El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

Pastonatur se trata de una nueva iniciativa que une a 12 entidades de España, Francia y Portugal para transformar la percepción y la gestión de la ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos. Con una duración prevista de cuatro años, el proyecto busca equilibrar la conservación ambiental con la rentabilidad económica de las explotaciones.

Frente a la creencia común de que la declaración de un espacio protegido supone una restricción para la actividad humana, Pastonatur propone un modelo de conservación dinámica. Este enfoque utiliza la ganadería regenerativa como un motor para mejorar la salud de los suelos y fomentar la biodiversidad en ecosistemas tradicionales como la dehesa.

Desde la Universidad de Extremadura, investigadores del Centro Universitario de Plasencia y el Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) aportan su amplia experiencia en la gestión de sistemas agroforestales. Especializado en el entorno de la dehesa extremeña, el grupo de trabajo también coordina la temática de biodiversidad de todo el proyecto y lidera las acciones de mitigación del cambio climático en España.

Tal y como explica Lourdes López Díaz, investigadora del Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal: «Existe una desconfianza histórica del ganadero hacia los espacios protegidos, pero queremos demostrar que una ganadería extensiva bien gestionada no es una amenaza, sino el principal aliado de estos ecosistemas. En el caso de la dehesa, el pastoreo es lo que mantiene el equilibrio del bosque mediterráneo; sin él, perderíamos no solo biodiversidad, sino también un sistema socioeconómico fundamental para nuestra región».

Acciones piloto y transferencia al mercado

El proyecto se encuentra actualmente definiendo las metodologías para medir los efectos del pastoreo regenerativo en 16 explotaciones seleccionadas en los tres países. En Extremadura, las pruebas se realizarán en dos dehesas ubicadas en zonas de especial protección para las aves: la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, y la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas.

Además, el proyecto no se limita al planteamiento teórico, sino que aborda toda la cadena de valor mediante cuatro actividades piloto. En primer lugar, se evaluarán los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico del pastoreo extensivo. De esta manera se comparará los beneficios ambientales y económicos del pastoreo regenerativo frente a métodos convencionales.

Como segunda propuesta, se creará un estándar común de certificación que contempla instaurar un sello de calidad para que el consumidor identifique los productos (carne y leche) procedentes de estas prácticas.

Además, como punto clave se contempla la gestión comercial y distribución de los productos. Por eso, la tercera actividad busca optimizar los canales de venta, favoreciendo la distribución en “canales cortos” de venta como hospitales, colegios y tiendas locales.

Por último, se intentará incentivar la presencia y conocimiento del producto en el sector gastronómico mediante la colaboración con 30 restaurantes. El objetivo es que el consumidor comprenda el valor ambiental de lo que está degustando y esté dispuesto a pagar un precio justo que repercuta en el ganadero.

Como señala la investigadora Lourdes López, el objetivo final es que la conservación sea vista como una oportunidad económica: «Una explotación bajo el modelo de conservación dinámica mejora la calidad de su suelo y su producción a largo plazo, resultando más resiliente y competitiva que los modelos intensivos».

Pastonatur está coordinado por la Fundación Andanatura y cuenta con socios de primer nivel como la Junta de Andalucía, la Universidad de Évora y la Cámara de Agricultura de Ariège, entre otros. En Extremadura, apoyan el proyecto entidades representativas del sector, como la Junta de Extremadura y diversas asociaciones ganaderas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha procedido a regular el modelo de gobernanza de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, uno de los sistemas de humedales continentales más singulares de la Península Ibérica. Abarca un territorio “profundamente condicionado por el agua”, tanto superficial como subterránea, y por “una larga historia de interacción entre naturaleza y usos humanos”.

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la constitución de su Órgano de Participación, y la aprobación de su reglamento de funcionamiento. El objetivo que los agentes del territorio, colectivos y ayuntamientos, junto a las comunidades científica y ciudadana, puedan hacer llegar sus propuestas y demandas en los procesos de planificación e implementación de los programas y proyectos de la Reserva.

La consejera ha señalado que ya desde el primer momento, cuando se aprobó el Decreto 270/2023, de 31 de octubre, la Administración regional se fijó como objetivo que el Órgano de Participación fuera un espacio de encuentro y diálogo, “un cauce para escuchar, proponer y consensuar, y un instrumento para fortalecer una gestión verdaderamente compartida”.

La consejera se ha mostrado muy satisfecha de poder contar “con una herramienta que nos va a permitir acceder a las propuestas y necesidades reales del territorio, lo que reforzará la legitimidad social de las decisiones que se adopten”.

La consejera ha indicado que, gracias a la gobernanza de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, el Gobierno da un nuevo impulso a la conservación y puesta en valor de este territorio “tan importante para la región y para el conjunto de la avifauna migratoria”. En total, abarca a 56 municipios, 70 lagunas, 33 cauces fluviales, y un total de 418.087 hectáreas distribuidas por las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo.

Además, en esta Reserva de la Biosfera hay figuras de protección integradas tan destacadas como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, junto con Reservas Naturales, Microrreservas, espacios Red Natura 2000 o humedales RAMSAR.

Otras tres reservas

Mercedes Gómez también ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta con tres Reservas de la Biosfera, la Mancha Húmeda, una de las más antiguas de España declarada en 1980-1981; la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, compartida con la Comunitat Valenciana, y la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, también de carácter interautonómico.

“En total suman 751.000 hectáreas, lo que significa que Castilla-La Mancha cuenta con un notable patrimonio integrado en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, que son reflejo de nuestra diversidad ecológica, paisajística y cultural”, ha dicho.

“Somos conscientes de la importancia de visibilizar estos espacios reconocidos mundialmente, por eso hemos destinado 2,6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para poner en marcha medidas transformadoras para la sostenibilidad de los territorios que están bajo su influencia”, ha explicado, señalando que desde el Gobierno regional se está “trabajando con la población para contribuir a un modelo de gestión integrada y sostenible del patrimonio y sus recursos naturales”.

Adiós al 'Algarrobico' manchego, salvando las diferencias. El Gran Hotel Prior, o lo que queda de él, en pleno parque natural de las lagunas de Ruidera, a caballo entre Albacete y Ciudad Real, está siendo demolido estos días, en una actuación que se ha encomendado a la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec.

Las ruinas de este inmueble forman parte de esa Castilla-La Mancha fea que retrata un grupo de especialistas coordinados por el arquitecto José Rivero, en el libro del mismo título (Almud, 2025). Una vieja mole que “data probablemente de los años 60 del siglo XX y que nunca llegó a abrirse. La obra se abandonó a mitad de proceso, quedando la ruina durante décadas”, según detalla el director del parque natural, Ignacio Mosquera.

En todo ese tiempo se llegó a un acuerdo con los actuales propietarios para la actuación en el lugar que, por cierto, “forma parte de una urbanización privada” y que se ubica en el término municipal de Ossa de Montiel (Albacete).

Esta urbanización privada que lleva el nombre de 'Lagunas de Ruidera' se encuentra en un lugar elevado, junto a esas ruinas, en un lugar privilegiado para contemplar este espacio natural, que se extiende en los municipios de Ossa de Montiel (Albacete), Ruidera, Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa (Ciudad Real), con cerca de 4.000 hectáreas.

El proyecto se inició a finales de los años 60, como ejemplo de 'desarrollismo' de la época. Se concibió como un hotel de lujo junto a una urbanización de chalets. Las lagunas de Ruidera fueron declaradas parque natural en el año 1979 y el proyecto de hotel se paró. De hecho, para proceder a la demolición ha sido necesario, dice el director del parque, “llegar a un acuerdo con los herederos de la propiedad para eliminar la ruina. Había que hacerlo, era un peligro para la gente que accede al lugar. Cualquier día podía haber un accidente. Al margen su impacto ambiental y paisajístico era importante porque se ve desde casi todo el parque”.

