El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha considerado que con el concurso de acreedores y el hecho de que se haya empezado a trabajar en la planta de Amurrio tras suspenderse la huelga indefinida se abre “una nueva etapa” para la atracción de inversores en Tubos Reunidos. Y ha adelantado que “hay inversores interesados en poder ayudar”, pero “no propuestas” concretas aún.

El consejero ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, casi en el momento en el que representantes de los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga, por separado, comparecían en el Parlamento Vasco. El comité de empresa de la planta vizcaína ha señalado que su fábrica es viable en estos momentos y tiene carga de trabajo, por lo que han pedido que se posibilite que haya un inversor específico para Trápaga dentro del proceso concursal, atendiendo a que tienen una situación de partida diferente por el tipo de producto que fabrican.

Jauregi ha reiterado que “la solución” en Tubos Reunidos pasa por “la llegada de un nuevo inversor con un proyecto industrial a futuro” y, para ello, se requieren “dos condiciones” que lleva repitiendo a lo largo de toda la crisis de la empresa. Por un lado, que se logre la quita de la deuda, porque “nadie va a pagar por un piso que tiene la hipoteca cinco veces mayor que el valor real del piso”, y también “la paz social”, ya que “nadie quiere comprar un piso en un vecindario con líos”. En su opinión, el concurso de acreedores “abre la puerta de una manera legal y ordenada a hacer esa reestructuración de la deuda, que antes no se podía hacer porque la Sepi, que es la mayor acreedora de Tubos Reunidos, decía que no podía reducir o hacer una quita en su deuda porque no tenía manera legal de hacerlo”. “Y ahora eso ya está en manos del administrador, ya va a hablar con todos los acreedores y empezar ya a activar la reestructuración de la deuda”, ha recordado.

Además, ha destacado que con la suspensión de la huelga indefinida en Amurrio se ha llegado a una “situación de mayor paz social”. “Celebramos que la gente esté trabajando, porque es importante conseguir que la actividad continúe por dos razones prioritarias en este momento. Una, que se genere suficiente caja para pagar las nóminas de los empleados, que sigamos haciendo suficiente caja, sacando la carga de trabajo adelante y la cartera de trabajo adelante. Y la segunda es para mantener la clientela, porque si los clientes se van a marchar si seguimos en una situación de nueva actividad”, ha apuntado.

Mientras tanto, los representantes del comité de empresa de Trápaga, la planta vizcaina, antigua Productos Tubulares, han pedido ayuda a los partidos políticos para garantizar la continuidad de a planta de Trápaga. Han indicado que la realidad de Tubos Reunidos “marcha a dos velocidades, Amurrio tiene una situación muy compleja, que va a requerir un concurso largo y difícil, mientras que Trápaga es una empresa viable hoy mismo, con capacidad tecnológica y comercial con futuro inmediato”, han indicado. Han asegurado que no quieren “mal para Amurrio, todo lo contrario”, han dicho. Y en este sentido, han considerado que estabilizar el nudo estratégico de Trápaga “servirá de palanca de tracción y dará el oxígeno necesario para consolidar también a Amurrio”. Por eso, han insistido en que “dejar avanzar cuanto antes a la planta de Trápaga es salvar empleo industrial real desde hoy mismo. Tiene carga de trabajo y clientes hoy, y así proteger la cadena de proveedores vascos y darnos margen financiero para buscar una solución para Amurrio. Les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para facilitar la llegada de un socio inversor específico para Trápaga”, han señalado.

No obstante, han advertido de que cuentan con carga de trabajo para cuatro meses, pero que son unos pedidos que se pueden perder porque no tienen materia prima, porque no se puede comprar por falta de caja o porque no llega desde Amurrio por la huelga indefinida que se ha extendido desde marzo hasta este lunes. En este sentido, han insistido que se necesita una ayuda “inmediata”.

De forma previa, han comparecido en la comisión de Industria del Parlamento representantes del comité de empresa de Amurrio, que han criticado el “insuficiente papel de las instituciones públicas” hasta ahora para exigir transparencia a la dirección, y fiscalizar el dinero público inyectado a la empresa. Además, han esperado que el concurso permita un cambio de enfoque del ERE que se presentaba como “imprescindible, no ha solucionado nada”. Por eso, aunque han reconocido que el concurso “no es una buena noticia y refleja la gravedad de la situación” han señalado que al mismo tiempo, “abre una nueva fase en la que, por primera vez, debería ser posible una interlocución real, con transparencia, con información completa y con la participación de todas las partes implicadas”. En este punto han enmarcado la suspensión de la huelga indefinida para “hacer ver que la plantilla apuesta de forma clara por facilitar al administrador concursal una solución que no sean ni despidos, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística”. Respecto a los posibles inversores, han indicado que deberían buscarse entre los accionistas, que han cobrado beneficios mientras se engordaba la deuda. En este punto, se han preguntado si desde la Sepi se sabía que “se ha pagado mucha deuda, pero privada, porque se dice que la pública es impagable, pero la privada, a accionistas como BBVA, sí se ha ido pagando”. Por ello han considerado que estos accionistas son los que deberían ahora reinvertir para salvar la empresa.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

La magistrada de lo Mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, ha dictado el auto de la declaración del concurso de acreedores de Tubos Reunidos y ha designado como administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP. De momento, es de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno.

La jueza ha dictado dos autos. En uno de ellos declara el concurso voluntario de acreedores de Tubos Reunidos Group SLU, plantas en Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads SL centro en Iruña de Oca. En otro auto, la titular del juzgado ha acordado declarar conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services SLU, Aplicaciones Tubulares SLU, Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EEUU) y RDT INC (EEUU). Queda pendiente la declaración del concurso de la cabecera del grupo, Tubos Reunidos SA, que cotiza en Bolsa, y de forma previa a la declaración de concurso, el juzgado debe solicitar a la CNMV, la terna de posibles administradores, para lo que la titular del juzgado ha remitido ya un oficio al organismo regulador haciendo la citada solicitud.

En los autos , la jueza señala que de la documentación aportada apreciada en su conjunto “se desprende el estado de insolvencia” de la empresa, por lo que procede a la declaración del concurso que pide la firma, sin esperar a contar con la comunicación de la CNMV para la sociedad matriz. “En las sociedades que se declaran en concurso en el presente expediente no concurre la misma condición que en Tubos Reunidos SA, con acciones admitidas a cotización, y son sociedades industriales con un conflicto laboral vivo que precisan su inmediata declaración y nombramiento de administración concursal sin demora”, señala.

A partir de ahora se abre la fase común del concurso, con llamamiento a los acreedores para que comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos, para lo que contarán con el plazo de un mes. “La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida en la Ley”. Entre los acreedores está la Sepi como el que cuenta la deuda mayor, con más de 150 millones de euros. Así mismo, comunicará sin demora la declaración a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

PKF-Attest Concursal ha sido una de las firmas que ha pilotado algunos concursos importantes en Euskadi, como es el caso de La Naval o de Astilleros Balenciag, con diferentes resultados. Se encargarán de realizar los informes de la situación de la empresa y de analizar las posibles ofertas de inversión, si las hay, de acuerdo con la jueza. También determinará si es oportuno o no dar la continuidad al ERE que ha quedado de momento en suspenso. Precisamente juez ha citado al administrador concursal y a los representantes legales de los trabajadores el próximo 26 de mayo para tratar el asunto de la continuidad del ERE.

Trabajadores en autobuses a la planta de Amurrio

La decisión que tome la administración concursal sobre este expediente de extinción de contratos tendrá influencia sobre la decisión del comité de empresa sobre la continuidad o no de la huelga, porque si decae el ERE perderían la razón del paro. No obstante también pesará en esta decisión el hecho de que este martes han empezado a entrar en la fábrica parte de los trabajadores que votaron en asamblea a favor de volver a la fábrica de Amurrio con autobuses fletados por la empresa, como habían solicitado los propios trabajadores, aunque esto, al menos en este primer día, no ha supuesto más que una medida de presión para los huelguistas, ya que no se ha retomado ningún tipo de actividad en la planta.

El número de trabajadores que han entrado en cada autobús difiere según la fuente: unos 80 en el primer turno“, según la empresa, ”no más de diez“ según los representantes de los piquetes. En cualquier caso, ambos coinciden en que la vuelta a la normalidad no es fácil si se mantiene la huelga: no se pueden cubrir todos los puestos, y además la acería no se puede poner en marcha y luego pararla.

A lo largo de esta semana los sindicatos que componen la mayoría del comité ELA, LAB y ESK, realizarán asambleas para tratar la situación y luego tomarán una decisión conjunta respecto a la huelga. ESK realizará la suya este miércoles. Desde este sindicato son partidarios, en principio, de mantener la huelga hasta conocer la decisión de la administración concursal sobre el ERE.

Tubos Reunidos entró en concurso de acreedores voluntario el pasado lunes, 4 de mayo. A partir de ahora, la gestión de la empresa pasa a estar tutelada por el juzgado, que designará un administrador concursal, y juntos determinarán en cierto modo el futuro, si es que lo tiene, de esta empresa vasca que se fundó en 1892. En la comunicación en la que la empresa anunciaba que entraba en concurso, apuntaba como argumento principal para la solicitud la “situación de insolvencia inminente”. Es decir, que la compañía no se encontraba en posición de hacer frente a sus pagos más allá del mes de mayo. Una situación de caída al vacío que la entrada en concurso ha frenado casi en el borde del precipicio, porque permite a la compañía literalmente dejar de pagar sus deudas. De hecho, hasta hace no mucho el concurso de acreedores se denominaba suspensión de pagos.

Con esta declaración la empresa impide que se sigan acumulando las deudas y los intereses, o que lleguen posibles embargos. Todo queda en suspenso y los acreedores cobrará en el orden que marca la Ley Concursal y el juez -magistrada en este caso, María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria-, de acuerdo con el administrador concursal que todavía no está nombrado. Ésa es la primera ventaja que tiene la empresa de la declaración de concurso, teniendo en cuenta que acumula una deuda de 260 millones con unos intereses que engordaban cada día y que, mientras tenía que seguir aportando pagos, prácticamente carecía de ingresos, con la planta de Amurrio paralizada por la huelga indefinida. Aunque la situación de insolvencia, todo hay que decirlo, viene de mucho tiempo atrás, pese a que el parón de la planta de Amurrio haya podido ser la puntilla.

La segunda ventaja con la que cuenta Tubos Reunidos es que la deuda de Sepi, el principal escollo en la reordenación de los pagos que necesita la empresa, adquiere una dimensión diferente cuando entra en juego la tutela judicial que supone el concurso. Hasta ahora la Sepi, con la que Tubos Reunidos tiene una deuda de casi 150 millones, se había mostrado favorable a aplazar intereses, es decir, a alargar los plazos. Pero esto no es suficiente para salvar la situación de la empresa, ya que los intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y la Sepi no lo considera jurídicamente inviable, porque el trato hacia Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, concedidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE) para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de la COVID-19, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sin embargo, la tutela judicial cambia la situación.

