El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Mercadona por “vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical de la CIG”. La sentencia, que el sindicato ha hecho pública este jueves, se refiere en concreto a la negativa de la empresa a entregar a las delegadas de la central -la principal en Galicia- información sobre riesgos laborales. La compañía de supermercados asegura que entrega esos datos al comité de seguridad y salud “para su buen funcionamiento” y que el Superior “interpreta ahora” que también se los deben facilitar a las delegadas sindicales que no son delegadas de prevención. La CIG denuncia, sin embargo, “una campaña de acoso y derribo” contra sus afiliados.

Mercadona había negado la documentación a las sindicalistas de la CIG, según considera probado el Tribunal Superior. “Es una restricción no justificada que limita la posibilidad de ejercitar sus funciones”, dice la sentencia, “no es suficiente con que, en alguna reunión, la empresa muestre los documentos en una pantalla, mientras las personas delegadas de prevención sí tienen acceso a los mismos por otras vías, que permiten además un estudio más tranquilo y detenido”.

Además de esa negativa, el Superior también entiende que otra negativa de la empresa, esta vez a darles la regulación del mencionado comité de seguridad y salud, también afecta a la libertad sindical. “Si [las delegadas sindicales] participan, con voz pero sin voto, en el comité tienen derecho a conocer cuál es su funcionamiento”, aclara el dictamen. Hay un tercer hecho probado esgrimido por el tribunal en su condena y es una nueva negativa de la empresa: a facilitar información sobre las personas nombradas delegadas sindicales por otras organizaciones, en concreto UGT y Comisións Obreiras. La CIG es el sindicato más representativo en el comité de empresa de Mercadona Pontevedra, con ocho miembros, por siete de UGT y seis de Comisións Obreiras.

El Superior declara la “nulidad radical” de estas acciones, “condena a la empresa demandada a cesar inmediatamente en su actuación” y entregar a las delegadas sindicales la información solicitada, y a pagar a la central sindical 22.503 euros (la denuncia exigía 30.000). Contra la sentencia cabe recurso ante el Supremo que Mercadona “está valorando internamente” si interponer o no. “Facilitamos siempre toda la información al comité de seguridad y salud para su buen funcionamiento”, argumenta una portavoz de la empresa, “ahora el Tribunal Superior interpreta que además se la debemos entregar a los delegados sindicales que no son delegados de prevención. Esa es la diferencia de interpretación legal que existe”.

“Política de represión sindical”

La CIG ve la decisión judicial como una nueva prueba de “la política de represión sindical y acoso laboral que caracterizan las relaciones laborales” en la compañía, según explicó su secretaria general de Servizos, Transi Fernández en rueda de prensa. Su compañera en la sección sindical de Mercadona Pontevedra, Verónica Pérez, aseguró que “no facilitan la documentación que les solicitamos y limitan a ciertos espacios las visitas que realizamos a los centros de trabajo, incluso cuando queremos hablar con las trabajadoras y trabajadores”. El sindicato ha anunciado movilizaciones y protestas.

Condena firme a Decathlon por “comportamientos antisindicales” en España. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de la Audiencia Nacional a la multinacional por vulnerar la libertad sindical de CCOO, al que tendrá que pagar 30.000 euros por daños, debido a múltiples conductas tachadas de “antisindicales”, como negar a sus representantes el uso de medios de comunicación con la plantilla y no darles información exigida legalmente, entre otras. También se condena a Decathlon por “temeridad” al abono de 3.000 euros, al considerar que existió “mala fe” durante el proceso judicial.

Decathlon recurrió ante el Supremo la condena de la Audiencia Nacional, que los magistrados del Supremo han ratificado en su integridad, con el visto bueno del Ministerio Fiscal.

“Cuando quienes trabajan intentan organizarse para defender unas condiciones dignas, la respuesta es una actitud antisindical reincidente, propia de una cultura corporativa que prefiere invertir en abogados antes que en dignidad laboral”, ha denunciado Ester Rodríguez Romero, referente de CCOO en Decathlon, que ha celebrado el fallo.

elDiario.es ha tratado de contactar con Decathlon, pero no ha respondido hasta la fecha de publicación de esta información.

Negativa a dar información legal y horas sindicales

Los magistrados del Supremo insisten en los hechos que constató la sentencia de instancia, que la empresa no ha desacreditado. Por ejemplo, que la empresa, “de manera sistemática”, ha denegado la entrega de información legalmente requerida y solicitada por los delegados sindicales de CCOO.

También que “la empresa denegó la implantación de tablones de anuncios en todos los centros de trabajo, así como la facilitación de direcciones de correo electrónico y la existencia de un tablón virtual para la remisión de información sindical”. Solo se instaló un tablón de anuncios en el centro de Málaga, “tras requerimiento de la Inspección de Trabajo, precedido de denuncia”, advierten los jueces, y el tablón digital “se habilitó únicamente tras la presentación de la presente demanda de tutela”.

Otra conducta vulneradora de la libertad sindical consistió en las negativas de Decathlon a reconocer “el crédito horario sindical a los representantes”. “Consta acreditado que la empresa se ha negado a compensar el tiempo utilizado por los delegados de prevención en reuniones fuera del horario laboral, existiendo incluso pronunciamientos judiciales previos sobre la vulneración de este derecho”, recoge la sentencia.

El Supremo se hace eco de “otros incumplimientos empresariales” que destaca, como la vulneración del derecho de huelga de dos representantes sindicales en el centro de Málaga y la expulsión de una representante sindical de CCOO de la reunión de constitución del comité de empresa, estando en situación de excedencia por cuidado de familiar.

También de “la existencia de un documento en el que se cataloga a trabajadores del comité con la expresión 'KO', aunque no ha podido ser valorado por ilegibilidad”.

30.000 euros ante incumplimientos graves y reiterados

El Supremo respalda también la indemnización impuesta por daños y perjuicios a CCOO, de una cuantía de 30.000 euros, al tratarse de una acumulación de infracciones laborales muy graves. La Audiencia Nacional tomó como referencia la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), la sanción mínima posible para infracciones muy graves en su grado medio.

Los magistrados apoyan este criterio teniendo en cuenta “la naturaleza y entidad agravatoria de los incumplimientos empresariales con relación al ejercicio del derecho a la acción sindical”, así como “la pluralidad de infracciones cometidas” y, por último, “la reiteración y sucesión en el tiempo de tales incumplimientos”.

La sentencia mantiene también “el pronunciamiento sobre imposición de multa por temeridad en cuantía de 3.000 euros y abono de costas”, valorado en 1.500 euros. La Audiencia Nacional consideró que Decathlon incurrió en “mala fe” durante el proceso judicial con una “contestación extensa, reiterativa y carente de toda lógica de la parte demandada, incidiendo en aspectos intrascendentes”.

“Para CCOO Servicios esta sentencia es un punto de inflexión y una oportunidad para la dirección de Decathlon de prescindir de políticas lesivas y radicalmente antidemocráticas, normalizando el ejercicio del derecho constitucional y la acción sindical en la empresa”, ha valorado el sindicato.

“Existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la mutua”. Es la conclusión de la Audiencia Nacional en una reciente condena a Mutua Universal, entidad colaboradora de la Seguridad Social, por haber roto de manera unilateral un acuerdo firmado en el pasado con el sindicato UGT, que demandó esta rescisión en los tribunales. La mutua deberá pagar 1.500 euros al sindicato por vulnerar su libertad sindical.

Fuentes de la sección sindical de UGT en Mutua Universal celebran el fallo, que consideran que prueba la “persecución” de los sindicatos por parte de la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua y, en concreto, de UGT. elDiario.es ha contactado con Mutua Universal para este artículo, pero no ha recibido ninguna respuesta. Fuentes del sindicato apuntan que la mutua ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El caso analiza la rescisión unilateral el pasado mes de mayo de la actual directora de Recursos Humanos de Mutua Universal de un acuerdo con UGT de 2008, ampliado en 2011, por parte de directores anteriores en el cargo. Este ampliaba el acceso al crédito horario y otros derechos sindicales a miembros de la ejecutiva de UGT en la mutua, más allá de los delegados electos y miembros del comité de empresa.

La actual directora de Recursos Humanos argumentó que sus antecesores no tenían competencia para alcanzar este tipo de acuerdo, así como que UGT había hecho “un uso indebido y abusivo del mismo”, recoge la sentencia. La mutua destacaba que había analizado el caso tras una denuncia interna de CCOO de un “trato desigual a su organización”, sindicato que ahora cuenta además con mayor representatividad en la mutua que UGT.

“La pervivencia del Acuerdo y su Anexo supone una distorsión de la equidad interna y de la seguridad jurídica, afectando negativamente al conjunto de las relaciones laborales”, argumentó la jefa de personal de la mutua en carta a UGT en la que rescindía el pacto.

Los magistrados ven vulneración de la libertad sindical

La Audiencia Nacional estudia esta rescisión del acuerdo para comprobar si vulnera el derecho a la libertad sindical de UGT, como denuncia el sindicato, “o si por el contrario, la misma resulta justificada por las razones” que argumenta la nueva dirección de Recursos Humanos de la mutua. Los magistrados se inclinan por la primera opción.

Los jueces advierten de que “durante más de 13 años” el acuerdo ha venido siendo respetado por la mutua “sin cuestionar la validez del mismo”. En algún conflicto anterior, “lo único” que ha hecho Mutua Universal “es cuestionar su interpretación”. Además, añaden que la mutua rescindió el pacto de forma unilateral “fundado en causas que esta Sala considera que no se han acreditado y que, en todo caso, no justificarían el desconocimiento del acuerdo por sí solas”.

Entre ellas, “la supuesta falta de representación del director de Recursos Humanos” para alcanzar este acuerdo, que consideran que “no se deduce del poder que tenía otorgado”, así como el denunciado “uso abusivo del acuerdo basado en un desmesurado número de nombramientos paralelo a una paulatina disminución de la representación unitaria”, que “es una circunstancia que no se ha acreditado”, recoge la sentencia.

Los magistrados añaden que, en todo caso, de efectivamente concurrir las causas mencionadas, una de las partes no puede “cesar en el cumplimiento de lo pactado” sin acudir a la tutela judicial, “la cual en el caso de la empresa no consta ejercitada”.

“En conclusión, consideramos que existen indicios más que sólidos de un proceder antisindical por parte de la Mutua sin que por esta se haya acreditado que su proceder obedezca a una justificación objetiva y razonable”, concluye la Audiencia Nacional, por lo que considera que Mutua Universal vulneró la libertad sindical de UGT. La condena obliga a la nulidad de la rescisión del acuerdo, así como al pago de una indemnización de 1.501 euros al sindicato por daños y perjuicios.

Denuncias de recortes y “dilapidar” dinero público

Desde la sección sindical de UGT denuncian además en estos días su “profunda preocupación e indignación ante los nuevos recortes que Mutua Universal pretende aplicar a sus trabajadores”. La mutua ha comunicado a la plantilla que, “debido a ajustes del Ministerio de Hacienda” respecto a su criterio de la masa salarial de 2024 y 2025, se aplicarán algunos descuentos salariales a parte de la plantilla.

En concreto, los descuentos salariales para el año 2024, que es el único cerrado, alcanzan a unas 1.200 personas, que se supone que han cobrado de más en ciertos complementos, como el de antigüedad, según el criterio de la Agencia Tributaria. La mutua aplicará los descuentos a partir del mes de febrero de 2026, de manera prorrateada en las 11 nóminas del año, y emplaza a enero para conocer “los ajustes de 2025”.

