.000 vascos en la listas de Etxebide, la ventanilla de asignación de pisos protegidos. En 2023 se produjo un pico de más de 4.000 casas desprotegidas de una tacada y este año superan aún las 2.000. El consejero Itxaso ha admitido que ha habido años de reducción del parque público porque las nuevas obras no compensaban las salidas. Otra tabla muestra que hasta 2029 se seguirá produciendo este fenómeno. Quedan 1.760 por desclasificar. Donde más afectará este fenómeno, con 915 inmuebles, es en Donostia, paradójicamente la ciudad vasca más cara y con más necesidades de suelo. Le sigue Vitoria con 405.

3 - El parque de alquiler

En Euskadi se gestionan 28.873 viviendas en régimen de alquiler protegido, es decir, controlado por la Administración. Pero no todas esas casas son públicas. El Gobierno vasco dispone de 17.355, pero más de 7.500 son pisos privados captados con los programas Bizigune y ASAP. Consisten, resumidamente, en que los propietarios particulares ceden a la Administración su casa a cambio de una renta más baja que la de mercado pero asegurada en caso de impagos o desperfectos. El Gobierno usa esas propiedades para cederlas a sus demandantes de Etxebide con las mismas condiciones que si fuera un bloque de vivienda social y, además, sin las segregaciones que ya se aprecian en algunos barrios. Un próximo decreto -anunciado ya hace meses pero aún no promulgado- mejorará las condiciones de ambos programas. A las 17.355 viviendas autonómicas se suman 7.426 municipales, 914 alojamientos dotacionales y 3.088 de “otras entidades”.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco ha recuperado en cinco meses un total de 620 viviendas (de las 1.000 previstas) para el parque protegido de Euskadi, que cuenta con 65.924 casas. El Gobierno vasco concluirá este miércoles, 31 de diciembre, el proceso de venta del derecho de superficie del suelo a las personas propietarias de viviendas inicialmente protegidas que con el tiempo perdieron su calificación.

En cinco meses, desde el lanzamiento de la convocatoria en julio, las tres delegaciones territoriales han gestionado 628 expedientes, si bien seis de ellos han sido rechazados, lo que supone la recuperación efectiva de 620 viviendas para el parque público de protección oficial de Euskadi. En términos económicos, esta séptima convocatoria supone que el Ejecutivo autonómico recaude más de 10 millones de euros que irán destinados íntegramente a la construcción de nuevos inmuebles de alquiler protegido. El objetivo era llegar a 20.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana considera “muy positivo” este resultado y destaca que, gracias a la elevada participación, Euskadi avanza de manera significativa en el objetivo de revertir la pérdida histórica de vivienda protegida asentada sobre suelo público. En ese sentido, el consejero socialista Denis Itxaso ha destacado que la recuperación de las 620 viviendas para el sistema de VPO “no es sólo una cifra, sino un refuerzo inmediato y tangible de nuestro patrimonio protegido, un paso firme para corregir una anomalía histórica y una medida justa en un momento crítico para el acceso a la vivienda”. El consejero ha puesto en valor también el papel “clave” de la ciudadanía y ha señalado que “la respuesta de las personas propietarias demuestra que existe conciencia social sobre la importancia de preservar la vivienda protegida”. Según Itxaso, “convertir un problema heredado en una oportunidad es exactamente el tipo de política pública que Euskadi necesita”.

Por territorios, Bizkaia lidera el ranking con 270 operaciones (236 concesiones -3.691.496,26 euros-, 30 en tramitación, 3 denegadas y 1 desistida). Seguida por Gipuzkoa con 242 transacciones (162 concesiones -2.928.978,18 euros- y 80 en tramitación) y, por último, Álava con 116 (103 concesiones -1.597.367,59 euros-, 11 en tramitación y 2 denegadas). “Desde 2010 hemos impulsado varias convocatorias que han permitido vender el suelo de 4.591 viviendas, de las cuales 2.940 (64%) eran viviendas con calificación temporal o descalificadas que pasaron a calificarse con carácter permanente a cambio de adquirir el suelo”, ha apuntado.

Las otras 1.651 (36%), en cambio, eran viviendas ya calificadas permanentemente a cuyas personas propietarias se les vendió el suelo para que pasaran de la propiedad temporal a la plena propiedad. A estas habría que añadirle las 620 VPO recuperadas en esta última convocatoria, ha precisado. Con los expedientes gestionados ahora, ha detallado Itxaso, “se sigue avanzando en la reparación de un proceso que dejó desprotegidas a miles de viviendas levantadas con dinero público”.

El Gobierno vasco ha presentado este lunes el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) del litoral vasco con el que quiere anticiparse al peor escenario posible de cambio climático, con una posible subida de nivel del mar de hasta 72 cm en el año 2100, lo que deberá conllevar medidas de protección específicas para las construcciones y entornos urbanizados actuales y nuevas normativas para las edificaciones futuras, elevando la cota a la que pueda construirse.

El nuevo PTS, que tras aprobarse inicialmente arranca ahora el periodo de exposición pública, y que se prevé que puede aprobarse en un año, lo han presentado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, de quien depende la reordenación del territorio, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, responsable del área medioambiental y de la Agencia Vasca del Agua, URA, y pretende redefinir la forma en la que Euskadi afrontará los desafíos climáticos, ambientales y urbanísticos de su costa en las próximas décadas, por lo que ambos han destacado que se trata de un plan de “trascendencia estratégica”.

