Un negocio extraño, pero con aspecto moderno. Dos locales ligeramente llamativos en la plaza de San Miguel, donde se cruzan la gentrificación del centro y la turistificación en los espacios gastronómicos, repletos de alimentos, tapas castizas, arroces tradicionales o delicias gourmet para bolsillos suculentos. Desde que abrió el primero, destacan sobre todo unas letras en las cristaleras, de color azul translúcido y con un bordeado amarillo: WC, la abreviatura de Water Closet. Son baños para turistas que cobran un euro por la entrada y en los que solo se puede pagar con tarjeta. Se pusieron en marcha hace un año en unas antiguas oficinas del BBVA, pero pasó poco tiempo hasta que un precinto municipal cerró el acceso al público. El inicio de su declive coincide con la salida de uno de los socios fundadores: Víctor de Aldama.

The Mad Toilets SL es, desde 2024, el nombre de la compañía administrada en su momento por el empresario, acusado de cobrar comisiones ilegales con José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y César Moreno, otro investigado en el caso Koldo que en mayo se desvinculó ante el juez de los pagos sospechosos efectuados por su socio. Una orden municipal del 21 de febrero del año pasado, resuelta días antes y que se anuncia un cartel colgado a la entrada de los baños, advierte de la prohibición de retirar o destruir el precinto que indica el cierre de las instalaciones. Su futuro próximo no pinta optimista.

Para cuando se inauguraron los baños de la Plaza de San Miguel, Víctor de Aldama ya no figuraba en el organigrama: abandonó el proyecto en septiembre de hace dos años, unos siete meses después de que la Guardia Civil le detuviera junto a Koldo García acusados de pertenecer a una red fraudulenta ligada a altos cargos del PSOE. La compañía se declaró insolvente hace unos meses y ha presentado un procedimiento especial de microempresas y microempresarios ante el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Este mecanismo concursal permite a las empresas con problemas económicos estudiar su situación y las posibles salidas para reflotar gracias a la intervención de un perito, que envía el juzgado para gestionar temporalmente las cuentas y redactar un plan de continuación. Es decir, una estrategia con la que reestructurar la actividad o liquidar activos de forma ordenada, procediendo en ese caso a la disolución de la sociedad limitada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que depende el procedimiento, confirman que dicho plan ya ha sido presentado y este se encuentra aún en fase de alegaciones.

Dos caminos posibles: reflotar con concesiones o liquidar bienes

Esta hoja de ruta deberá ser votada y aprobada por los miembros de The Mad Toilets SL. Si el plebiscito es favorable, se asumirán las acciones planteadas y se plantearán los términos en los que van a desarrollarse. Si no es así, la empresa quedará abocada a la liquidación de bienes y esta se hará de forma regulada y conforme a criterios judiciales. Pero es difícil estimar cuándo tendrán una respuesta definitiva, y mientras tanto su negocio permanece precintado y con pocas expectativas de volver a reabrir.

“Esto está empezando a rodar”, confirman desde el Juzgado de lo Mercantil número 17, que instruye el proceso. Mientras tanto, el administrador concursal asignado al caso puede bloquear cuentas, decidir a quién se paga por orden de prioridad –primero las deudas con Hacienda, luego el pago a los trabajadores y por último, a los proveedores– o, a efectos prácticos, actuar como un gerente de la empresa en funciones hasta que concluya la votación.

Según los datos públicos que ofrece el Geoportal urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, actualmente la empresa tiene a tres trabajadores en plantilla. En el buscado municipal de licencias no consta ninguna inspección reciente en los baños, que se extienden sobre una superficie de 273 metros cuadrados en total, de los cuales solo 204 m² son útiles. The Mad Toilets SL, fundada en 2022 bajo el nombre de Hot Wheels Iberica SL, calculó en su último registro un capital social de 23.000 euros. El año pasado lo cerró con resultados negativos.

Hace un par de años, Aldama y su socio presentaron la propuesta al Ayuntamiento de Madrid a través de una declaración responsable (un documento oficial por el que el titular de una empresa asegura reunir los requisitos para una actividad concreta), en la que enunciaron su idea de abrir un negocio bajo el epígrafe administrativo de saunas, baños turcos y similares. Un modelo que ha quedado salpicado por la sombra del caso Koldo, y que ahora pende de la decisión de una empresa que sopesa si presentará o no alegaciones.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que el préstamo de seis millones de fondos autonómicos a la empresa Duro Felguera (DF) se concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción de Asturias (SRP), con un “componente claramente” de participación privada, y que su devolución dependerá de la decisión judicial si bien puede “ser compleja”.

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, Barbón ha explicado que en su plan de restructuración Duro Felguera propone a la autoridad judicial que la deuda contraída con la SRP y los bancos “quede amortizada para salvar la empresa”.

Una aportación de 2021

“Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es la SRP quien lo acuerda, proviene del Gobierno de Asturias, fue una aportación de 2021”, ha apuntado al respecto.

Barbón ha dicho que ahora “depende de un juez la decisión” de aceptar ese plan de restructuración de la empresa, al que el Principado “se opuso”, porque consideró que esos seis millones eran “fondos públicos”.

“Si el juez lo decide, la situación está compleja”, ha apuntado el presidente del Principado.

Las críticas del PP

Con todo, ha señalado que esos fondos fueron “vitales” para intentar salvar la empresa -“que, de hecho, se salvó”- y contribuyeron a “redimensionarla” y a buscar nuevas salidas, como ha ocurrido con El Tallerón, lo que ha salvado “cientos de empleos”.

Sobre este asunto se ha referido hoy también el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al recordarle a Barbón que se trata de “seis millones que pertenecen a todos los asturianos”.

Lorpen, otra de las marcas implicadas en el concurso de acreedores de Ternua, tiene ya salida para garantizar su continuidad. Y lo hará de manos de sus trabajadores. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia ha autorizado la venta de Lorpen, dedicada básicamente a la fabricación de calcetines deportivos, a la sociedad Artain25 SL, empresa constituida por 25 trabajadores de de la fábrica de la marca en Etxalar (Navarra), que con la compra garantizan la continuidad de sus empleos locales y de la actividad de la empresa. Es la tercera resolución favorable para las empresas del grupo, después de la venta de Loreak Mendian y de Ternua. El grupo Ternua incluye también a marca Astore, de ropa deportiva.

La sociedad Artain25 SL pagará para hacerse con el control de Lorpen 400.000 euros, y en la oferta se incluye la subrogación de todos los contratos laborales de los trabajadores, 28 en total, respetando las condiciones de trabajo y de antigüedad. Ésta ha sido la única oferta presentada por la empresa, por lo que la autoridad concursal la ha considerado apropiada para mantener la actividad y el empleo. Además, el juzgado ha valorado el hecho de que empresa compradora está “integrada exclusivamente por trabajadores y personas vinculadas laboralmente a la concursada Lorpeland, S.L”.

Con esta nueva resolución favorable, el concurso del grupo Ternua, que se presentó de forma voluntaria el pasado mes de junio al no poder frente a unas deudas de 16 millones de euros, se está resolviendo de forma favorable mediante la venta por partes de las empresas del grupo. La primera fue Loreak Mendian, que pasa a ser propiedad de la empresa Borobitex, controlada junto con otros dos socios por Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian, por un precio de 800.000 euros. Poco después, la cooperativa del Grupo Mondragon Dikar se hizo con Ternua por 1,5 millones de euros. Ahora ha sido el turno de Lorpen por lo quequedaría sin resolución la parte del concurso referente a la marca Astore, que sigue sin tener clarificado su futuro.

Loreak Mendian se salva de la quiebra en el concurso de acreedores en el que está inmerso el grupo Ternua, en el que figuran también marcas como Astore o Lorpen. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia ha autorizado la venta de la firma de ropa por 800.000 euros a la empresa Borobitex, controlada junto con otros dos socios por Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian y que ha sido su cabeza visible desde el inicio. Borobitex, de nueva creación se hace cargo de la plantilla de 18 personas, la marca, y los locales de Donostia, Bilbao y Madrid y los pedidos en curso.

En el auto del juzgado en el que se autoriza la venta, se señala que la oferta “cumple con los parámetros de idoneidad y conveniencia exigidos por la Ley Concursal” y considera que “el precio de 800.000 euros, unido al ahorro de 408.000 euros por la subrogación laboral, resulta razonable”. No obstante, reconoce que no se ha presentado ninguna oferta alternativa en el cauce publicitario abierto, “lo que supone que, de no aceptarse la propuesta de Borobitex”, se produciría “una situación claramente perjudicial, sin una continuidad para la actividad productiva relacionada con la marca, sin el ingreso del dinero que supone la venta y con la pérdida de la oportunidad de mantenimiento de los puestos de trabajo”. La oferta de Borobitex contaba ya con el informe favorable de la administración concursal. La empresa se constituyó hace sólo tres meses con el objeto de realizar la oferta de compra de la marca de ropa.

Entre las ventajas, el juzgado destaca que se da “continuidad empresarial” y “mantenimiento del empleo” con la subrogación de 18 contratos de trabajo, “respetando las condiciones” y “antigüedad” de los trabajadores; se preserva una marca “consolidada en el sector textil”, el arrendamiento de tres locales “estratégicos” (Bilbao, Donostia y Madrid) y los pedidos en curso.