En UGT consideran “imprescindible analizar con detalle” estos recortes salariales. “Nos resulta especialmente extraño que la orden de su repercusión en los trabajadores provenga directamente de Hacienda”, indica la sección sindical, que como en CCOO ha alertado de que la mutua no ha negociado con la representación legal de los trabajadores estos descuentos en la masa salarial.

“Lo que ahora pretende la empresa es repercutir en toda la plantilla el resultado de una nefasta gestión de la dirección de Recursos Humanos, lo cual resulta totalmente intolerable”, consideran en UGT, que denuncian que la mutua “dilapida” dinero público “en gastos superfluos y absurdos”.

“Solo por mencionar algunos”, en el sindicato critican los honorarios gastados para tratar de “aniquilar, sin ninguna razón legal, la acción sindical de UGT en Mutua Universal” y el dinero público gastado por la mutua en coches de empresa para sus directivos. Se trata de una licitación de un millón de euros para cuatro años firmada en 2023, que prevé 14 vehículos para la dirección, y de aplicación en estos momentos. Mutua Universal aún está pendiente de juicio por el presunto fraude de 200 millones a la Seguridad Social hace 18 años.

Fuentes sindicales indican que, en algunos casos, son “coches de lujo”, como de la marca francesa de alta gama DS, y recuerdan las altas remuneraciones que ya tiene la dirección de la mutua, como el gerente, de casi 184.000 euros anuales en 2024. “No tienen suficiente sueldo que todavía necesitan comprar coches con dinero de la mutua y cambiarlos cada poco”, denuncia un sindicalista.

elDiario.es preguntó a Mutua Universal por este contrato millonario de coches para sus directivos, sin respuesta. En algunas mutuas, como Ibermutua, licitan vehículos en contratos públicos, pero indican que “no están adscritos individualmente” y que se utilizan por el personal de la mutua para “desplazamientos profesionales y a organismos oficiales” en el desarrollo de su trabajo.

En el caso de Umivale Activa, también con varias licitaciones de vehículos en el Portal de contratos públicos, responden que “el tema de los vehículos oficiales está regulado por el Ministerio de Seguridad Social y desde la mutua cumplimos la normativa”. En otras mutuas, como Asepeyo, indican a este medio que no tienen “suministro de vehículos para personal directivo”. elDiario.es ha consultado a la Seguridad Social por estos gastos en coches de las mutuas colaboradoras, pero no ha recibido respuesta.

Nuevo varapalo judicial a Ryanair por vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical en España. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de la Audiencia Nacional a la aerolínea irlandesa de bajo coste por la “gravedad” de sus conductas para tratar de minimizar las huelgas convocadas en verano de 2022 y enero de 2023 por los sindicatos USO y SITCPLA para el personal de tripulantes de cabina. Por ello, condena a la multinacional a indemnizar a ambas organizaciones de trabajadores con 187.515 euros por daños morales.

La sentencia, de este noviembre, constata cómo Ryanair grabó asambleas de sindicalistas para recabar pruebas contra ellos, que no ha admitido el tribunal, así como cambió los servicios mínimos y recurrió al esquirolaje –sustitución de trabajadores en huelga por otros– para limitar el impacto de los paros convocados, entre otras prácticas.

El Supremo recuerda que en 2023, el mismo tribunal condenó a Ryanair por conductas muy similares que vulneraron el derecho de huelga y la libertad sindical en los paros de 2019, por las que le impuso una compensación de 30.000 euros a los sindicatos. Por ello, la suma de la indemnización impuesta en este nuevo fallo es muy superior, ya que “esas indemnizaciones no cumplieron su función preventiva porque esta misma compañía continúa realizando conductas vulneradoras de los mismos derechos fundamentales”, recoge la sentencia.

Pese a las quejas de Ryanair, los magistrados del Supremo respaldan el criterio de la Audiencia Nacional y concluyen que “la cuantía de la indemnización por daños morales establecida por el órgano de instancia no puede considerarse desorbitada, injusta, desproporcionada, ni irrazonable”.

USO-Sector Aéreo, aunque “satisfecho” con la sentencia, considera “que el derecho a la huelga en este país está esencialmente limitado a unos servicios mínimos abusivos que, aunque, posteriormente sean revisados en el orden jurisdiccional, llegan tarde en su reparación puesto que las conductas observadas son cuestionadas muy tarde”. “Por tanto, la justicia tardía pierde su valor”, lamenta el sindicato, que en 2022 durante el desarrollo de la huelga ya denunció la vulneración de los servicios mínimos por parte de la aerolínea.

Ryanair grabó asambleas de trabajadores

La sentencia refleja que Ryanair accedió y grabó asambleas del sindicato USO con los trabajadores sobre el desarrollo de las jornadas de huelga. “Ryanair DAC tuvo acceso a ellas, las grabó y aportó al proceso las grabaciones de esas asambleas en las que, a su juicio, se vertieron expresiones que animaban a los asistentes a incumplir los servicios mínimos”.

La Audiencia Nacional no admitió esas grabaciones porque consideró que vulneraban la libertad sindical y, ante el recurso de Ryanair para que el Supremo utilizara estas grabaciones, los magistrados del alto tribunal respaldan el criterio de la Audiencia.

La sentencia argumenta que, si se admitiera como pruebas las grabaciones de las asambleas de trabajadores hechas por las empresas en el curso de una huelga, “con la finalidad de probar afirmaciones hechas por los sindicalistas en ellas en perjuicio de sus sindicatos, se estaría cercenando la libertad sindical, en la medida en que, en futuras asambleas de trabajadores en el seno de huelgas, las intervenciones de los sindicalistas y de los demás trabajadores estarían condicionadas por la eventual virtualidad probatoria de dichas grabaciones en perjuicio suyo”.

“Las mentadas asambleas, aunque se celebraron telemáticamente de forma abierta, estaban dirigidas a los trabajadores de Ryanair DAC, no a la empresa Ryanair DAC, que se conectó a ellas sin estar invitada”, subrayan los jueces.

Cambios en los servicios mínimos y esquirolaje

El Supremo ratifica además que los vuelos protegidos fueron objeto de cambios indiscriminados por la empresa, quien informó a los trabajadores de que podían adoptar medidas disciplinarias, como despidos. En este marco de huelgas, Ryanair despidió a varios trabajadores, entre los que se encontraban destacados sindicalistas que había convocado los paros. El Supremo advierte de que algunos de estos ceses, como el de una azafata en Galicia, han sido considerados nulos.

A través de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en varias ciudades afectadas por las huelgas, los tribunales constatan prácticas vulneradoras de los servicios mínimos decretados por Transportes, con continuos cambios en los vuelos protegidos, que se comunicaron a la plantilla incluso en días de descanso y vacaciones. También, el llamado “esquirolaje interno”, cuando el empresario utiliza a trabajadores de su empresa para sustituir a los huelguistas, vulnerando su derecho de huelga. En este caso, la Inspección constató en varias bases que Ryanair recurrió “a tripulaciones basadas en terceros Estados” para operar vuelos durante los paros en España.

“Revelan un patrón de conducta empresarial durante las jornadas de huelga consistente en cambiar los servicios mínimos con poca antelación, asignando vuelos diferentes a los indicados inicialmente mediante el envío masivo de comunicaciones, sin respetar un mínimo de antelación y sin que conste que los nuevos vuelos asignados formen parte de los servicios mínimos. Estos cambios se hicieron también en vacaciones y en periodos de descanso de la tripulación. Los cambios se reiteraron hasta en seis ocasiones al día”, subrayan los jueces.

El Supremo concluye que Ryanair “no se limitó a llevar a cabo unas actuaciones similares al funcionamiento ordinario de la compañía” sino que “intentó minimizar” las consecuencias de la huelga realizando una pluralidad de cambios en los servicios mínimos, por lo que “vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”.

El Tribunal Supremo ha declarado nula la cláusula de Ryanair que obligaba a que los tripulantes de cabina estuvieran afiliados a CCOO para beneficiarse de las subidas salariales y mejoras pactadas con el sindicato, han anunciado las organizaciones USO y UGT, que denunciaron la medida ante los tribunales.

En concreto, la cláusula suscrita en 2022 recogía que “este acuerdo tiene caracter y eficacia limitada y será de aplicación a todos los tripulantes de cabina empleados por Ryanair y afiliados a CCOO (incluyendo afiliados de CCOO durante la duracion del acuerdo), siendo el acuerdo aplicable desde el mes que se afilien al sindicato”.

La sentencia considera que “condicionar el acceso a los beneficios del acuerdo a pertenecer a un sindicato concreto ha de entenderse que vulnera la libertad sindical y el principio de igualdad, al establecer un trato diferencial por razones de afiliación sindical”, recoge el fallo al que ha accedido elDiario.es, por lo que anula esta cláusula, pero no del conjunto del pacto entre la multinacional y el sindicato.

El alto tribunal argumenta que “no puede establecer como requisito obligatorio para beneficiarse del acuerdo una condición discriminatoria, como la afiliación a un sindicato determinado”. USO ha celebrado que los magistrados se inclinen por su denuncia, sobre que “tal cláusula infringe la dimensión negativa de la libertad sindical al inducir o presionar a los trabajadores no afiliados a afiliarse para no quedar excluidos de ciertas ventajas laborales”.

Así, los magistrados del Supremo enmiendan lo sentenciado previamente por la Audiencia Nacional, que atribuía esta claúsula a “una decisión de política sindical, que podrá o no ser compartida, pero que entra dentro de las facultades del sindicato, de su manera de concebir la acción sindical”.

Ryanair ha mandado un comunicado a los medios en el que celebra la sentencia porque desestima “las alegaciones de USO de que el acuerdo debía ser anulado y confirma que las mejoras salariales y condiciones aplicadas a la tripulación de cabina con base en España para el periodo 2022-2024 son válidas”. Sin embargo, la multinacional no responde a elDiario.es sobre qué repercusión tendrá para la plantilla la cláusula, si se extenderán las mejoras salariales a los tripulantes no afiliados a CCOO.

Indemnización de 7.501 euros por daños

Contra esta sentencia, varios sindicatos interpusieron recursos (USO, UGT, ATR y Sitcpla), y el Supremo “estima parte de los dos primeros”, celebra USO, que han supuesto también la imposición a Ryanair de una indemnización por daños y perjuicios de 7.501 euros para UGT y para USO, los sindicatos perjudicados, por los daños morales derivados de tal vulneración de la libertad sindical.

“Ha triunfado la libertad sindical, al reconocerse, ya en sentencia firme y sin posibilidad de más recursos, el derecho de las personas trabajadoras a poder adherirse a un acuerdo extraestatutario firmado con un sindicato, sin tener que afiliarse a este. Esto evita la tentación de las empresas a ‘secuestrar’ a los trabajadores mediante la afiliación a un sindicato de elección patronal para reventar así la negociación colectiva y acallar a los sindicatos críticos”, han destacado este miércoles en USO-Sector Aéreo.

“No se puede utilizar la afiliación a un sindicato como moneda de cambio para acceder a condiciones laborales básicas”, indicó por su parte UGT en un comunicado, muy crítico con CCOO. El sindicato ha sostenido que siempre ha trabajado por alcanzar acuerdos de eficacia general para toda la plantilla de la plantilla. “Otros decidieron un camino equivocado con Ryanair, acordando una estrategia de marketing sindical para lograr implantación, sin garantías, y sin voluntad de construir unas condiciones dignas para todas las personas trabajadoras”, ha denunciado el sindicato, recoge la agencia Servimedia.

El Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa y la Fundación Ramón Rubial han publicado 'El activismo sindical femenino. La conquista de los derechos laborales de las mujeres en Gipuzkoa' que analiza, desde el último tercio del siglo XIX hasta la actualidad, la lucha sindical femenina en Gipuzkoa. En rueda de prensa en Donostia, la diputada de Cultura, Goizane Álvarez Irijoa, acompañada por la autora, Carmen González Guerra, historiadora, archivera y documentalista especializada en el ámbito de la cultura socialista vasca, y de la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, han dado cuenta de los detalles de esta publicación.

A la presentación también han acudido algunas de las protagonistas de la publicación como Ana Alberdi Ugalde, nacida en Eibar, que fue concejala socialista (1983-1987) y estuvo vinculada a la vida sindical y política; Carmen Retenaga Eraña, eibarresa nacida en Gerona a causa de la Guerra Civil, trabajó en Alfa y fue concejala socialista (2001-2011); Isabel Orive Martínez, originaria de Murcia, se afilió a la UGT en Donostia y fue activa en temas de pensiones y cuidados, y Yolanda Sánchez Caballero, de Azpeitia, que se especializó en máquinas de control numérico y participa en el sindicato y comité de empresa. Álvarez ha destacado la importancia de esta publicación para “recuperar y poner en valor la memoria de las mujeres que han sido pieza clave en la lucha sindical y en la conquista de derechos laborales en Gipuzkoa”, según recoge Europa Press.

La diputada foral ha afirmado que “las historias de vida recogidas en este trabajo reflejan el compromiso, la valentía y la determinación de tantas mujeres que, a lo largo de los años, han contribuido a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Departamento de Cultura con la preservación y difusión de la memoria histórica, “garantizando que las voces de estas mujeres no queden en el olvido y sirvan de inspiración para las futuras generaciones”.

Según ha explicado, esta publicación es fruto de una investigación llevada a cabo en 2024, con un marco cronológico comprendido en el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. Un análisis con fuentes de archivo y bibliográficas que incorpora 20 voces de mujeres narrando su vínculo con el sindicato, con el ámbito laboral y su lucha por los derechos e igualdad en el trabajo. Gardiazabal ha opinado que “desarrollar proyectos como el que hoy presentamos, son esenciales para visibilizar a las mujeres que lucharon por la justicia social en Gipuzkoa, dando voz a sus experiencias y logros”. A lo largo de la historia del movimiento sindical, “las mujeres han sido esenciales en la organización, la protesta y la conquista de derechos, pero sus esfuerzos no siempre han recibido el reconocimiento que merecen”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado este viernes una carta a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo para pedirles que tomen medidas contra un convenio aprobado por la Comunidad de Madrid que recorta, según lamenta, el derecho a protestar de los funcionarios autonómicos.

Díaz se refiere en sendas cartas al convenio colectivo que firmaron el 10 de diciembre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, CSIT y UGT y que regula las condiciones laborales de los funcionarios hasta el año 2028. Ese acuerdo contiene una disposición con posibles sanciones para las organizaciones que promuevan “huelgas, concentraciones, manifestaciones o cualquier otra medida de conflicto colectivo”.

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, el Ministerio de Trabajo asegura a la Fiscalía que un acuerdo de este tipo, “que castiga el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación o libertad de expresión”, constituye “un atentado evidente a los derechos fundamentales”. “Y supone una degradación de la participación democrática de las personas trabajadoras todavía más llamativa, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una Comunidad Autónoma, en este caso la de Madrid”, añade.

El punto más problemático del acuerdo está en la disposición décima. En él, las organizaciones firmantes se comprometen a no promover manifestaciones, campañas “o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado, de conformidad todo ello con el principio de buena fe negocial”.

“De producirse un incumplimiento de lo anterior, y tras la exposición ante la comisión de seguimiento de los hechos en que se haya concretado el mismo, la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos, en tanto se mantenga aquel”, expresa esa disposición.

Esta cláusula sostiene Trabajo, “desborda lo admisible para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma asombrosa consecuencias negativas para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical”.

Díaz recuerda a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que tanto el convenio como el acuerdo de la mesa sectorial pueden ser impugnados toda vez que “conculcan la legalidad constitucional vigente y lesionan gravemente el interés de terceros”. El Ministerio ha pedido así al Ministerio Público que actúe de oficio con los trámites oportunos “para la impugnación del Convenio colectivo, así como las actuaciones penales que en su caso resultasen procedentes”.

El sindicato UGT ha denunciado “sanciones, persecución sindical e incluso el despido de una de las representantes sindicales de los trabajadores por el desempeño de su tarea como delegada de UGT” en la empresa Palacios Alimentaciín de Albelda de Iregua, la tercera empresa más grande de La Rioja tanto en facturación como en número de trabajodores. El sindicato ha convocado una concentración para este miércoles 19 de diciembre en la puerta de la empresa en Albelda de Iregua de 13:30 a 14:30 horas para denunciar la situación de “persecución y acoso”, según ha definido el sindicato.

“La situación de persecución y acoso, que finalmente ha derivado en el despido de la delegada, se agravó tras la interposición por parte de la delegada de una denuncia previa sobre la interpretación del permiso por hospitalización e intervención quirúrgica que marca la nueva Ley de familias”. Según explica UGT, “una vez conocida la fecha del citado juicio, la empresa procedió a notificarle la apertura de expediente, acusándole de manipulación de los documentos presentados y procediendo a su despido.  

Por otro lado, UGT FICA ha denunciado que en los últimos meses, en esta industria alimentaria “se han llevado a cabo varios despidos y sanciones por supuestos bajos rendimientos, situaciones de estrés laboral y otros después de finalizar los periodos de bajas por enfermedad común”. 

Ante esta situación, el sindicato exige la readmisión inmediata de la delegada, la anulación de cualquier expediente sancionador al respecto así como el cese de la represión sindical por ejercer los derechos como delegada sindical. “Un ataque directo al desarrollo de la labor de representación y defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras constitucionalmente reconocidos”, han considerado en la convocatoria de la movilización.

Este medio ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con Palacios Alimentación para recoger su valoración de la situación.

El sector marítimo portuario de UGT vive en estos días la renovación de su dirección mientras enfrenta la batalla interna de la última Ejecutiva, que se votó a finales de 2021, y que ha terminado en los tribunales. Esta se saldó con los ceses fulminantes de tres cargos electos por parte del líder del sector, José Ramón Piñeiro. Los apartados, José Miguel Lubián, Sonia Jiménez y Juan José García, habían encabezado una lista competidora que convergió a última hora en una conjunta. Jiménez, la única mujer de la dirección, denunció ante la justicia y, recientemente, el caso se ha remitido a la Audiencia Nacional.

Los hechos se remontan a las últimas elecciones internas. En el Congreso convergieron dos listas dispuestas a dirigir el sector marítimo portuario, una encabezada por Piñeiro y otra liderada por Lubián, en una sola y se eligió la Ejecutiva del sector a nivel nacional. José Ramón Piñeiro fue elegido líder del sector (secretario sectorial federal), mientras que José Miguel Lubián ostentó el cargo de vicesecretario federal, con el reparto de funciones para el resto de sus candidatos. Sonia Jiménez fue elegida responsable de Igualdad y Juan José Gacía, de Formación.

Sin embargo, “muy pronto empezaron los conflictos entre las dos facciones”, afirma Sonia Jiménez a este medio. En enero de 2023 tiene lugar una de estas discusiones, a propósito de una ampliación de delegados del sector marítimo portuario (de 40 a 41) que quería aprobar José Ramón Piñeiro, explican a este medio Sonia Jiménez y José Miguel Lubián.

Los tres cargos cesados pidieron explicaciones a Piñeiro sobre esta ampliación, de la que habían recibido quejas por parte de varias personas del sector, y que consideraban que no respetaba la normativa interna, como los Estatutos de la Federación de la que forman parte, la de Servicios Movilidad y Consumo (FeSMC de UGT).

En la discusión por este tema, “Piñeiro me dijo: 'Y tú te callas la boca que no sabes el charco tan grande en el que te estás metiendo”, sostiene Sonia Jiménez, lo que motivó que las tres personas cesadas –Lubián, Jiménez y García– abandonaran la reunión. “Esto no nos lo dijo a los dos miembros masculinos de la Dirección Sectorial que discrepábamos al igual que la compañera, ¿los dos sí sabíamos en qué charco nos estábamos metiendo y la única mujer de la citada Dirección no?”, critica Lubián.

“Hay un estado de omertá dentro del propio sindicato, que abandera la igualdad de derechos a boca llena, pero es mentira. Sufrimos un machismo recalcitrante dentro, estamos porque nos necesitan para las listas cremallera de las candidaturas que obligan sus propios estatutos y para trabajar”, denuncia Sonia Jiménez, que matiza que no quiere “manchar el nombre de UGT”, pero también que hay personas que no respetan los valores del sindicato. 

Demanda pendiente de la Audiencia Nacional

Al día siguiente al conflicto por el número de delegados, el 12 de enero de 2023, los tres miembros de la dirección fueron apartados de sus cargos de manera unilateral por el líder del sector, que en una carta les comunicó que habían incurrido en una “dejación grave” de sus funciones por no asistir al Comité en el que se iba a apoyar la ampliación de delegados, “de forma organizada”, para intentar forzar una “falta de quorum”.

Sonia Jiménez y José Miguel Lubián recurrieron de manera interna la decisión, más allá de su rechazo de los motivos, porque consideran que no respeta “la democracia interna” del sindicato. Al ser cargos electos, insisten en que sus ceses debían ser sometidos a votación en un Comité Extraordinario en el sector marítimo portuario.

Sonia Jiménez, “ante la indefensión” a nivel interno, acudió en verano de 2023 a los tribunales, donde presentó una demanda contra los responsables de su sector, José Ramón Piñeiro y Miguel Diego Carrera (Organización), así como contra la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT y su líder, Antonio Oviedo, por considerar que no han atendido a sus reclamaciones internas ni velado por la legalidad interna de la organización.

“Advertí de que antes de que pasaran cuatro semanas se tenía que haber propuesto por mi Ejecutiva la separación de nuestros cargos y se tenía que ratificar en un comité extraordinario. Ese era mi interés y hubiera aceptado esa decisión democrática. Pero Piñeiro tomó la decisión unilateralmente, como si fuera el CEO de una empresa y esa decisión está mal tomada”, sostiene Sonia Jiménez, que es delegada de UGT, miembro del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Málaga. 

En la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, el departamento jurídico rechaza responder a preguntas concretas sobre si debía haberse realizado esta votación y cómo se produjeron los ceses, por tratarse de un conflicto judicializado. No obstante, apuntan que “las observaciones” de la otra parte “son desacertadas”: “Podemos afirmar sin ningún género de dudas que todo el proceso está rigurosamente ajustado a derecho, siendo la versión de la demandante una interpretación interesada, que nosotros respetamos, pero que no compartimos”. Indican además que “la actora no ha sido privada de su actividad sindical”, aunque fue apartada como responsable de Igualdad en el sector.