Si la jueza, de acuerdo con el administrador, establece con los acreedores una quita de la deuda, es decir, una reducción, porque hay posibilidades con ello de salvar la empresa, también entraría en esa quita el crédito de la Sepi, o al menos una parte de él, la que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro. Es decir, que aunque todavía todos los escenarios están abiertos, la Sepi podría perder parte de los fondos públicos que invirtió en 2021 para evitar entonces la quiebra de la empresa. Es, además, un crédito cuya concesión está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.

De momento, cuando la jueza designe un administrador concursal, este tendrá que elaborar un informe económico que permita analizar la situación y ver las posibilidades que se abren que básicamente son dos. La primera, y en mejor de los escenarios, una quita de la deuda que permita hacer la empresa atractiva para un posible inversor. Si Tubos Reunidos elimina parte del laste de la deuda, puede abrirse la posibilidad de que entre un comprador que permita la continuidad de la empresa, en su totalidad o en parte. Como ha repetido muchas veces el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en los últimos meses, “¿quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso?” “No va a entrar nadie. Hay que reestructurar esa deuda”, plantea. Si esto no es posible, poniéndose en el peor de los escenarios, se irá a una liquidación de los activos para repartir lo que se pueda entre los acreedores.

La situación de Tubos Reunidos es muy compleja. Primero porque, además de su deuda de 260 millones, acumula unas pérdidas de 118 millones de euros. Y segundo, por el producto que fabrica que está sometido en estos momentos a las fuertes restricciones de la política arancelaria de Donald Trump y, por lo tanto, hoy por hoy no parece muy atractivo. Aún así, el escenario que se abre ahora bajo tutela judicial ha servido a otras empresas a encontrar una salida, que es el principal motivo de la declaración de concurso. Algunos ejemplos que han afectado a empresas importantes se han resuelto de manera satisfactoria recientemente o están en vías de hacerlo.

Por ejemplo, Vicinay Cadenas. La empresa vizcaina entró en preconcurso de acreedores en julio de 2025, pero finalmente evitó entrar en concurso de acreedores. La compañía consiguió que sus acreedores aceptasen una quita de la deuda de un 93%, que ascendía a unos 125 millones de euros, en un acuerdo que se suscribió el pasado mes de febrero. Todo ello gracias que la empresa contó desde el primer momento con la propuesta de inversor sobre la mesa, Dámaso Quitana, presidente de Haizea Wind, que se ha hecho cargo de la compañía que es líder en el negocio de cadenas para 'oil&gas', eólico marino flotante y naval, a la que inyectará 60 millones de euros. La Sepi también es uno de los acreedores de Vicinay, con la que se ha pactado un aplazamiento y una rebaja del tipo de interés.

Astilleros Balenciaga es otro ejemplo de concurso de acreedores con final satisfactorio. Entró en el proceso a finales de 2024 y un año después se firmó el protocolo de compra por parte del consorcio Safeen Drydock, que conforman la empresa de Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi Port Group y la americana Premiere Marine. La operación, por valor de 11,2 millones de euros, garantiza la continuidad de la empresa y el empleo del astillero de Zumaia. Los compradores saldaron con el precio de compra la deuda, y se hicieron con la propiedad de todos los activos de la empresa, instalaciones, maquinaria o derechos de la propiedad industrial e intelectual.

También los contratos que están en curso, ya que es un astillero que entró en concurso con carga de trabajo. En el caso de Balenciaga la solución también llegó mediante una quita de la deuda que aceptaron los acreedores, entre los que se encuentra la Compañía Española de Financiación el Desarrollo (Cofides), que depende del Ministerio de Economía, y que aceptó la quita de parte de la deuda con lo que se rebajó casi a la mitad su pasivo, de 15 a 8,6 millones de euros. Si en el caso de Tubos Reunidos el principal acreedor es la Sepi, en el de Balenciaga era Cofides, por lo que al aceptar la quita el organismo público, le siguieron el resto de acreedores posibilitando así su compra.

La papelera guipuzcoana Papresa acumula deudas de 70 millones y entró el pasado mes de abril en concurso de acreedores. A finales del mes pasado el CL Grupo Industrial, con el que se estaba en negopciación, concretó una oferta vinculante por 39,3 millones de euros y asunción de 148 empleos, un 72% de la plantilla. La citada oferta contempla la adquisición de las dos principales líneas de producción de la empresa papelera, la máquina de papel prensa y la de cartón para embalaje. En estos momentos, el proceso sigue abierto.

A la espera de que se concrete la venta de Papresa, Euskadi tiene también casos sonados de concursos de acreedores que han terminado en liquidación. Por ejemplo el caso del astillero de La Naval de Sestao. Los gestores solicitaron el concurso en 2017 y no se cerró el proceso hasta 2023, seis años después, y no de forma muy satisfactoria para los acreedores. Fue imposible encontrar un comprador y se decidió una venta por partes de sus activos.

Los terrenos eran el principal activo, 300.000 metros cuadrados que fueron adquiridos por la multinacional belga VGP, para levantar un parque logístico que deberá tener un 51% de peso industrial. Aunque ya se ha desmantelado el astillero, la finalización del proyecto lleva mucho retraso. En cualquier caso, en la liquidación, los acreedores perdieron mucho dinero. Por estos terrenos VGP pagó 40 millones de euros, y La Naval tenía una deuda de más de 152 millones de euros.

Antes se vivió una de las quiebras más sonadas, la de Fagor, una de las grandes empresas del grupo Mondragon. En octubre de 2013 Fagor Electrodomésticos anunció que entraba en preconcurso de acreedores. Necesitaba urgentemente de Mondragon y a las instituciones vascas porque acumulaba una deuda de más de 800 millones. Un mes después presentaba el concurso de acreedores voluntario al no haber alcanzado un acuerdo de financiación que le permitiera poner en marcha su plan de reestructuración. Un año después, 18 de marzo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia abrió la fase de liquidación de Fagor Electrodomésticos y de sus filiales en España Edesa, Grumal y Proiek.

Hoy de Fagor Electrodomésticos sólo queda la marca del logotipo rojo, que sigue siendo propiedad de Mondragon a través del Grupo Fagor. Desde el año 2020, bajo el nombre de Fagor Electrodoméstico -se le ha quitado una 's' a la marca original-, se comercializa la línea blanca de la empresa polaca Amica, que vio en la denominación de la antigua cooperativa la forma de entrar en el mercado español. Otras empresas como EuroMénage o Rhoiniter ponen el logotipo de Fagor a pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Tubos Reunidos ha presentado el concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Álava. La empresa ha comunicado a última hora de este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) la decisión del consejo de administración, “debido a las tensiones de tesorería” de los últimos meses, “agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio”, cuya plantilla se encuentra en huelga indefinida, lo que ha llevado a la empresa a una “situación de insolvencia inminente”.

La compañía recuerda que la dirección ha estado trabajando en los últimos meses en “un plan de viabilidad que promueva la continuidad y sus filiales” pero, indica que “en la medida en que las premisas necesarias para la viabilidad de la sociedad a día de hoy no se han podido garantizar, especialmente, la entrada relevante de caja, el consejo, manteniendo la postura de prudencia que ha guiado su actuación, se ha visto obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores”. Señala que la decisión de presentar la citada declaración de concurso, que también ha sido adoptada por el órgano de administración de las filiales de la sociedad, se ha adoptado “tras recabar los oportunos asesoramientos externos y con la finalidad de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la Sociedad y sus filiales”.

La empresa había contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, por la que finalmente se ha optado, para aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, la dirección advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”. A partir de ahora, todas las decisiones quedarán en manos del administrador que designe el juzgado y cómo se administran los pagos a los que tiene que hacer frente la empresa, desde las nóminas, a la deuda o al pago de proveedores. Unos pagos que tendrá que intentar conjugar con intentar mantener a flote la empresa y el empleo. Aunque para ello sería necesario que hubiera un inversor intersado en invertir en la compañía.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa había puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Nueva etapa

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha señalado que “con la apertura del procedimiento concursal se abre una nueva etapa para Tubos Reunidos”. en la que “debe priorizar la continuidad de la actividad industrial y el empleo de la empresa, mientras se aborda paralelamente la reestructuración de la deuda, el diseño de un proyecto sólido que permita construir una empresa viable en el medio y largo plazo, y se buscan nuevos inversores dispuestos a apostar por ello”.

Ha señalado además que desde el Gobierno vasco tendrán “un compromiso absoluto para apoyar la viabilidad de un nuevo proyecto para Tubos Reunidos, a fin de garantizar el empleo y la actividad industrial en Aiaraldea”. “Se abre una nueva etapa donde todos -cada cual desde sus responsabilidades y competencias- tenemos que trabajar de manera cooperativa, para superar el proceso concursal y asegurar la continuidad de la actividad industrial de Tubos Reunidos”.

Durant anys, Air Berlin es va consolidar com una de les principals aerolínies europees, amb milers d’empleats i una àmplia xarxa de rutes per tot el continent, fins que el seu elevat endeutament i la retirada del suport financer del seu principal accionista, Etihad Airways, van precipitar la seva fallida el 2017. El seu col·lapse va donar lloc a un complex entramat concursal i va deixar més de 40 acomiadaments i salaris pendents de pagament a Mallorca, on l’empresa tenia la seva sucursal espanyola. No obstant això, quan l’Audiència Nacional va declarar nul l’acomiadament col·lectiu —generant crèdits per salaris de tramitació i reconeixent indemnitzacions amb prioritat de cobrament—, els empleats es van trobar que els diners ja no hi eren: més d’un milió d’euros havia sortit d’Espanya rumb al procediment concursal a Alemanya.

L’operació va portar diversos treballadors a acudir als tribunals per exigir la recuperació dels fons i que aquests es destinessin al pagament dels seus crèdits laborals. Tanmateix, després de diversos anys de litigi, l’Audiència Provincial de Balears ha donat carpetada a les seves pretensions: el tribunal considera que no s’ha provat que la transferència d’1.061.291 euros que l’empresa va efectuar per integrar-los en el procediment concursal alemany es realitzàs amb intenció de perjudicar-los.

La resolució, a la qual ha tingut accés elDiario.es i que està datada el mes de febrer passat, contradiu el criteri del Jutjat Mercantil número 1 de Palma en primera instància, que havia considerat que el trasllat dels diners s’havia de rescindir i havia ordenat que es retornassin a la sucursal espanyola d’Air Berlin per atendre el pagament dels crèdits laborals. El jutge va apreciar que concorrien els elements necessaris per deixar sense efecte l’operació, atès que aquesta hauria privat els creditors locals —els treballadors— de la possibilitat de cobrar amb preferència. L’Audiència, però, corregeix aquest criteri: sosté que el trasllat dels diners va ser legal i es va produir dins les facultats de l’administrador concursal. I va més enllà: subratlla que no n’hi ha prou que els empleats resultassin perjudicats, sinó que calia acreditar que la transferència es va fer amb la finalitat de frustrar el cobrament.

