A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

La acusación particular que ejerce Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que impute a José Manuel Villarejo en la causa que se sigue por las maniobras policiales contra el partido político durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La formación relaciona al comisario con el intento por atribuirle falsamente una financiación ilegal a través del invento del tráfico de cocaína de uno de sus fundadores, Miguel Urbán. Podemos también pide que sean citados como investigados el principal artífice del montaje, el comisario José Luis Olivera, dos de sus subordinados entonces y el que era jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán. 

Pedraz aceptó investigar la guerra sucia al partido a partir de las evidencias recogidas en los mensajes incautados al ex número dos de Interior con el Partido Popular Francisco Martínez, aportados en una querella presentada por Podemos en la Audiencia Nacional. Con posterioridad, en mayo de 2025, elDiario.es reveló uno de los mayores secretos de la brigada política, la falsa acusación contra Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. Las acusaciones enmarcaron la maniobra en la guerra sucia al partido y pidieron investigarla en el marco de la causa abierta en el juzgado de Pedraz.

La Policía utilizó una nota anónima para vincular la falsa venta de droga con la financiación de Podemos. El partido considera que el autor de ese informe es Villarejo. En uno de los dispositivos incautados en su domicilio en 2017 figura un pantallazo con las transferencias bancarias de Miguel Urbán que supuestamente probaban la práctica del “pitufeo” (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) y que habían sido incluidas en una “nota de inteligencia” anónima incorporada al montaje.

El documento con los pantallazos fue creado el 16 de febrero de 2016, un día antes de que el comisario José Luis Olivera remitiera un oficio a la Fiscalía Antidroga que incluía la “nota de pitufeo”. Una semana antes, el 9 de febrero, Villarejo había escrito en su agenda personal: “Oli [comisario Olivera] propone dar datos de POD [Podemos] a los Cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo contiene errores”. 

La pasada semana, Santiago Pedraz volvió a negar la personación como perjudicado de Urbán en la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez da por buena la tesis que expuso el comisario Olivera como testigo, según la cual estaba obligado a informar a la Fiscalía Antidroga del testimonio de un confidente acerca de la supuesta venta de la droga por el europarlamentario de Podemos, pese a lo disparatado de la narración. Pedraz concluye que esta circunstancia descarta que se tratara de “un montaje policial”.

Podemos pide en la ampliación de su querella que Olivera pase de testigo a investigado, una condición que ya reclamó la acusación popular, ejercida por el PSOE, antes de la comparecencia del policía jubilado. Pedraz rechazó entonces imputarle porque no había sido informado de la solicitud de los socialistas, según informó de viva voz el magistrado en la misma sala de declaraciones. Olivera y Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por otra de las grandes maniobras de la brigada política, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Olivera firma las notas informativas que abrieron y acrecentaron la investigación contra Urbán a partir del disparatado testimonio de un confidente. El relato que utilizó el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) incluía cómo Urbán llevó, no se sabe si arrastrando, una bolsa con 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña, subió al piso de arriba, se lo vendió a un miembro de los Ángeles del Infierno y bajó al local a celebrarlo a gritos, volcando una bolsa de cocaína en la barra e invitando a esnifar a todos los presentes. 

Ahora, Podemos alega: “A pesar de la evidente ausencia de credibilidad intrínseca de la historia, amén de la ausencia de indicios, el querellado señor Olivera, omitiendo cualquier tipo de comprobación a través de unidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía, opta por remitir ala misma a la Fiscalía Antidroga, quien en fecha de 25 de enero de 2016, incoará diligencias de investigación, encomendando las pesquisas a la Udyco (unidad antidroga)”. Después, continúa la ampliación de querella, Olivera “monopoliza” las pesquisas enviando un segundo escrito con la nota informativa que presuntamente escribió su amigo Villarejo. 

García Catalán, guerra sucia en Nueva York y Malasaña

El comisario recién jubilado José Manuel García Catalán era en esa época jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF que utilizó la brigada política para blanquear sus trabajos. García Catalán declaró en la causa por la guerra sucia a Podemos como testigo por haber participado en el viaje a Nueva York para obtener información contra dirigentes de Podemos de un ex ministro de Hugo Chávez. Ahora, el partido pide su imputación por su participación en la maniobra contra Urbán. García Catalán firma los informes de la UDEF incorporados a las pesquisas contra el político.

La lista de solicitudes de imputación se completa con el comisario y el inspector jefe del CITCO, a las órdenes de Olivera, que ofrecieron un confuso testimonio esta misma semana en la Audiencia Nacional después de que su antiguo jefe les señalara. La imputación de los cinco policías evitaría que se cumpla el plazo de prescripción de unos hechos ocurridos hace casi diez años. 

En la causa por la guerra sucia a Podemos está imputado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el entonces director operativo de la Policía, Eugenio Pino, y varios mandos integrantes de la brigada política. También figura como investigado un policía que rastreó a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas con la excusa de que formaba parte del círculo personal de Miguel Urbán, encartado por narcotráfico. Pedraz intentó exculparle, pero la Sala de lo Penal le ordenó que volviera a imputarlo.

Las agendas del comisario Villarejo apuntan a la participación del policía en el montaje que atribuyó a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos. La Policía envió a la Fiscalía Antidroga varios documentos, entre ellos una nota anónima en la que se describe el supuesto blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades, actividad que también atribuyen a Urbán. Ese informe coincide en el tiempo con los comentarios que escribe en su agenda Villarejo aludiendo a una “nota de pitufeo” que él mismo ha escrito.

Los cuadernos incautados a Villarejo incluyen cuatro alusiones sobre las notas de supuesto blanqueo de Podemos que el comisario elaboró. Las anotaciones se ubican entre el 23 de febrero de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El montaje contra Urbán arrancó en enero de 2016, pero las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Con las notas anónimas de la Policía contra Miguel Urbán, el Ministerio Público abrió en enero de 2016 unas diligencias secretas que consiguieron el propósito de Olivera, amparar mandamientos a unidades antidroga y antiblanqueo de la Policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Economía. Ni Villarejo ni Olivera están imputados en la causa de la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional. 

23 de febrero de 2015. “El ministro pide un borrador sobre Podemos”

La Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las agendas de Villarejo en toda la macrocausa Tándem. Su incautación se produjo sorpresivamente, en una segunda fase de la operación contra el policía, y en ellas se constata que eran apuntes espontáneos del investigado sobre sus contactos profesionales y también sobre su vida privada. 

El 23 de febrero de 2015, Villarejo anota su conversación con José Luis Olivera: “Dice que habló muy positivamente con el ministro sobre los temas realizados. Dice que nos pide que hagamos un borrador sobre Podemos”. En esta conversación se implica al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las maniobras contra el partido de la oposición. Fernández Díaz no está imputado en la causa por la guerra sucia a Podemos porque, aunque el partido lo incluyó en la querella que originó el caso, el juez Santiago Pedraz consideró que no había indicios suficientes contra él. 

9 de febrero de 2016: “Oli dice que mi nota de pitufeo tiene errores”

El 21 de enero de 2016, el comisario José Luis Olivera, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dejó a un lado sus funciones de coordinación entre servicios de Información y envió a la Fiscalía Antidroga el relato de “una fuente conocida por el Centro” que señalaba a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña.

No habían transcurrido tres semanas desde el primer movimiento de la maniobra contra Urbán cuando Villarejo anota en su diario el contenido de una llamada que ha mantenido con Oli, el comisario Olivera. Es 9 de febrero de 2016. “Propone dar datos de POD a los cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo tiene errores”. Villarejo utiliza “POD” para referirse a Podemos. Con los “cesis” podría aludir a los agentes del CNI. 

La Policía envió a la Fiscalía Antidroga, en primer lugar, el relato de un confidente sobre la caricaturesca venta de la droga. Con posterioridad, Olivera remite otra nota que da un impulso al caso. Se trata de una fuente anónima asegura que Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”. Villarejo nunca firmaba sus “notas informativas”.

Las donaciones que especifica la fuente anónima son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urbán. 

El 12 de enero de 2016, dos medios de la derecha habían publicado el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), dando el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito para un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudo informe PISA coincidió con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

16 de febrero de 2016. “Datos de pitufeo dados a Chisco”

El 16 de febrero aparece la segunda anotación en las agendas que alude a los trabajos de Villarejo contra Podemos. Esta vez parece que se trata de anotaciones sobre un encuentro con su amigo Olivera. Se trata de dos comisarios en activo, destinados en la cúpula de la seguridad del Estado, hablando de “organizar gastos de oficina”. Olivera le ha informado de algo. Villarejo escribe: “Datos de pitufeo dados a Chisco”. 

El pitufeo es una práctica de blanqueo de dinero negro que consiste en fraccionarlo en pequeñas cantidades para introducirlas en el mercado legal sin que llame la atención de las autoridades. Quien recibe los datos del supuesto “pitufeo” de Podemos es el número dos del Ministerio del Interior en ese momento, Francisco Martínez, principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra el partido de Pablo Iglesias. 

La fecha de esta nota coincide con el principal logro de la maniobra de Olivera, poner el engranaje policial al servicio de una mentira. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero, los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) realizan vigilancias en el bar Nueva Visión y, sin llegar a entrar, escriben que hay gente que entra al bar y sale tras “un corto espacio de tiempo”. “Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”, añaden en sus informes entregados a Fiscalía. El motivo de ese trasiego lo explicó Johnny, el dueño del bar a elDiario.es: “Dábamos chupitos a un pavo”.

29 de marzo de 2016. “Boni no se fía de una carta de Chávez para Podemos”

La operación contra Podemos se extendió por la cúpula policial. Una vez inmersa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), su jefe, el comisario José Manuel García Catalán, remitió el 1 de marzo otro informe a Antidroga sobre Urbán. Recoge sus donaciones a “proyectos sociales” y comienza a especular: “Puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y, por tanto, podría tener una fuente de financiación no declarada”. 

“Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos –continúa García Catalán–, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”. García Catalán ha declarado en la causa de la Audiencia Nacional como testigo por su viaje a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Chávez. 

El 29 de marzo de ese mismo mes, Villarejo anota en su agenda una conversación con otro miembro de la brigada política, este sí imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de Bonifacio Díez Sevillano. “Boni me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega que tiene 2 clientes venezolanos por blanqueo”.

