Esta semana coinciden dos movimientos en el antiguo equipo al frente de la Presidencia vasca. Este martes se ha conocido que Jonan Fernández, uno de los más estrechos colaboradores de Iñigo Urkullu en sus doce años en Ajuria Enea, ha sido fichado como asesor del grupo del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, controlado por la presidenta del partido en ese territorio, María Eugenia Arrizabalaga. El propio lehendakari hasta 2024 ha confirmado ya que este viernes lanzará su nuevo proyecto, la fundación eAtlantic, donde colaborarán con él otros excargos de su equipo como Marian Elorza, así como las grandes firmas BBVA, Kutxabank, Iberdrola y Petronor (Repsol). Lo hará sí o sí, aunque no llegue el informe de compatibilidad que ha de emitir el Gobierno vasco para todos los excargos que quieran iniciar una actividad privada en los dos años siguientes al cese.

En el caso de Fernández, había regresado a la fundación Baketik, de donde fue incorporado al Gobierno, aunque antes estuvo también en Elkarri. Fernández arrancó como responsable de las políticas de memoria pero acabó siendo desde el coordinador de la gestión de la COVID-19 hasta responsable de Juventud o de la Agenda 2030. Siempre fue de la máxima confianza de Urkullu. Tiene 63 años y ahora estará en nómina del PNV en la Cámara foral guipuzcoana.

En el caso de Urkullu, ya está convocando a los medios de comunicación a la constitución de eAtlantic, un 'lobby' europeísta que busca poner en valor el arco atlántico. Ofrecerá en primera persona una rueda de prensa este viernes en Bilbao, la primera desde que dejó el cargo el pasado verano, aunque ha realizado algunas pocas entrevistas. Deliberadamente, la ha hecho coincidir con el Día de Europa, aunque también con un pleno del Parlamento. Fuentes de su entorno recalcan que la convocatoria es inamovible aunque ni él ni Elorza, que fue la responsable de política exterior en los doce años de mandato, hayan recibido aún el dictamen de compatibilidad exigible por ley a todos los excargos y que ha de firmar la actual consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

Ubarretxena ha explicado a los periodistas cuál es el procedimiento y que “efectivamente” Urkullu solicitó esa compatibilidad, pero ha dado a entender que los plazos de la Administración y los de la agenda de eAtlantic no son los mismos. De momento, ese informe no está firmado y no es probable que llegue antes del viernes. Otra vía para obtenerlo es el silencio administrativo, es decir, que el Gobierno retenga la solicitud más de 30 días sin respuesta. Así logró la compatibilidad la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, para saltar a una clínica privada.

Preguntada si le parecía “prudente” que Urkullu presente su proyecto antes de tener ese visto bueno -nadie contempla que no vaya a ser ése el sentido del informe del actual Gobierno-, Ubarretxena ha indicado que el Ejecutivo no va a valorar las “acciones” de “otros terceros”. Otras fuentes matizan que la Administración ya ha inscrito legalmente la fundación de Urkullu y que, por lo tanto, ya puede operar a todos los efectos. La no obtención momentánea de la compatibilidad solamente condicionaría una posible relación mercantil o laboral de Urkullu con esa entidad, no su activación. Por eso, no ven problema en la puesta de largo de eAtlantic aunque sí deberá esperar a tener la luz verde de la oficina de antiguos altos cargos antes de tener una nómina, por ejemplo.

El Gobierno de Imanol Pradales ha actualizado al fin este viernes, después de meses sin hacerlo, el listado con las autorizaciones recibidas por exaltos cargos de la Administración para empezar a trabajar en la empresa privada, una revisión preceptiva en los dos años siguientes al cese para evitar posibles conflictos de intereses. Ahí figura el caso más controvertido y conocido extraoficialmente, el del fichaje por la clínica privada Vithas San José de Vitoria de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui. Y figura igualmente su colaborador Mikel Sánchez, ahora en Mutualia. Y también el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que tuvo un breve paso por Mondragon después de dejar de ser director del Ente Vasco de la Energía (EVE). Otro nombre destacado es el de Jonan Fernández, asesor para todo del anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha regresado a Baketik.

El total de nombres en ese listado es de 17. Aparecen Estíbaliz Alkorta (directora de Promoción del Euskera que ha tenido contratos con dos empresas privadas sin relación con su posición anterior), José María Armentia (viceconsejero de Función Pública que ahora es asesor en Bitartesport), Ignacio Barredo (viceconsejero de Economía fichado por Naider), Yurdana Burgoa (jefa de gabinete con Pedro Azpiazu y con Noël d'Anjou recién incorporada a Last Tour), Ana Belén Camacho (de directora de Industria a directora general de Inser Robótica), Iñigo Camino (responsable de Comunicación con Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa que pasó primero a la Fundación Sabino Arana del PNV y después a EiTB), Peli Manterola (de Hazi a Gorbeialde), José Ángel María Muñoz (asesor en Cultura antes, en Tabakalera en la actualidad), José Carlos Peña (asesor de Presidencia que ha regresado a Innobasque), Arantxa Picón (jefa de enfemería en un hospital público que ahora dirige una clínica privada en Gipuzkoa), Humberto Unzueta (asesor de comunicación con Olatz Garamendi que ha vuelto a 'Deia') y Aitor Urzelai (director general de Spri y ahora directivo de Lawesome).

Hay uno más, de la parte del PSE-EE. Se trata de Iván Pedreira, director de Medio Ambiente con Iñaki Arriola -una época en la que llegó a recibir un aviso por cumplimiento insuficiente del Código Ético y a ser investigado en los tribunales- pero que ya dejó el Ejecutivo en 2023 para irse a la Diputación de Gipuzkoa. Sin embargo, al cesar allí en 2024 y no haber pasado aún dos años, también su caso ha sido revisado por el Gobierno vasco. Se incorporó en noviembre a la empresa Lurgiro. Sus funciones son, concretamente, “diseño y ejecución de investigaciones exploratorias de la calidad del suelo, gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, restauraciones y rehabilitaciones ambientales, recuperación de emplazamientos contaminados, estudios de calidad del medio”.

Como ya informó este periódico, el Ejecutivo llevaba meses sin publicar información sobre altos cargos a la que está obligado. El apagón venía ya del tramo final de la legislatura anterior. De hecho, estos nuevos listados son solamente una parte de los datos y siguen faltando más. Se trata de las indemnizaciones o cesantías cobradas por quienes dejan un cargo, de las retribuciones nominales y el número total de personal de libre designación, de las declaraciones de bienes, de las abstenciones o inhibiciones de altos cargos actuales por posibles conflictos de intereses en adjudicaciones y otros asuntos o de las compatibilidades autorizadas a esos mismos directivos y aserores para otras funciones políticas, académicas o similares. Fuentes del Gobierno indican que estos datos también verán la luz en breve.

Con todo, la consejera responsable de la materia, María Ubarretxena, del PNV, ha dejado esta frase este viernes en el diario de sesiones del Parlamento Vasco: “Euskadi tiene 100 puntos sobre 100 en transparencia en el 'ranking' de comunidades autónomas que elabora Transparencia Internacional. Es un 'ranking' elaborado por una organización no gubernamental reconocida internacionalmente por su trabajo y en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Su independencia está fuera de toda duda”. Euskadi es también la única comunidad autónoma sin ley propia de transparencia. Ha habido tres intentos fallidos, tantos como legislaturas de Urkullu. Está también prometida por Pradales.

En la primera sesión de control de 2025, PP y EH Bildu, con enfoques diferentes, han realizado preguntas tanto al lehendakari como a Ubarretxena por asuntos de esta índole. El líder de los 'populares', Javier de Andrés, ha denunciado las “puertas giratorias” -aunque no les ha puesto nombres y apellidos- y ha ironizado que la Presidencia se ha convertido en una productora de Netflix porque hay nuevos cargos de “asesor de identidad digital, asesor audiovisual de fotografía, asesora de publicidad, asesor de diseño gráfico y de asesor de contenidos”. También insiste en criticar las externalizaciones de los procesos de selección. El lehendakari, que llevaba desde noviembre sin responder preguntas de la oposición en la Cámara, ha lamentado que el PP busque importar las “formas y maneras” de hacer política en Madrid y ha retado a De Andrés a que lleve a los tribunales lo que considere irregular. Garikoitz Mujika ha alertado de problemas de “estética” con algunos nombramientos de Presidencia y con la financiación de los medios de comunicación. Ubarretxena le ha respondido igualmente a la coalición abertzale que no han de dar lecciones.

Una reunión entre altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Gobierno vasco ha servido este lunes para escenificar un acercamiento de posturas en torno al proyecto del Gobierno central en Vitoria, un centro para refugiados de 350 plazas que había sido fuertemente criticado por la parte del PNV de las instituciones autonómicas, forales y municipales. Según un comunicado oficial de la delegación vasca, en la cita “se ha hecho mención” al plan para la antigua Clínica Arana y ambas partes “han estado de acuerdo” en que este asunto ha de abordarse desde parámetros de “cogobernanza”. A nivel político, PNV y PSE-EE también habían limado asperezas después de que los socialistas llegaran a acusar de “xenofobia” a sus socios.

La cita parte de un encuentro previo entre el ministro, José Luis Escrivá, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y de otra videoconferencia entre el propio Escrivá y dos consejeras. Allí se acordó la creación de grupos de trabajo. El reunido ahora es sobre “ámbitos de mejora en el marco de actuación y gobernanza de las políticas migratorias y de asilo” y no estrictamente sobre el traspaso de competencias. Representan al Gobierno central la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, y otros altos cargos como Amapola Blasco, directora general de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Reyes Zataraín del Valle, subdirectora general de Coordinación Jurídica, y Alberto Sereno, subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por parte vasca, encabezaba la delegación la viceconsejera Lide Amilibia, aunque también estaban el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, y el asesor del lehendakari y responsable de Agenda 2030, Jonan Fernández.