“Están acostumbrados a cortar cabezas, en el argot del sindicato, y a que no pase nada, pero he visto cómo se han pisoteado mis derechos fundamentales, a la libertad sindical, y lo quiero denunciar públicamente”, sostiene Sonia Jiménez, que subraya la importancia de su labor “sacando adelante planes de Igualdad y defendiendo a las trabajadoras en un mundo supermachista, con muchos atropellos laborales”. En la demanda reclama 60.000 euros de indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Tras un primer intento en los juzgados de lo Social de Málaga y de Madrid, a finales de octubre el juzgado “dio traslado a la Audiencia Nacional”, explica Jiménez, por lo que teme que le toque esperar “otro año más” a que se resuelva su denuncia y ha decidido denunciarlo públicamente. Entre este martes 10 y el jueves 12, su sector y el resto de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) celebra su Congreso interno en Benidorm.

Más de un año sin respuesta del Comité de Garantías

Sonia Jiménez y José Miguel Lubián insisten a elDiario.es en que sus denuncias por los cauces del sindicato que deben velar por el cumplimiento de la democracia interna y de las normas de UGT no han sido atendidas. Presentaron una denuncia ante la Comisión de Código Ético, que dio traslado a la Comisión de Garantías Federal, como órgano responsable de analizar su queja.

Ambos denunciaron a la Comisión de Garantías de la FeSMC, que les derivó a la Confederal (el órgano a nivel estatal de todo el sindicato). Este resolvió en mayo de 2023 –de nuevo– que era un conflicto que debía de analizar la Comisión de Garantías de la Federación en cuestión. De la FeSMC.

“De la Comisión de Garantías de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo UGT no se ha obtenido respuesta alguna”, responde José Miguel Lubián. Sonia Jiménez insiste en que ha pasado más de un año, “va camino de dos”, por lo que subraya la falta de “amparo” que ha sufrido a nivel interno.

Desde la Federación remiten unas declaraciones de José Ramón Piñeiro, como líder del Sector Marítimo-Portuario y también miembro de la Ejecutiva de FeSMC-UGT, en la que insiste en la “prudencia” ante un procedimiento judicial en marcha. “En todo caso, sí podemos asegurar que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha sido rigurosa en el cumplimiento y aplicación de sus Estatutos y de la normativa interna de nuestra Organización en una situación de pérdida de confianza de los órganos de dirección hacia la compañera demandante, por dejación de sus funciones en el ámbito de responsabilidad que tenía asignada y de la que era competente”, indican.

Sobre los ceses de José Miguel Lubián, presidente del Comité de Empresa de Puertos del Estado, y Juan José García, que ostenta un cargo electo en Salvamento Marítimo, en el sector y la federación no se pronuncian. Juan José García ha declinado hacer declaraciones sobre este conflicto.

“FeSMC-UGT ha actuado de buena fe, en interés de sus afiliados/as y delegados/as, tomando sus decisiones en coherencia con los principios de transparencia y democracia interna que forman parte del ADN de este Sindicato y que protegen los derechos y deberes de sus integrantes y de la propia Organización”, concluye José Ramón Piñeiro en su respuesta escrita a este medio.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 10 de Sevilla ha condenado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense por impedir que CCOO Andalucía instalara un escenario en la explanada del Palacio de San Telmo. La sentencia, adelantada por Radio Sevilla y confirmada por este periódico, obliga a la Gerencia Municipal a pagar 500 euros a la organización sindical para sufragar los gastos derivados de la contratación del escenario y de un equipo de megafonía que ya había abonado.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando CCOO Andalucía convocó una marcha en defensa de los servicios públicos, que culminaba en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Allí el sindicato tenía previsto instalar un escenario para cerrar el acto de protesta, pero la Gerencia Municipal de Urbanismo denegó su petición “so pretexto de problemas de seguridad” que no llegó a precisar, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

Por esa razón, el juez concluye que la administración local ha “vulnerado el libre y pleno ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y libertad sindical” al denegar la licencia de ocupación del dominio público local, sin especificar “cuáles son esas razones de seguridad” que se alegaban. Para el magistrado, la negativa “no puede ser arbitraria, sino que tiene que ser justificada, razonada y comunicada expresa y claramente a los ciudadanos”.

Los argumentos no pueden ser “arbitrarios”

La respuesta de la Gerencia de Urbanismo esgrimía que “atendiendo a razones de seguridad, no se autoriza la instalación de estructuras metálicas o escenarios en el perímetro o zona de seguridad del Palacio de San Telmo”. Sin embargo, el juez reprende a la administración porque en su comunicado “no precisa claramente cuáles son esas 'razones de seguridad' que impiden la concesión de la licencia de ocupación” y “ni siquiera se le ofrece una alternativa”.

En definitiva, el magistrado que ha juzgado los hechos denunciados considera que “no son fundados los motivos aducidos” por Urbanismo para denegar la licencia de ocupación de la explanada de San Telmo, que sí se ha autorizado en otras ocasiones. Además, la sentencia recoge que “la zona donde se iba a instalar el escenario estaba en una esquina del edificio, y alejado tanto de la puerta principal como de la fachada”. De manera que el juez recuerda que la delimitación del perímetro de seguridad “aunque sea necesaria, no puede ser arbitraria, sino que tiene que ser justificada, razonada y comunicada expresa y claramente a los ciudadanos”.

Por ello, el juez considera que la Gerencia Municipal de Urbanismo “ha limitado el derecho de reunión de los solicitantes”. Y, dado que el sindicato denunciante acreditó “que sufrió perjuicios económicos al no haber podido montar el escenario y equipo de megafonía que estaba contratado”, condena a “abonar los costes que ha sufragado con motivo de la denegación de la licencia de ocupación, dada la mala fe en cuanto a la extemporaneidad de la resolución recurrida, que se notificó dos días después de la fecha señalada para el evento”.

El día de la concentración, el pasado 18 de junio, CCOO-A denunció la “negativa” de no permitir la instalación de un escenario al término de la manifestación. La secretaria general de la organización sindical, Nuria López, criticó que al Gobierno autonómico “sólo quiere un palacio de San Telmo para celebrar su entronación” y reivindicó el derecho a la protesta de los trabajadores andaluces.

Apenas habían pasado seis meses de la Marcha sobre Roma (1922) cuando Benito Mussolini impuso un decreto por el cual la celebración del 1 de mayo quedaba prohibida. En su lugar, Il Duce decretó que la nueva jornada festiva —que no reivindicativa— de los trabajadores pasaba a ser el 21 de abril, el mismo día en que se conmemora la fundación de Roma.

De esta manera, la dictadura tapaba con nacionalismo la celebración de los derechos laborales en Italia. Fue una respuesta rápida a la fuerte organización sindical en el país, que fue perseguida sistemáticamente por los Camisas Negras para evitar que repitieran hazañas del pasado. Como la del Biennio Rosso (191-1920), durante el que se generaron consejos de fábrica que tomaron casi todas las industrias del país.

“El fascismo teme a la organización de los trabajadores. Antes, el obrero era una figura importantísima en la lucha contra la extrema derecha”, asegura Andrea Malpassi, responsable de política europea de la Confederazione Generalie Italiana del Lavoro (CGIL), el sindicato más importante del país.

Malpassi recuerda la década de los 20 del siglo pasado, cuando Europa se enfrentó por última vez al auge del fascismo. Ve muchas similitudes con aquella época, pero también muchas diferencias: “Han sacado el trabajo de la agenda y ya no es un actor político importante, como sí lo fue hace 100 años. No nos identificamos como trabajadores, hemos perdido el sentimiento de clase y lo estamos pagando caro”, asegura este sindicalista, en referencia a los dos años de gobierno de extrema derecha en Italia, de la mano de Giorgia Meloni.

Han sacado el trabajo de la agenda y ya no es un actor político importante, como lo fue hace 100 años. No nos identificamos como trabajadores, hemos perdido el sentimiento de clase y lo estamos pagando caro

Andrea Malpassi — Responsable de política europea de la CGIL

Desde la CGIL aseguran que si el trabajo se hubiera puesto en el centro y los trabajadores estuvieran más informados de sus derechos y mejor asistidos, la extrema derecha no habría llegado a gobernar Italia. Ni estaría amenazando en otros países de Europa, donde se espera que ganen poder tras las elecciones europeas del 9 de junio.

En otras zonas de la UE, como España, la visión es la misma. “Representamos lo que odian: lo colectivo, la diversidad, la defensa del débil frente al capital”, asume Cristina Faciabén, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. “Nunca se está preparado para el fascismo, pero somos conscientes de la amenaza porque tenemos compañeros que ya lo han vivido”.

Faciabén se refiere a miembros del sindicato italiano CGIL, pero también al CTA-T de Argentina, al CUT de Brasil y al CUT de Chile. Estos cinco sindicatos se unieron en REDES, una organización internacional que busca “elaborar una estrategia conjunta frente al fascismo desde el mundo laboral”.

La importancia del voto obrero

“Lo que estamos haciendo con España para frenar al fascismo en estas elecciones europeas es histórico”, asegura Malpassi, orgulloso de la colaboración con CCOO. Ambos sindicatos son conscientes de que la extrema derecha de cada país es muy diferente, pero tiene puntos en común. “Mientras Meloni es una populista que se aferra a las clases populares y a la pobreza, Vox es mucho más elitista”, analiza el sindicalista italiano. “Pero al final, todos son neoliberales de libro que se benefician del descontento y la abstención”, remacha Faciabén.

Una de las iniciativas conjuntas que han llevado a cabo estos dos sindicatos de cara a los comicios es una campaña de incitación al voto que se está desarrollando en la zona de Lombardía y en Catalunya. “Meloni ganó las elecciones gracias a la abstención”, asegura Malpassi, que recuerda que en las últimas elecciones ni la mitad de italianos fue a votar. “La extrema derecha arrasó, pero obtuvo un 20% de votos menos que cuando Berlusconi ganó los comicios”, explica.

Desde España también se identifica un “descontento generalizado” por la política y una desafección todavía mayor cuando se trata de las elecciones europeas. “Pero tenemos que hacer entender que muchas cosas del comer dependen de lo que se decida en Bruselas”, apunta Faciabén. Especifican que “incitar al voto” no significa invitar a votar a un partido en concreto, pero sí insisten en recordar que el fascismo “nunca es una buena opción para las personas trabajadoras”.

A pesar de eso, se muestran convencidos de que entre sus afiliados hay votantes de Vox y de Hermanos de Italia. Por ello, ambos sindicatos también realizan cursos de sensibilización entre sus afiliados para detectar y frenar discursos de extrema derecha en el lugar de trabajo. El primero que realizó CCOO fue en la fábrica de Mahou en Guadalajara, donde se organizaron charlas, pero también se trabajó con juegos de rol e, incluso, programaron el monólogo feminista No sólo duelen los golpes, de Pamela Valenciano.

“En el lugar de trabajo raramente salen a la superficie los discursos fascistas, se trata más de atajar comentarios discriminatorios que pueden salir en las típicas conversaciones de máquina de café”, reflexiona Álvaro Mora, presidente del comité de empresa de la fábrica de Mahou. Pone como ejemplo que, si bien no hay comentarios abiertamente racistas entre sus compañeros, sí considera que a las personas que están subcontratadas —la mayoría de ellas migrantes— se las trata peor.