¿Y quién es Aliste? En febrero de 2025, elDiario.es accedió a siete informes alojados en bases de datos de la Policía en los que el abogado José Aliste muestra su colaboración en la guerra sucia contra Podemos. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que tuvo como clientes a antiguos jerarcas venezolanos residentes en España y que responden por varios delitos graves. Aliste llegó a escribir en los informes que registró la Policía que Chávez había entregado a Podemos 30 millones de dólares.

El comisario jubilado José Luis Olivera declaró como testigo el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016. Durante su comparecencia, Olivera intentó justificar que el órgano de coordinación que él dirigía, sin competencias operativas, recibiera de no sabe quién una información sobre un político aforado y decidiera trasladarlo a la Fiscalía Antidroga, sin valorar que la historia revestía todos los ingredientes de una patraña. También dijo que no sabía que la persona a quien acusaba un supuesto confidente de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña era cofundador de Podemos y eurodiputado. “Tuve que entrar en fuentes públicas, en Wikipedia, para saber quién era”, afirmó ante el juez.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Olivera, que se prolonga durante más de una hora. Las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, evidencian las dificultades del representante Ministerio Público para creer la versión del comisario, que intenta enmarcar en todo momento su actuación, y la de sus subordinados, en casi un trámite rutinario.

Olivera repitió que a él, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le vino todo dado. Su historia se resume en que un policía sin identificar decide saltarse los cauces de relación entre unidades y le da a un amigo suyo, que trabaja en el CITCO, una información sobre la supuesta venta de droga por un destacado responsable de Podemos. Los subordinados de Olivera redactan una nota informativa, que no firman, acompañada del testimonio de un confidente. Según la versión del exdirector del CITCO, él se habría limitado a firmar los escritos que envió a la Fiscalía Antidroga. “¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo tiro a la papelera? ¿Me llega el papel y no se lo doy a la Fiscalía?”, intentó justificarse ante el juez Santiago Pedraz. 

Un semestre de furia en las cloacas

El montaje de la cocaína arrancó en enero de 2016, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015. Hasta junio, Podemos soñó con superar al PSOE y alcanzar triunfante la Moncloa. Los resultados de los comicios de invierno de 2015 y algunas proyecciones demoscópicas espoleaban esa aspiración. Fueron en esos meses cuando los resortes del Ministerio del Interior controlado por el PP se emplearon a fondo para evitarlo. 

José Luis Olivera es un personaje relevante en la historia reciente de la cloaca policial, la que fue heredada del franquismo o creció en la transición. De gran proyección durante la etapa del PSOE –fue el primer jefe de la UDEF y responsable de casos como Malaya o Gürtel–, el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy apenas hicieron mella en su carrera. Pegado a la cúpula del Ministerio, Olivera participó en las tres grandes maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el Gobierno de Rajoy: protagonizó el primer episodio conocido de la operación Cataluña, se sentará en el banquillo por la operación Kitchen y su rastro reaparece en las maniobras contra Podemos, incluido el montaje de la cocaína contra Urbán. 

El extracto que reproduce a continuación elDiario.es permite escuchar en boca de su principal protagonista la maniobra para sostener una investigación a Miguel Urbán y extenderla a Podemos y una supuesta financiación irregular. El comisario se presenta como un mero vehículo, accidental por el puesto que ocupaba, para investigar la historia supuestamente inventada por un confidente. 

Urbán fue investigado durante meses por unidades especializadas anticorrupción, contra el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía Antidroga y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El órgano que abrió diligencias, la Fiscalía Antidroga tuvo que cerrar sus diligencias ante la inexistencia del más mínimo indicio de delito. Los policías no llegaron donde pretendían y, a diferencia de otras maniobras contra Podemos, el Ministerio del Interior no filtró el montaje a la prensa afín.

José Luis Olivera acudió a la Audiencia Nacional como testigo a petición de Podemos, que ejerce la acusación particular junto a Pablo Iglesias. El PSOE actúa como acusación popular y había pedido que se imputara al policía, pero Pedraz no se enteró de la solicitud y ordenó continuar la declaración de Olivera en calidad de testigo. El comisario jubilado no podía negarse a responder. Hay episodios de la maniobra que dijo no recordar, pero de otros habló con detalle. Por ejemplo, dio el nombre del pub de Malasaña donde se habría producido la transacción de droga –Nueva Visión, cerrado desde la pandemia– o el nombre y el apodo de su dueño –Felipe, Johnny en el barrio–. 

Nuevos señalados y la sombra de Villarejo

Entre los datos que Olivera llevaba preparados figuran los números de carnet profesional de los dos subordinados que asegura que manejaron la información sobre el falso tráfico de drogas. Un inspector jefe, al que otro policía le habría regalado el soplo, y el comisario que tenía por encima y que estaba a las órdenes directas de Olivera. Ambos declararán como testigos el 22 de enero. El día antes lo hará la principal víctima del montaje, Miguel Urbán.  

El testimonio de Olivera salpica a otros habituales de la guerra sucia que investiga el juzgado de Pedraz. El comisario explicó que su jefe directo era el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, imputado en la causa de las maniobras contra Podemos, y que no recordaba bien, pero que lo lógico es que le hubiera comentado la investigación contra Urbán. 

Por otra parte, en la agenda incautada al comisario Villarejo aparecían alusiones a la confección por su parte de notas informativas sobre el “pitufeo” de Podemos. Una nota sin firmar que acusa al partido de utilizar ese método para blanquear a través de pequeñas cantidades fue remitida por Olivera a la Fiscalía Antidroga como un intento de extender la investigación desde Urbán al partido. “Con el señor Villarejo probablemente comentaría algo porque tenía fuentes, muchas fuentes, pero muchísimas fuentes en muchos sitios y de muchos temas”, afirmó en el juzgado Olivera a preguntas del abogado de Podemos.

Entre las preguntas del fiscal y las de las acusaciones van surgiendo las contradicciones en el testimonio de Olivera. En primer lugar, el comisario jubilado retuerce el Real Decreto de creación del CITCO para justificar la actuación con Urbán en el marco de sus competencias. Sin embargo, el CITCO es la evolución de un órgano que se creó a raíz del 11-M para evitar las duplicidades de investigaciones entre cuerpos policiales y que si dos servicios de Información están siguiendo un mismo objetivo salte una alarma y dirimir en su seno de quién es la competencia. 

Cuando el Real Decreto dice que debe “recibir, integrar y analizar informaciones” no se refiere a chivatazos disparatados de tráfico de drogas por parte de políticos en activo sino a aquellos que “sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva” en relación con el terrorismo y el crimen organizado. 

Como reconoce el propio Olivera, el CITCO no tiene policías o guardias civiles en la calle trabajando con fuentes y pagando confidentes, ni un policía le debe decir a un amigo que tiene allí que se ha enterado de que Miguel Urbán trafica con drogas. El procedimiento de incorporación por las unidades operativas de la información que tienen a las bases de datos del CITCO está perfectamente tasado.

Olivera respondió al fiscal que no sabía quién era Miguel Urbán cuando recibió la primera información sobre su supuesta información en el tráfico de drogas. Pero llegado el turno del abogado de Iglesias, este le recordó que para cuando había dicho que miró en Wikipedia una nota en su poder, de fecha anterior, ya indicaba que era europarlamentario. Fue entonces cuando Olivera modificó su versión y dijo que lo que hizo fue confirmar en Internet la identidad del político.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional están imputados, por ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad Martínez y un grupo de mandos que integraron la brigada política del PP, en este caso contra Podemos, así como el inspector jefe Antidroga que rastreó a Pablo Iglesias con la justificación de que integraba el “círculo más cercano” del investigado por narcotráfico Miguel Urbán. Un exsenador de Podemos que militó en ETA durante el franquismo también fue rastreado con la misma excusa. 

Los testimonios y documentos recabados durante la instrucción, que arrancó en febrero de 2024, anticipan nuevas imputaciones en el ecosistema político y policial de la cloaca del Partido Popular. 

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

El fundador de Podemos Miguel Urbán Crespo ha conseguido por fin que un juez escuche su testimonio sobre el montaje urdido contra él desde la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha citado a Urbán como testigo en la causa que dirige en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos en la primera legislatura del Ejecutivo del PP, más intensas en 2016, cuando el partido estuvo cerca de gobernar. 

elDiario.es desveló en mayo de 2025 cómo Urbán fue investigado en aquel periodo por la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior a partir del testimonio de un confidente que aseguraba haberle visto vender 40 kilos de cocaína en el piso superior a un pub de Malasaña. 

El disparatado relato, monitorizado por uno de los mandos de la brigada política del PP, incluía cómo Urbán habría confesado a voces que la cocaína era de Venezuela y que su venta estaba destinada a financiar a Podemos. Antes de marcharse, el entonces eurodiputado habría volcado cocaína sobre la barra del bar e invitado a todos los clientes para celebrar la operación. Urbán, contaba el confidente, era un traficante de menudeo habitual de Malasaña.  

Ese mando policial es José Luis Olivera, hoy jubilado, procesado en el caso Kitchen y en el momento de los hechos director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su firma está en los documentos que motivaron la apertura de las diligencias de la Fiscalía Antidroga que reveló este medio. El pasado 24 de noviembre, Olivera declaró en la Audiencia Nacional, como testigo, que él solo dio traslado de una fuente del CITCO y que ni siquiera sabía a ciencia cierta, en pleno apogeo de Podemos, quién era Urbán, por lo que tuvo que buscarlo en Wikipedia.

Durante su declaración, Olivera trasladó la responsabilidad de la Operación Cardenal –como se bautizó la investigación a Urbán– a dos subordinados en la etapa del CITCO, un comisario y un inspector jefe que el juez ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a petición de la acusación particular, que ejerce Podemos. El día antes está prevista la declaración de la víctima del montaje, Miguel Urbán. 

La investigación a Urbán resultó un pretexto para dar el salto a las cuentas de Podemos y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En la causa consta como investigado el policía Antidroga que utilizó la apertura de la Operación Cardenal para rastrear en las bases de datos al ex secretario general del partido. Cuando declaró en la Audiencia Nacional aseguró que siempre que se investiga a alguien por drogas se consulta a su entorno más cercano. 

De todas las personas que la Policía consideró cercanas a Urbán, la Policía escogió a Pablo Iglesias y a un senador de Podemos con apellido vasco y antigua militancia en la ETA que actuó durante el franquismo, Josetxo Arrieta. 

