En plena Sierra de las Nieves, un singular macizo montañoso de caliza y peridotita en la provincia de Málaga donde crece el mayor pinsapar del mundo, alguien se construyó una vivienda de lujo entre 2013 y 2016. Transformó lo que había en una villa de lujo con su amplia vivienda principal, piscina, pista deportiva, casa de invitados, parking y sala de reuniones. Todo ello, en 114.000 metros cuadrados de suelo rústico especialmente protegido y enclavado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que, ya en 2021, se convirtió en el último Parque Nacional en España. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al propietario y al constructor encargado de la obra de un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos penas de cárcel y que derriben lo que construyeron.

El propietario, Luis Navarro Riu, es el ideólogo y responsable de El Cobrador del Frac, la marca que durante décadas provocó sudores fríos a todos los deudores de España, y que se convirtió en un reconocible icono de la época disfrazando a sus trabajadores con inconfundible indumentaria y convirtiéndolos en sombra de morosos, a veces bordeando el acoso.

La acusación de Fiscalía contra Navarro, sostenida fundamentalmente en un informe del Seprona, es que a través de una empresa instrumental el dueño del Cobrador del Frac logró sucesivas licencias para hacer una “transformación sustancial en cuanto a ocupación y probablemente de uso” de la casa y sus edificaciones secundarias. Decía que eran obras necesarias para un vivero de palmeras y una cabaña bovina, pero en realidad nunca hubo ninguna explotación. Según la acusación, eran una coartada que coló ante un Ayuntamiento que en aquel momento hacía sistemáticamente la vista gorda, hasta el punto de que su alcalde pasó varios años en prisión por ello.

El método no es nuevo, pero aquí se usó para levantar un casoplón en terreno protegido. “El estado actual del conjunto atiende más a una residencia de lujo que a una vivienda vinculada a una explotación agrícola o ganadera”, concluye el Seprona en un informe de 2018.

Será un juzgado de lo penal de Málaga el que juzgue ahora a Navarro, después de que la sección de instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Coín dictara a finales de junio el auto de apertura de juicio oral, dando por zanjada una investigación que comenzó en 2017.

Piscina, casa de invitados y pista deportiva

Según el fiscal, Navarro ordenó construir en distintos puntos de su parcela del paraje Hornillo, en el municipio de Tolox una vivienda de 230 metros cuadrados “rodeada de pavimento”, una piscina de 60 metros cuadrados, una cascada y una pista deportiva de 600; dos inmuebles de 120 metros cuadrados cada uno; y otras dos edificaciones de unos 50 metros cuadrados.

Se trata, subraya el escrito de acusación, de edificaciones en terreno “especialmente protegido” y “preservado por la Ordenación Territorial y Urbanística”, y que no se pueden legalizar ni aunque tuvieran un uso de interés público o social, que no es el caso. Por eso, pide que se condene a Navarro y al constructor a dos años de prisión y 8.100 euros de multa e inhabilitación para el oficio durante tres años. El fiscal también exige la demolición de la construcción a costa del propietario, y que reponga el lugar a como estaba antes.

Hay, además, una acusación popular que aumenta la petición de pena para Navarro a los tres años y seis meses de prisión. La ejerce un antiguo trabajador de Navarro, quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación del Seprona dirigida por la Fiscalía.  

Navarro, que a través de su abogado ha declinado participar en esta información, ha defendido ante el juzgado que allí ya había una vivienda, y que para rehabilitarla obtuvo hasta 17 licencias del Ayuntamiento de Tolox con informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente. En sus escritos alega que todo es una gigantesca manipulación teledirigida por su antiguo colaborador, a quien guiaría un ánimo de venganza. Entre ambos existió una estrecha relación de confianza durante más de quince años, pero desde que separaron sus caminos se han cruzado denuncias y acusaciones.

Licencias de obra menor para transformarlo todo

Hace 25 años, en El Hornillo sólo había una vivienda modesta de poco más de cien metros cuadrados de planta levantada a mediados del siglo pasado y unas naves agrícolas de unos 200 metros dedicadas a cochera, almacén de aperos y maquinaria, cobertizos y corrales. Todo lo necesario para una explotación.

Había tenido ese uso décadas atrás, pero con el paso de los años quedó abandonado. Navarro, que ya había comprado varias fincas rústicas con fines cinegéticos en la zona, vio en El Hornillo una oportunidad: se hizo con el terreno a través de su empresa Ideas y Marcas, S.L. en 2001, y en 2008 pidió licencia de obra mayor para mejorar la explotación que, decía, había en la finca. Comunicó a la administración que lo dedicaría a cultivar y comercializar palmeras de Washingtonia robusta y explotar una pequeña cabaña vacuna.

La ley permite sólo permite viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas en un terreno como ese, declarado rústico de especial protección por la ley anterior a la LISTA y con una protección específica por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (declarado así en 1989).

Primero no coló: la Consejería de Medio Ambiente le respondió que lo que quería hacer “supera con mucho” lo que supuestamente se necesitaba. A la segunda tampoco, hasta el punto de que el informe de la Consejería advertía el ardid: las edificaciones que proyectaba Navarro se planteaban para “transformar” lo que había en un “conjunto residencial”.

Ante los dos portazos, Navarro decidió trocear su proyecto, según el relato de la acusación. Y a partir de 2011, fue logrando del Ayuntamiento las licencias de obra menor que le sirvieron para dar la vuelta a las edificaciones como un calcetín. Primero el tejado, luego unos pilares por supuestos motivos de seguridad, después un proyecto de reforma interior, más tarde una modificación para adosar otra edificación…

Navarro, supuestamente valiéndose de engaños, consiguió levantar una nueva vivienda que no tenía nada de lo que había antes ni servía de morada al titular de ninguna explotación o sus empleados. Se trataba de una “vivienda de lujo”, con su piscina, su pérgola, su barra de bar y su casa de invitados, tal y como reseñaron en su atestado los agentes del Seprona que fueron a inspeccionar el lugar, ya en 2018. En uno de sus informes, los agentes dejan constancia de que tras dos años de reformas, hay cambios en “prácticamente todo lo existente”, y que es difícil discernir qué está autorizado y qué no.

Ni vivero ni cabaña bovina

La Guardia Civil cree que el vivero y la cabaña vacuna siempre fueron un subterfugio: de allí nunca salieron palmeras ni se llevó vaca alguna al matadero. Sí hay 3.000 ejemplares de Washingtonia, que según el denunciante son para ornato de la finca y que Navarro dice que aún no ha podido vender; las cuatro cabezas de ganado eran para consumo propio; y la finca nunca constó en el registro de actividades agrícolas ni la empresa en el de productores. No hay facturas, albaranes, documentos o subvenciones que demuestren actividad económica, según el informe de la Delegación Territorial de Agricultura que esgrime el Seprona, que resalta que todas las licencias de obra que se concedieron se basaban en estas dos supuestas explotaciones que, en realidad, jamás existieron.

No consta intervención alguna del (en aquel tiempo) Parque Natural, hoy Parque Nacional, cuyo director alegó que sólo le informaron de obras menores, no de lo que de verdad se estaba haciendo. Tampoco intervino el Ayuntamiento. Por entonces era alcalde de Tolox el andalucista Juan Vera (2003-2014), quien fue acumulando condenas por hechos muy similares a lo que ahora se juzgarán, al menos nueve, hasta acabar ingresando en prisión en 2015. Vera no está acusado por este caso.

Según ha podido constatar documentalmente este medio, el Seprona presentó al menos dos denuncias en estos años: una en 2011 por las obras en la vivienda principal y otra en 2015 por las de la casa de invitados. La primera caducó en la Consejería de Medio Ambiente y de la segunda no consta que se le diera seguimiento tras la sanción de redimensionar la obra y desestimarse el recurso de alzada de Navarro. “No consta en el expediente resolución en algún sentido o el pago de sanción alguna por el denunciado”. Se perdieron en el limbo. Muchos años después, un juez deberá determinar si aquellas obras en plena Sierra de las Nieves son delito.

El Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha prohibido la circulación de empresas de quads, buggies y otros vehículos recreativos análogos en ocho caminos rurales de titularidad municipal especialmente sensibles por sus valores ambientales.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el objetivo es no solo proteger el entorno natural sensible del municipio, sino también velar por la seguridad vial de senderistas y ciclistas, respondiendo así a una demanda de los propios vecinos y vecinas de la zona.

En este sentido, vecinos y vecinas han trasladado durante los últimos meses al Ayuntamiento, mediante escritos y recogidas de firmas, la problemática que afrontan ante la circulación de este tipo de vehículos por la zona.

Según el Ayuntamiento, el trabajo conjunto entre la Jefatura de la Policía Local y la Concejalía de Medio Ambiente concluye que la prohibición es jurídicamente viable y que la corporación local dispone tanto de competencia municipal como de cobertura expresa en su Ordenanza Municipal de Tráfico para limitar la circulación de estos vehículos en caminos concretos.

Así pues, esta actividad empresarial no se prohíbe por completo, sino que se reordena según la ordenanza insular, de modo que las empresas seguirán desarrollando esta actividad en los tramos establecidos.

Entre los motivos se encuentran la protección de la biodiversidad y de espacios ambientalmente sensibles, la proximidad a zonas ZEPA y ZEC, las afecciones a viviendas y explotaciones ganaderas, la seguridad en caminos compartidos con peatones y ciclistas y la degradación del suelo, la erosión y la generación de polvo.

Asimismo, el documento aconseja que la medida se articule mediante el correspondiente instrumento municipal, respaldado por informes técnicos que motiven la selección de los caminos y acompañado de la señalización específica de todos sus accesos.

El Ayuntamiento considera especialmente relevante el caso del camino entre Corralejo, Majanicho y El Cotillo, cuyo trazado discurre íntegramente por la Zona de Especial Protección para las Aves Costa Norte de Fuerteventura y coincide en buena parte con el sendero Huella de Leyenda HL3.

También se contemplan caminos próximos a Tindaya, Esquinzo, Fenimoy, Fimapaire o Cien Hombres, donde concurren factores relacionados con espacios protegidos, viviendas, explotaciones ganaderas, senderos y degradación del terreno.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, señala que “estamos dando respuesta a una demanda que existe en diferentes puntos del municipio y lo hacemos con rigor, con informes y con todas las garantías jurídicas. La actividad turística tiene que ser compatible con la conservación de nuestro territorio, con la tranquilidad de nuestros vecinos y con el uso tradicional de nuestros caminos”.

Blanco subraya además que “La Oliva tiene un patrimonio natural extraordinario que debemos proteger. No se trata de actuar contra ninguna actividad económica, sino de ordenar determinados usos allí donde están generando afecciones y donde los propios informes técnicos nos dicen que es necesario intervenir”.

Por si parte, el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, insiste en que “La Oliva no puede permitir que determinados usos recreativos terminen deteriorando caminos, afectando a espacios protegidos o interfiriendo en la seguridad vial de vecinos, ganaderos, senderistas y ciclistas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre actividad turística y conservación, pero en los lugares más sensibles la protección del territorio tiene que prevalecer”, asevera.

Tras este primer paso, el Consistorio anuncia que procederá también a instalar la señalización correspondiente en los accesos a los caminos afectados.

El próximo 16 de septiembre se cumplen dos meses del inicio del gran incendio de La Mierla, en Guadalajara. El pasado 5 de septiembre, más de 50 días después, quedo extinguido, tras haber arrasado más de 32.000 hectáreas y convertirse en el más devastador de la comunidad autónoma. Ahora toca hacer balance, restaurar, recuperar. Es una tarea compleja en cualquier monte, en cualquier zona forestal, pero aún más complicado si afecta zonas protegidas, como en este caso ha sido el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Coincidiendo con la puesta en marcha por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de las primeras tareas para abordar este enorme reto, desde la ciudadanía afectada también han hecho valer su voz. Y no solo en relación al incendio, sino a toda una zona de la provincia, más allá del industrializado Corredor del Henares, que quiere decidir sobre el futuro patrimonial y natural de sus pueblos.

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa nació en 2025 en Maranchón debido a la preocupación de sus vecinos y vecinas por el impacto ecológico que determinados proyectos asociados a la ganadería intensiva industrial, al biometano o similares pueden tener sobre el territorio.

Hasta hoy, el colectivo ha ido creciendo agrupando a otras comarcas, incluida la Sierra Norte de Guadalajara, que comparten esas inquietudes, mediante redes de colaboración, charlas y conferencias. Ahora ha decidido realizar conjuntamente una propuesta conjunta que ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Quiere abrir un diálogo para debatir el modelo de desarrollo futuro para todas estas zonas, que abarcan más de 7.600 kilómetros cuadrados.

“Hay un déficit de organización del territorio que viene propiciado por proyectos de ganadería industrial que no son la vía de desarrollo económico por la que queremos ni debemos ir en una zona de tanto valor ecológico, y con un patrimonio histórico y natural tan grande”, explica Pedro García, representante de esta plataforma.

Habla de un conjunto de comarcas que hasta ahora han estado libres de ganadería industrial y de proyectos que ahora proliferan como los de biometano y de otras iniciativas similares. Eso, argumenta, no encaja con el “verdadero valor patrimonial” del territorio, que es “la naturaleza y la biodiversidad”. Precisamente, esos valores también conforman un “potencial económico alternativo de desarrollo económico sostenible”.

Esa es la idea inicial y así se lo han trasladado en un escrito al Gobierno regional. Pero no es su único objetivo. También quieren involucrar a todos los ayuntamientos, agentes sociales y empresas dedicadas al turismo que estén interesadas en el fomento y conservación de la naturaleza.

No olvidan tampoco que estas comarcas están en riesgo extremo de despoblación. La propuesta también incluye una tesis que consideran de gran relevancia a este respecto. Los grandes proyectos de ganadería, de biometano y similares no fijan población. “Los datos son tozudos y nos dicen que no se genera más empleo en la zona”, recalca Pedro García.

Y, sobre todo, saben que cuando se intenta proponer este tipo de desarrollos en zonas donde no hay una tradición industrial previa, el efecto final “nada tiene que ver con el desarrollo”. “Solo son cantos de sirena. Las consecuencias al final son nefastas. En estas zonas se valora más el patrimonio natural, el disfrute de la naturaleza y un paisaje no modificado por el hombre. Los vecinos y vecinas rechazan los macroproyectos, porque saben que al final la gente termina por irse”.

La ganadería extensiva es un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios

Frente a ello, desde este colectivo defienden ventajas como el enorme valor que las zonas del Alto Tajo y de la Sierra Norte han adquirido para el astroturismo. Son reservas starlight. Pero además, no rechazan las actividades ganaderas, sino que abogan por una actividad extensiva como “un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios”, esto último “muy importante teniendo en cuenta lo que ha ocurrido este verano”.

“Con estas actividades se mantienen los bosques y el suelo. No somos expertos, pero es obvio que el abandono de las actividades tradicionales ganaderas y de todo tipo que llevaban a cabo en otras épocas nuestros padres y abuelos, ha provocado una situación que involucra más riesgo de incendios”, alerta.

Añade asimismo cómo la ganadería extensiva tiene un importante papel en el desarrollo de especies que están en peligro de extinción. El ejemplo más claro en la zona es la alondra ricotí, que requiere un paisaje estepario. Esta característica la propicia el pastoreo de ovejas y cabras, y además, en sus excrementos habita un escarabajo que es el principal alimento de esa ave. A todo ello une el importante papel de las colmenas y de la apicultura en general.

“Tenemos un paraíso en Guadalajara y somos unos privilegiados. No podemos permitir la degradación del paisaje. Tan solo hace falta una administración responsable que sepa ordenar el territorio”, concluye, apelando de nuevo al Ejecutivo regional.

Precisamente, el Gobierno autonómico sigue perfilando el Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla. Hace tan solo unos días aprobó el decreto que define el perímetro geográfico afectado, el cual abarca diversos municipios, pedanías y espacios naturales protegidos que sufrieron daños ecológicos y socioeconómicos.

Apoyo a ayuntamientos, empresas y explotaciones agropecuarias

La estrategia se estructura en varios ejes fundamentales que incluyen la restauración ambiental, la reparación de infraestructuras públicas y el apoyo financiero a sectores clave como la agricultura y el turismo.

Las medidas también se centran en la recuperación y reactivación económica y social: apoyo para las entidades locales, autónomos, empresas, explotaciones agrarias, ganaderas, apícolas y forestales, así como actividades comerciales, turísticas y de servicios. Y añade asimismo la prevención de futuros incendios mediante “la mejora de la capacidad del propio territorio para adaptarse y recuperarse”.

Este Plan de Recuperación define un ámbito territorial específico integrado por 38 municipios, además de varias entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) y pedanías.

Los pueblos son Albendiego, Angón, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bañuelos, Bustares, Campisábalos, Cogolludo, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Congostrina, El Ordial, Galve de Sorbe, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, La Bodera, La Huerce, La Mierla, La Miñosa, La Toba, Las Navas de Jadraque, Miedes de Atienza, Monasterio, Prádena de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riofrío del Llano, Robledo de Corpes, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Santiuste, Semillas, Somolinos, Tamajón, Ujados, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque.

En cuanto a las EATIM y pedanías, incorpora a Aldeanueva de Atienza, Bochones, Cañamares, Naharros, Tordelloso, Valdepinillos, Almiruete, Alpedroches, Cardeñosa, Muriel, Palancares, Umbralejo y Veguillas.

La Junta explica en el decreto que las medidas del plan podrían llegar a extenderse a municipios colindantes si fuera necesario para “asegurar la continuidad y eficacia de las medidas”.