“El encuentro tenía como objetivo delimitar el contenido jurídico-técnico de este grupo de trabajo, así como su modo de funcionamiento. [...] La representación del Gobierno Vasco ha subrayado que su objetivo en este ámbito es mejorar cualitativa y cuantitativamente los procesos de acogida e integración, porque hay un amplio margen para ello, especialmente en relación con las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Con este fin, y tal y como se consideró en diciembre de 2019, el Gobierno casco ha manifestado que es necesario redefinir el marco de actuación posibilitando que los gobiernos autonómicos con voluntad de implicación en esta materia puedan asumir, en su ámbito territorial, funciones de diseño, gestión y coordinación del servicio que se presta a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, desde el primer momento y en las distintas fases del proceso de acogida. Un buen ejemplo, en este sentido, es el pilotaje que con la colaboración de ACNUR y con la participación de ambos gobiernos se ha desarrollado en Euskadi con el modelo de Patrocinio Comunitario”, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Además, ha insistido en que “es indispensable impulsar un modelo de colaboración y cogobernanza”. “Esta mejora de la coordinación es ineludible, máxime, si se tiene en cuenta que las competencias en materia de salud, educación o prestaciones sociales, entre otras, se encuentran en las instituciones autonómicas y locales”, ha destacado el Gobierno vasco. Este pasado viernes, precisamente, se criticó duramente la gestión del Estado con los refugiados en un acto en la sede de Presidencia con motivo del aniversario de la guerra en Ucrania. Solamente “al final de la reunión”, según la parte vasca, “se ha hecho mención a la residencia de Arana”. Se apunta a que habrá una nueva reunión a finales de marzo.

Un joven vasco -entendido como una persona de 18 a 35 años- solamente puede aspirar a comprarse con sus recursos una casa de 51,2 metros cuadrados. Es bastante menos que los 72,2 metros cuadrados de media en España. Pero el problema se acrecienta si pretende abordar esa compra con menos de 25 años, ya que no podrá pasar de una casa de 36 metros cuadrados, justo por encima de los mínimos del decreto de habitabilidad aprobado para un hogar de dos personas en 2022. El problema es mayor en Gipuzkoa (43,6 metros cuadrados) que en Álava o Bizkaia o si es una mujer la interesada (47,4 metros cuadrados).

Es una de las conclusiones del informe 'El coste de la emancipación residencial en Euskadi' correspondiente al ejercicio 2021 y que ha sido presentado este martes por el 'consejero' de Juventud, Jonan Fernández, la persona que ha asumido estas competencias en el área de Presidencia después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, fijara estas políticas como una prioridad. Sin embargo, el informe parte de unos datos de “salario medio neto” mensual a doce pagas de 1.394 euros cuando hace solamente unas semanas, en la puesta de largo de Fernández en sus nuevas funciones con la presentación del plan de impulso de la emancipación, se hablaba de 1.297 euros mensuales. De hecho, se planteaba como reto devolver los niveles salariales en esta franja de edad a niveles de 2010.

Así, si por término medio el informe apunta a que entrar a una hipoteca se lleva el 52,9% de la nómina, pagar un alquiler el 51,1% y el coste de acceso a pisos protegidos en cualquiera de las dos modalidades ronda el 28%, estos porcentajes se quedarían cortos si se actualizasen los salarios medios. Fernández ha insistido en que toca incidir en políticas eficaces, particularmente en personas de 25 a 29 años, ya que la edad media de emancipación en Euskadi supera los 30 años y es cuatro años más elevada que la media europea.

El informe se divide en tres apartados en cuanto a la relación de los jóvenes con el mercado de la vivienda: la compra en propiedad, el alquiler y el acceso a pisos protegidos. En cuanto a la adquisición de pisos, se estima que el “máximo tolerable” que se puede pagar por término medio es de 128.912 euros. En Donostia, según Idealista, solamente hay catorce pisos a ese precio. Algunos son oficinas acondicionadas. En los barrios nuevos de Vitoria, ni siquiera las casas de protección oficial en derecho a superficie tienen esos precios. Esta cifra queda a 98.400 euros del precio medio de una casa en el mercado libre. Los jóvenes necesitarían subidas salariales del 76,3% para acceder a esos precios. Pueden pagar por hogares 43,7 metros cuadrados más pequeños que lo deseable. En el resto de España, por 13.000 euros menos se pueden adquirir casas mucho más grandes. En lo tocante al alquiler, la renta “tolerable” para los sueldos existentes sería de 418 euros mensuales, pero queda a 293 euros del precio medio estándar. De nuevo, se precisarían mejoras retributivas del 70% para acceder al mercado sin tensiones económicas.

En cuanto al mercado protegido de compra, el informe apunta a que desde 2019 se ha logrado situar el esfuerzo mensual para hipotecas por debajo del 30%, el “límite máximo aconsejado de endeudamiento”. Por encima del 40%, como ocurre en el mercado libre, ya implica un “sobresfuerzo”. En cuanto al régimen de alquiler, las políticas públicas autonómicas hacen que aquí la situación sea más favorable que en otras comunidades. Ahora mismo, de media, este tipo de casas implican destinar un 33,3% del sueldo al abono de las cuotas de arrendamiento.

El informe, con todo, aporta una brizna de esperanza porque los datos son mejores que los de 2020 ya que “el incremento de los salarios ha sido porcentualmente mayor al incremento de los precios de compraventa y de alquiler en el mercado libre”. El documento no tiene en cuenta las tensiones inflacionistas de 2022. También se deja claro que “la juventud de Gipuzkoa es la que debe afrontar mayores costes” y que hay una clara brecha de género que hace que las mujeres jóvenes tengan “mayores dificultades de emancipación en solitario”.

En este contexto, Fernández ha recordado que ya fue presentada a comienzos de diciembre una propuesta para apoyar la emancipación. Aquel plan recogía muchos proyectos ya conocidos pero sí incorporaba una nueva prestación para favorecer la vida independiente. En principio, la intención es que esté en marcha en 2024. Será compatible con las ayudas de Gaztelagun -300 euros mensuales para el alquiler- pero con otras prestaciones como la RGI o renta de garantía de ingresos. No se conocen muchos detalles aún, aunque sí que estará acotada para personas de 25 a 29 años. “Tiene muchos flecos y una cierta complicación. Estamos en medio de ese estudio”, ha afirmado Fernández en respuesta a los periodistas y dando a entender que el modelo podrá estar diseñado ya en el primer trimestre de 2023.

Euskadi ha presentado este martes su estrategia “para favorecer la emancipación juvenil” desde una doble constatación. Por un lado, la edad media para vivir de modo independiente supera los 30 años, cuatro más que la media de Europa. Y, por otro lado, el salario neto medio para este colectivo es de 1.297 euros cuando era de 1.424 euros en 2010, hace doce años. El plan tiene también dos retos, bajar a los 29 en 2025 y a los 28 en 2030 la edad de emancipación y, en cuanto a la renta, recuperar esos 1.424 euros aunque el equivalente actual de esa cantidad, actualizada con la inflación, superaría ya los 1.800 euros. Para lograr estos objetivos se ha diseñado una batería de medidas. Algunas de ellas son nuevas, como una nueva renta diferenciada de la RGI (renta de garantía de ingresos) y del IMV (ingreso mínimo vital), específica para lograr la emancipación. Otras muchas, en cambio, ya estaban presentadas, como la subida a 300 euros de las ayudas del programa de alquiler Gaztelagun -que de hecho ha visto disparada un 62% su demanda-, la flexibilización de los requisitos de la RGI para personas jóvenes, el programa Trapezistak o las ayudas de 200 euros mensuales por hijo durante tres años para fomentar la natalidad.

El documento ha sido presentado tras el Consejo de Gobierno por el 'consejero' de Juventud, Jonan Fernández, que ha acompañado al portavoz, Bingen Zupiria. No es habitual que miembros del gabinete que no tengan ese rango comparezcan en la rueda de prensa semanal, aunque no es la primera vez que interviene en este foro Fernández. Eso sí, es su estreno como máximo responsable de estas políticas. Es el hombre para todo del lehendakari, Iñigo Urkullu, con quien ha ejercido como responsable de derechos humanos o de coordinador de las medidas contra la COVID-19. Fue en septiembre cuando se decidió sacar las políticas de Juventud del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para darles mayor rango y transversalidad desde Presidencia. Se han adscrito a la oficina responsable de la Agenda 2030, que es la cartera actual de Fernández. La exconsejera del ramo, Beatriz Artolazabal, admitió que hasta ahora el enfoque había estado centrado en la asociación de “juventud y tiempo libre”.

El diagnóstico del plan afirma que la emancipación tardía genera “trastornos” en los proyectos vitales y también en las tasas de natalidad. Es una causa más del envejecimiento de la población. La “edad deseable” es de 24,5 años y la real supera esos objetivos en seis o más años. La dificultad de acceso al mercado de la vivienda y la precariedad laboral son dos “obstáculos” que explican este problema. Euskadi plantea un pacto “intergeneracional” para atender las demandas de la juventud, un término que ya se suele emplear con los acuerdos para garantizar el sistema de pensiones de las personas mayores.

El primer pilar del plan es el empleo. Con todo, se establece como “meta” para los jóvenes “recuperar” niveles de renta de 2010 -200 euros más que la actual pero 400 por debajo de la inflación- y “aumentar la tasa de quienes tienen más de 600 euros”. Se estima, en todo caso, que no solamente hay un problema de salarios sino también de condiciones y parcialidad. Se desea un acuerdo en los foros de diálogo social para garantizar la “calidad” del empleo juvenil y se promete dotar específicamente con 82 millones de euros un “plan de choque” específico para este colectivo que debería desembocar en la “creación de 13.500 empleos en el período 2023-2024”. El segundo eje es la política de vivienda. Además de continuar con Gaztelagun, se plantea que “en todas las promociones públicas de vivienda” se aplique una reserva del “40%” para menores de 36 años o incentivar el “cohousing” y el “coliving”, así como la “masovería”, es decir, reducciones de rentas de alquiler a cambio de rehabilitación de una finca.