La primera querella

La querella que dio origen a la investigación de la guerra sucia contra Podemos incluía una conversación entre el número dos de Interior Francisco Martínez y uno de los comisarios de la brigada política. El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad dice a través de WhatsApp: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. Cuando el comisario Enrique García Castaño contesta “nada”, Martínez escribe: “¡Cagüenlaputa!”. La búsqueda sobre los antecedentes de Arrieta, que se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, se había realizado el 8 de enero anterior. 

Entre la documentación que la Audiencia Nacional solicita ahora a la Udyco de la Policía están las “fichas de los investigados” que se hubieran elaborado en el marco de la Operación Cardenal, así como “la totalidad de personas” a las que la unidad antidroga buscó en las bases de datos policiales con la excusa de la investigación por narcotráfico a Miguel Urbán. 

También a petición de Podemos, el juez Pedraz ha solicitado todos los “datos coordinables” que hubiera introducido la policía en esas bases de datos para realizar sus búsquedas y cualquier “documento interno de trabajo, notas o mensajes” que consten en los archivos policiales sobre la citada Operación Cardenal. El juez también se dirige al CITCO, el órgano que dirigía Olivera y de donde partió la declaración del confidente, al que se reclama cualquier documento relacionado con la investigación a Urbán. 

Urbán declarará como testigo en la causa por la guerra sucia a Podemos después de que una jueza de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, rechazara una querella que presentó en relación con el montaje. La Sala de lo Penal confirmó ese rechazo por una cuestión de competencia, pese a que en el momento de los hechos Urbán era europarlamentario. 

La causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente desde la admisión a trámite de la querella, en febrero de 2024, y gracias a las diligencias que va solicitando el partido, ante la inacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y entre confesiones y documentación que van acreditando las maniobras policiales contra la formación política. 

La guerra sucia contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy sigue aflorando nueve años después. Una de sus maniobras más llamativas, el montaje para intentar atribuir tráfico de cocaína a Miguel Urbán, fue utilizado también para investigar a otro cargo político electo, el senador vasco José Ramón Arrieta. Hasta ahora había trascendido que la Policía intentó rastrear información comprometedora del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, con la justificación de pertenecer al círculo del supuesto traficante.

El 8 de enero de 2016, un oficial de la unidad especial Antidroga de la Policía se puso a rastrear qué información guardaban las bases de datos restringidas sobre Arrieta. Las indagaciones sobre el senador se realizaron en el marco de la Operación Cardenal, según ha trasladado el policía a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Operación Cardenal es el nombre que los agentes dieron a las investigaciones contra Urbán a partir del testimonio de un confidente que se prestó a inventarse una disparatada historia sobre Urbán, acusándole de vender 40 kilos de cocaína en el barrio madrileño de Malasaña en la época en la que era europarlamentario. 

La fecha de las indagaciones sobre Josetxo Arrieta explica parte de la maniobra. Los grandes montajes sobre Podemos se produjeron en el primer semestre de 2016. La formación política había obtenido 69 escaños en las elecciones de diciembre de 2015, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país. Un acuerdo de Gobierno progresista del PSOE estaba al alcance de la mano. Cuatro días después de la maniobra contra Arrieta, dos medios de la derecha publicaron el contenido del dosier policial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación del partido a cargo de Irán y Venezuela. No sería el último montaje filtrado a la prensa para desgastar a Podemos. 

Las búsquedas de datos de parlamentarios de Podemos en bases policiales están en el centro de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En el marco de la misma, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía preguntó por la búsqueda realizada el 8 de enero de 2016 desde la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco). Entre las 17.46 y las 17.50 horas, el agente 103.332 introdujo en la aplicación denominada 'Personas': “Josetxu Arrieta”, “Arrieta”, “Aryeta Aryeta José Ramón” y, finalmente, “Arrieta Arrieta, José Ramón”, el nombre exacto del senador. 

En el informe de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso elDiario.es, los policías trasladan el testimonio del agente Antidroga: “Véase cómo las consultas ejecutadas lo son sobre variaciones de los datos de filiación de Arrieta Arrieta, José Ramón, hecho que evidencia claramente que se trata de un proceso investigativo habitual para la identificación de quien podría estar vinculado a un hecho delictivo”.

Sin embargo, no hay rastro de ningún “hecho delictivo”, ni el agente aporta en su informe el motivo de la búsqueda, más allá de la Operación Cardenal. También se niega a poner por escrito si lo hizo a iniciativa propia o si se lo ordenaron sus superiores. “Sus funciones como investigador Escala Básica se centraban principalmente, en la ejecución material de las actividades que se le encomendaban en materia de investigación, información o actuación o bajo la supervisión de sus superiores”, se limita a señalar. 

Esta revelación asienta el objetivo de la Operación Cardenal. Con la utilización del testimonio falso de un confidente, el comisario José Luis Olivera logró que la Fiscalía Antidroga abriera una investigación contra Miguel Urbán. Durante tres meses se rastrearon sus cuentas bancarias, sus donaciones (públicas) y se le acusó de participar en una financiación irregular del partido blanqueando pequeñas cantidades de dinero, la técnica conocida como ‘pitufeo’.

Pero Urbán no era el fin sino el medio. Con la excusa de la investigación al militante de Anticapitalistas, la Policía comenzó a consultar en las bases de datos a Pablo Iglesias, el líder de la formación en ese momento. El policía que realizó las búsquedas ha declarado en la Audiencia Nacional que siempre que hay un investigado por narcotráfico se indaga en su entorno. Y su entorno, para el policía, era Pablo Iglesias. La Audiencia Nacional no ha creído la versión y ha vuelto a imputar al policía, después de que el juez Santiago Pedraz hubiera archivado la acusación contra él.

En última instancia, el objeto de la investigación era el propio partido, Podemos, con posibilidades de alcanzar el Gobierno, lo que finalmente no ocurrió en 2016. “Si evitamos que lleguen al Gobierno, mejor para todos”, dejó en una grabación otro mando de la policía política en un viaje a Nueva York para sonsacar supuestos datos comprometedores de los fundadores de Podemos a un exministro de Hugo Chávez. 

La diferencia con otros informes falsos radica en que estas pesquisas no prosperaron ni siquiera para fabricar un dosier que filtrar a los medios afines, como había ocurrido en tantas ocasiones con los separatistas catalanes y el propio Podemos. La Fiscalía Antidroga se cansó rápidamente de investigar sobre nada sólido y en tres meses archivó las diligencias de investigación. 

El exsenador se persona en la Audiencia Nacional

El exsenador de Podemos José Arrieta ya se ha personado en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde las últimas revelaciones anticipan nuevas citaciones. Arrieta fue condenado por un Consejo de Guerra de la Dictadura en 1975 por su vinculación a ETA y salió de la cárcel gracias a la amnistía de 1977. Antes de la existencia de Podemos y ya en democracia militó en Euskadiko Ezkerra y participó en iniciativas contra la violencia de la banda.

El comisario artífice del montaje, José Luis Olivera, declaró como testigo el pasado 24 de noviembre. Ese día descargó la responsabilidad en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Olivera también dijo al juez que ni siquiera sabía quien era Miguel Urbán y que tuvo que mirarlo “en Wikipedia”. Como otros investigados en la causa, Olivera se sentará la próxima primavera en el banquillo de los acusados del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, en tiempos de Mariano Rajoy, con cargo a los fondos reservados. 

Los hechos son investigados en el seno de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el que fuera número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política del PP.

El comisario jubilado José Luis Olivera, artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Olivera ha descargado la responsabilidad de la investigación sobre el entonces europarlamentario de Podemos en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración, Olivera ha identificado a los dos subordinados, un comisario principal y un inspector jefe, y ha dicho que él ni siquiera sabía quien era Miguel Urbán y que tuvo que mirarlo “en Wikipedia”.

El 21 de enero de 2016, José Luis Olivera firmó en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tenía como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Pese a lo inaudito del relato, con ese informe la Fiscalía Antidroga abriría una investigación que se prolongaría tres meses y que incluiría un rastreo completo de Urbán y la implicación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la unidad antidroga de la Policía.

Olivera ha declarado este lunes en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre investigaciones ilegales a miembros de Podemos. El comisario, ya jubilado, ha dicho que los confidentes que adornan el relato no eran suyos y ha descargado toda la responsabilidad en sus subordinados. De una nota que incluyó en la información que él mismo envió a la Fiscalía Antidroga, y que apuntaba a una supuesta actividad de blanqueo de capitales en Podemos según fuentes anónimas, Olivera ha dicho que es probable que le llegara de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el órgano de dirección del Cuerpo donde se fraguó la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

José Luis Olivera también ha mencionado al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ha dicho que es “probable” que abordara el asunto de Urbán, como el resto de temas que afectaban a Podemos. Martínez esta imputado en la pieza de la guerra sucia contra Podemos, cuyas principales maniobras tuvieron lugar en el primer semestre de 2016, después del resultado récord de la formación en los comicios de diciembre de 2015 y ante el temor del PP y el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy de que pudieran alcanzar el Gobierno en las elecciones de junio siguiente.

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del pub Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación. 

El policía que buscó en una base de datos a Pablo Iglesias con la excusa de la investigación a Miguel Urbán también está imputado en la causa.

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia de Miguel Urbán por el montaje policial que le atribuía tráfico de drogas con el supuesto objetivo de financiar a Podemos. La magistrada ha solicitado un informe a la Fiscalía antes de decidir si abre una investigación. 

El fundador de Podemos Miguel Urbán presentó una querella en la Audiencia Nacional el pasado mes de julio en el que acusaba de varios delitos a un grupo de mandos policiales destinados en el corazón de la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La querella recaló por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3, que ahora aguarda el informe del Ministerio Fiscal. 

El texto de la querella señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación. 

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato”.

La representación legal de Urbán advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

La Fiscalía debe decidir, en primer lugar, sobre la competencia del caso, si corresponde a la Fiscalía Anticorrupción o a sus compañeros destinados en la Audiencia Nacional asumir la causa, en el caso de que aprecie indicios de delito. Otro juzgado de la Audiencia Nacional investiga las maniobras policiales contra Podemos en el mismo periodo del montaje a Urbán. 

La primera opción del exfundador del partido fue personarse como acusación en ese caso del Juzgado de Instrucción número 5, pero el juez Santiago Pedraz, de acuerdo con el fiscal del caso, rechazó esa posibilidad al considerar que se trata de hechos distintos.