Por otra parte, el informe técnico de la zona afectada menciona que el arrastre de cenizas del incendio amenaza “gravemente” a embalses clave como los de Beleña y Alcorlo, para los que establece una planificación específica en torno a la protección de los suelos y de los recursos hídricos afectados por el fuego.

Así, ante el “riesgo inminente de erosión” y el arrastre de cenizas hacia la red de ríos y, de forma crítica, hacia los dos embalses mencionados, el plan exige la adopción coordinada y urgente de medidas específicas de protección y restauración ambiental. No obstante, dado que este documento es la resolución oficial del marco y ámbito del plan, no detalla las acciones técnicas concretas en el terreno, como la instalación de diques de contención, fajinas o técnicas de siembra rápida para fijar el suelo.

Pero la cuestión de afección al agua y a estos dos embalses no ha pasado desapercibida. En el incendio de La Mierla, además de la superficie afectada del Parque Natural de la Sierra Norte, también se vio afectada la Reserva Natural Fluvial (RNF) del río Pelagallinas. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha priorizado actuaciones de prevención y remediación en las cuencas de aportación de las captaciones superficiales de los embalses de Beleña, Alcorlo (los dos mencionados en el decreto autonómico) y también el de Pozo de los Ramos.

Las actuaciones propuestas se han centrado en la construcción principalmente de albarradas, pudiendo realizarse también diques o fajinas si se estima necesario con el fin de impedir el deslizamiento de los suelos desprovistos de vegetación, así como la incorporación de cenizas a las masas de agua existentes.

Albarradas y reducción de escorrentías

A fecha de hoy, la CHT ha ejecutado 600 albarradas en 10 arroyos (arroyo de la Fuente, arroyo de los Cogorros, arroyo de la Hoz, arroyo Madroñal, arroyo de las Quintillas, arroyo Sacedoncillo, barranco Valdelapuente y tres arroyos innominados) ubicados en la cuenca del embalse de Beleña. Próximamente, ejecutará también albarradas en el embalse de Alcorlo y en la zona del incendio de Selas.

Tras ello, la Confederación va a trabajar de forma prioritaria en la reducción de escorrentías y retirada de vegetación quemada en aquellas cuencas de aportación, con especial atención a zonas con riesgo de inundación, así como la retirada de tapones y troncos en tramos situados aguas arriba de poblaciones.

La Diputación provincial de Guadalajara también se ha arremangado. Su presidente, José Luis Vega, ya ha avanzado que las ayudas destinadas a los municipios afectados por el incendio de La Mierla tendrán prioridad. Si fuera necesario, ha explicado, esta situación incluso podría repercutir en las partidas destinadas al resto de ayuntamientos de la provincia, aunque ha apelado a la “solidaridad” de los alcaldes.

“No va a haber ningún alcalde, estoy seguro, que ponga ninguna pega”, ha señalado, porque “cuando otros tienen necesidades, la provincia de Guadalajara es muy solidaria y van a estar ahí dispuestos a echar una mano entre todos”.

La Diputación cifra en cerca de tres millones de euros las partidas presupuestarias destinadas hasta ahora a las consecuencias del incendio, incluyendo el abastecimiento a ganaderos, ayudas a los ayuntamientos, maquinaria y otros servicios.

Vega ha recordado además que los centros comarcales trabajaron durante la emergencia y que se contrataron cuatro bulldozers de empresas de la provincia, mientras que los bomberos tuvieron que “doblar incluso triplicar guardias”. “Esto no va de dinero, va de que los problemas que tengan hay que solventarlos”, ha resumido. Ahora, la institución provincial está a la espera de los certificados de los secretarios municipales para determinar las pérdidas de ingresos que hayan sufrido los ayuntamientos.

En materia ganadera, la Diputación comenzó desde el primer momento a suministrar grano y forraje y ahora se pasará de un reparto lineal a otro “ajustado” al daño real sufrido por cada explotación en sus pastos. También se han preparado cubas para el abastecimiento de agua y abrevaderos para las explotaciones.

Además, ha indicado que se compensará a los ayuntamientos por los ingresos que los ganaderos dejen de generar por el pago de pastos y que el Gobierno regional prepara una convocatoria de ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas.

Alimentación para la fauna silvestre en zonas quemadas

José Luis Vega también destaca los daños sufridos por la flora y la fauna. En aquellos municipios donde ha ardido hasta el 90% del término municipal, los efectos sobre el entorno natural son importantes. La Diputación ya coordinó la retirada de cadáveres de animales y, junto a ATICA y entidades del sector cinegético, está desarrollando una alimentación suplementaria de la fauna silvestre en las zonas quemadas.

“Los animales por su instinto suelen regresar al entorno donde nacieron, pero el entorno evidentemente está quemado”, ha explicado. Por ello, se está realizando esta “alimentación forzada” para evitar la desnutrición y está previsto un nuevo suministro de grano en los próximos días.

Ha avanzado asimismo que se pondrán en marcha nuevas líneas específicas para los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón. El objetivo, ha añadido, es que estas convocatorias específicas sean más sencillas de justificar y gestionar para los ayuntamientos afectados.

El Cabildo de Gran Canaria y el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo han puesto en marcha la campaña Conocer para Conservar, destinada a concienciar sobre las amenazas de la flora de la isla mediante una exposición itinerante que ha iniciado su recorrido este viernes, 11 de septiembre, en Artenara.

La propuesta continuará por Gáldar, Agaete, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio y Mogán, y permitirá mostrar a la ciudadanía el trabajo científico y técnico multidisciplinar que se desarrolla en el marco del Programa de Conservación de Especies Amenazadas, que coordina el Jardín Canario, para garantizar la protección y supervivencia de la flora.

Según informa el Cabildo de Gran Canaria en una nota, la iniciativa busca implicar a la ciudadanía en el cuidado de las especies, con el objetivo de que conozcan los espacios que las albergan, comprendan su fragilidad y adopten comportamientos que contribuyan a reducir las amenazas que afectan a la biodiversidad.

Entre los objetivos específicos de la campaña destaca la difusión del valor ecológico de las especies protegidas y la necesidad de protección de la biodiversidad, informar sobre peligros e impactos que afectan al estado de conservación de las especies amenazadas, así como fomentar buenas prácticas ambientales.

La acción permitirá también visibilizar las actuaciones desarrolladas por el Jardín Botánico en el marco del Programa de Conservación de Especies Amenazadas, que incluye actuaciones como el seguimiento de las poblaciones, la conservación de semillas y la producción de plantas en vivero.

Asimismo, incorporan el refuerzo y la reintroducción de especies, la recuperación de hábitats y el control de amenazas como las especies invasoras y los herbívoros introducidos.

La exposición llegará a siete municipios de Gran Canaria entre los meses de septiembre a diciembre acompañada de charlas divulgativas y rutas interpretativas por los diferentes Espacios Naturales Protegidos, dando a conocer al público general cuáles son las especies más representativas y los lugares que habitan, así como comprender la fragilidad de los ecosistemas insulares y las actuaciones que se están desarrollando para favorecer su conservación y recuperación.

El inicio de la ruta es en Artenara, un “enclave de especial interés para esta campaña por su extraordinario patrimonio natural”, como ha recordado el Cabildo, y que incluye el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de Las Cumbres y el Parque Natural de Tamadaba, con diversidad de especies y numerosos endemismos de Gran Canaria.

En el marco de la campaña ‘Conocer para Conservar’, el próximo jueves, 17 de septiembre, se desarrollará una charla divulgativa en el Centro Cultural de Artenara con entrada libre hasta completar aforo. Este coloquio irá acompañado de una ruta interpretativa por Tamadaba el sábado, 19 de septiembre, que recorrerá uno de los espacios de mayor riqueza natural de Gran Canaria para conocer el hábitat de muchas de las especies objeto de esta campaña, como la magarza de Guayedra o la mosquera de Tamadaba.

Calendario

Artenara, del 1 al 13 de septiembre

Gáldar, del 14 al 27 de septiembre

Agaete, del 28 de septiembre al 11 de octubre

Agüimes, del 12 al 25 de octubre

San Bartolomé de Tirajana, del 26 de octubre al 8 de noviembre

Ingenio, del 9 al 22 de noviembre

Mogán, del 23 de noviembre al 6 de diciembre.

Inscripciones

El Gobierno insular indica que las personas interesadas ya pueden inscribirse a las diferentes rutas y actividades que se organizan durante la campaña a través de los canales oficiales del Jardín Botánico Canario y del Cabildo de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Alfaro ha comunicado a Amigos de la Tierra La Rioja que no continuará la tramitación del expediente de licencia ambiental y de obras para la instalación de un cebadero de ganado bovino de carne promovido por Granja La Cantera S.L., previsto a unos 85 metros del Área Natural Singular Carrizal de Cofín.

La decisión se produce después de que la asociación presentara alegaciones durante el periodo de información pública y tras el informe de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, que determina que la actividad debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, en lugar de tramitarse mediante licencia ambiental.

Para Amigos de la Tierra La Rioja es positiva esta decisión, ya que permitirá que las posibles afecciones ambientales de la instalación sean analizadas mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponde.

La asociación recuerda que el proyecto se plantea en las inmediaciones de un espacio natural protegido y considera especialmente importante valorar sus posibles efectos sobre el suelo, las aguas, la fauna y los valores naturales del Carrizal de Cofín, así como los impactos derivados de la generación y gestión de estiércoles, residuos, tráfico, polvo y ruido.

Eran los meses de abril y mayo de 2018. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acudieron al espacio protegido de las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla, para preguntar a los turistas que traspasaban los límites de la reserva por qué lo hacían. La intención era conocer la psicología, motivaciones y justificaciones de aquellos que estaban destruyendo el área. Medir su “sensibilidad ecológica”. Y los resultados fueron cuando menos reveladores.

El 78,2% de los encuestados (101 en total) no sabía que se encontraba dentro de una Reserva Natural Especial protegida. Solo el 40,6% sabía que existían normas y el 62,4% desconocía la existencia del Centro de Interpretación. Además, muchos usuarios se opusieron rotundamente a pagar una tasa para la conservación de las dunas. De los 28 que justificaron su rechazo por escrito, el 60,7% de ellos afirmó que “la naturaleza es libre y pública” y que, por tanto, el acceso debe ser gratuito; el 21,4% argumentó que una tasa sería perjudicial para el turismo local; y el 7,14% advirtió de que no volvería a visitar las dunas si tuviera que pagar.

Ese mismo año, también en 2018, los investigadores de la ULPGC mapearon 298 puntos dentro de la reserva donde se habían acumulado residuos o destruido vegetación endémica. El proyecto Masdunas, del Cabildo de Gran Canaria, logró restaurar 295 de ellos y retiró poco más de 2.000 metros cúbicos de restos vegetales entre 2019 y 2023. Pero, aunque las zonas señaladas en 2018 fueron casi recuperadas por completo, la imposibilidad de mantener una vigilancia las 24 horas ha provocado la aparición de nuevos focos de degradación en áreas previamente intactas y en las zonas de mayor tránsito.

Todo ello hace que la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas parezca una reserva solo sobre el papel, según un estudio publicado en la revista ‘Journal of Outdoor Recreation and Tourism’. La investigación muestra que en el interior de este espacio continúan realizándose de forma habitual actividades prohibidas que provocan la destrucción de hábitats y que, pese a las medidas desplegadas para frenar su degradación, es necesario tomar decisiones “sólidas” que involucren a todas las partes implicadas.

“A pesar de haber eliminado algunos refugios, hemos visto que se siguen organizando (a través de redes y páginas web) para poder entrar en la reserva cuando no hay vigilancia. Esto hace que, aunque haya un compromiso por conservar el espacio, de un año para otro o en cinco años no puedes cambiar la mentalidad de la gente. Eso solo lo consigues con un bombardeo diario”, explica Carolina Peña-Alonso, investigadora del grupo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC y primera autora de la publicación.

La investigación destaca varios factores que complican la protección de las dunas. Uno de ellos es la dificultad de educar a una población turística que permanece de media una semana en las Islas. El visitante puede concienciarse durante su estancia, pero ese conocimiento no necesariamente se mantiene. El esfuerzo pedagógico pierde efecto cuando coge el avión de vuelta a casa. Y así con los más de dos millones de turistas que visitan Maspalomas cada año.

Algunos turistas extranjeros también muestran una especie de “sentimiento de propiedad” cuando construyen refugios en la reserva, indica Peña-Alonso. Además, en “numerosas ocasiones”, los infractores eran visitantes habituales que parecían sentirse “empoderados” al saber que sus actos no tendrían consecuencias legales, dada la “escasa presencia de personal de seguridad” en Maspalomas. Muchos eran conscientes, continúa el artículo, de que las multas no llegarían a cobrarse una vez regresaran a sus países de origen.

El estudio señala directamente al modelo empresarial de la zona por utilizar las dunas como un mero escaparate publicitario para atraer millones de visitas “sin asumir apenas responsabilidad en su conservación”. También lamenta el choque competencial entre las distintas administraciones encargadas de gestionar el espacio, una situación que está comprometiendo la supervivencia del sistema dunar. Peña-Alonso explica que, para que este funcione, el viento debe empujar la arena desde la playa hacia el interior. Pero “si sigue pasando la máquina para alisar la playa todos los días, y se siguen instalando lotes de hamacas, sombrillas y demás, la zona de entrada no está bien”, y eso impide que la arena circule.

A ello hay que sumar la construcción masiva de complejos hoteleros y carreteras que rodean por completo el norte del ecosistema. Estas infraestructuras han bloqueado la dinámica natural del viento y han seguido dificultando el movimiento de la arena hacia el interior. Peña-Alonso destaca que cada vez existe una “menor entrada de arena” hacia las dunas, mientras el conjunto de actividades “intensivas” a su alrededor (e incluso dentro de ellas) no ha cesado. La investigadora apunta que, en la zona de Maspalomas, de hecho, la línea de costa ya ha retrocedido más de 100 metros en las últimas décadas.

“Ya hemos pasado ese punto de no retorno, por desgracia. Entonces… lo que nos queda es mantener lo que hay. Sobre todo, las dunas que vemos en la zona del RIU Palace, que es una postal, vamos, que son las dunas moviéndose libremente sin vegetación. Ese sistema depende de la zona de entrada que está en Playa del Inglés, que se está protegiendo con los proyectos Masdunas. También se está recuperando la zona sur de la playa, que era una de las más sensibles”, detalla Peña-Alonso.

Los resultados de la investigación muestran que en más del 50% de los puntos degradados detectados en 2018 (un total de 298, de los que 56 se encontraban dentro de la zona de exclusión) había vegetación dañada o talada. Entre los residuos encontrados había principalmente colillas, papel higiénico, toallitas húmedas, preservativos y bolsas de basura orgánica. Estos desperdicios favorecen la presencia de depredadores exóticos introducidos en el sistema dunar, como ratas de alcantarilla, erizos y gatos asilvestrados procedentes de las urbanizaciones, que suponen una amenaza para lagartos y aves protegidas.

El estudio indica que el 84,3% de los encuestados eran extranjeros (el 39,1% alemanes y el 15,2% británicos). El 96,1% eran hombres y el 58,7% tenía más de 44 años. Más de la mitad (57,6%) contaba con estudios universitarios (licenciatura, máster o doctorado). De manera paradójica, el 48,35% criticó la “falta de gestión” y reclamó papeleras y baños públicos dentro de la reserva, servicios que están prohibidos para proteger el entorno. El 13,1% se quejó de características propias de un desierto, señalando que en las dunas “hacía demasiado calor” o “faltaban árboles”. Y solo el 7,6% identificó la degradación ambiental como un problema real.

Todos estos datos formaron parte del diagnóstico inicial del proyecto Masdunas hace poco más de siete años. Los expertos eligieron este periodo de tiempo precisamente para alejarse de los estudios centrados solo en las condiciones ecológicas de las áreas protegidas y analizar cómo las evaluaciones iniciales pueden contribuir a mejorar las medidas de gestión.

Lo que ocurre en las dunas es, a juicio de los investigadores, un problema “de carácter estructural y no circunstancial”, remata el trabajo académico.

“Las Dunas de Maspalomas son únicas porque representan en Europa los espacios sedimentarios eólicos. Tienen un papel de atracción del turismo, que al final es el motor de nuestra economía. Pero más allá de eso, a nivel funcional, es un espacio que nos está protegiendo de las tormentas del oeste, que cada vez llegan con más potencia y duración. Y si las dunas no estuvieran, el agua entraría directamente hasta los hoteles. Es decir, a nivel climático, tendríamos problemas de inundación bastante relevantes”, concluye Peña-Alonso.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ImpulsaMaspalomas, ha implantado cámaras de videometría inteligente, sensores de flujo de personas en tiempo real para medir la carga de visitantes, postes alimentados con energía solar y señalética digital. También ha incorporado sistemas de megafonía inteligente en los accesos clave para emitir advertencias disuasorias en varios idiomas a los turistas que intenten salirse de los senderos. Y ha distribuido 43 papeleras inteligentes con sensores de llenado en los paseos marítimos y accesos a la playa para evitar la dispersión de basura hacia el interior de las dunas.

Fuentes de la Corporación insular indican que estas son las últimas medidas anunciadas por el Cabildo para proteger la reserva, junto con la incorporación de agentes en horario de tarde para reforzar la vigilancia.

