El Gobierno vasco pone ahora en el calendario el decreto con “medidas urgentes” de Vivienda en el “primer trimestre” de 2026

A modo de balance de 2025 y 'resoluciones' para el 2026, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha lanzado con el cambio de año sus prioridades para el nuevo ejercicio en el asunto que es ya la principal preocupación ciudadana. Ha confiado en que sea “un año de despliegue y consolidación” de las reformas para lograr “más vivienda asequible” y mejoras regulatorias.

Según su criterio, el Gobierno vasco ha llevado a cabo “una apuesta sin precedentes” para proteger la demanda con “instrumentos clave” como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el desarrollo de los índices de referencia del alquiler para Gipuzkoa, “con siete municipios en los que su aplicación es ya efectiva”. Por el contrario, no lo son en Bizkaia y Álava.

El Ejecutivo ha asegurado que, tras la aprobación parlamentaria de la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del País Vasco (BOPV) a finales de 2025, será el año de su “entrada en funcionamiento real” mediante “el desarrollo y aplicación de sus instrumentos”. Se pretende así “agilizar trámites y reducir plazos administrativos, facilitando la activación de promociones”, además de “impulsar herramientas para movilizar suelo y desbloquear operaciones urbanísticas con mayor autonomía municipal” y reforzar medidas vinculadas a zonas tensionadas, “incluyendo límites a la proliferación de viviendas turísticas donde aplique”. Según ha manifestado Itxaso, la vivienda “es un problema que tiene solución”, y la legislatura entra en 2026 “con reformas y la mayor dotación de recursos económicos para Vivienda de la historia del Gobierno vasco, orientados a resultados concretos en el ámbito de la oferta, pero también de la demanda”.

En 2026 también se trabajará en “mejoras normativas” para “fortalecer la protección de la demanda y ampliar el alcance del sistema vasco de prestaciones para mejorar el acceso a una vivienda”. Entre los hitos previstos, figuran la modificación de un decreto, “ajustando requisitos para incrementar el número de personas beneficiarias del derecho subjetivo y de programas como Gaztelagun o Bizigune”. Esto había sido prometido para 2025 también, pero se ha pospuesto a 2026. Con la aprobación del “decreto de medidas urgentes”, que ahora se lleva a finales del primer trimestre de 2026, Vivienda completará su “plan integral de acceso a la vivienda de Euskadi”, que agrupa en un único documento “la caja de herramientas con la que se pretende responder a la actual crisis de oferta, tanto para las personas más vulnerables como para el grueso de las clases medias”.

Euskadi ha concluido 2025 con 11 municipios declarados oficialmente zonas de mercado residencial tensionado: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irún, Galdakao, Donostia, Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria. Los once concentran en torno a 1.048.000 habitantes, lo que equivale al 47,7% de la población vasca. A esta lista “se irán sumando de forma progresiva” otros municipios que cumplen los criterios objetivos establecidos en la ley y han solicitado formalmente la declaración, “a los que se acompañará con apoyo del trabajo técnico del Observatorio Vasco de la Vivienda y de la guía para ayuntamientos”.

Esta cobertura territorial se ampliará “de forma significativa” a comienzos de 2026, ya que, con la próxima declaración de Hernani, Tolosa y Lezo, prevista para finales del mes de enero, el porcentaje de población residente en zonas tensionadas superará el 50% del total de Euskadi. Además, el Gobierno trabaja con otras localidades con los trámites ya en marcha, entre ellos Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri, que podrán incorporarse en fases posteriores una vez culminados los procedimientos correspondientes. Para el próximo año el objetivo será “profundizar en los planes trienales de acción asociados a cada declaración” y proteger al 53,36% del total de la población vasca, residente en estos 18 municipios.

Por otra parte, Itxaso prevé que 2026 sea el año en el que se culmine la “publicación/operatividad” de los índices de referencia vinculados a la contención de los precios del alquiler en zonas tensionadas, “un proceso que depende de datos tributarios de arrendadores y arrendatarios, y que en Euskadi se obtienen vía la declaración del IRPF de las Haciendas forales”. En su opinión, la colaboración en este campo de las Diputaciones forales es “clave” para asegurar “que se obtienen y comparten aquellos datos necesarios para establecer dichos índices en cada uno de los tres territorios vascos”.

Álava y Bizkaia han comunicado el envío a Eustat de la información fiscal necesaria, incluida la de 2024, para que pueda elaborarse el índice y se espera que, en el primer semestre de 2026, ambos territorios puedan ya aplicar los índices de referencia para topar los alquileres en los supuestos establecidos por la ley estatal de vivienda. Existe la web https://zonatensionadaeuskadi.eus/ con información sobre el proceso.