El plan anterior data de 2007 por lo que ambos consejeros han considerado crucial una modificación que tenga en cuenta que el litoral vasco se encuentra en estos momentos en el centro de múltiples tensiones: “los efectos del cambio climático son cada vez más palpables, la presión sobre el espacio costero aumenta y la normativa territorial y ambiental ha evolucionado profundamente en los últimos años”, ha señalado Itxaso, que ha recordado que “desde 2019 la adaptación al cambio climático es una obligación que deben cumplir todos los instrumentos de ordenación territorial”. “En este caso, la variable climática adquiere un protagonismo singular. Es probablemente el plan más condicionado por el cambio climático de todos los que hemos elaborado, y además es el primero en todo el Estado que incorpora explícitamente esta variable”, ha añadido.

El PTS centra su labor preventiva de anticiparse a un futuro más hostil por los efectos del cambio climático, en el “espacio complejo, frágil y enormemente diverso” que constituye la costa vasca que, aunque linealmente suma alrededor de 120 kilómetros, la suma de entrantes y salientes eleva la superficie realmente ordenada hasta los 275 kilómetros lineales. En esa franja se concentran 41 playas, 12 campos dunares, 29 marismas, acantilados que se extienden a lo largo de 81 kilómetros, y una red de infraestructuras en la que conviven depuradoras, faros, carreteras, estaciones oceanográficas y equipamientos de todo tipo. Las 14 rías y estuarios que desembocan en el Cantábrico llevan la influencia del PTS hasta 15 kilómetros tierra adentro, ampliando considerablemente su impacto territorial. Todo ello afecta de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura.

Para hacer las previsiones el plan parte de los estudios elaborados por el grupo de expertos científicos IPCC y adopta como referencia el peor de los escenarios -el RCP 8.5, aquel que contempla un incremento sostenido de emisiones de gases de efecto invernadero- debido a la insuficiente reducción global de emisiones. Según estos modelos, para este peor escenario el nivel del mar podría elevarse hasta 72 centímetros en el año 2100, una cifra que transformaría por completo la relación entre el mar y el territorio. En cambio, si se contuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero, esta subida se limitaría a 49 centímetros. Ya hoy, la pleamar meteorológica alcanza los 2,91 metros, y pequeñas variaciones de apenas 10 ó 15 centímetros están provocando inundaciones recurrentes en zonas como los bidegorris del Bidasoa, en Irún. “Este PTS es, en cualquier caso, un plan dinámico, que se irá actualizando a medida que evolucionen las emisiones de gases de efecto invernadero y se concreten los riesgos naturales vinculados al nivel del mar y a otros fenómenos asociados al cambio climático”, han señalado.

En este escenario más adverso, Euskadi podría perder el 39% de la superficie de sus playas, el 26,7% de sus dunas y hasta el 75% de sus marismas, una de las cifras más críticas del documento, ya que se encuentran en cota cero, y un pequeño incremento del nivel de mar las haría desaparecer. También los espacios verdes, la infraestructura ecológica, las zonas residenciales e industriales y el frente costero expuesto al oleaje sufrirían un incremento notable de su vulnerabilidad. En particular, las áreas residenciales vulnerables pasarían del 1,13% al 2,76% (un incremento del 244%) y las industriales del 1,43% al 3,64%, cifras que recuerdan que obligan a replantear la planificación urbana en numerosos municipios, con ascenso de las cotas de edificación de las urbanizaciones, que tendrán que desarrollarse en legislaciones posteriores, así como de protección de lo ya construido. Porque según ha recordado Denis Itxaso, “se trata de proteger lo que está, no de desmontar”.

Estudios de impacto del cambio climático en todas las actuaciones

El PTS clasifica el territorio en diversas categorías de vulnerabilidad: las zonas especialmente vulnerables ante el incremento del nivel del mar por efecto de la marea y el oleaje (ZINM); las zonas vulnerables ante el aumento de la inundabilidad fluvial (ZIIF); las zonas vulnerables por el incremento del nivel freático y la disminución de la capacidad de evacuación de la red de saneamiento (ZINF); las zonas vulnerables ante el incremento de las precipitaciones torrenciales (ZIPT); y las zonas vulnerables ante el aumento extremo de la temperatura (ZIET). Estas cinco categorías —ZINM, ZIIF, ZINF, ZIPT y ZIET— obligan a que cualquier planeamiento municipal que afecte a dichas áreas incorpore estudios de impacto derivados del cambio climático.

Más allá del marco normativo, el Plan Territorial Sectorial da un paso adicional y se consolida como una auténtica herramienta de adaptación al cambio climático. Incorpora un conjunto de medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad del litoral y a reforzar su resiliencia a medio y largo plazo. Entre ellas, destaca la planificación para la creación y recuperación de nuevas marismas en distintos estuarios, con el objetivo de compensar parcialmente la superficie que previsiblemente se perderá como consecuencia de la subida del nivel del mar.