Per quan la justícia laboral va declarar nul l'acomiadament col·lectiu dels 43 treballadors d'Air Berlin a Espanya, reconeixent indemnitzacions amb prioritat de cobrament, els empleats es van trobar que els diners ja no hi eren: més d'un milió d'euros havia sortit d'Espanya rumb al procediment concursal a Alemanya

L'origen del milió d'euros

La procedència dels diners en disputa afegeix, a més, un element rellevant: els fons no procedien directament de l'activitat d'Air Berlin a Espanya, sinó d'un altre concurs. L'aerolínia tenia reconegut un crèdit amb privilegi especial en el procés de fallida de CR Aeropuertos S.L., vinculada a una de les majors icones del malbaratament de la bombolla immobiliària a Espanya: l'aeroport de Ciutat Reial. El projecte, impulsat en plena expansió econòmica, va acabar acumulant deutes milionaris i sense trànsit suficient per sostenir-se, cosa que va conduir a la seva fallida i posterior liquidació.

En aquest procés, Air Berlin figurava com a creditor amb privilegi especial sobre diversos actius —finques vinculades a l’aeroport— la venda dels quals, en el marc del concurs de creditors, li va permetre recuperar més d’un milió d’euros amb preferència davant altres creditors. Tanmateix, lluny de quedar-se a Espanya, la quantitat es va transferir el 2019 al compte de l’administrador concursal a Alemanya, on es tramitava el concurs principal d’Air Berlin, prop d’un any abans que el 2020 s’obrís el procediment concursal secundari a Espanya. Aquest desfasament temporal és clau: segons l’Audiència, la massa de béns del procediment espanyol només inclou els actius existents al país en el moment de la seva obertura. I quan aquest moment va arribar, els diners ja havien quedat fora del seu abast.

L'aerolínia va recuperar el milió d'euros després de la fallida de CR Aeropuertos S.L., vinculada a una de les icones més grans del malbaratament de la bombolla immobiliària a Espanya: l'aeroport de Ciutat Reial

Sense feina i sense cobrar

Per als empleats, el cas no era una qüestió tècnica, sinó de supervivència. Després del tancament de la sucursal a Mallorca, es van quedar sense feina i amb salaris pendents en un context d’incertesa prolongada. Molts van veure en la nul·litat de l’acomiadament col·lectiu la garantia que, tard o d’hora, podrien recuperar el que se’ls devia.

Part de les quantitats pendents es va canalitzar a través del Fons de Garantia Salarial (FOGASA), l’ens públic que cobreix salaris i indemnitzacions quan una empresa es declara insolvent. Aquest organisme va abonar a la plantilla més d’un milió d’euros, però aquestes prestacions tenen límits legals i no cobreixen la totalitat del deute. La resta va quedar condicionada al resultat del concurs a Alemanya.

Set treballadors —alguns amb dècades d’antiguitat— van decidir interposar demanda per reclamar la recuperació dels fons transferits a Alemanya i el pagament dels seus crèdits laborals, que ascendien a 924.760 euros. La sentència de l’Audiència Provincial respon precisament a aquesta reclamació. En els seus al·legats, sostenien que la sortida dels diners havia vulnerat el Reglament europeu d’insolvències (UE) 2015/848, en considerar que s’havien traslladat fora d’Espanya béns que podrien haver servit per satisfer els seus crèdits.

Al·legaven que el moviment es va realitzar de forma abusiva i en el seu perill, frustrant, malgrat que els deutes havien estat reconeguts judicialment -i fins i tot amb mesures cautelars com embargaments preventius-, la possibilitat que els seus crèdits poguessin ser satisfets a Espanya en cas que posteriorment s'obrís un procediment d'insolvència secundari.

Els treballadors reclamaven que la transferència fos anul·lada en considerar que havia vulnerat la normativa concursal europea. Recriminaven que el moviment es va realitzar de forma abusiva i en el seu perjudici en frustrar les seves possibilitats de cobrament malgrat que ja comptaven amb crèdits laborals reconeguts judicialment

Davant d'això, l'administració concursal d'Air Berlin va negar qualsevol irregularitat i va defensar que la transferència no va obeir a una decisió arbitrària, sinó al resultat d'un procediment judicial en el concurs d'una altra societat -el de CR Aeropuertos-, limitant-se a facilitar un compte per rebre el pagament. Així mateix, va rebutjar que s'hagués produït un tracte discriminatori respecte a la plantilla espanyola, en assenyalar que també a Alemanya centenars de treballadors havien reclamat judicialment sense que s'haguessin pogut satisfer els seus crèdits. En aquesta línia, l'aerolínia va manifestar que els crèdits laborals dels empleats espanyols havien estat reconeguts en el procediment concursal alemany i que part d'ells ja havien estat abonats a través del Fogasa.

L'administració concursal d'Air Berlin va negar qualsevol irregularitat i va defensar que la transferència no va obeir a una decisió arbitrària. Així mateix, va rebutjar que s'hagués produït un tracte discriminatori respecte a la plantilla espanyola

Durant el desenvolupament del procediment, el cas va fer fins i tot el salt a Europa. Davant els dubtes sobre la legalitat del trasllat dels diners, el Jutjat Mercantil número 1 de Palma, encarregat de tramitar el concurs secundari a Espanya, va decidir el 2022 plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). El magistrat va plantejar si l’administrador concursal podia treure béns del país en aquestes circumstàncies i quins actius havien d’integrar la massa del concurs secundari.

La resposta va arribar el 2024 i va resultar determinant per al desenllaç del cas: el TJUE va avalar que l’administrador del procediment principal pot traslladar béns entre estats membres fins i tot quan existeixin creditors locals amb crèdits reconeguts, sempre que no actuï de manera abusiva. Aquesta interpretació és la que ara assumeix l’Audiència Provincial de Balears per tancar la porta a la reclamació dels treballadors.

Dels vols xàrter a operar més de 140 destinacions

Nascuda com a aerolínia xàrter el 1978 i transformada anys després en una companyia de xarxa amb operacions regulars a tot Europa, Air Berlin va arribar a convertir-se en un dels grans noms de l’aviació europea. Després de la seva sortida a borsa el 2006 i de la compra d’LTU el 2007, l’aerolínia va accelerar la seva expansió fins a situar-se com la segona companyia aèria d’Alemanya, només per darrere de Lufthansa. En el seu punt àlgid va superar els 8.000 empleats, va operar més de 140 destinacions i va transportar al voltant de 30 milions de passatgers anuals, combinant rutes de baix cost amb connexions de mitjà i llarg radi.

Mallorca va ser un dels seus enclavaments estratègics. L’illa, un dels principals destins turístics del mercat alemany, va funcionar com una base operativa clau dins la seva xarxa, amb múltiples connexions regulars cap a Alemanya i altres punts d’Europa. Tot i que la seva estructura a Espanya era reduïda —amb una plantilla de 43 treballadors, 41 dels quals a Mallorca, un a Madrid i un altre a Barcelona—, la seva presència era fonamental per sostenir el flux turístic que alimentava bona part del seu negoci. Durant anys, Air Berlin va ser una de les aerolínies que va transportar un volum més elevat de passatgers entre Alemanya i les Balears.

Mallorca va ser un dels enclaus estratègics d'Air Berlin. L'illa, un dels principals destins turístics del mercat alemany, va funcionar com a base operativa clau dins la seva xarxa, amb múltiples connexions regulars cap a Alemanya i altres punts d'Europa

Una de les figures clau en la consolidació de l'aerolínia en el mercat turístic illenc va ser Álvaro Middelmann, durant anys la cara visible d'Air Berlin a Espanya. D'origen alemany però profundament vinculat a Mallorca, va defensar el paper estratègic d'Air Berlin a Balears fins als últims moments de la companyia. El seu perfil públic, tanmateix, no va estar exempt de polèmica: contínues eren les seves advertències sobre l'impacte que sobre la connectivitat aèria podien tenir determinades polítiques com la pujada de taxes aeroportuàries: “Anem a matar la gallina dels ous d'or, que no és altra que el turisme”, va arribar a asseverar en roda de premsa.

Rebuig del català

Una altra de les controvèrsies més significatives es va produir arran de la negativa de l’aerolínia a incorporar el català en la seva atenció al client. “La implantació d’un idioma costa molts de doblers”, va assenyalar en una entrevista amb l’agència EFE. En altres declaracions, va qualificar aquesta possibilitat d’“econòmicament inviable” i de cost “inassumible” en un context d’augment del preu del combustible. Per la seva banda, el president de la companyia, Joachim Hunold, va publicar un editorial a la revista Air Berlin Magazin en què rebutjava la política lingüística de l’Executiu balear —governat aleshores pel socialista Francesc Antich— després que aquest li demanàs, igual que a la resta d’aerolínies que operaven a Balears, “garantir l’ús de les llengües oficials de la comunitat”.

Una de les controvèrsies més significatives protagonitzades per Air Berlin a Balears va tenir lloc arran de la negativa de la companyia aèria a incorporar el català en la seva atenció al client: "La implantació d'un idioma costa molts diners", va despachar aleshores el director general d'Air Berlin per a Espanya i Portugal, Álvaro Middelmann

Després d’anys d’expansió, el model va començar a esquerdar-se. La companyia va començar a encadenar pèrdues, atrapada entre un deute creixent i la pèrdua de competitivitat en un mercat cada vegada més pressionat per les aerolínies de baix cost. El declivi no va ser sobtat, sinó una caiguda lenta que va començar a fer-se visible a partir del 2012. Cada vegada més dependent del suport financer d’Etihad Airways —que va arribar a controlar prop del 29% del capital—, Air Berlin va anar perdent marge de maniobra. Quan el 2017 l’aerolínia emiratiana va retirar el seu suport, l’estructura es va ensorrar: sense liquiditat ni capacitat per sostenir la seva operativa, la companyia va entrar en insolvència.

El col·lapse

L’aerolínia va rebre un préstec pont de fins a 150 milions d’euros del Govern alemany per evitar un col·lapse immediat del trànsit aeri en plena temporada alta i mantenir operatius els vols durant unes setmanes mentre es buscaven compradors per als seus actius. Finalment, part del seu negoci es va vendre a altres aerolínies com Lufthansa i easyJet, en una liquidació que va posar fi definitiu a la seva activitat.