Sin embargo, la medida más novedosa es la apuesta por la creación de una nueva prestación específica para la emancipación ideada para personas de 25 a 29 años. Cuando se reformó la RGI y Elkarrekin Podemos-IU demandó más facilidades para que todos los mayores de 18 años accedieran a ella en caso de necesidad, el Gobierno de PNV y PSE-EE aceptó algunos retoques pero quiso remarcar que la RGI no debía convertirse en una ayuda a la emancipación. Este modelo es “incompatible” con ella -y con el IMV-, según recalca el Gobierno, y ha de establecerse su compatibilidad con las tres ayudas al alquiler vigentes, PCV, PEV y Gaztelagun. Se avisa de que se pedirá un “período previo de empadronamiento” que aún no se precisa, que las ayudas “tendrán una duración máxima acotada en el tiempo”, que habrá que acreditar una “renta mínima” para cobrarla -y no exceder de una máxima- y que, si se solicita en pareja o con amigos, implicará una “minoración” por hogar. No se ha ofrecido una estimación presupuestaria ya que es una medida “pendiente de estudio previo”. La idea es “activarla a lo largo de 2024”. Todas las prestaciones autonómicas de vivienda son en la actualidad de 275 euros mensuales y subirán a 300 este próximo mes de enero.

Asimismo, se alude a la “puesta en marcha de GAZ”, un servicio “online y presencial” de “información, orientación, intermediación y asesoramiento y acompañamiento integral”. Se da la circunstancia de que desde 2014 ya existe la ventanilla Gazte BizHitza. Sobre este servicio, este periódico publicó un informe que mostraba que la Dirección de Juventud del Gobierno vasco gastó entre 2014 y 2017 151.438,53 euros en la promoción del programa, aunque apenas 1.834 personas recurrieron a él.

Preguntado por los periodistas por las muchas medidas del plan que ya eran conocidas, Fernández ha respondido que ello no supone un problema: “Afortunadamente no partimos de cero. Por lo tanto no ha sido idea de esta estrategia plantearlo como si fuera un folio en blanco. El criterio rector es compactar en un mismo plan iniciativas que ya están en marcha o previstas con nuevas actuaciones. Por citar alguna nueva actuación, destacaría la ayuda a la emancipación”. Sobre que el objetivo sea llegar a un nivel de renta ya alcanzado en 2010, ha añadido: “Es un plan a 2030 con objetivos por etapas. En materia de empleo y de renta esperemos que las ayudas contribuyan a alcanzar los objetivos”.

La Dirección de Juventud del Gobierno vasco gastó entre 2014 y 2017 151.438,53 euros en la promoción del programa Gazte BizHitza. Se trata de un “servicio de orientación y asesoramiento online” para jóvenes en materia de “estudios, trabajo o vivienda”. En esos mismos años, apenas 1.834 personas utilizaron el servicio, lo que implica un gasto de 82,5 euros por cada usuario. En total, desde la puesta en marcha de esta ventanilla hasta octubre de 2022 han sido 4.188 las consultas recibidas.

Estos datos han sido enviados al Parlamento Vasco por el Gobierno como respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu en materia de Juventud, Eraitz Sáez de Egilaz. Los firma ya el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, toda vez que en septiembre se acordó que la Presidencia asumiría estas competencias en detrimento del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal. Se ha incardinado Juventud en el área dirigida por el estrecho colaborador del lehendakari Jonan Fernández, que en otros momentos ha dirigido el área de Derechos Humanos o incluso las políticas contra la COVID-19. Se alegó que se quería convertir un área de “Juventud y Tiempo Libre” en una dirección más transversal enfocada también a fomentar la natalidad, al empleo o a la vivienda.

Gazte BizHitza empezó a recibir consultas en 2014, 44 en total entre noviembre y diciembre. 2016 fue su mejor año, con 695. Desde entonces, los datos han caído de manera continua salvo un pequeño repunte en 2021 con respecto a 2020. En lo que va de 2022 han sido 402 las consultas. El mes con más actividad fue abril de 2016, con 85 usuarios pero en 2022, por ejemplo, no se ha pasado de 54 mensuales. En agosto de 2019 se llegó a un mínimo de 8 atenciones. Según la web oficial del programa, Gazte BizHitza atiende por WhatsApp, por teléfono o a través de orientadores. En ese portal hay también videotutoriales de materias como cómo compartir un piso -“si alguno tiene el típico amigo que parece que ya forma parte del mobiliario, a lo mejor es hora de poner algunas condiciones” o “hay gente que sería capaz de vivir en un cuchitril y otra que pone el grito en el cielo si ve una miga de pan en el suelo”- o también de cómo comprar una casa -“si realmente estás interesado en comprar una vivienda no hay ninguna razón por la que tengas que hacerlo a corto plazo”-.

EH Bildu quería conocer también el desglose de los costes de promoción del servicio. Solamente hay datos entre 2014 y 2017. El primer año, el del lanzamiento, fueron 43.412,38 euros. Se contrató a Di-Da Kooperatiba Elkartea para el diseño y realización de doce anuncios y a Herederos de Rowan para el desarrollo del portal Gazte BizHitza. Después, se invirtieron 76.666,57 euros en 2015. Ese año, dos empresas del mismo dueño, Aitor Elorza, percibieron 34.405,75 euros para el evento de presentación del programa. Las firmas son Montai Produkzioak y Denok Zuzeneko Komunikazioa y Elorza es miembro del PNV de Gipuzkoa. Este grupo ha sido investigado por haber recibido adjudicaciones directas en municipios como Hondarribia. Se da la circunstancia de que la parte de Denok se realizó a través de un supuesto concurso en el que compitió contra Montai, cuando en verdad son del mismo empresario. Esta práctica se ha repetido nueve veces con este grupo en Juventud, según publicó ya este periódico en 2020. Ese mismo año hubo también un puesto en la Azoka de Durango, se confeccionaron “dispositivos USB y mochilas-bolsa con el logotipo” y se contrataron cuñas de publicidad en Gaztea, la emisora juvenil de EiTB. En 2016 se destinaron 15.679,79 euros y en 2017 exactamente la misma cantidad. En ambos casos, Iniciativas Publicitarias Vascas realizó “materiales promocionales”.

Por otro lado, y también a preguntas de Sáez de Egilaz, el titular de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha indicado que en 2022, hasta septiembre, ha habido 4.213 solicitudes para las ayudas al alquiler del programa Gaztelagun, de hasta 275 euros y con más supuestos tras un reciente cambio reglamentario. Sin embargo, las abonadas son 1.417. Ya se informó de un fuerte incremento en la espera ante la mayor demanda.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha fichado a Eneko Goenaga Egibar (Andoain, 1989) como nuevo director de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación. Aunque había estado en la constructora Amenabar en la última época, procede del bufete Cuatrecasas y participó como uno de los abogados de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, en el juicio que se celebró en 2018. El bufete está dirigido en Euskadi por Joanes Labayen, abogado del Estado y casado con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y Goenaga es sobrino del presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Joseba Egibar.

Se da la circunstancia de que también el juez que presidió el juicio, Jaime Tapia, ha sido fichado como alto cargo del Ejecutivo. En su caso, es asesor para la puesta en marcha del modelo vasco de Prisiones, una competencia asumida en octubre de 2021. En cuanto al caso, ahora mismo está pendiente de que el Supremo resuelva los recursos presentados, entre ellos el de Cuatrecasas, contra las duras condenas en primera instancia. El alto tribunal está ya deliberando.

Landaida, fuera de Emakunde

Este nombramiento ha sido confirmado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada este martes. El Ejecutivo también ha anunciado el cese de Izaskun Landaida al frente de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Landaida llevaba una década al frente de este organismo, inicialmente dependiente directamente de Presidencia y ahora dentro del organigrama del nuevo Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por Beatriz Artolazabal. Ese tránsito no estuvo exento de críticas. Miren Elgarresta Larrabide (Zumarraga, 1965) se hace cargo de Emakunde. Era hasta ahora la directora general de Igualdad en la Diputación de Gipuzkoa.

Precisamente el tránsito contrario, de la cartera de Artolazabal a Presidencia, hace la Dirección de Juventud. Como ya explicó este periódico, Urkullu quiere dar prioridad a estas políticas y las asumirá en primera persona dentro de la estructura de Transición Social y Agenda 2030, dirigida por Jonan Fernández. Sin embargo, el cambio implica un nuevo nombramiento, el de Miren Saratxaga de la Isla (Amurrio, 1983), que sustituye a Agurtzane Llano, de baja por “problemas personales”. “Me gustaría poner en valor el trabajo de ambas”, ha señalado Artolazabal. Sobre Emakunde, ha destacado el “alto consenso” que suscitó la nueva ley de igualdad, recientemente salida del Parlamento. “Llegados al ecuador de la legislatura, con Elgarresta damos inicio a una nueva etapa”, se ha limitado a apuntar la consejera sobre la salida de Landaida. Ya en respuesta a preguntas de los periodistas, ha insistido en que “ha hecho un gran trabajo” pero ha indicado que “era necesario impulsar un cambio”. “Necesitamos un perfil diferente. Ni mejor ni peor. Que nos ayude a poner en marcha todos esos retos de la ley”, ha apostillada.

Artolazabal ha defendido la aparente contradicción de mover Juventud a Presidencia cuando en su momento se defendió como adecuado sacar de ahí Igualdad. “Los valores de la igualdad ya están instaurados”, ha señalado mientras Juventud ha de ser algo más que “ocio y tiempo libre” para pasar a ser una política “transversal” y liderada por el propio lehendakari, con políticas de empleo o vivienda. “Desde Lehendakaritza se va a coordinar mejor”, ha indicado la consejera.

Landaida, por su parte, se ha despedido con una carta en redes sociales. “Admiro Emakunde desde que tengo conciencia feminista”, arranca la misiva, en la que también señala que queda camino para la igualdad entre mujeres y hombres. “Suerte, Miren, recibe el testigo de este tesoro”, remata Landaida, quien asegura haber llorado, reído y trabajado de manera constante en esta década.