El grupo empresarial Ternua, que además de esta marca especializada en ropa de montaña, gestiona Astore, de ropa deportiva, Lorpen, de calcetines, y la que está a punto de vender, Loreak Mendian, presentó concurso de acreedores voluntario el pasado mes de junio. Entonces ya se conocía que existía esta oferta vinculante por Loreak Mendian. La empresa con sede Arrasate-Mondragón y planta de producción en Navarra, era incapaz de hacer frente a su deuda.

El propio grupo, en el momento de presentar el concurso, reconocía que había cerrado su último ejercicio con “una facturación de 29,2 millones de euros, un resultado negativo y una deuda de 16 millones”, aunque la empresa arrastraba dificultades desde 2023. El grupo en su conjunto daba empleo a 180 trabajadores, lo que supone que descontando los 18 de Loreak Mendian, que tienen su continuidad asegurada en Borobitex, una vez se formalice la venta, hay 160 empleados que tienen un futuro incierto en el resto de las marcas del grupo, para las que todavía no hay ventas autorizadas, aunque sí existen negociaciones. En el caso de los trabajadores de la planta navarra, en la que se fabrican sobre todo calcetines de Lorpen, un grupo de trabajadores ha constituido una empresa para poder dar continuidad a esta actividad, pero todavía está sin cerrar el proceso.

Duro Felguera no tendrá una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores. El grupo empresarial ha agotado la paciencia del magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, Rafael Abril Manso, quien ya había advertido a la empresa cuando autorizó la tercera, el pasado 1 de septiembre, que se concedía con carácter “extraordinario”, condicionada a que fuera “la última”, salvo que se acreditase la existencia de circunstancias “extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad”.

La compañía no ha acreditado esa excepcionalidad, de manera que el preconcurso queda judicialmente archivado. A partir de ahora, el horizonte que se abre es el siguiente: Duro Felguera deberá presentar concurso de acreedores o el plan de reestructuración -que no presentó hasta ahora-, si bien, en cualquier caso, sería fuera de la vía judicial.

Sin posibilidad de recurso

El juzgado solo intervendría si le pidieran la homologación del plan de reestructuración, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes judiciales.

A través de un auto, que es firme, el magistrado-juez Rafael Abril va describiendo paso a paso y con detalle el desarrollo de este procedimiento que empezó en la vía judicial cuando, a través de un decreto fechado el 17 de diciembre de 2024, se acordó dejar constancia de la comunicación al Juzgado de la iniciación de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración.

El desarrollo del procedimiento

A partir de ese decreto, los acreedores no podían iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor hasta que no transcurriera el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la comunicación.

El 12 de marzo pasado, se autorizó judicialmente la prórroga solicitada durante tres meses por las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A. U.”, “DF Mompresa S.A.U.”, “DF Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U.”

Las vísperas del vencimiento

Rafael Abril acordó judicialmente una segunda prórroga el 19 de junio que se extendía hasta el 31 de julio. Sin embargo, un día antes de que venciera el plazo, se presentó en el juzgado un escrito en representación de las mercantiles donde se pedía una tercera prórroga extraordinaria.

Para reforzar su petición, presentaban una certificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Duro Felguera y las actas de los órganos de administración de diversas sociedades del Grupo DF, así como declaración responsable emitida por los representantes de las sociedades e informe favorable a la solicitud de prórroga emitido por el experto en reestructuración.

Las circunstancias “extraordinarias”

En esta tercera ocasión, el titular de Mercantil 3 acordó su aprobación hasta el 30 de septiembre, pero ya dejó muy claro que era “excepcional”. Y de nuevo, el procurador en nombre de las mercantiles dejó para la víspera del vencimiento del plazo la presentación de un nuevo escrito solicitando una cuarta prórroga que este jueves, 2 de octubre, ha sido desestimada en un auto declarado firme que no es susceptible de recurso.

En este auto desestimatorio, Rafael Abril recuerda que expresamente había condicionado una nueva prórroga a la aparición de “circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad” y siempre dentro del límite temporal máximo de doce meses previsto en la Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/1023.

Sin avances sustanciales

En esa ocasión ya matizaba que la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración -incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes- podría ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes. Unas circunstancias excepcionales que, según las mercantiles, sí se daban en su caso.

Duro Felguera alegaba como circunstancias extraordinarias la ejecución de diversos avales por parte de Zgounder Millenium Silver Mining, obligando a la modificación de la configuración de clases, y en la recepción de la comunicación de resolución contractual por parte de la sociedad S.N.G.N. Romgaz, S.A., de la obras en ejecución del proyecto Iernut, lo que ha obligado a la deudora a solicitar protección al Juzgado.

Nada era “imprevisible”

Las demás circunstancias que el Grupo Duro Felguera señala como avances para el cierre del Plan de Reestructuración -esfuerzos negociadores con la SEPI y la FASE E, desinversiones, necesidad de someter a la consideración de los Comités pertinentes la propuesta final del Plan de Reestructuración, etc.-, servirían de apoyo, en la argumentación jurídica de la deudora, para la concesión de la prórroga interesada.

Unos razonamientos que han sido rechazados por el juzgado. El magistrado-juez explica en este auto que ninguna de las razones expuestas “tiene el carácter extraordinario, imprevisible o no imputable a la deudora exigido en el Auto de fecha 1 de septiembre de 2025 para estimar su pretensión”.

La capacidad de “anticipación”

En primer lugar, la ejecución de los avales por parte de Zgounder Millenium Silver Mining no es un hecho “sobrevenido ni desconocido” por Duro Felguera, expone en el auto.

Tampoco la ejecución de los avales constituye un hecho “sobrevenido ni imprevisible”, ya que la propia deudora inició el pasado mes de febrero un procedimiento de medidas cautelares para suspender esa ejecución, “lo que evidencia su conocimiento previo y su capacidad de anticipación”, según consta en la resolución judicial.

Alegaciones sin acreditar

“Descolgarse ahora con el argumento del carácter extraordinario de unos avales a primer requerimiento que ya pudieron ser ejecutados en el mes de febrero y que, mediante sucesivas actuaciones procesales se demoró su ejecución real hasta finales de julio de 2025, no constituye un hecho nuevo o un acontecimiento que no pudiera ser previsto, analizado y valorado oportunamente por la deudora, al margen de que no se acredita en modo alguno -añade- la relación de causalidad directa y necesaria entre tal acontecimiento y la necesidad de una cuarta prórroga por imposibilidad de formalizar el Plan de Reestructuración en el plazo concedido”.

El juzgado incide en que la resolución contractual del proyecto Iernut “no es reciente”, sino que data del mes de abril de 2025, o sea, cuando la sociedad deudora estaba en la primera de las prórrogas concedidas, la única que expresamente viene reconocida en la normativa preconcursal nacional.

Negociar con los acreedores es, precisamente, el objeto de este procedimiento judicial. Que lo estén haciendo y que estén avanzando en determinados ámbitos es lo esperable. Lo contrario supondría un auténtico fraude procesal y un engaño a los acreedores, pues implicaría acogerse a un procedimiento legalmente previsto para encuadrar las negociaciones entre deudor y acreedores en sede judicial sin que se evidencie propósito negociador alguno por parte de la deuda

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez, titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Oviedo con sede en Gijón

Extemporáneas e improcedentes

Unas alegaciones como hechos sobrevenidos resultan, a su juicio, “extemporánea e improcedentes”. Opina que la falta de acuerdo posterior sobre las consecuencias de esa resolución no puede considerarse “un obstáculo imprevisible, sino una contingencia propia de la negociación empresarial, que debió ser integrada en el diseño del Plan”.

Rafael Abril descarta igualmente que el avance en el cierre del Plan de Reestructuración que alega Duro Felguera sea una circunstancia “extraordinaria, sobrevenida ni ajena a la sociedad deudora que justifique una cuarta prórroga”, ya que tampoco supone “un avance sustancial”.

Un fraude procesal

“Negociar con los acreedores es, precisamente, el objeto de este procedimiento judicial. Que lo estén haciendo y que estén avanzando en determinados ámbitos es lo esperable. Lo contrario supondría un auténtico fraude procesal y un engaño a los acreedores, pues implicaría acogerse a un procedimiento legalmente previsto para encuadrar las negociaciones entre deudor y acreedores en sede judicial sin que se evidencie propósito negociador alguno por parte de la deuda”, argumenta.

Asimismo, razona que esos avances tienen que traducirse en un Plan de Reestructuración o en la finalización del procedimiento judicial sin alcanzar el plan.

Manifestaciones “genéricas”

En consecuencia, entiende que las actuaciones que la mercantil Duro Felguera S.A. invoca como avances en el proceso negociador -tales como la remisión del Plan de Reestructuración a los Comités correspondientes para su análisis, la continuación de las conversaciones con entidades públicas como la SEPI y la FASEE o la ejecución de determinadas operaciones de desinversión- constituyen, en esencia, “manifestaciones genéricas de actividad empresarial que, si bien pueden formar parte del contexto de una negociación preconcursal, no alcanzan por sí mismas la entidad jurídica ni la relevancia sustancial exigida para justificar la concesión de una cuarta prórroga”.

Por si todo esto anterior resultara insuficiente, el magistrado-juez añade una argumentación más para denegar la petición de la mercantil: “El procedimiento de comunicación de inicio de negociaciones no está concebido como un espacio de duración indefinida ni como un refugio procesal para dilatar la adopción de decisiones estructurales. La mera alegación de que se continúa negociando, sin acreditar resultados tangibles ni hitos verificables, no puede erigirse en fundamento suficiente para prorrogar los efectos de la comunicación más allá de los límites temporales previstos legal y jurisprudencialmente”.

