PNV y PSE-EE aplican su mayoría y aprueban en minutos la redacción definitiva de la reforma de la ley vasca de Vivienda

El Parlamento Vasco ha cerrado ya la redacción definitiva de la reforma “urgente” de la normativa de Vivienda con la vista puesta en elevar el dictamen a pleno antes de que finalice 2025, seguramente el 11 o el 18 de diciembre, de modo que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aplicado el rodillo y rechazado todas y cada una de las propuestas de la oposición. Así, el texto será el original salvo las propias autoenmiendas registradas hace unas semanas por nacionalistas y socialistas, según fuentes parlamentarias. “No ha habido margen porque las propuestas eran contrarias al espíritu de la reforma”, han indicado fuentes del Gobierno.

La Cámara había dispuesto varias jornadas de trabajo para la ponencia legislativa, pero el asunto se ha ventilado en poco tiempo en la mañana de este lunes, siempre según estas fuentes. La sesión no ha durado ni una hora y buena parte del tiempo ha sido una discusión sobre el reparto de papeles de dos fuerzas contrapuestas, Vox y Sumar, que comparten el grupo mixto. Así las cosas, a la propuesta original, que implica cambios como autorizar levantes en bloques públicos de techo plano para lograr alojamientos dotacionales adicionales, flexibilizar plazos legales para tramitar proyectos, acotar los pisos turísticos en zonas tensionadas y, sobre todo, rebajar del 75% al 60% el porcentaje exigible de vivienda protegida en las promociones, se incorporarán las 17 autoenmiendas, en su mayoría de mejoras “técnicas” del articulado. Se pueden consultar todas ellas aquí.

Desde el Gobierno añaden que “son sobre todo un ejercicio de escucha y se incluyen como consecuencia de las comparecencias” de expertos en la Cámara, que tuvieron lugar en verano. “Hemos incluido muchas de las propuestas que han hecho colectivos tan diversos como el colectivo de arquitectos, ecologistas y expertos”, destacan estas fuentes.

Desde la oposición, EH Bildu había planteado 32 correcciones al articulado y 15 a la exposición de motivos. Desde el anuncio de la ley, la coalición ha mostrado su rechazo frontal a lo que considera una “contrarreforma”. Las dudas de la formación soberanista al texto llegaban al punto de cuestionar incluso las estadísticas que figuraban en la introducción. También querían evitar que esta reforma implique un retoque por la puerta de atrás de la renta de garantía de ingresos, la RGI, como adelantó este periódico. EH Bildu lo ve como un recorte. El PP tenía, igualmente, 31 propuestas, y cuestionaba de raíz el modelo planteado al entender que incidía en políticas erróneas que durante años han empeorado el mercado. Sumar tenía presentadas 30 enmiendas y Vox 52.