Johnny lleva 45 años apoyado en el quicio de la misma puerta. Alto, apartado de los cánones tradicionales de belleza y de pocas palabras, su silueta es una fotografía anclada en la memoria de varias generaciones que hicieron del barrio madrileño de Malasaña su territorio de iniciación al punk, el amor y otros excesos. Johnny regenta desde 1980 un pub con nombre, Nueva Visión, y con subtítulo, Ramones Fan Club. Hace diez años, en secreto, unos comisarios lo colocaron en el centro de una de las mayores patrañas de la guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Esta es la historia jamás contada de cómo la cúpula de la seguridad del Estado se las ingenió en 2016 para convertir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, en vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela que financiaría el partido, con el Nueva Visión como escenario y Johnny de intermediario. 

Es 12 de enero de 2016. Dos medios de la derecha publican el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y dan el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito en un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudoinforme PISA coincide con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

En esas mismas fechas arranca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) el bulo de la cocaína y Miguel Urbán. El CITCO es un órgano en el que participan la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el CNI. Fue creado a raíz de los atentados yihadistas del 11M para que no se repitieran los errores de coordinación que facilitaron la masacre terrorista. No tiene funciones operativas. A principios de 2016 estaba dirigido por el comisario de la Policía Nacional José Luis Olivera, hoy jubilado y a la espera de sentarse en el banquillo por el caso Kitchen. 

José Luis Olivera es el comisario que aparece en una grabación junto a su amigo José Villarejo sobre la cuenta falsa de Iglesias en el Caribe. “Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”, aportaba Olivera a la conversación sobre la manipulación de los documentos. 

El 21 de enero de 2016, justo ocho días después de la publicación del informe PISA, José Luis Olivera firma en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tiene como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Con el precio de mercado de la época, Urbán habría salido del bar con 1,2 millones de euros en el bolsillo. O donde cupiera tanto dinero. 

El comisario José Luis Olivera, experto en lo que la Policía llama “manipulación [manejo] de fuentes”, atesora una dilatada carrera. Entre otros destinos ha sido jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, en tiempos de los casos Malaya y Gürtel. Olivera considera tan creíble la disparatada historia de su confidente como para informar oficialmente a la Fiscalía Antidroga para que abra una investigación. 

La fuente del CITCO relata que Miguel Urbán se había presentado en fecha indeterminada en un pub de la calle Velarde, en el centro de Madrid y, acompañado del dueño del establecimiento, subió al primer piso del portal contiguo. Allí les esperaba un tercero, de unos 40 años, al que Urbán “le entrega 40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero”.

Durante el encuentro en el piso, Miguel Urbán habría comentado que se trataba “de una cocaína muy buena, de buena calidad, procedente de Venezuela y facilitada por sus contactos de aquel país”. La droga, según el confidente policial, tenía como fin “financiar los gastos de campaña del partido Podemos”. Así lo habría manifestado el propio Urbán durante la supuesta transacción, siempre según el relato del confidente. 

Antes de continuar cabe una primera recapitulación. Uno de los comisarios más poderosos durante el Gobierno del PP –lo había sido antes también con el PSOE– da crédito a uno de sus confidentes, que asegura que Podemos se financia con cocaína de Venezuela y que uno de sus eurodiputados carga con 40 kilos de droga por el centro de Madrid en el momento de mayor popularidad de la formación.

“Si no llegan al Gobierno, mejor para todos”

Podemos era la tercera fuerza política del país y negociaba un gobierno de izquierdas con el PSOE. Tres meses después del informe del CITCO, muy lejos de la calle Velarde, en Nueva York, otro mando de la brigada política dejaría la frase que resume aquel semestre de furia contra Podemos: “Si Podemos no llega al Gobierno, mejor para todos”. 

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago traslada esa afirmación a un exministro del Gobierno de Chávez. Ese 12 de abril, en el Consulado de España en Nueva York, el mando policial dice actuar con “un mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según consta en la grabación publicada del encuentro. 

Vuelta a Madrid y regreso al mes de enero de 2016. En el informe que el CITCO elabora para la Fiscalía Antidroga sobre Urbán se explica que uno de los confidentes es un camarero, de nombre Hugo, que trabajaría en el Nueva Visión y que se dice “muy amigo” del eurodiputado y también de Johnny, el dueño del bar. “Hasta el punto de que Hugo lleva una foto de los tres de aquel día en el pub, posiblemente fruto de la celebración de ese intercambio de drogas”, escribe Olivera sin adjuntar la instantánea.

Hugo viajaría después a un pueblo de Toledo para reunirse con un amigo que regenta un mesón. A esa reunión se sumó un tercero. Toman copas y Hugo cuenta la historia de la cocaína. El tercer individuo es el confidente original del CITCO, según consta en un informe policial. A esa función de delator se sumaría el tal Hugo y el otro asistente al encuentro en el mesón. 

elDiario.es ha contactado con Miguel Urbán y ha repasado con él los nombres del confidente y sus amigos, así como las fotos en Internet que hay de algunos de ellos. El exdiputado asegura que no conoce a ninguno. Ni siquiera recuerda haber entrado en su vida en el Nueva Visión. “La última vez que salí por Malasaña debió de ser en 2009”, asegura. 

Momento para la segunda recopilación: un supuesto confidente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado escucha la historia de Miguel Urbán vendiendo 40 kilos de cocaína en el Ramones Fan Club de Malasaña, se lo cuenta a sus manipuladores (los policías con los que colabora), estos a Olivera –si es que no fuera colaborador directo de éste– y el director del CITCO considera que debe informar de los hechos a la Fiscalía Antidroga. 

Esta es la tesis que la propia Policía traslada en sus oficios a la Fiscalía, pero entre los párrafos que componen el montaje emerge otra posibilidad, que fueran los propios policías los que dicen al confidente qué tiene que declarar contra el fundador de Podemos. En esta segunda hipótesis incide que el confidente incluye en su relato un procedimiento de financiación ilegal no apto para legos en la materia: “Miguel [Urbán] dijo que se trata de pagar el máximo número de gastos en cash y luego justificar el dinero con donaciones anónimas”.

Cuatro días después del informe, la Fiscalía Antidroga abre unas diligencias previas de investigación que habían permanecido en secreto hasta hoy. Se trata de un procedimiento habitual en la Fiscalía para determinar si los indicios que le llegan por denuncias o por informaciones policiales deben sustanciarse en una querella al juzgado o si, de lo contrario, no tienen peso y acaban en un decreto de archivo.

El fiscal jefe de Antidroga entonces, José Ramón Noreña, declaró secretas las actuaciones y ordenó a la unidad especializada antidroga de la Policía comprobar la informacion aportada por el confidente.

El comisario Olivera tiene prisa

Al director del CITCO le urgía encontrar algo contra Podemos. El segundo informe que envía a la Fiscalía lleva fecha de 28 de enero de 2016, dos días después de que Antidroga abriera diligencias inducida por el primer oficio policial. Adelanta que puede conseguir un nuevo testigo y sitúa a Johnny como “intermediador” del pase de droga, incluyendo datos sobre la sociedad que administra el bar. 

Dos semanas después, Olivera se mueve otra vez. En este caso envía a Antidroga las declaraciones firmadas de Hugo Ch., Antonio S. y Marcos B. Aquí, la historia del confidente se dispara. En su declaración ante la policía, Hugo afirma que Miguel Urbán, tras consumar la transacción en el piso de arriba, regresó al Nueva Visión y celebró el trato tirando “una bolsa de cocaína en la barra e invitando a todo el que quisiera”.

Hugo relata: “Urbán dijo que había hecho un favor a España, que había vendido 40 kilos de cocaína de Venezuela y que era para pagar los gastos del partido”. De ser cierto el relato del confidente, Urbán habría compaginado su tarea como europarlamentario con la venta de droga por las esquinas de Malasaña. Hugo asegura que le ha visto trapichear también en la calle. La Policía escribe sobre los delatores: “No habían denunciado [antes] porque es gente muy poderosa [los de Podemos] y tenían miedo a represalias”.

En el segundo oficio, el Centro de Inteligencia Antiterrorista hace afirmaciones, de nuevo, cuestionables. “El pub Nueva Visión es un local regentado por gente especialmente de extrema izquierda y muy ligada al 15M”, incluía el nuevo atestado. 

César Strawberry es el líder del grupo de rap metal Def con Dos y conoce a Johnny desde 1983, del primer día que entró en el Nueva Visión. “Johnny fue un personaje muy importante en la agitación cultural de aquella Malasaña. Viajaba a Londres y traía discos, fue el primero en poner videoclips en televisiones dentro del local, tenía un armario con ropa alucinante… Johnny representaba el punk de entonces, el original, antes de que se vinculara a una ideología de izquierdas”, afirma en conversación con elDiario.es. 

¿Y las drogas? “Imposible. En el Nueva ni se traficaba, como sí que pasaba en otros locales, ni siquiera se consumía. Johnny siempre ha sido antidroga total. Si pillaba a alguien metiéndose, le echaba”, cuenta Strawberry al conocer el relato policial. 

La Fiscalía Especial Antidroga implica en su investigación preliminar a la unidad de élite de la Policía contra el tráfico de drogas. Agentes de la UDYCO organizan las cuatro vigilancias alrededor del Nueva Visión. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero de 2016, según los informes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Los policías no llegan a entrar en el bar. 

Después escriben: “Al local suele acudir bastante gente entre la una y las dos de la mañana, siendo habitual el hecho de que muchos de ellos permanecen durante un corto espacio de tiempo en su interior y se marchan del mismo sin llegar a realizar consumición alguna, hecho que induce a pensar que en el mismo se produce la venta al menudo de sustancias estupefacientes (…) Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”.

Mientras los policías “infieren”, el Nueva Visión está a rebosar. A la hora que indican, otros bares han empezado a cerrar y el Nueva está en el corazón de Malasaña. Es un bar de pequeñas dimensiones, asfixiante cuando se llena. Miran los antecedentes de Johnny: una reclamación por un delito contra la seguridad del tráfico. De la circulación del tráfico. Los policías piden autorización para pincharle el teléfono. La Fiscalía no les apoyará.

Ramones Fan Club

Este mayo de 2025 está siendo más lluvioso de lo habitual en Madrid. Después de unos días sin que Johnny asome su particular silueta por la puerta del Nueva Visión, elDiario.es logra dar con él. Está sentado, como tantas tardes, en una banqueta con la puerta del pub entreabierta. 