La única información que públicamente se proporcionaba al juzgado, a los accionistas, clientes, acreedores y trabajadores se obtenía de manera indirecta a través de los medios de comunicación regional, nacional y económica, lo que resulta insuficiente para fundamentar una decisión favorable a la prórroga

Falta de información

Para el juzgado, la falta de concreción en las actividades desarrolladas durante las prórrogas ya concedidas, así como la omisión de un plan de acción temporalizado respecto de las actuaciones pendientes, refuerzan la conclusión de que no concurren elementos objetivos que permitan excepcionar el régimen general y acceder a una cuarta prórroga.

La falta de información “escrita y periódica” por parte de la empresa sobre el desarrollo real del proceso negociador constituye “una omisión relevante” que impide valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. Una ausencia de información disponible que desde el juzgado se pudo obtener “por medios indirectos, como la prensa regional, nacional y económica, lo que resulta insuficiente para fundamentar una decisión favorable a la prórroga”.

Las noticias, a través de la prensa

Era la misma información que públicamente se proporcionaba a los accionistas, clientes, acreedores y trabajadores y esa “reprochable falta de información escrita” por parte de la deudora al juzgado le ha impedido ejercer un control reforzado sobre “la utilidad, proporcionalidad y finalidad de la prórroga” solicitada o que “no obedece a circunstancia extraordinaria o imprevisible alguna, siendo únicamente imputable a la mercantil”, censura el magistrado-juez.

El Juzgado de lo Mercantil 2 de Oviedo ha acordado homologar el plan de reestructuración de Asturiana de Laminados S.L. (Asla) en una sentencia contra la que no cabe recurso y con la que la sociedad garantiza la continuidad de su plan de negocio 2025-2032 al conseguir una quita de su deuda.

El presidente del Consejo de Administración y principal accionista de Asla, el empresario de origen leonés Macario Fernández , ha reconocido que “llegar hasta aquí no hubiese sido posible sin la adhesión mayoritaria de los acreedores al plan de reestructuración” y ha agradecido la confianza que han mantenido en la sociedad, durante todo este “largo y difícil proceso” los clientes, proveedores, accionistas, bonistas y empleados.

Macario Fernández es el empresario al que el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado dos decisiones pese a la vinculación laboral de un hijo del político con Asturiana de Laminados, la concesión a una firma que administra de un macrovertedero en León y la legalización de una cabaña en un parque natural de la comarca de Babia, según una investigación desvelada por elDiario.es

El reequilibrio del balance

“De esta manera, finaliza el proceso iniciado por la Sociedad en 2024 para la reestructuración de su deuda y, en consecuencia, para reequilibrar la estructura del balance y dotar a la empresa de la capacidad para seguir creciendo y generando valor, de acuerdo con el plan de negocio 2025-2032”, expone Macario Fernández.

Esta es la información oficial que ha comunicado sobre la nueva situación de la empresa su principal accionista, en cumplimiento de la circular 3/2020 del BME Growth, operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros de España. La deuda de Asturiana de Laminados superó en el ejercicio 2024 los cien millones de euros y llevaba desde hace un año en situación de preconcurso de acreedores. Su filial Latem Aluminium, con negocio a desarrollar en León y Zamora, se encuentra igualmente en la misma situación preconcursal.

Las alegaciones al plan

El plan de reestructuración había sido aprobado por la mayoría de los acreedores el pasado mes de enero y por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad un mes después, con una mayoría del 99,96 por ciento.

No obstante, este plan de reestructuración no contaba con el visto bueno de todos los acreedores ya que al juzgado llegó un escrito de alegaciones de entidades financieras que fue contestado, oponiéndose al mismo, por parte de Asla y Bondholders S.L.

El 25 de febrero, dentro del plazo de 15 días acordado por el juzgado para el planteamiento de posibles alegaciones, se presentó en sede judicial una demanda de oposición a la homologación del plan de reestructuración.

No obstante, la magistrada Carmen Márquez Jiménez, que ha dictado la sentencia, ha ido desestimando uno a uno los motivos de oposición alegados.

Denuncia de fraude de acreedores

Como primer motivo se aducía que el plan de reestructuración beneficiaba “exclusivamente a un grupo de acreedores que ya tenían asegurado su crédito y que han reestructurado su deuda previamente lo que supone una actuación en fraude de acreedores”.

Esta argumentación ha sido rechazada al estimar el juzgado que no podían ser objeto de examen en este procedimiento “ni los motivos de insolvencia ya declarada y reconocida por el deudor ni las finalidades espurias perseguidas por el deudor que denuncian los oponentes”.

Tampoco ha prosperado judicialmente el segundo motivo alegado donde se exponía que además de perjudicar “de forma grave” a los acreedores ordinarios y subordinados, que se han opuesto al mismo, no afecta a los socios que “mantienen íntegros sus derechos”.

La tercera causa de oposición se dirigía al juzgado por entender que no se habían configurado correctamente las clases, ni el perímetro de afectacion. En este extremo, el fallo judicial es claro: “La formación de las clases en el plano formal es correcta”.

La viabilidad

A todo ello se sumaba su crítica hacia el plan por no superar la “prueba del interés superior de los acreedores” lo que, a su juicio, quebraba la regla de prioridad absoluta “de manera injustificada al no suprimirse ningún derecho de los socios”, mientras que por el contrario las clases superiores mantenían derechos “por valor inferior al importe de sus créditos”.

Las entidades financieras sostenían también como motivo de oposición a la homologación que el plan de reestructuración “no ofrece perspectiva razonable suficiente de viabilidad para evitar el concurso”.

Pues bien, respecto a este punto, el juzgado también lo rechaza porque considera que “se supone que de alcanzar el año 2032 ello implicaría que el plan de reestructuración -afirma- habría sido no solo válido sino que habría permitido la continuidad de la empresa a corto y medio plazo y que además ello implicaría además de una mejora del apalancamiento una mejora de forma sustancial”.

“De un lado -continúa- porque el plan implica la aplicación de unas quitas y la existencia de unas amortizaciones que conllevan la disminución del ratio de apalancamiento a la mitad y de otro porque es indudable que si los bonistas hubieran dejado vencer el bono el panorama sería distinto”. Razones que considera suficientes para desestimar el motivo de oposición.

Un experto en reestructuración puso de manifiesto que en caso de homologarse el plan de reestructuración los acreedores ordinarios percibirían una parque pequeña de su crédito, toda vez que para ellos se estableció una quita del 85 por ciento con lo que percibirían un 15 por ciento de su crédito incrementado en un interés del 4 por ciento, frente a su posición en caso de concurso que no les permitiría cobrar nada

La quita de la deuda

Por lo que respecta a la prueba del interés superior de los acreedores, también ha sido rechazado como motivo de oposición.

En este caso, el juzgado ha seguido el criterio del experto en reestructuración que puso de manifiesto que en caso de homologarse el plan de reestructuración los acreedores ordinarios percibirían una parque pequeña de su crédito, “toda vez que para ellos -dice la sentencia- se estableció una quita del 85 por ciento con lo que percibirían un 15 por ciento de su crédito incrementado en un interés del 4 por ciento, frente a su posición en caso de concurso que no les permitiría cobrar nada”.

Los bonistas son los verdaderos dueños de la empresa si se tiene en cuenta el valor de la compañía y el montante de la deuda y ellos no solo no están contra el plan de reestructuración, sino que están al lado de la mercantil

El juzgado va mucho más allá y apoya el rechazo a todas las alegaciones presentadas en las respuestas ofrecidas por los bonistas en su contestación a la oposición.

La magistrada advierte que los bonistas son “los verdaderos dueños de la empresa” si se tiene en cuenta el valor de la compañía y el montante de la deuda y ellos no solo no están contra el plan de reestructuración, sino que “están al lado de la mercantil”, subraya la sentencia.

Para los bonistas, no solo no se ha infringido la regla de la prioridad, sino que sostienen “con una claridad meridiana y sin fisuras -afirma el fallo judicial- la bondad y necesidad de homologación del plan de reestructuración.

Más de un centenar de trabajadores

Por todo ello, el Juzgado de lo Mercantil 2 concluye que la empresa es “viable” y el plan de reestructuración presentado por Asla es “razonable”.

La empresa cuenta actualmente con 150 trabajadores, 297 clientes activos y 215 proveedores; unos datos que justifican “de una lado su situación en el ranking de productores de laminados de zinc y de otro la posibilidad de continuidad por cumplimiento de las previsiones del plan”, concluye la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

La empresa Asla opera en el sector de los suministros para la construcción y su actividad principal es la transformación de lingotes de zinc en bobinas y chapas de diferentes tamaños y espesores según los pedidos de los clientes, además del diseño, fabricación, comercialización y gestión logística de los componentes desarrollados en sus propias plantas de producción.

En el refranero popular hay expresiones como “no hay dos sin tres” o “a la tercera va la vencida” y estos dichos tienen un ejemplo práctico en el caso de la empresa Duro Felguera. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha autorizado la tercera prórroga solicitada por la empresa y, aunque en principio era difícil que se concediera, esta nueva oportunidad se otorga “con carácter excepcional”.

No obstante, está condicionada a que sea la última prórroga, salvo que se acrediten la existencia de circunstancias “extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad”.

Cumplimiento o futuras denegaciones

Además, se acota el límite temporal máximo de doce meses previsto en la Directiva (UE) 2019/1023.