Fue una de las medidas anunciadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su intervención en el pleno de política general del Parlamento Vasco, celebrado este jueves. En concreto, fue la número 28 de un listado de 40. “Quiero anunciar que la Dirección de Juventud, desde la próxima semana, se incrustará en la estructura de Presidencia dentro de la secretaría general de Transición Social y Agenda 2030”, señaló Urkullu. El relevante cambio quedó sepultado por otros titulares de corte económico o estatutario, pero supondrá nuevas funciones para el asesor del lehendakari Jonan Fernández (Tolosa, 1962), una figura que le ha acompañado desde que accedió a Ajuria Enea en diciembre de 2012 y que, en los últimos años, se ha convertido en su referencia para casi todo, desde la gestión del final de ETA hasta la coordinación del seguimiento de la pandemia pasando por el envejecimiento de la población.

“El lehendakari entiende que Juventud es un ámbito en el que él quiere involucrarse personalmente y la elección de Jonan era la idónea por su faceta transversal”, explican fuentes de la Presidencia vasca. Destacan, además, que la cartera actual de Fernández ya asume las competencias en materia de reto demográfico y que, con este cambio, no se creará ningún nuevo cargo. “Para el lehendakari es uno de los ejes fundamentales y lo ha querido tener aquí”, insisten estas fuentes. Juventud saldrá del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigida por la consejera Beatriz Artolazabal, con una modificación de los decretos de estructura que será aprobada si da tiempo en el próximo Consejo de Gobierno (martes 27 de septiembre) o a más tardar en el siguiente. En el pasado, Juventud dependió del Cultura. De hecho, en aquella época se produjeron las contrataciones irregulares con la trama de empresas del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, y que motivó una condena de prisión ahora recurrida ante el Tribunal Supremo para quien fuera director de Juventud con Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles.

Fernández se inició en el activismo en la década de 1980 con la coordinadora Lurraldea, de oposición a las obras de la A-15, la autovía entre Donostia y Pamplona a través de Leitzaran a la que también se oponía ETA, que llegó a cometer atentados mortales con ese pretexto. El ahora alto cargo de la Presidencia vasca a propuesta del PNV fue concejal por Herri Batasuna (HB, la marca entonces de la izquierda abertzale) entre 1987 y 1991 en su Tolosa natal. Después, se volcó en Elkarri y Baketik, plataformas ambas en defensa de los derechos humanos. No sin polémica por su pasado, accedió a principios de 2013 a la responsabilidad de dirigir las políticas de víctimas, paz y convivencia en el nuevo gabinete de Urkullu, un puesto que ha tenido diferentes denominaciones.

Fueron dos legislaturas al frente de esa oficina. En la primera se produjo la abrupta salida de Txema Urkijo, que se había mantenido de 'número dos' desde la etapa anterior a la de Fernández, la de Maixabel Lasa, responsable de víctimas tanto con el socialista Patxi López como con el 'jeltzale' Juan José Ibarretxe. Incluso el PSE-EE, que ahora es socio de Gobierno del PNV, cuestionó algunos planes salidos desde el Ejecutivo al entender que alimentaban la denominada teoría del conflicto, es decir, que ETA actuaba pero que frente a ella tenía otro bando que igualmente ejercía la violencia. En este tiempo también se pusieron las bases de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco con sede en Bilbao y que es coetáneo al Memorial del Gobierno de España, con sede en Vitoria. Tienen enfoques diferentes: el primero abarca las víctimas del terrorismo pero también las de la Guerra Civil, la dictadura o la violencia policial y el segundo se limita a las primeras (no sólo a ETA, también al GAL, al Grapo o a grupos de extrema derecha).

Con Fernández se produjeron tanto el desarme como el final de ETA y en 2020 Urkullu cambió de raíz las políticas de memoria una vez superados esos hitos. La secretaría y Gogora pasaron al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Artolazabal y con José Antonio Rodríguez Ranz, procedente de la Universidad de Deusto, al frente de esta materia con rango de viceconsejero. El cambio no solamente ha sido nominal sino de enfoque, ya que desde 2020 se han realizado actos de reconocimiento a la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y otros colectivos amenazados por ETA y se ha continuado con el reconocimiento paulatino de las víctimas de violencia policial.

Pero el cambio orgánico no supuso la salida de Fernández. Se creó para él un nuevo cometido: ahora es el de secretario general de Transición Social y Agenda 2030. Desde esa cocina controla todos los planes estratégicos del Gobierno y es uno de los más estrechos colaboradores del lehendakari en el gabinete de Presidencia junto con Txus Peña, Manu Castilla, Luis Petrikorena, Iñaki Bernardo o la exconsejera Cristina Uriarte. Tan es así que, tras el primer estado de alarma por la COVID-19 con mando único estatal, Urkullu comisionó a Fernández para coordinar las políticas autonómicas contra la pandemia. Su misión era dinamizar la mesa técnica de cargos sanitarios, expertos y de otros ámbitos que asesoraba a la mesa de crisis política interinstitucional, el denominado Labi. Se sentaba al lado del lehendakari y al mismo nivel que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. En las sucesivas olas del coronavirus, Fernández ejercía como portavoz en medios de comunicación o en el Parlamento y la oposición cuestionó su capacitación técnica para esa función. Sin embargo, cuando la llegada de ómicron forzó a volver a decretar durante unos meses la emergencia sanitaria Urkullu ya decidió situar toda la responsabilidad en manos de la consejera del ramo.

Con el cambio a Presidencia de Juventud, según manifestó Urkullu ante la Cámara, se dotará de “prioridad” a una política que considera imprescindible y se buscará “coordinar” actuaciones en materia de educación, vivienda o políticas sociales, entre otras. La gran promesa es que baje de 30 a 28 años la edad media de emancipación y lograr que se incremente la tasa de natalidad en una sociedad altamente envejecida, según verbalizó el propio lehendakari. Se da la circunstancia de que al inicio de la legislatura Urkullu sacó de Presidencia y envió a la cartera de Artolazabal las políticas de Igualdad, principalmente el Instituto de la Mujer (Emakunde), y que rechazó las críticas de la oposición, que protestó por el ajuste con argumentos muy similares a los que ahora se usan para defender el cambio en Juventud.

El asesor del lehendakari y coordinador del comité técnico que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el órgano conocido como Labi), Jonan Fernández, ha confirmado este miércoles en el Parlamento Vasco que el Gobierno trabaja con la “hipótesis” de de que “a principios de octubre” haya un “salto cualitativo” en la relajación de medidas contra la COVID-19 en Euskadi. Como adelantó este periódico, Iñigo Urkullu tiene sobre la mesa la opción de levantar la emergencia sanitaria en esas fechas, aunque Fernández no ha sido tan explícito. Este régimen excepcional lleva activado desde mediados de agosto de 2020, cuando se retomó después de que en junio finalizara el primer estado de alarma.

Según ha indicado, ahora mismo el Labi maneja un “esquema” con ese horizonte siempre que la tendencia de la incidencia de la pandemia siga siendo descendente, aunque Fernández ha destacado que lleva “53 días” de caída. Ese planteamiento tiene dos fases. “A mediados de septiembre, plantear un avance significativo en la relajación de algunas de las medidas en vigor [ya anunciadas la pasada semana y en marcha desde el sábado] y a principios de octubre volver a valorar la situación y contemplar un segundo paso en la recuperación de un funcionamiento social más normalizado”, ha señalado Fernández, aunque en su anterior comparecencia parlamentaria ofreció también unos plazos que luego se han visto acelerados en la práctica, como él mismo ha admitido.

El lenguaje acuñado por el Labi es que Euskadi está inmersa ahora en una fase de “transición” hacia una “consolidación” de un escenario de “relajación significativa” de medidas en lo tocante a “horarios, aforos, desarrollo y estructuración de diferentes actividades”. Eso sí, avisa Fernández de que toca seguir con medidas de prevención como las mascarillas para que de la “transición” se salte verdaderamente a la “consolidación” de la “actividad social normalizada”. En todo caso, ha querido incorporar una cierta dosis de prudencia en medio del optimismo generalizado, ya que “no deben olvidarse los factores de incertidumbre” de un virus, básicamente su “imprevisibilidad” debido a “su elevada capacidad mutación” o el “déficit de vacunación en amplias áreas del planeta”.

Fernández ha hecho estas consideraciones en una jornada en la que se han notificado 138 nuevos casos de COVID-19 con una positividad del 1,7%. Son ya varias jornadas consecutivas con este indicador por debajo del 2% cuando es el 5% el umbral crítico. La tasa de incidencia se sitúa ya en 109 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, muy cerca ya del nivel más bajo de la emergencia sanitaria, 99. Álava, por ejemplo, lleva ya varias jornadas por debajo de ese umbral. En la UCI hay 47 personas en estado crítico, tres menos que este martes. Finalmente, el 86,8% de la población vacunable (mayores de 12 años sin contraindicaciones) tiene ya la pauta completa. “En un plazo corto de tiempo se va a superar el 90%”, ha explicado Fernández.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

La oposición en pleno ha planteado este miércoles en la comisión de Salud del Parlamento Vasco, con mayor o menor intensidad, que con el avance de la vacunación y la caída de la incidencia desde el pico de finales de julio es momento de relajar restricciones. Enfrente, Jonan Fernández, el asesor del lehendakari y coordinador de la comisión técnica que apoya a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el órgano conocido como Labi), ha dado un margen de “quince días” para que se “consolide” el descenso de la transmisión antes de pensar en ampliar horarios, aforos y actividades y ahora prohibidas. “Lo prudente es esperar”, ha pedido. El actual decreto entró en vigor hace solamente siete días y, como ejemplo, hace que en los estadios vascos el público máximo sea del 30% y no del 60% como en el resto de España.