Asimismo, el PTS amplía los ámbitos de especial protección ambiental, incorporando más de 300 hectáreas de masas de encinar cantábrico a la categoría de “Especial Protección”, reforzando la conservación de ecosistemas clave frente a los efectos del cambio climático. En el ámbito marino, el plan impulsa la ampliación de la Red Natura 2000 mediante la incorporación de la zona marina Ulia–Jaizkibel, con una superficie aproximada de 13.000 hectáreas, como corredor ecológico marino estratégico. A todo ello se suman medidas específicas de adaptación en zonas urbanas y ya desarrolladas, como la mejora del drenaje y de la red de saneamiento, la naturalización de cauces, el incremento de superficies permeables y verdes, y la obligatoriedad de integrar estudios específicos de mitigación y adaptación en el planeamiento municipal que actúe en áreas vulnerables. Además, el plan delimita nuevos suelos de especial protección y mejora ambiental, refuerza la protección paisajística de los 500 metros interiores, ordena el uso de playas y dunas según su naturaleza urbana o natural y, en lo relativo al medio marino, remite a la normativa estatal y europea.

Por otra parte, el plan pretende la creación o recuperación de nuevas marismas, dado que la pérdida de las mismas en el peor de los escenarios será muy significativa. El PTS identifica áreas situadas a mayor cota en estuarios como el Barbadun, Butroe, Urdaibai, Lea, Artibai, Deba, Urola, Iñurritza u Oria, con el objetivo de que puedan convertirse en marismas funcionales en el futuro. Esta propuesta no pretende compensar totalmente las pérdidas del escenario RCP 8.5, pero sí recuperar parte de la superficie que se perdería incluso en escenarios intermedios, en el caso de que el nivel del mar suba solo 49 cm.

El consejero Itxaso ha destacado el valor del documento como instrumento de política pública y ha afirmado que “este plan es absolutamente imprescindible para garantizar que nuestro litoral siga siendo un espacio seguro y sostenible. No se trata solo de ordenar, sino de anticipar, proteger y actuar con visión de futuro”.

Por su parte, el consejero Mikel Jauregi ha enmarcado el PTS dentro del compromiso del Gobierno con la transición energética y el desarrollo sostenible, subrayando que se trata de “una herramienta con las necesidades de un territorio que ya está experimentando los efectos del cambio climático. Hemos trabajado juntos para que la cartografía usada en el PTS del Litoral, elaborada por URA, sea la misma que se usa en los actuales estudios de inundabilidad y que es la referencia en todos los planes hidrológicos”. Además, en este PTS se han tomado como referencia las variables de cambio climático y los escenarios de subida del nivel del mar definidos en el proyecto Kostaegoki, estudio realizado por el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y “que sirve como hoja de ruta para anticiparse a los impactos del ascenso del nivel del mar y proteger los ecosistemas y actividades costeras. Establecer cotas más altas para las futuras edificaciones es anticiparse de manera prudente y eficaz a los riesgos del futuro. No podemos mirar hacia otro lado: debemos anticiparnos y adaptar nuestras normas y proyectos a esta realidad. La protección de hoy es seguridad de mañana. Este PTS nos permite anticiparnos a los riesgos y evitar errores que podrían salir caros en el futuro”, ha señalado Jauregi.

“La información que damos hoy no debe generar alarma social. Desde el Gobierno vasco estamos ya en marcha con obras concretas para evitar las consecuencias de la subida del mar en 13 localidades costeras. Estas son actuaciones impulsadas desde la mesa KAIA, en estrecha colaboración con los ayuntamientos”, ha citado Mikel Jauregi.

La vivienda es ya la principal preocupación ciudadana, según el recentísimo Sociómetro. Y el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, pero sin ningún apoyo entre la oposición salvo algunas abstenciones artículos concretos de EH Bildu y PP, una reforma legislativa con medidas “urgentes” para atacar la emergencia habitacional. Más allá de los cambios que introduce, esta norma escenifica la reconciliación una década después de PSE-EE y PNV en la materia. La ley vasca de Vivienda 2015, pionera en España en desarrollar la previsión constitucional como derecho subjetivo, salió por impulso de los socialistas desde la oposición -y con un acuerdo con EH Bildu y UPyD- contra el criterio del Gobierno de Iñigo Urkullu, en los años previos a la coalición. Y hace solamente dos años, en 2023, el PNV promovió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal promovida por Pedro Sánchez incluso gestionando sus socios, el PSE-EE, la cartera de Vivienda en Euskadi, aunque ahora sus alcaldes aplican las zonas tensionadas.

“Hoy es el día”, se felicitaban antes de la sesión altos cargos del área de Vivienda, que han llenado uno de los palcos del hemiciclo durante el debate y la votación. Debajo, en su escaño, el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso, ha seguido con atención el debate con sus gafas descansando en una repisa. Significativamente, Itxaso ha llegado a la Cámara y al hemiciclo acompañado del lehendakari, Imanol Pradales, para salir juntos en las fotografías. Pradales no ha seguido todas las intervenciones.

Es una ley de medidas “urgentes” que se ha tramitado de modo “urgente”, pero ha sido la ley que ha visto la luz en esta legislatura que más ha tardado en salir adelante. Tres proyectos de ley, tres proposiciones de ley, dos presupuestos -si se incluye el de 2026, que llegó en octubre y se visará en unos pocos días- y dos modificaciones extraordinarias de esos presupuestos han sido aprobadas en un plazo menor. La norma fue anunciada en marzo en una conferencia en Bilbao por el consejero Itxaso y llegó al Parlamento tres meses después, en junio, en forma de proposición de los partidos y no como proyecto del Gobierno. Esto elimina informes internos preceptivos. Se complementa, además, con un decreto igualmente urgente. Ley y decreto deberían estar en vigor con el cambio de año, según ha venido comprometiendo el consejero Itxaso.