La companyia va començar a encadenar pèrdues, atrapada entre un deute creixent i la pèrdua de competitivitat en un mercat cada vegada més pressionat per les aerolínies de baix cost. Després de la retirada del suport financer d'Etihad Airways -que va arribar a controlar prop del 29% del capital-, l'estructura d'Air Berlin va acabar desplomant-se

El 2018, la Sala Social de l’Audiència Nacional va analitzar l’acomiadament col·lectiu aplicat per Air Berlin a la totalitat de la seva plantilla a Espanya. El tribunal va constatar que la companyia travessava una situació econòmica “insostenible”, amb pèrdues milionàries acumulades durant anys i un col·lapse financer que va conduir al cessament total de la seva activitat l’octubre de 2017. L’empresa va al·legar que no disposava de liquiditat ni tan sols per abonar les indemnitzacions mínimes legals, extrem que va quedar reflectit en les cartes d’acomiadament, en què reconeixia expressament la impossibilitat de pagament malgrat generar el corresponent crèdit en el concurs de creditors.

Amb tot, l’Audiència Nacional va estimar parcialment la demanda sindical i va declarar nul l’acomiadament col·lectiu en apreciar irregularitats rellevants en la seva tramitació. Entre aquestes, la manca de lliurament de documentació essencial a la representació dels treballadors —en molts casos facilitada en alemany sense traduir— i la insuficient informació sobre possibles operacions de transmissió d’actius o d’activitat a altres aerolínies. El tribunal va considerar que aquestes deficiències impedien una negociació real durant el període de consultes i podien haver generat indefensió, fet que justificava la nul·litat de l’expedient, més enllà de la greu situació econòmica de la companyia.

Un any abans, el 27 d’octubre de 2017, l’últim vol d’Air Berlin havia aterrat a la capital que li donava nom després de 39 anys d’operacions. L’arribada de l’aeronau va ser seguida com un esdeveniment a Alemanya, amb treballadors i aficionats concentrats a l’aeroport de Tegel per acomiadar la que havia estat la segona companyia del país. A bord i a terra, l’ambient barrejava emoció i resignació: no era només el tancament d’una línia aèria, sinó el final d’una etapa per a milers d’empleats i per a una companyia que durant anys havia connectat destinacions clau com Mallorca amb el cor d’Europa.

Durante años, Air Berlin se consolidó como una de las principales aerolíneas europeas, con miles de empleados y una amplia red de rutas por todo el continente, hasta que su elevado endeudamiento y la retirada del respaldo financiero de su principal accionista, Etihad Airways, precipitaron su quiebra en 2017. Su colapso dio lugar a un complejo entramado concursal y dejó más de 40 despidos y salarios pendientes de abonar en Mallorca, donde la empresa tenía fijada su sucursal española. Sin embargo, para cuando la Audiencia Nacional declaró nulo el despido colectivo, generando créditos por salarios de tramitación y reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania.

La operación llevó a varios de los trabajadores a exigir en los tribunales la recuperación de los fondos y que éstos fuesen destinados al pago de sus créditos laborales, pero, tras varios años de litigio, la Audiencia Provincial de Balears acaba de dar carpetazo a sus pretensiones: el tribunal considera que no se ha probado que la transferencia de 1.061.291 euros que la empresa efectuó para integrarlos en el procedimiento concursal alemán se realizara con intención de perjudicarles.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es y fechada el pasado mes de febrero, choca con lo dictaminado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, que consideró que el traslado del dinero debía rescindirse, ordenando que fuera devuelto a la sucursal española de Air Berlin para atender el pago de los créditos laborales. El juez apreciaba que concurrían los elementos necesarios para dejar sin efecto la operación, dado que ésta habría privado a los acreedores locales -los trabajadores- de la posibilidad de cobrar con preferencia. La Audiencia, sin embargo, corrige ese criterio: el tribunal sostiene que el traslado del dinero fue legal y se produjo dentro de las facultades del administrador concursal. Y va más allá: subraya que no basta con que los empleados resultaran perjudicados, sino que era necesario acreditar que la transferencia de los fondos se hizo con la finalidad de frustrar el cobro por parte de todos ellos.

Para cuando la justicia laboral declaró nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España, reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania

El origen del millón de euros

La procedencia del dinero en disputa añade, además, un elemento relevante: los fondos no procedían directamente de la actividad de Air Berlin en España, sino de otro concurso. La aerolínea tenía reconocido un crédito con privilegio especial en el proceso de quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto, impulsado en plena expansión económica, acabó acumulando deudas millonarias y sin tráfico suficiente para sostenerse, lo que condujo a su quiebra y posterior liquidación.

En ese proceso, Air Berlin figuraba como acreedor con privilegio especial sobre determinados activos: varias fincas cuya venta, en el marco del concurso de acreedores de CR Aeropuertos, le permitió recuperar más de un millón de euros con cargo preferente frente a otros acreedores. Sin embargo, lejos de quedarse en España, la cantidad se transfirió en 2019 a la cuenta del administrador concursal en Alemania, donde se tramitaba el concurso principal de Air Berlin. Un año antes de que, en 2020, se abriera el procedimiento concursal secundario en España. Este desfase temporal es el que la Audiencia Provincial considera determinante: el tribunal señala que la masa de bienes del procedimiento español solo incluye los activos que estaban en el país en el momento de su apertura. Y cuando ese momento llegó, el dinero ya había salido del alcance de los trabajadores y del propio concurso en España.

La aerolínea recuperó el millón de euros tras la quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real

Sin empleo y sin cobrar

Para los empleados, el caso no era una cuestión técnica, sino de supervivencia. Tras el cierre de la sucursal en Mallorca, la aerolínea despidió a los 43 trabajadores de su sucursal española con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado. Sin empleo y con salarios pendientes en un contexto de incertidumbre prolongada, muchos vieron en la nulidad del despido colectivo la garantía de que, tarde o temprano, podrían recuperar lo que se les debía.

Parte de las cantidades pendientes se canalizó a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo público que cubre salarios e indemnizaciones cuando una empresa se declara insolvente: la entidad abonó a la plantilla más de un millón de euros, una cantidad que no llegó a cubrir la totalidad de las deudas reconocidas judicialmente. El resto quedó condicionado al resultado del concurso de acreedores en Alemania.

Siete de los trabajadores, algunos de los cuales llevaban décadas en la compañía, decidieron demandar a la compañía para reclamar la recuperación de los fondos transferidos a Alemania y el pago de sus créditos laborales, que en su caso ascendían a un total de 924.760 euros. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial responde precisamente a esa reclamación. En sus alegatos, los empleados sostenían que la salida del dinero había vulnerado la normativa concursal europea, en particular el Reglamento (UE) 2015/848: a su juicio, se habían trasladado fuera de España bienes que podían haber servido para atender sus créditos.

Alegaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio, frustrando, pese a que las deudas habían sido reconocidas judicialmente -e incluso con medidas cautelares como embargos preventivos-, la posibilidad de que sus créditos pudieran ser satisfechos en España en caso de que posteriormente se abriese un procedimiento de insolvencia secundario.

Los trabajadores reclamaban que la transferencia fuese anulada al considerar que había vulnerado la normativa concursal europea. Recriminaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio al frustrar sus posibilidades de cobro pese a que ya contaban con créditos laborales reconocidos judicialmente

Frente a ello, la administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria, sino al resultado de un procedimiento judicial en el concurso de otra sociedad -el de CR Aeropuertos-, limitándose a facilitar una cuenta para recibir el pago. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española, al señalar que también en Alemania cientos de trabajadores habían reclamado judicialmente sin que se hubieran podido satisfacer sus créditos. En esta línea, la aerolínea manifestó que los créditos laborales de los empleados españoles habían sido reconocidos en el procedimiento concursal alemán y que parte de ellos ya habían sido abonados a través del Fogasa.

La administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española

Durante el desarrollo del procedimiento, el caso dio incluso el salto a Europa. Ante las dudas sobre la legalidad del traslado del dinero, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, encargado de tramitar el concurso secundario en España, decidió en 2022 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El magistrado planteó si el administrador concursal podía sacar bienes del país en esas circunstancias y qué activos debían integrar la masa del concurso secundario. La respuesta llegó en 2024 y acabó marcando el desenlace del caso: el TJUE avaló que el administrador del procedimiento principal puede trasladar bienes entre países incluso cuando existan acreedores locales con créditos reconocidos, siempre que no actúe de forma abusiva. Esa interpretación es la que ahora asume la Audiencia Provincial de Balears para cerrar la puerta a la reclamación de los trabajadores.

De los vuelos chárter a operar más de 140 destinos

Nacida como aerolínea chárter en 1978 y transformada años después en compañía de red con operaciones regulares en toda Europa, Air Berlin Air Berlin llegó a convertirse en uno de los grandes nombres de la aviación europea. Tras su salida a bolsa en 2006 y la compra de LTU en 2007, la aerolínea aceleró su expansión hasta situarse en la segunda compañía aérea de Alemania, solo por detrás de Lufthansa. En su punto álgido superó los 8.000 empleados, operó más de 140 destinos y transportó en torno a 30 millones de pasajeros anuales, combinando rutas de bajo coste con conexiones de medio y largo radio.

Mallorca fue uno de sus enclaves estratégicos. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa. Aunque su estructura en España era reducida -con una plantilla de 43 trabajadores, 41 de ellos en Mallorca, uno en Madrid y otro en Barcelona-, su presencia era fundamental para sostener el flujo turístico que alimentaba buena parte de su negocio. Durante años, Air Berlin fue una de las aerolíneas que transportó un mayor volumen de pasajeros entre Alemania y Balears.

Mallorca fue uno de los enclaves estratégicos de Air Berlin. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa

Una de las figuras clave en la consolidación de la aerolínea en el mercado turístico isleño fue Álvaro Middelmann, durante años la cara visible de Air Berlin en España. De origen alemán pero profundamente vinculado a Mallorca, defendió el papel estratégico de Air Berlin en Balears hasta los últimos momentos de la compañía. Su perfil público, sin embargo, no estuvo exento de polémica: continuas eran sus advertencias sobre el impacto que sobre la conectividad aérea podían tener determinadas políticas como la subida de tasas aeroportuarias: “Vamos a matar la gallina de los huevos de oro, que no es otra que el turismo”, llegó a aseverar en rueda de prensa.

Rechazo del catalán

Otra de las controversias más significativas la protagonizó a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: “La implantación de un idioma cuesta mucho dinero”, señaló en una entrevista con la agencia EFE. En otras declaraciones, el empresario calificó esa posibilidad de “económicamente inviable” y de coste “inasumible” en un contexto de aumento del combustible. Por su parte, el presidente de la compañía, Joachim Hunold, publicó un editorial en la revista Air Berlin Magazin en el que rechazaba la política lingüística del Ejecutivo balear -gobernado entonces por el socialista Francesc Antich- después de que éste le pidiera, al igual que al resto de aerolíneas que operan en Balears, “garantizar el uso de las lenguas oficiales de la comunidad”.