“Nos podemos encontrar con cualquier sorpresa a partir de ahora. ¿Por qué no decimos las medidas [que adoptaremos] en quince días? Tenemos dudas de la evolución. Queremos comprobar que la consolidación de la situación actual permite dar una serie de pasos. Entretanto, mucha cautela y mucha prudencia”, ha enfatizado Fernández en respuesta a las peticiones de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox. Ha remarcado que los próximos días serán “cruciales” y particularmente ha pedido margen para analizar el efecto del inicio del curso escolar.

De hecho, les ha recordado la 'sorpresa' del verano, al que se llegó con el 50% de la población diana vacunada y una tasa de incidencia menor que nunca en la segunda emergencia sanitaria, por debajo de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y no ha descartado que no pueda volver a ocurrir. “Trabajamos con escenarios y con el factor de imprevisibilidad. A mediados de junio estábamos con 100 de incidencia acumulada. El Ministerio de Sanidad nos decía que la variante delta era el 1% de los casos. En aquel momento la hipótesis era que, con un 50% de vacunación, íbamos a ser capaces de responder a lo que viniera. No contemplábamos una ola como la que hemos vivido. No la contemplaba nadie en Europa”, ha insistido Fernández llamando a la cautela.

No obstante, en su intervención inicial Fernández ha destacado el avance tras el pico del verano. La tasa de incidencia actual es de 223, lejos de los 873 del 30 de julio. En la UCI hay 60 pacientes en estado crítico este miércoles cuando el máximo llegó a 82. Y la vacunación llega al 83% de cobertura entre los vacunables, mayores de 12 años sin contraindicaciones. “Con dificultades y obstáculos hemos conseguido revertir esta tendencia”, ha afirmado. Como “objetivo intermedio e inmediato” ha planteado que la tasa caiga ya de 150. Eso sí, el reto es que llegue al umbral que se considera como epidemiológicamente asumible, 60. “El reto específico del Labi durante las próximas semanas y meses es valorar en qué momento esta enfermedad deja de suponer una afección crítica para el funcionamiento de la sociedad. Este análisis puede suponer un punto de inflexión en la gestión de la pandemia”, ha apuntado.

Desde la oposición, EH Bildu ha pedido cambiar de 'chip' y romper con las “inercias” de marzo de 2020. También la coalición ha orillado su exigencia de una estrategia de “cero COVID” al estilo de los países de Asia u Oceanía y reclama, con las vacunas ya generalizadas, “dejar las restricciones y las prohibiciones y pasar a la prevención”. “Prohibiciones, prohibiciones y medidas restrictivas. No medidas preventivas. El Labi va a lo fácil. Ha orillado lo complejo”, ha planteado Rebeka Ubera, que entiende que “no se puede mantener a la sociedad a largo plazo con las medidas actuales” y que toca “aprender a convivir con el virus” y no a “erradicarlo”. Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha insistido en que las medidas han de ir más allá del control de “botellones” y ha pedido una evaluación concreta de qué funciona y qué no, así como una valoración de su impacto “socioeconómico” en sectores afectados. Ha alertado, asimismo, de la afección de la atención a la COVID-19 en otros aspectos de la Sanidad vasca, tales como la atención primaria, las residencias o la salud mental. “En otras comunidades se ha tomado la decisión de ir a una apertura con prudencia pero con horarios más flexibles. Creemos que tendrían que flexibilizarse las condiciones en la hostelería, con prudencia, obviamente”, ha propuesto Laura Garrido, de PP+Cs.

Bromeaba un veterano del Departamento de Seguridad que el Labi, un sistema ideado en 1997, había estado activado decenas de veces por emergencias meteorológicas o similares en Euskadi sin que nadie le haya prestado nunca la más mínima atención. Pero en la pandemia, reconvertido en mesa de crisis de la emergencia sanitaria y en órgano que endurece y suaviza las restricciones contra la COVID-19, las reuniones del Labi atraen miradas y son retransmitidas en directo por radio y televisión.

Hay que buscar un viejo Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del 24 de junio de 1997 para hallar el decreto 153/1997 por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, al que se le pone el nombre en euskera de Larrialdiei Aurregiteko Bidea, de donde surgen las siglas Labi (que no LAB, como el sindicato). Esa norma permite al lehendakari asumir para sí la dirección de la emergencia en caso de que revista especial gravedad o en caso de que ejerza de autoridad delegada en aplicación de un estado de alarma, supuestos ambos que se han dado en estos meses. Y le acompaña un “consejo asesor”, en la que ha de estar representada la Administración del Estado por motivos de coordinación.

Ese consejo asesor del Labi -conocido como el Labi “político”- está presidido por el propio lehendakari y se ha reunido 30 veces en lo que va de pandemia, 12 en la primera fase (de marzo a mayo de 2020) y 18 desde que en pleno agosto de 2020 se retomó la emergencia sanitaria. Le acompañan los consejeros de Seguridad (el vicelehendakari Josu Erkoreka), de Salud (Gotzone Sagardui) y de Gobernanza Pública y Autogobierno (Olatz Garamendi, responsable el área que controla el desarrollo normativo y el BOPV). Hay otros cuatro consejeros en calidad de “invitados”, el de Educación (Jokin Bildarratz), el de Transportes (Iñaki Arriola), el de Cultura (Bingen Zupiria, que es también el portavoz) y el de Turismo, Comercio y Consumo (Javier Hurtado, al que compete el sector de la hostelería).

Representando a Salud también participan el ‘número dos’ de Sagardui, el viceconsejero José Luis Quintas, y la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo. Asimismo, están presentes los tres diputados generales, Ramiro González (Álava), Markel Olano (Gipuzkoa) y Unai Rementeria (Bizkaia). Y, con ellos, los alcaldes de las capitales: Juan María Aburto (Bilbao), Eneko Goia (Donostia) y Gorka Urtaran (Vitoria). Este último es, al mismo tiempo, presidente de la asociación que engloba a todos los municipios, Eudel. El representante estatal es Denis Itxaso, delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

Con ellos se sienta también Jonan Fernández, asesor del lehendakari y comisionado como responsable de lo que se conoce como ‘Bizi Berri’, el documento que recoge los diferentes escenarios de la pandemia y que lleva ya cuatro versiones. A su vez, es el coordinador del comité científico-técnico que asesora al Labi político. Fernández, en las dos legislaturas anteriores de Urkullu, había sido el responsable de Derechos Humanos, cargo que daba continuidad a su trayectoria social anterior.

En noviembre, participaban en ese comité asesor Iñaki Berraondo (entonces viceconsejero de Salud), Josu Zubiaga (viceconsejero de Seguridad), Sabino Torre (viceconsejero de Régimen Jurídico), Ana Collazos (coordinadora de Prevención de Osakidetza), Koldo Cambra, Enrique Peiró y Joseba Bidauzarraga (todos cargos del área de Salud Pública), Esteban de Manuel (de Kronikgune), Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea (de BIOEF), Arantzazu Arrospide y Gustavo Cilla (cargos de Osakidetza). Repite respecto a la mesa de crisis Rosa Pérez Esquerdo, la directora general del Servicio Vasco de Salud. Hubo de dimitir en febrero Ibon Etxeberria, que saltó las normas vigentes para ir a jugar al golf.

Esta semana el Labi político está convocado para el jueves, 22 de julio. Sobre la mesa, la posibilidad de endurecer las medidas en vigor en un contexto de gran subida de los contagios, particularmente entre la población más joven y no vacunada. Antes, lunes y miércoles probablemente, se celebrarán sesiones de trabajo del comité científico-técnico.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

El Gobierno vasco (PNV y PSE-EE) ha aprobado este martes el decreto que dará inicio en un plazo breve de tiempo -aunque no hay una fecha concreta- al procedimiento para la “reparación” administrativa de las víctimas de violencia policial en democracia (desde 1978 y 1999) reconocidas en la ley de 2016 modificada en 2019 para dotar de mayor “seguridad jurídica” al texto y que no suplante a los tribunales. Sobre esta normativa pesan sendos recursos de inconstitucionalidad impulsados por PP y Ciudadanos, pero el Ejecutivo de Iñigo Urkullu defiende que el texto “está en vigor” y que esas impugnaciones no son “suspensivas”. Añade que la modificación del pasado año fue fruto de un acuerdo con el Gobierno de España (de Pedro Sánchez) para suavizar las aristas más polémicas de la normativa de víctimas policiales y que motivó la retirada del recurso anunciado (por Mariano Rajoy) ante el Tribunal Constitucional, que sí hubiese tenido efectos suspensivos.

El plazo para la solicitud de las indemnizaciones previstas -de hasta 390.000 euros- ya está abierto y finalizará el 26 de septiembre de 2021. Por el momento, el Gobierno ha recibido ya del orden de 200 expedientes que tendrá que analizar la comisión de valoración creada al efecto ya en 2018 y que componen Monika Hernando -del área de Derechos Humanos del Ejecutivo-, Jon Mirena Landa, Benito Morentín y Paco Etxeberria. Además, esta normativa permitirá retomar casos ocurridos entre 1960 y 1978 que, por diferentes circunstancias, quedaron fuera del período de reparación abierto durante el mandato de Patxi López. Son otros 100 expedientes y el plazo límite en estos supuestos más antiguos se cerrará el 16 de abril.

El decreto establece que la “vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política” se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que “reconozca la realidad de unos hechos ilícitos” o “subsidiariamente” mediante “cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”. Es precisamente este punto el que hizo saltar a la derecha y de sindicatos policiales, que entendían que Euskadi -y Navarra, con una regulación similar- buscaba suplantar a los tribunales para reconocer víctimas policiales y equipararlas con los asesinados de ETA, muchos de ellos agentes del orden.

Precisamente por ello, fruto de las negociaciones con el nuevo Gobierno socialista, la normativa se ajustó y, según Jonan Fernández, responsable de Derechos Humanos, ahora cumple con creces con las exigencias de seguridad jurídica. Ha explicado que se regula expresamente “la prevalencia de los jueces frente a lo que haga la comisión de valoración, que no puede revisar o rectificar un procedimiento judicial finalizado”. “En ningún caso se produce una invasión de la función jurisdiccional”, ha recalcado para añadir que es una ley “asistencial” exactamente del mismo alcance que las de amparo a las de víctimas del terrorismo o de la Guerra Civil y la dictadura.