¿Qué medidas contempla? Esta ley toca la ley de Suelo de 2006 y la ley de Vivienda de 2015, pero también dos textos ambientales de 2015 y 2021, la ley municipal de 2021 y la de Turismo de 2016. Además, como adelantó este periódico, la norma modifica por la puerta de atrás el sistema de la renta de garantía de ingresos, la RGI. En concreto, blinda que nadie sin “título válido” de uso de una casa, sea en compra o en alquiler, pueda acceder a las prestaciones sociales. Colectivos sociales como Argilan-ESK han interpretado que esta medida, precisamente, entorpece el acceso a ayudas a quienes viven en régimen de subarriendo, con fórmulas alegales o incluso ocupando un espacio vacío. EH Bildu y Sumar lo han mencionado expresamente en la sesión parlamentaria, avisando que es un recorte.

Los cambios posibilitarán reducir del 75% al 60% la reserva para viviendas protegidas en las promociones. El consejero Itxaso ha venido insistiendo que un porcentaje alto de la nada es cero y que de esta manera se ganará también en parque disponible. También se refuerzan las zonas tensionadas declaradas al calor de la normativa estatal -un marco en el que están ya las capitales y otros grandes municipios de sus áreas metropolitanas- con la prohibición de que haya en ellas nuevas viviendas turísticas, por ejemplo. Se aspira a reducir la burocracia al menos un 50% para poner en marcha proyectos, se habilita una reserva estratégica autonómica de suelo y, además, se contempla autorizar levantes en bloques públicos de techo plano para construir hasta dos nuevas plantas en ellos para triplicar la actual oferta de alojamientos dotacionales -de 1.000 actuales a 3.000-, que son espacios de rotación para jóvenes.

El PSE-EE ha delegado la defensa de la ley en su secretario general, Eneko Andueza. Ha defendido que es una “hoja de ruta acordada con más de cien agentes sociales” y ha añadido que es un “instrumento perfecto” para acometer el problema de la vivienda. Se ha felicitado de que el Parlamento, al menos este jueves, se “ocupe” de lo que verdaderamente “preocupa” a la sociedad. “Euskadi tiene suelos para 75.000 viviendas protegidas que ahora mismo están bloqueados. Con la ley de medidas urgentes, los Ayuntamientos podrán flexibilizar los porcentajes. De nada sirve el 75% de lo que no se desarrolla. El 75% de 0 es 0. Solamente movilizar el 10% serían 7.500 viviendas, es decir, el objetivo total de la legislatura”, ha señalado Andueza. También ha asegurado que la reducción de plazos de tramitación, incluidos los ambientales, no reduce las “garantías”. “Es la primera gran ley de esta legislatura”, ha insistido Andueza, que ha puesto en valor el “liderazgo” de su consejero Itxaso. “Los socialistas estamos en todos los Gobiernos para ser valientes. Hemos venido para hacer”, ha cerrado Andueza.

Desde la bancada del PNV, ha intervenido Jonatan Moreno, que ha presentado la norma que una propuesta “centrada, alejada de los extremos y de los dogmatismos”. Moreno ha avisado de que los jóvenes, en su mayoría, quieren una vivienda en propiedad. También ha aprovechado para poner en valor todas las actuaciones en la legislatura en materia de Vivienda. Ha resumido que el compromiso político se tiene que “medir en euros” y que la cartera de Vivienda es la que más sube en los presupuestos de 2026.

El texto aprobado es el original salvo por las 17 autoenmiendas de nacionalistas y socialistas. EH Bildu y PP, contrarios a la norma en líneas generales, se han abstenido en algunos artículos concretos. En la ponencia no se aceptó ninguna propuesta de la oposición. EH Bildu llevaba 47 enmiendas, el PP tenía 31, Sumar 30 y Vox 52. La sesión de la ponencia legislativa en la que se debatieron estas correcciones apenas duró unos minutos. El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha llegado a decir que la norma incluye referencias a artículos que no existe.

“Han hecho trampas”, ha añadido el parlamentario abertzale. Ha indicado que la norma “la ha escrito el Gobierno” y que incluso ha tenido contratos externos pagados por la Administración, aunque formalmente venga firmada por los partidos en la Cámara. “¿Para qué? Para evitar informes preceptivos. No los tenemos. Esta ley nace con pocas garantías”, ha manifestado en euskera. Ya en castellano, ha considerado “un paso atrás” el dictamen porque “responde a los intereses del lobby” del mercado y entiende que supone una “salida mercantilista” a un problema social.

Astigarraga ha llegado a sugerir que esta reforma “camina en la misma dirección” que la liberalización del suelo de José María Aznar y ha intentado meter cuña en la reconciliación de PNV y PSE-EE al deslizar que quizás los nacionalistas querrían pactar en materia de Vivienda con el PP. “Es una contrarreforma”, ha repetido la formación abertzale. “Muchos pueblos caen en desgracia cuando se convierten en fortines de EH Bildu”, le ha respondido Moreno desde la bancada nacionalista. Y ha añadido que quizás el modelo de EH Bildu es “Venezuela” y no Viena, la capital europea que gana adeptos como referencia.