El estudio de Peña-Alonso y otros expertos reclama la puesta en marcha de un enfoque que abarque a las distintas partes interesadas y tenga en cuenta las motivaciones de las personas que visitan las dunas. Señala la importancia de gestionar las expectativas de los visitantes, poner en marcha campañas eficaces de educación ambiental, establecer directrices claras e información clave sobre la reserva y, por último, apoyar al personal de seguridad en su intento de controlar los usos conflictivos.

Entre las encinas y a apenas unos metros de un cartel que anuncia la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un mástil metálico de telefonía móvil se ha convertido en el último foco de tensión entre la protección del territorio y el despliegue de infraestructuras consideradas esenciales. La instalación enfrenta a un vecino del municipio mallorquín de Esporles con las administraciones, ya que el afectado sostiene que la actuación invade elementos de su propiedad, pero, sobre todo, abre un debate de mayor alcance: ¿hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general?

La controversia se sitúa en una parcela rústica de unos 5.000 metros cuadrados incluida en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El propietario de la finca colindante se puso en contacto con elDiario.es para denunciar el impacto visual de la instalación y cuestiona que pueda autorizarse una infraestructura de estas características en un suelo donde la normativa urbanística no permite construir ninguna edificación privada.

En el escrito que el vecino presentó ante la Dirección General de Industria critica, además, la acometida eléctrica prevista para darle servicio: el plano incorporado al expediente, consultado por este periódico, confirma que el proyecto contempla la instalación de una nueva caja de distribución (CDU) junto a la carretera y la adaptación de la conexión eléctrica mediante un apoyo metálico existente, aunque también precisa que la actuación queda condicionada a la obtención de todos los permisos administrativos y particulares necesarios. El afectado reclama que la CDU no se instale frente al muro de piedra de su propiedad y rechaza que el proyecto utilice un poste metálico que, asegura, forma parte de las instalaciones que él sufragó en su día para abastecer su vivienda. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Conselleria, de la que depende la Dirección General, pero alegan que este tipo de tramitaciones no forman parte de sus competencias.

La instalación reabre el debate de hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller provocó el pasado mes de mayo el rechazo de los residentes de la urbanización. Los vecinos cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas. La protesta fue creciendo durante los meses siguientes. Los residentes llegaron a concentrarse frente al Ayuntamiento para reclamar que la torre fuera trasladada a otro lugar.

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller ha provocado el rechazo de los residentes de la urbanización, que cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas

La polémica no ha quedado únicamente en la protesta: en julio, los vecinos iniciaron incluso una recogida de firmas para reclamar el traslado de la antena a un emplazamiento con menor impacto paisajístico y ambiental. Sin embargo, Totem Towerco Spain, empresa del grupo Orange responsable de la infraestructura, rechazó finalmente trasladarla al futuro centro de telecomunicaciones de Cap d’en Font, una ubicación que habían planteado tanto el Govern como el Ayuntamiento de Sant Lluís, como informó en su momento Es Diari de Menorca. La compañía, de acuerdo al mismo medio, alegó problemas técnicos con determinadas frecuencias y la antena se mantiene en Binissafúller mientras las administraciones buscan una tercera ubicación que cumpla los requisitos técnicos de la compañía o una solución que permita reducir su altura.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Orange para conocer si la instalación de Esporles cuenta con todas las autorizaciones y permisos exigidos por la normativa vigente; qué criterios técnicos han llevado a elegir el emplazamiento actual y si se estudiaron ubicaciones alternativas antes de seleccionar esta parcela; qué mejoras de cobertura o capacidad permitirá la infraestructura, si se han previsto medidas de integración paisajística para minimizar su impacto visual en un entorno protegido como la Serra de Tramuntana; en qué circunstancias aceptaría estudiar el traslado de una antena como la de Binissafúller, así como los criterios técnicos, ambientales y territoriales que la empresa sigue a la hora de seleccionar nuevos emplazamientos y si existen protocolos específicos para minimizar el impacto paisajístico de sus infraestructuras en zonas de elevado valor ambiental o patrimonial. La compañía no ha respondido a estas preguntas al cierre de este reportaje.

Las telecomunicaciones, un servicio de interés general

Esporles y Binissafúller son escenarios diferentes. En Menorca, el conflicto se desarrolla en una urbanización residencial y gira fundamentalmente alrededor del impacto visual y de la elección del emplazamiento. En Mallorca, la controversia incorpora la protección de un espacio de especial valor paisajístico y el régimen específico de la Serra de Tramuntana. Pero ambos casos plantean la misma cuestión: ¿qué lugar ocupa el paisaje en la decisión sobre dónde instalar una antena? La respuesta se encuentra en la legislación estatal: la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general. En este sentido, insta además a las administraciones públicas a colaborar y a facilitar su implantación.

La Ley 11/2022 transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2018/1972, que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y fija un marco común para la regulación de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. La aprobación de la nueva ley española se produjo, además, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la estrategia España Digital 2025, dentro de las medidas destinadas a impulsar la conectividad y el despliegue de redes, incluido el 5G.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general

La norma impone también límites a la capacidad de las administraciones para restringir la instalación de estas infraestructuras. Los instrumentos de planificación territorial y urbanística deben contemplar la necesidad de desplegar redes y no pueden establecer restricciones absolutas o desproporcionadas a los operadores. Tampoco pueden imponer, con carácter general, una determinada ubicación o solución tecnológica. Esto no significa, sin embargo, que las antenas puedan instalarse en cualquier lugar. La propia ley contempla expresamente que una restricción pueda estar justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. Cuando una condición pueda hacer imposible la ocupación de un determinado emplazamiento, esa limitación debe estar plenamente justificada y acompañada de alternativas que permitan garantizar el despliegue.

El Ayuntamiento de Esporles: “Tenemos muy poco margen”

No en vano, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que el Ayuntamiento apenas dispone de capacidad para intervenir. En declaraciones a este periódico, explica que la infraestructura instalada a las afueras del municipio no responde a la creación de una nueva cobertura, sino al traslado de una antena que ya prestaba servicio en otra parcela y cuyo propietario decidió no renovar el acuerdo con la operadora. La nueva ubicación, añade, también se encuentra en suelo rústico protegido.

El regidor atribuye esta situación, precisamente, a la Ley General de Telecomunicaciones, que reduce notablemente el margen de maniobra de los ayuntamientos, especialmente cuando las competencias sobre suelo rústico, en el caso de Mallorca, corresponden al Consell Insular. En este caso, el consistorio asegura haber remitido al Consell diversas consultas sobre la actuación y reconoce que continúa a la espera de conocer el criterio definitivo del organismo insular. Desde la Administración supramunicipal, sin embargo, señalan a este periódico que, con carácter general, el Consell no el órgano encargado de autorizar urbanísticamente este tipo de instalaciones. Su intervención se sitúa principalmente en el ámbito de la disciplina urbanística: la inspección, la restauración de la legalidad y, en su caso, la apertura de expedientes sancionadores ante posibles infracciones.

Es precisamente esta combinación la que explica parte de la aparente contradicción que encuentran los vecinos: la protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje. La propia ley contempla, de hecho, que las administraciones puedan justificar restricciones por razones ambientales o de ordenación territorial. Y establece mecanismos de intervención del Estado cuando una administración pretende paralizar o impedir una infraestructura que cumple los parámetros técnicos esenciales.

La protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje

Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, expresó públicamente su rechazo al impacto visual de la instalación, pero sostuvo que el margen municipal para impedirla era muy reducido por el marco estatal de telecomunicaciones, como señaló en declaraciones a Menorca al Día. El caso presenta además una particularidad: los vecinos cuestionaron que se hubiera escogido precisamente ese emplazamiento cuando inicialmente se había planteado otra ubicación en Biniparratx, una zona con menos viviendas alrededor. También criticaron que la torre se levantara en una de las cotas más bajas de la urbanización, lo que obligaba a elevar todavía más la estructura para garantizar su funcionamiento.

Una polémica con más de 25 años de historia

La preocupación por el impacto de las antenas no es nueva en Mallorca. Ya a comienzos de los años 2000, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) -entidad que lleva décadas denunciando el impacto ambiental y paisajístico de determinadas infraestructuras y reclamando una mayor protección del territorio- alertaba de la proliferación de estas instalaciones y reclamaba un mayor control sobre su implantación. En un artículo publicado ese año en su revista 'L'ecologista', la organización denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales y reclamaba un mayor control de su implantación. Dos meses después, el propio Govern balear situaba también en torno al 80% el porcentaje de instalaciones que presentaban alguna irregularidad o carecían de todas las licencias necesarias.

Ya a comienzos de los años 2000, el GOB alertaba de la proliferación de antenas y reclamaba un mayor control sobre su implantación. La organización -y el Govern balear después- denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales

En 2001, vecinos de Sant Joan habían reunido en poco más de un mes cerca de 600 firmas para reclamar el traslado de una antena de unos 20 metros instalada en la finca de es Revellar (Mallorca) por su impacto paisajístico y ambiental. La protesta tenía entonces un argumento que se repite ahora en otros puntos de las islas: los residentes, que llegaron a organizarse bajo el nombre de Grup Antiantena, no cuestionaban la necesidad de disponer de cobertura, sino el emplazamiento elegido, que consideraban causante de un fuerte impacto ambiental, visual y paisajístico y que se encontraba junto a viviendas habitadas y al depósito de agua potable del pueblo.

Según publicaba Grup Antiantena en la revista Mel i Sucre de la Obra Cultural Balear (OCB), la antena de Amena instalada en es Revellar llevaba, además, unos seis meses funcionando sin la licencia de interés social que debía conceder el Consell de Mallorca.

El rechazo se reprodujo también en otros municipios. En el municipio de Muro, GOB y PSM reclamaron en 2001 la retirada de una antena situada junto al instituto y el polideportivo municipal, mientras que, en 2007, vecinos de s'Hostalot, en Palma, impulsaron una coordinadora ciudadana para reclamar el desmantelamiento de antenas de telefonía. En 2002, la organización ecologista denunciaba que buena parte de las estaciones carecían de los permisos exigibles y defendía que las instalaciones en suelo rústico estuvieran sometidas a control insular, además de reclamar que las operadoras justificaran sus emplazamientos y optaran por las soluciones con menor impacto ambiental y visual.

Se trata de conflictos que muestran cómo, mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura. En la mayoría de los casos, los tribunales han recordado que los ayuntamientos pueden regular aspectos urbanísticos y exigir la integración paisajística de las instalaciones, pero no establecer prohibiciones generales que impidan el desarrollo de las redes cuando estas cumplen la legislación sectorial.

Mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura

Del miedo a las radiaciones al impacto sobre el paisaje

Ese equilibrio entre despliegue, protección del entorno y derechos de los vecinos lleva más de dos décadas acompañando la expansión de la telefonía móvil. En 2001, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1066/2001, que estableció restricciones a las emisiones radioeléctricas y límites de exposición para proteger la salud pública. La norma obliga a que las estaciones respeten determinados niveles de exposición y establece que su planificación debe procurar minimizar la exposición de la población, con especial atención a espacios sensibles como escuelas, centros sanitarios, hospitales o parques públicos. La regulación se ha ido actualizando a medida que evolucionaban las redes. El Real Decreto 123/2017, por ejemplo, exige estudios de exposición para determinadas estaciones y obliga a tener en cuenta las estaciones existentes en el entorno al calcular los niveles de exposición.

La evolución tecnológica ha incrementado el número de estaciones y equipos necesarios para sostener las redes móviles, aunque este crecimiento no se traduce necesariamente en la construcción de nuevas torres. Una misma infraestructura puede albergar distintas tecnologías y dar servicio a varios operadores, mientras que buena parte del despliegue consiste en actualizar o ampliar estaciones ya existentes. Aun así, la expansión y mejora de las redes mantiene la necesidad de incorporar nuevos emplazamientos allí donde las infraestructuras existentes no permiten garantizar las prestaciones requeridas.

En 2024, España contabilizaba 194.443 estaciones base de telefonía móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recopilados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

La legislación también ha evolucionado para incorporar criterios de integración. La jurisprudencia del Supremo ha reconocido, por ejemplo, que los ayuntamientos pueden exigir soluciones que reduzcan el impacto visual cuando esa exigencia se vincula a sus competencias urbanísticas. La Ley 9/2014 ya había reforzado la consideración de las redes públicas como equipamiento básico y de su instalación como obras de interés general. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio.

Hasta dónde puede llegar un ayuntamiento

La jurisprudencia también ha ido delimitando qué pueden hacer los ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno. En una sentencia de 24 de mayo de 2005, por ejemplo, el Alto Tribunal consideraba legítimo que una ordenanza municipal exigiera utilizar la mejor tecnología disponible compatible con un mínimo impacto visual, al entender que esa exigencia se vinculaba a una competencia municipal propia y no suponía invadir las competencias estatales sobre telecomunicaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno

La legislación estatal posterior ha reforzado, sin embargo, los límites a las restricciones municipales. La Ley 9/2014 ya calificaba las redes públicas como equipamiento básico y su instalación como obras de interés general, y prohibía restricciones absolutas o desproporcionadas al despliegue. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden proteger el paisaje -pueden hacerlo dentro de sus competencias-, sino hasta dónde pueden llegar esas exigencias antes de convertirse en un obstáculo desproporcionado para una infraestructura que la legislación estatal considera de interés general.

Los casos de Eivissa y Ávila

En este contexto, uno de los precedentes más singulares de Balears tuvo lugar en Sant Joan de Labritja, en Eivissa, cuyo ayuntamiento aprobó una ordenanza específica para regular las antenas de telefonía y tratar de compatibilizar su despliegue con la protección del territorio y el paisaje. Retevisión Móvil recurrió la norma al considerar que invadía competencias estatales, pero el Tribunal Supremo avaló, el 4 de julio de 2006, buena parte de las restricciones municipales. El Alto Tribunal estableció que la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones no impide que los ayuntamientos intervengan en cuestiones urbanísticas, ambientales y paisajísticas: pueden regular la ubicación de las antenas, exigir medidas para reducir su impacto visual o incluso imponer la compartición de emplazamientos cuando existan razones urbanísticas, ambientales o paisajísticas que lo justifiquen, siempre que las medidas sean proporcionadas y no impidan el despliegue de la red.

El Tribunal Supremo avaló en 2006 que los ayuntamientos regulen la ubicación de antenas y su impacto paisajístico. Eso sí, siempre que las restricciones sean proporcionadas y no impidan el despliegue de las redes. Lo hizo a raíz de la ordenanza aprobada por Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquel mismo año, sin embargo, el Supremo estableció también límites a cuenta de la ordenanza municipal impulsada en Ávila para regular la instalación de estaciones de telefonía móvil . El tribunal, en su sentencia del 11 de octubre, anuló varios preceptos de la misma al considerar que el Ayuntamiento había entrado en ámbitos reservados al Estado. Entre las restricciones cuestionadas figuraban la prohibición de la colocación de antenas en suelo rústico a menos de 300 metros de suelo urbano, urbanizable o viviendas habitadas, la fijación de una distancia mínima de 100 metros respecto de las viviendas o la reducción obligatoria de niveles radioeléctricos en determinadas “zonas sensibles”.

Los magistrados entendieron que los municipios pueden ejercer sus competencias urbanísticas y ambientales, pero no utilizar esas competencias para regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado. El fallo contribuyó así a delimitar la frontera entre la capacidad municipal para ordenar el impacto territorial y paisajístico de las antenas y la competencia estatal sobre el despliegue y las condiciones técnicas de las redes. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden regular estas instalaciones, sino hasta dónde pueden llegar sus restricciones antes de invadir las competencias estatales o dificultar de forma desproporcionada el despliegue de las redes.

La diferencia entre ambos casos resulta clave: Sant Joan representa el margen que tienen las administraciones locales para proteger el territorio y el paisaje; Ávila, el límite que no pueden traspasar cuando entran en cuestiones técnicas propias de la competencia estatal.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló varias restricciones municipales de Ávila que afectaban a distancias, suelo rústico y niveles radioeléctricos. Los ayuntamientos pueden proteger el paisaje, pero no regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado

En el ámbito particular, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a pronunciarse sobre los conflictos derivados de estas instalaciones. En abril de 2024, el Alto Tribunal dio la razón a una familia de Las Palmas de Gran Canaria que había sufrido más de 60 manifestaciones frente a su domicilio contra una antena de telefonía instalada en la azotea de un edificio de su propiedad, arrendado a Orange. La Sala consideró que la reiteración de las protestas y su concentración frente a la vivienda habían afectado a la intimidad personal y familiar y a la integridad física y moral de los afectados. La sentencia no cuestionó el derecho de los vecinos a protestar contra la antena, sino que estableció que su ejercicio debía conciliarse con los derechos fundamentales de quienes sufrían las movilizaciones.

Cuando el paisaje protegido entra en la ecuación

La legislación estatal, por tanto, no elimina la protección ambiental ni urbanística de los espacios protegidos, pero sí obliga a compatibilizarla con el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles. Precisamente ese es el debate que suscita el caso de Esporles: hasta qué punto una infraestructura considerada estratégica puede implantarse en un espacio de alto valor paisajístico donde la normativa limita severamente la construcción de usos privados.

La jurisprudencia ha venido recordando que los ayuntamientos pueden exigir el cumplimiento del planeamiento urbanístico, la integración paisajística de las instalaciones o los informes ambientales que procedan, pero no establecer prohibiciones generales que dificulten el despliegue de las redes cuando concurren los requisitos legales.