Una de las controversias más significativas protagonizadas por Air Berlin en Balears tuvo lugar a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: "La implantación de un idioma cuesta mucho dinero", despachó el entonces director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann

Tras años de expansión, el modelo comenzó a resquebrajarse. La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. El declive no fue repentino, sino una caída lenta que comenzó a hacerse visible a partir de 2012. Cada vez más dependiente del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, Air Berlin fue perdiendo margen de maniobra. Cuando en 2017 la aerolínea emiratí retiró su apoyo, la estructura se desplomó: sin liquidez ni capacidad para sostener su operativa, la compañía entró en insolvencia.

El colapso

La aerolínea recibió un préstamo puente de hasta 150 millones de euros del Gobierno alemán para evitar un colapso inmediato del tráfico aéreo en plena temporada alta y mantener operativos los vuelos durante unas semanas mientras se buscaban compradores para sus activos. Finalmente, parte de su negocio fue vendido a otras aerolíneas como Lufthansa y easyJet en una liquidación que puso fin definitivo a su actividad.

La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. Tras la retirada del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, la estructura de Air Berlin acabó desplomándose

En 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizó el despido colectivo aplicado por Air Berlin a la totalidad de su plantilla en España. El tribunal constató que la aerolínea atravesaba una situación económica “insostenible”, con pérdidas millonarias acumuladas durante años y un colapso financiero que llevó al cese total de su actividad en octubre de 2017. La empresa alegó que no disponía de liquidez ni siquiera para abonar las indemnizaciones mínimas legales, extremo que quedó reflejado en las cartas de despido, en las que reconocía expresamente la imposibilidad de pago pese a generar el correspondiente crédito en el concurso de acreedores.

Con todo, la AN estimó parcialmente la demanda sindical y declaró nulo el despido colectivo al apreciar irregularidades relevantes en su tramitación. Entre ellas, la falta de entrega de documentación esencial a la representación de los trabajadores -en muchos casos facilitada en alemán sin traducir- y la insuficiente información sobre posibles operaciones de transmisión de activos o actividad a otras aerolíneas. El tribunal consideró que estas deficiencias impedían una negociación real durante el periodo de consultas y podían haber generado indefensión, lo que justificaba la nulidad del expediente, más allá de la grave situación económica de la compañía.

Un año antes, el 27 de octubre de 2017, el último vuelo de Air Berlin había aterrizado en la capital que le daba nombre tras 39 años de operaciones. La llegada de la aeronave fue seguida como un acontecimiento en Alemania, con trabajadores y aficionados concentrados en el aeropuerto de Tegel para despedir a la que había sido la segunda compañía del país. A bordo y en tierra, el ambiente mezclaba emoción y resignación: no era solo el cierre de una aerolínea, sino el final de una etapa para miles de empleados y para una compañía que durante años había conectado destinos clave como Mallorca con el corazón de Europa.

CL Grupo Industrial ha concretado su oferta vinculante para Papresa de Errenteria (Gipuzkoa), en concurso voluntario de acreedores desde el día 23. Ofrece un total de 39,3 millones de euros por la histórica papelera guipuzcoana y asume 148 empleos, un 72% de la plantilla. La citada oferta contempla la adquisición de las dos principales líneas de producción de la empresa papelera -la máquina de papel prensa y la de cartón para embalaje-.

El grupo industrial extremeño ha realizado oficialmente su oferta, en un documento de 400 páginas, en el que se apunta que no contempla subrogar al cien por cien de los trabajadores de la papelera guipuzcoana.

Al respecto, el comité de empresa, que ha realizado este martes una nueva concentración en el exterior de la empresa, tal y como lleva a cabo cada martes y viernes desde que comenzó este proceso, ha rechazado la propuesta de CL Grupo con respecto al empleo, al considerarla “insuficiente”. “Defenderemos el 100% del empleo”, han remarcado.

Según ha explicado el presidente del Comité, Martin Otamendi, aún no han valorado la propuesta de CL y han puesto en manos de los servicios jurídicos y los económicos su análisis. “Es un informe de 400 hojas y nosotros somos papeleros, con lo cual esperaremos a que nos dé la valoración las respectivas selecciones sindicales”.

Otamendi ha incidido en que el Comité no comparte que se mantengan 148 empleos porque, según ha subrayado, “si se quieren mantener las dos instalaciones, las dos actividades en marcha, con ese número de trabajadores es imposible, no dan los números”.

En esa línea, ha señalado que el Comité de Empresa ha mantenido varias reuniones con CL Grupo en las que les han explicado su proyecto industrial pero, tal y como ha apuntado, “no hemos hablado en ningún momento ni del número de trabajadores ni de las condiciones económicas de ellos”.

Otamendi ha avanzado que han solicitado reuniones tanto con la Diputación Foral de Gipuzkoa como con el Gobierno vasco y están “a la espera de que nos den hora”, mientras que con la administradora concursal están citados para el próximo 5 de mayo.

Tubos Reunidos está cada vez más cerca de un proceso concursal ante la imposibilidad de reducir su deuda. La compañía sopesa la posibilidad de entrar en concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de la empresa, aunque el consejo de administración todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre esa posibilidad. Así se lo han trasladado también desde la dirección de la compañía a representantes del comité de empresa, que se han trasladado a las oficinas radicadas en Bilbao, donde han sido recibidos por directivos de Tubos Reunidos.

La posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de manera inminente se ha publicado este lunes en 'El Confidencial', y la noticia ha provocado un desplome del valor sus acciones en Bolsa, con caídas de hasta el 40%. Al parecer, la empresa ha contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, además de otras opciones, con la intención de buscar una salida y aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, al empresa advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa ha puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK. Precisamente, los sindicatos han señalado este lunes que el hecho de que, pese al ERE, se valore el concurso de acreedores, demuestra que el problema de la empresa no estaba en la dimensión de la plantilla.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan actualmente con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Sin el previo acuerdo con Sepi, la renegociación de la deuda con el resto de acreedores es inviable. Y con una deuda de más de 263 millones, que crece cada día, hace impensable conseguir un inversor, como ha recordado en muchas ocasiones el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi.

La situación de la empresa es tan crítica en estos momentos que el propio informe de la Inspección de Trabajo en el que no se veían “indicios de fraude” en el ERE, consideraba que la empresa se encuentra en “causa legal de disolución”, ya que el ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros).

Un negocio extraño, pero con aspecto moderno. Dos locales ligeramente llamativos en la plaza de San Miguel, donde se cruzan la gentrificación del centro y la turistificación en los espacios gastronómicos, repletos de alimentos, tapas castizas, arroces tradicionales o delicias gourmet para bolsillos suculentos. Desde que abrió el primero, destacan sobre todo unas letras en las cristaleras, de color azul translúcido y con un bordeado amarillo: WC, la abreviatura de Water Closet. Son baños para turistas que cobran un euro por la entrada y en los que solo se puede pagar con tarjeta. Se pusieron en marcha hace un año en unas antiguas oficinas del BBVA, pero pasó poco tiempo hasta que un precinto municipal cerró el acceso al público. El inicio de su declive coincide con la salida de uno de los socios fundadores: Víctor de Aldama.

The Mad Toilets SL es, desde 2024, el nombre de la compañía administrada en su momento por el empresario, acusado de cobrar comisiones ilegales con José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y César Moreno, otro investigado en el caso Koldo que en mayo se desvinculó ante el juez de los pagos sospechosos efectuados por su socio. Una orden municipal del 21 de febrero del año pasado, resuelta días antes y que se anuncia un cartel colgado a la entrada de los baños, advierte de la prohibición de retirar o destruir el precinto que indica el cierre de las instalaciones. Su futuro próximo no pinta optimista.

Para cuando se inauguraron los baños de la Plaza de San Miguel, Víctor de Aldama ya no figuraba en el organigrama: abandonó el proyecto en septiembre de hace dos años, unos siete meses después de que la Guardia Civil le detuviera junto a Koldo García acusados de pertenecer a una red fraudulenta ligada a altos cargos del PSOE. La compañía se declaró insolvente hace unos meses y ha presentado un procedimiento especial de microempresas y microempresarios ante el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Este mecanismo concursal permite a las empresas con problemas económicos estudiar su situación y las posibles salidas para reflotar gracias a la intervención de un perito, que envía el juzgado para gestionar temporalmente las cuentas y redactar un plan de continuación. Es decir, una estrategia con la que reestructurar la actividad o liquidar activos de forma ordenada, procediendo en ese caso a la disolución de la sociedad limitada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que depende el procedimiento, confirman que dicho plan ya ha sido presentado y este se encuentra aún en fase de alegaciones.

Dos caminos posibles: reflotar con concesiones o liquidar bienes

Esta hoja de ruta deberá ser votada y aprobada por los miembros de The Mad Toilets SL. Si el plebiscito es favorable, se asumirán las acciones planteadas y se plantearán los términos en los que van a desarrollarse. Si no es así, la empresa quedará abocada a la liquidación de bienes y esta se hará de forma regulada y conforme a criterios judiciales. Pero es difícil estimar cuándo tendrán una respuesta definitiva, y mientras tanto su negocio permanece precintado y con pocas expectativas de volver a reabrir.

“Esto está empezando a rodar”, confirman desde el Juzgado de lo Mercantil número 17, que instruye el proceso. Mientras tanto, el administrador concursal asignado al caso puede bloquear cuentas, decidir a quién se paga por orden de prioridad –primero las deudas con Hacienda, luego el pago a los trabajadores y por último, a los proveedores– o, a efectos prácticos, actuar como un gerente de la empresa en funciones hasta que concluya la votación.

Según los datos públicos que ofrece el Geoportal urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, actualmente la empresa tiene a tres trabajadores en plantilla. En el buscado municipal de licencias no consta ninguna inspección reciente en los baños, que se extienden sobre una superficie de 273 metros cuadrados en total, de los cuales solo 204 m² son útiles. The Mad Toilets SL, fundada en 2022 bajo el nombre de Hot Wheels Iberica SL, calculó en su último registro un capital social de 23.000 euros. El año pasado lo cerró con resultados negativos.

Hace un par de años, Aldama y su socio presentaron la propuesta al Ayuntamiento de Madrid a través de una declaración responsable (un documento oficial por el que el titular de una empresa asegura reunir los requisitos para una actividad concreta), en la que enunciaron su idea de abrir un negocio bajo el epígrafe administrativo de saunas, baños turcos y similares. Un modelo que ha quedado salpicado por la sombra del caso Koldo, y que ahora pende de la decisión de una empresa que sopesa si presentará o no alegaciones.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que el préstamo de seis millones de fondos autonómicos a la empresa Duro Felguera (DF) se concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción de Asturias (SRP), con un “componente claramente” de participación privada, y que su devolución dependerá de la decisión judicial si bien puede “ser compleja”.