Desde Sumar, en una línea similar, han defendido que la reforma “atiende a las exigencias de quienes nunca van a estar dispuestos a que la vivienda deje de ser un negocio” porque menciona que hace “compatible” la función social de las casas “con su condición económica”. “Un mero producto de mercado”, ha señalado Jon Hernández, el único representante de la formación de izquierdas. Ha añadido igualmente que Itxaso ha seguido “el método de los cobardes” para “evitarse informes preceptivos y obligatorios”.

El PP, desde una óptica contraria, ha lamentado las “falsas expectativas” que ha generado la reforma. A su juicio, implementa el modelo “más radical” de la izquierda. “Con esta ley el PNV y el PSE-EE enmiendan un modelo fracasado con una ley farragosa. Es absolutamente insuficiente”, ha dicho Ana Morales, la portavoz 'popular'. Según su tesis, los socialistas en España y Euskadi han cambiado las cosas, “pero a peor”. Vox, de saque, ha usado también este debate para criticar la inmigración. Según Andueza, escuchadas las críticas de ambos sentidos, el Gobierno se queda en la “centralidad”.

Tras la votación, el consejero Itxaso ha recibido el abrazo tanto del lehendakari como de Andueza. Y ha comparecido ante los medios. Ha bromeado con lleva año y medio “en posición de combate” en materia de vivienda y ha insistido en que el Gobierno “ocupa un carril central” para un “problema central”. La nueva ley es “un paso de gigante”, a su juicio. “Pero esto no acaba aquí. Ni mucho menos. Todavía tenemos mucho que hacer”, ha asegurado.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (PSE-EE), ha llevado lo que él llama “actitud de combate” frente al problema de la vivienda al otro lado de la frontera. Su primer viaje de carácter internacional ha fijado el foco en la localidad francesa de Burdeos, aunque antes también había viajado a Barcelona, por ejemplo. “Hemos venido a aprender y a contrastar cómo respondemos a la crisis de vivienda que estamos padeciendo”, ha señalado Itxaso.

No es casualidad la elección de esta localidad a la que se denomina la 'petit Paris'. Itxaso quiere aprovechar la experiencia de esta urbe en la transformación de antiguas infraestructuras militares, ferroviarias e industriales en zonas habitables, donde se levantan bloques de viviendas de pisos, lo que ahora se denomina vivienda colectiva por aquello de que los vecinos comparten espacio-, y además desde un punto de vista de una arquitectura que se preocupa y ocupa del bienestar de los habitantes del edificio.

El Gobierno vasco quiere copiar a Burdeos en el mejor sentido de la palabra, teniendo en cuenta que su departamento también está inmerso en la recuperación de espacios antes destinados a otros usos como puede ser los suelos de Auditz Akular, Cuarteles de Loiola o Playa de Vías en Donostia, Zorrotzaurre o Bolueta en Bilbao y Zabalgana en Vitoria.

El Gobierno vasco quiere impulsar la construcción de vivienda para responder a la gran demanda, que en el caso de la pública estará sólo destinada al alquiler. Pero no de cualquier forma, partiendo de la base de que una vivienda protegida no tiene por qué estar reñida con un diseño que permita un nuevo concepto de arquitectura, más amable, alejada del bloque compacto de viviendas a las que acostumbraba la vivienda protegida de antaño.

Y Burdeos, con un alcalde ecologista de origen vasco, Pierre Hurmic, es un ejemplo de cómo conseguirlo. Es la primera salida internacional de Itxaso, aunque también se desplazó a Barcelona. Pero no será la última, ya que el departamento tiene en su punto de mira otras propuestas “interesantes” que se están desarrollando en materia de vivienda, como por ejemplo Viena. Intenta recoger ideas para llevar a cabo los desarrollos que puede facilitar la puesta en marcha de la ley de medidas urgentes que el Parlamento Vasco, la reforma ómnibus planteada en primavera y que se aprobará previsiblemente el próximo 11 de diciembre sin que se hayan aceptado propuestas de la oposición.

En Burdeos los bloques de viviendas no han sido precisamente una de las opciones preferidas de sus habitantes, más proclives a unifamiliares. El precio de la vivienda al alza y la expansión de la ciudad en la margen derecha del río Garona ha llevado a los arquitectos a repensar la ordenación urbana y la estructura de las viviendas para hacerlas cada vez más atractivas y cómodas para los ciudadanos, aplicando fórmulas basadas en diseños innovadores, la proliferación de espacios abiertos comunes que favorece que los vecinos interactúen, o jardines comunitarios junto a bloques de viviendas con altura.

Es una cuestión, la de viviendas con altura, que extrapolada a Euskadi, que tiene un problema de escasez de suelo, muestra que “una buena arquitectura y unos espacios urbanos atractivos permiten desarrollar ámbitos residenciales densos , con edificios de hasta 14 alturas, sin renunciar a entornos tranquilos, verdes y dotados de espacios comunitarios y equipamientos como guarderías de bicicletas”, ha señalado Itxaso. El consejero ha visitado este viernes varios barrios de Burdeos donde hay “buenos ejemplos donde mirar y tratar de elevar la calidad arquitectónica de la vivienda colectiva en Euskadi”, intentando “aportar soluciones arquitectónicas innovadoras”. “En Euskadi existen auténticos territorios de oportunidad donde tenemos que acertar”, ha dicho en Francia.