La demolición de las ruinas de hormigón del hotel se están llevando a cabo después de los trabajos previos necesarios a lo largo del último mes. En concreto, señala Mosquera, “tienen que ver con la retirada de amianto, un trabajo delicado que requiere especialistas para la retirada de los restos a vertederos especializados”.

El lunes las máquinas llegaron al lugar para iniciar la demolición tras un proceso que, según reconoce el director, ha sido “largo” y debería haberse culminado el pasado año. Una vez derribado el inmueble, llegará el proceso de triturado de escombros que “serán aprovechados para mejorar el acceso a la explanada en la que se encuentra el edificio. Se quedará asfaltado todo el acceso”. Esperan haber terminado antes del verano.

La financiación se adscribe al fondo europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de las actuaciones que subvencionan “medidas para la recuperación de humedales”. El presupuesto para derribarlo, adecentar la zona y también los accesos y además construir un mirador, asciende a 1.023.838,27 euros, repartidos en las anualidades 2025 y 2026. Un proyecto que deberá ejecutarse antes del 30 de junio de este año, según el documento de encomienda de la Consejería de Desarrollo Sostenible a Tragsa.

“Queremos habilitar un mirador en el lugar, también como lugar de observación de estrellas”, explica Ignacio Mosquera quien advierte que al estar ubicado en terrenos de una urbanización privada, el acceso se va a limitar. “No habrá libre acceso, gestionaremos cómo se accede al lugar para no molestar”.

Lo curioso es que sigue activa la página web de un hotel con el mismo nombre, en el mismo emplazamiento (las lagunas de Ruidera) y que se publicita como el “lugar de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme”, parafraseando a la obra más conocida de Cervantes. La web data de 2014 y en ella hay imágenes de las habitaciones, el entorno y hasta teléfonos - inactivos o que pertenecen a otras personas, según ha podido confirmar este medio- e incluso correos y fotografías de sus responsables, por áreas de gestión.

El fantasmagórico esqueleto del edificio desaparecerá, pero no será el único cambio en el espacio natural. En paralelo, se ha iniciado el proceso para renovar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, actualmente en fase de presentación de alegaciones. “Animo a que se haga”, comenta Ignacio Mosquera.

El actual documento de gestión del espacio natural data del año 1995. Ahora se trata de ajustarlo a la realidad actual, “priorizando la conservación y mejora de los valores naturales de este espacio natural protegido tan singular”, señala el Gobierno regional, y en paralelo, “seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la zona”.

El Ayuntamiento de Jerte ha emitido un bando municipal para alertar de la celebración de una cacería el domingo, 18 de enero, dentro de los límites de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Ante la previsible afluencia de visitantes a este espacio protegido, el Consistorio ha pedido extremar las precauciones y evitar el tránsito por las zonas señaladas para garantizar la seguridad.

La actividad cinegética se concentrará en el tramo comprendido entre los parajes de 'Los Pilones' y el 'Puente Nuevo', afectando también a una parte de la dehesa municipal. Por ello, el Consistorio ha hecho una serie de recomendaciones, dada la popularidad de estas rutas senderistas.

En concreto, recomienda directamente evitar el tránsito por las áreas afectadas mientras dure la montería, pero para aquellos que se encuentren en zonas próximas, se han establecido unas pautas de seguridad: permanecer estrictamente en los caminos y senderos señalizados, mantener a los animales de compañía sujetos y bajo control en todo momento, respetar de forma escrupulosa la señalización y atender a las indicaciones del personal autorizado y los agentes de la autoridad.

Desde el Consistorio se ha recordado que, ante cualquier incidencia o situación de riesgo, se debe contactar de inmediato con los servicios de emergencia. Asimismo, han agradecido de antemano la “colaboración y comprensión” tanto de los vecinos de la localidad como de los turistas que pudieran verse afectados por estas restricciones temporales en el uso del monte público.

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha anunciado que denunciará ante la Comisión Europea y los tribunales a la Junta de Extremadura por la ampliación del periodo de caza del jabalí en el Parque Nacional de Monfragüe, al considerar que pone en peligro la reproducción de las grandes aves rapaces del espacio protegido.

La organización se ha opuesto a la modificación puntual del Programa de Acción Selectiva de ungulados silvestres que se debatirá en el pleno ordinario del Patronato del parque, convocado para el próximo miércoles, 14 de enero, y que contempla prolongar las batidas de jabalí hasta el segundo domingo de marzo.

Según la Junta, la medida responde a la necesidad de establecer actuaciones cinegéticas excepcionales para el control del jabalí ante el riesgo de la peste porcina africana. Sin embargo, Fondenex ha defendido que “no existe una justificación científica acreditada para dicha ampliación”.

La entidad ha detallado que el pasado 11 de diciembre remitió un escrito a la Dirección General de Agricultura y Ganadería “solicitando información sobre los casos detectados de peste porcina africana en Extremadura y su localización geográfica, sin haber recibido respuesta hasta el momento”.

Fondenex ha señalado que para alargar el periodo de caza debe existir un motivo “justificado y cuantificado”, como la confirmación de casos mediante análisis veterinarios, de los que, según ha indicado, no se tiene constancia pública.

La organización ha subrayado que “siempre” se ha manifestado a favor del control de jabalíes y ciervos en Monfragüe, al carecer el parque de depredadores naturales como el lobo, y que incluso ha respaldado el uso de recovas, una práctica histórica “que no ha supuesto un perjuicio para los valores faunísticos del espacio”. No obstante, ha distinguido entre el control poblacional y la realización de batidas “sin base científica, que podrían favorecer la dispersión de animales potencialmente infectados fuera de su territorio”.

Fondenex ha alertado especialmente del impacto que las batidas podrían tener sobre las grandes rapaces del parque en pleno periodo reproductor. Según ha destacado, especies como el buitre leonado, el águila perdicera, el águila real, el buitre negro y el águila imperial se encuentran entre enero y marzo en fases clave de vuelos nupciales, preparación de nidos, puesta e incubación.

“Es decir, la ampliación del periodo de caza colisiona de forma clara con el ciclo reproductor de las aves más valiosas del parque nacional”, ha defendido antes de recordar que la resolución de 13 de noviembre de 2024 de la Consejería de Agricultura establecía que las batidas de control solo podían autorizarse entre octubre y diciembre.

Por todo ello, la organización ha cuestionado el cambio de criterio de la Junta de Extremadura y ha denunciado que la medida supone un “riesgo grave para la conservación de la fauna de Monfragüe”.

Los proyectos para establecer cinco macrogranjas de gallinas en el término municipal de Maranchón, en pleno valle del río Mesa en Guadalajara, siguen en el punto de mira de los vecinos y vecinas, y de los colectivos ecologistas.

Pendientes de las alegaciones presentadas contra estas instalaciones, Ecologistas en Acción ha querido ahora poner el foco en la “amenaza que suponen para una laguna y una planta protegida. Además, avisan sobre su afectación a la ZEC/ZEPA 'Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo', que forma parte de la Red Natura 2000.

En concreto, señalan que la macrogranja de La Nava se ubicaría directamente sobre la Laguna Seca, un humedal temporal que se encharca en los periodos de lluvia y que tiene “gran valor para la biodiversidad”.

Su cubeta es hábitat de la planta endémica Tanacetum vahlii, que solo habita en las parameras y macizos calcáreos del Sistema Ibérico en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos, Teruel y Zaragoza. Actualmente, figura en la Lista Roja de la Flora Vascular Española y está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como “vulnerable”. 