La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles

Esporles y Binissafúller muestran dos caras de un mismo problema. En Menorca, los vecinos han cuestionado una torre de 23 metros por su impacto sobre una urbanización de viviendas bajas y han reclamado una ubicación alternativa. En Mallorca, una nueva antena ha acabado en un espacio rústico protegido de la Serra de Tramuntana, después de que la operadora tuviera que buscar un nuevo emplazamiento para sustituir otra estación cuyo propietario no quiso renovar el acuerdo. En ambos casos, la discusión acaba chocando con la misma frontera: qué margen existe para proteger el paisaje cuando la infraestructura que se quiere instalar está amparada por una legislación que la considera de interés general.

La respuesta de la ley no es que las antenas puedan colocarse en cualquier sitio, pero tampoco que un espacio protegido permita rechazarlas automáticamente. El equilibrio pasa por justificar las restricciones, valorar su proporcionalidad y, cuando un emplazamiento no resulte viable, estudiar alternativas capaces de garantizar el servicio.

Y ahí es donde los dos casos dejan todavía una pregunta abierta: quién decide cuándo una ubicación es realmente la única posible y cuándo existe una alternativa capaz de garantizar la cobertura sin cargar el coste sobre el paisaje o sobre quienes viven junto a la infraestructura. En Esporles, esa respuesta pasa ahora por conocer qué autorizaciones se concedieron, qué alternativas se estudiaron y qué medidas se adoptaron para integrar la torre en uno de los paisajes más protegidos de Mallorca. En Binissafúller, por saber si las administraciones y la operadora acabarán encontrando un emplazamiento que permita mantener la cobertura sin mantener el conflicto. Porque el despliegue de las redes puede ser de interés general, pero la pregunta sobre dónde se levantan sus torres sigue siendo, en buena medida, una cuestión territorial.

Entre les alzines i a només uns metres d'un cartell que anuncia la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un pal metàl·lic de telefonia mòbil s'ha convertit en l'últim focus de tensió entre la protecció del territori i el desplegament d'infraestructures considerades essencials. La instal·lació enfronta un veí del municipi mallorquí d'Esporles amb les administracions, ja que l'afectat sosté que l'actuació envaeix elements de la seva propietat, però, sobretot, obre un debat de més abast: fins a on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general?

La controvèrsia se situa en una parcel·la rústica d'uns 5.000 metres quadrats inclosa en un Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). El propietari de la finca adjacent es va posar en contacte amb elDiario.es per denunciar l'impacte visual de la instal·lació i qüestiona que pugui autoritzar-se una infraestructura d'aquestes característiques en un sòl on la normativa urbanística no permet construir cap edificació privada.

En l'escrit que el veí va presentar davant la Direcció General d'Indústria critica, a més, l'escomesa elèctrica prevista per donar-li servei: el plànol incorporat a l'expedient, consultat per aquest diari, confirma que el projecte preveu la instal·lació d'una nova caixa de distribució (CDU) al costat de la carretera i l'adaptació de la connexió elèctrica mitjançant un suport metàl·lic existent, encara que també precisa que l'actuació queda condicionada a l'obtenció de tots els permisos administratius i particulars necessaris. L'afectat reclama que la CDU no s'instal·li davant el mur de pedra de la seva propietat i rebutja que el projecte utilitzi un pal metàl·lic que, assegura, forma part de les instal·lacions que ell va sufragar en el seu dia per abastir el seu habitatge. elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Conselleria , de la qual depèn la Direcció General, però al·leguen que aquest tipus de tramitacions no formen part de les seves competències.

La instal·lació reobre el debat de fins on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller va provocar el passat mes de maig el rebuig dels residents de la urbanització. Els veïns qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos. La protesta va anar creixent durant els mesos següents. Els residents van arribar a concentrar-se davant de l'Ajuntament per reclamar que la torre fos traslladada a un altre lloc.

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller ha provocat el rebuig dels residents de la urbanització, que qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos

La polèmica no ha quedat únicament en la protesta: al juliol, els veïns van iniciar fins i tot una recollida de signatures per reclamar el trasllat de l'antena a un emplaçament amb menor impacte paisatgístic i ambiental. No obstant això, Totem Towerco Spain, empresa del grup Orange responsable de la infraestructura, va rebutjar finalment traslladar-la al futur centre de telecomunicacions de Cap d’en Font, una ubicació que havien plantejat tant el Govern balear com l'Ajuntament de Sant Lluís, va informar en el seu moment Es Diari de Menorca. La companyia, d'acord amb el mateix medi, va al·legar problemes tècnics amb determinades freqüències i l'antena es manté a Binissafúller mentre les administracions busquen una tercera ubicació que compleixi els requisits tècnics de la companyia o una solució que permeti reduir-ne l'alçada.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Orange per conèixer si la instal·lació d'Esporles compta amb totes les autoritzacions i permisos exigits per la normativa vigent; quins criteris tècnics han portat a triar l'emplaçament actual i si es van estudiar ubicacions alternatives abans de seleccionar aquesta parcel·la; quines millores de cobertura o capacitat permetrà la infraestructura, si s'han previst mesures d'integració paisatgística per minimitzar-ne l'impacte visual en un entorn protegit com la Serra de Tramuntana, en quines circumstàncies acceptaria estudiar el trasllat d'una antena com la de Binissafúller, com també els criteris tècnics, ambientals i territorials que segueix a l'hora de seleccionar nous emplaçaments i si existeixen protocols específics per minimitzar l'impacte paisatgístic de les seves infraestructures en zones d'elevat valor ambiental o patrimonial. Orange no havia respost a aquestes preguntes al tancament d'aquest reportatge.

Les xarxes de telecomunicacions, un servei d'interès general

Esporles i Binissafúller són escenaris diferents. A Menorca, el conflicte es desenvolupa en una urbanització residencial i gira fonamentalment al voltant de l'impacte visual i de l'elecció de l'emplaçament. A Mallorca, la controvèrsia incorpora la protecció d'un espai d'especial valor paisatgístic i el règim específic de la Serra de Tramuntana. Però ambdós casos plantegen la mateixa qüestió: quin lloc ocupa el paisatge en la decisió sobre on instal·lar una antena? La resposta es troba en la legislació estatal: la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a una finalitat d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general. En aquest sentit, insta a més les administracions públiques a col·laborar i a facilitar la seva implantació.

La Llei 11/2022 va transposar a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/1972, que estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques i fixa un marc comú per a la regulació de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques a la Unió Europea. L'aprovació de la nova llei espanyola es va produir, a més, en el marc de les reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en l'estratègia Espanya Digital 2025, dins de les mesures destinades a impulsar la connectivitat i el desplegament de xarxes, inclòs el 5G.

La Llei General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a un fi d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general

La norma imposa també límits a la capacitat de les administracions per restringir la instal·lació d'aquestes infraestructures. Els instruments de planificació territorial i urbanística han de contemplar la necessitat de desplegar xarxes i no poden establir restriccions absolutes o desproporcionades als operadors. Tampoc poden imposar, amb caràcter general, una determinada ubicació o solució tecnològica. Això no significa, tanmateix, que les antenes puguin instal·lar-se en qualsevol lloc. La mateixa llei contempla expressament que una restricció pugui estar justificada per raons de medi ambient, seguretat pública o ordenació urbana i territorial. Quan una condició pugui fer impossible l'ocupació d'un determinat emplaçament, aquesta limitació ha d'estar plenament justificada i acompanyada d'alternatives que permetin garantir el desplegament.

L'Ajuntament d'Esporles: “Tenim molt poc marge”

No en va, el batle d'Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que l'Ajuntament amb prou feines disposa de capacitat per intervenir. En declaracions a aquest diari, explica que la infraestructura instal·lada als afores del municipi no respon a la creació d'una nova cobertura, sinó al trasllat d'una antena que ja prestava servei en una altra parcel·la i el propietari de la qual va decidir no renovar l'acord amb l'operadora. La nova ubicació, afegeix, també es troba en sòl rústic protegit.

El regidor atribueix aquesta situació, precisament, a la Llei General de Telecomunicacions, que redueix notablement el marge de maniobra dels ajuntaments, especialment quan les competències sobre sòl rústic, en el cas de Mallorca, corresponen al Consell Insular. En aquest cas, el consistori assegura haver remès al Consell diverses consultes sobre l'actuació i reconeix que continua a l'espera de conèixer el criteri definitiu de l'organisme insular. Des de l'Administració supramunicipal, tanmateix, assenyalen a aquest diari que, amb caràcter general, el Consell no és l'òrgan encarregat d'autoritzar urbanísticament aquest tipus d'instal·lacions. La seva intervenció se situa principalment en l'àmbit de la disciplina urbanística: la inspecció, la restauració de la legalitat i, si escau, l'obertura d'expedients sancionadors davant possibles infraccions.

És precisament aquesta combinació la que explica part de l'aparent contradicció que troben els veïns: la protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge. La pròpia llei contempla, de fet, que les administracions puguin justificar restriccions per raons ambientals o d'ordenació territorial. I estableix mecanismes d'intervenció de l'Estat quan una administració pretén paralitzar o impedir una infraestructura que compleix els paràmetres tècnics essencials.

La protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge

Per part seva, la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, va expressar públicament el seu rebuig a l'impacte visual de la instal·lació, però va sostenir que el marge municipal per impedir-la era molt reduït pel marc estatal de telecomunicacions, com va assenyalar en declaracions a Menorca al Día. El cas presenta a més una particularitat: els veïns van qüestionar que s'hagués escollit precisament aquest emplaçament quan inicialment s'havia plantejat una altra ubicació a Biniparratx, una zona amb menys habitatges al voltant. També van criticar que la torre s'aixequés en una de les cotes més baixes de la urbanització, cosa que obligava a elevar encara més l'estructura per garantir-ne el funcionament.

Una polèmica amb més de 25 anys d'història

La preocupació per l'impacte de les antenes no és nova a Mallorca. Ja a començaments dels anys 2000, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) -entitat que fa dècades que denuncia l'impacte ambiental i paisatgístic de determinades infraestructures i reclama una protecció més elevada del territori- alertava de la proliferació d'aquestes instal·lacions i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. En un article publicat aquell any a la seva revista 'L'ecologista', l'organització denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals i reclamava un major control de la seva implantació. Dos mesos després, el mateix Govern balear situava també al voltant del 80% el percentatge d'instal·lacions que presentaven alguna irregularitat o careixien de totes les llicències necessàries.

Ja a començaments dels anys 2000, el GOB alertava de la proliferació d'antenes i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. L'organització -i el Govern balear després- denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals

L’any 2001, veïns de Sant Joan havien reunit en poc més d’un mes prop de 600 signatures per reclamar el trasllat d’una antena d’uns 20 metres instal·lada a la finca d’es Revellar pel seu impacte paisatgístic i ambiental. La protesta tenia aleshores un argument que es repeteix ara en altres punts de les Illes: els residents, que van arribar a organitzar-se sota el nom de Grup Antiantena, no qüestionaven la necessitat de disposar de cobertura, sinó l’emplaçament escollit, que consideraven causant d’un fort impacte ambiental, visual i paisatgístic i que es trobava al costat d’habitatges habitats i del dipòsit d’aigua potable del poble.

Segons publicava el Grup Antiantena a la revista Mel i Sucre de l’Obra Cultural Balear (OCB), l’antena d’Amena instal·lada a es Revellar feia, a més, uns sis mesos que funcionava sense la llicència d’interès social que havia de concedir el Consell de Mallorca.

El rebuig es va reproduir també en altres municipis. Al municipi de Muro, GOB i PSM van reclamar el 2001 la retirada d'una antena situada al costat de l'institut i el poliesportiu municipal, mentre que, el 2007, veïns de s'Hostalot, a Palma, van impulsar una coordinadora ciutadana per reclamar el desmantellament d'antenes de telefonia. El 2002, l'organització ecologista denunciava que bona part de les estacions кareixien dels permisos exigibles i defensava que les instal·lacions en sòl rústic estiguessin sotmeses a control insular, a més de reclamar que les operadores justifiquessin els seus emplaçaments i optessin per les solucions amb menor impacte ambiental i visual.

Es tracta de conflictes que mostren com, molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura. En la majoria dels casos, els tribunals han recordat que els ajuntaments poden regular aspectes urbanístics i exigir la integració paisatgística de les instal·lacions, però no establir prohibicions generals que impedeixin el desenvolupament de les xarxes quan aquestes compleixen la legislació sectorial.

Molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura

De la por a les radiacions a l'impacte sobre el paisatge

Aquest equilibri entre desplegament, protecció de l'entorn i drets dels veïns fa més de dues dècades que acompanya l'expansió de la telefonia mòbil. L'any 2001, el Govern d'Espanya va aprovar el Reial Decret 1066/2001, que va establir restriccions a les emissions radioelèctriques i límits d'exposició per protegir la salut pública. La norma obliga que les estacions respectin determinats nivells d'exposició i estableix que la seva planificació ha de procurar minimitzar l'exposició de la població, amb especial atenció a espais sensibles com escoles, centres sanitaris, hospitals o parcs públics. La regulació s'ha anat actualitzant a mesura que evolucionaven les xarxes. El Reial Decret 123/2017, per exemple, exigeix estudis d'exposició per a determinades estacions i obliga a tenir en compte les estacions existents a l'entorn en calcular els nivells d'exposició.

L'evolució tecnològica ha incrementat el nombre d'estacions i equips necessaris per sostenir les xarxes mòbils, encara que aquest creixement no es tradueix necessàriament en la construcció de noves torres. Una mateixa infraestructura pot allotjar diferents tecnologies i donar servei a diversos operadors, mentre que bona part del desplegament consisteix a actualitzar o ampliar estacions ja existents. Així i tot, l'expansió i millora de les xarxes manté la necessitat d'incorporar nous emplaçaments allà on les infraestructures existents no permeten garantir les prestacions requerides.

L'any 2024, Espanya tenia 194.443 estacions base de telefonia mòbila, segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) recopilades per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat.

La legislació també ha evolucionat per incorporar criteris d'integració. La jurisprudència del Suprem ha reconegut, per exemple, que els ajuntaments poden exigir solucions que redueixin l'impacte visual quan aquesta exigència es vincula a les seves competències urbanístiques. La Llei 9/2014 ja havia reforçat la consideració de les xarxes públiques com a equipament bàsic i de la seva instal·lació com a obres d'interès general. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi.

Fins a on pot arribar un ajuntament

La jurisprudència també ha anat delimitant què poden fer els ajuntaments. El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn. En una sentència de 24 de maig de 2005, per exemple, l'Alt Tribunal considerava legítim que una ordenança municipal exigís utilitzar la millor tecnologia disponible compatible amb un mínim impacte visual, en entendre que aquesta exigència es vinculava a una competència municipal pròpia i no suposava envair les competències estatals sobre telecomunicacions.

El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn

La legislació estatal posterior ha reforçat, tanmateix, els límits a les restriccions municipals. La Llei 9/2014 ja qualificava les xarxes públiques com a equipament bàsic i la seva instal·lació com a obres d'interès general, i prohibia restriccions absolutes o desproporcionades al desplegament. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden protegir el paisatge -poden fer-ho dins les seves competències-, sinó fins on poden arribar aquestes exigències abans de convertir-se en un obstacle desproporcionat per a una infraestructura que la legislació estatal considera d'interès general.

Els casos de Sant Joan de Labritja i Àvila

En aquest context, un dels precedents més singulars de Balears va tenir lloc a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el consistori del qual va aprovar una ordenança específica per regular les antenes de telefonia i tractar de compatibilitzar el seu desplegament amb la protecció del territori i el paisatge. Retevisión Móvil va recórrer la norma en considerar que envaïa competències estatals, però el Tribunal Suprem va avalar, el 4 de juliol de 2006, bona part de les restriccions municipals. L'Alt Tribunal va establir que la competència exclusiva de l'Estat en telecomunicacions no impedeix que els ajuntaments intervinguin en qüestions urbanístiques, ambientals i paisatgístiques: poden regular la ubicació de les antenes, exigir mesures per reduir-ne l'impacte visual o fins i tot imposar la compartició d'emplaçaments quan existeixin raons urbanístiques, ambientals o paisatgístiques que ho justifiquin, sempre que les mesures siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de la xarxa.

El Tribunal Suprem va avalar el 2006 que els ajuntaments regulin la ubicació d'antenes i el seu impacte paisatgístic. Això sí, sempre que les restriccions siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de les xarxes. Ho va fer arran de l'ordenança aprovada per Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquell mateix any, tanmateix, el Suprem va establir també límits a compte de l'ordenança municipal impulsada a Àvila per regular la instal·lació d'estacions de telefonia mòbil . El tribunal, en la seva sentència de l'11 d'octubre, va anul·lar diversos preceptes de la mateixa en considerar que l'Ajuntament havia entrat en àmbits reservats a l'Estat. Entre les restriccions qüestionades figuraven la prohibició de la col·locació d'antenes en sòl rústic a menys de 300 metres de sòl urbà, urbanitzable o habitatges habitats, la fixació d'una distància mínima de 100 metres respecte dels habitatges o la reducció obligatòria de nivells radioelèctrics en determinades “zones sensibles”.

Els magistrats van entendre que els municipis poden exercir les seves competències urbanístiques i ambientals, però no utilitzar aquestes competències per regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat. La sentència va contribuir així a delimitar la frontera entre la capacitat municipal per ordenar l'impacte territorial i paisatgístic de les antenes i la competència estatal sobre el desplegament i les condicions tècniques de les xarxes. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden regular aquestes instal·lacions, sinó fins on poden arribar les seves restriccions abans d'envair les competències estatals o dificultar de forma desproporcionada el desplegament de les xarxes.