El Nueva Visión está cerrado. No superó la pandemia y el propio Johnny lo hizo a duras penas. Vive de una exigua pensión por los efectos de la Covid permanente, que le ha dejado un 70% de discapacidad. Ofrece con un gesto otra banqueta al reportero y escucha en silencio la historia, de la que nunca había oído hablar. Está atónito.

Johnny no conoce a ningún responsable de Podemos, ni recuerda a ningún camarero en su local que se llamara Hugo. Se enfada. “Aquí intenta meterse coca alguien y pilla”, suelta castizo y con gesto serio. Habla en presente, como si su bar siguiera abierto y no llevara cinco años cerrado. Cuenta que quiere reabrirlo, pero le han dicho que no puede renovar la licencia, que tendrá que conseguir una nueva. Él sigue plantándose cada tarde en su puerta. En el rellano guarda una lata de cerveza y una radio siempre encendida.

El dueño del Nueva, Johnny –Felipe en su DNI– tarda unos minutos en ubicar la dimensión del invento. De lo que le acusaban era de auspiciar una operación de tráfico con 40 kilos de droga. Con una frase desmonta la “inferencia” policial de que los clientes entraban a su local y salían al poco tiempo: “Dábamos chupitos a un pavo”.

Regresamos a enero de 2016. Con anterioridad a que los policías obtengan permiso para indagar en las cuentas de Urbán, la Fiscalía recibe otro informe policial basado en una fuente anónima, de la que nunca se sabrá nada más, pero que resulta determinante para dar un impulso al caso. Según esta fuente, Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”, dice el oficio policial. 

Las donaciones que especifican son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urban. 

Los policías condimentan su oficio: “La fuente que ha aportado estos datos por ahora no ha podido puntualizar el resto de los movimientos de otros miembros [de Podemos], que no obstante señala que conoce que se producen con la misma frecuencia y con origen de integrantes relevantes de este partido”.

Operación Cardenal: un trampolín a Podemos

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La Policía se ha movido rápido. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación.  

Como adelantó Infolibre, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Fue en el marco de la causa por la guerra sucia a Podemos que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Apareció una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. La respuesta de la Policía confirma la sospecha del partido: el invento de la droga solo era el pretexto para llegar al líder de Podemos y las cuentas de la formación. 

Los oficios de la UDEF están firmados por su jefe de entonces, José Manuel García Catalán. El montaje contra Podemos se cuece en la misma cúpula del Cuerpo Nacional de Policía. García Catalán es uno de los mandos que viaja a Nueva York a conseguir pruebas, verdaderas o falsas contra el partido de Iglesias. 

Al mes siguiente de regresar de Nueva York, el 24 de mayo de 2016, el jefe de la UDEF rubrica un informe de su unidad sobre los gastos, ingresos y contrataciones de Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, con la excusa de la venta de droga. Los policías rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas. No encuentran nada, pero especulan.

La Policía insiste en la baza de los delatores. Los lleva ante el fiscal Antidroga del caso el 23 de febrero de 2016. Hugo se ratifica en todo. A Urbán se le cayó la mochila, 40 kilos, y él le ayudo a recogerla. No sabía qué había dentro, pero tras la transacción lo sospechó. Antes de irse, el eurodiputado tiró una bolsa de cocaína sobre la barra para que esnifara el que gustase. Sacó un fajo de billetes y pagó una ronda para todos. Palabra de confidente.

La Policía no va a dejar pasar la oportunidad. En otro informe de la UDEF, firmado por García Catalán el 1 de marzo de 2016, se especula con la salud financiera de Miguel Urbán. Recogen sus donaciones a “proyectos sociales”, a Podemos y encuentran algo que a los policías les da que pensar :“Prácticamente no hay ahorros en sus cuentas bancarias pese a que tiene una hipoteca”. Palabra de comisario del Cuerpo Nacional de Policía. 

“Es por ello que puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y por tanto podría tener una fuente de financiación no declarada –continúa el entonces jefe de la UDEF–. Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”.

La afirmación no es gratuita. En base a ella, la UDEF propone a la Fiscalía que la Agencia Tributaria facilite toda la información que tenga sobre Urbán. El comisario José Manuel García Catalán todavía enviará a la Fiscalía Antidroga un informe el 24 de mayo con todos los gastos de las tarjetas de Urbán, ingresos y contrataciones. 

En las diligencias previas de la Fiscalía Antidroga consta un informe de 78 páginas de la Agencia Tributaria sobre Miguel Urbán Crespo. Lo firma la entonces jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Margarita García-Valdecasas. Lleva fecha de 29 de abril de 2016 y es el preludio del fracaso de la Policía. No hay nada.

En junio se celebran elecciones generales. Podemos mantiene su representación parlamentaria pero el sueño del 'sorpasso' al PSOE se esfuma. Durante toda la precampaña y la campaña electoral, la cúpula de la seguridad del Estado, de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Antidroga han investigado a uno de sus fundadores y europarlamentarios. Y lo han intentado con su líder, Pablo Iglesias. 

Un mes después de los comicios, el 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, firma el decreto de archivo de las diligencias previas de investigación abiertas a requerimiento policial. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribe.

A día de hoy… 

Miguel Urbán. Abandonó Podemos en 2020 por estar en contra de la entrada en el Gobierno. Sigue militando en Anticapitalistas y ha puesto en marcha una cooperativa de gestión cultural, asesoría y comunicación después de un tiempo en el paro. 

“Este montaje demuestra la impunidad con la que trabajan las cloacas del Estado, que se pueden inventar algo tan sumamente descabellado y que no tenga consecuencias. Cincuenta años después de la muerte de Franco, toda la estructura de poder y cloacas sigue operando en democracia. No bastaba con exhumar a Franco del Valle de los Caídos... A esto nos referíamos. Soy hijo de luchador antifranquista torturado por Billy el Niño. Los herederos de ese policía son los han montado esta trama contra Podemos. Continúa la impunidad”.

Johnny. El próximo julio cumplirá 65 años. Vive de una pensión por invalidez de 600 euros, sueña con reabrir el Nueva y todavía le quedan 60.000 euros de hipoteca de su piso. “Si fuera un narco la habría pagado ya. Ponlo ahí”. Johnny es historia de una Malasaña, de un Madrid, que languidece. Dos chicos con aspecto de turistas se paran frente al Nueva Visión y señalan su puerta entreabierta. “Cerrado”, les advierte el dueño.

“¿De lo que hice en Alcalá 20 no ponen ahí nada?”, se indigna Johnny. Hace 42 años ayudó a rescatar a una veintena de personas del incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que hubo 81 muertos. Él mismo aparece contándolo a la puerta de las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz en el archivo de Televisión Española, un fragmento de los informativos incluido en un capítulo de 'Cuéntame'.

En la charla surgen sus años en el Fondo Sur del Vicente Calderón, que abandonó en los noventa por la invasión de nazis en el Frente Atlético. Johnny no tiene Internet. Por el periodista se entera de que cuatro días antes ha muerto un camarada de la militancia rojiblanca y de Malasaña, Iñaki 'Glutamato'. Aparta la mirada y se queda en silencio. Demasiadas noticias malas para una tarde cualquiera de mayo.

José Luis Olivera. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Se sentará en el banquillo del caso por el espionaje policial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Anticorrupción no presenta acusación contra él, pero sí la acción popular, que pide una pena de cárcel. Jefe de la UDEF con el PSOE, el Gobierno de Rajoy lo encumbró con la dirección del CITCO y el acceso a toda la información. Estuvo a punto de convertirse en el director operativo de la Policía.

José Manuel García Catalán. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Su nombramiento al frente de la UDEF ya resultó polémico en 2014. Jorge Fernández Díaz situaba al frente de la unidad que investigaba al PP por la caja B a un comisario afín. Por el momento ha declarado como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos. 

Hugo Ch. El confidente que atribuyó delitos penados con muchos años de cárcel a varios inocentes contesta la llamada de elDiario.es a su teléfono. Se niega a hablar del falso testimonio y arremete contra el periodista: “¿Qué trabajo es sacar lo que no se puede sacar? ¿Por qué no sacáis la mierda del Gobierno? Porque sois unos aborregados y unos subvencionados”, contesta él solo antes de advertir que está grabando la llamada y colgar.

Trapecista sobre una ciénaga, el comisario jubilado José Luis Olivera ostenta el logro de ejecutar el salto más complicado de cuantos se han producido en la historia de la Policía. La plácida pasarela de la dictadura a la democracia para los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado resulta una anécdota al lado del ejercicio que supuso pasar de la jefatura de la unidad anticorrupción en tiempos de Rubalcaba y la Gürtel a policía de máxima confianza de Jorge Fernández Díaz y el Gobierno del PP. Las sospechas y las supuestas maledicencias de la época se han revelado con el tiempo muy reales. En aquel entonces no se sabía que Olivera saltaba con red. La red de José Manuel Villarejo. Las pruebas constan en el archivo sonoro de su amigo “Pepe”. 

José Luis Olivera es uno de los cuatro comensales de la comida grabada por Villarejo en la que los dos policías hablan con el periodista Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals sobre lo “burdo” de la información de Okdiario acerca de una supuesta cuenta (que nunca existió) de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal y de cómo había sido replicada por La Sexta.

Durante esa charla distendida, un alto mando de la policía da a entender que se pueden fabricar pruebas falsas contra rivales. “Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”, aportaba Olivera a la conversación sobre la manipulación de los documentos. 

Otra grabación de una comida, esta sí perteneciente a la parte del archivo de Villarejo que escapó al control del comisario y que consta en la causa judicial, describe aún mejor la relevancia que Olivera ha tenido en la política nacional de los últimos años. En este caso los comensales son todos habituales del sumario de la causa Tándem: los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, el abogado Javier Iglesias, 'El Largo', y los comisarios Villarejo y Olivera. Menos Pedraza, todos están imputados. Los cinco aparecen planeando hacer a Olivera director operativo de la Policía con el PP, después de que Eugenio Pino, el artífice de la brigada política, se hubiera jubilado y ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior. 

El nombramiento de Olivera supondría libertad absoluta para sus maniobras y garantía de impunidad. El argumento que iban a presentar a María Dolores de Cospedal es que Olivera sería su instrumento perfecto en la “guerra” que mantenía con Soraya Sáenz de Santamaría. Con el abogado Iglesias presente, al que consideran su nexo con Mariano Rajoy, dicen que José Luis Olivera también le conviene al presidente, al “Asturiano”. 