El magistrado-juez advierte que la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración -incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes- podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes.

Informes periódicos al juzgado

Durante este plazo, la mercantil queda obligada a informar periódicamente al Juzgado del estado de las negociaciones, sin perjuicio de las facultades de este órgano para adoptar las medidas que resulten necesarias en caso de fraude, abuso de derecho o perjuicio para los acreedores.

Así las cosas, el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del juzgado, les ha dado un nuevo balón de oxígeno con el auto que acaba de emitir. Este mismo lunes, día 1, ha tenido en su poder toda la documentación para resolver sobre la petición de una tercera prórroga de los efectos de la comunicación de la apertura de negociaciones solicitada.

Las reflexiones críticas

El auto contiene ocho páginas en las que hace un repaso a la situación de la empresa y va describiendo las dos prórrogas anteriores concedidas.

Rafael Abril admite que la solicitud de prórroga se encuentra “dentro del tiempo hábil, sin que exista obstáculo normativo para su concesión”.

No obstante, eso no es óbice para que realice una “crítica sustantiva, extensible a la formulación de la segunda prórroga”.

Los incumplimientos de la empresa

En su auto, explica que, en aquella ocasión, la mercantil deudora aludía expresamente a la práctica culminación de los hitos esenciales para lograr la reestructuración y la viabilidad empresarial, razón por la cual optaba por autolimitar temporalmente su solicitud hasta el 31 de julio inicialmente. Y el tiempo ha demostrado “lo desajustado de tal razonamiento”, apunta el magistrado-juez.

A 31 de julio, el grupo Duro Felguera no había logrado cerrar el expediente de regulación de empleo, ni presentar un plan de reestructuración empresarial. La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón

El Grupo Duro Felguera no lo cumplía porque, a 31 de julio, no había logrado cerrar el expediente de regulación de empleo, ni presentar un plan de reestructuración empresarial.

“La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían”, señala en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

El grupo empresarial ha vuelto a solicitar una prórroga, esta tercera autolimitada hasta el 30 de septiembre, “sin que exista prohibición legal para extenderla hasta el mes de diciembre, agotando así el plazo máximo de doce meses previsto en la normativa comunitaria”.

“¿Habrá una cuarta o quinta prórroga?”

Rafael Abril reconoce que esta “reiterada estrategia de acotación temporal, sin causa jurídica aparente”, plantea una cuestión de fondo: “¿Por qué no se solicita directamente el plazo máximo permitido por la Directiva, si las circunstancias empresariales siguen siendo complejas y no se ha alcanzado aún un acuerdo definitivo?”, inquiere.

A la vista de cómo está actuando el grupo empresarial, él mismo se pregunta si habrá una cuarta o quinta prórroga y entiende que, si la respuesta es afirmativa, plantea una cuestión: “¿No sería más razonable y conforme con el principio de seguridad jurídica que el Juzgado, en ejercicio de sus facultades de control, establezca un marco temporal más amplio y definitivo, dentro del límite legal, para evitar sucesivas solicitudes fragmentadas que dilaten el procedimiento sin aportar eficacia real?”.

Evitar la táctica de la dilación

El propio magistrado-juez advierte que esta reflexión crítica no implica una negativa a la prórroga solicitada, pero sí exige una llamada de atención sobre la necesidad de que “las solicitudes de prórroga respondan a una estrategia coherente, realista y jurídicamente fundada”, evitando el uso táctico del procedimiento preconcursal como instrumento de dilación procesal.

Recalca que el juzgado, en su función de garante del equilibrio entre los derechos del deudor y de los acreedores, debe velar por la transparencia, la previsibilidad y la buena fe en el uso de los mecanismos de protección concursal.

La “dinámica” de solicitudes sucesivas

De ahí que esta “dinámica de solicitudes sucesivas”, cada vez más breves y condicionadas por factores externos -como la inhabilidad procesal del mes de agosto o la expectativa de avances en ámbitos ya conocidos que, finalmente, no se materializan-, “desnaturaliza el espíritu del procedimiento preconcursal, que no está concebido como una sucesión indefinida de prórrogas fragmentadas, sino como un espacio temporal razonable, concentrado y eficaz para alcanzar un acuerdo de reestructuración”.

Una crítica que debería llevar a la reflexión al grupo empresarial que, sin embargo, ve resuelto su horizonte en ese margen de tiempo que se le ha concedido con carácter excepcional para buscar realmente soluciones y no seguir dilatando una salida a su mala situación financiera.

Duro Felguera ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una tercera prórroga del preconcurso de acreedores en el que está inmersa desde el pasado mes de diciembre para cerrar un plan de reestructuración en el que ya ha “avanzado significativamente”. La empresa se ha disparado con una subida cercana al 8,5 por ciento en bolsa tras realizar su petición al juzgado.

A las 14:30 horas de este miércoles, los títulos de Duro Felguera son los que más suben del mercado continuo, un 8,44 por ciento, y el precio de la acción se sitúa en 0,2426 euros. En lo que va de año, el valor cae en bolsa un 1,32 por ciento.

Según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha pedido la extensión del preconcurso hasta el próximo 30 de septiembre “con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración”.

La solicitud de esta prórroga tiene por finalidad “permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente”, ha resaltado Duro Felguera.

La segunda prórroga del preconcurso de acreedores finaliza mañana, jueves, y Duro Felguera ha anunciado la solicitud de una nueva extensión del plazo el mismo día en el que ha cerrado la venta de sus instalaciones de Gijón conocidas como 'El Tallerón' a Indra por un importe de 3,65 millones de euros.

Duro Felguera ha enmarcado la operación “en el proceso de desinversión de activos no estratégicos” que la empresa ha iniciado “con el objetivo de reforzar su situación de liquidez durante las negociaciones del proceso de reestructuración, favoreciendo así la continuidad de la actividad empresarial del grupo”.

Plan de viabilidad

La compañía presentó ayer a los representantes sindicales las principales líneas de su plan de viabilidad, que pasa por la aportación de más capital por parte de sus principales accionistas -los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil-, por la concesión de nuevos avales por parte de la banca acreedora, y por otras posibles desinversiones.

El plan de viabilidad, que cuenta con un horizonte de diez años, es “bastante razonable”, según el primer análisis realizado ayer por el Comité de Empresa.

La dirección detalló algunas de las cuestiones de este plan en el marco de una nueva reunión de la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectará a 249 trabajadores, sobre una plantilla total de unos 1.400.

Las peticiones de preconcurso

Duro Felguera comunicó el ajuste a la representación de la plantilla unos días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón le concediera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores.

La compañía solicitó el preconcurso el pasado 11 de diciembre con el fin de aprobar un plan de reestructuración para garantizar su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posibles”, y también para buscar una solución a los litigios que le afectaban, especialmente el relacionado con un proyecto en Argelia.

En la última junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 27 de junio, el presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, aseguró que las “duras medidas” tomadas dentro del plan de restructuración.

La ingeniería asturiana Duro Felguera ha asegurado que ha logrado avances en las negociaciones para pactar con sus acreedores un plan de reestructuración, pero ha incidido en que este plan “implica un riesgo para los accionistas, dado que podría afectar a la situación patrimonial de la sociedad”.

La compañía procurará “minimizar las consecuencias para todos los afectados por el plan, sin que, actualmente, se conozca el alcance concreto para cada grupo”, ha explicado Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un riesgo para accionistas

El objetivo de la empresa es pactar con los acreedores un plan de reestructuración antes del 31 de julio, fecha autorizada por el juez que está tramitando el procedimiento, con tal de evitar el concurso de acreedores.

No obstante, Duro Felguera ha alertado de que este plan “implica un riesgo para los accionistas, dado que podría afectar a la situación patrimonial de la sociedad”.

Asimismo, la compañía ha incidido en que “se desconoce también el impacto que podría tener el plan sobre otros grupos de interés como acreedores”.

Impacto patrimonial

La empresa asegura que se han logrado avances en el curso de las negociaciones y están en vías de solución cuestiones relevantes para la definición del plan de reestructuración y su impacto patrimonial para la propia compañía.

“La solución de las cuestiones pendientes es imprescindible para generar un consenso que posibilite la aprobación de un plan de reestructuración, cuyos concretos términos serán informados al mercado tan pronto como sea posible”, ha incidido la empresa, que “llevará a cabo todos los esfuerzos y todas las actuaciones que sean precisos”.

Algunos jueces no viven en urnas de cristal y uno de los ejemplos más claros es el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, que acaba de conceder a Duro Felguera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio.

La autorización responde al cumplimiento de los requisitos exigidos, pero también al componente social y, en este sentido, el magistrado-juez ha tenido en cuenta la “importancia estratégica” de la empresa y especialmente que da empleo a casi 1.500 personas.

La vertiente social

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, no se limita a exponer los motivos aducidos por el grupo Duro Felguera y los artículos que debe cumplir para acogerse a esta segunda prórroga. En esta ocasión, el magistrado-juez va más allá y ahonda en la vertiente social.

“Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos, actuando en el mercado en la actualidad en cinco líneas de negocio: Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes”, explica en uno de sus párrafos.

El Grupo da empleo a casi 1.500 personas

“No debe olvidarse que esta empresa da empleo a casi 1500 personas, con una importante implantación a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, con una antigüedad de casi 200 años y cotizando en Bolsa desde hace más de 100 años. Su innegable importancia estratégica -añade- viene avalada, además, por la extraordinaria ayuda económica proporcionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”.

Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón

El magistrado-juez ha valorado no solo la relevancia de la sociedad deudora sino también las posibles consecuencias que acarrearía la denegación de la segunda prórroga. En este tema concreto, ha acogido la argumentación de la empresa incluida en la solicitud donde advertía que en caso de no autorizarse “podría causar graves perjuicios y poner en riesgo todos los avances logrados hasta la fecha”.

La interpretación “flexible” y “adaptada” de la norma

Por ello, al estimar “la dimensión tan importante que tiene esta empresa en el tejido industrial nacional y asturiano y los graves perjuicios que la situación concursal traería para el Grupo Duro Felguera”, Rafael Abril ha optado por la interpretación de la norma “con la flexibilidad que el Texto Refundido de la Ley Concursal permite y atendidas las circunstancias que el caso concreto requiere”.

En el auto se posiciona a favor de esta prórroga teniendo en cuenta todos estos parámetros: “En esta línea interpretativa, flexible y adaptada, la respuesta judicial a la segunda prórroga solicitada ha de ser positiva”, ratifica.

El apoyo del pasivo

El juzgado había concedido la primera prórroga a través de un auto, fechado el pasado 12 de marzo, a las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A.U.”, “D.F. Mompresa S.A.U.”, “D.F. Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U. con un plazo de tres meses más, sucesivos a contar desde la fecha de finalización de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.

El grupo de empresas presentó un escrito el pasado 11 de junio mediante el que solicitó una segunda prórroga de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones, dado que “dichas sociedades cuentan con el apoyo del pasivo necesario”, e interesó que, de forma extraordinaria, se extendieran todos los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones y, en concreto, que se extendiera la prórroga hasta el 31 de julio.

Los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A. han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga

Una declaración responsable

Estas diez sociedades que integran el Grupo Duro Felguera aportaban junto a su solicitud la declaración responsable suscrita por sus respectivos representantes legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 607.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal.

En esta declaración hacían constar que se había recabado y obtenido la conformidad de los acreedores necesarios para instar la prórroga, siendo en concreto los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A., quienes han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga.

La Directiva europea

Rafael Abril sostiene en este auto que, de este modo, cumplían los requisitos formales exigidos en los apartados 1 y 2 del artículo 607 del Texto Refundido de la Ley Concursal, esto es, “solicitud del deudor, declaración responsable de que ha obtenido la conformidad de acreedores que representen más del 50 por ciento del pasivo que pueda resultar afectado por el plan de reestructuración y acta firmada por los acreedores recogiendo documentalmente su conformidad”.

El juzgado hace referencia a la directiva europea de procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que reconoce la necesidad de que los estados y sus autoridades garanticen “la máxima flexibilidad para permitir la reestructuración de deudores viables”.

La viabilidad

El magistrado entiende que ello “refuerza la legitimidad de optar por una solución que favorezca la viabilidad” del grupo de ingeniería y bienes de equipo, “el mantenimiento del empleo y la satisfacción de los créditos en el medio plazo”, pese a que vaya a excederse el límite ordinario de tres meses previsto en la norma nacional.

En este sentido, recuerda que la Directiva europea establece unos plazos orientativos y máximos, pero no prohíbe expresamente su ampliación cuando concurran razones excepcionales y debidamente motivadas, sin necesidad de agotar el plazo máximo de tres meses que se prevé expresamente para la primera prórroga.

Un experto en reestructuración

Esta resolución que concede la prórroga solicitada es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de reposición, dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla, ante el mismo juzgado que es competente para su tramitación y resolución.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha dictado un segundo auto en el que resuelve la petición de la compañía de designar un experto en reestructuración y por el que se nombra a la firma Lexaudit Concursal.

Una solución amistosa con Argelia

Un mes después de la primera prórroga, Duro Felguera y Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) firmaron un memorándum de entendimiento para la solución amistosa del litigio millonario que mantenían por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia, por el que la empresa argelina reclamaba 413 millones de euros, un acuerdo que, no obstante, aún está pendiente de concreción.

Además, tras la primera prórroga del concurso de acreedores Indra también dio a conocer su intención de comprar a Duro Felguera una factoría en Gijón, conocida como 'El Tallerón', para destinarlo a la construcción de vehículos militares, y recientemente le hizo llegar una oferta vinculante.

Conversaciones con la SEPI

El grupo de ingeniería y bienes de equipo también mantiene conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de dos de los nueve puestos del consejo de administración de Duro Felguera a raíz del rescate público de 120 millones de euros del que fue objeto la empresa en el año 2021.

La empresa, controlada desde febrero de 2024 por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil, cuenta con una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores; uno de los aspectos que ha tenido en cuenta el magistrado-juez Rafael Abril a la hora de valorar y conceder la segunda prórroga del preconcurso de acreedores al Grupo Duro Felguera.

La consejera de Empresa, Belinda León, ha afirmado, ante la situación de CMP Automotive Sealing, antigua Perteca, y el Centro Especial de Empleo CMP Automotive Handling SL: “No podemos intervenir, sólo acompañar” desde el Gobierno de La Rioja. Estas plantas de industria auxiliar del automóvil que podrían cerrar.

El diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, le ha preguntado por ello a la consejera en el Parlamento de La Rioja, entendiendo, ha dicho, que “no puede dar por buena sin más la desaparición” de Automotive Sealing y la “pérdida de cientos de puestos de trabajo”, entre ellos de personas con discapacidad en el Centro Especial de Empleo Automotive Handling.

Ollero, que no ha olvidado que ésta iba a ser la primera “intervención pública” de León sobre este asunto, ha señalado que, del mismo modo que en su momento el Ejecutivo se hizo la “foto oportuna” con la empresa, que ha recibido “millones de euros en ayudas”, ahora le plantea “qué va a hacer para proteger a los trabajadores”.

León ha apoyado su falta de declaraciones en el “respeto a los tiempos” y el proceso en el que, ha asegurado, el Gobierno de La Rioja está pendiente, con reuniones, “desde antes de noviembre”. “Yo reitero mi compromiso de acompañamiento ante los momentos difíciles”, ha declarado, que están atravesando estas dos plantas. El Gobierno, ha añadido, ha “mantenido una comunicación directa con empresa y comités”

La situación, ha relatado, sufrió un “cambio de escenario” en el momento en el que Automotive Sealing presentó concurso de acreedores. En ese momento, ha explicado, el estudio de viabilidad dejó de ser posible y “sólo queda la mediación”. Ha asegurado, sin embargo, que desde SEAT, principal cliente, le han anunciado que harán “todos los esfuerzos por mantener, e incluso aumentar los contratos” de forma cualitativa.

Más adelante, el diputado socialista Ricardo Velasco, que también ha preguntado a León por ese asunto, ha querido saber si la consejera “da por cerradas” ambas plantas. “Yo he dicho que han entrado en concurso de acreedores”, le ha contestado la consejera. Velasco ha temido no ya por estas dos plantas sino por otras dos con las que trabajan, lo que supondría llegar a afectar, ha dicho, a más de cuatrocientos trabajadores.

El socialista ha recriminado a León su “nula política industrial, poca sensibilidad e ineficacia” y la consejera ha querido explicarle que, antes, “un concurso de acreedores era un cierre total”; pero, “en estos momentos, es un paraguas para hacer viable la empresa”. “No podemos intervenir, más que acompañar (desde el Gobierno de La Rioja), en cualquier caso, suceda lo que suceda, están negociando los sindicatos de forma sensata y tranquila con el objetivo de que todos salgan bien parados”, ha indicado.

León ha pedido “preguntar antes de lanzar falsedades”, ha asegurado que las otras dos empresas “no están afectadas” y ha avanzado que mañana está prevista una reunión con todas las partes. Ha reiterado que el futuro de las plantas “es una decisión empresarial” y las medidas del Gobierno riojano sólo pueden hacerla “lo más amigable”.

Una de las principales empresas españolas de venta de entradas para espectáculos, Wegow, una alternativa local a gigantes como Ticketmaster, anunció en mayo su entrada en preconcurso de acreedores. Esta decisión afectó a músicos y pequeños promotores, que son los que utilizan mayoritariamente esta plataforma, al no poder acceder a la recaudación de las entradas vendidas.

La empresa advirtió en un comunicado de que no se trataba de una quiebra ni de una “paralización de nuestras operaciones” sino de una salida para “reordenar” su actividad y “poder recuperar la normalidad”.

A pesar de ello, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), ha impulsado una plataforma de afectados por Wegow para exigir transparencia y soluciones con la intención de “aglutinar al mayor número de gente” e ir viendo “qué acciones se pueden llevar a cabo más adelante” para aquellos que denuncian el bloqueo de ingresos ya recaudados, según informa Martín Gil, responsable de Comunicación de UATAE a este periódico.

Más de 200 personas afectadas

Actualmente hay alrededor de 200 personas afectadas que ya han contactado con la Unión de Autónomos, pero se espera que se sumen más. La plataforma no solo aglutina a artistas y músicos, también a promotoras que llevan temas de managament y bajo las que se encuentran los grupos y cantantes a los que representan, por lo que el número de afectados es considerablemente mayor a esa cifra.