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, Barbón ha explicado que en su plan de restructuración Duro Felguera propone a la autoridad judicial que la deuda contraída con la SRP y los bancos “quede amortizada para salvar la empresa”.

Una aportación de 2021

“Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es la SRP quien lo acuerda, proviene del Gobierno de Asturias, fue una aportación de 2021”, ha apuntado al respecto.

Barbón ha dicho que ahora “depende de un juez la decisión” de aceptar ese plan de restructuración de la empresa, al que el Principado “se opuso”, porque consideró que esos seis millones eran “fondos públicos”.

“Si el juez lo decide, la situación está compleja”, ha apuntado el presidente del Principado.

Las críticas del PP

Con todo, ha señalado que esos fondos fueron “vitales” para intentar salvar la empresa -“que, de hecho, se salvó”- y contribuyeron a “redimensionarla” y a buscar nuevas salidas, como ha ocurrido con El Tallerón, lo que ha salvado “cientos de empleos”.

Sobre este asunto se ha referido hoy también el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al recordarle a Barbón que se trata de “seis millones que pertenecen a todos los asturianos”.

Lorpen, otra de las marcas implicadas en el concurso de acreedores de Ternua, tiene ya salida para garantizar su continuidad. Y lo hará de manos de sus trabajadores. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia ha autorizado la venta de Lorpen, dedicada básicamente a la fabricación de calcetines deportivos, a la sociedad Artain25 SL, empresa constituida por 25 trabajadores de de la fábrica de la marca en Etxalar (Navarra), que con la compra garantizan la continuidad de sus empleos locales y de la actividad de la empresa. Es la tercera resolución favorable para las empresas del grupo, después de la venta de Loreak Mendian y de Ternua. El grupo Ternua incluye también a marca Astore, de ropa deportiva.

La sociedad Artain25 SL pagará para hacerse con el control de Lorpen 400.000 euros, y en la oferta se incluye la subrogación de todos los contratos laborales de los trabajadores, 28 en total, respetando las condiciones de trabajo y de antigüedad. Ésta ha sido la única oferta presentada por la empresa, por lo que la autoridad concursal la ha considerado apropiada para mantener la actividad y el empleo. Además, el juzgado ha valorado el hecho de que empresa compradora está “integrada exclusivamente por trabajadores y personas vinculadas laboralmente a la concursada Lorpeland, S.L”.

Con esta nueva resolución favorable, el concurso del grupo Ternua, que se presentó de forma voluntaria el pasado mes de junio al no poder frente a unas deudas de 16 millones de euros, se está resolviendo de forma favorable mediante la venta por partes de las empresas del grupo. La primera fue Loreak Mendian, que pasa a ser propiedad de la empresa Borobitex, controlada junto con otros dos socios por Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian, por un precio de 800.000 euros. Poco después, la cooperativa del Grupo Mondragon Dikar se hizo con Ternua por 1,5 millones de euros. Ahora ha sido el turno de Lorpen por lo quequedaría sin resolución la parte del concurso referente a la marca Astore, que sigue sin tener clarificado su futuro.

Loreak Mendian se salva de la quiebra en el concurso de acreedores en el que está inmerso el grupo Ternua, en el que figuran también marcas como Astore o Lorpen. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia ha autorizado la venta de la firma de ropa por 800.000 euros a la empresa Borobitex, controlada junto con otros dos socios por Víctor Serna, uno de los fundadores de Loreak Mendian y que ha sido su cabeza visible desde el inicio. Borobitex, de nueva creación se hace cargo de la plantilla de 18 personas, la marca, y los locales de Donostia, Bilbao y Madrid y los pedidos en curso.

En el auto del juzgado en el que se autoriza la venta, se señala que la oferta “cumple con los parámetros de idoneidad y conveniencia exigidos por la Ley Concursal” y considera que “el precio de 800.000 euros, unido al ahorro de 408.000 euros por la subrogación laboral, resulta razonable”. No obstante, reconoce que no se ha presentado ninguna oferta alternativa en el cauce publicitario abierto, “lo que supone que, de no aceptarse la propuesta de Borobitex”, se produciría “una situación claramente perjudicial, sin una continuidad para la actividad productiva relacionada con la marca, sin el ingreso del dinero que supone la venta y con la pérdida de la oportunidad de mantenimiento de los puestos de trabajo”. La oferta de Borobitex contaba ya con el informe favorable de la administración concursal. La empresa se constituyó hace sólo tres meses con el objeto de realizar la oferta de compra de la marca de ropa.

Entre las ventajas, el juzgado destaca que se da “continuidad empresarial” y “mantenimiento del empleo” con la subrogación de 18 contratos de trabajo, “respetando las condiciones” y “antigüedad” de los trabajadores; se preserva una marca “consolidada en el sector textil”, el arrendamiento de tres locales “estratégicos” (Bilbao, Donostia y Madrid) y los pedidos en curso.

El grupo empresarial Ternua, que además de esta marca especializada en ropa de montaña, gestiona Astore, de ropa deportiva, Lorpen, de calcetines, y la que está a punto de vender, Loreak Mendian, presentó concurso de acreedores voluntario el pasado mes de junio. Entonces ya se conocía que existía esta oferta vinculante por Loreak Mendian. La empresa con sede Arrasate-Mondragón y planta de producción en Navarra, era incapaz de hacer frente a su deuda.

El propio grupo, en el momento de presentar el concurso, reconocía que había cerrado su último ejercicio con “una facturación de 29,2 millones de euros, un resultado negativo y una deuda de 16 millones”, aunque la empresa arrastraba dificultades desde 2023. El grupo en su conjunto daba empleo a 180 trabajadores, lo que supone que descontando los 18 de Loreak Mendian, que tienen su continuidad asegurada en Borobitex, una vez se formalice la venta, hay 160 empleados que tienen un futuro incierto en el resto de las marcas del grupo, para las que todavía no hay ventas autorizadas, aunque sí existen negociaciones. En el caso de los trabajadores de la planta navarra, en la que se fabrican sobre todo calcetines de Lorpen, un grupo de trabajadores ha constituido una empresa para poder dar continuidad a esta actividad, pero todavía está sin cerrar el proceso.

Duro Felguera no tendrá una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores. El grupo empresarial ha agotado la paciencia del magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, Rafael Abril Manso, quien ya había advertido a la empresa cuando autorizó la tercera, el pasado 1 de septiembre, que se concedía con carácter “extraordinario”, condicionada a que fuera “la última”, salvo que se acreditase la existencia de circunstancias “extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad”.

La compañía no ha acreditado esa excepcionalidad, de manera que el preconcurso queda judicialmente archivado. A partir de ahora, el horizonte que se abre es el siguiente: Duro Felguera deberá presentar concurso de acreedores o el plan de reestructuración -que no presentó hasta ahora-, si bien, en cualquier caso, sería fuera de la vía judicial.

Sin posibilidad de recurso

El juzgado solo intervendría si le pidieran la homologación del plan de reestructuración, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes judiciales.

A través de un auto, que es firme, el magistrado-juez Rafael Abril va describiendo paso a paso y con detalle el desarrollo de este procedimiento que empezó en la vía judicial cuando, a través de un decreto fechado el 17 de diciembre de 2024, se acordó dejar constancia de la comunicación al Juzgado de la iniciación de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración.

El desarrollo del procedimiento

A partir de ese decreto, los acreedores no podían iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor hasta que no transcurriera el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la comunicación.

El 12 de marzo pasado, se autorizó judicialmente la prórroga solicitada durante tres meses por las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A. U.”, “DF Mompresa S.A.U.”, “DF Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U.”

Las vísperas del vencimiento

Rafael Abril acordó judicialmente una segunda prórroga el 19 de junio que se extendía hasta el 31 de julio. Sin embargo, un día antes de que venciera el plazo, se presentó en el juzgado un escrito en representación de las mercantiles donde se pedía una tercera prórroga extraordinaria.

Para reforzar su petición, presentaban una certificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Duro Felguera y las actas de los órganos de administración de diversas sociedades del Grupo DF, así como declaración responsable emitida por los representantes de las sociedades e informe favorable a la solicitud de prórroga emitido por el experto en reestructuración.

Las circunstancias “extraordinarias”

En esta tercera ocasión, el titular de Mercantil 3 acordó su aprobación hasta el 30 de septiembre, pero ya dejó muy claro que era “excepcional”. Y de nuevo, el procurador en nombre de las mercantiles dejó para la víspera del vencimiento del plazo la presentación de un nuevo escrito solicitando una cuarta prórroga que este jueves, 2 de octubre, ha sido desestimada en un auto declarado firme que no es susceptible de recurso.

En este auto desestimatorio, Rafael Abril recuerda que expresamente había condicionado una nueva prórroga a la aparición de “circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad” y siempre dentro del límite temporal máximo de doce meses previsto en la Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/1023.

Sin avances sustanciales

En esa ocasión ya matizaba que la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración -incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes- podría ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes. Unas circunstancias excepcionales que, según las mercantiles, sí se daban en su caso.

Duro Felguera alegaba como circunstancias extraordinarias la ejecución de diversos avales por parte de Zgounder Millenium Silver Mining, obligando a la modificación de la configuración de clases, y en la recepción de la comunicación de resolución contractual por parte de la sociedad S.N.G.N. Romgaz, S.A., de la obras en ejecución del proyecto Iernut, lo que ha obligado a la deudora a solicitar protección al Juzgado.

Nada era “imprevisible”

Las demás circunstancias que el Grupo Duro Felguera señala como avances para el cierre del Plan de Reestructuración -esfuerzos negociadores con la SEPI y la FASE E, desinversiones, necesidad de someter a la consideración de los Comités pertinentes la propuesta final del Plan de Reestructuración, etc.-, servirían de apoyo, en la argumentación jurídica de la deudora, para la concesión de la prórroga interesada.

Unos razonamientos que han sido rechazados por el juzgado. El magistrado-juez explica en este auto que ninguna de las razones expuestas “tiene el carácter extraordinario, imprevisible o no imputable a la deudora exigido en el Auto de fecha 1 de septiembre de 2025 para estimar su pretensión”.

La capacidad de “anticipación”

En primer lugar, la ejecución de los avales por parte de Zgounder Millenium Silver Mining no es un hecho “sobrevenido ni desconocido” por Duro Felguera, expone en el auto.

Tampoco la ejecución de los avales constituye un hecho “sobrevenido ni imprevisible”, ya que la propia deudora inició el pasado mes de febrero un procedimiento de medidas cautelares para suspender esa ejecución, “lo que evidencia su conocimiento previo y su capacidad de anticipación”, según consta en la resolución judicial.