El decreto (artículo 7) indica que se “denegarán” las solicitudes de casos que ya hayan sido resueltos -uno archivado sí podría estudiarse- y que se preservarán los derechos al honor y a la presunción de inocencia de los agentes policiales denunciados. Además, la comisión analizará no sólo la solicitud sino otros informes médicos, expedientes judiciales o información de archivos o prensa de la época. Como dato, en el proceso anterior fueron aceptadas del orden de ocho de cada diez peticiones, alrededor de dos centenares.

El trabajo de la comisión finalizará en septiembre de 2023, dos años después de cerrado el plazo de solicitudes. El decreto obliga a que se presente un “informe final” de conclusiones si bien se irán conociendo datos anuales preliminares. En ese trabajo se recogerán las entrevistas realizadas a las víctimas, una de las labores fundamentales de los miembros de la comisión.

Los materiales educativos preparados por el Gobierno vasco para explicar en institutos la historia más reciente de Euskadi (1960-2018) y, en particular, el papel de ETA se han visto envueltos en la polémica este jueves al entender los partidos políticos no nacionalistas y las asociaciones de víctimas que no deslegitima el terrorismo con firmeza y que alimenta la “teoría del conflicto”. Singularmente, incluso el socio del PNV en el Ejecutivo, el PSE-EE, ha salido al paso para pedir una revisión de esta unidad didáctica de modo que la condena a ETA sea “clara y nítida”.

El programa, llamado 'Herenegun!' ('¡antes de ayer!', en euskara), está destinado a estudiantes de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato y se incorporará al temario de la asignatura de Historia. Consta de piezas audiovisuales tomadas de documentales emitidos por EiTB ('Las huellas perdidas') y de cuadernos, todo ello supervisado por Juan Pablo Fusi, Mari Carmen Garmendia y Mariano Ferrer. La intención del Gobierno es ponerlo en marcha como experiencia piloto en ocho institutos antes del final del presente curso académico 2018/2019, someterlo a evaluación y valorar su extensión al conjunto del sistema educativo.

'Herenegun!' fue presentado el 11 de octubre, pero no ha sido hasta una semana después cuando ha surgido la polémica y se han sucedido las críticas contra las áreas de Derechos Humanos y Educación del Gobierno vasco. El PSE-EE, que cogobierna con el PNV, también ha denunciando el sesgo del material y ha pedido cambios a sus socios para que el mensaje de rechazo al terrorismo llegue a las aulas de modo “claro y nítido” porque ETA “jamás debió ocurrir”. Se trata de una grieta en la coalición entre nacionalistas y socialistas que se une a la suscitada por la propuesta de reforma del Estatuto que el PNV ha pactado con EH Bildu, si bien en ese campo el acuerdo de Gobierno ya contemplaba la libertad de movimientos de los socios.

Más duro que los socialistas ha sido el PP. Borja Sémper, uno de los participantes de 'Las huellas perdidas' y, por lo tanto, una de las voces de los materiales audiovisuales de 'Herenegun!', ha indicado que el plan del Gobierno busca “inocular” a los escolares la “teoría del conflicto”. Según Sémper, si el plan no se modifica y se llevan a las aulas voces de exmiembros de ETA pero no de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el colectivo más castigado por la violencia, los escolares podrán “creer que ETA tuvo alguna justificación o que su terrorismo estuvo contextualizado en un supuesto conflicto”. Sémper ha pedido que su parte en los vídeos sea retirada.

Covite y la AVT, asimismo, entienden que el módulo educativo “manipula” la historia al omitir el “significado político de las víctimas”. “Se cuenta la historia de tal manera que implícitamente es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos lados”, entienden las asociaciones de víctimas. Uno de los puntos que más critican es que las fuerzas de seguridad no salgan “bien paradas” como víctimas mientras se contextualiza la actividad de ETA con la existencia de “represión policial”. La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha hecho público un comunicado en el mismo sentido apoyado por 19 entidades, informa Efe.

Esta cascada de reacciones ha motivado una comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación del secretario de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, quien ha querido negar de manera categórica que no se persiga la deslegitimación de ETA. Hablar del GAL o la tortura, ha argumentado, no supone “mezclar ni equiparar”. “Ningún hecho terrorista puede encontrar pretexto alguno”, ha incidido el alto cargo del gabinete de Iñigo Urkullu, que ha insistido en que las exmiembros de ETA cuyas voces aparecen están “alejadas de la violencia”. Sobre Sémper, Fernández ha lamentado que no quiera participar porque su testimonio es “muy valioso” al reflejar una “visión durísima” de una persona amenazada por la banda terrorista desde muy joven por militar en el PP.

Según Fernández, el Gobierno vasco no retirará 'Herenegun!', pero se ha mostrado abierto a retocarlo. Hasta el 16 de noviembre, los partidos políticos y el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, entre otros agentes educativos, tienen margen para realizar aportaciones.

El anuncio del anuncio del final de ETA, que previsiblemente se producirá el primer fin de semana de mayo, ha copado los comentarios de pasillo durante la celebración de la sesión plenaria de este jueves en el Parlamento vasco. Representantes institucionales y políticos vascos han coincidido en exigir “claridad” a la organización terrorista en su comunicado final. El Gobierno central, por su parte, ha considerado que se si concreta el anuncio de la disolución de ETA será “la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo” que es “desde la firmeza del Estado de derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley”, informa Efe.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sido esquivo cuando los periodistas le han abordado a su llegada a la Cámara para conocer su versión sobre el anuncio. “Que diga lo que tenga que decir”, ha despachado amablemente antes de continuar su camino hacia el escaño. Sí ha comparecido ante los medios de comunicación su secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, quien desde el Parlamento ha reclamado “claridad” a ETA en los “términos” de su final, especialmente “respecto al pasado” y la asunción de responsabilidades por cinco décadas de terrorismo, más de 800 asesinados y miles de heridos, amenazados o secuestrados.

Según Fernández, el adelanto de un posible final de ETA “es un hecho relevante” y, “si se confirma”, algo “muy positivo”. En todo caso, el Gobierno de Urkullu prefiere “no entrar en especulaciones” en torno al calendario o al formato de esta capitulación. En principio, será el próximo lunes por la tarde en la localidad vascofrancesa de Baiona cuando los intermediarios del Grupo Internacional de Contacto del abogado sudafricano Brian Currin y las organizaciones Foro Social y Bake Bidea ofrezcan los detalles de lo que ocurrirá en las próximas semanas. Se prevé que el 4 de mayo se produzca algún tipo de evento similar al de Aiete en 2011 y que constituyó una pista de aterrizaje para que la banda decretara entonces el final de su actividad armada. En 2017, asimismo, el desarme se escenificó igualmente con un acto popular en Iparralde.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha sido un poco más extenso en sus reflexiones y, además de reclamar esa “claridad”,  ha pedido “valentía” a ETA de forma que no traslade su responsabilidad en “todo el sufrimiento generado en este país” a sus presos. “ETA debe aprovechar el día de su disolución para responsabilizarse de todas sus acciones y de todo el sufrimiento causado. Que tenga el coraje y la valentía de asumir su responsabilidad y no transferírsela a los presos”, ha planteado.

Juan Ignacio Zoido

Alfonso Alonso

Idoia MendiaLander Martínez

Tras cursar una petición formal, tres portavoces de la plataforma Gure Esku Dago, que defiende el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, se han reunido este jueves con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con su secretario de Convivencia, Jonan Fernández, para exponerles su 'hoja de ruta' que, en el año de su quinto aniversario y con Catalunya de fondo, llevará las consultas populares por primera vez a una capital vasca, concretamente a Donostia. Urkullu, en un pequeño cuaderno negro, ha tomado nota de las propuestas de Gure Esku Dago y les ha mostrado su “respeto” por una reivindicación “legítima” como es el derecho a decidir, si bien el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE que él preside no secundará oficialmente ninguna de las consultas o actividades paralelas.

Antes del encuentro, la representante de Gure Esku Dago Zelai Nikolas ha destacado en los pasillos de la sede de la Presidencia vasca “la importancia que tiene el derecho a decidir” y más en 2018, con el recuerdo de Catalunya muy cercano y con la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco encarando años después de su puesta en marcha (y tras muchos retrasos) su fase decisiva. Sin embargo, Nikolas ha esquivado conceptos como “independencia” o “referéndum” y, preguntada por los periodistas, no ha aclarado si ve o no en Urkullu un aliado para llevar al País Vasco a un proceso similar al catalán, donde la ANC ha colaborado de manera activa con partidos nacionalistas e instituciones.

“El lehendakari es el lehendakari de todos como el derecho a decidir es un instrumento que necesitamos para todos. En ese sentido, [buscar] los caminos para materializarlo es un trabajo entre todos. Nosotros aportamos, ofrecemos nuestra complicidad y apoyo, y luego tendremos que acordar entre todos la vía para el ejercicio [del derecho a decidir]”, ha respondido Nikolas preguntada por el posicionamiento de Urkullu, que se ha distanciado claramente del modelo catalán al defender el derecho a decidir pero tras un pacto con el Estado y dentro de los cauces legales. Y, a la siguiente pregunta -si traía alguna exigencia para el Gobierno vasco-, Nikolas ha indicado que su presencia en Lehendakaritza se limitaba a “explicar un poco cuál es la posición de Gure Esku Dago”. Y ha añadido: “Gure Esku Dago no hace interpelaciones. Miramos a nosotros mismos. Como dice nuestro 'lelo' [lema], está en nuestras manos”, ha manifestado la portavoz.

Fuentes del Gobierno han destacado el tono cordial y constructivo de la reunión, pero han puntualizado que ha sido Gure Esku Dago quien ha presentado su 'hoja de ruta' y que el Ejecutivo no ha adquirido ningún compromiso con la plataforma. El lehendakari, según estas mismas fuentes, “respeta” la iniciativa, la considera un movimiento social “legítimo”, pero no le prestará ningún apoyo oficial en el calendario de actos previsto para 2018, que incluye una nueva oleada de consultas en primavera, un gran acto en junio que culminará en Vitoria y la primera votación en una capital, Donostia, este otoño. Hasta ahora ha habido urnas en 180 localidades, donde viven alrededor de 780.000 personas.