Ha visitado la Résidence Ekko, situada en el ecodistrito Bastide Niel, un ámbito desarrollado en antiguos terrenos ferroviarios y militares en la margen derecha del Garona. El edificio, obra del arquitecto británico afincado en Burdeos Duncan Lewis, combina un enfoque arquitectónico sostenible con elementos de vegetación integrados en la propia construcción y espacios comunes. Es un barrio en el que lo antiguo convive con lo nuevo, a veces sobre elementos superpuestos sobre los viejos edificios.

El arquitecto Duncan Lewis, padre de La Residence Ekko, que ha acompañado al consejero a la visita, ha subrayado que para él “ante todo, lo más importante es pensar en las personas”, y ha lamentado que durante demasiado tiempo se hayan creado lugares residenciales aislados del entorno. “Es un deber, no solo profesional sino humano, encontrar respuestas sobre cómo vivimos y cómo vivimos juntos, evitando repetir modelos de vivienda colectiva donde los espacios comunes se convertían en tierras de nadie”, ha manifestado.

Otro punto que puede ser de interés para la captación de ideas que puedan replicarse en Euskadi es el barrio el proyecto Volumes Capables, diseñado por el estudio A6A, donde las viviendas se conciben como volúmenes adaptables capaces de transformarse según las necesidades de quienes las habitan. Y la zona de Brazza, donde se ha desarrollado un conjunto de vivienda social firmado por Collectif Encore y David Pradel. Terrazas, amplios ventanales con vistas al parque ajardinado, donde se pone también en valor la “mixtura de rentas”, ya que alberga vivienda libre, social y de protección pública con una calidad arquitectónica homogénea, lo que contribuye a evitar procesos de segregación.

El consejero ha resaltado que la experiencia de Burdeos resulta especialmente “relevante para Euskadi, donde el suelo es más escaso, y es necesario buscar perfiles más altos y compatibilizar altura y densidad con espacios urbanos amables y usos mixtos. ”El poco suelo que tenemos nos cuesta mucho ponerlo a disposición de la vivienda“, entiende.

Itxaso ha recordado que la normativa vasca permite desplegar soluciones innovadoras como las observadas en Burdeos, ya que el decreto de habitabilidad “es una norma exigente, nacida también al albur de la pandemia, que garantiza la calidad de vida y los espacios vivideros”. Fue aprobado por su predecesor, Iñaki Arriola.

Sin embargo, ha matizado que existen mecanismos para introducir excepciones cuando se convocan concursos de ideas o cuando se justifican desarrollos con alta calidad arquitectónica“. En este sentido, ha explicado que proyectos como los visitados parten de un 'masterplan' con propuestas audaces elaboradas por estudios de arquitectura de primer nivel, y que dichas ideas ”han estado al servicio de las normas, no al revés“. Itxaso ha añadido que Euskadi dispone de posibilidades para ”exencionar del cumplimiento de determinadas normativas cuando determinados desarrollos merezcan la pena y queramos impulsarlos desde la imaginación, la creatividad y la calidad arquitectónica“. En definitiva, el consejero ha concluido que, siempre que exista acuerdo con los ayuntamientos, es posible dar ”rienda suelta a soluciones más imaginativas“ como las observadas en Burdeos, ya que la normativa ”lo puede contemplar perfectamente“.

La visita a Burdeos del consejero de Vivienda se enmarca en la inauguración de la exposición 'Conviviendo. Premio Europeo de Vivienda Colectiva', que ya se expuso en Donostia y en la que se pueden ver los proyectos que ganaron el I Premio Europeo de Vivienda Colectiva, el Instituto de Arquitectura de Euskadi y arc en rêve -el equivalente en Burdeos- con la colaboración del Gobierno vasco. El consejero de Vivienda ha aprovechado la inauguración de la exposición para presentar la segunda edición del premio que tendrá como presidenta del jurado a Carme Pinós, galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura de España en 2021. En la edición anterior se presentaron más de 170 propuestas de 19 países de Europa.

El consejero ha destacado que “igual que Burdeos ha transformado su frente fluvial y sus tejidos ferroviarios”, las operaciones de construcción de vivienda pendientes que se lleven a cabo en Euskadi “se quieren que sean laboratorios de vivienda colectiva avanzada, que integren mezcla de usos, espacios públicos de calidad, soluciones ambientales exigentes y proyectos intergeneracionales que respondan tanto a la juventud como al envejecimiento de nuestras ciudades”.

Ninguna de las tres capitales vascas se plantea, al menos de momento, aplicar el canon a la vivienda vacía, que está contemplado en la legislación autonómica desde 2015. En toda Euskadi únicamente lo está aplicando el Ayuntamiento de Azpeitia, de EH Bildu, y únicamente desde enero desde este mismo año. Los alcaldes de Bilbao, Vitoria y Donostia, Juan Mari Aburto, Maider Etxebarria y Jon Insausti, de PNV, PSE-EE y PNV, respectivamente, han dejado claro que no impondrán este canon, que grava con 10 euros por metro cuadrado a los pisos vacíos, y que se va incrementando en función de los años. Todos ellos se han inclinado por el recargo en el IBI para estas viviendas, aunque en distintos porcentajes. “El objetivo no es recaudar, sino sacar estas viviendas vacías al mercado”, han coincidido.