“Debería impedirse su uso agrícola y eliminar los drenajes”

Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa demandan la restauración de la Laguna Seca y la desestimación de los cinco proyectos de macrogranjas. “Debería impedirse su uso agrícola y eliminar los drenajes que dificultan su encharcamiento”, señalan. 

Por otra parte, los ecologistas señalan que el término municipal de Maranchón, a pesar de situarse en una ZEC/ZEPA, cuenta ya con 136 aerogeneradores que rodean el pueblo y que “no respetan los extensos sabinares y enebrales”.

“Las macrogranjas se sumarían a la rápida degradación medioambiental que está sufriendo este territorio por el desarrollismo caótico que están fomentando las autoridades autonómicas y municipales, que no ha conseguido frenar el despoblamiento y sí que está provocando movimientos vecinales contrarios como la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa de la pedanía de Turmiel”.

Tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma han presentado numerosas alegaciones y escritos solicitando la desestimación de las cinco macrogranjas, que sumarían más de 400.000 gallinas en un espacio protegido y “ya maltratado por la proliferación desmedida de parques eólicos”.

Una poderosa familia belga asentada en Tenerife guarda en sus manos un nuevo proyecto para construir un bloque de viviendas de lujo en una montaña protegida. El plan, bautizado como ‘The Cliff’ (El Acantilado), está congelado en el Ayuntamiento de Arona a la espera de la documentación ambiental necesaria, al afectar a un espacio de la Red Natura 2000. Detrás de la obra para urbanizar parte de la ladera del Monumento Natural Montaña de Guaza está el grupo ‘Los Menceyes’, liderado por el cónsul honorario de Países Bajos en la isla, Stan Weytjens, y cuyo nombre hace referencia a los reyes guanches que gobernaban Tenerife.

La parcela afectada por este proyecto inmobiliario es la 17 y está junto a la Avenida del Palm-Mar, en el mismo lugar donde la empresa madrileña Metrovacesa también prevé construir un edificio de viviendas y garajes. En este barrio del sur de Tenerife se han multiplicado en los últimos años los alojamientos y negocios dedicados al turismo, así como también la población extranjera, que supone un 51% del total, con la nacionalidad belga y la alemana como las mayoritarias solo después de la española. Esta zona es, además, uno de los grandes nichos de negocio del grupo ‘Los Menceyes’, que ya tiene en el Palm-Mar otros alojamientos turísticos exclusivos, además de oficinas y locales comerciales.

El solar donde se proyecta The Cliff está atravesado por la Red Natura 2000, impulsada por la Unión Europea para conservar la biodiversidad. Además, este enclave forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Rasca y Guaza, distinguida con esta categoría por ser una de las mejores áreas para las aves esteparias de Tenerife y por albergar algunas colonias de aves marinas como el camachuelo trompetero, la pardela cenicienta, el petrel de Bulwer o el guincho, en peligro de extinción. En la Montaña de Guaza también habita el lagarto gigante, otro animal en riesgo de desaparecer.

Por esta razón, tal y como han confirmado desde el Ayuntamiento de Arona a este periódico, el procedimiento “está paralizado”. “El proyecto que se comercializa en redes como ‘The Cliff’ tiene por objeto la construcción de un bloque de viviendas entre la playa de Palm-Mar y la Montaña de Guaza. Este procedimiento está paralizado, ya que está incluido dentro del ámbito de la Red Natura 2000. Se está a la espera de que se presente el documento ambiental para la tramitación de la evaluación. Mientras tanto, no puede otorgarse la licencia”, aseguran desde la corporación municipal. Ya en junio de 2025, y después de que ‘Los Menceyes’ hubieran promocionado en redes el proyecto ‘The Cliff’, un periódico belga de centroderecha publicó que “pardelas y lagartos gigantes” habían frenado un proyecto de lujo belga en el sur de Tenerife. 

Tal y como consta en el expediente del proyecto, al que ha tenido acceso este medio, la licencia de obra mayor fue solicitada en marzo de 2022 para “bloque de viviendas, locales y garaje”. Un año más tarde, el Ayuntamiento dio a la promotora un plazo de diez días para adjuntar una serie de documentos clave: una autorización emitida por el área del Gobierno canario competente en materia de ordenación del territorio, al afectar las actuaciones a la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; una autorización para trabajar en la parcela al estar esta afectada por el cauce de un barranquillo, y la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental.

Ante la imposibilidad de aportar en tiempo todos estos informes, la empresa pidió en abril de 2023 al Ayuntamiento la suspensión de la tramitación de la licencia. Este periódico ha preguntado al área de Costas del Gobierno autonómico si se llegó a conceder la autorización para actuar en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, pero no ha obtenido respuesta.

Proyecto de contención de la ladera

Entre otras actuaciones, el proyecto contempla desviar el cauce del barranquillo que atraviesa la parcela, así como realizar labores de contención de la ladera para “impedir la potencial caída de rocas procedentes de la montaña”, tal y como se desprende de un informe elaborado por el Cabildo de Tenerife como órgano gestor del Espacio Natural Protegido. El escrito de la corporación insular responde a una “escueta memoria técnica” aportada por la empresa, que incluye la previsión de ejecutar “un paseo peatonal” en la ladera para poder realizar el mantenimiento de las instalaciones de contención y para ejecutar el canal de desvío del Barranquillo del Callado de Las Arenitas.

El documento del Cabildo, que data de marzo de 2023, dice que las nuevas edificaciones y construcciones constituyen “un uso permitido”. Sin embargo, concluye que “debe ser el Ayuntamiento de Arona” el que aplique las Normas de Conservación del Monumento Natural Montaña de Guaza y el planeamiento municipal. Sobre la afección a la Red Natura 2000, la corporación insular indicó que, “considerando la dimensión y ubicación de la parcela afectada y la naturaleza de las intervenciones [...], no pueden descartarse afecciones directas apreciables del presente proyecto a los valores que motivaron la inclusión de esta zona en la Red Natura 2000”. 

Asimismo, recuerda que “es de prever” que la urbanización de esta parcela y su “puesta en funcionamiento”, así como las actuaciones previstas sobre la ladera, “generen un incremento de la presión sobre el espacio protegido que podría tener efectos negativos sobre las especies protegidas en general y, particularmente, sobre la avifauna objeto de protección europea”. 

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Fuentes de la zona apuntan que en julio de 2025 se procedió al cierre de toda la zona colindante a la parcela por un supuesto riesgo de desprendimiento desde la Montaña de Guaza hacia la Avenida del Palm-Mar. Sin embargo, estas fuentes aseguran que ni siquiera durante la borrasca Claudia se produjeron derrumbes y temen que la adaptación de la ladera justificada en el riesgo de desprendimientos pueda poner en jaque los valores naturales de la zona y dar así vía libre a los proyectos urbanísticos.

En esta línea, desde el Ayuntamiento afirman que existe un estudio que alerta del riesgo de desprendimientos en la Montaña de Guaza que ha obligado a acotar un espacio de seguridad en el Palm-Mar. Desde Arona añaden que se ha pedido licencia para colocar unas mallas que eviten los desprendimientos y que están “en el trámite de solicitud de informe al órgano gestor del Espacio Natural Protegido, dependiente del Cabildo”, sobre la procedencia de sujetar esta intervención a evaluación ambiental. 

Desde el Cabildo de Tenerife aseguran que por parte de la corporación insular “no hay ninguna autorización ni licencia para ese vallado porque es competencia municipal”. “Nuestros técnicos están valorando el entorno de la montaña para valorar riesgos de desprendimientos”, añaden. 