Pero es a continuación cuando Villarejo alude a la que supondría una de las actuaciones más graves de las cometidas por la organización de Villarejo por indicación política, la voladura controlada del caso Gürtel para que no alcanzara a la cúpula del PP, años antes de que se abriera la pieza de la caja B. 

Villarejo afirma: “Aparte de ser la persona más ideal [Olivera] es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder. Que en el 2009, este señor y yo estuvimos jugándonosla esa pal Rucalcaba, estuvimos viéndole y este emboscado en el puto coche para que no nos mordieran, macho, eh, para el tema de la Gürtel de los cojones… Que la Gürtel los podía haber [al PP], vamos, los podía haber mandado todos a tomar por el culo si no llegar a ser por este… y eso no se puedo olvidar en la puta vida, eh”.

Villarejo, Ana Rosa e Inda

No es una cuestión novedosa en los audios de Villarejo. Precisamente en otra comida, esta vez, de nuevo con periodistas, el comisario jubilado alude a esa maniobra. Se produce justo el día antes del encuentro entre empresarios y policías citado en el anterior párrafo. Ahora, acompañan a Villarejo Ana Rosa Quintana; su marido, Juan Muñoz; y el director de Okdiario, Eduardo Inda. Aluden a las inclinaciones políticas del policía y él dice que su “experiencia” con el PSOE es “mucho mejor que con el PP”. “A mí, el PSOE me ha hecho ganar pasta, me ha dado honores, me ha hecho no se qué y tal. Y el PP, nada más que me ha dado por culo (…) Me cago en la puta, en el 2009 si no llega a ser por un gilipollas que se llama Villarejo escondió cien cajas de Gürtel a ver, a ver… se hubiera acabado todo, el partido…”

En la comida con los empresarios y colaboradores, Villarejo explica hasta dónde hubiera llegado el caso Gürtel si no hubiera sido por él y Olivera. El abogado Iglesias dice: “Empezando por el jefe”. “Por el mierda del jefe”, apuntala Villarejo. “Por el de los bigotes”, remata el letrado Iglesias, en referencia a José María Aznar. En uno de sus informes, la Unidad de Asuntos Internos alude a estos comentarios como “expresas menciones a una labor de protección de la investigación Gürtel, traicionando a Alfredo Pérez Rubalcaba, por entonces ministro del Interior”.

Investigador y presunto chivato

Desde que los vientos de las encuestas comenzaron a pronosticar un fin de ciclo socialista en España, al final de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, los rumores sobre el reposicionamiento de Olivera corrían por la Policía. Contra él, que había sido denunciado en el juzgado por el PP como parte de una “camarilla policial” dedicada a fabricar pruebas contra el partido en el caso Gürtel. “La catástrofe se la he creado yo al Partido Popular”, se defendió Olivera ante la investigación de comisión del Congreso. Durante la misma, el portavoz del PP, Luis Santamaría, defendió sin fisuras a Olivera: leyó el currículum del policía y al terminar lo partió para reprochar al PSOE que eso era lo poco que le importaba la trayectoria del comisario.

La tormenta del caso Villarejo había traído para José Luis Olivera unas conclusiones de Anticorrupción que transformaban los rumores en presuntas certezas. Villarejo había telefoneado a Ignacio López del Hierro, empresario y marido de Cospedal, para advertirle de pinchazos telefónicos y futuros registros a miembros del partido en la rama valenciana del caso Gürtel y de otro llamado Brugal, sobre la gestión de basuras en Alicante. “Según se desprende del contenido de las conversaciones le habría facilitado esa información el comisario jefe de la UDEF en aquellas fechas, José Luis Olivera Serrano”, dice un informe de Anticorrupción de julio de 2019. 

Asuntos Internos adjunta también información sobre la constitución de una sociedad de Villarejo con el inspector jefe en excedencia Antonio Giménez Raso en la que Olivera se llevaría “un 5%” de lo facturado. La sociedad se constituyó en 2008 cuando José Luis Olivera era todavía jefe de la Unidad policial de élite contra la corrupción. 

En las conversaciones de Villarejo con Giménez Raso, el primero describe la supuesta colaboración de su banda con la UDEF de Olivera: “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”. La sospecha de los investigadores es que Olivera no solo “se apuntaba el tanto” sino que también recibía una mordida. El rastreo de las cuentas conocidas de Olivera no ha dado resultado, aunque su conocimiento y presunta participación en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados le ha costado el procesamiento.

Para la imputación de Olivera en Kitchen resultó determinante la declaración de su antiguo subordinado el inspector jefe Manuel Morocho, responsable directo de la investigación de Gürtel y de la caja B, quien describió en sedes parlamentaria y judicial un clima irrespirable de presiones para que no avanzara en su trabajo de investigación de la corrupción del PP. En ellas, según Morocho, participó Olivera, guardándose informes de la causa bajo secreto para negociar con el PP hasta ofertas para que se marchara destinado fuera de España, procedentes del propio ministro Fernández Díaz. 

En el inicio de la Operación Catalunya

Algo que comparten todos los policías que componen el grupo de Villarejo es su capacidad para presentarse al Gobierno de turno con una tarjeta donde se podría leer “muy necesarios, dispuestos a todo”. La lógica partidista dictaba que después de ser el jefe de la unidad del caso Gürtel, Olivera acabara aparcado en un despacho apenas sin competencias. Pero a los pocos meses fue nombrado por el Gobierno del PP jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), sin grandes competencias operativas pero sí con información. Con el tiempo, Olivera dirigiría un organismo aún más relevante, sumando el terrorismo a sus tareas de conocimiento y coordinación.

A los dos meses de comenzar su destino en el CICO, Olivera reapareció mediáticamente. Había trascendido su viaje del 29 de octubre de 2012 a Barcelona, acompañado de otro comisario, Marcelino Martín Blas-Aranda, entonces jefe de Asuntos Internos, y otro de los protagonistas de la brigada política del PP hasta que se enfrentó con Villarejo. La Operación Catalunya, destapada por elDiario.es en 2014, acababa de arrancar.

Olivera y Martín Blas trataron de convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled de que relanzaran de inmediato la investigación del caso Palau, pese a que ninguno de los dos tenía vinculación con el caso, y pidieran al juez el registro de la sede de CDC. Catalunya estaba en precampaña electoral. Los fiscales desconfiaron de que dos policías próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso, les presentaran aquellos nuevos y endebles indicios. La actuación de los policías motivó incluso una queja formal del Consejo Fiscal, pero los dos comisarios fueron condecorados con la Medalla Roja, un reconocimiento pensionado.

En octubre de 2019, Olivera pasó a la segunda actividad para trabajar en la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luis Rubiales, como “gestor de riesgos en el Área de Seguridad”. En la actualidad está jubilado. Todavía sigue poniendo en valor las aportaciones de Villarejo en operaciones anticorrupción tan importantes como Malaya o Astapa. Olivera parece el único que aún no le ha abandonado.

El exjefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía José Luis Olivera ha negado esta mañana ante el juez del caso Kitchen una relación estrecha con el comisario Villarejo o haber presionado al policía Manuel Morocho, a sus órdenes en los casos Gürtel y caja B, para beneficiar al PP. También ha negado cualquier participación en el espionaje a Bárcenas. Al término de su declaración, y según detallan a elDiario.es fuentes presentes en la misma, García-Castellón le ha advertido: “Los audios contradicen casi todo lo que ha dicho usted”.

El magistrado se refería a las conversaciones incautadas a Villarejo y en las que Olivera aparece presente o es aludido por terceros. Entre ellos hay dos sobre la participación de ambos en una trama para evitar que el caso Gürtel salpicara a los dirigentes del Partido Popular. En una de esas conversaciones, el 25 de enero de 2017, Villarejo dice, en presencia de Olivera: “Que la Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste… y eso no se puede olvidar en la puta vida”.

Olivera ha declarado como investigado y se ha acogido a su derecho a declarar a las partes que ha considerado, en este caso al juez y a su propio abogado. Ante García-Castellón se ha mostrado casi como un represaliado por el Gobierno del PP, que en la oposición le denunció ante los juzgados “con nombre y apellidos” y luego creó un clima en la UDEF, ya con Mariano Rajoy en Moncloa, donde ya “no se trabajaba igual”, precisan las mismas fuentes. Olivera fue ascendido de la UDEF a director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado a los seis meses del cambio de Gobierno y acabó con el PP como el policía con más información al ampliar sus competencias de coordinación al terrorismo.

En esta línea, Olivera ha negado presiones al investigador de la caja B del PP y ha intentado cuestionar su trabajo, pese a las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ha dicho que, como mucho, lo que le pidió fue “ampliar, completar, revisar” algunos informes de Gürtel que luego, según él, se comprobó que contenían fallos. Como “errores de apreciación cuestionados por órganos jurisdiccionales”, dice ahora de su investigador principal en los casos de corrupción del PP. Pero Olivera ha añadido que nunca presionó para cambiar el contenido de los informes del entonces inspector Morocho.

Igualmente ha negado que le ofreciera un puesto en Lisboa bien remunerado para apartarle de la investigación porque hubiera sido “una estafa”, al no tener competencias para ello, ha dicho Olivera. Es más, según su versión, fue Morocho quien le preguntó por la posibilidad de ir destinado allí. El comisario Olivera, ahora de excedencia con una gran retribución en la Real Federación Española de Fútbol, ha desmentido la escena descrita ante el juez por Morocho en la que, mientras le ofrecía el puesto, sonó el teléfono de Olivera y éste contestó como si fuera el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al tanto del ofrecimiento. El imputado ha asegurado que no podría haber reconocido el teléfono del ministro porque no lo tenía.

Olivera ha dado su explicación a la denuncia de Morocho en el sentido de que el policía habrá razonado: “Todo el mundo va contra mí y ahora voy contra todo el mundo. He visto que ha ido contra todos sus jefes”. “Una posición tan narcisista es que no la entiendo”, ha añadido.

Olivera ha declarado igualmente que no trató de la Kitchen con ninguno de los mandos policiales imputados y que no recordaba si alguna vez lo hizo con el que era su jefe directo, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, igualmente imputado por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados y al que los investigadores consideran coordinador de la operación. José Luis Olivera ha negado conocer a Cospedal, a la que solo saludó una vez en 2016, o a su marido, Ignacio López del Hierro. La exsecretaria general y el empresario declararán como investigados mañana y el miércoles, respectivamente.