Alegaciones sin acreditar

“Descolgarse ahora con el argumento del carácter extraordinario de unos avales a primer requerimiento que ya pudieron ser ejecutados en el mes de febrero y que, mediante sucesivas actuaciones procesales se demoró su ejecución real hasta finales de julio de 2025, no constituye un hecho nuevo o un acontecimiento que no pudiera ser previsto, analizado y valorado oportunamente por la deudora, al margen de que no se acredita en modo alguno -añade- la relación de causalidad directa y necesaria entre tal acontecimiento y la necesidad de una cuarta prórroga por imposibilidad de formalizar el Plan de Reestructuración en el plazo concedido”.

El juzgado incide en que la resolución contractual del proyecto Iernut “no es reciente”, sino que data del mes de abril de 2025, o sea, cuando la sociedad deudora estaba en la primera de las prórrogas concedidas, la única que expresamente viene reconocida en la normativa preconcursal nacional.

Negociar con los acreedores es, precisamente, el objeto de este procedimiento judicial. Que lo estén haciendo y que estén avanzando en determinados ámbitos es lo esperable. Lo contrario supondría un auténtico fraude procesal y un engaño a los acreedores, pues implicaría acogerse a un procedimiento legalmente previsto para encuadrar las negociaciones entre deudor y acreedores en sede judicial sin que se evidencie propósito negociador alguno por parte de la deuda

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez, titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Oviedo con sede en Gijón

Extemporáneas e improcedentes

Unas alegaciones como hechos sobrevenidos resultan, a su juicio, “extemporánea e improcedentes”. Opina que la falta de acuerdo posterior sobre las consecuencias de esa resolución no puede considerarse “un obstáculo imprevisible, sino una contingencia propia de la negociación empresarial, que debió ser integrada en el diseño del Plan”.

Rafael Abril descarta igualmente que el avance en el cierre del Plan de Reestructuración que alega Duro Felguera sea una circunstancia “extraordinaria, sobrevenida ni ajena a la sociedad deudora que justifique una cuarta prórroga”, ya que tampoco supone “un avance sustancial”.

Un fraude procesal

“Negociar con los acreedores es, precisamente, el objeto de este procedimiento judicial. Que lo estén haciendo y que estén avanzando en determinados ámbitos es lo esperable. Lo contrario supondría un auténtico fraude procesal y un engaño a los acreedores, pues implicaría acogerse a un procedimiento legalmente previsto para encuadrar las negociaciones entre deudor y acreedores en sede judicial sin que se evidencie propósito negociador alguno por parte de la deuda”, argumenta.

Asimismo, razona que esos avances tienen que traducirse en un Plan de Reestructuración o en la finalización del procedimiento judicial sin alcanzar el plan.

Manifestaciones “genéricas”

En consecuencia, entiende que las actuaciones que la mercantil Duro Felguera S.A. invoca como avances en el proceso negociador -tales como la remisión del Plan de Reestructuración a los Comités correspondientes para su análisis, la continuación de las conversaciones con entidades públicas como la SEPI y la FASEE o la ejecución de determinadas operaciones de desinversión- constituyen, en esencia, “manifestaciones genéricas de actividad empresarial que, si bien pueden formar parte del contexto de una negociación preconcursal, no alcanzan por sí mismas la entidad jurídica ni la relevancia sustancial exigida para justificar la concesión de una cuarta prórroga”.

Por si todo esto anterior resultara insuficiente, el magistrado-juez añade una argumentación más para denegar la petición de la mercantil: “El procedimiento de comunicación de inicio de negociaciones no está concebido como un espacio de duración indefinida ni como un refugio procesal para dilatar la adopción de decisiones estructurales. La mera alegación de que se continúa negociando, sin acreditar resultados tangibles ni hitos verificables, no puede erigirse en fundamento suficiente para prorrogar los efectos de la comunicación más allá de los límites temporales previstos legal y jurisprudencialmente”.

La única información que públicamente se proporcionaba al juzgado, a los accionistas, clientes, acreedores y trabajadores se obtenía de manera indirecta a través de los medios de comunicación regional, nacional y económica, lo que resulta insuficiente para fundamentar una decisión favorable a la prórroga

Falta de información

Para el juzgado, la falta de concreción en las actividades desarrolladas durante las prórrogas ya concedidas, así como la omisión de un plan de acción temporalizado respecto de las actuaciones pendientes, refuerzan la conclusión de que no concurren elementos objetivos que permitan excepcionar el régimen general y acceder a una cuarta prórroga.

La falta de información “escrita y periódica” por parte de la empresa sobre el desarrollo real del proceso negociador constituye “una omisión relevante” que impide valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales. Una ausencia de información disponible que desde el juzgado se pudo obtener “por medios indirectos, como la prensa regional, nacional y económica, lo que resulta insuficiente para fundamentar una decisión favorable a la prórroga”.

Las noticias, a través de la prensa

Era la misma información que públicamente se proporcionaba a los accionistas, clientes, acreedores y trabajadores y esa “reprochable falta de información escrita” por parte de la deudora al juzgado le ha impedido ejercer un control reforzado sobre “la utilidad, proporcionalidad y finalidad de la prórroga” solicitada o que “no obedece a circunstancia extraordinaria o imprevisible alguna, siendo únicamente imputable a la mercantil”, censura el magistrado-juez.

El Juzgado de lo Mercantil 2 de Oviedo ha acordado homologar el plan de reestructuración de Asturiana de Laminados S.L. (Asla) en una sentencia contra la que no cabe recurso y con la que la sociedad garantiza la continuidad de su plan de negocio 2025-2032 al conseguir una quita de su deuda.

El presidente del Consejo de Administración y principal accionista de Asla, el empresario de origen leonés Macario Fernández , ha reconocido que “llegar hasta aquí no hubiese sido posible sin la adhesión mayoritaria de los acreedores al plan de reestructuración” y ha agradecido la confianza que han mantenido en la sociedad, durante todo este “largo y difícil proceso” los clientes, proveedores, accionistas, bonistas y empleados.

Macario Fernández es el empresario al que el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado dos decisiones pese a la vinculación laboral de un hijo del político con Asturiana de Laminados, la concesión a una firma que administra de un macrovertedero en León y la legalización de una cabaña en un parque natural de la comarca de Babia, según una investigación desvelada por elDiario.es

El reequilibrio del balance

“De esta manera, finaliza el proceso iniciado por la Sociedad en 2024 para la reestructuración de su deuda y, en consecuencia, para reequilibrar la estructura del balance y dotar a la empresa de la capacidad para seguir creciendo y generando valor, de acuerdo con el plan de negocio 2025-2032”, expone Macario Fernández.

Esta es la información oficial que ha comunicado sobre la nueva situación de la empresa su principal accionista, en cumplimiento de la circular 3/2020 del BME Growth, operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros de España. La deuda de Asturiana de Laminados superó en el ejercicio 2024 los cien millones de euros y llevaba desde hace un año en situación de preconcurso de acreedores. Su filial Latem Aluminium, con negocio a desarrollar en León y Zamora, se encuentra igualmente en la misma situación preconcursal.

Las alegaciones al plan

El plan de reestructuración había sido aprobado por la mayoría de los acreedores el pasado mes de enero y por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad un mes después, con una mayoría del 99,96 por ciento.

No obstante, este plan de reestructuración no contaba con el visto bueno de todos los acreedores ya que al juzgado llegó un escrito de alegaciones de entidades financieras que fue contestado, oponiéndose al mismo, por parte de Asla y Bondholders S.L.

El 25 de febrero, dentro del plazo de 15 días acordado por el juzgado para el planteamiento de posibles alegaciones, se presentó en sede judicial una demanda de oposición a la homologación del plan de reestructuración.

No obstante, la magistrada Carmen Márquez Jiménez, que ha dictado la sentencia, ha ido desestimando uno a uno los motivos de oposición alegados.

Denuncia de fraude de acreedores

Como primer motivo se aducía que el plan de reestructuración beneficiaba “exclusivamente a un grupo de acreedores que ya tenían asegurado su crédito y que han reestructurado su deuda previamente lo que supone una actuación en fraude de acreedores”.

Esta argumentación ha sido rechazada al estimar el juzgado que no podían ser objeto de examen en este procedimiento “ni los motivos de insolvencia ya declarada y reconocida por el deudor ni las finalidades espurias perseguidas por el deudor que denuncian los oponentes”.

Tampoco ha prosperado judicialmente el segundo motivo alegado donde se exponía que además de perjudicar “de forma grave” a los acreedores ordinarios y subordinados, que se han opuesto al mismo, no afecta a los socios que “mantienen íntegros sus derechos”.

La tercera causa de oposición se dirigía al juzgado por entender que no se habían configurado correctamente las clases, ni el perímetro de afectacion. En este extremo, el fallo judicial es claro: “La formación de las clases en el plano formal es correcta”.

La viabilidad

A todo ello se sumaba su crítica hacia el plan por no superar la “prueba del interés superior de los acreedores” lo que, a su juicio, quebraba la regla de prioridad absoluta “de manera injustificada al no suprimirse ningún derecho de los socios”, mientras que por el contrario las clases superiores mantenían derechos “por valor inferior al importe de sus créditos”.

Las entidades financieras sostenían también como motivo de oposición a la homologación que el plan de reestructuración “no ofrece perspectiva razonable suficiente de viabilidad para evitar el concurso”.

Pues bien, respecto a este punto, el juzgado también lo rechaza porque considera que “se supone que de alcanzar el año 2032 ello implicaría que el plan de reestructuración -afirma- habría sido no solo válido sino que habría permitido la continuidad de la empresa a corto y medio plazo y que además ello implicaría además de una mejora del apalancamiento una mejora de forma sustancial”.

“De un lado -continúa- porque el plan implica la aplicación de unas quitas y la existencia de unas amortizaciones que conllevan la disminución del ratio de apalancamiento a la mitad y de otro porque es indudable que si los bonistas hubieran dejado vencer el bono el panorama sería distinto”. Razones que considera suficientes para desestimar el motivo de oposición.

Un experto en reestructuración puso de manifiesto que en caso de homologarse el plan de reestructuración los acreedores ordinarios percibirían una parque pequeña de su crédito, toda vez que para ellos se estableció una quita del 85 por ciento con lo que percibirían un 15 por ciento de su crédito incrementado en un interés del 4 por ciento, frente a su posición en caso de concurso que no les permitiría cobrar nada

La quita de la deuda

Por lo que respecta a la prueba del interés superior de los acreedores, también ha sido rechazado como motivo de oposición.

En este caso, el juzgado ha seguido el criterio del experto en reestructuración que puso de manifiesto que en caso de homologarse el plan de reestructuración los acreedores ordinarios percibirían una parque pequeña de su crédito, “toda vez que para ellos -dice la sentencia- se estableció una quita del 85 por ciento con lo que percibirían un 15 por ciento de su crédito incrementado en un interés del 4 por ciento, frente a su posición en caso de concurso que no les permitiría cobrar nada”.