Los equilibrios del PNV

La relación del PNV con Gure Esku Dago es muy distinta a la de la antigua Convergència con la ANC. En el partido nacionalista son muy conscientes de cómo el movimiento popular ha acabado por desmontar las estructuras tradicionales de su partido hermano en Catalunya y su presencia en actos de Gure Esku Dago, que no es infrecuente, se ha limitado a decisiones personales, como cuando Andoni Ortuzar se sumó a la primera cadena humana o como cuando la consejera Arantxa Tapia votó en una de las consultas convocadas. Recientemente, el dirigente 'jeltzale' Koldo Mediavilla ha acusado a la izquierda abertzale y al sindicato ELA de instrumentalizar Gure Esku Dago al haber convertido una reciente manifestación en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya en un acto “contra el PNV” por sus pactos con el Gobierno del PP.

En estos últimos meses, el PNV ha hecho equilibrios entre el apoyo de la autodeterminación de Catalunya, los pactos con el PP, la mediación para que Carles Puigdemont no declarase la independencia unilateral y convocase elecciones anticipadas para evitar el 155 o el anuncio de un acuerdo en pro del derecho a decidir en el Parlamento vasco. En este sentido, la ponencia parlamentaria se volverá a reunir el 7 de febrero , fecha en la que se supone que se conocerá la letra pequeña de las propuestas de cada partido -que inicialmente habían sido anunciados para el 31 de enero-. Las diferencias en torno al derecho de autodeterminación es precisamente el mayor punto de fricción del PNV con su socio de Gobierno, el PSE-EE, si bien es una discrepancia pactada y existe el mutuo convencimiento de que el posible tensionamiento en esta materia nunca llegará a romper la sintonía en todos los demás asuntos.

El Gobierno vasco hará encaje de bolillos para iniciar en 2018 el reconocimiento de las víctimas de violencia policial a pesar del recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre toda la ley aprobada en el Parlamento Vasco en 2016 y a pesar también de que varios artículos de importancia son inaplicables por estar suspendidos mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional a instancias de la Abogacía del Estado. Según ha explicado el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, en el Parlamento Vasco, donde ha comparecido para explicar los presupuestos de su oficina de cara al próximo año, es intención del Ejecutivo constituirel próximo año la denominada “comisión de valoración” encargada de atender las solicitudes e iniciar ya el pago de las indemnizaciones previstas en la ley en caso de que se acredite la condición de víctima con algún tipo de resolución judicial (que no sentencia) o administrativa

Fernández ha reconocido que existen partes de la ley suspendidas, pero ha indicado que el resto de las disposiciones se pueden ir aplicando para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de atender a “todas” las víctimas, sean del terrorismo o de otras violencias. De hecho, en los presupuestos de 2018 se ha previsto una primera partida presupuestaria de 1,4 millones de euros, como publicó eldiarionorte.es la pasada semana, si bien fuentes gubernamentales ven complicado que la comisión, aunque inicie sus trabajos, pueda resolver las solicitudes ya en 2018. 

El principal punto de fricción entre el Estado y la comunidad autónoma en torno a esta ley -el Gobierno central ve legítimo y “loable” establecer medidas reparadoras para este colectivo- radica en que se interpreta que Euskadi no puede investigar por vía administrativa abusos policiales por encima de los tribunales y de su sistema de garantías. El recurso de la Abogacía del Estado, de hecho, pretende que el Tribunal Constitucional tumbe el conjunto de la ley, si bien la suspensión cautelar hasta que llegue la sentencia sólo afecta a una parte del articulado, más en concreto a muchas de las disposiciones que regulan el trabajo de la comisión de valoración.

La oficina de Derechos Humanos reconoce que los casos que podrán ser atendidos, los que ya tengan una resolución judicial o administrativa que acredite su condición de víctimas y sortee las dudas competenciales sobre el resto de expedientes, serán los menos, aunque entienden que es su obligación iniciar el proceso de reconocimiento e indemnización. En paralelo, el Gobierno vasco mantendrá la batalla jurídica para evitar que el Constitucional tumbe la norma. La oficina de Fernández sostiene que se trata de un texto ajustado al derecho internacional aplicable en la materia y que las normativas de reconocimiento de las víctimas del terrorismo funciona de manera similar sin que se entienda que suplanta el papel de los tribunales.

Durante la comparecencia parlamentaria, Fernández también ha explicado que en 2018 el Gobierno iniciará los trámites para la aprobación del derecho dirigido a promover la reinserción de los presos condenados por terrorismo, con el que se pretende dar “cobertura” normativa a estos precesos que incluirían el acercamiento de los reclusos de ETA. La competencia de Prisiones y también la de política penitenciaria no está en manos del Ejecutivo autonómico sino del Estado. Precisamente el traspaso de la gestión de las tres cárceles vascas constituye, junto con la Seguridad Social, una de las demandas del Gobierno de Iñigo Urkullu al presidente Mariano Rajoy para completar, casi cuatro décadas después, el Estatuto de Gernika.

El pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado martes 23 de mayo admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central del PP contra la ley vasca de reconocimiento de las víctimas de violencia policial aprobada por el Parlamento autonómico el verano del pasado año, según ha comunicado este lunes. El acuerdo supone la suspensión cautelar automática sólo de una docena de disposiciones y no de toda la norma, si bien estos artículos representan el corazón de la iniciativa ya que imposibilita el reconocimiento de nuevas víctimas por parte de una comisión de valoración prevista en la ley y que el Estado interpreta que suplanta el papel de los tribunales de justicia.

La admisión a trámite supone la apertura de un plazo de “quince días” para que las partes implicadas, Gobierno y Parlamento vascos incluidos, puedan “personarse en el proceso y formular alegaciones”. A partir de ahí, la suspensión cautelar de los artículos se mantendrá vigente durante cinco meses prorrogables. No hay plazo concreto, sin embargo, para que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Una ley similar de Navarra lleva pendiente de sentencia varios meses.

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, recurrió el conjunto de la normativa al entender que choca con 11 artículos de la Constitución y después de que los Gobiernos central y vasco no alcanzaran ningún acuerdo de interpretación durante los seis meses en que se mantuvo abierta la preceptiva comisión bilateral de negociación, una solución política prevista en la normativa procesal para evitar recursos de inconstitucional. El Estado sostiene que la ley persigue un objetivo “loable” al prever ayudas para las víctimas de las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999 (ya se reconoció a las anteriores a 1978) pero entiende que la comisión de valoración de víctimas promovida por Euskadi no puede arrogarse el papel de los tribunales y reconocer derechos sin que medie un procedimiento judicial garantista y que respete derechos de los victimarios como el honor y la presunción de inocencia.

Para el responsable de Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, este argumentario jurídico es simplemente una “excusa” para no reconocer a unas víctimas muy concretas. Defiende que la comisión administrativa tiene cabida en el derecho internacional y que es un mecanismo similar al que se emplea con los damnificados por el terrorismo de ETA. Asimismo, Fernández ya ha manifestado que es voluntad de Euskadi tratar de aplicar la parte no suspendida de la norma (pero sí recurrida) en la medida de lo posible.

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue manteniendo que no conoce la literalidad del recurso interpuesto por el Estado ante el Tribunal Constitucional contra la ley vasca de reconocimiento a las víctimas policiales entre 1978 y 1999, pero ha afirmado en rueda de prensa que “el recurso está construido sobre pretextos porque hace decir a la ley lo que no dice para luego tacharla de inconstitucional”. Según el colaborador del lehendakari, Iñigo Urkullu, el intento de bloqueo de esta normativa que completa el puzle de reparación de las víctimas de ETA, del GAL y de la Guerra Civil y de la dictadura, es una decisión política del Gobierno del PP, una “excusa” para “no reconocer a estas víctimas” provocadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y todo a pesar de los recientes acuerdos entre PP y PNV.

“Quienes atacan esta ley están en contra de la corriente internacional en materia de defensa de los Derechos Humanos. Tenemos una certeza: instituciones internacionales no van a tener ninguna duda [de la legalidad de la ley vasca]”, ha aseverado Fernández, que se ha propuesta buscar nuevos expertos nacionales e internacionales para avalar la propuesta de reconocimiento de estas víctimas, algo que ya inició hace unas semanas con el argentino Fabián Salvioli mientras negociaba sin éxito con el Gobierno central la no interposición del recurso.

El punto de fricción apreciado por la Abogacía del Estado es la creación de una comisión de valoración que, según interpreta, reconocería la condición de víctima al margen de un procedimiento judicial que otorgue a los victimarios garantías suficientes de presunción de inocencia y derecho al honor. El recurso de inconstitucionalidad aprecia hasta 11 vulneraciones de la carta magna de 1978 y entiende que la normativa en su “totalidad” es inconstitucional, si bien restringe a media docena los artículos que solicita suspender cautelarmente para desactivar la aplicación práctica de todas las medidas previstas.

Según Fernández, es falso que la normativa asuma competencias judiciales, ya que la comisión sólo opera en el “ámbito administrativo”. De hecho, la exposición de motivos alude a que la comisión actuará “sin entrar en la consideración penal de los mismos”. Sin embargo, esa previsión no se desarrolla en el capítulo V, el que regula la composición y funciones de ese panel de expertos al que se le encomienda la atención de los solicitantes de la condición de víctima de violencia policial.

El Ejecutivo vasco, en cambio, entiende que el “derecho internacional” abre la puerta a la catalogación de víctimas en procesos “independientes” a los judiciales y ha asegurado que las leyes que reparan a las víctimas del terrorismo o a las de violencia de género también establecen comisiones administrativas de valoración con similares atribuciones. Asimismo, ha subrayado que hace cinco años entró en vigor un decreto para este mismo colectivo pero en el marco temporal de 1960 a 1978 y ha asegurado que esta ley es “casi igual” a aquel decreto y que incluso dispone de “más garantías” jurídicas.