La representación legal de Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo, ha solicitado al juez instructor que abra una pieza separada para investigar al comisario que dirigió la Policía durante el Gobierno de José María Aznar por el encargo que realizó a José Manuel Villarejo desde la constructora a la que se marchó a trabajar después de ser cesado en abril de 2004. Podemos ha recopilado todos los indicios que constan desperdigados por la causa acerca de Pedro Díaz Pintado para fundamentar su petición al instructor del caso.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos, incorporado recientemente al sumario del caso, recaba los indicios de que el informe que Villarejo elaboró para constructora Dico, por encargo de Díaz Pintado, contiene información confidencial que el comisario habría obtenido utilizando su condición de funcionario o pagando a terceros, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos y/o cohecho. En el informe, cuyo contenido ha revelado eldiario.es, los agentes destacan una anotación manuscrita en el dossier incautado a Villarejo en la que se lee: “Pedro Díaz Pintado de Cenyt para Dico”.

En el escrito que Podemos ha presentado en la Audiencia Nacional, adelantado por publico.es, la acusación popular solicita que se extraiga de la voluminosa documentación en formato papel o audiovisual que consta en la causa las “referencias relativas a cualquier encargo prestado por Cenyt S.A o cualquiera de las empresas del grupo empresarial criminal del señor Villarejo al Grupo Dico empresarial S.L o cualquiera de las empresas que lo conforman”, así como cualquier posible participación de Díaz Pintado en los negocios del comisario encarcelado.

Igualmente, pide que se solicite a la constructora cualquier documento sobre eventuales contratos con las empresas del comisario. La empresa, señala la acusación popular, está en liquidación, por lo que el requerimiento debe dirigirse a sus administradores concursales.

La representación legal de Podemos también señala al que fuera jefe de la UDEF, la unidad anticorrupción de la Policía, durante el periodo de Díaz Pintado en la constructora, el comisario José Luis Olivera, del que constan numerosas menciones en el sumario acerca de su relación estrecha con Villarejo. Podemos quiere que a esta investigación se sumen los audios en los que Villarejo y el también investigado Enrique García Castaño hablan acerca de su relación con Díaz Pintado.

Dico es una constructora implicada de lleno en el caso Púnica. Era propiedad de Julián Jiménez de los Galanes y de Francisco Colado. Se trata de la constructora que organizaba las cacerías con cargos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, incluido Francisco Granados, exalcalde Valdemoro, localidad de la que fue alcalde y donde la empresa hizo negocio con la construcción.

La alarma que prendió en el equipo de Juan Ignacio Zoido a su llegada al Ministerio del Interior por el caos en la cúpula de la Policía parece haber desaparecido. Los cambios que preveía el nombramiento de Florentino Villabona como número dos del Cuerpo, solo diez meses antes de su jubilación, no se han producido, más allá de un par de gestos. Mientras, los mandos de las maniobras policiales contra la oposición en tiempos de Jorge Fernández Díaz siguen en sus exilios dorados, son rehabilitados o, como en el caso del comisario José Luis Olivera, retoman posiciones para hacerse con el control de la Policía.

El comisario Villabona fue elegido a finales de enero para poner orden en una cúpula policial abonada a los titulares de los medios de comunicación. Responsable del orden público con Fernández Díaz, el ministro Zoido consideró que su situación, próxima al retiro, era la ideal para limpiar y dejar allanado el terreno en noviembre a un nuevo director adjunto operativo. Pero el balance en el ecuador de su mandato, cumplidos los primeros cinco meses, hace concluir que la opción de Villabona ha sido no levantar ampollas y mostrarse conciliador con los responsables de la etapa anterior.

Un hecho significativo de esta postura, acaecido hace aproximadamente un mes, es la rehabilitación de la comisaria Nuria Mazo, quien fue jefa de la disuelta Brigada de Revisión de Casos. La BARC fue un puntal de la policía política que puso en marcha Eugenio Pino, antecesor de Villabona. Como desveló el propio Pino en una entrevista en El Mundo, la BARC se había dedicado a revisar actuaciones policiales en tiempos del PSOE, en casos tan politizados como el 11-M o el Faisán, y a pesar de que ambos cuentan con sentencia firme del Tribunal Supremo.

Las declaraciones de Pino llevaron al actual equipo de Interior a disolver dicha brigada y a repartir a los agentes que la componían por distintos destinos. Con la comisaria Mazo, muy próxima a Pino, se actuó con contundencia, situándola como número dos de la Brigada Provincial de Policía Científica, lo que provocó una respuesta airada de la afectada.

Sin embargo, hace un mes, Mazo fue designada jefa de la comisaría del distrito de Hortaleza, una rehabilitación en toda regla, según fuentes de la cúpula policial en Madrid. El castigo ha durado apenas tres meses.

Entretanto, Villabona decidió desterrar a una comisaría zonal de Madrid al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Esta unidad es la encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes y la colocación de micrófonos y dispositivos de seguimiento. El motivo esgrimido por Villabona ante el afectado fue que hablaba “mucho con periodistas”.

La opción de dejar pasar el tiempo puede ser comprometida. El nivel de enfrentamiento entre algunos comisarios no ha descendido y el riesgo de que recurran a los medios según se complique su situación personal sigue latente. El comisario José Manuel Villarejo está imputado en dos causas judiciales. Su reacción a la decisión judicial en el caso de la doctora Elisa Pinto fue comenzar a dar entrevistas disparando, sin pruebas, contra todos sus enemigos. Si bien es cierto que la actual cúpula policial y la del Ministerio del Interior quedaron fuera de esa andanada.

Por otra parte, el Gobierno ha respirado aliviado esta misma semana con la noticia del cierre de la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso partidista de la Policía. Un cierre que ha sido posible gracias a que el PSOE ha votado junto al PP y Ciudadanos para no pedir más comparecencias, entre ellas la del comisario Marcelino Martín-Blas, otro de los protagonistas de la policía política, ávido de ajustar cuentas con quienes lo apartaron por su enfrentamiento con Villarejo.

Los exilios dorados

En esa comisión compareció el miércoles el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en dos años pasó de un puesto de segunda fila en Santander a ser condecorado con una medalla pensionada por su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la policía política. Antes de jubilarse, Pino le envió a La Haya, la misma ciudad donde antes había destinado a la esposa de Fuentes Gago. Allí ambos siguen cobrando más de 10.000 euros brutos al mes cada uno.

La recompensa llegó después de dos años de ser la mano derecha de Pino. Como explicó el propio Fuentes Gago ante la comisión, lo mismo organizaba la agenda del director adjunto operativo que viajaba a Suiza a investigar la cuenta falsa de Xavier Trias. Su puesto actual es de agregado de Interior en la embajada española, un cargo de libre designación del que puede ser cesado en cualquier momento. Pero el comisario Villabona ha optado por mirar a otro lado.

Situación idéntica sería la de Bonifacio Díaz Sevillano si no fuera porque este inspector jefe, además, está imputado en un juzgado de Plaza de Castilla por tres delitos relacionados con su actividad en la cúpula policial. Díaz Sevillano disfruta de un retiro dorado en la Embajada de México, con un sueldo también de más de 10.000 euros mensuales, que además le permitirá declarar por videoconferencia el próximo 19 de septiembre, fecha en la que ha sido citado como imputado por el juez Juan Javier Pérez.

El magistrado investiga el origen irregular de un pendrive que Díaz Sevillano, sustituto de Fuentes Gago como jefe de gabinete de Pino, introdujo presuntamente en la causa de los Pujol para ampliar las acusaciones. El juez de la Audiencia José de la Mata percibió la maniobra, abrió una pieza separada para que la prueba no contaminara el resto de la investigación e interrogó a los policías.

Su conclusión fue que le mintieron. Al no ser competente para investigar el presunto delito cometido, envió la causa a Plaza de Castilla, no sin antes advertir presunta prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Tampoco Díaz Sevillano ha sido cesado por Villabona del puesto de libre designación donde le ubicó Eugenio Pino, jubilado desde el pasado verano como Villarejo. Pino también está imputado en el caso del pendrive.

En su destino privilegiado de Mauritania sigue Jesús Vicente Galán, mando de Asuntos Internos implicado en las maniobras citadas. Todavía circula por la Policía el chiste que se refiere a los destinos en las embajadas como “el bosque” al estar, bromean los agentes, “lleno de pinos”.

En otros tantos juzgados de Madrid se investiga la grabación ilegal a unos policías y agentes del CNI, por la que está imputado el comisario Villarejo, y la querella por injurias del comisario Pino al insistir en la entrevista a El Mundo en que Trias tuvo una cuenta en Suiza.

Cambio clave en noviembre

Mientras todo esto ocurre, las fichas se empiezan a mover para sustituir a Florentino Villabona cuando se jubile el 23 de noviembre. Uno de los comisarios que multiplica estos días sus contactos con la cúpula del Ministerio del Interior es José Luis Olivera, quien ya optó a director adjunto operativo en enero.

Olivera es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y protagonizó uno de los episodios más documentados de la Operación Cataluña, mucho antes de que las maniobras policiales contra el soberanismo catalán recibieran ese nombre. Fue en octubre de 2012 cuando viajó a Barcelona en compañía del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena campaña electoral.

Los fiscales sospecharon que dos mandos ajenos a la investigación del caso Palau les hicieran tal propuesta y con unos indicios tan endebles como los que les mostraron. Su protesta acabó plasmada en una queja formal y pública del Consejo Fiscal.

Muestra su inquietud en una pregunta parlamentaria por el nuevo fichero de casos “especiales” ideado por José Luis Olivera

Los socialistas denuncian en otra iniciativa trato de favor del jefe antiterrorista, Enrique Barón, a su hija periodista

Ambos mandos destacan entre los candidatos a ocupar la Dirección Adjunta Operativa que alojó a la 'policía política' con Fernández Díaz

El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene pendiente nombrar en las próximas semanas al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el puesto clave en el Cuerpo. Dos de los máximos aspirantes a ocupar la DAO, José Luis Olivera y Enrique Barón, son objeto estos días de sendas preguntas parlamentarias al Gobierno por parte del PSOE.