La diferència entre ambdós casos resulta clau: Sant Joan representa el marge que tenen les administracions locals per protegir el territori i el paisatge; Àvila, el límit que no poden traspassar quan entren en qüestions tècniques pròpies de la competència estatal.

El 2006, el Tribunal Suprem va anul·lar diverses restriccions municipals d'Àvila que afectaven distàncies, sòl rústic i nivells radioelèctrics. Els ajuntaments poden protegir el paisatge, però no regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat

En l'àmbit particular, el Tribunal Suprem ha arribat fins i tot a pronunciar-se sobre els conflictes derivats d'aquestes instal·lacions. L'abril de 2024, l'Alt Tribunal va donar la raó a una família de Las Palmas de Gran Canària que havia patit més de 60 manifestacions davant del seu domicili contra una antena de telefonia instal·lada a la teulada d'un edifici de la seva propietat, llogat a Orange. La Sala va considerar que la reiteració de les protestes i la seva concentració davant de l'habitatge havien afectat la intimitat personal i familiar i la integritat física i moral dels afectats. La sentència no va qüestionar el dret dels veïns a protestar contra l'antena, sinó que va establir que el seu exercici havia de conciliar-se amb els drets fonamentals dels qui patien les mobilitzacions.

Quan el paisatge protegit entra en joc

La legislació estatal, per tant, no elimina la protecció ambiental ni urbanística dels espais protegits, però sí que obliga a compatibilitzar-la amb el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles. Precisament aquest és el debat que suscita el cas d'Esporles: fins a quin punt una infraestructura considerada estratègica pot implantar-se en un espai d'alt valor paisatgístic on la normativa limita severament la construcció d'usos privats.

La jurisprudència ha vingut recordant que els ajuntaments poden exigir el compliment del planejament urbanístic, la integració paisatgística de les instal·lacions o els informes ambientals que procedeixin, però no establir prohibicions generals que dificultin el desplegament de les xarxes quan concorren els requisits legals.

L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles

Esporles i Binissafúller mostren dues cares d'un mateix problema. A Menorca, els veïns han qüestionat una torre de 23 metres pel seu impacte sobre una urbanització d'habitatges baixos i han reclamat una ubicació alternativa. A Mallorca, una nova antena ha acabat en un espai rústic protegit de la Serra de Tramuntana, després que l'operadora hagués de buscar un nou emplaçament per substituir una altra estació, el propietari de la qual no va voler renovar l'acord. En tots dos casos, la discussió acaba xocant amb la mateixa frontera: quin marge hi ha per protegir el paisatge quan la infraestructura que es vol instal·lar està emparada per una legislació que la considera d'interès general.

La resposta de la llei no és que les antenes puguin col·locar-se en qualsevol lloc, però tampoc que un espai protegit en permeti rebutjar-les automàticament. L'equilibri implica justificar les restriccions, valorar-ne la proporcionalitat i, quan un emplaçament no resulti viable, estudiar alternatives capaces de garantir el servei.

I aquí és on els dos casos deixen encara una pregunta oberta: qui decideix quan una ubicació és realment l'única possible i quan existeix una alternativa capaç de garantir la cobertura sense carregar el cost sobre el paisatge o sobre els qui viuen al costat de la infraestructura. A Esporles, aquesta resposta passa ara per conèixer quines autoritzacions es van concedir, quines alternatives es van estudiar i quines mesures es van adoptar per integrar la torre en un dels paisatges més protegits de Mallorca. A Binissafúller, per saber si les administracions i l'operadora acabaran trobant un emplaçament que permeti mantenir la cobertura sense mantenir el conflicte. Perquè el desplegament de les xarxes pot ser d'interès general, però la pregunta sobre on s'aixequen les seves torres continua sent, en bona part, una qüestió territorial.

En un enclavament natural d’Eivissa, al costat d’una zona protegida i enmig de les queixes dels veïns pel soroll, el trànsit i el risc d’incendis, comença a sonar música electrònica poc abans de la posta de sol. La reina Nefertiti, que va governar durant un dels que probablement van ser els períodes més rics de l’Antic Egipte, i Cleòpatra han servit durant setmanes per alimentar, a les xarxes socials, una festa privada per a 350 convidats que la nit de dijous va convertir la pedrera de sa Pedrera de Can Coix, a Sant Antoni de Portmany, en un escenari de luxe i secretisme.

Piràmides, esfinxs i torres de llums i música electrònica formen part del muntatge d’un esdeveniment organitzat per una de les firmes estatunidenques de referència mundial en esdeveniments privats de luxe, Van Wyck & Van Wyck, fundada per un “multimilionari” -tal com el qualifiquen des de l’oposició a l’Ajuntament de Sant Antoni-, Bronson van Wyck.

A la festa només s’hi pot accedir mitjançant una exclusiva guestlist (llista de convidats), segons han explicat a elDiario.es treballadors, completament vestits de negre, que transporten caixes i altres estris necessaris per atendre els convidats. L’eclipsi solar de dimecres ha contribuït a alimentar encara més el misteri.

“No es poden comprar entrades”, recalca un dels empleats. Els promotors només han abonat a l’Ajuntament una taxa de 199 euros en concepte d’activitat. L’empresa no havia respost a les preguntes d’aquest diari en el moment de publicar-se aquest reportatge.

Piràmides, esfinxs i torres de llums i música electrònica formen part del muntatge d’un esdeveniment organitzat per una de les firmes estatunidenques de referència mundial en esdeveniments privats de luxe, Van Wyck & Van Wyck, fundada pel multimilionari Bronson van Wyck

En declaracions a aquest diari, Hazel Morgan, presidenta de la branca pitiüsa del grup ecologista Amics de la Terra, considera “inadmissible” que l’Ajuntament -governat pel PP- “autoritzi activitats que causin molèsties als veïns”. A parer seu, és “una incoherència i una falta de respecte” que l’equip de govern “ignori l’opinió dels veïns”. Afegeix que la celebració suposa un risc per als valors ambientals de la zona. L’ecologista també es mostra sorpresa, d’altra banda, per l’import tan reduït que ha pagat l’empresa promotora per aconseguir l’autorització municipal.

El dispositiu al voltant de la festa

Un dispositiu de seguretat format per aproximadament una dotzena de vigilants es desplega en diferents punts del perímetre que envolta les instal·lacions esportives de Can Coix per controlar l’entorn. La celebració, tal com va comprovar elDiario.es, va estar envoltada d’un fort control i de restriccions per accedir al recinte i fotografiar-lo, fet que ha dificultat documentar gràficament el muntatge.

Un dispositiu de seguretat format per aproximadament una dotzena de vigilants es desplega en diferents punts del perímetre que envolta les instal·lacions esportives de Can Coix per controlar l’entorn. La celebració va estar envoltada d’un fort control i de restriccions per accedir al recinte i fotografiar-lo, fet que ha dificultat documentar gràficament el muntatge

Prèviament, un superior ha donat instruccions als vigilants per garantir la vigilància dels voltants de sa Pedrera, un enclavament natural rústic que, tot i no estar específicament protegit, és molt a prop d’es Amunts, un sistema muntanyós d’unes 15.000 hectàrees, una quarta part de tot el territori insular -de Sant Antoni a Sant Carles, abastant el litoral nord- que sí que compta amb diverses zones declarades com a Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i com a Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP).

La zona de Can Coix està, a més, inclosa de manera detallada i prioritària en el Pla Local de Prevenció i Emergències davant els Incendis Forestals de Sant Antoni de Portmany. El pla la cataloga com una zona d’interfície urbana-forestal (Intermix), és a dir, un espai de transició en què els habitatges, les infraestructures i les edificacions entren en contacte directe amb masses de vegetació forestal d’alta combustibilitat.

Sa Pedrera és un enclavament natural rústic que, tot i no estar específicament protegit, és molt a prop d’es Amunts, un sistema muntanyós d’unes 15.000 hectàrees que sí que compta amb diverses zones declarades com a Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i com a Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP)

Per la carretera principal pugen i baixen furgonetes negres amb els vidres opacs i altres VTC, així com un cotxe patrulla de la Guàrdia Civil i alguns Uber —amb prou feines n’hi ha una desena a Eivissa—. Els treballadors de l’equip de seguretat col·loquen un cartell informatiu al desviament anterior a l’skatepark que indica, en una zona més allunyada, un punt de recollida d’aquests vehicles. Mentre una part de l’equip fa una pausa per dinar en un bar de la zona —en direcció a Cala Salada— que s’ha reservat exclusivament per a ells, comença a notar-se lleugerament l’enrenou.

Però el secretisme continua predominant al voltant de l’esdeveniment, que ha suscitat polèmica per l’entorn natural on es duu a terme. Sobretot, després de constatar que empleats contractats per la promotora havien traslladat generadors i diverses bombones de butà, segons informacions de Diario de Ibiza, a l’espai de propietat municipal. L’estètica egípcia s’ha traslladat al terreny mitjançant un muntatge que inclou piràmides, recreacions de deesses egípcies, reproduccions de jeroglífics i tota mena de reminiscències de l’antic imperi.

El secretisme continua predominant al voltant de l’esdeveniment, que ha suscitat polèmica per l’entorn natural on es duu a terme i, sobretot, després de constatar que empleats contractats per la promotora havien traslladat generadors i diverses bombones de butà a l’espai de propietat municipal

Els veïns lamenten soroll i inseguretat

“Volem evitar que hi hagi festes perquè no es converteixin en una cosa quotidiana”, subratlla un veí de la zona que prefereix no ser identificat, ja que la pedrera de Can Coix és escenari d’almenys tres o quatre festes a l’any. Segons explica, el consistori argumenta que es tracta d’esdeveniments puntuals, tot i que ell defensa que progressivament n’hi ha més.

D’altra banda, lamenta l’impacte d’aquesta festa sobre l’entorn natural i la fauna, cosa que, a seu parer, s’hauria de tenir en compte a l’hora d’autoritzar festes d’aquest tipus. Com a conseqüència, es plantegen fundar una associació de veïns “per tenir una mica més de força”.

Dues setmanes abans, en el ple ordinari del 30 de juliol, alguns veïns van traslladar les seves preocupacions a l’alcalde del municipi, Marcos Serra. “No veiem que sigui una zona segura quan s’hi fan macrofestes”, comença dient un d’ells. El veí adverteix que el que comença a fer saltar les alarmes és la possibilitat que aquest tipus de celebracions es converteixin en habituals i, sobretot, que siguin “grans, multitudinàries”. No debades, en referència a festes anteriors celebrades en aquest espai, afirma que van ser “un desastre”. I assegura, com a treballador del sector d’emergències, que “no s’aguanten per enlloc”.

No veiem que sigui una zona segura quan s’hi fan macrofestes

Veïns de Sant Antoni

Durant la seva intervenció, el resident va expressar la seva preocupació per la manca de policies municipals i de personal de seguretat durant la celebració d’aquests esdeveniments i va advertir, així mateix, que el fet que es tanquin carrers per acollir festes d’aquest tipus també pot generar problemes si algun veí o alguna urbanització necessita una ambulància. A això hi va afegir el risc d’incendi, que considera especialment elevat perquè els assistents accedeixen fins a la zona de l’escenari “fumant als marges dels camins”.

“Vull que entengueu que això no és per portar la contrària. Sé que vosaltres teniu un discurs molt ben plantejat i que segurament respon a la vostra realitat, però, de debò, no hi ha una sensació de seguretat”, va insistir, per afegir a continuació: “Això ha fet que tots els veïns ens hàgim unit i que hi hagi un front comú en aquest sentit”. Fins ara, nombrosos veïns havien assumit que es tractava d’una cosa puntual, però aquesta percepció comença a canviar.

El que preocupa ara és que aquestes festes acabin convertint-se en una cosa rutinària. “Crec que això se’ns en va una mica de les mans. La festa, cada vegada més, ens està acorralant, i a mi em fa molta pena, perquè personalment em venen ganes de marxar d’aquesta illa, que tant m’agrada i que tant he estimat”, va concloure l’intervinent.

Crec que això s'està anant una mica de les mans. La festa, cada cop més, ens està arraconant

Veïns de Sant Antoni

En el mateix ple, l’alcalde va reconèixer que en una de les darreres festes que es van organitzar en aquest entorn, a principis d’estiu, hi va haver molts problemes de mobilitat. “Hi va anar la Policia Local a sancionar i retirar molts vehicles mal estacionats. Estem pendents de reunir-nos amb l’organitzador d’aquesta festa per evitar que hi hagi molèsties tant de mobilitat com de neteja”, afirmava.

Per tot això, Serra es comprometia que hi hagués “més control de l’aforament” en aquesta darrera festa, com també a solucionar els problemes de mobilitat i neteja, una qüestió que s’havia de plantejar en la reunió prèvia a la celebració. D’altra banda, valorava que s’han realitzat altres tipus d’esdeveniments de caràcter cultural i polític que difereixen d’altres que acaben de matinada amb música a un volum molt elevat. “Cal intentar trobar un equilibri entre la diversió, el descans i l’economia”, va assenyalar. “No és la idea que augmenti el nombre de festes”, va afegir el primer edil en relació amb l’entorn de sa Pedrera de Can Coix.

L’alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, es va comprometre fa dues setmanes que hi hagués “més control de l’aforament” a la festa egípcia, com també a solucionar els problemes de mobilitat i neteja que es poguessin produir

Pel que fa al possible risc d’incendi forestal, Serra defensa que, si es tractés d’una zona d’alt risc d’incendis, hi hauria un informe negatiu que desautoritzaria l’esdeveniment. “Sempre donem les autoritzacions amb els informes tècnics pertinents”, afirma. En aquest sentit, va aclarir que la zona de la pedrera antigament havia estat boscosa, però que, per la mateixa naturalesa de la pedrera, actualment la zona de pins queda als voltants. Finalment, va recordar que l’Ajuntament disposa d’un Pla de Prevenció i Emergències davant els Incendis Forestals, i que el Parc de Bombers de l’illa és a uns 15 minuts del municipi.

Una zona d’alta combustibilitat

Tot i que tant el complex com la pedrera són terrenys antropitzats, l’àrea limita immediatament amb pinedes i matollar dens, de manera que les mesures preventives previstes en el pla, entre elles les franges de protecció, es plantegen precisament sobre aquesta massa forestal adjacent per reduir el risc sobre el nucli urbanitzat.

La festa d’inspiració egípcia organitzada a la Pedrera de Can Coix es va celebrar, a més, en un entorn considerat d’alt risc d’incendis forestals. La planificació d’emergències de les Balears inclou Sant Antoni de Portmany entre els municipis d’Eivissa amb superfície forestal declarada com a zona d’alt risc, per la qual cosa l’entorn rústic i boscós de Can Coix queda sota aquesta consideració.

La festa d'inspiració egípcia organitzada a la Pedrera de Can Coix es va celebrar a més en un entorn considerat d'alt risc d'incendis forestals

El mateix pla local identifica la zona com una àrea d’interfície urbana-forestal, on les edificacions conviuen directament amb una massa de pineda i matollar d’alta combustibilitat, i li assigna una puntuació de risc de 63 punts, cosa que la situa entre els espais que requereixen una atenció preventiva especial.

Diners recaptats

Des de Càritas Diocesana asseguren que els diners recaptats amb l’esdeveniment privat es destinaran a Càritas Parroquial de Sant Antoni, que rebrà ara 10.000 euros de part de la promotora estatunidenca mitjançant transferència bancària i, més endavant, uns altres 30.000 euros. A més, Van Wyck & Van Wyck té previst donar altres 10.000 euros al Motoclub d’Eivissa i Formentera.

Fonts de l’organització benèfica expliquen a elDiario.es que els promotors es van posar en contacte amb ells, tot i que especifiquen que no solen rebre donacions per part de companyies tan grans, sinó que normalment es limiten a petites empreses del municipi. “Suposa la meitat del nostre pressupost anual”, assenyala un portaveu de l’entitat sobre aquesta injecció econòmica.

Des de Càritas Diocesana asseguren que els diners recaptats amb l'esdeveniment privat aniran destinats a Càritas Parroquial de Sant Antoni, que rebrà ara 10.000 euros de part de la promotora nord-americana mitjançant transferència bancària i, més endavant, altres 30.000

Des d'Obama al polèmic Puff Daddy

Van Wyck & Van Wyck es defineix al seu lloc web com una empresa familiar de “disseny i producció d’esdeveniments”, amb seu a Nova York, que organitza celebracions personalitzades en diferents llocs del món. La fama del fundador de la firma, Bronson van Wyck, a l’hora d’organitzar esdeveniments -una tasca que fa juntament amb la seva mare, Mary Lynn, i la seva germana, Mimi- té abast internacional.

Amb més de dues dècades d’experiència, la família ha construït la seva trajectòria combinant les seves “arrels del sud” amb una manera d’entendre l’organització d’esdeveniments que barreja “sofisticació, creativitat i la tradicional hospitalitat del sud dels Estats Units”, expliquen en la seva presentació.

A les seves festes hi han assistit personalitats de la indústria musical de la talla de Beyoncé, Madonna, Katy Perry o el polèmic raper estatunidenc Sean Combs (més conegut com a Puff Daddy), condemnat el passat octubre a quatre anys i dos mesos de presó per dos càrrecs relacionats amb la prostitució.

Entre els selectes convidats a les seves festes també figuren la cantant, actriu i empresària Gwyneth Paltrow, Martha Stewart i els expresidents Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama. També ha treballat per a firmes de luxe com Chanel, Bvlgari, Burberry, Mercedes-Benz, Cartier, Dior o la reconeguda joieria Tiffany & Co.