Aunque hasta ahora no ha habido un gran avance, pues el equipo jurídico de la UATAE se ha percatado de que todavía no está publicado el preconcurso de acreedores en el BOE, la organización desea abarcar varios ejes. Por un lado, la presión institucional, para lograr así “ayudas o medidas concretas que puedan paliar los efectos de estos de este dinero que todavía sigue sin abonarse”. Por otro, “tomar acciones jurídicas”, algo que aún no pueden desarrollar pero sobre lo que sí declaran que, “por parte de la empresa, no ha habido ningún avance hacia los pagos”.

elDiario.es ha intentado recabar, sin éxito, el punto de vista de Wegow, que ha dejado de vender tickets en su página web pero sí tiene disponible producto propio como merchandising.

Desde UATAE plantean diferentes salidas, aunque todas pasan por esperar para ver la evolución de la empresa. La Unión considera que puede haber una venta de Wegow a otra corporación que se haga cargo de las deudas. O podría haber un amedición con la que recuperar el dinero.

“La cultura no puede seguir siendo moneda de cambio en manos de empresas que operan sin garantías para quienes la hacen posible”, afirma María José Landaburu, secretaria general de UATAE, quien pide una regularización que “proteja al pequeño creador” frente a los intermediadores. “Es la punta del iceberg de todo un fondo de precarización”, señala, por su parte, Martín Gil.

Para adherirse a esta plataforma que pretende ayudar a quienes han tenido problemas con Wegow y dibujar un mapa de afectados, la Unión de Autónomos ha habilitado un formulario a través de la página web.

“No faltaba con ser pobres de normal”

Entre los grupos que han mostrado su descontento con la situación en redes sociales se encuentra Veintiuno, que hace alusión al silencio del resto de la industria musical y afectados: “Me hierve la sangre que nos estemos callando un montón de compañeras y compañeros afectados, a la que nos han dejado a deber una cantidad indecente de dinero, porque encima si hablamos los que tenemos las de perder somos nosotros”. La banda puso a la venta una camiseta hasta el 31 de mayo para recaudar dinero como vía alternativa con la que sus seguidores pudieran ayudarles.

A la publicación responde otra de las artistas afectadas, Yoly Saa: “Poquita broma que no nos llegaba con ser pobres de normal, ahora vamos a serlo el doble”. La cantante emitió un comunicado declarando que “están siendo momentos complicados” y afirmando que probablemente no cobrarán ni los bolos que se les debe, ni los que les quedan por dar, lo que “implica asumir todos los pagos” del equipo. Pero no cancelará la gira, como parece ser la decisión principal entre los afectados: “Nos vemos en cada una de las ciudades que quedan como estaba previsto, de peores hemos salido”.

Otra de las bandas que han tenido problemas con Wegow ha sido Gorila Flo, que ha trasladado la venta online de las últimas entradas de su gira a la ticketera española Entradium. Las entradas que sus fans habían comprado a través de Wegow, no obstante, seguirán siendo válidas y permitirán a sus seguidores acreditarse con ellas en los conciertos. “Gracias por vuestro apoyo y comprensión. Nos vemos en el concierto, va a ser inolvidable”, promete el grupo en su comunicado publicado en redes sociales.

La Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, ha emitido un informe en el que afea la concesión de 49 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la empresa de autobuses Sunsundegui entre los años 2009 y 2024. En su escrito, de 46 páginas, Comptos cuestiona la concesión de las ayudas porque señala que estaban sustentadas en informes con datos emitidos por la propia compañía que no fueron “auditados, ni contrastados” y concluye, por tanto, que “no responden a criterios de buena gestión de fondos públicos”.

La histórica empresa carrocera de autobuses Sunsundegui se encuentra ya clausurada después de meses sin actividad y tras acumular una importante deuda de 50 millones de euros. Los 336 trabajadores de la planta ya han recibido la notificación de su despido por parte del Juzgado de lo Mercantil. La compañía nació en 1966 y se dedicaba a la fabricación de motores y locomotoras, especialmente para Renfe. A partir de 1983, cuando Renfe comenzó a ocuparse del mantenimiento de sus trenes, la empresa de Alsasua recondujo su actividad a la construcción de carrocerías de autobuses.

El Tribunal de Cuentas navarro detalla que el grueso de los 49 millones en ayudas se concedieron en el año 2013, cuando Sodena invirtió 35 millones de euros en la compañía para cancelar la deuda que arrastraba y para capitalizar los préstamos concedidos hasta la fecha. En 2019 recibió un nuevo préstamo por valor de 1,5 millones de euros para adecuar las instalaciones de la fábrica y en 2021 otro de 3,4 millones para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19. En 2023 Sodena volvió a concederle otros dos nuevos préstamos por valor de 9 millones de euros para que Sunsundegui pudiese hacer frente al contrato firmado con Volvo para la fabricación de dos modelos de autobuses. Pese a ello, la compañía no pudo completar el encargo, lo que según Comptos, “condenó a la empresa a la desaparición”.

El Tribunal de Cuentas, si bien destaca el “esfuerzo” de la sociedad pública para salvar la empresa carrocera, destaca que los dos últimos préstamos concedidos tenían “un elevado riesgo” y que su concesión “respondió más a criterios socioeconómicos que financieros”. Así, concluye que “desde un punto de vista puramente técnico no respondían a criterios de buena gestión de los fondos públicos” porque estaban soportadas en informes, planes estratégicos o de viabilidad realizados por consultoras, con cifras y previsiones que aportó Sunsundegui, “no auditadas ni contrastadas y que no se han cumplido”.

No obstante, añade que el Gobierno de Navarra y el Parlamento valoraron otros criterios de naturaleza socioeconómica como son el mantenimiento del empleo, la recaudación tributaria inducida y la estabilidad en los pedidos de los proveedores navarros.

Por último recomienda que se exija “compromiso financiero a los accionistas de las empresas que reciban ayudas públicas” y que se limite en el tiempo las ayudas a empresas en crisis en función de su evolución. Recomienda a su vez comunicar a la Comisión Europea de manera previa la concesión de las ayudas que puedan considerarse de Estado.

La compañía Wegow, que integra en su negocio una de las tiqueteras más importantes en España, ha anunciado este miércoles a través de un comunicado un preconcurso de acreedores para asegurar “la viabilidad futura” del proyecto, lo que ha afectado a varios artistas que han denunciado las pérdidas.

Los responsables de Wegow reconocen “la compleja situación” que atraviesa la empresa, siendo “la más afectada” su línea de negocio WegowTickets, en la cual afirman estar trabajando “activamente en la propuesta de soluciones para los promotores en el contexto del preconcurso”.

Alegan motivos que han afectado a otras empresas culturales, “una combinación de factores que han debilitado” su estabilidad financiera, como “las consecuencias aún palpables de la pandemia, la inflación de costes estructurales o la incertidumbre en el consumo cultural”.

“Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad: esta medida no implica la paralización de nuestras operaciones, sino que busca precisamente reordenar nuestra actividad para poder recuperar la normalidad y preservar el ecosistema que hemos construido”, señala el texto.

Malos resultados por sexto año

La última exposición de cuentas hecha pública corresponde con las de 2023 y muestran una importante caída de los resultados operativos. Así, los números de Wegow Technologies SL, la empresa matriz de la división tiquetera, revelan una caída significativa de las ventas desde los 16,61 millones de euros hasta los 3,94 millones, un nivel similar al año 2017.

Wegow Technologies SL reconocía en dicha exposición de cuentas pérdidas por sexto año consecutivo, si bien las enmarcaba en un contexto de crecimiento de una start-up todavía no consolidada. La compañía apuntaba a una fuerte inversión para alcanzar el liderazgo en un sector, el de la distribución de entradas para eventos en directo, que califica de “todavía incipiente”.

Wegow Technologies SL, que tiene tres divisiones (WegowTickets, WegowForBrands y Bracelit), señala que la más afectada por la mala situación financiera es WegowTickets. “Estamos trabajando activamente en la propuesta de soluciones para los promotores en el contexto del preconcurso”, se anuncia en el comunicado. El preconcurso, activado ante una posible insolvencia futura de la compañía, es un instrumento que permite a una empresa blindarse ante las ejecuciones de acreedores.

Las bandas veintiuno y Bombai denuncian

En este sentido, varios artistas se han reconocido afectados por esta situación, entre ellos la banda Veintiuno. “Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra 'crew' religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada”, han publicado en su perfil oficial X.

También la banda Bombai ha comunicado a EFE que Wegow era la tiquetera de su gira de décimo aniversario, lo que les ha supuesto pérdidas “del 80%” de la misma, pese a lo cual, se han comprometido a hacer los dos conciertos que les quedaban “aunque sea sin ganar nada” para no perjudicar a sus seguidores. 

Wegow ya sufrió en el pasado una grave crisis de reputación cuando uno de sus máximos directivos, Enrique Bubby Sanchís (ex guitarrista del grupo Full), protagonizó un acto violento contra el periodista Fonsi Loaiza durante la Feria del Libro de Madrid y presumió posteriormente del hecho en círculos ultraderechistas. El incidente se saldó entonces con el despido de Sanchís, que ostentaba la dirección de la división de música en directo.

La Policía ha detenido en Málaga al ex director financiero de la constructora Grupo Vera y el administrador concursal encargado de gestionar la quiebra de la compañía y la venta de sus bienes para pagar a los acreedores. Los acusa de organizar el “expolio” de la compañía sacando más de 100 millones de euros del patrimonio que le quedaba, pasando por delante de sus muchos acreedores, incluida la Hacienda Pública, que vieron frustradas sus expectativas de cobro. Según los investigadores, vendieron a precios irrisorios todo tipo de bienes a miembros de la trama, valiéndose de un entramado de empresas creadas para la ocasión.