Mora tiene claro que “hay que seguir con la labor de contención para frenar la deriva fascista”. Y cree que una de las claves para ello es recuperar el sentimiento de clase. “El sistema lo que hace es darnos migajas. Y en cuanto mejoran las condiciones, la gente enseguida tira de coche, de marcas y reniega de la clase obrera. Pero no se dan cuenta de que, por mucho Audi, no son uno de ellos”, apunta.

Lo que tenemos hoy fue conseguido con años de huelgas y protestas. Ni la empresa ni el sistema regalan nada. Debemos mantenernos unidos como clase, porque lo que pretende el fascismo es alienarnos

Álvaro Mora — Presidente del comité de empresa de la fábrica de Mahou en Guadalajara

Gran parte de las formaciones y charlas que estos sindicatos dan en los lugares de trabajo se basan en repasar la importancia del sindicalismo. “Explicamos que lo que tenemos hoy, aunque nos parezca una mierda, fue conseguido con años de huelgas y protestas. Que ni la empresa ni el sistema regalan nada”, sentencia el sindicalista.

“Nos hemos individualizado y debemos volver a lo colectivo. Lo primero es identificarnos con nuestros compañeros de oficio o de clase. Porque si no somos capaces ni de eso, no podemos esperar solidaridad con otros colectivos oprimidos a los que el fascismo también quiere destruir”, añade Malpassi desde Italia.

Ambos sindicatos advierten que, ya sea desde el populismo de Meloni o el elitismo de Abascal, la extrema derecha busca seducir al electorado prometiendo mejoras sociales, pero en ningún caso, avisan, serán para las clases populares. Y Malpassi pone un ejemplo claro: desde que Hermanos de Italia llegó al poder, no hay diálogo social con los sindicatos.

“Sólo se reúnen con sindicatos amarillos y uniones de trabajadores que no tienen representación real. Son todo agentes de paja que avalan la reforma laboral, el retraso de la edad de jubilación, el recorte de los servicios públicos o la eliminación de las ayudas sociales”, apuntan desde la CGIL.

Con todo, llaman a la movilización este domingo, a un voto consciente y colectivo, que piense en los recortes de servicios públicos que está llevando a cabo Milei en Argentina o las políticas migratorias de Meloni. Pero que también tenga en mente que las dictaduras de los primeros años del siglo XX se podrían repetir en el XXI. En otras palabras, hacen suya la consigna de Flora Tristan cuando dijo aquello de “proletarios del mundo, uníos”. 

“Cuando la Seat estornuda, España se constipa”, se decía a finales de los 70 cuando los trabajadores de la automovilística, entonces estatal, anunciaban huelgas y movilizaciones. La cita refería a la importancia que tenía la empresa no solo a nivel económico, sino también social sobre la temperatura del malestar ciudadano con la dictadura.

Y precisamente la Seat, en forma de anhelo, de metáfora del bienestar económico ansiado por tantos miembros de la clase obrera, aparece como una constante en Las hijas de la fábrica (Grijalbo, 2024), la última novela del periodista Raúl Montilla, nacido en Barcelona en 1979 pero vinculado desde bien pequeño al llamado cinturón rojo barcelonés, un conjunto de ciudades dormitorio que en los años 50 apenas eran pequeñas poblaciones rurales con campos y huertas.

En los 60 y 70 empezaron a desarrollarse para recibir la migración interior, desde el sur del país hasta el norte industrializado. Lo hicieron despacio, desde la nada más absoluta, conquistando cada mejora en los barrios, cada centro social, cada escuela, cada semáforo a base de enfrentamientos con la brutal policía franquista; las visitas a la tenebrosa comisaria de Vía Laietana no eran infrecuentes entre sus habitantes.

“Me crie entre L'Hospitalet y Esplugues, entre Can Vidalet y Can Serra, en un barrio que es muy pequeño, que se llama El Barranco, que coge el nombre de un bar que había allí, es decir, que era el bar del barrio”, explica Montilla, que agrega que por la parte trasera de su edificio había un descampado donde yacían coches abandonados. Explica entonces que la “diversión infantil” era ver el domingo quién aparecía muerto dentro de un coche, “porque era un sitio donde la gente iba a pincharse”.

Entrevistamos a Raúl Montilla en la cafetería de la librería Laie, en el corazón del ensanche barcelonés, que ha sido durante las últimas décadas uno de la centros de la intelectualidad burguesa, precisamente quien, dice Montilla, ha escrito la crónica de los últimos sesenta años en Barcelona. Acaso olvidando el reguero de vidas anónimas que reivindica Las hijas de la fábrica, donde los héroes son aquellos militantes de la extinta Bandera Roja que fueron pasando progresivamente al PSUC y el PSC. A este respecto, Montilla explica que tras la presentación del libro firmó unos cuantos ejemplares a lectoras y lectores que le pidieron que se lo dedicara con el apodo que tenían en la clandestinidad.

¿Qué es lo que le mueve a hacer esta novela?

Es un libro que tenía pendiente. Quería escribir de los barrios y hacerlo precisamente con una visión desde el barrio. En la literatura barcelonesa se ha tratado bastante el área metropolitana y hay escritores que “han ido al barrio”, pero las más de las veces se ha escrito desde el Eixample; no desde el propio barrio y por parte de gente del barrio. Era algo que me perseguía: el querer explicar una historia de la migración interior, que es también la historia de mi familia y de muchas otras, que es épica en no pocos aspectos.

¿Es entonces un libro autobiográfico?

No del todo, pero claro que está el tópico que dice que puedes ponerte a escribir de cualquier cosa y acabarás escribiendo sobre ti mismo. Y mucho tiene de cierto, ya que hay en la novela bastante reflejo de lo que es mi familia, de lo que es mi historia y de las historias que he vivido y convivido. Por eso, a la hora de documentarte, por un lado buscas y ves la prensa de la época y lees libros, pero hay otra parte de tirar mucho de la memoria, de las memorias de tus familiares, de las sensaciones vividas, las cenas de Nochevieja, las anécdotas que oías, etc. Es decir, escribir la novela fue jugar un poco también con una cotidianidad que formó parte de mi vida.

Muchas personas llegaron con una mano delante y otra detrás y les ofrecieron una pala para que cavaran un agujero en la montaña: esa iba a ser su casa

Tal vez por eso el libro tenga esa cadencia tan decimonónica, en el buen sentido de la palabra, ya que resulta a momentos barojiano, lo cual hace su lectura mucho más fluida.

Imagino que tiene que ver principalmente en que soy ante todo periodista y estoy acostumbrado a contar las cosas muy ceñido a la realidad que constato, sin artilugios. Pero claro, al contar en parte tu historia lo que podría ser una crónica fría adquiere calor y dimensión humana, que es lo que le da interés a la literatura.

Describe en su libro las duras condiciones en las que llegaron muchas personas a los centros industriales, ya fueran Bilbao, Madrid, Barcelona o Catalunya en general, y realmente impacta. ¿Cree que tenemos perspectiva suficiente de cómo fue el pasado de este país?

La migración andaluza, por ejemplo, fue muy importante en Catalunya, incluso todavía en algunos municipios se celebra “el andaluz del año”. En cambio, “el magrebí del año” no lo celebramos en ningún sitio, aunque también es muy importante el conjunto de personas llegadas sobre todo desde Marruecos a trabajar a Catalunya, y ellos también constituyen una memoria de la migración.

En cierto modo sí hemos perdido un poco de perspectiva cuando acusamos a los nuevos migrantes de todos los males que nos suceden. Es por ello que con el libro quiero reivindicar una “memoria histórica” de aquellos años, por supuesto no tan dramática como la de la Guerra Civil, pero sí que merecen ser recordados aquellos tiempos, de dónde venimos... Porque muchas personas, muchas, llegaron con una mano delante y otra detrás y les ofrecieron una pala para que cavaran un agujero en la montaña: esa iba a ser su casa.

De esos agujeros se pasó a los bloques de hormigón impersonales, en serie...

Eso fue una mejora, sin duda, y se dio a partir de los sesenta, paulatinamente, pero aquello aún no eran barrios sino colmenas dormitorio sin condiciones para desarrollar una sociedad. Un dato: en Cornellà había en la época tres plazas de toros pero apenas había escuelas, plazas, jardines, bibliotecas o centros de mayores. El franquismo quería que los obreros estuvieran atontados.

Y esas mejoras, al igual que los derechos laborales, se ganan a golpe de huelga.

Mucha gente cree que gran parte de los derechos laborales y sociales se los han otorgado los políticos e ignora que los ganaron los obreros en la calle durante el franquismo, enfrentándose contra la policía franquista, que era brutal. Podías morir, podías desaparecer días en los que eras torturado, o violada o violado en la comisaria de vía Laietana...

Mucha gente cree que muchos de los derechos laborales y sociales se los han otorgado los políticos e ignora que los ganaron los obreros en la calle

Todo esto también es memoria histórica y da la sensación de que a veces la olvidamos demasiado pronto. Cuando hicimos la presentación, en Comisiones Obreras, vino mucha gente que además era militante de Bandera Roja, que habían sido luchadores antifranquistas. Habían leído el libro y comentaban que a veces se veían reflejados en personajes de la novela.

Igual que a veces pensamos, o hay quien pueda pensar, que la leche sale de un tetrabrik, hay quien olvida que las libertades que tenemos se han ido ganando a pulso al lado de casa y por parte de gente con la que todavía convivimos. En la propia Seat, la gran empresa española de entonces, hubo un señor que murió durante una huelga, que es Antonio Moreno. Y lo hizo en unas condiciones que todavía no se han investigado.

Hay un tema que también es interesante, que es el porqué no escribimos sobre esa época. Porque tu novela viene a ser casi una excepción en el panorama literario. ¿Nos da vergüenza recordar lo que éramos?

Yo no me avergüenzo, todo lo contrario y de hecho la novela busca reivindicar esa memoria. Hubo mucha gente que se jugó el pellejo por nosotros y ya tocaba dignificar su lucha. Quizás somos un país de memoria muy corta, puede que viniera bien olvidar para avanzar en un momento dado, pero yo creo que ahora toca recordar, porque todo está demasiado olvidado.

Tal vez se ha explicado demasiado el barrio desde el Eixample y por parte del escritor de clase media, que ha establecido algo que en realidad no ha vivido.

Tal vez el problema haya sido que las herramientas de producción artística e intelectual han residido más en las élites burguesas que en la ciudadanía obrera. De este modo se ha descrito la lucha antifranquista, pero siempre desde el catalanismo de clase media o desde la intelectualidad universitaria, que no compartía la realidad del Cinturón Rojo.

Sí, en eso coincido. Es decir, es esa intelectualidad la que ha tenido voz para explicar esto y lo ha hecho, pero como una vivencia distinta a la del migrante de clase obrera que reside en la periferia. Por eso volvemos a lo que estamos diciendo desde el inicio: tal vez se ha explicado demasiado el barrio desde el Eixample y por parte del escritor de clase media, que ha establecido algo que en realidad no ha vivido. Eso tiene algo de lógico, bien mirado, porque no olvidemos que Catalunya ha estado gobernada durante décadas por la Convergència de Pujol, epítome de las clases medias y por tanto el relato que se ha impuesto está contado desde esa perspectiva.

¿Sigue usted viviendo en su barrio de la infancia?

No, me echaron los precios durante la burbuja inmobiliaria, como a tantos jóvenes entonces; ahora vivo fuera, en Vallirana.

Quién lo diría echando la vista atrás...