Por ello, a pesar del “jarro de agua fría”, Fernández ha indicado que el Gobierno seguirá “avanzando” en el reconocimiento legal de unas víctimas que “moralmente” ya son apreciadas por la sociedad vasca. Además, ha añadido que la ley es un “mandato legal” del Parlamento a su Gobierno que les obliga a aplicarla en la parte que no ha quedado suspendida tras el recurso del Estado, el 91,7% de sus cláusulas (110 de 120), según los datos ofrecidos por el propio secretario de Derechos Humanos, hasta unas semanas de Paz y Convivencia.

El Tribunal Constitucional ha recibido ya el recurso interpuesto por el Gobierno central del PP contra la ley vasca de víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999, la pieza que completa el puzle de los asesinados y heridos por ETA, los GAL y otras bandas terroristas y de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido el conjunto de la normativa al entender que choca con 11 artículos de la Constitución y ha ejercido su prerrogativa constitucional para que se suspendan cautelarmente y con carácter inmediato la media docena de artículos que constituyen el corazón de la normativa autonómica al entender que permitían el reconocimiento de derechos al margen de una resolución judicial, en concreto, los artículos 2 (varios apartados), 4.2.c., 7.1, 14 (varios apartados), 15 y la disposición adicional sexta.

Cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad, la ley no quedará en suspenso ‘de iure’ aunque sí ‘de facto’ ya que no se podrán aplicar varios apartados de media docena de artículos que constituyen, según entiende el Gobierno vasco, el núcleo fundamental del texto. Por ejemplo, técnicamente sería posible crear la comisión para la valoración de los posibles beneficiarios de la ley pero este órgano no podría actuar bajo ningún concepto. Según la normativa procesal, en cinco meses el Constitucional podrá levantar esas medidas cautelares incluso aunque no haya entrado al fondo de la cuestión. En Navarra, por ejemplo, pasado ese tiempo las suspensiones han dejado de afectar a algunos artículos y ello permitió al Gobierno de Uxue Barkos organizar un homenaje a estas víctimas de violencia policial.

El Gobierno vasco recibió el anuncio del recurso el mismo día en que se conoció, el pasado viernes, por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, que mantuvo un contacto telefónico con el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, de quien depende el cuerpo de letrados autonómicos. Desde un primer momento, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE ya mostró su pesar por un recurso cantado, ya que las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses en la comisión bilateral habían resultado infructuosas y habida cuenta de que el Estado también ha recurrido una norma similar aprobada en Navarra. Formalmente, en cambio, varias fuentes vascas insisten en que no tienen constancia oficial del recurso registrado el 10 de mayo.

El mayor punto de fricción lo resume este artículo impugnado: “La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”. Los asesores jurídicos del Gobierno del PP, en resumen, entienden que la comisión de valoración de víctimas promovida por Euskadi no puede arrogarse el papel de los tribunales y reconocer derechos sin que medie un procedimiento judicial garantista y que respete derechos de los victimarios como el honor y la presunción de inocencia.

Una ley “loable” pero “inconstitucional”

Según el documento registrado en el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la ley “en su totalidad” parte de un “presupuesto inconstitucional”. De hecho, se estima que vulnera nada menos que 11 artículos de la carta magna de 1978: el 9, el 18, el 24, el 103, el 117, el 118 y cinco apartados del 149. Los letrados especializados en Derechos Humanos de la Abogacía del Estado aseguran que el objetivo de la ley vasca es “loable” y “legítimo” –recuerda que está en vigor un decreto para las víctimas de violencia policial entre 1960 y 1978, impulsado por el Gobierno de Patxi López y negociado con el PP-, pero afea que se plantee “averiguar una ‘verdad’ que al parecer no ha sido capaz de reconocer ni proteger la Administración de Justicia” o que al menos exista un informe policial sobre los hechos.

El Gobierno central se apoya para su recurso en un informe del Consejo de Estado en el que se censura que Euskadi atribuya a una comisión gubernamental “funciones de investigación de delitos y de determinación de su autoría”. El Ejecutivo vasco contraatacó recientemente con un informe elaborado por el exjurista de la ONU Fabián Salvioli, que entendía que la normativa autonómica se ajustaba al derecho internacional.

Críticas de Pili Zabala, víctima del GAL

Será este viernes cuando el secretario de Memoria y Convivencia de Iñigo Urkullu, Jonan Fernández, comparezca en San Sebastián para analizar el entuerto jurídico en el que quedan las 400 personas que se estimaba que podría acogerse a las medidas previstas en la ley de víctimas. Fernández, que ya vio como el intento anterior de reconocerlas mediante un decreto fue anulado por los tribunales también a instancias del Estado y por los mismos motivos, se mostró en febrero favorable a modular la propuesta originales - “Tenemos la disposición de darle, mediante reglamento, aquellas garantías de seguridad que sean necesarias”- si bien en este tiempo no se han producido novedades.

se mostró en febrero favorable a modular la propuesta originales - “Tenemos la disposición de darle, mediante reglamento, aquellas garantías de seguridad que sean necesarias”-

Entretanto, la oposición de izquierdas en el Parlamento ha aprovechado el escenario para elevar las críticas al Gobierno de Urkullu. Por su simbolismo, ha resultado muy significativa la rueda de prensa de la que fuera candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, hermana de una víctima de los GAL.

Zabala, en su comparecencia, ha mirado al Gobierno central y ha lamentado el “error ético y político muy grave” que supone, a su juicio, el intento de bloquear esta ley que simplemente asume “hechos históricos” y busca reparación para “todas” las víctimas. La ahora parlamentaria de la coalición de Podemos, en cambio, también ha criticado que el PNV no haya incluido este asunto en sus recientes acuerdos con el PP en las Cortes Generales, que han permitido desatascar asuntos tan enquistados como el litigio del Cupo. Esos pactos, ha insistido, “no benefician en nada a las personas en situación de vulnerabilidad”.

Desde EH Bildu, partido que no apoyó la ley recurrida, Maddalen Iriarte ha censurado el “desprecio” del Estado hacia “las víctimas que él mismo ha causado”. Asimismo, ha ironizado que la “bilateralidad” entre los Gobiernos central y vasco estrenada la pasada semana tras los acuerdos entre PP y PNV ha durado apenas unos días porque España ha dejado claro “quién manda”. “No hay bilateralidad posible con el Gobierno español”, ha zanjado.

En este sentido, el recurso interpuesto por el Estado recuerda que España es un Estado autonómico y no federal: “Si el Estado arranca con una Constitución única, concluye con una jurisdicción también única”.

El nuevo plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, presentado este miércoles en Vitoria, ha sido rebautizado para el período 2017-2020 como “plan de convivencia y derechos humanos”. El documento, ya adelantado hace unas semanas en el Parlamento, continúa hablando de la gestión del final de ETA y, de hecho, remarca que por la “gravedad” e “intensidad” de su actividad terrorista merece un tratamiento específico, especialmente en este momento previo a la entrega de armas. Pero, según el secretario de Convivencia del Ejecutivo, Jonan Fernández, la “paz” entendida como ausencia de violencia ya ha sido asumida por la sociedad vasca y, sin embargo, es necesario hacer frente también a nuevos retos como la crisis de los refugiados, la pluralidad religiosa o el yihadismo. Por ello, el documento y sus anexos recogen varias reflexiones nuevas sobre cómo encara Euskadi el “terrorismo internacional”. Entre las medidas previstas, se plantea crear un Consejo Interreligioso que derribe prejuicios desde el diálogo.

“La diversidad cultural, religiosa, lingüística, étnica o de cualquier otra índole es sinónimo de libertad y de salud cívica. También de prosperidad. Las sociedades occidentales más prósperas son sociedades diversas e innovadoras, también en lo cultural y religioso”, recoge el plan gubernamental. Sin embargo, el documento alude a los “contravalores”, a “algunos acontecimientos puntuales que se han vivido en otras sociedades europeas en los últimos años” como “el fanatismo violento de inspiración supuestamente religiosa” y su derivada, “el racismo, la persecución o la discriminación contra determinados grupos religiosos y, en particular, la islamofobia”.

La oficina de Fernández defiende el desarrollo de un plan de seguridad específico contra el yihadismo (de hecho la Ertzaintza ya lo tiene), pero reclama una respuesta “multidimensional” contra este fenómeno (de hecho, se afirma que “desde el punto de vista operativo, el terrorismo internacional no tiene solución militar”). Alude, por ejemplo, al principio de integración, a evitar que perfiles de personas muy concretos caigan en el desarraigo: “[Hay que] seguir promoviendo políticas de cohesión e integración social, de educación en derechos humanos y de convivencia interreligiosa e intercultural”. En este sentido, el plan avisa de que “los delitos de odio representan formas emergentes de ruptura de la convivencia”. Euskadi acapara uno de cada cuatro delitos de estas características en España.

“Sin apuesta educativa, sin cultura de paz y convivencia, sin políticas sociales y de cohesión, sin inversión en valores que miren al medio y largo plazo, será difícil hallar una respuesta estratégica y global a los retos que nos plantean los retos emergentes de la convivencia”, abunda el plan del Ejecutivo.

En este sentido, la séptima de las 14 iniciativas del plan, llamada “gestión positiva de la diversidad”, plantea algunas medidas para operativizar esos objetivos genéricos. El segundo semestre de 2017, por ejemplo, se activará un “programa de trabajo interreligioso” que se articulará con un consejo cuya composición y funciones no se concretan por el momento. También se harán guías para difundir a nivel local la existencia de templos u oratorios. El plan de prevención de la radicalidad de la Ertzaintza, en todo caso, ya incluye la colaboración con la comunidad musulmana, lo que se ha traducido en que ertzainas de los servicios de Información acudan a mezquitas los viernes (el domingo del islam) para compartir charlas con los feligreses. En 2018 también está prevista también la presentación de una Ley de Centros de Culto.