De la envergadura del presunto desfalco dan cuenta las cifras ofrecidas por la Policía. En el domicilio del propio administrador concursal se intervinieron 426.000 euros en efectivo. Además, se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros; se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros; y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones. 

Los agentes han detenido a siete personas, a las que acusa de una variada gama de delitos para obtener su botín: insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Son el ex responsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal, y un proveedor de servicios y su pareja sentimental.

La investigación ha sido realizada por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo las dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos. Comenzó a partir de una denuncia en septiembre de 2023. 

Auge y caída de Grupo Vera

La operación, bautizada Draver, supone el aldabonazo definitivo para una de las firmas inmobiliarias emblema de la Costa del Sol. Hace poco más de 15 años Grupo Vera era uno de los grandes grupos inmobiliarios de Andalucía.

Hasta la crisis del ladrillo, esta empresa malagueña fundada a mediados de los 50, de fuerte componente familiar, donde llegaron a trabajar decenas de sobrinos, nietos y familia política, tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, con participación en proyectos emblemáticos como el Metro de la ciudad, el Cementerio, la urbanización del Parque Tecnológico o los puertos marbellíes de La Duquesa y Cabopino. Con el tiempo, intentó diversificar su actividad y agregó una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf.

Todo empezó a torcerse con la crisis inmobiliaria, que provocó el derrumbe de constructoras de todo tamaño. Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. Le afectó mucho el parón de la obra del Metro, y el fiasco de dos proyectos faraónicos en Antequera en los que iba a participar: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios. Aun así, parecía que podría salir a flote, igual que con su primera gran crisis en los 90, con una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible.

Pero en 2017 recibió otra andanda: Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, falleció a los 77 años. Era conocido por su estilo directo, por su capacidad negociadora (o de persuasión) y sus buenos contactos políticos. No le gustaba mucho delegar y mantenía mando en plaza hasta su muerte.

Nadie tomó las riendas y el golpe fue definitivo, abriendo la puerta a lo que ha venido después: un nuevo concurso, un ERE para sus 77 trabajadores, la liquidación de mala forma del patrimonio y ahora, la detención de su máximo responsable financiero en los últimos años, sus familiares y el administrador concursal, a quienes la Policía atribuye graves delitos económicos cometidos con la presunta intención de quedarse con los restos de la histórica compañía pasando por delante de sus muchos acreedores.

Un “expolio” de su patrimonio

Sur informó en su día de que la administración concursal valoraba los activos del grupo en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera tenía una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo alcanzaba los 227 millones. En teoría, más de 80 millones de margen para saldar deudas. Sin embargo, no fue suficiente.

Los investigadores describen lo que ocurrió a continuación como un “expolio”, que comenzó ya en 2017, cuando la promotora entró en concurso, y siguió durante los años posteriores, hasta su liquidación definitiva. Según ha detallado la Policía, el administrador concursal realizó numerosas operaciones para vaciar la masa concursal, enajenando bienes de las empresas del grupo a miembros de la trama a precios muy alejados del de mercado. Por ejemplo, se deshizo de plazas de aparcamiento en Teatinos (un barrio residencial de buen nivel de vida) a 1.500 euros o de 14 viviendas en construcción en Estepona por 70.000.

Además, se habría saltado los cauces a los que la ley obliga para vender bienes concursales en condiciones favorables a la organización, y habría impedido compras de terceros de buena fe manipulando información, todo para “esconder” la venta a los otros miembros de la trama.

Los agentes creen que el ex director financiero hacía uso de su información prilegiada: sabía cuáles eran los activos de gran valor y los canalizaba hacia el entramado de empresas gestionadas por familiares, que además eran utilizadas para actos fraudulentos que engordaban las salidas de dinero de las concursadas. De esta forma, simulaban operaciones que escondían “fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización”, por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de “facturas”. En la práctica, suponían el ingreso de un dinero que luego se destinaba a la compra de activos de los concursos, como bienes inmuebles, derechos de cobro o créditos.

La liquidación de la compañía, último paso de un concurso de acreedores, llegó a su fin el año pasado dejando sin cobrar a la mayoría de los acreedores. “De la investigación llevada a cabo se acreditó que la organización directamente se lucró de manera ilícita de bienes propiedad de las empresas concursadas valorados en más de 100 millones de euros, imposibilitando las legítimas expectativas de cobro de la mayoría de acreedores”.

La empresa Creative Picture Partners adquirirá y mantendrá la actividad empresarial de 50 de las 75 tiendas fotográficas de Ikatz Fotoprix, en las que asumirá también los contratos de 162 empleados, según se recoge en un auto del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria que aprueba la oferta planteada para la compra de la unidad productiva de la compañía alavesa, que se encontraba en concurso de acreedores.

La compra, cuyos efectos se harán efectivos a fecha de 31 de marzo, se realiza por algo más de 2,6 millones de euros, a cambio de los que Creative Picture Partners asume el negocio de medio centenar de las tiendas de Ikatz “sin perjuicio” de que se mantienen 36 contratos de franquicia, según se indica en el auto, recogido por Europa Press.

Además, esta compañía subrogará los contratos de trabajo adscritos a cada una de las tiendas que adquiere, así como otros tres contratos, salvo el personal que presta servicios en ellas en el marco del contrato de colaboración suscrito con Euskaltel. De esa forma, se mantendrán los empleos a 162 personas. No obstante, se precisa que esto se produce “sin perjuicio de sustituciones o modificaciones puntuales que puedan resultar finalmente de la pieza de extinción de contratos de trabajo, siempre en los términos acordados en la reunión final del periodo de negociación”.

A su vez, la adquirente responderá solidariamente con la concursada de todas las deudas laborales y de Seguridad Social derivadas de los contratos de trabajo en los que se subroga, salvo en las que sean asumidas o pagadas por el Fogasa.

Las tiendas adquiridas se han elegido en función de criterios de rentabilidad, “inviabilidad” de los centros que venden servicios de telecomunicaciones bajo marca Euskaltel --dado que la nueva empresa no continúa con el contrato de colaboración con esta compañía-- y geográficos.

En el auto se precisa que en el caso de los 36 contratos de franquicia, la empresa que adquiere Ikatz “se compromete a favorecer que los trabajadores no subrogados que lo deseen puedan integrarse en la red de franquicias ofreciéndoles condiciones especiales”.

La oferta, además, incluye una cláusula por la que la adquirente se compromete a pagar a Ikatz un 50% del precio que pudiera recibir de la reventa de la unidad productiva, previa deducción de gastos, si dicha transmisión a un tercero se produce en un plazo de 24 meses.

Duro Fleguera ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón la prórroga durante un plazo adicional de tres meses del preconcurso de acreedores que finalizaba este martes. Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha obtenido la conformidad del 96,5 por ciento de los acreedores que pueden resultar afectados por la reestructuración.

El preconcurso de acreedores solicitado por la compañía el pasado 11 de diciembre finalizaba este martes, pero la Ley Concursal prevé la posibilidad de establecer una prórroga bajo determinados supuestos como la conformidad de los acreedores.

Duro Felguera, que cuenta con cerca de 1.500 trabajadores, decidió acogerse al preconcurso de acreedores con el objetivo de aprobar un plan de reestructuración que permita su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible”, según expuso entonces.

Representantes de Duro Felguera llevan días negociando en Argelia con la compañía Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) un acuerdo en torno al litigio millonario al que se enfrenta por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa.

La situación de Duro Felguera se vio agravada después de que la compañía energética argelina solicitara el pasado mes de noviembre un arbitraje por un contrato en el que reclama a Duro Felguera una indemnización de 413 millones de euros por la suspensión de los trabajos del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia.

La reclamación de Sonelgaz llegó después de que Duro Felguera anunciara el pasado mes de junio la suspensión de los trabajos de la central, un contrato firmado en 2014 por 544 millones de euros, “ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente”.

Tras la solicitud del arbitraje, Duro Felguera anunció la dotación de una provisión de unos cien millones de euros, lo que le obligó a reexpresar las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023, y a reformular los estados financieros del primer semestre de 2024.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo también mantiene contactos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de dos de los nueve puestos del consejo de administración de Duro Felguera a raíz del rescate público de 120 millones de euros del que fue objeto la empresa en el año 2021.

La empresa, controlada desde febrero de 2024 por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil, se plantea entre otras alternativas la posibilidad de la capitalización del préstamo por parte de la SEPI.

Por su parte, la SEPI trasladó el pasado 12 de febrero en el seno del consejo la exigencia de que presente un plan de reestructuración que garantice el futuro de la compañía antes de valorar ninguna otra actuación aislada.

Astilleros Balenciaga necesita un inversor para garantizar su supervivencia y su empleo y que el concurso de acreedores voluntario en el que está inmerso no tenga como final el cierre de este astillero de Zumaia y el final de 104 años de historia. Este mes, antes del día 24, los acreedores de la empresa deberán comunicar a la administradora concursal la deuda que la empresa acumula con cada uno de ellos y arrancará la cuenta atrás de un proceso contrarreloj para intentar salvar la compañía. En este proceso están inmersas también las instituciones, que han constituido una mesa interinstitucional para intentar buscar soluciones. La mesa se ha reunido una vez desde que en noviembre la empresa anunció el concurso, que se materializó finalmente el 18 de diciembre, justo a las puertas de las vacaciones navideñas. Los trabajadores, que también son acreedores porque se les debe como mínimo cinco nóminas, esperan que este foro vuelva a reunirse en breve y que se impulsen soluciones que permitan una alternativa al cierre.