Enjambre empresarial

Aunque el proyecto fue promocionado por el grupo ‘Los Menceyes’ a través de un vídeo que ya ha sido retirado de la plataforma ‘Vimeo’, la empresa que solicitó la licencia al Ayuntamiento de Arona es Lemwey Inversiones S.L., cuyas administradoras mancomunadas son Aline Lemaire y Risco del Mar Tenerife Sur S.L. Esta última empresa fue constituida en 2014 y entre sus administradores estaban David y Timothy Weytjens, hijos de Stan Weytjens y parte de ‘Los Menceyes’. Tanto esta sociedad como Lemwey Inversiones tienen su domicilio social en el Edificio Playa de Los Menceyes, situado en la Avenida del Palm-Mar y donde también se localiza el consulado honorario de Países Bajos.

En la actualidad, según los datos que figuran en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la empresa Risco del Mar Tenerife Sur S.L. tiene como administradoras mancomunadas a las sociedades Antida Mar S.L., Inversiones Dawe Sur, Inversiones Awey Tenerife y Weyro Inversiones. Las mismas que aparecen como administradoras mancomunadas de la empresa Club Los Menceyes, cuyo domicilio social también está en el 91 de la Avenida del Palm-Mar. El proyecto básico fue elaborado por el estudio W Arquitectos, creado por Stan y Timothy Weytjens y localizado en el mismo edificio. 

Además, Lemwey Inversiones ha contratado como consultora a la empresa Anitya Consultores, fundada en el año 2019 por el expresidente del Cabildo de Tenerife con Coalición Canaria (CC) Carlos Alonso. “Lemwey Inversiones es cliente de Anitya Consultores, actuando como asistente al ‘Project Manager’ junto al resto del equipo técnico y jurídico en sus proyectos de inversión”, ha confirmado Alonso a este periódico. Preguntado por si la consultora realiza algún tipo de intermediación entre la empresa y el Cabildo insular sobre el proyecto The Cliff, el expresidente ha respondido: “No realizamos labores de intermediación, sino de apoyo técnico y económico en la gestión de proyectos”.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han investigado a un varón de 60 años, natural y residente en Albelda de Iregua (La Rioja), como presunto autor de un delito continuado contra la fauna y otro de maltrato animal. Los hechos se produjeron en un Coto Municipal de Caza de la localidad, en el que el investigado presuntamente instalaba medios de captura no selectivos, prohibidos por la normativa vigente.

El hallazgo se produjo tras el aviso de una ciudadana, cuyos perros quedaron atrapados por un dispositivo oculto entre la vegetación. El artefacto consistía en un lazo metálico fabricado con cable de acero trenzado de dos metros, con un mecanismo de cierre automático diseñado para capturar por estrangulamiento. El dispositivo estaba colocado junto a una balsa de riego, punto habitual de hidratación para la fauna silvestre, dentro de una zona protegida y vallada.

Dos perros atrapados, uno por el cuello

Según la denunciante, mientras paseaba por la zona con sus perros, estos activaron la trampa. Uno de ellos quedó atrapado por el cuello y el otro por una pata, desencadenando una situación de pánico. Afortunadamente, los animales pudieron ser liberados a tiempo, aunque presentaban signos de sufrimiento y lesiones.

Ante la gravedad de los hechos, especialistas del Seprona activaron un dispositivo de vigilancia encubierta. Las cámaras instaladas en el entorno captaron en al menos dos ocasiones cómo el lazo era rearmado por un individuo, reforzando la hipótesis de un uso continuado e intencionado. En una de las grabaciones se observa al sospechoso descender de un vehículo Citroën y manipular el dispositivo durante más de dos minutos. Llama la atención la presencia de un menor, a quien supuestamente instruía durante la maniobra, lo que agrava aún más la situación.

Medio de captura prohibido 

El Gobierno de La Rioja confirmó que no existe autorización vigente para el uso de medios de captura no selectivos (MNSC) en el coto afectado ni en sus alrededores. Este tipo de trampas están expresamente prohibidas por su carácter indiscriminado, al no permitir seleccionar la especie a capturar. Supone un grave riesgo para la fauna, animales domésticos e incluso personas que transiten la zona.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha denunciado este lunes las obras de construcción de un establecimiento hostelero en el espacio protegido del Cabo Peñas y ha solicitado a la Consejería de Ordenación de Territorio del Principado, a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón que inicien los trámites para su inmediata paralización.

Sus integrantes han comprobado que las obras siguen adelante con más excavaciones en la parcela que se va a destinar a un nuevo establecimiento hostelero y han realizado fotografías que han adjuntado a su denuncia.

Cuestionan su legalidad

Los portavoces de la Coordinadora recelan de que las obras ya en ejecución puedan estar autorizadas. No ocultan su “extrañeza” cuando, según exponen, la Ley de Costas, y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano son claros sobre la imposibilidad de su realización.

“Hemos reclamado la paralización de las obras hasta que se demuestre su legalidad, porque se trata evidentemente de una nueva construcción, al haberse demolido la anterior existente, e incluso se ha excavado profundizando la zona”, aseguran.

Sin acceso a expedientes e informes

La Coordinadora también ha denunciado que, a pesar de las reiteradas peticiones que han realizado para acceder a los expedientes e informes relacionados con estas obras, no se los han facilitado.

“Las obras se están realizando en el espacio natural, Paisaje Protegido del Cabo Peñes (Decreto 80/1995), que está también afectado por la Ley de Costas”, advierten.

“No se amparan usos hosteleros”

Los portavoces basan su denuncia en el hecho de que, una vez que se han ejecutado las obras de demolición del antiguo bar Cuatro Vientos, incluida la cimentación, no se podrían iniciar las obras para la construcción de un nuevo establecimiento hostelero.

“Se han iniciado las obras incluso con labores de excavación en la parcela, ocupando zona de servidumbre de protección de acuerdo con la legislación de costas vigente y sometidas, por tanto, a sus prescripciones que no ampararían los usos hosteleros que se pretenden”, concluyen.

La instalación de una vía ferrata y varias tirolinas en un espacio rocoso a lo largo del río Pusa, en la provincia de Toledo, ha provocado una amplia polémica, con protestas de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Ana de Pusa y una denuncia de Ecologistas en Acción por invasión de un espacio protegido, dentro de la Red Natura 2000.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando los vecinos trasladaron a la organización conservacionista su “preocupación” por las obras que se estaban realizando en el barranco del río Pusa. En concreto, por una instalación para la escalada en el paraje conocido como ‘La Estrechura’, en pleno berrocal granítico del río que discurre tanto por Santa Ana de Pusa como por San Martín de Pusa, en la comarca de La Jara toledana, cerca de Talavera de la Reina.

La infraestructura se ha colocado en una zona “que forma parte de la Red Natura 2000, concretamente en el espacio ZEC/ZEPA denominado 'Ríos de la Margen izquierda y berrocales del Tajo”, detallan los ecologistas quienes, el mismo día de conocer las quejas vecinales, enviaron un escrito a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha para “clarificar” si se trata o no de una obra legal.

Al no recibir contestación, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia formal de los hechos ante la misma institución y la ha trasladado además a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

En paralelo, los vecinos y vecinas están recogiendo firmas. “Es motivo de gran preocupación para los amantes de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio histórico”, asegura el documento. “Este lugar privilegiado forma parte de la Red Natura 2000, un conjunto de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, y es hogar de especies emblemáticas como la cigüeña negra y el águila real. Además, es zona de campeo para el lince ibérico y el águila imperial, especies que están seriamente amenazadas”, añaden.