Las mejoras en las localidades del cinturón rojo han sido muchas, hasta el punto de alcanzar unos estándares muy buenos. Pero estos barrios tampoco han podido escapar de la especulación inmobiliaria que afecta a toda Catalunya.

El juzgado de lo social número 4 de Santiago de Compostela ha condenado a Jealsa, la principal conservera de España y segunda de Europa, a readmitir a un sindicalista de CCOO al que despidió como “represalia” por su actividad, después de tenerlo durante un año destinado en una nave donde no tenía nada que hacer. El fallo, ante el que cabe recurso, recoge también el pago de 50.000 euros en concepto de daños morales, una cifra que hace extensiva “a cada sindicato y a cada miembro del comité de huelga”.

Enrique Reino, Colo, es un destacado militante sindical en la comarca de O Barbanza. Desde su puesto como secretario general de la sección de CCOO en Jealsa, donde formaba parte del comité de empresa, jugó un importante papel en el proceso negociador que culminó en la huelga que paralizó el sector de la conserva a principios de 2022. La corporación tras las marcas Rianxeira o Escurís y proveedora de Mercadona fue una de las principales afectadas.

Poco antes del inicio de aquel conflicto, en enero de 2022, Reino fue trasladado a una nave que la empresa tiene en Curbera, en la misma localidad coruñesa de Boiro donde está su sede central. Allí estaba previsto crear un aula de formación para FP Dual que, dado su carácter “polivalente, autónomo y con cualidades comunicativas”, lo tendría a él al frente. Diez días después, otro compañero se incorpora a la misma nave.

El curso previsto nunca llegó a celebrarse, ya que no se consiguió el número mínimo de alumnos, pero eso no influyó en los planes de la empresa sobre su destino. Mientras seguían en Curbera, sin ninguna labor encomendada, Reino participó en la negociación del convenio colectivo y presentó varias denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre cuestiones relacionadas con su actividad sindical y la del comité.

Trece meses después de su traslado, Jealsa comunicó al trabajador su despido disciplinario por acumulación de faltas graves y muy graves. Entre ellas, llegar tarde e irse antes de finalizar la jornada, ausentarse del trabajo hasta en nueve ocasiones, fumar en el trabajo y utilizar el ordenador de la empresa para entrar en Youtube -39 veces- y en las páginas webs de los periódicos Marca y As -37 veces- en un período de dos meses.

La jueza encuentra la primera discriminación en esta medida, ya que el compañero de Reino, que no era delegado sindical, “incurrió en las mismas conductas” pero “paradójicamente” no sufrió las mismas consecuencias: se le aplicó una sanción de 60 días. En el juicio “resultó acreditado que ambos llegaban juntos y se iban juntos, y que, dado que nada tenían que hacer, salían, entraban, miraban el ordenador e intentaban pasar el tiempo durante la jornada laboral”.

La empresa, que no ha querido hacer declaraciones, justifica su decisión de mantener a los trabajadores en Curbera, una vez confirmado que no se celebrará el curso, alegando que también era un taller de reparación, algo que la magistrada rechaza. “”De todas las fotografías aportadas en la prueba de ambas partes ni una sola máquina se ha visto para reparar, pero es más, la empresa no puede indicar de manera precisa que máquinas se reparaban allí“ ni afirmar ”cuáles eran las ordenes encomendadas“ a los trabajadores.

Por todo ello, “la conducta de la empresa es merecedora de reproche jurídico, y su gravedad no admite fisura alguna”. Por eso, al considerar infligido el derecho fundamental de la libertad sindical, “la gravedad de la conducta” y “la reiteración en el tiempo”, durante más de un año, la jueza establece la indemnización de daños y perjuicios en 50.000 euros, un montante total que superará los 80.000 con la suma de los salarios de tramitación.

El Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (Sites) ha denunciado que Tasisa, empresa adjudicataria del servicio de ambulancias en Gran Canaria, ha despedido a uno de sus trabajadores “por ser un activo representante sindical”. En concreto, Karlos Pérez era secretario general del Comité de Empresa, delegado del Comité de Seguridad y Salud y presidente del Comité de Huelga.

Iván Amador, secretario general de Sites, recuerda en un comunicado que desde que Tasisa comenzó a prestar el servicio tras ser adjudicataria del concurso se detectaron “precarias condiciones de trabajo” así como una “nula fiscalización del servicio”. Situaciones que fueron denunciadas por Sites desde el minuto 1, que incluso llegó a materializar una huelga.

Pero “lejos de solventar las precarias condiciones laborales en las que se encuentran los profesionales de esta empresa, Tasisa invierte el tiempo en despedir a un representante sindical”, lamenta Amador. En la nota, se expone que Karlos Pérez “había sufrido tres sanciones por parte de la empresa”: una de ellas fue recurrida y los juzgados acabaron dando la razón al sindicado, que instó a que Tasisa cesara en “ese tipo de acciones contra la representación legal de los trabajadores”.

Sites anuncia que acudirá al Gobierno de Canarias para exponerle todas “las acciones antisindicales sufridas”, recordando que el anterior Ejecutivo “no hizo nada”. Sin embargo, Amador recuerda que cuando Coalición Canaria ostentaba la Presidencia autonómica de 2015 a 2019 fue cuando se elaboró y licitó el concurso para adjudicar el transporte sanitario terrestre en las Islas. “Y de aquellos barros, estos lodos”.

“Es inadmisible que empresas que prestan sus servicios con dinero público vulneren derechos humanos y laborables y desde el Gobierno de Canarias no se haga nada”, critica el sindicato.

Un juzgado de Sevilla ha condenado a Konecta, la mayor empresa de contact center en España, a indemnizar en 12.000 euros a dos teleoperadoras por vulnerar sus derecho fundamental a la libertad sindical en el centro que la compañía tiene en la localidad de Bollullos de la Mitación y donde trabajan más de 2.000 personas. Se trata de la empresa que, según varios sindicatos, “no detuvo el servicio” ante la muerte de una trabajadora de Madrid hace un mes, si bien Konecta mantiene que “se despejó rápidamente la zona más próxima”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso sevillaelDiario.es y contra la que la empresa ha anunciado recurso ante el TSJA, señala entre los hechos probados que las dos empleadas, con categoría profesional de teleoperadoras especialistas, vienen prestando servicios en Konecta desde 2004 y 2009, respectivamente, con un salario mensual de 1.166 euros. Ambas, desde 2017, eran miembros del comité de empresa por el sindicato CGT. Tras la constitución en 2019 del Sindicato Local de Varios Oficios de Bollullos de la Mitación, fueron nombradas delegadas sindicales del mismo, representando a los trabajadores como delegadas de prevención de riesgos laborales.

Konecta, dice la sentencia, desde diciembre de 2022 había procedido el descuento en las hojas de salarios de las dos empleadas de parte de las horas que habían justificado como “horas de empresa” o como “horas de prevención de riesgos”, utilizando para ello el concepto de “ausencia horaria”, reclamándoles la empresa 8.267 euros a una y 7.128 euros a otra por horas no justificadas en 2022.

“Infracción muy grave” en materia de relaciones laborales

Después de consultar a la empresa los motivos para efectuar ese descuento salarial, Konecta les respondió por correo electrónico el pasado mes de febrero que las “horas de empresa” debían ser expresamente autorizadas por escrito por los miembros de los correspondientes departamentos. La firma, según recoge la sentencia, quería determinar si las empleadas disponían de un crédito de hora ilimitada para acciones de prevención de riesgos laborales. El Ministerio Fiscal apoyó la demanda de las trabajadoras, pidiendo que se reconociera como vulnerado su derecho a la libertad sindical como así ha determinado el juzgado.

La sentencia, que recoge doctrina jurisprudencial al respecto y alude al Estatuto de los Trabajadores en ese sentido, señala que “el uso del crédito horario no está sometido a autorización del empresario, siendo el propio delegado quien determina el momento en que debe utilizarlo”, zanja citando un fallo del Tribunal Supremo, y donde “siempre” ha de prevalecer el interés colectivo de la representación, teniendo en cuenta que la garantía de crédito horario “no es ilimitada ni incondicional”.

En ese sentido, la sentencia concluye que la conducta de Konecta consistente en exigir autorización empresarial previa para el uso de las horas de prevención de riesgos laborales constituye una “indudable” vulneración del derecho a la libertad sindical de las dos empleadas y una “infracción muy grave en materia de relaciones laborales”. La resolución judicial no entra a valorar un supuesto fraude o abuso de las trabajadoras en esas horas, como sostuvo la empresa, ni si los descuentos salariales son ajustados a derecho o no, sino que hace regir la presunción del uso correcto de las funciones representativas.

Este periódico ha contactado con la agencia de comunicación que trabaja para Konecta para tratar de conocer si la empresa recurrirá la sentencia o si tienen algo que comentar respecto a la resolución. En ese sentido informan de que, como consecuencia de la sentencia, “Konecta ha anunciado recurso” aunque “lógicamente” no pueden hacer declaraciones ya que “el caso está todavía abierto”.

“¿Qué podemos hacer si no nos dejan entrar en el epicentro de los problemas de los trabajadores”. Ricardo Pérez y Rocío Caro son representantes de los empleados municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), donde trabajan desde hace 11 y 15 años, respectivamente. Él, delegado sindical de CCOO y ella, miembro del comité de empresa por el mismo sindicato, mayoritario en el consistorio desde las últimas elecciones sindicales de hace un par de años. Desde hace un tiempo (él desde octubre y ella desde marzo), tienen prohibida la entrada a cualquier departamento de la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, lo que a su juicio supone una “clara vulneración a la libertad sindical”. Con anterioridad, aseguran, han sufrido “hostigamiento” y “acoso” por su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores durante los últimos meses por parte del actual delegado, Manuel Macías, a quien han llevado a los tribunales por abuso de autoridad, coacciones contra la libertad sindical y acoso laboral y, en general, por su “actitud antisindical”. De baja por ansiedad y depresión, y con sendas denuncias interpuestas en los juzgados, ambos relatan a este periódico su situación, sin que el Ayuntamiento haya querido pronunciarse al respecto, pese a la insistencia de este medio.

Con la entrada del nuevo delegado de Hacienda y RRHH en julio de 2021, se desencadenó la situación que dicen vivir los sindicalistas. A escasas semanas de las elecciones municipales, el contexto en Sanlúcar la Mayor bien es cierto que es bastante particular. El Grupo Independiente Sanluqueño (GIS) ganó los comicios de 2019 y los que fueran sus representantes democráticamente elegidos gobiernan en coalición con un concejal del PP y otro de Sanlúcar Activa, precisamente Manuel Macías. El alcalde, Juan Salado, y tres de sus concejales fueron expulsados del GIS y declarados no adscritos hace algo más de un año, según quedó ratificado en el pleno municipal del 8 de febrero del pasado año.

El caso es que tres de los cinco representantes de CCOO en el Ayuntamiento están de baja laboral por ansiedad o depresión. Pérez desde el 17 de noviembre del pasado año (aunque pronto se tiene que reincorporar), poco después de prohibirle la entrada al área de Hacienda y RRHH del ayuntamiento por “actitud presuntamente abusiva”. Caro, desde el pasado 24 de marzo, tras recibir una carta muy similar que argumentaba que había tenido una “falta de respeto” con otra trabajadora municipal.