El Gobierno vasco, que está presente en esta mesa -junto a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Zumaia- , asegura que está volcado en la búsqueda de “posibles inversores industriales” para Astilleros Balenciaga que garanticen “la supervivencia del proyecto”, su arraigo en Euskadi y el mantenimiento del empleo. En respuesta a una pregunta planteada por la parlamentaria del PP, Muriel Larrea, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, asegura que el Gobierno vasco está “tratando de remar junto con la dirección del astillero para tratar de alinear a todos los acreedores de forma que apoyen la salida de concurso con continuidad, tratando de preservar la actividad”, además de buscar un inversor que garantice el proyecto. Destaca además que el Ejecutivo vasco ha tenido una “implicación” continua desde hace “varias décadas” con la empresa. “Ha sido históricamente de mucha cercanía, son décadas de seguimiento, de preocupación y de acompañamiento constante”, señala el consejero, que destaca las aportaciones que se han hecho desde el Gobierno vasco a la empresa para apoyar sus inversiones. Pero este apoyo no ha sido suficiente.

Astilleros Balenciaga, anunció su entrada en concurso de acreedores voluntario el pasado mes de noviembre tras la negativa de la Compañía Española de Financiación el Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Economía al plan de reestructuración que había presentado la la empresa al no poder hacer frente a las deuda, un plan que estaba avalado por el juzgado. El pasado 18 de diciembre se materializó ese concurso por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, por lo que la actividad de la compañía ha pasado a estar supervisada por un administrador concursal, que será el que se encargue recabar por parte de los acreedores las deudas que mantiene la empresa y de buscar las fórmulas para solventar los pagos de forma que se satisfagan a las partes. Esta administración concursal ha recaído en la empresa PKF Attest Servicios Empresariales, que fue casualmente la misma que se encargó del concurso de La Naval de Sestao, otro mítico astillero, en este caso de Bizkaia, que acabó con la disolución de la compañía y la venta de los terrenos a la empresa VGP.

La plantilla compuesta por 71 trabajadores, se encuentra en estos momentos en ERTE que en principio está previsto hasta el día 31 de este mes. “Estamos a la espera de que nos comuniquen si se amplía el periodo de regulación de empleo, que creemos que en la situación actual es lo que pasará”, señala David Tejera, representante de CCOO en la empresa. “De momento estamos a la espera de ver si la próxima semana empieza a haber movimientos después del periodo navideño”, señala, porque de no ser así la intención de la plantilla es empezar a presionar en la calle.

De momento, los trabajadores están en el proceso de recopilar los datos de las nóminas para que se les tenga en cuenta como acreedores, teniendo en cuenta que como mínimo se les adeuda cinco nóminas. “Y a algunos se les debe más”, recuerda Tejera, ya que los trabajadores que no han entrado en el ERTE y están trabajando tampoco se les ha pagado de forma correcta.

El representante sindical recuerda que Astilleros Balenciaga “tiene carga de trabajo”: “Un contrato de dos barcos firmados y la posibilidad de otros dos con el mismo cliente”, pero tal y como están las cosas “no van a esperar”, señala el representante sindical, que urge por eso a que las instituciones busquen pronto una solución.

Astilleros Balenciaga, fundada en 1921, es uno de los pocos exponentes que quedan ya de los astilleros vascos junto a Murueta y Zamakona, y que mueven una importante industria auxiliar. Aunque están en general muy afectados por la crisis y la competencia de los astilleros chinos, en estos momentos estos tres astilleros, integrados en el Foro Marítimo Vasco, cuentan con carga de trabajo hasta 2026, con nueve buques en cartera, a la espera de si Balenciaga puede por fin acabar sus pedidos.

Las acciones de Duro Felguera han vuelto a cotizar este viernes tras permanecer desde el pasado 25 de noviembre suspendidas de negociación, y lo han hecho con una caída del 50 por ciento.

Tras permanecer más de dos horas en subasta, ante la imposibilidad de casar órdenes de venta y compra, a las 12.20 horas de este viernes, los títulos de la compañía han marcado un primer precio de 0,2 euros, con esa caída del 50 por ciento.

Minutos después, el descenso se reducía al 35,13 por ciento, hasta los 0,259 euros por título.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió en la tarde de ayer levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el valor desde el pasado 25 de noviembre, al considerar que la empresa ha puesto a disposición del mercado información suficiente sobre su situación.

El arbitraje

La suspensión se produjo tras conocerse que la compañía argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) había solicitado un arbitraje en el que reclamaba a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Cuatro días después, Duro Felguera comunicó que había decidido aplicar un tratamiento contable “más conservador” al contrato de la central de ciclo combinado (de gas) de Djelfa (Argelia), suscrito con Sonelgaz, lo que implicaba la dotación de una provisión de unos 100 millones euros.

El miércoles, el fabricante de bienes de equipo anunció que había presentado ante los juzgados de lo mercantil de Gijón una solicitud para iniciar negociaciones con sus acreedores con el fin de aprobar un plan de reestructuración que permita garantizar su viabilidad.

Horas después, Duro Felguera comunicó que había revisado las cuentas del primer semestre y había elevado las pérdidas a 52,4 millones de euros tras revisar el impacto del proyecto de Djelfa. 

Duro Felguera registró entre enero y junio unas pérdidas de 52,4 millones de euros, frente a los 26,3 millones que había comunicado el pasado mes de octubre, tras haber revisado la información financiera para contabilizar el impacto del proyecto de Djelfa en Argelia, que es objeto de un litigio.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa presentó al cierre del periodo un fondo de maniobra negativo de 123 millones de euros y un patrimonio neto contable negativo de 220 millones.

La CNMV ha decidido levantar la suspensión cautelar de negociación de Duro Felguera a partir de mañana, según ha informado este jueves el supervisor bursátil.

La decisión, que será efectiva a las 8:30 horas, se ha adoptado al considerar que la empresa ha puesto a disposición del mercado información suficiente sobre su situación.

El supervisor bursátil suspendió la negociación de las acciones de Duro Felguera el pasado 25 de noviembre tras conocerse que la compañía argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) había solicitado un arbitraje en el que reclamaba a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Cuatro días después, Duro Felguera comunicó que había decidido aplicar un tratamiento contable “más conservador” al contrato de la central de ciclo combinado (de gas) de Djelfa (Argelia), suscrito con Sonelgaz, lo que implicaba la dotación de una provisión de unos 100 millones euros.

El arbitraje

El grupo de ingeniería y bienes de equipo, que ayer anunció la solicitud del preconcurso de acreedores, también ha reexpresado las cuentas del ejercicio 2023 para recoger el impacto del proyecto de Djelfa, por el que el cliente, la compañía energética argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE), ha solicitado un arbitraje para reclamar a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Las nuevas cuentas reflejan que la compañía perdió entre enero y junio del pasado año 48,8 millones de euros, frente a la ganancia de 1,6 millones que comunicó en su día, al hacerse un registro contable de 50,4 millones de euros por el impacto del proyecto.

Dicho registro contable también queda reflejado en las cifras de pasivo corriente y de patrimonio neto al cierre del pasado ejercicio.

Así, a fecha de 31 de diciembre de 2023, el pasivo corriente pasa de 411,8 a 523 millones de euros, y el patrimonio neto negativo de 155,5 a 254,8 millones.

Preconcurso de acreedores

Duro Felguera anunció ayer, miércoles, que ha presentado ante los juzgados de lo mercantil de Gijón una solicitud para iniciar negociaciones con sus acreedores con el fin de aprobar un plan de reestructuración que permita su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible”.

Según la empresa, que suma unos 1.500 trabajadores, esta solicitud permitirá a la sociedad “el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan”, particularmente los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia.

La compañía asturiana ha asegurado que continuará con “su actividad normal ejecutando los proyectos en curso”.

El Principado expresa su preocupación

El Gobierno del Principado admite su “preocupación” por el anuncio de Duro Felguera de presentar preconcurso de acreedores y confía en que esta decisión facilite “una salida satisfactoria a su situación financiera, dada la relevancia de la compañía para el tejido industrial del Principado y el volumen de empleo directo e inducido vinculado a su actividad”.

El Ejecutivo asturiano se ha mostrado “favorable a que esta situación se afronte con la mayor transparencia con las Administraciones Públicas y con los representantes legales de los trabajadores” para que todas las partes puedan “contribuir a la superación de este nuevo escenario”.

La petición de indemnización

Duro Felguera se encuentra suspendida de cotización por la CNMV desde el pasado 25 de noviembre, después de que se diera a conocer que la compañía energética argelina Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha solicitado un arbitraje para reclamar a la empresa española una indemnización de 413 millones de euros.

Duro Felguera anunció el pasado mes de junio la suspensión de los trabajos del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, un contrato firmado en 2014 por 544 millones de euros, “ante la necesidad de ajustarlo a la realidad concurrente”.

La empresa avanzó la presentación de un escrito de oposición a la solicitud de arbitraje, “rechazando la reclamación” de Sonelgaz al entender que la suspensión del contrato por parte de la compañía española “es conforme a derecho por los incumplimientos en que ha incurrido”.

En este contexto, la firma decidió aplicar un tratamiento contable “más conservador” al contrato actualmente en litigio, lo que, según adelantó, implicaría la dotación de una provisión de unos 100 millones euros y la revisión de cuentas y estados financieros.