Creen que la instalación para turismo de aventura que acaba de realizarse “no solo pone en riesgo la integridad ecológica de este paraje, sino que también amenaza la tranquilidad y seguridad necesarias para la nidificación y el campeo de estas especies únicas”. De ahí que se pida a las instituciones con competencias en la materia que la retiren.

Tomás Moreno es vecino de Santa Ana de Pusa. “Ha habido mucho secretismo. Se han saltado al pueblo a la torera. No lo hemos visto en el orden del día de los plenos municipales. Se han saltado la transparencia y el buen gobierno”, denuncia.

“Estas vías suelen estar en lugares que no se ven porque es alta montaña o están en sitios inaccesibles, pero esto es nuestro río. Es lo más bonito de él. Esto ecológicamente es un desastre irreversible y si además lo cierran, ya nos roban nuestro río”, lamenta otro vecino que prefiere mantener su nombre en el anonimato. De momento, el camino de acceso a la zona está cerrado.

“Por tratarse de una zona incluida en la Red Natura 2000, este tipo de actuaciones ”deberían contar con su correspondiente evaluación de impacto y/o informe favorable por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible“, denuncia Ecologistas en Acción.

El alcalde de Santa Ana de Pusa Serafín Diego Esteban no se ha pronunciado, a preguntas de este medio, en conversación telefónica, al encontrarse “de vacaciones” y ha remitido en sus declaraciones a otros concejales del Gobierno en este ayuntamiento, con el que no ha sido posible contactar telefónicamente. Tampoco hay respuesta vía correo.

Sin embargo, la empresa que se ha encargado de construir la instalación asegura que al hacerlo contaban con “todos los permisos”. Rafael Guerrero, responsable de la empresa granadina Vivak Nature S.L. explica que a la hora de realizar los trabajos para ejecutar esta vía todo estaba correcto.

“A nosotros nos contactó el ayuntamiento para la instalación hace por lo menos dos años, pero el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo tardó por lo menos un año y medio. Cuanto los hemos tenido todos, facilitados por el ayuntamiento, hemos hecho la instalación”, dice el constructor de la instalación que, según reza el cartel anunciador en la zona, cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de España, a través del programa de la Unión Europea Next Generation-EU.

Este mismo lunes, algunos excursionistas ya disfrutaban de las instalaciones, que no han sido inauguradas de forma oficial. Se ha especulado con que el proyecto lo gestione una empresa de la población vecina de Bernuy, aunque lo cierto es que la empresa aludida lo niega.

La vía ferrata sí se anuncia, en cambio, en otra página web con la descripción de “precioso recorrido en un entorno inigualable , con puentes tibetanos, péndulos y dos tirolinas” y con “una dificultad de K2-K3”, al precio de 45 euros por persona. 

¿Qué dice el Gobierno de Castilla-La Mancha?

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha explican que este tipo de actuaciones - las vías ferratas que no superen los 500 metros- “no se encuentran incluidas” en la Ley 2/2020 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y, por tanto, no deben someterse a una evaluación de impacto ambiental.

En este sentido detallan que el Servicio de Medio Ambiente de la comunidad autónoma ya informó al respecto, después de que, en febrero de 2023, la Confederación hidrográfica del Tajo, en aplicación del artículo 110 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, remitiese documentación al Servicio de Medio Ambiente de Toledo, sobre este expediente y la necesaria autorización para la ejecución de las obras.

En dicho informe se indicó “expresamente”, según las fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio que “habría que comunicar posibles afecciones para analizar si procede aplicar nuevas limitaciones no contempladas inicialmente”.

Estamos valorando las posibles incidencias ambientales del proyecto de forma que se puedan tomar las medidas que considere necesarias en aras de la defensa del medio natural del espacio y del cumplimiento del plan de gestión de la ZEC/ZEPA 'Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo

Consejería de Desarrollo Sostenible

En la actualidad, la Delegación Provincial de Toledo de Desarrollo Sostenible está “valorando” por parte de los agentes medioambientales y del equipo técnico, “las posibles incidencias ambientales del proyecto”, de forma que se puedan tomar “las medidas que considere necesarias en aras de la defensa del medio natural del espacio y del cumplimiento del plan de gestión de la ZEC/ZEPA 'Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo'”.

Este medio ha contactado también con la Confederación Hidrográfica del Tajo sin que hasta el momento haya sido posible contrastar su versión.

La Comisión Europea afea que Galicia no haya protegido como debía, según la normativa, zonas de Red Natura que han ardido en los incendios del pasado verano. La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, indica que, una vez analizado el decreto que aprueba el plan director de la Red Natura en la comunidad -que es de hace 11 años-, la conclusión es que la Xunta “no ha fijado objetivos de conservación y medidas de conservación suficientemente específicos para cada lugar en todas sus ZEC -zonas de especial conservación-, incluidas, por tanto, las afectadas por los incendios”.

Roswall responde así a una serie de preguntas registradas por el eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares a raíz del impacto que los grandes fuegos de agosto tuvieron en terrenos protegidos en Galicia. La Xunta no ha realizado un balance de las hectáreas que han ardido incluidas en Red Natura, pero la organización ecologista Adega solicitó los datos del sistema europeo Copernicus y difundió que fueron 38.000 las hectáreas protegidas afectadas por los incendios, una superficie que equivale al 11% de toda la Red Natura.

En su respuesta, la comisaria de Medio Ambiente recuerda que hay un procedimiento de infracción abierto contra España por las carencias en varias comunidades, incluida Galicia, por su escasa Red Natura. En este campo no hay novedades. Roswall señala que España ha aportado información actualizada sobre la designación de ZEC y ha adoptado nuevas directrices sobre la Red Natura. “La Comisión está evaluando la información facilitada por España antes de decidir la manera más adecuada de avanzar en este procedimiento de infracción sistemática”, añade.

González Casares considera que la respuesta de la Comisión supone “una enmienda a la totalidad” de la política ambiental de la Xunta. El procedimiento de infracción, abierto en 2015, “tiene en su centro el incumplimiento sistemático por parte de la Xunta de las obligaciones legales que emanan de las directivas comunitarias y a las que el Plan director de la Red Natura aprobado por el PP no da respuestas”, critica.

Para el eurodiputado, la Comsión Europea “le pinta la cara” de nuevo al Gobierno de Rueda, como hizo “durante la ola de incendios”. Entonces, frente a la opacidad de los datos de la Xunta sobre lo ardido en espacios de elevado valor como Pena Trevinca, “tuvo que ser información de las instituciones comunitarias la que arrojó luz sobre lo que estaba sucediendo en los montes de Galicia”.

Dos fueron los incendios que afectaron en agosto a terrenos protegidos de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, y arrasaron en conjunto algo más de 5.000 hectáreas. En respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Nicolás González Casares, la Comisión Europea desvela la superficie afectada y que los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) del programa Copernicus muestran que el fuego que arrasó más superficie empezó alrededor del 15 de agosto. La Xunta no lo recogió en sus actualizaciones hasta el martes 19 -aunque circulaba información en redes de personas que se encontraban en el lugar- y lo hizo sin aludir a que lo que estaba ardiendo era un espacio de elevado valor natural en el techo de la comunidad.

En la información del EFFIS se indica que el incendio que empezó el 15 de agosto no quedó extinguido hasta el día 30. En total, las llamas arrasaron 25.230 hectáreas, según los datos del programa Copernicus. De esa superficie, 5.319 corresponden a territorio gallego y 19.911 a territorio de Castilla y León. Dentro del área protegida de Pena Trevinca, concreta, son 4.916 hectáreas.