Los tres alcaldes han protagonizado este miércoles una de las mesas de debate en el seno del congreso House Action, sobre “ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados”, un encuentro internacional promovido por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Denis Itxaso, socialista, en el que han detallado las principales medidas que se quieren potenciar para aumentar la oferta de vivienda en cada una de las capitales que dirigen.

El propio consejero de Vivienda se ha referido a que la imposición del canon es un instrumento que sólo se ha puesto en marcha en Azpeitia, y ha señalado que “en estos momentos mantener una vivienda vacía y cerrada no conviene a nadie”. Los alcaldes de Bilbao, Vitoria y Donostia han coincidido con el consejero en la importancia de movilizar las viviendas vacías para que salgan al mercado, pero han considerado que el recargo en el IBI puede ser ya disuasorio y han insistido en que el objetivo es conseguir movilizar la vivienda para no tener que aplicar el canon. En el caso de Bilbao, las viviendas que se demuestran que están vacías tienen un recargo del 75% sobre el IBI, ese porcentaje se eleva al 150% en Donostia, mientras que en Vitoria se pondrá en marcha en breve un recargo del 50% cuando se solventen algunos problemas y se “perfeccione el sistema”, ya que, según ha reconocido la propia alcaldesa, hubo propietarios que protestaron por el recargo por considerar que sus viviendas no cumplían los requisitos para ser penalizadas.

Juan Mari Aburto ha explicado que en Bilbao una Oficina Municipal de Vivienda servirá para “intermediar con la ciudadanía, además de resolver sus dudas”. La intención es “intermediar también con los grandes tenedores, con el objetivo de intentar movilizar a través de esta oficina más de 400 viviendas”. Según ha detallado el alcalde, en la capital vizcaína hay 112 propietarios con diez o más viviendas, mientras que hay más de 600 con cinco o más viviendas en propiedad. “Nuestro planteamiento es que a través de esa oficina de vivienda se puedan movilizar los pisos vacíos, y no tener que llegar a canon”, que el alcalde ha considerado que “es último recurso”. Ha señalado, no obstante, que “no renunciamos a ello”. Incluso ha considerado que el recargo del IBI, en Bilbao del 75%, puede ser compatible en un futuro con el canon, si es necesario.

No se ha mostrado tan seguro de esa compatibilidad el nuevo alcalde donostiarra, Jon Insausti, que ha mostrado sus dudas de que ambas figuras, canon y recargo del IBI, sean compatibles. Insausti ha señalado que con un recargo del 150% se ha pasado en Donostia en los últimos años de 2.5000 a 2.100 viviendas vacías. Por su parte, Etxebarria ha insistido en que “da igual cómo se llame, recargo o canon”. “Se trata de una iniciativa que en Vitoria se podrá con el 50% sin ningun afán recaudatorio”, sino una forma de “presionar” para que estas viviendas deshabitadas puedan ser utilizadas.

Los tres alcaldes de las tres capitales vascas, las tres ya zonas tensionadas, aunque sólo la capital guipuzcoana tiene en vigor el índice de precios de referencia, que precisamente es el que permite el control sobre los pisos de los grandes tenedores, han coincidido en que las políticas de vivienda tienen que ser prioritarias, y en la necesidad de abordar la construcción, la rehabilitación o la conversión de locales comerciales en desuso en nuevas viviendas, que han defendido que sea viviendas tasadas, para evitar la especulación. No obstante, aunque han coincidido en el diagnóstico, se han mostrado de acuerdo en que las fórmulas para crecer en número de viviendas en uso tiene que ser diferente según las necesidades de cada ciudad. Como ha señalado el alcalde de Donostia “cada ciudad tiene sus prioridades, el traje 'prêt à porter' no nos vale a todos”.

En este sentido, por ejemplo, la socialista Maider Etxebarria ha destacado que Vitoria dispone de terreno más llano donde poder seguir creciendo, aunque ahora apuestan por “llenar los huecos” en parcelas libres de barrios ya edificados,después de expandirse en años anteriores. Mientras tanto, Insausti y Aburto, alcaldes de ciudades con mayores problemas de expansión por su orografía, han destacado la importancia de la rehabilitación, el levantamiento de plantas en bloques ya construidos y también de la segregación de pisos grandes, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más viviendas en las que solo vive una persona.

Todos han resaltado, además, la importancia de los cambios en los planes de ordenación urbana con la vivienda en el centro y en que las políticas de vivienda tienen que ser “de largo recorrido”. En este sentido, Juan Marí Aburto, que ha destacado que la llegada del AVE a Bilbao también supondrá una nueva zona de expansión de vivienda en Abando al desaparecer la playa de vías, ha pedido el “mayor consenso político para abordar régimen de vivienda y que no esté sometido a vaivenes”. Tras destacar la importancia de que los jóvenes tenga aceso a la vivienda y relatar que su propio hijo de 31 años sigue en su casa por no poder acceder a una vivienda, se ha dirigido al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, presente en la sala. “Una de las mejores políticas de vivienda es que haya salarios dignos para los jóvenes”, ha señalado.