Bolsa municipal de ayuda a domicilio

El caso de Caro es particular, con unos hechos más recientes. Acudió el 9 de marzo al ayuntamiento, dos días después de que en el pleno municipal el alcalde dijera que se iba a externalizar el servicio de ayuda a domicilio y dependencia porque no había personas en la bolsa de trabajo temporal municipal. Como miembro del comité de empresa y para facilitarlas su contratación, acompañó a tres mujeres que ya habían trabajado para el ayuntamiento, que tenían la titulación exigida y que estaban apuntadas en dicha bolsa.

La sindicalista presentó una queja por escrito por el trato aquel día en esas dependencias por parte de una trabajadora municipal y, a raíz de ello, se le abrió un expediente para esclarecer lo sucedido, junto a la mencionada prohibición de entrada a las instalaciones dirigidas por el delegado Macías. “A mí esto me apasionaba, pero no me pueden cortar las manos de esta manera porque a ellos no les guste las cosas que reivindicamos”, lamenta muy afectada Caro, en tratamiento psicológico.

“Sufrimos un acoso invertido: Macías alecciona a las trabajadoras para que se den de baja por nuestra culpa. Ahora mismo hay 73 funcionarios de baja de los 250 empleados en el ayuntamiento”, explica Pérez, que denuncia: “No podemos hacer nada”. “Estamos condenados sin escucharnos”, asegura Pérez, secretario de la sección sindical y que no es la primera vez que litiga contra el ayuntamiento, en otro caso a razón de la categoría profesional que ostentaba en la Delegación de Deportes, aunque ahora es por razones de “acoso” a su actividad sindical, según mantiene.

“Somos los representantes legales de los trabajadores”

“Son muchas cosas las que te van minando poco a poco”, cuenta Rocío Caro quien, como Pérez, son trabajadores indefinidos no fijos a la espera del proceso de estabilización, acerca del cual también han pedido información por escrito al ayuntamiento: “No nos informan de nada” y “Se nos niega información desde hace mucho tiempo”. Ambos tienen abierto un expediente informativo, que instruirá la Diputación de Sevilla a instancias del propio ayuntamiento. “Somos muy de denunciar, claro, porque con ellos por la vía del diálogo no se puede”, comenta Pérez, a quien han “desvalijado” su puesto de trabajo, “aprovechando” su baja. “Tenemos que llevar a la Inspección de Trabajo las cosas porque no nos dejan otra opción”, añade Caro.

Mari Paz Vargas, secretaria general del sindicato de Servicios a la Ciudadanía de Sevilla de CCOO, ha enviado a mediados de este mes de abril una carta al alcalde de la localidad, Juan Salado, en la que le pide “una reunión con carácter urgente”, ya que ha tenido conocimiento de “actuaciones realizadas” por la Corporación “hacia los delegados sindicales de CCOO entre las cuales se encuentra la prohibición de acceder, sin autorización previa, a los Departamentos de Hacienda y Recursos Humanos, obstaculizando así el correcto ejercicio de la representación laboral y la acción sindical que ejercen, hecho que resulta perjudicial para la totalidad de los trabajadores del Ayuntamiento”.

“Somos los representantes legales de los trabajadores y él no lo acepta”, reclama Caro en alusión al delegado, quien “no nos convoca en tiempo y forma” a las mesas generales de negociación, que comparten con representantes de UGT y CSIF. “Ellos ven claramente la discriminación que sufrimos, pero no se implican”, lamentan, si bien aluden a una mayor sintonía con sus compañeros del CSIF.

10.000 euros de indemnización a un sindicalista fue sancionado por colgar vídeos en TikTok durante la pandemia denunciando la desprotección del personal de ambulancias y la mala gestión en su empresa, Transport Sanitari de Catalunya (TSC). Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han estimado el recurso del trabajador, ha informado la cooperativa de abogados Colectivo Ronda, anulando la sanción impuesta y condenando a la empresa a pagar una indemnización al afectado por vulnerar su derecho a la libertad sindical.

El 16 de noviembre de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el trabajador, presidente del sindicato Agrupación Sindical de Ambulancias de Catalunya (ASAC), emitió un vídeo en directo en TikTok en una pausa de su jornada en el que aparecía acompañado por otra compañera.

En el vídeo “denunciaba lo que consideraba una incorrecta gestión de la situación de alarma por parte de la empresa y, muy especialmente, las deficientes condiciones laborales del personal sanitario, incluyendo la existencia de graves carencias en materia de prevención y suministro de equipos de protección”, explican desde Colectivo Ronda, que ha defendido al empleado.

“Nos han dejado solos en primera línea”

La sentencia recoge expresiones como “si se reconociera que realmente nos han dejado solos, en primera línea hay mucha gente que se le caería la cara de vergüenza”, “si quieres que te atiendan, preséntate y lía un pollo porque así es como seguro mueven el culo” y “somos técnicos de emergencias sanitarias, estamos aquí ... para ... visibilizar un poco lo mal y lo puteados que estamos”, recopilan los jueces.

Como consecuencia, el trabajador y sindicalista fue sancionado por tres faltas muy graves, como desobediencia continuada y transgresión de la buena fe contractual, consistente en 30 días de suspensión de empleo y salario. En cambio, su compañera –que no formaba parte de ningún sindicato– fue sancionada con 15 días y más tarde se le retiró la sanción por mostrar arrepentimiento.

La representación legal del afectado denunció discriminación por la vulneración del derecho a la libertad sindical del trabajador de ambulancias, por lo que reclamó la retirada de la sanción impuesta y, además, una indemnización por daños. Ambas cuestiones han sido respaldadas en la reciente sentencia del TSJ de Catalunya.

Comentarios “molestos”, pero no injurias

Los magistrados argumentan que “los vídeos colgados en Tiktok contienen una denuncia de hechos de relevancia pública relativos a la gestión de su empresa del sector de transporte sanitario en el plena pandemia por COVID-19”.

Admiten que “la consideración de las expresiones descalificatorias incluidas en dichos vídeos si bien pueden considerarse molestas u ofensivas para su empresa en el contexto en que fueron realizadas (plena pandemia) no pueden ser calificadas de insultantes, injuriosas o vejatorias como para atentar a la honorabilidad e imagen de la empresa y de sus dirigentes y directivos”.

Es decir, que ni los comentarios eran inciertos o injuriosos, ni tampoco su misión es insultar sin más, sino denunciar las condiciones en la empresa, algo que entra dentro de la misión de un sindicalista.

“La difusión de los vídeos anteriores, se hace en el contexto de alarma social en pleno estado de alarma, por un personal esencial y relativo a una empresa del sector de transporte sanitario, sin otra significación que la de denunciar la situación que estaba viviendo el personal que trabajaba en las ambulancias y dicha protesta no buscaba otra finalidad que lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideraban infringidas por la empresa para la que trabajaban”, destacan los jueces.

Además, los magistrados respaldan que el vídeo se grabara en las instalaciones de la compañía. “Es cierto que la grabación de los vídeos se realiza en las instalaciones de la empresa sin su autorización, pero en el contexto en el que se realizan ( plena pandemia covid-19) y tratándose de personal esencial y reivindicándose condiciones laborales de personal esencial, la sanción impuesta en estas condiciones no puede resultar justificada, sino nula, por cuanto supuso una limitación indebida del derecho ·a la libertad sindical, en relación con la libertad de expresión del demandante”, explican.

Por todo ello, el TSJ catalán estima la demanda del afectado, condenan a la empresa a que pague los salarios dejados de percibir por la sanción, con un 10% de interés por mora y además a que le abone la indemnización reclamada de 10.000 euros “por la existencia de un trato discriminatorio por vulneración de la libertad sindical y de expresión”.

“Es una sentencia relevante por recordar y argumentar con solidez que en nuestra condición de trabajadores y trabajadoras no podemos vernos privados de los derechos que la Constitución nos reconoce como ciudadanos, por mucho que la libertad de expresión pueda tener una modulación especial en lo referente al entorno laboral”, celebra Quim Español, abogado de Colectivo Ronda integrante en el equipo que ha representado al trabajador. “Esta protección resulta especialmente trascendente cuando se pone en relación con la actividad sindical y de representación de los compañeros y compañeras, tal y como era el caso. Las empresas no pueden ampararse en su supuesta honorabilidad y en el derecho a la propia imagen para intentar reprimir las legítimas reivindicaciones de su personal”, añade.

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Demandó a su empresa y todo lo que vino después ha sido “un calvario”, califica Sonia (nombre ficticio), trabajadora de Servisa, funeraria del grupo de la aseguradora Ocaso. Primero, un despido disciplinario que ha sido tumbado más tarde por los tribunales como nulo, por violación de derechos fundamentales. Pero además Servisa filtró sus datos personales a la prensa, su nombre y apellidos junto a su afiliación sindical, cuando la trabajadora denunció de manera anónima su rebelión y la de otras empleadas contra el uniforme de las mujeres con falda y tacón alto en la funeraria.

El conflicto laboral estalló en los medios de comunicación en diciembre de 2021. Sonia y otras compañeras, como Vanesa S., representante sindical de CCOO en Servisa en Valencia, denunciaron públicamente que Servisa las había obligado a llevar falda y tacón alto, “de nueve centímetros”, decisión contra la que varias de ellas se rebelaron, como explican ambas de nuevo ahora a este medio.

Vanesa S. logró que Servisa reconociera que las mujeres de la plantilla podían elegir entre el pantalón y la falda como uniforme y también entre el zapato plano y el de tacón, pero tuvo que denunciar a la compañía, que finalmente acordó estas medidas en un acto de conciliación en 2019, según ha podido constatar elDiario.es. “Me negué a aceptar ese tacón, que no lo soportábamos. Peleé y lo conseguí”, explica la representante sindical.

Despido nulo por represalia

Pero, pese a este acuerdo de 2019, “había trabajadoras que seguían sin poder elegir el uniforme”, explica Vanesa S. Algunas no se callaron y decidieron pelear también por un uniforme más cómodo, como fue el caso de Sonia. “Con ella se han cebado bastante”, lamenta su compañera.

“El tema de los tacones solo fue una de las cosas que incluí en la demanda. También cambios de turno de un día para otro, que a las recepcionistas no nos daban plus de nocturnidad... Un cúmulo de cosas, no se respetaban los derechos laborales”, denuncia la empleada, que estaba en ese momento de baja por ansiedad, en diciembre de 2020.

Cuando se incorporó a su puesto, a comienzos de 2021, intentó presentarse a unas elecciones sindicales en su centro de trabajo, pero en cuestión de días era despedida de manera disciplinaria, antes de la votación. La empresa la acusó de “flagrantes incumplimientos laborales” que constituían “una falta continuada muy grave de deslealtad y vulneración de la buena fe contractual”.

Sonia recurrió y, más de un año después, el juzgado de lo Social que analizó el caso rechazó la tesis de Servisa. La magistrada respaldó el pasado mayo a la empleada, al considerar que había “indicios idóneos” de posible represalia ante la demanda judicial presentada por la trabajadora y también de vulneración de derechos fundamentales.

“La empresa conocía antes del despido que se iban a celebrar elecciones en el centro de trabajo así como la pretensión de la trabajadora de presentarse por la candidatura del Sindicato Unitario y, que posteriormente se le impidió presentarse por no figurar en el censo electoral”, al haber sido despedida, recuerda la magistrada en la sentencia.