El otro fuego que entró en este terreno natural empezó en torno al 12 de agosto y se apagó el día 19 de ese mes. En este caso, la superficie calcinada es de 12.032 hectáreas. En este caso, la mayor parte están en Galicia (11.722 hectáreas) y otras 310 corresponden a Castilla y León. En el área protegida ardieron 104 hectáreas.

Las cumbres del área de Pena Trevinca quedaron arrasadas y las llamas amenazaron lugares de gran valor ambiental como el teixadal de Casaio, un bosque de tejos centenarios que resistió por los trabajos de voluntarios y brigadas profesionales para protegerlo del fuego. La Xunta, que en ningún momento aludió ni al valor natural ni mencionó Pena Trevinca, dio el incendio por extinguido el 29 de agosto a las 20.16. En esa información señalaba que había empezado el día 18 por la tarde, tras entrar a Galicia desde Castilla y León, y que la zona afectada era la parroquia de Casaio del municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras. La superficie afectada, según los cálculos del Gobierno gallego, es de 5.300 hectáreas. No aclara -ni en este ni en el resto de fuegos- cuántas son en terrenos protegidos.

Casaio se ha vuelto a ver afectada por el fuego el pasado fin de semana. Un nuevo incendio, que la Xunta da por estabilizado, empezó en torno a las 15.00 horas del sábado y ha arrasado ya 850 hectáreas de superficie.

La actividad de una cosechadora fue lo que provocó el fuego que afectó el pasado 16 de junio al monumento natural de las Barrancas de Burujón, en la provincia de Toledo. En total, se quemaron 480 hectáreas en 24 horas, 340 de ellas forestales y 130 en el monumento natural, la mitad de las que están protegidas.

Así lo ha trasladado el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, que ha ofrecido este sábado datos del incendio originado durante una visita a las Barrancas de Castrejón y Calaña, conocidas popularmente como las Barrancas de Burujón por pertencer al municipio toledano con el mismo nombre.

El aviso del fuego llegó a las 19.00 horas, ha recordado Almódovar sobre incendio “complejo” que ha afectado solo a la vegetación, si bien el monumento geológico sigue intacto, precisa el titular de Medio Ambiente.

Tomillos, enebros o almendros silvestres han sido algunas de las especies que se han quemado en un entorno que, afirma, “va a regenerarse en un corto lapso de tiempo”. “En cuanto empiecen las primeras lluvias crecerá la vegetación y lucirá como ha lucido siempre”, ha especificado, al tiempo que ha recordado que el fuego tuvo afección a la carretera y viviendas cercanas -que tuvieron que ser desalojadas-.

“La protección del monumento natural radica en su valor paisajístico y geomorfológico, dos aspectos que no se han visto alterados por el fuego”, ha dicho Almodóvar quien ha explicado que, debido a la rapidez de propagación del incendio, “buena parte de la vegetación forestal más gruesa, apenas se vio afectada por las llamas, como es el caso de las retamas, almendros silvestres y enebros dispersos. Por su parte, tampoco se han identificado afecciones a la fauna del entorno”.

Sin embargo, Ecologistas en Acción apuntaba después del incendio que el escenario en el monumento natural es “desolador” tras el fuego, ya que se ha visto afectada “buena parte” de la singular vegetación de las Barrancas, en particular al arbolado disperso constituido sobre todo por enebros y al monte bajo de retamas y tomillos.

“Las Barrancas volverán a ser lo que eran”

“Las Barrancas volverán a ser lo que eran, su vegetación está adaptada al entorno y comenzará a regenerarse pronto. El verdadero valor del paisaje permanece. Nuestra responsabilidad es minimizar los riesgos y responder con eficacia, como se ha hecho”, ha asegurado Almodóvar sobre la necesidad de adoptar todas las medidas de prevención de incendios necesarias para evitar este tipo de emergencias en el medio natural.

También ha comentado que las tormentas y los vientos erráticos de ese día en la provincia, así como la complejidad del terreno, “condicionaron la extinción”. “El incendio fue un desafío, pero con ayuda de los vecinos, de sus tractores y del Infocam, pudimos con él”, ha indicado, recordando que el mismo día hubo simultaneidad de siniestros de gran magnitud, como los de Fuensalida (Toledo) y Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), ambos con nivel 1.

“Desde el primer momento, el operativo del Infocam desplegó un despacho contundente de medios con un total de 84 efectivos entre personal técnico, agentes medioambientales y bomberos y bomberas forestales, se movilizaron en total 18 medios terrestres y un medio aéreo, pese a las difíciles condiciones meteorológicas”, ha señalado el titular de Medio Ambiente destacando que en menos de una hora de la detección del incendio ya se encontraban movilizados un medio aéreo, seis medios terrestres y unos 30 efectivos.

El viceconsejero de Medio Ambiente ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento a extremar la prudencia por la ola de calor que afrontamos estos días y las dificultades que van a venir de cara a los incendios forestales.

Durante la visita, el viceconsejero de Medio Ambiente ha estado acompañado por el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Toledo, José Rubén Torres; el jefe de servicio de Medio Natural en la provincia de Toledo, Ángel Aurelio Martínez; y la directora del Centro Operativo Provincial de INFOCAM en Toledo, María García Gallardo. También han estado presentes el alcalde de Burujón, Jun José Torres, y la alcaldesa de Alba Real del Tajo, Joana Simón.

Al sur de la sierra de Cabrera se encuentra Carboneras, uno de los lugares más bellos de la costa almeriense con un término municipal que cuenta con hasta 14 kilómetros de playas. Estas playas se usaban para trasladar el carbón vegetal que se hacía con la madera local procedente de varios hornos que se construyeron en el siglo XVI, de ahí su nombre. El carbón se cargaba en barcos, la mayoría con destino a la costa del norte de África.

El hecho de que algunas de estas playas tuvieran difícil acceso favoreció el contrabando y la llegada de piratas que no encontraban soldados que evitaran los desembarcos, de modo que se construyeron algunas fortificaciones para su defensa que ahora jalonan la costa.

El 'pueblecico', tal y como le llaman, está encajonado entre la sierra y el Mediterráneo y, como muchos pueblos andaluces, tiene las paredes de las casas encaladas de blanco. A pesar de que la localidad no está dentro del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, un 80% del termino municipal sí lo está. Los paisajes áridos volcánicos de interior contrastan con el azul del mar. Esta proximidad al Parque Natural ofrece oportunidades únicas para hacer senderismo, el buceo y observar aves.

Con más de ocho mil habitantes, Carboneras es uno de los núcleos más grandes de Cabo de Gata y cuenta con un puerto pesquero e instalaciones de un muelle industrial. Su paseo marítimo tiene más de dos kilómetros, y la localidad también tiene un auditorio al aire libre o el Teatro Cultural Casa de la Música, una antigua casa señorial del siglo XIX, que ahora cuenta con programación teatral.

Playas de Carboneras

Sin duda, una de las mayores atracciones de Carboneras son sus playas. Con unas excelentes condiciones de baño, las playas de este municipio se caracterizan por sus aguas tranquilas y su extensión, perfectas para largos paseos. Entre el abanico de zonas aptas para el baño existen playas en zona urbana, perfectas para planes familiares; y recónditas playas vírgenes, como la de Los Muertos, conocida como una de las mejores de España:

Qué ver en Carboneras

El municipio de Carboneras es mucho más que sus playas. Su entorno fue el primer espacio protegido terrestre-marítimo de Andalucía, por su paisaje semidesértico y volcánico. Además, posee una historia antiquísima que ha dejado huella en la localidad, por lo que es posible visitar múltiples monumentos que han marcado su legado:

El poblado chabolista de Las Sabinas se encuentra entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, a orillas del río Guadarrama, y su existencia se remonta a hace más de 25 años. Desde entonces, su población no ha dejado de crecer. Actualmente, en la zona gestionada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos se ha puesto en marcha un plan de derribo de las infraviviendas y realojo de las familias. Por el momento, según informa el consistorio, se han demolido 31 chabolas –previo desalojo– y se ha ofrecido a sus ocupantes el acceso a apartamentos de alquiler social, con la intención de demolerlas todas.