Gaudi privat en espais públics

Des de l’oposició de Sant Antoni acusen l’alcalde Serra de «prioritzar» els interessos dels organitzadors davant del “benestar” dels veïns amb motiu de la celebració de l’esdeveniment privat a sa Pedrera, i tan sols un dia després d’haver permès a uns promotors locals celebrar la macrofesta Eclipsi a la platja urbana de s’Arenal, amb uns 5.000 asistents. Tot això, malgrat la previsible arribada de visitants per observar el fenomen i que podria generar problemes de trànsit i seguretat.

Des de l’oposició de Sant Antoni acusen l’alcalde de «prioritzar» els interessos dels organitzadors davant del “benestar” dels veïns amb motiu de la celebració de l’esdeveniment privat a sa Pedrera, i tan sols un dia després d’haver permès a uns promotors locals celebrar la macrofesta ‘Eclipsi’ a la platja urbana de s’Arenal, amb uns 5.000 assistents

Pel que fa a l’esdeveniment de Can Coix, el Grup Socialista ha qüestionat les condicions d’aforament i que es pogués allargar fins a la matinada. El grup socialista ha posat el focus, sobretot, en els 199 euros abonats per l’organitzador en concepte de taxa d’activitat i en el desplegament necessari per muntar la festa, que, segons el partit, ha implicat el moviment de camions i vehicles pesants per la zona.

El grup ha sol·licitat a l’Ajuntament que especifiqui les contraprestacions obtingudes per la utilització de l’espai municipal i l’import que costaran a les arques públiques els serveis vinculats a la celebració. La reclamació es produeix en una temporada en què associacions com Salvem Sa Badia -que lluiten per la conservació mediambiental de la badia de Portmany- han presentat diverses queixes mitjançant registre d’entrada per la celebració de festivals a càrrec de promotors privats a la platja urbana de s’Arenal.

L’entitat ecologista va sol·licitar accedir als expedients administratius tant del festival Ibiza Feels Like -celebrat aquest dimecres durant l’eclipsi- com del que es va celebrar a principis de juliol a càrrec d’Ibiza Global Radio, amb la intenció de revisar les autoritzacions concedides i comprovar si compleixen la normativa aplicable.

Per la seva banda, el grup municipal del PP ha acusat el PSOE de “generar polèmica” i “confondre” els ciutadans i ha defensat que l’activitat es tramita d’acord amb la normativa. Els populars han destacat especialment el seu caràcter benèfic i han assenyalat que es tracta d’una activitat no permanent “innòcua”, amb un aforament inferior a 500 persones a l’aire lliure. A més, han demanat al PSOE que deixi de “criminalitzar” una iniciativa que, segons han defensat, s’ajusta als procediments establerts.

En un enclave natural de Eivissa, junto a una zona protegida y en medio de las quejas vecinales por el ruido, el tráfico y el riesgo de incendios, comienza a sonar música electrónica poco antes del atardecer. La reina Nefertiti, que gobernó el que fuera probablemente uno de los periodos más ricos del Antiguo Egipto, y Cleopatra, han servido durante semanas para alimentar, en redes sociales, una fiesta privada para 350 invitados que la noche del jueves convirtió la cantera de sa Pedrera de Can Coix, en Sant Antoni de Portmany, en un escenario de lujo y secretismo.

Pirámides, esfinges y torres de luces y música electrónica forman parte del montaje de un evento organizado por una de las firmas estadounidenses de referencia mundial en eventos privados de lujo, Van Wyck & Van Wyck, fundada por un “megarrico” –como lo califican desde la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni–, Bronson van Wyckun. A la fiesta solo se puede acceder mediante una exclusiva guestlist, como han detallado a elDiario.es trabajadores, completamente vestidos de negro, que trajinan cajas y otros enseres necesarios para atender a los invitados. El eclipse solar del miércoles ha contribuido a engordar el oscurantismo.

“No se pueden comprar entradas”, recalca uno de los empleados. Los promotores solo han abonado al Ayuntamiento una tasa de 199 euros en concepto de actividad. La empresa no ha respondido a las preguntas de este diario en el momento de la publicación de este reportaje.

Pirámides, esfinges y torres de luces y música electrónica forman parte del montaje de un evento organizado por una de las firmas estadounidenses de referencia mundial en eventos privados de lujo, Van Wyck & Van Wyck, fundada por un "megarrico" -como lo califican desde la oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni-, Bronson van Wyckun

En declaraciones a elDiario.es, Hazel Morgan, presidenta de la rama pitiusa del grupo ecologista Amics de la Terra, considera “inadmisible” que el Ayuntamiento –gobernado por el PP– “autorice actividades que causen molestias a los vecinos”. En su opinión, es “una incoherencia y una falta de respeto” que el equipo de gobierno “ignore la opinión de los vecinos”. Añade que la celebración supone un riesgo para los valores ambientales de la zona. La ecologista se muestra sorprendida, por otro lado, por el importe tan reducido que ha pagado la empresa promotora para conseguir la autorización municipal.

El dispositivo en torno a la fiesta

Un dispositivo de seguridad formado por alrededor de una docena de vigilantes se despliega en distintos puntos del perímetro que rodea las instalaciones deportivas de Can Coix para controlar el entorno. La celebración, como comprobó elDiario.es, estuvo rodeada de un férreo control y de restricciones para acceder y fotografiar el recinto, lo que ha dificultado documentar gráficamente el montaje.

Un dispositivo de seguridad formado por alrededor de una docena de vigilantes se despliega en distintos puntos del perímetro que rodea las instalaciones deportivas de Can Coix para controlar el entorno. La celebración estuvo rodeada de un férreo control y de restricciones para acceder y fotografiar el recinto, lo que ha dificultado documentar gráficamente el montaje

Previamente, un superior ha dado instrucciones a los vigilantes para garantizar la vigilancia de las inmediaciones de sa Pedrera, un enclave natural rústico que, a pesar de no estar específicamente protegido, sí está muy cerca de es Amunts, un sistema montañoso de unas 15.000 hectáreas, un cuarto de todo el terreno insular –de Sant Antoni a Sant Carles, abarcando el litoral norte– que sí cuenta con varias zonas declaradas como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP).

La zona de Can Coix está, además, incluida de manera detallada y prioritaria en el Plan Local de Prevención y Emergencias frente a Incendios Forestales de Sant Antoni de Portmany. El plan lo cataloga como una zona de interfaz urbano-forestal (Intermix), es decir, un espacio de transición en el que las viviendas, infraestructuras y edificaciones entran en contacto directo con masas de vegetación forestal de alta combustibilidad.

Sa Pedrera es un enclave natural rústico que, a pesar de no estar específicamente protegido, sí está muy cerca de es Amunts, un sistema montañoso de unas 15.000 hectáreas que sí cuentan con varias zonas declaradas como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP)

Por la carretera principal suben y bajan furgonetas negras de cristales opacos y otras VTC, así como un coche patrulla de la Guardia Civil y algunos Uber –apenas suman una decena en Eivissa–. Los trabajadores del equipo de seguridad colocan un cartel informativo en el desvío previo al skatepark que indica, en un área más retirada, un punto de recogida de estos vehículos. Mientras parte del equipo hace un descanso para comer en un bar de la zona –en dirección Cala Salada– que se ha reservado exclusivamente para ellos, comienza a notarse levemente el ajetreo.

Pero el secretismo continúa primando en torno al evento, que ha suscitado polémica por el entorno natural en el que se lleva a cabo. Sobre todo, después de percibir cómo empleados contratados por la promotora habían desplazado generadores y varias botellas de butano, según informaciones de Diario de Ibiza, a la ubicación de propiedad municipal. La estética egipcia se ha trasladado al terreno a través de un montaje que incluye pirámides, recreaciones de diosas egipcias, reproducciones de jeroglíficos y todo tipo de reminiscencias al antiguo imperio.

El secretismo continúa primando en torno al evento, que ha suscitado polémica por el entorno natural en el que se lleva a cabo y, sobre todo, después de percibir cómo empleados contratados por la promotora habían desplazado generadores y varias botellas de butano a la ubicación de propiedad municipal

Los vecinos lamentan ruido e inseguridad

“Queremos evitar fiestas para que no se conviertan en algo cotidiano”, enfatiza un vecino de la zona, que prefiere no ser identificado, debido a que la cantera de Can Coix es escenario de al menos tres o cuatro fiestas al año. En sus palabras, el Consistorio argumenta que se trata de eventos puntuales, aunque él defiende que progresivamente se van haciendo más.

Por otro lado, lamenta el impacto de esta fiesta sobre el entorno natural y sobre la fauna, lo cual, a su juicio, debería tenerse en cuenta en el momento en que se autorizan fiestas de este tipo. Como consecuencia, se plantean fundar una asociación de vecinos “para tener un poco más de fuerza”.

Dos semanas antes, en el pleno ordinario del 30 de julio, algunos vecinos trasladaron sus preocupaciones al alcalde del municipio, Marcos Serra. “No vemos que sea una zona segura cuando se realizan macrofiestas”, empieza diciendo uno de ellos. El vecino advierte de que lo que empieza a hacer saltar las alarmas es la posibilidad de que este tipo de celebraciones se conviertan en algo habitual y, sobre todo, que sean “grandes, multitudinarias”. No en vano, en referencia a fiestas anteriores protagonizadas en este espacio, afirma que fueron “un desastre”. Y asevera, como trabajador en el sector de emergencias, que “no se sostienen por ningún lado”.

No vemos que sea una zona segura cuando se realizan macrofiestas

Vecinos de Sant Antoni

Durante su intervención, el residente expresó su preocupación por la falta de policías municipales y de personal de seguridad durante la celebración de estos eventos y advirtió, asimismo, de que el hecho de que se cierren calles para acoger fiestas de este tipo también puede generar problemas si algún vecino o urbanización necesitan una ambulancia. A ello sumó el riesgo de incendio, que considera especialmente elevado porque los asistentes acceden hasta la zona del escenario “fumando en los márgenes de los caminos”.

“Quiero que entendáis que esto no es por llevar la contraria. Sé que vosotros tenéis un discurso muy bien planteado y que seguramente responde a vuestra realidad, pero, de verdad, no hay una sensación de seguridad”, insistió, para añadir a continuación: “Esto ha hecho que todos los vecinos nos hayamos unido y que haya un frente común en este sentido”. Hasta ahora, numerosos vecinos habían asumido que se trataba de algo puntual, pero esa percepción empieza a cambiar.

Lo que preocupa ahora es que estas fiestas acaben convirtiéndose en algo rutinario. “Creo que esto se está yendo un poco de las manos. La fiesta, cada vez más, nos está acorralando, y a mí me da mucha pena, porque personalmente me dan ganas de irme de esta isla, que tanto me gusta y que tanto he querido”, concluyó el interviniente.

Creo que esto se está yendo un poco de las manos. La fiesta, cada vez más, nos está acorralando

Vecinos de Sant Antoni

En el mismo pleno, el alcalde reconoció que en una de las últimas fiestas que se organizó en este entorno, a principios de verano, hubo muchos problemas de movilidad. “Fue la Policía Local a sancionar y retirar muchos vehículos mal estacionados. Estamos pendientes de reunirnos con el organizador de esta fiesta para evitar que haya molestias tanto de movilidad como de limpieza”, afirmaba.

Por todo ello, Serra se comprometía a que hubiera “más control de aforo” en esta última fiesta, así como a solucionar los problemas de movilidad y limpieza, algo que se iba a plantear en la reunión previa a la celebración. Por otro lado, ponía en valor que se han realizado otro tipo de eventos de carácter cultural y político que difieren de otros que acaban durante la madrugada con música a un volumen muy elevado. “Hay que intentar buscar un equilibrio entre la diversión, el descanso y la economía”, señaló. “No es la idea que aumenten el número de fiestas”, añadió el primer edil en relación con el entorno de sa Pedrera de Can Coix.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra se comprometió hace dos semanas a que hubiera “más control de aforo” en la fiesta egipcia, así como a solucionar los problemas de movilidad y limpieza que se presentaran

En cuanto al posible riesgo de incendio forestal, Serra defiende que si se tratara de una zona de alto riesgo de incendios, habría un informe negativo que desautorizaría el evento. “Siempre damos las autorizaciones con los informes técnicos pertinentes”, asevera. En este sentido, aclaró que la zona de la cantera antiguamente había sido boscosa, pero que por la propia naturaleza de la cantera, actualmente la zona de pinos queda en los alrededores. Finalmente, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un Pla de Prevención y Emergencias frente a Incendios Forestales, y que el Parque de Bomberos de la isla está a unos 15 minutos del municipio.

Una zona de combustibilidad elevada

Aunque tanto el complejo como la cantera son terrenos antropizados, el área limita inmediatamente con pinares y matorral denso, por lo que las medidas preventivas previstas en el plan, entre ellas las fajas de protección, se plantean precisamente sobre esta masa forestal colindante para reducir el riesgo sobre el núcleo urbanizado.

La fiesta de inspiración egipcia organizada en la Pedrera de Can Coix se celebró además en un entorno considerado de alto riesgo de incendios forestales. La planificación de emergencias de Balears incluye a Sant Antoni de Portmany entre los municipios de Eivissa con superficie forestal declarados como zonas de alto riesgo, por lo que el entorno rústico y boscoso de Can Coix queda bajo esta consideración.

La fiesta de inspiración egipcia organizada en la Pedrera de Can Coix se celebró además en un entorno considerado de alto riesgo de incendios forestales

El propio plan local identifica la zona como un área de interfaz urbano-forestal, donde las edificaciones conviven directamente con una masa de pinar y matorral de elevada combustibilidad, y le asigna una puntuación de riesgo de 63 puntos, lo que la sitúa entre los espacios que requieren una especial atención preventiva.

Dinero recaudado

Desde Cáritas Diocesana aseguran que el dinero recaudado con el evento privado irá destinado a Cáritas Parroquial de Sant Antoni, que recibirá ahora 10.000 euros de parte de la promotora estadounidense mediante transferencia bancaria y, más adelante, otros 30.000. Además, Van Wyck & Van Wyck tiene previsto donar otros 10.000 euros al Motoclub de Eivissa y Formentera.

Fuentes de la organización benéfica explican a elDiario.es que los promotores se pusieron en contacto con ellos, aunque especifican que no suelen recibir donaciones por parte de compañías tan grandes, sino que suelen limitarse a pequeñas empresas del término municipal. “Supone la mitad de nuestro presupuesto anual”, señala un portavoz de la entidad sobre la inyección económica.

Desde Cáritas Diocesana aseguran que el dinero recaudado con el evento privado irá destinado a Cáritas Parroquial de Sant Antoni, que recibirá ahora 10.000 euros de parte de la promotora estadounidense mediante transferencia bancaria y, más adelante, otros 30.000

Desde Obama al polémico Puff Daddy

Van Wyck & Van Wyck se define en su página web como una empresa familiar de “diseño y producción de eventos” con sede en Nueva York que organiza celebraciones personalizadas en distintos lugares del mundo. La fama del fundador de la firma, Bronson van Wyck, a la hora de organizar eventos –algo que hace junto a su madre, Mary Lynn, y su hermana, Mimi– es de alcance internacional.

Con más de dos décadas de experiencia, la familia ha construido su trayectoria combinando sus “raíces sureñas” con una forma de entender la organización de eventos que mezcla “sofisticación, creatividad y la tradicional hospitalidad del sur de Estados Unidos”, continúan en su presentación.

A sus fiestas han asistido personalidades de la industria musical de la talla de Beyoncé, Madonna, Katy Perry o el polémico rapero estadounidense Sean Combs (más conocido como Puff Daddy), condenado el pasado octubre a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos relacionados con prostitución.

Entre los selectos invitados a sus fiestas también figuran la cantante, actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, Martha Stewart y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. También ha trabajado para firmas de lujo como Chanel, Bvlgari, Burberry, Mercedes-Benz, Cartier, Dior o la reconocida joyería Tiffany & Co.

Disfrute privado en lugares públicos

Desde la oposición de Sant Antoni acusan al alcalde Serra de “priorizar” los intereses de los organizadores frente al “bienestar” de los vecinos ante la celebración del evento privado en Sa Pedrera y tan solo un día después de permitir a unos promotores locales celebrar la macrofiesta 'Eclipsi' en la playa urbana de s’Arenal con unos 5.000 asistentes. Todo esto, a pesar de la previsible llegada de visitantes para observar el fenómeno y de que podría generar problemas de tráfico y seguridad.

Desde la oposición de Sant Antoni acusan al alcalde de “priorizar” los intereses de los organizadores frente al “bienestar” de los vecinos ante la celebración del evento privado en Sa Pedrera y tan solo un día después de permitir a unos promotores locales celebrar la macrofiesta 'Eclipsi' en la playa urbana de s’Arenal con unos 5.000 asistentes

Respecto al evento de Can Coix, el Grupo Socialista ha cuestionado las condiciones de aforo y que pudiese prolongarse hasta la madrugada. El grupo socialista ha puesto el foco, sobre todo, en los 199 euros abonados por el organizador en concepto de tasa de actividad y en el despliegue necesario para montar la fiesta, que, según el partido, ha implicado el movimiento de camiones y vehículos pesados por la zona.

El grupo ha solicitado al Ayuntamiento que especifique las contraprestaciones obtenidas por la utilización del espacio municipal y el importe que costarán a las arcas públicas los servicios vinculados a la celebración. La reclamación se produce en una temporada en que asociaciones como Salvem Sa Badia –que luchan por la conservación medioambiental de la bahía de Portmany– han presentado varias quejas mediante registro de entrada por la celebración de festivales a cargo de promotores privados en la playa urbana de s’Arenal.