El primero, por el manual que establece una nueva clasificación de casos “especiales”, redactado por el centro de coordinación que dirige. Barón, jefe antiterrorista, por el trato de favor dispensado a su hija cuando era estudiante de periodismo y ahora, como redactora que informa, entre otras, de las investigaciones que dirige el padre.

El PSOE ha registrado un escrito en el que pregunta al Gobierno por el nuevo fichero de casos “especiales”, destinado a distinguir casos de terrorismo, crimen organizado y corrupción que el Gobierno considera de especial trascendencia, pero de los que no precisa más. Como reveló eldiario.es, la nueva clasificación aparece en un documento sobre coordinación entre Fuerzas de Seguridad del Centro contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que dirige el comisario José Luis Olivera.

Los socialistas quieren saber si el fichero está ya en marcha, quién tiene acceso al mismo, si se ha involucrado a la Agencia de Protección de Datos en su creación y “a qué se refiere exactamente cuando habla de ”casos especiales“.

El documento en el que se establece la nueva clasificación reserva carácter extraordinario y acceso restringido a aquellos casos en los que participen agentes encubiertos y testigos protegidos o se persiga a policías, guardias civiles y agentes de Aduanas. Pero también a todas las investigaciones que la cúpula del Ministerio del Interior considere, sin más, de “especial trascendencia”. Solo esa cúpula policial del Gobierno de turno tendrá acceso a los avances que se produzcan.

En el tercer motivo para que se declare una investigación de carácter “especial” es que concurran “otras circunstancias especiales que, en función del contenido de la investigación o de su especial trascendencia, justifique la catalogación de especial para garantizar su eficacia”.

La creación del fichero, afirma en su pregunta el diputado Antonio Trevín, llega “después de una legislatura funcionando dentro de la Policía Nacional un grupo de miembros relevantes de este cuerpo, cuya función primordial fue el espionaje político, que se practicó contra los adversarios y contra otros miembros del Cuerpo que no se consideraba afines al nuevo ideario”. Estas maniobras, dice el portavoz socialista en la comisión de Interior, han provocado “el deterioro de la imagen de la Policía Nacional por su utilización política y partidista”.

Un primer borrador del manual incluía un cuarto supuesto para declarar una investigación especial: “Implicación de jueces, fiscales y personas con responsabilidad política o pública (PRPs)”. Según esto, la primera intención del CITCO era que ese estrecho control sobre los avances de un caso se ejerciera solo por el hecho de que en las investigaciones hubiera aparecido la implicación de un político. La referencia explicita referencia a los políticos se retiró del texto definitivo.

El texto del PSOE incide en que el manual y la clasificación proceden de un organismo que dirige el comisario Olivera, “uno de los máximos aspirantes a director adjunto operativo de la Policía y uno de los artífices de la Policía política contra la oposición”. El Español publicó recientemente que Olivera trató de presentar al comisario José Manuel Villarejo al nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en un acto público ante las reticencias de éste. Villarejo está imputado por una grabación ilegal a otros policías y agentes del CNI.

“Empotrada” en una operación antiterrorista

Otra de las preguntas registradas por el PSOE alude a uno de los competidores con Olivera al puesto de máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Enrique Barón. Se refiere a la operación antiyihadista del 16 de junio de 2014, en la que Barón propició que su hija acompañara a los agentes en primera línea durante las detenciones. Después, la joven escribió un artículo en la revista de la Universidad sobre su experiencia. Aquellos hechos, revelados por eldiario.es, a punto estuvieron de costarle el puesto a Barón, una destitución que frenó en el último momento el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Hace dos semanas, la hija del comisario general de Información escribió un artículo en lainformacion.com en el que aseguraba que “las relaciones entre los distintos organismos encargados de luchar contra el yihadismo (Policía, Guardia Civil y CNI) son inmejorables y nunca vistas hasta ahora en la historia de España, lo que permite una mayor coordinación a la hora de neutralizar la amenaza terrorista”.

El PSOE recuerda varios de los “encontronazos” entre Fuerzas de Seguridad a cuenta del terrorismo. Entre ellos, por una alarma de atentado en la Embajada francesa en Madrid, que llegó a los tribunales, o a cuenta de la investigación del secuestro de una menor española trasladada a Sudamérica. También recupera otra noticia sobre una docena de casos de descoordinación que el citado CITCO no ha podido solucionar y de los que alertó la propia Audiencia Nacional.

Los socialistas concluyen que el artículo de la hija del responsable antiterrorista de la Policía “más parece que se trata de un artículo de promoción personal del propio comisario general de Información, posicionándose de cara al nombramiento de nuevo director adjunto operativo” y añade que “no está claro si cuenta con el beneplácito de la oficina de prensa del Ministerio del Interior”. En el texto, la periodista califica la estructura antiterrorista que dirige su padre como “referente mundial en la lucha contra el yihadismo”.

Por todo ello, el PSOE pregunta al Gobierno: “¿Considera que entra dentro de las funciones de un comisario general de Información promover a través de su hija publicidad del trabajo de la comisaría en la que es responsable?”. Los socialistas añaden:“¿El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía permiten en igualdad de condiciones a todos los medios de comunicación la posibilidad de empotrarse en las operaciones policiales antiterroristas que lleva a cabo la Comisaría General de Información?” y terminan preguntando al Gobierno si el gabinete de prensa de Interior facilita al resto de medios las informaciones que publica “en exclusiva” la hija del comisario.

Las investigaciones sobre terrorismo y crimen organizado, incluida la corrupción, han pasado a estar divididas entre “ordinarias” y “especiales” de acuerdo con un nuevo manual para la coordinación entre cuerpos policiales. El documento reserva carácter extraordinario y acceso restringido a aquellos casos en los que participen agentes encubiertos y testigos protegidos o se persiga a policías, guardias civiles y agentes de Aduanas. Pero también a todas las investigaciones que la cúpula del Ministerio del Interior considere, sin más, de “especial trascendencia”. Solo esa cúpula policial del Gobierno de turno tendrá acceso a los avances que se produzcan.

El nuevo Manual de Procedimiento de Coordinación de Operaciones es un documento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Como tercer motivo para que se declare una investigación de carácter “especial”, el manual indica que concurran “otras circunstancias especiales que, en función del contenido de la investigación o de su especial trascendencia, justifique la catalogación de especial para garantizar su eficacia”.

Con esta ambigua definición, cualquier caso puede ser considerado “especial” y por tanto, de control restringido, siempre que así lo decidan los directores operativos de de Policía y Guardia Civil o sus subordinados al frente de las unidades antiterroristas o contra el crimen organizado y la corrupción. En el caso de la Policía se trata de comisarios que cada Gobierno elige entre sus mandos afines.  

Un primer borrador del manual, al que también ha accedido eldiario.es, incluía un cuarto supuesto para declarar una investigación especial: “Implicación de jueces, fiscales y personas con responsabilidad política o pública (PRPs)”. Según esto, la primera intención del CITCO era que ese estrecho control sobre los avances de un caso se ejerciera solo por el hecho de que en las investigaciones hubiera aparecido la implicación de un político. eldiario.es se ha puesto en contacto con el ministerio de Interior el motivo de esta variación, sin obtener respuesta.

La elaboración de este manual responde a la fusión que se produjo hace dos años del centro que coordinaba a las Fuerzas de Seguridad en materia de terrorismo, el CNCA, y el que lo hacía para el crimen organizado, el CICO. Ambos fueron una idea del Gobierno de Zapatero para que no se volvieran a repetir los errores de coordinación que precedieron al 11-M. El Ejecutivo del Partido Popular pensó que la interrelación de terrorismo y crimen organizado aconsejaba que los centros se fusionaran, y así nació hace dos años el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El máximo aspirante a jefe de Policía

Al frente del mismo, Jorge Fernández Díaz situó al comisario José Luis Olivera, procedente de uno de los organismos fusionados, el que coordinaba las investigaciones sobre crimen organizado. Olivera adquirió relevancia durante el Gobierno del PSOE al ser el primer y único jefe en aquella etapa de la UDEF, la nueva unidad especializada que tenía encomendada investigar la corrupción y que protagonizó casos tan relevantes como Malaya o Gürtel.

El comisario Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en el caso Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del Ministerio que dirigió Fernández Díaz. A día de hoy es uno de los máximos aspirantes a director adjunto operativo de la Policía, el puesto clave en el Cuerpo y vacante desde que se jubilara en verano Eugenio Pino, el artífice de la ‘policía política’ contra la oposición.

Olivera participó el 29 de octubre de 2012 en uno de los viajes de la Operación Cataluña. Según el Ministerio del Interior, él y el jefe de Asuntos Internos entonces, Marcelino Martín-Blas, fueron a presentar a los fiscales Anticorrupción de Barcelona un nuevo grupo dentro de Asuntos Internos. Para el Consejo Fiscal se trató de un viaje anómalo de dos agentes que les pedían registrar la sede de CDC en plena precampaña electoral, en el marco del caso Palau, una investigación que les era ajena a ambos policías en función de sus destinos.

El borrador y el manual final han sido elaborados por el Área de Coordinación del CITCO, con Olivera como director del Centro. A éste reserva la presidencia de las reuniones entre distintos cuerpos para coordinar operaciones de terrorismo, delincuencia organizada o corrupción. El contenido del manual es “obligado cumplimiento” para la Policía y la Guardia Civil, según instrucción del anterior secretario de Estado de Seguridad, dictada el 31 de mayo pasado.

Evitar investigaciones duplicadas

El sistema de alerta interna implantado en el CITCO avisa si algún dato introducido por un cuerpo policial coincide con el que previamente había aportado otro. Se trata de identidades de investigados, matrículas, números de teléfono… El objetivo es que no se dupliquen las investigaciones. Pero la asignación a uno u otro cuerpo no siempre es del todo 'pacífica'.

Por eso, el manual recoge todo un protocolo de actuación para dirimir quién se queda con una investigación, sea “ordinaria” o “especial”. Las especiales tienen unas medidas adicionales de opacidad y protección. Por ejemplo, si una especial coincide con una ordinaria, el CITCO con proporciona detalles de las coincidencias a las unidades de coordinación de los cuerpos implicados. Solo les dice si hay una coincidencia o varias, pero no detalla cuáles. De forma excepcional, el manual permite que se comunique cuáles han sido las coincidencias a las unidades de coordinación de cada Cuerpo, pero se les prohíbe que se les detallen a los propios investigadores.