Los bonistas son los verdaderos dueños de la empresa si se tiene en cuenta el valor de la compañía y el montante de la deuda y ellos no solo no están contra el plan de reestructuración, sino que están al lado de la mercantil

El juzgado va mucho más allá y apoya el rechazo a todas las alegaciones presentadas en las respuestas ofrecidas por los bonistas en su contestación a la oposición.

La magistrada advierte que los bonistas son “los verdaderos dueños de la empresa” si se tiene en cuenta el valor de la compañía y el montante de la deuda y ellos no solo no están contra el plan de reestructuración, sino que “están al lado de la mercantil”, subraya la sentencia.

Para los bonistas, no solo no se ha infringido la regla de la prioridad, sino que sostienen “con una claridad meridiana y sin fisuras -afirma el fallo judicial- la bondad y necesidad de homologación del plan de reestructuración.

Más de un centenar de trabajadores

Por todo ello, el Juzgado de lo Mercantil 2 concluye que la empresa es “viable” y el plan de reestructuración presentado por Asla es “razonable”.

La empresa cuenta actualmente con 150 trabajadores, 297 clientes activos y 215 proveedores; unos datos que justifican “de una lado su situación en el ranking de productores de laminados de zinc y de otro la posibilidad de continuidad por cumplimiento de las previsiones del plan”, concluye la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

La empresa Asla opera en el sector de los suministros para la construcción y su actividad principal es la transformación de lingotes de zinc en bobinas y chapas de diferentes tamaños y espesores según los pedidos de los clientes, además del diseño, fabricación, comercialización y gestión logística de los componentes desarrollados en sus propias plantas de producción.

En el refranero popular hay expresiones como “no hay dos sin tres” o “a la tercera va la vencida” y estos dichos tienen un ejemplo práctico en el caso de la empresa Duro Felguera. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha autorizado la tercera prórroga solicitada por la empresa y, aunque en principio era difícil que se concediera, esta nueva oportunidad se otorga “con carácter excepcional”.

No obstante, está condicionada a que sea la última prórroga, salvo que se acrediten la existencia de circunstancias “extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad”.

Cumplimiento o futuras denegaciones

Además, se acota el límite temporal máximo de doce meses previsto en la Directiva (UE) 2019/1023.

El magistrado-juez advierte que la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración -incluyendo la formalización del Plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes- podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes.

Informes periódicos al juzgado

Durante este plazo, la mercantil queda obligada a informar periódicamente al Juzgado del estado de las negociaciones, sin perjuicio de las facultades de este órgano para adoptar las medidas que resulten necesarias en caso de fraude, abuso de derecho o perjuicio para los acreedores.

Así las cosas, el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del juzgado, les ha dado un nuevo balón de oxígeno con el auto que acaba de emitir. Este mismo lunes, día 1, ha tenido en su poder toda la documentación para resolver sobre la petición de una tercera prórroga de los efectos de la comunicación de la apertura de negociaciones solicitada.

Las reflexiones críticas

El auto contiene ocho páginas en las que hace un repaso a la situación de la empresa y va describiendo las dos prórrogas anteriores concedidas.

Rafael Abril admite que la solicitud de prórroga se encuentra “dentro del tiempo hábil, sin que exista obstáculo normativo para su concesión”.

No obstante, eso no es óbice para que realice una “crítica sustantiva, extensible a la formulación de la segunda prórroga”.

Los incumplimientos de la empresa

En su auto, explica que, en aquella ocasión, la mercantil deudora aludía expresamente a la práctica culminación de los hitos esenciales para lograr la reestructuración y la viabilidad empresarial, razón por la cual optaba por autolimitar temporalmente su solicitud hasta el 31 de julio inicialmente. Y el tiempo ha demostrado “lo desajustado de tal razonamiento”, apunta el magistrado-juez.

A 31 de julio, el grupo Duro Felguera no había logrado cerrar el expediente de regulación de empleo, ni presentar un plan de reestructuración empresarial. La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían

Rafael Abril Manso — Magistrado-juez, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón

El Grupo Duro Felguera no lo cumplía porque, a 31 de julio, no había logrado cerrar el expediente de regulación de empleo, ni presentar un plan de reestructuración empresarial.

“La realidad ha desmentido la previsión optimista de la mercantil deudora, evidenciando que la segunda prórroga, por su voluntaria y unilateral acotación temporal, no ha resultado útil ni eficaz para los fines que se perseguían”, señala en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

El grupo empresarial ha vuelto a solicitar una prórroga, esta tercera autolimitada hasta el 30 de septiembre, “sin que exista prohibición legal para extenderla hasta el mes de diciembre, agotando así el plazo máximo de doce meses previsto en la normativa comunitaria”.

“¿Habrá una cuarta o quinta prórroga?”

Rafael Abril reconoce que esta “reiterada estrategia de acotación temporal, sin causa jurídica aparente”, plantea una cuestión de fondo: “¿Por qué no se solicita directamente el plazo máximo permitido por la Directiva, si las circunstancias empresariales siguen siendo complejas y no se ha alcanzado aún un acuerdo definitivo?”, inquiere.

A la vista de cómo está actuando el grupo empresarial, él mismo se pregunta si habrá una cuarta o quinta prórroga y entiende que, si la respuesta es afirmativa, plantea una cuestión: “¿No sería más razonable y conforme con el principio de seguridad jurídica que el Juzgado, en ejercicio de sus facultades de control, establezca un marco temporal más amplio y definitivo, dentro del límite legal, para evitar sucesivas solicitudes fragmentadas que dilaten el procedimiento sin aportar eficacia real?”.

Evitar la táctica de la dilación

El propio magistrado-juez advierte que esta reflexión crítica no implica una negativa a la prórroga solicitada, pero sí exige una llamada de atención sobre la necesidad de que “las solicitudes de prórroga respondan a una estrategia coherente, realista y jurídicamente fundada”, evitando el uso táctico del procedimiento preconcursal como instrumento de dilación procesal.

Recalca que el juzgado, en su función de garante del equilibrio entre los derechos del deudor y de los acreedores, debe velar por la transparencia, la previsibilidad y la buena fe en el uso de los mecanismos de protección concursal.

La “dinámica” de solicitudes sucesivas

De ahí que esta “dinámica de solicitudes sucesivas”, cada vez más breves y condicionadas por factores externos -como la inhabilidad procesal del mes de agosto o la expectativa de avances en ámbitos ya conocidos que, finalmente, no se materializan-, “desnaturaliza el espíritu del procedimiento preconcursal, que no está concebido como una sucesión indefinida de prórrogas fragmentadas, sino como un espacio temporal razonable, concentrado y eficaz para alcanzar un acuerdo de reestructuración”.

Una crítica que debería llevar a la reflexión al grupo empresarial que, sin embargo, ve resuelto su horizonte en ese margen de tiempo que se le ha concedido con carácter excepcional para buscar realmente soluciones y no seguir dilatando una salida a su mala situación financiera.

Duro Felguera ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una tercera prórroga del preconcurso de acreedores en el que está inmersa desde el pasado mes de diciembre para cerrar un plan de reestructuración en el que ya ha “avanzado significativamente”. La empresa se ha disparado con una subida cercana al 8,5 por ciento en bolsa tras realizar su petición al juzgado.

A las 14:30 horas de este miércoles, los títulos de Duro Felguera son los que más suben del mercado continuo, un 8,44 por ciento, y el precio de la acción se sitúa en 0,2426 euros. En lo que va de año, el valor cae en bolsa un 1,32 por ciento.

Según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha pedido la extensión del preconcurso hasta el próximo 30 de septiembre “con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración”.

La solicitud de esta prórroga tiene por finalidad “permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente”, ha resaltado Duro Felguera.

La segunda prórroga del preconcurso de acreedores finaliza mañana, jueves, y Duro Felguera ha anunciado la solicitud de una nueva extensión del plazo el mismo día en el que ha cerrado la venta de sus instalaciones de Gijón conocidas como 'El Tallerón' a Indra por un importe de 3,65 millones de euros.

Duro Felguera ha enmarcado la operación “en el proceso de desinversión de activos no estratégicos” que la empresa ha iniciado “con el objetivo de reforzar su situación de liquidez durante las negociaciones del proceso de reestructuración, favoreciendo así la continuidad de la actividad empresarial del grupo”.

Plan de viabilidad

La compañía presentó ayer a los representantes sindicales las principales líneas de su plan de viabilidad, que pasa por la aportación de más capital por parte de sus principales accionistas -los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil-, por la concesión de nuevos avales por parte de la banca acreedora, y por otras posibles desinversiones.

El plan de viabilidad, que cuenta con un horizonte de diez años, es “bastante razonable”, según el primer análisis realizado ayer por el Comité de Empresa.

La dirección detalló algunas de las cuestiones de este plan en el marco de una nueva reunión de la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectará a 249 trabajadores, sobre una plantilla total de unos 1.400.

Las peticiones de preconcurso

Duro Felguera comunicó el ajuste a la representación de la plantilla unos días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón le concediera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores.

La compañía solicitó el preconcurso el pasado 11 de diciembre con el fin de aprobar un plan de reestructuración para garantizar su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posibles”, y también para buscar una solución a los litigios que le afectaban, especialmente el relacionado con un proyecto en Argelia.

En la última junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 27 de junio, el presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, aseguró que las “duras medidas” tomadas dentro del plan de restructuración.

La ingeniería asturiana Duro Felguera ha asegurado que ha logrado avances en las negociaciones para pactar con sus acreedores un plan de reestructuración, pero ha incidido en que este plan “implica un riesgo para los accionistas, dado que podría afectar a la situación patrimonial de la sociedad”.

La compañía procurará “minimizar las consecuencias para todos los afectados por el plan, sin que, actualmente, se conozca el alcance concreto para cada grupo”, ha explicado Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un riesgo para accionistas

El objetivo de la empresa es pactar con los acreedores un plan de reestructuración antes del 31 de julio, fecha autorizada por el juez que está tramitando el procedimiento, con tal de evitar el concurso de acreedores.

No obstante, Duro Felguera ha alertado de que este plan “implica un riesgo para los accionistas, dado que podría afectar a la situación patrimonial de la sociedad”.

Asimismo, la compañía ha incidido en que “se desconoce también el impacto que podría tener el plan sobre otros grupos de interés como acreedores”.

Impacto patrimonial

La empresa asegura que se han logrado avances en el curso de las negociaciones y están en vías de solución cuestiones relevantes para la definición del plan de reestructuración y su impacto patrimonial para la propia compañía.

“La solución de las cuestiones pendientes es imprescindible para generar un consenso que posibilite la aprobación de un plan de reestructuración, cuyos concretos términos serán informados al mercado tan pronto como sea posible”, ha incidido la empresa, que “llevará a cabo todos los esfuerzos y todas las actuaciones que sean precisos”.