Los alcaldes, sobre todo los de Donostia y Bilbao, donde esta problemática es mayor, se han referido también a la necesidad de acotar el crecimiento de pisos turísticos. En Donostia ya está suspendida la concesión de nuevas licencias y en Bilbao la legislación que se prepara dificultará cada vez más su apertura. No obstante, la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda que el Parlamento Vasco tiene que aprobar recoge que no se pueda conceder nuevas licencias en para pisos turísticos en zonas tensionadas, como es el caso de las tres capitales.

El congreso ha dado mucha importancia a los alcaldes, por las competencias que tienen en materia de vivienda. Los alcaldes de las capitales vascas -en la mesa estaba previsto que participara también el de Pamplona, Joseba Asirón, que finalmente no ha podido acudir, y también ha intervenido por videoconferencia el alcalde de Barcelona- han resaltado la importancia de la colaboración institucional para poner en marcha las políticas de vivienda. Una colaboración que también ha pedido Aizpea Otaegi, la alcaldesa de Errenteria, de EH Bildu y que fue el primer municipio en declararse zona tensionada, que ha participado en otra de las mesas en las que se ha tratado el impacto de las capitales en el resto de los municipios del área metropolitana. “Tenemos que seguir construyendo entre todos lógicas metropolitanas, necesitamos colaborar entre todos los ayuntamientos pero también con Diputación y Gobierno vasco”, ha señalado la alcaldesa abertzale.

Otaegi ha planteado que “las normas y las regulaciones son complicadas de cambiar, son procesos largos, y está en nuestra mano utilizarlas de manera flexible para conseguir unos ámbitos urbanizables lógicos”. La alcaldesa de Errenteria ha compartido experiencias con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, la de Irún Cristina Laborda, y el de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, que han coincidido en que los municipios metropolitanos tienen unas realidades diferentes a las capitales y que el problema de la vivienda hay que abordarlo de una manera conjunta.

El congreso ha sido inaugurado por el consejero Itxaso, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el secretario de Estado de Vivienda, Francisco David Lucas, y clausurado por el consejero y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por vía telemática. Ha reunido en el recinto de Tabakalera en Donostia, ha reunido a expertos y representantes políticos en una puesta en común de soluciones para el que considera uno de los mayores problemas actualmente de la ciudadanía. “Coincidimos en el diagnóstico. Ahora hay que pasar a la acción”, ha dicho Itxaso. El consejero ha aprovechado la intervención en la inauguración para anunciar la apertura de consulta para poner en marcha Alokaplus, un seguro de impagos y desperfectos dirigido en forma de ayudas a personas arrendadoras y propietarias con viviendas en zonas tensionadas.

El Parlamento Vasco ha cerrado ya la redacción definitiva de la reforma “urgente” de la normativa de Vivienda con la vista puesta en elevar el dictamen a pleno antes de que finalice 2025, seguramente el 11 o el 18 de diciembre, de modo que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aplicado el rodillo y rechazado todas y cada una de las propuestas de la oposición. Así, el texto será el original salvo las propias autoenmiendas registradas hace unas semanas por nacionalistas y socialistas, según fuentes parlamentarias. “No ha habido margen porque las propuestas eran contrarias al espíritu de la reforma”, han indicado fuentes del Gobierno.

La Cámara había dispuesto varias jornadas de trabajo para la ponencia legislativa, pero el asunto se ha ventilado en poco tiempo en la mañana de este lunes, siempre según estas fuentes. La sesión no ha durado ni una hora y buena parte del tiempo ha sido una discusión sobre el reparto de papeles de dos fuerzas contrapuestas, Vox y Sumar, que comparten el grupo mixto. Así las cosas, a la propuesta original, que implica cambios como autorizar levantes en bloques públicos de techo plano para lograr alojamientos dotacionales adicionales, flexibilizar plazos legales para tramitar proyectos, acotar los pisos turísticos en zonas tensionadas y, sobre todo, rebajar del 75% al 60% el porcentaje exigible de vivienda protegida en las promociones, se incorporarán las 17 autoenmiendas, en su mayoría de mejoras “técnicas” del articulado. Se pueden consultar todas ellas aquí.

Desde el Gobierno añaden que “son sobre todo un ejercicio de escucha y se incluyen como consecuencia de las comparecencias” de expertos en la Cámara, que tuvieron lugar en verano. “Hemos incluido muchas de las propuestas que han hecho colectivos tan diversos como el colectivo de arquitectos, ecologistas y expertos”, destacan estas fuentes.

Desde la oposición, EH Bildu había planteado 32 correcciones al articulado y 15 a la exposición de motivos. Desde el anuncio de la ley, la coalición ha mostrado su rechazo frontal a lo que considera una “contrarreforma”. Las dudas de la formación soberanista al texto llegaban al punto de cuestionar incluso las estadísticas que figuraban en la introducción. También querían evitar que esta reforma implique un retoque por la puerta de atrás de la renta de garantía de ingresos, la RGI, como adelantó este periódico. EH Bildu lo ve como un recorte. El PP tenía, igualmente, 31 propuestas, y cuestionaba de raíz el modelo planteado al entender que incidía en políticas erróneas que durante años han empeorado el mercado. Sumar tenía presentadas 30 enmiendas y Vox 52.