La entidad ecologista solicitó acceder a los expedientes administrativos tanto del festival Ibiza Feels Like –celebrado este miércoles durante el eclipse– como del que se celebró a principios de julio a cargo de Ibiza Global Radio, con la intención de revisar las autorizaciones concedidas y comprobar si cumplen con la normativa aplicable.

Por su parte, el grupo municipal del PP ha acusado al PSOE de “generar polémica” y “confundir” a los ciudadanos y ha defendido que la actividad se tramita conforme a la normativa. Los populares han destacado especialmente su carácter benéfico y han señalado que se trata de una actividad no permanente “inocua”, con un aforo inferior a 500 personas al aire libre. Además, han pedido al PSOE que deje de “criminalizar” una iniciativa que, según ha defendido, se ajusta a los procedimientos establecidos.

Són passades les set de la tarda d’un dimecres d’agost. Desenes, potser centenars, de motos i cotxes continuen arribant a Platges de Comte, un conjunt de petites cales obertes al sud-oest d’Eivissa, entre les preferides per meravellar-se amb les seves postes de sol. Però aquest capvespre és molt diferent dels anteriors: va acompanyat d’un fenomen astronòmic que no es produïa des de feia més de cent anys. Un eclipsi solar la totalitat del qual es podrà gaudir durant un minut passades dos quarts de nou del vespre.

I aquest indret de Sant Josep de sa Talaia és, precisament, un dels millors punts per observar com la Lluna acabarà tapant el Sol en un espectacle que, des de l’inici fins al final, durarà una hora i quart. En aquest punt de la tarda, milers de turistes ja s’amunteguen a cada racó de Platges de Comte: amb les tovalloles a la sorra, estirats a les gandules, asseguts a les terrasses dels restaurants, agafant lloc als penya segats o lliurats a la festa en algun dels centenars de vaixells i iots que voregen la costa, el doble dels que hi sol haver habitualment fondejats a la cala.

Molts d’ells canten i ballen quan l’eclipsi parcial encara no ha començat, amb els altaveus a tot volum, mentre sonen uns versos d’un dels grans hits de Bad Bunny: Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Nueva York. L’espectacle cromàtic —en paraules de Pedro Pérez, membre de l’Agrupació Astronòmica de l’illa— està a punt de començar.

Trajectes en VTC de fins a 200 euros

Alguns han arribat fins a l’enclavament natural —situat davant d’un illot característic, s’Illa des Bosc— amb vehicles de lloguer, però d’altres han optat per drivers privats o VTC: el trajecte en Uber, de Santa Eulària des Riu a Platges de Comte —a 35 quilòmetres, uns 45 minuts de carretera— costava 159 euros cap a les set de la tarda (a punt de començar l’eclipsi parcial), segons va informar el conductor consultat per elDiario.es. Un altre xofer de VTC explicava que pràcticament qualsevol desplaçament —mínimament llarg— se situava al voltant dels 200 euros.

Un driver que prefereix no identificar-se es posa les ulleres de protecció ocular per mirar directament el Sol: són tres quarts de vuit del vespre i la Lluna ja ha començat a cobrir-lo molt lentament. A través del plàstic negre fosc de les ulleres homologades se’n distingeix l’ombra, com una petita mossegada. Acaba de deixar uns clients en un dels quioscs de luxe que s’estenen sobre el terreny sorrenc que dibuixa el litoral.

A la van hi porta persones amb un alt poder adquisitiu. “No els acostumo a preguntar quant els costen les coses, però l’altre dia uns clients que tenien una reserva en una gran discoteca per a 40 persones es van gastar, em van dir, uns 70.000 euros”, explica. En general, trasllada persones amb un elevat poder adquisitiu i, en una jornada com aquesta, el perfil dels seus clients no és diferent.

Al negoci al qual ha acompanyat diversos turistes hi ha un esdeveniment privat —un treballador regula l’entrada de vehicles en un camí de terra que porta gairebé fins al lloc perquè no es col·lapsi— i els visitants tenen una reserva per a 120 persones. Botelles de cava i vi reposen sobre la taula mentre els comensals comencen a alçar la vista.

“Cada dia ens estem gastant això”

A poca distància, en una d’aquestes cales del conjunt de Comte, Yasmine i la seva parella s’estiren en un llit balinès al qual han arribat a les dotze del migdia. De moment, s’han gastat 600 euros entre consumicions i el gaudi del para-sol i el llit. “És car? — pregunten als periodistes—. Cada dia ens estem gastant això. Vivim a Suïssa”, puntualitzen. El preu no és superior al de qualsevol altre dia de l’estiu i, tot i que no han vingut expressament per veure l’eclipsi, s’alegren que els hagi coincidit amb les seves vacances a l’illa.

En una altra zona del mateix quiosc —a la cala contigua— uns clients seuen. Són passades les vuit i turistes i residents es preparen per veure allò que no es repetirà en cent anys. Alguns tenen fins i tot l’esperança de veure el famós raig verd de la novel·la de Jules Verne que també popularitzaria el director francès Éric Rohmer amb Le Rayon vert. No han necessitat reserva: “De fet, acabem d’arribar i ja hem trobat taula”. Esperen per demanar la comanda mentre la sorra s’omple cada vegada més.

Una parella de madrilenys que resideix a l’illa des de fa més de dues dècades explica que ha escollit aquesta cala únicament per veure l’eclipsi, tot i que no hi sol anar. “Som nudistes i acostumem a freqüentar Es Cavallet”, expliquen en referència a una de les platges del Parc Natural de ses Salines. També ho és el Racó d’en Xic, a pocs metres d’on es troben ara, tot i que lamenten que cada vegada estigui perdent més la seva essència nudista.

El capvespre arriba quan els cambrers d’un dels restaurants de la zona serveixen diversos plats als primers comensals: cloïsses al vapor; llamàntol amb ous ferrats i patates, i diverses paelles de peix i marisc. Uns instants després, sembla que el temps s’atura.

Centenars de persones comencen a treure els seus telèfons intel·ligents per immortalitzar el moment en què la Lluna se situa davant del Sol. Hi ha aplaudiments però, sobretot, emoció. Després d’uns minuts en què sembla que el fenomen es pot acabar desdibuixant a causa dels núvols —amb prou feines uns minuts abans havien tapat l’astre i havien reduït la visibilitat de l’eclipsi—.

Nits d’hotel per gairebé 6.000 euros

Ana, Marc i el fill de tots dos, també Marc, de set anys, han arribat de Barcelona per passar uns dies a Eivissa i Formentera. Ara contemplen com la Lluna avança lentament sobre el Sol fins a ocultar-lo completament, en un fenomen que no es tornarà a repetir durant molt de temps. S’allotgen en un hotel de categoria mitjana situat a la zona d’oci de Platja d’en Bossa, pel qual han pagat 1.110 euros per quatre nits. Un preu poc elevat en comparació amb el que ofereixen altres allotjaments de gamma més alta per a aquest període.

A la zona sud-oest (una de les millors per observar el fenomen astronòmic), al municipi de Sant Antoni, la nit mitjana en un d’aquests complexos ha arribat als 750 euros per a dues persones. L’allotjament va organitzar, coincidint amb l’eclipsi, una excursió gratuïta amb quaranta clients a càrrec del departament de Guest Experience. Un dels treballadors els acompanyarà, no sense temor per la massificació que hi pugui haver a Cala Gració, on es troba l’hotel i el punt oficial d’observació, fins a una zona rocosa.

Un altre dels indrets més sucosos per a l’esdeveniment d’aquest dimecres eren els voltants d’es Vedrà. A Cala Carbó —menys coneguda que la famosa Cala d’Hort, que té l’illot just davant, però amb vistes igual d’espectaculars—, un altre allotjament de cinc estrelles havia organitzat igualment una excursió privada amb cost zero —per a hostes i no hostes de l’hotel— per a la qual varen repartir ulleres i petites ampolles de Moët & Chandon. Per a la nit varen planificar un menú degustació a la terrassa des de la qual es veu es Vedrà, envoltat per un cert misticisme espiritual, encara que sense base científica.

En altres allotjaments de luxe de la costa nord de l’illa, el preu és encara superior. En un dels hotels de cinc estrelles situats entre Cala Xarraca i Portinatx, dues nits per a dues persones rondaven els 2.600 euros, triant l’opció d’habitació més barata. En el cas de les suites amb millors vistes, l’allotjament s’encareix fins a gairebé els 6.000 euros per parella. Al far de Punta Moscarter, a la mateixa zona turística, l’Associació d’Astrònoms d’Eivissa havia preparat l’equipament per mirar cap al cel.

Un cop acabat el fenomen, es palpa el furor d’un eclipsi que no ha deixat indiferent: l’any que ve n’hi haurà un altre —el segon del batejat entre els astrònoms com a Trío Ibèric—. Però Balears no serà un dels millors punts d’observació. Els centenars de cotxes que han anat arribant a Cala Comte a comptagotes —tenint en compte les hores en què podria ser més difícil accedir-hi— se’n van ara tots alhora. Turistes i residents encara amb l’aureola brillant que ha deixat el ball del Sol amb la Lluna enregistrada a la retina. Les carreteres col·lapsen: el temps a fer el trajecte des de les cales fins a la ciutat d’Eivissa —poc menys de 25 quilòmetres—, que normalment és de mitja hora, es duplica.

Malgrat tot, segons informacions del Govern balear, l’atenció d’urgències en centres de salut i hospitals tant de les Pitiüses com de Balears en general va registrar aquest dimecres una disminució respecte del dia anterior. A l’hospital eivissenc de Can Misses, es va passar de 261 a 171 i al de Formentera de 150 a 118. A tota l’àrea de Salut pitiüsa, es van reduir les urgències de 569 a 369.

D’altra banda, el dispositiu especial Eclipbal desplegat a Balears amb motiu de l’eclipsi, que va mobilitzar més de 2.100 efectius, es va saldar, segons el balanç del Govern, amb 46 incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. El director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz, ha destacat el comportament de la ciutadania durant la jornada i ha considerat que “l’èxit és de la societat balear en el seu conjunt”, després que l’operatiu es desenvolupés sense incidències d’especial rellevància.

El Centre de Coordinació d’Emergències 112 va rebre durant la jornada un total de 2.340 telefonades i va gestionar els 46 incidents vinculats al pla especial entre les 00.00 hores del 12 d’agost i la mateixa hora del dia següent. Gárriz ha agraït l’actuació tant dels professionals que van participar directament en el dispositiu com dels qui hi van col·laborar de manera indirecta, i ha assenyalat que la població “ha estat a l’altura de la situació”.

Son pasadas las siete de la tarde de un miércoles de agosto. Decenas, tal vez centenares, de motos y coches continúan llegando a Platges de Comte, un conjunto de pequeñas calas abiertas en el suroeste de Eivissa, entre las favoritas para maravillarse ante sus puestas de sol. Pero este atardecer es muy distinto a los anteriores: va aparejado de un fenómeno astronómico que no ocurría desde hacía más de cien años. Un eclipse solar cuya totalidad se podrá disfrutar durante un minuto pasadas las ocho y media de la tarde.

Y este enclave de Sant Josep de sa Talaia es, precisamente, uno de los mejores puntos para observar cómo la Luna terminará por tapar el Sol en un espectáculo que desde su inicio hasta su final durará una hora y cuarto. A estas alturas de la tarde, miles de turistas ya están agolpados en cada rincón de Platges de Comte: con las toallas en la arena, tumbados en las hamacas, sentados en las terrazas de los restaurantes, cogiendo sitio en los acantilados o entregados a la fiesta en alguno de los centenares de barcos y yates que hay bordeando la costa, el doble de los que suele haber fondeando habitualmente en la cala.

Muchos de ellos cantan y bailan cuando el eclipse parcial todavía no ha empezado con los altavoces a todo volumen mientras suenan unos versos de uno de los mayores hits de Bad Bunny: Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Nueva York. El espectáculo cromático -en palabras de Pedro Pérez, miembro de la Agrupación Astronómica de la isla- está a punto de dar comienzo.

Trayectos en VTC por hasta 200 euros

Algunos han llegado hasta el enclave natural -situado frente de un característico islote, s’illa des Bosc– con vehículos de alquiler pero otros han optado por drivers privados o VTC: el trayecto en Uber, de Santa Eulària des Riu a Platges de Comte –a 35 kilómetros, unos 45 minutos de carretera– costaba 159 euros alrededor de las siete de la tarde (a punto de empezar el eclipse parcial), como informó el conductor al ser consultado por elDiario.es. Otro chófer de VTC explicaba que prácticamente cualquier desplazamiento -medianamente lejano- se situaba en torno a los 200.

Un driver que prefiere no identificarse se pone las gafas de protección ocular para mirar directamente al Sol: son las ocho menos cuarto de la tarde y la Luna ya ha empezado a cubrirlo muy lentamente. A través del plástico negro oscuro de los lentes homologados se distingue su sombra, como una pequeña mordedura. Acaba de dejar a unos clientes en uno de los chiringuitos de lujo que se disponen sobre el terreno arenisco que dibuja el litoral.

En la van lleva a personas de alto poder adquisitivo. “No les suelo preguntar cuánto les cuestan las cosas, pero el otro día unos clientes que tenían una reserva en una gran discoteca para 40 personas se gastaron, me dijeron, unos 70.000 euros”, explica. Por lo general, traslada a personas con un elevado poder adquisitivo y, en una jornada como esta, el perfil de sus clientes no es diferente.

En el negocio al que ha acompañado a varios turistas hay un evento privado -un trabajador regula la entrada de vehículos en un camino de tierra que lleva casi hasta el sitio para que no se colapse- y los visitantes tienen una reserva para 120 personas. Botellas de cava y vino descansan sobre la mesa mientras los comensales empiezan a alzar la vista.

“Cada día nos estamos gastando eso”

A poca distancia, en una de estas calas del conjunto de Comte, Yasmine y su pareja se tumban en una balinesa a la que han llegado a las doce del mediodía. De momento, se han gastado 600 euros entre consumiciones y disfrute de sombrilla y cama. “¿Es caro? -preguntan a los periodistas-. Cada día nos estamos gastando eso. Vivimos en Suiza”, puntualizan. El precio no es superior a cualquier otro día del verano y, aunque no han venido a propósito para ver el eclipse, se alegran de que les haya coincidido con sus vacaciones en la isla.

En otra zona del mismo chiringuito -en la cala contigua- unos clientes se sientan. Son pasadas las ocho y turistas y residentes se preparan para ver lo que no se repetirá en cien años. Algunos tienen incluso la esperanza de ver el famoso rayo verde de la novela de Julio Verne que también popularizaría el director francés Éric Rohmer con Le rayon vert. No han necesitado reserva: “De hecho, acabamos de llegar y ya hemos encontrado mesa”. Esperan para pedir la comanda mientras la arena se abarrota cada vez más.

Una pareja de madrileños que reside en la isla desde hace más de dos décadas explica que ha escogido esta cala únicamente para ver el eclipse, pese a que no suele visitarla. “Somos nudistas y solemos frecuentar Es Cavallet”, cuentan en referencia a una de las playas del Parque Natural de ses Salines. También lo es Racó d’en Xic, a pocos metros de donde se encuentran ahora, aunque lamentan que cada vez esté perdiendo más su esencia nudista.

El ocaso está llegando cuando los camareros de uno de los restaurantes de la zona sirven varios platos a los primeros comensales: almejas al vapor; bogavante con huevos fritos y patatas y varias paellas de pescado y marisco. Unos instantes después, parece que se detiene el tiempo.

Centenares de personas empiezan a sacar sus smartphones para inmortalizar el momento en que la Luna se posa frente al Sol. Hay aplausos pero, sobre todo, emoción. Tras unos minutos en los que parece que el fenómeno se puede acabar desdibujando a causa de las nubes: apenas unos minutos antes, tapaban el astro y quitaban visibilidad al eclipse.

Noches de hotel por casi 6.000 euros

Ana, Marc y el hijo de ambos, también Marc, de siete años, han llegado de Barcelona a pasar unos días en Eivissa y Formentera. Ahora contemplan cómo la Luna avanza lentamente sobre el Sol hasta ocultarlo por completo, en un fenómeno que no volverá a repetirse en mucho tiempo. Se alojan en un hotel de categoría media situado en la zona de ocio de Platja d’en Bossa, por el que han pagado 1.110 euros por cuatro noches. Un precio poco elevado en comparación con el que ofrecen otros alojamientos de gama más alta para este periodo.

En el área suroeste (uno de las mejores para observar el fenómeno astronómico), en el municipio de Sant Antoni, la noche media en uno de estos complejos ha alcanzado los 750 euros para dos personas. El hospedaje organizó, coincidiendo con el eclipse, una excursión gratuita con cuarenta clientes a cargo del departamento de Guest Experience. Uno de los trabajadores les acompañará, no sin temor por la masificación que pueda haber en Cala Gració, donde se ubica el hotel y punto oficial de observación, hasta una zona rocosa.

Otro de los lugares más jugosos para el acontecimiento de este miércoles eran las inmediaciones de es Vedrà. En Cala Carbó -menos conocida que la famosa Cala d’Hort, que tiene el islote justo enfrente, pero con vistas igual de espectaculares-, otro alojamiento cinco estrellas había organizado igualmente una excursión privada con coste cero -para huéspedes y no huéspedes del hotel- para la que repartieron gafas y botellas pequeñas de Moët & Chandon. Para la noche planificaron un menú degustación en la terraza desde la que se ve es Vedrà, envuelto por cierto misticismo espiritual, aunque sin base científica.