Aunque desde Arroyomolinos aseguran que ya se han iniciado los trabajos de limpieza, basta con recorrer el camino de tierra que atraviesa el poblado para comprobar que aún permanecen montañas de basura y escombros acumulados tras los trabajos de demolición que concluyeron el pasado miércoles 11, en pleno parque regional, un espacio natural protegido por la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, la inquietud se extiende entre los vecinos, que denuncian no haber recibido información oficial sobre cuál será su futuro.

Tras el desalojo de algunos vecinos de la Cañada Real, a partir del año 2000 muchos se asentaron en Las Sabinas, lo que contribuyó al aumento de su población. No obstante, la zona conocida como Sabinas Sur (también llamada Ribera de San Pedro) comenzó a configurarse mucho antes, en la década de 1960. Su particularidad es la convivencia de viviendas legales —construidas antes de que el terreno fuera declarado Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y zona no urbanizable— con infraviviendas ilegales edificadas posteriormente.

María Ángeles vive desde hace más de 50 años en una casa de ladrillo rojo con una pequeña piscina, un huerto y sus propias gallinas. A su alrededor se levantan varias chabolas autoconstruidas. A pesar de abonar los impuestos correspondientes, no recibe ningún servicio municipal. La ausencia de recogida de basuras le obliga a desplazarse en coche hasta un contenedor, recorriendo un camino difícil y peligroso para incorporarse a la A-5 y recorrer unos siete kilómetros. Tampoco dispone de alcantarillado, ni calzadas asfaltadas, obtiene agua de su propio pozo y, desde 2019, tampoco recibe servicio de Correos.

Mari, otra vecina de una de las viviendas consideradas legales del poblado recuerda un episodio ocurrido en noviembre del pasado año, cuando su padre sufrió una urgencia médica. Tuvieron que llamar a una ambulancia, pero el acceso al poblado resulta tan complicado que el vehículo sanitario no pudo atravesar el estrecho sendero que lleva a su vivienda, y la familia se vio obligada a trasladarlo en su propio coche. Su sensación es la de estar “marginados”. “Nos han querido vender como una zona marginal de delincuencia y no es real. Una cosa es que los ayuntamientos y las administraciones nos tengan viviendo como nos tienen, y otra cosa es que seamos personas normales”, denuncia.

La zona, “peor que nunca”

Ahora mismo, Mari asegura que el paisaje está “peor que nunca”. El paseo habitual por el sendero de tierra ha cambiado. Más allá de la impactante imagen de la basura acumulada los saludos entre vecinos suenan todos parecidos. “¿Pero tú no te habías ido? Yo pensaba que te habían dado casa”, pregunta Mari a María Amparo.

Ella vive en una chabola rodeada de basura, escombros, muebles y colchones abandonados en medio del campo, y explica que no puede permitirse pagar un piso de alquiler social: “Sí, iban a dar casas. Pero 300 euros para pagar una habitación en un pueblo que quién sabe dónde me van a mandar. Yo llevo ya 20 años desde que compré esto, yo ahí vivo más o menos, no vivo de lujo, no tengo agua, no tengo luz, vivo. Lo que puedo”.

Una situación que comparten otros vecinos del asentamiento, quienes aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre los derribos y los realojos. “Dicen que todo el mundo está avisado de todo, y nadie sabe de nada”, cuenta Mari.

Este periódico ha solicitado al Ayuntamiento de Arroyomolinos información sobre la situación de las viviendas legales e ilegales en Las Sabinas, el estado de los trabajos de limpieza tras los derribos, las medidas para evitar nuevas construcciones y el procedimiento de notificación a los vecinos afectados. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.

Algunas de las acumulaciones de residuos son difíciles de explicar únicamente por los derribos. Raúl Navarrete, técnico forestal y miembro de Ecologistas En Acción, lleva años denunciando el abandono de esta zona verde protegida y asegura que algunos “autónomos y pequeñas empresas” lo utilizan como vertedero. Explica que la ubicación del poblado, al lado de la autovía A-5, propicia que se acerquen con sus furgonetas para tirar escombros, chatarra u otros residuos y ahorrarse las tasas de vertido en vertederos: “van allí, bajan, tiran y se van. A veces, incluso de noche”.

A menudo, los residuos acaban en el río, incluidos los techos de algunas de las chabolas, hechos de amianto (comúnmente conocido como uralita), un material contaminante y potencialmente cancerígeno. Ante la imposibilidad de tirar este material tóxico en cualquier parte, debe pasar unos estudios, lo cual ralentiza el proceso y hace que antes de hacer estos exámenes, la infravivienda vuelva a ser ocupada por otra familia. Raúl, de Ecologistas En Acción, muestra su preocupación sobre esta particularidad, y el Ayuntamiento todavía no responde sobre cómo procederá a este respecto.

Las complejidades de los realojos: un fracaso burocrático

La mayor demanda de los ecologistas y vecinos colindantes es el realojo de los habitantes de Las Sabinas. Tanto por salubridad, como por seguridad, como por legalidad, lo que pedimos es que se desaloje de una vez“, pide Raúl. Hasta el momento, la evidencia es que los realojos –el último de ellos, de 2023– no han sido efectivos para que desaparezcan las chabolas del Guadarrama.

En 2017, el exalcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, achacaba el crecimiento de la población a un “efecto llamada” que provocaban, precisamente, estos realojos. Ruipérez explicaba que, según él, algunas familias ocupaban las infraviviendas con el objetivo de que, seguidamente, las administraciones les proporcionasen un alquiler social. Sin embargo, los convenios de realojo tienen unas condiciones por las que no todos son candidatos a recibir un piso de alquiler social. Solo las familias que cumplan esos requisitos —como un mínimo de años de residencia y estar censados antes de una fecha determinada— pueden optar a una vivienda. Por esta razón, muchas familias han quedado fuera de los realojos en el pasado y permanecen en el poblado.

Según el último dato oficial recogido en el convenio de realojo entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid firmado en 2023, en todo el poblado viven 160 familias, pero no existen censos más recientes. Por lo tanto, el realojo no incluiría a quienes hayan llegado después.

Ecologistas en Acción ha calificado de “desolador” el incendio ocurrido este lunes en el entorno del Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Toledo situado entre las poblaciones de Burujón y Albarreal de Tajo.

La organización relata que el fuego se extendió rápidamente desde fincas agrícolas colindantes hacia el interior del espacio protegido incinerando una parte significativa de su superficie. A lo largo de la noche hubo que evacuar a las personas que habitan una urbanización cercana, si bien estas ya han podido regresar a sus casas, lo cual celebra Ecologistas en Acción.

También afirman que se apunta indiciariamente a un origen humano, según asegura la organización.

“Desolador”

Desde Ecologistas explican que el escenario en el monumento natural es “desolador” tras el fuego, ya que se ha visto afectada “buena parte” de la singular vegetación de las Barrancas, en particular al arbolado disperso constituido sobre todo por enebros y al monte bajo de retamas y tomillos.

“Así el paisaje vegetal semiárido de la zona se ha tornado a una mayor aridez de la que difícilmente cabe esperar una recuperación a largo plazo dadas las duras condiciones de la zona. Una pérdida de indudable valor ambiental y paisajístico que hay que lamentar, al igual que la segura pérdida de nidadas de aves, de vivares de mamíferos o de otras muchas especies de fauna y flora protegida”.