La jueza declara el despido nulo e impone una indemnización de 6.251 euros a la afectada por daños y por la vulneración de los dos derechos fundamentales: garantía de indemnidad de la trabajadora, así como de su libertad sindical. Sonia ha recurrido la resolución judicial, que considera que impone una indemnización muy reducida ante los hechos constatados y, según la trabajadora, la compañía también ha recurrido el fallo.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de Servisa para este artículo, pero desde la compañía han declinado hacer ninguna declaración ya que “estos asuntos están pendientes de resolución judicial o administrativa”, indica un portavoz.

80.000 euros por desvelar su identidad a la prensa

Tras su despido y antes de que los tribunales analizaran su recurso, Sonia denunció en varios medios de comunicación de manera anónima el uniforme con falda y tacón alto para las mujeres en Servisa.

Como respuesta, Servisa difundió a la prensa un comunicado con sus datos personales, donde figuraba su nombre y apellidos, decía que había sido despedida por la vía disciplinaria y además desvelaba su afiliación sindical. Periódicos como ABC y La voz del Sur, entre otros, publicaron su identidad. “Estos medios no me habían entrevistado y estaban dando mis datos”, como muestran las capturas de pantalla que muestra la trabajadora.

La empleada denunció a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos, que hace unos meses resolvió que Servisa incurrió en un “tratamiento ilícito de datos personales”, con dos infracciones por las que se sancionó a la empresa con 80.000 euros. Servisa se acogió a la posibilidad de las reducciones por pago adelantado y por asunción de responsabilidad de las infracciones, por lo que finalmente abonó 48.000, según la documentación consultada por este medio.

Sonia critica que la empresa intentó tacharla “de mala profesional” públicamente, con un rastro en internet que la retrataba de cara a posibles ofertas de trabajo en el futuro. La trabajadora tuvo también que pedir a los medios de comunicación que publicaron sus datos que retiraran la información de las noticias en internet y reclamó a Google por el derecho al olvido, para que también se eliminara este rastro.

Denuncia más represalias

“Y esto no ha acabado”, lamenta Sonia. Servisa tuvo que readmitir a la empleada, tras la declaración del despido nulo, pero desde entonces ha tenido que reclamar cuestiones básicas ante los tribunales. “Decían que la subida salarial no me correspondía, así que tengo que recurrirla. Ya en mediación me dan la razón y reconocen que sí, que me adeudan los 153 euros”, explica.

“También me dicen que las comisiones de venta de flores ahora son individuales, porque las compañeras no quieren compartirlas conmigo”, añade. Sonia denuncia un clima laboral en su contra y el acoso concreto de algún compañero, que ya comunicó a sus superiores. “Pero no han hecho nada”, lamenta. “Un día me dio un ataque de pánico en el trabajo”, continúa Sonia, y desde entonces está de baja “por ansiedad y estrés agudo”.

“Denuncié la situación ante la Inspección de Trabajo y no sé nada de ellos, ni está ni se le espera. No tienen medios, pero si quien debe proteger a los trabajadores no hace nada, ¿en qué situación nos deja?”, lamenta Sonia. Aunque haya ganado la demanda del despido en los tribunales, la empleada advierte de que una indemnización de algo más de 6.000 euros por vulnerar dos derechos fundamentales a una empresa con ganancias millonarias “no es efectiva”. Servisa tuvo dos millones de beneficios según sus últimas cuentas, de 2021.

“Me gustaría que las leyes se hicieran efectivas. Más medios para la Inspección de Trabajo y que las multas fueran contundentes para que no lo hicieran más. Que no se sientan tan impunes”, reivindica la afectada. “A mí ya me han machacado psicológicamente”.

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Stellantis Vigo por vulnerar la libertad sindical de la CUT (Central Unitaria de Traballadoras) al entregar unas previsiones sobre las contrataciones previstas para cada trimestre con “graves deficiencias” y por no facilitar de la manera que correspondía un informe de auditoría. La Sala de lo Social da la razón a la central sindical y obliga a la empresa a pagar una indemnización a la CUT de 3.125 euros por daños morales.

El tribunal estima en parte un recurso de suplicación que el sindicato había interpuesto contra una sentencia anterior de un juzgado de Vigo que no le daba la razón en sus demandas. El TSXG sí aprecia vulneración del derecho de libertad sindical en algunas de las conductas expuestas, aunque desestima otra parte de la reclamación de la CUT. Sobre las previsiones de contrataciones para cada trimestre la sentencia considera que la información que la empresa aportaba era poco concreta, con alusiones al “mantenimiento de una alta actividad”. El fallo indica que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el empresario debe dar unas previsiones de nuevos contratos “con indicación del número de estos y de las modalidades y tipos”. Esta exigencia, añade, “está muy lejos de la vaga e imprecisa información” dada por Stellantis y “no se ha probado” que se deba a causas “ajenas a tal intención vulneradora”.

La sentencia da la razón al sindicato también en su reclamación sobre el informe de la auditoría de las cuentas de 2019. La empresa lo entregó en septiembre de 2021 después de que se lo requiriese la Inspección de Trabajo. Esto es, dice el documento, “un flagrante incumplimiento de la obligación que en 2019 tenía la demandada de entregar copia de 'los demás documentos que se den a conocer a los socios y en las mismas condiciones”. Incluso para el caso de que hubiese un retraso por las circunstancias extraordinarias de la pandemia, prosigue, cuando se lo requirió la Inspección, Stellantis debía haber atendido la petición “de inmediato”, pero no lo hizo hasta cuatro meses después.

El fallo recalca que el derecho de información fundamental, que considera “instrumental de la actividad sindical vinculada al libre y eficaz ejercicio de la libertad sindical”, se ve vulnerado si no se proporciona, se deniega o se dificulta el acceso a la información “sin justificación objetiva y razonable de que se debió a causas ajenas, lo que aquí no se ha intentado siquiera acreditar”. La sentencia condena a la empresa “al cese inmediato de los comportamientos descritos” y a dar la información antes de cada trimestre sobre la evolución probable del empleo y las previsiones de contratación con números y un desglose por tipos de contrato. También obliga a entregar copia del informa de auditores de cuentas “en las mismas condiciones que se den a conocer a los socios”.

El sindicato CUT considera que esta “reiterada omisión de la información” por parte de la empresa le impide hacer su labor y es “una nueva prueba de la mala fe y del ninguneo” de la dirección hacia la organización sindical. Añade, en un comunicado, que ha recibido la notificación de que el TSXG ha ordenado repetir el juicio por el ERTE de 2021 -y el del 2022, que estaba pendiente del anterior-. Los dos fueron denunciados por la CUT por considerar que la empresa no aportó informes técnicos que demuestren los motivos, que son discriminatorios con los contratos a tiempo parcial y que el peso económico se hace recaer en la plantilla mientras la compañía tiene beneficios.

El sindicato asegura que la empresa ha recibido otro “varapalo” judicial porque otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma que debe pagar 2,6 millones de euros a la Agencia Tributaria por los despidos amparados en un ERE aplicado entre 2015 y 2016 y que la Justicia considera que fueron por mutuo acuerdo y no extinciones forzosas.

Los hasta ahora líderes sindicales de la huelga de tripulantes de cabina en Ryanair han sido despedidos por la aerolínea por la vía disciplinaria. Así lo ha comunicado USO, sindicato convocante de los paros junto son SITCPLA. Los dos trabajadores y sindicalistas despedidos son Lidia Arasanz y Manuel Lodeiro, delegados sindicales y miembros del comité de huelga, las caras más visibles de esta última movilización contra la negativa de la aerolínea irlandesa de seguir negociando el convenio colectivo con USO y SITCPLA.

USO ha informado este martes de que Ryanair despidió a los dos sindicalistas el pasado 20 de octubre por “supuesta comisión de incumplimientos contractuales graves y culpables”. Incumplimientos que el sindicato niega, por lo que ha iniciado los trámites para impugnar el despido.

Por el momento, USO ha dado el primer paso: “Presentar las papeletas de conciliación”, explican desde la organización sindical para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo. Si no lo hay, acudirán a los tribunales ante lo que consideran un despido nulo por vulneración del derecho a la libertad sindical.

Desde Ryanair, rechazan que los despidos sean motivados por la actividad sindical y dice que las declaraciones de USO “son completamente infundadas”. “Ryanair respeta los derechos laborales y no ha despedido a ninguno de sus miembros por ejercer sus derechos o haber participado en huelgas”.

En la aerolínea no responden sobre cuántas personas han sido despedidas en el contexto de paros. “Un pequeño número de tripulantes con base en España fueron despedidos por graves incumplimientos de sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo el intento de socavar los servicios mínimos obligatorios ordenados por el Gobierno español”, sostiene en Ryanair.

“39 despidos” en la huelga

Primero la multinacional irlandesa abrió expedientes a los dos tripulantes, al igual que a otro centenar de trabajadores en el contexto de la huelga, como denunciaba en verano la propia Lidia Arasanz, secretaria general de USO en Ryanari, en una entrevista con elDiario.es. “Han despedido a 11 personas y tenemos casi 100 expedientados. Ryanair cree que con las amenazas y el miedo vamos a decaer, pero no ha sido así. Todo lo contrario. Los trabajadores cada vez tienen más fuerza”, apuntaba.

Finalmente, los expedientes se han saldado con el despido de los dos sindicalistas por la vía disciplinaria. También el número de trabajadores despedidos en el contexto de huelga ha aumentado desde el verano. En total, USO cifra en “39 trabajadores” las personas despedidas en el contexto de los paros, que se extienden hasta el 7 de enero.

La movilización fue convocada por USO y SITCPLA tras la negativa de Ryanair de seguir negociando con ambas organizaciones el convenio colectivo, atascado desde hacía años y marcado por las condenas laborales a la multinacional. La plantilla respaldó en 2019 a los dos sindicatos para que negociaran el convenio, pero la aerolínea anunció por sorpresa un pacto de condiciones laborales con CCOO el pasado mayo y ahora solo está dispuesta a discutir el convenio con este sindicato.

Ryanair “ha cerrado recientemente un nuevo acuerdo con CCOO, el sindicato más grande y representativo de España, que ofrece importantes mejoras salariales y de condiciones para los tripulantes de cabina de Ryanair en España”, destaca la multinacional a este medio.

Condenas contra la libertad sindical

USO denuncia que Ryanair ha tomado medidas contra Lidia Arasanz (USO) y Manuel Lodeiro, que ha sido miembro de SITCPLA, por ejercer “sus funciones como representantes sindicales en un conflicto como la huelga”. Por ejemplo, el sindicato indica que la aerolínea les ha recriminado su proceder por “realizar declaraciones a medios de comunicación”.

También critica que la multinacional acuse a Arasanz y Lodeiro de “sabotear los servicios mínimos”, por lo que defiende como acciones sindicales para garantizar el verdadero cumplimiento de los servicios mínimos “según la ley española”. USO y SITCPLA acusan a Ryanair de vulnerar los servicios mínimos en las huelgas, algo por lo que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la multinacional en el pasado.

La Inspección de Trabajo detectó numerosas faltas laborales en la huelga contra el ERE en España, que acabó siendo declarado nulo por la Audiencia Nacional. El mismo tribunal condenó a la empresa por vulnerar el derecho a huelga mediante amenazas y el fomento del esquirolaje.

En esas movilizaciones, la multinacional irlandesa también echó a un sindicalista de USO, miembro del comité de huelga, cuyo despido fue considerado nulo por los tribunales más tarde.