En otros alojamientos de lujo de la costa norte de la isla, el precio es aún superior. En uno de los hoteles de cinco estrellas ubicados entre Cala Xarraca y Portinatx dos noches para dos personas rondaban los 2.600 euros, eligiendo la opción de habitación más barata. En el caso de las suites con mejores vistas, el alojamiento se encarece hasta casi los 6.000 euros por pareja. En el faro de Punta Moscarter, misma zona turística, la Associació d'Astrònoms d'Eivissa, había preparado el equipamiento para echar la vista al cielo.

Terminado el fenómeno, se palpa el furor de un eclipse que no ha dejado indiferente: el próximo año habrá otro -el segundo del bautizado entre los astrónomos como Trío Ibérico-. Pero Balears no será uno de los mejores puntos de observación. Los centenares de coches que han ido llegando a Cala Comte a cuentagotas -teniendo en cuenta las horas en las que podría ser más difícil acceder- se marchan ahora todos a la vez. Turistas y residentes aún con la aureola brillante que ha dejado el baile del Sol con la Luna registrada en la retina. Las carreteras se colapsan: el tiempo en hacer el trayecto desde las calas a la ciudad de Eivissa -poco menos de 25 kilómetros- de normalmente media hora, se duplica.

A pesar de todo, según informaciones del Govern balear, la atención de urgencias en centros de salud y hospitales tanto de las Pitiüses como de Balears en general, registraron este miércoles una disminución respecto al día anterior. En el hospital ibicenco de Can Misses, se pasó de 261 a 171 y en el de Formentera de 150 a 118. En todo el área de Salud pitiusa, se bajaron las urgencias de 569 a 369.

Por otro lado, el dispositivo especial Eclipbal desplegado en Balears con motivo del eclipse, que movilizó a más de 2.100 efectivos, se saldó, según el balance del Govern, con 46 incidentes relacionados con el fenómeno astronómico. El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha destacado el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada y ha considerado que “el éxito es de la sociedad balear en su conjunto”, después de que el operativo se desarrollara sin incidencias de especial relevancia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió durante la jornada un total de 2.340 llamadas y gestionó los 46 incidentes vinculados al plan especial entre las 00.00 horas del 12 de agosto y la misma hora del día siguiente. Gárriz ha agradecido la actuación tanto de los profesionales que participaron directamente en el dispositivo como de quienes colaboraron de forma indirecta, y ha señalado que la población “ha estado a la altura de la situación”.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

Amigos de la Tierra La Rioja valora positivamente la actuación del Ayuntamiento de Calahorra tras la denuncia presentada el pasado mes de mayo por los movimientos de tierras y vertidos de tierras realizados en la yasa de Bardaje, en el polígono 17, parcela 134 del término municipal de Calahorra.

Según ha revelado la organiazción ecologista, la resolución municipal confirma la existencia de movimientos de tierras ejecutados sin la preceptiva licencia urbanística y acuerda requerir a la empresa responsable para que solicite los permisos necesarios y legalice las actuaciones realizadas, además de incoar el correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística. Asimismo, advierte de que, en caso de incumplir dicho requerimiento, podrán imponerse multas coercitivas de hasta 2.000 euros, sin perjuicio de las demás actuaciones que procedan. También da traslado de la resolución a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Demarcación de Carreteras del Estado para que actúen en el ámbito de sus competencias.

Sin embargo, según Amigos de la Tierra, el viernes pasado se seguían produciendo el relleno de la presente yasa con las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente, las personas y las infraestructuras. “No es una actividad que pueda legalizar, dado que los cauces torrenciales no se pueden rellenar con tierras”, subrayan que así lo transmitiran a la CHE y al Ayuntamiento de Calahorra.

La denuncia presentada por Amigos de la Tierra La Rioja advertía de que los vertidos de tierras estaban afectando a una yasa o cauce torrencial, eliminando parte de la vegetación de ribera, especialmente tamarices, y modificando la sección del cauce. Estas actuaciones reducen su capacidad para evacuar las aguas de escorrentía y pueden aumentar el riesgo de erosión e inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

La inspección municipal constató que los movimientos de tierras afectan a una superficie aproximada de 10.158 metros cuadrados y que la parcela se encuentra sometida a distintas figuras de protección territorial y ambiental, siendo además necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para este tipo de actuaciones.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideran que la apertura de un expediente sancionador es un paso importante, pero creemos que no puede ser el punto final de este procedimiento. “Una sanción económica, por sí sola, no repara el daño causado sobre un espacio natural ni garantiza que no vuelva a producirse”.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Calahorra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro que actúen con la “máxima firmeza” para asegurar que la empresa responsable restaure íntegramente la zona afectada. “Es imprescindible recuperar la morfología natural de la yasa, restaurar la vegetación eliminada y devolver este espacio a unas condiciones lo más próximas posible a su estado original”.

Las yasas son elementos fundamentales del paisaje riojano y cumplen una función esencial en la regulación natural de las aguas, la conservación de la biodiversidad y la prevención de inundaciones. Su degradación supone una pérdida ambiental que trasciende el ámbito local y afecta al conjunto del territorio.

El pavoroso incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) entra por fin en una fase de estabilización tras calcinar unas 32.000 hectáreas. Es ya el quinto mayor incendio del siglo XXI en España.

En lo que va de año ya han ardido 100.000 hectáreas en todo el país y se han registrado 22 grandes incendios, una cifra que multiplica por cuatro los datos del año pasado e iguala en apenas unos meses el total anual registrado en la década anterior.

Imágenes captadas por el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europa –dentro del programa Copernicus de observación de la Tierra– muestran la dimensión de la catástrofe en la Sierra Norte de Guadalajara: una herida negra sobre la masa boscosa, las zonas de labor y los pastos ganaderos.

Durante los peores días de la emergencia, el avance de las llamas forzó el desalojo progresivo de 34 localidades mediante un operativo de protección que evitó que cinco o seis pueblos fueran literalmente arrasados.

El posible retorno a la propia localidad de La Mierla se encuentra actualmente en valoración, aunque se mantiene la máxima cautela ante la previsión de fuertes vientos.

Gracias a la evolución favorable y optimista de los trabajos de extinción, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy el regreso a sus casas de los vecinos de cinco municipios evacuados: Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Rebollosa del Jadraque y Angón.

El incendio de La Mierla ha arrasado más de 26.000 hectáreas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según las primeras estimaciones. Se convertiría, a falta del perimetraje final, en el fuego que más terreno protegido ha quemado en España durante el último cuarto de siglo.

Desde el año 2000, más de 661.000 hectáreas en espacios protegidos han ardido en España, según una estimación realizada por elDiario.es. Esto equivale a algo más del 8% de toda la superficie protegida del país. En el siguiente mapa puedes ver todos los fuegos que se han producido en España este siglo —que hayan quemado más de 30 hectáreas— y cuáles han afectado a terrenos y ecosistemas protegidos por su especial interés ecológico, singularidad o por su diversidad biológica, entre otros.

Para conocer la superficie protegida afectada, en elDiario.es hemos cruzado el área total de los espacios protegidos —que incluye espacios Red Natura, paisajes protegidos además de parques naturales, nacionales, paisajes, reservas y monumentos naturales— que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el perimetraje de los incendios forestales que realiza el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) a partir del análisis de imágenes satelitales.

El año 2025 fue, con diferencia, en el que más superficie protegida ardió en España: más de 100.000 hectáreas que afectaron a entornos naturales como la Sierra de Gredos, los Picos de Europa o el Lago de Sanabria. También fue un año récord en superficie arrasada por incendios. Y 2026 ya va por el mismo camino. El 38% de la superficie que se ha quemado este año ha sido en espacios protegidos y, aunque no se quemase ni una hectárea más, a 21 de julio, este sería ya el cuarto año con más superficie protegida quemada, solo por detrás de 2004, 2022 y 2025.

“En los últimos años estamos batiendo récords de todo en incendios: de superficie, de grandes incendios, de altura, de personas evacuadas…”, enumera Cristina Santín, jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del CSIC. “España tiene, en su mayoría, un clima mediterráneo que, por sus características, es proclive a incendios: suficiente precipitación para que la vegetación crezca y sequía estival que hace que esa vegetación esté más seca y, por lo tanto, más susceptible a quemarse. Es decir, es normal que haya incendios en las zonas naturales, esto incluye las áreas protegidas. El problema es que en los últimos años se sale todo de la normalidad, con incendios más grandes, severos y peligrosos, tanto para personas como para los ecosistemas”.

Esta casuística se ve avivada por unas condiciones meteorológicas, provocadas por el cambio climático, más propicias a que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende, como temperaturas elevadas y olas de calor que se encadenan.

Si miramos los 12 incendios más destructivos para espacios protegidos del siglo XXI, siete se han producido en los últimos cinco años. A la cabeza se sitúa el incendio de La Mierla (Guadalajara), que comenzó el 16 de julio y, según el perimetraje provisional de EFFIS, a 21 de julio ya ha quemado 26.588 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y algunas en los Cerros Volcánicos de La Miñosa. A las especies de flora protegida de estas zonas, se añaden 260 clases de animales que las habitan, la mayoría de ellas, especies protegidas.

El 75% de la superficie quemada en áreas protegidas está vinculada a incendios como el de La Mierla: grandes fuegos de alta intensidad y dimensiones —más de 500 hectáreas—. Federico Grillo, jefe de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, ya avisó del fenómeno de los megaincendios durante los fuegos de esa zona en 2019. “Está sucediendo en otros lados: incendios que no se han visto nunca, con unas longitudes de llamas y una velocidad de propagación que parecen más tormentas de fuego que un incendio convencional y cada vez nos cuesta más”.

“Es particularmente dramático que se queme un espacio protegido. Si hemos decidido que está protegido es porque tiene una serie de valores ecológicos y de biodiversidad. Que se queme implica que se destruyen estos valores. Al final son daños a la biodiversidad protegida, tanto de animales como de plantas. Si se quema el hábitat de una especie, las plantas no pueden escapar. Los animales sí, pero se acaba su hábitat, y, aunque se puede ir a un prao o a una carretera, sus probabilidades de supervivencia y las de su especie se reducen mucho”, apunta el doctor en Biología, Alfredo Fernández Ojanguren.

Hasta el incendio de La Mierla, el fuego que más superficie protegida había arrasado era el de Manzaneda (Ourense), uno de los que arrasó el noroeste peninsular en 2025. Además, el año pasado, los incendios batieron récords de altitud: nunca se había quemado tanto terreno en cotas tan altas.

Se quemaron más de 23.000 hectáreas en el Macizo Central Ourensano (la parte más alta del Macizo Galaico) que es además el terreno protegido más afectado por los incendios. En los últimos 20 años se ha quemado el 155% de su superficie acumulada, es decir, es como si se hubiese quemado entero una vez y media.

En el siguiente gráfico puedes ver la relación entre el número de incendios y el porcentaje de superficie acumulada que se ha quemado en cada espacio protegido en España. ¿Cuáles destacan?

Principalmente, las zonas protegidas del noroeste y las islas Canarias. Como se ve en el mapa que abre esta información, una gran parte de los incendios en España se concentran en el noroeste peninsular, donde se sitúan espacios protegidos como el lago de Sanabria, Ancares-Courel o el propio Macizo. El año pasado vivieron un verano particularmente catastrófico, pero son zonas que suelen quemarse porque cuentan con mucho matorral —la vegetación que más arde— y tienen además una orografía que complica la extinción de los incendios.

“Es una zona poco poblada, con muy poca red de infraestructuras, pocas pistas y mucho terreno forestal”, comenta Félix Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia. Ocurre lo mismo en la Montaña Oriental de Cantabria, es una de las afectadas por el incendio de Soba, que es el tercero que más superficie protegida ha quemado este año. También es, junto al Macizo Central, la otra superficie de más de 20.000 hectáreas que ha visto arder más del 100% de su superficie en los últimos 20 años.

Las pendientes, los barrancos, la altitud o la escasez de pistas forestales también han complicado la extinción de los incendios en este espacio protegido. Pero los expertos consultados coinciden en que no es una característica inherente a todo el terreno protegido en España. “No es genérico a todos los espacios protegidos, las Fragas do Eume (A Coruña) por ejemplo, también es una zona muy escarpada, pero está cerca un núcleo de población importante y tienen unas infraestructuras mejores aunque sea un espacio protegido”, explica Félix Pérez.

Cristina Sanchis advierte de que un incendio en un área protegida suele generar más alarma, pero no implica que haya que intervenir directamente en su recuperación: “Algunos espacios tienen sus estrategias para adaptarse a esa perturbación natural que es un incendio. Hay que darles una oportunidad para ver si se regeneran y si no, ayudarlos”, apunta. La vegetación de las Islas Canarias, por ejemplo, es muy diferente a la del resto de España y el pino canario es famoso por su resistencia a los incendios y lo rápido que rebrota.

Es también uno de los territorios que cuenta con un espacio protegido particularmente afectado por los incendios. La Corona Forestal de Tenerife es el cuarto espacio con más hectáreas quemadas este siglo: más de 29.000. Solo por detrás del Macizo Central, la Sierra Norte de Guadalajara y la zona del Lago de Sanabria.

Una particularidad de esta zona es que, cuando se ha quemado, lo ha hecho además a lo grande. Ha tenido siete incendios en el último siglo, pero ha afectado al 72% de su superficie, teniendo en cuenta que se trata de un espacio de 41.000 hectáreas, el mayor de Canarias, es una proporción bastante elevada. Sobre todo si comparamos el número de incendios de las otras zonas más perjudicadas: 171 en el Macizo Central; 81 en el Lago de Sanabria o 78 en Ancares-Courel.

Estos datos también muestran una concentración del número de incendios en espacios protegidos que se queman muchas veces. Entonces, ¿podrían evitarse? La respuesta es complicada: “El fuego está aquí desde hace 400 millones de años y va a seguir estando. Los que tenemos que adaptarnos somos nosotros a él y tenemos tanto conocimiento como tecnología”, apunta Cristina Santín. “Pero en las zonas naturales es más difícil. Si desbrozas un bosque o quitas los matorrales se va a quemar menos, sí, pero la idea es que tenemos que encontrar un equilibrio entre reducir el riesgo de incendios peligrosos sin reducir el valor natural de estas áreas protegidas”, concluye.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

Pastonatur se trata de una nueva iniciativa que une a 12 entidades de España, Francia y Portugal para transformar la percepción y la gestión de la ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos. Con una duración prevista de cuatro años, el proyecto busca equilibrar la conservación ambiental con la rentabilidad económica de las explotaciones.

Frente a la creencia común de que la declaración de un espacio protegido supone una restricción para la actividad humana, Pastonatur propone un modelo de conservación dinámica. Este enfoque utiliza la ganadería regenerativa como un motor para mejorar la salud de los suelos y fomentar la biodiversidad en ecosistemas tradicionales como la dehesa.

Desde la Universidad de Extremadura, investigadores del Centro Universitario de Plasencia y el Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) aportan su amplia experiencia en la gestión de sistemas agroforestales. Especializado en el entorno de la dehesa extremeña, el grupo de trabajo también coordina la temática de biodiversidad de todo el proyecto y lidera las acciones de mitigación del cambio climático en España.

Tal y como explica Lourdes López Díaz, investigadora del Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal: «Existe una desconfianza histórica del ganadero hacia los espacios protegidos, pero queremos demostrar que una ganadería extensiva bien gestionada no es una amenaza, sino el principal aliado de estos ecosistemas. En el caso de la dehesa, el pastoreo es lo que mantiene el equilibrio del bosque mediterráneo; sin él, perderíamos no solo biodiversidad, sino también un sistema socioeconómico fundamental para nuestra región».

Acciones piloto y transferencia al mercado

El proyecto se encuentra actualmente definiendo las metodologías para medir los efectos del pastoreo regenerativo en 16 explotaciones seleccionadas en los tres países. En Extremadura, las pruebas se realizarán en dos dehesas ubicadas en zonas de especial protección para las aves: la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, y la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas.

Además, el proyecto no se limita al planteamiento teórico, sino que aborda toda la cadena de valor mediante cuatro actividades piloto. En primer lugar, se evaluarán los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico del pastoreo extensivo. De esta manera se comparará los beneficios ambientales y económicos del pastoreo regenerativo frente a métodos convencionales.

Como segunda propuesta, se creará un estándar común de certificación que contempla instaurar un sello de calidad para que el consumidor identifique los productos (carne y leche) procedentes de estas prácticas.

Además, como punto clave se contempla la gestión comercial y distribución de los productos. Por eso, la tercera actividad busca optimizar los canales de venta, favoreciendo la distribución en “canales cortos” de venta como hospitales, colegios y tiendas locales.

Por último, se intentará incentivar la presencia y conocimiento del producto en el sector gastronómico mediante la colaboración con 30 restaurantes. El objetivo es que el consumidor comprenda el valor ambiental de lo que está degustando y esté dispuesto a pagar un precio justo que repercuta en el ganadero.

Como señala la investigadora Lourdes López, el objetivo final es que la conservación sea vista como una oportunidad económica: «Una explotación bajo el modelo de conservación dinámica mejora la calidad de su suelo y su producción a largo plazo, resultando más resiliente y competitiva que los modelos intensivos».

Pastonatur está coordinado por la Fundación Andanatura y cuenta con socios de primer nivel como la Junta de Andalucía, la Universidad de Évora y la Cámara de Agricultura de Ariège, entre otros. En Extremadura, apoyan el proyecto entidades representativas del sector, como la Junta de Extremadura y diversas asociaciones ganaderas.