Ecologistas en Acción de Toledo hará un seguimiento de la situación, tanto de las causas del incendio como de las medidas a adoptar para la recuperación de la zona. De estas últimas la más importante --advierte la organización-- es que no se haga nada de momento debido a la fragilidad del ecosistema. Ni siquiera replantaciones hasta que se observe la evolución del terreno a lo largo del próximo año.

En el Museo Británico se conserva un ejemplar del libro rescatado y anotado por el duque de Almazán donde se referencia, por primera vez, a los Chorros del Río Mundo por uno de sus nombres: Follo Guarde. Fue en el siglo XV.

Ahora esta franja de cuencas y farallones de piedra cumple 20 años desde su declaración como parque natural, pero ni ha sido la única protección que ha tenido ni se ha convertido en lo que es hoy de espaldas a las generaciones y generaciones de humanos que han habitado estas tierras.

Su historia está intrínsecamente relacionada con las civilizaciones que lo habitaron. Ya desde la Edad de Bronce hay indicios de que era una zona poblada. Y lo que hoy llamamos Río Mundo, tenía otro nombre, Almisawanis, aunque esta denominación fue cambiando. Se llamó Hoyo Guarde, para terminar siendo los Chorros de Río Mundo y aunque sea un lugar único en el planeta, el nombre no hace alusión a su globalidad, sino a la claridad de sus aguas. En su momento fue el río mundus, en latín, porque los habitantes del entorno valoraron especialmente la pureza de sus aguas.

Antonio Catalán es director y conservador del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima desde sus inicios y hasta la actualidad, con un pequeño intervalo en el que no ocupó esta responsabilidad. “Sí, se puede decir que después de tantos años mi vida profesional está ligada a este parque, por lo menos desde los estudios previos en 1994”, comenta, y destaca como valor importante la función de protección ambiental que permite mantener una flora excepcional y un paisaje único y delicado.

“Somos la madre de toda la vegetación europea”

Jorge Escudero, fundador del Centro de Educación Ambiental 'La Dehesa', explica que el Calar es un bosque clímax (bosque maduro), algo muy apreciado en Europa, donde la mayoría de los bosques tienen menos variedad vegetal. “Desde aquí reforestamos Europa, prácticamente hasta aquí llegó la Glaciación de Würm y mientras Europa estaba cubierta de hielo, las plantas vivas estaban aquí”, explica Escudero: “Somos la madre de toda la vegetación europea”.

Entre sus joyas botánicas hay dos plantas en peligro de extinción, una de ellas una carnívora llamada Pinguicula Mundi, propia del enclave del nacimiento de Los Chorros. Además, hay 19 especies catalogadas como vulnerables y otras 70 con categoría de interés especial e incluso alguna planta relíctica (de reliquia, extinguida en otros lugares).

En estas 19.000 hectáreas que comparten seis municipios hay la increíble variedad de 1.540 tipologías de plantas y decenas de distintas orquídeas. Las curiosidades botánicas no terminan aquí. La variedad botánica implica que en el mismo espacio convivan tejos con espinos de origen africano en sus distintas adaptaciones ambientales.

En cuanto a la fauna, hay 108 especies animales protegidas viviendo en este intrincado enclave. Los más curiosos son: la lagartija de Valverde y el Saga pedo, un insecto del que aún no se ha descubierto ningún ejemplar macho.

Jorge Escudero nació en Riópar. Un legado familiar que le vinculó de por vida al entorno y su conservación, ya que su historia familiar está ligada a las fábricas de Riópar. De hecho, en el espacio divulgativo que gestiona viven cinco ejemplares de lobo ibérico, un animal al que su vinculación al lugar no le ha ayudado a sobrevivir, ya que era cazado tradicionalmente en el mismo enclave de Los Chorros mediante encajonamiento. “Es un pequeño paraíso, cuyo futuro está vinculado al hombre”, reconoce Escudero.

“Mi balance es positivo y siempre ha tenido un valor, y siempre ligado a la actividad humana, desde el año 45 ya se escondieron en la Cueva de Los Chorros los seguidores de Pompeyo (tras la batalla de Munda)”, rememora el conservador y ganadero.

Mientras, el director del parque natural explica que la riqueza no solo está sobre la tierra, “es uno de los mejores exponentes de karst y exokarst”, lo que convierte a la zona en una especie de catálogo para la compresión geológica, ya que conviven distintos ejemplos en el paisaje. También en las cuevas donde hay explorados casi 40 kilómetros sin que hasta la fecha se haya encontrado el final.

Son precisamente estas oquedades las que dan lugar al fenómeno conocido como El Reventón del Río Mundo. Espectáculo de la naturaleza que sucede cuando entra una gran cantidad de agua en las cuevas, dejando cámaras de aire que terminan por hacer un sifón natural expulsando el agua de todo el Calar por los Chorros a gran velocidad.

Esto es posible porque el Calar del Río Mundo es como un “gran flan poroso” sobre el que se filtra el agua dejando a su paso un reguero de vida y diversidad. Sobre ese calar, aún hay mucha gente que recuerda correr caballos libremente. Equinos gallegos que habitaron entre 1947 y finales de los ochenta aquellas praderas y que se quitaron porque alteraban la trasterminancia -una forma de trashumancia con distancias cortas- del ganado en su uso tradicional. “Cuando llegaban de su estancia en lugares más cálidos ya no les quedaba comida”, afirma Escudero.

La protección del parque natural, un reto de futuro

Pero quizá los acontecimientos se precipitan en la historia moderna. Lo cierto es que, este espacio no siempre estuvo así. Y no fue por la industria, ni por la contaminación y tampoco por el cambio climático: fue por los turistas y una mal entendida 'función social del monte'.

Entre los años setenta y ochenta del pasado siglo, recuerda Escudero, el entorno se convirtió en un lugar donde ir masivamente a poner la tienda de campaña. “Llegaron a contabilizarse cientos de tiendas de campaña en la pradera y entorno del Coto de La Mina”, recuerda.

La sobreexplotación turística, el éxodo rural y el paulatino abandono de los trabajos tradicionales en el entorno rural dejaron la zona en una situación muy mala. “Incluso llegó a desaparecer la Ratilla de Cabrera y poco faltó para que también desapareciera la Lagartija de Valverde”.

Fue entonces, rememora, “cuando nos enteramos de que el entonces presidente de la Junta de Comunidades, José Bono, iba a visitar Bienservida”, explica Jorge Escudero. Y se les ocurrió invitarle a ver de primera mano el nacimiento de los Chorros del Río Mundo. “Creo que lo que vio y lo que pudimos explicarle le preocupó, y hay que reconocer que la respuesta fue inmediata”. Comió en Los Chorros, llamó ese mismo día al entonces consejero de Agricultura, Fernando López Carrasco, y al día siguiente en los mismos Chorros tuvo lugar la primera reunión para buscar soluciones.

El seis de mayo de 1987, el Gobierno regional firmó un acuerdo con los propietarios de la Finca Coto de la Mina y los ayuntamientos de Riópar y Vianos. Pero como aún no había ninguna ley de espacios naturales y la necesidad de protección era inminente, se creó, con los recursos jurídicos que había en ese momento, la llamada “Zona de Protección Especial del Nacimiento del Río Mundo y Cañada de los Mojones”, doce años antes de que naciera la ley que lo convertiría, ampliándolo considerablemente, en lo que es hoy.

En mayo de 2005 se aprobaba la ley por la que se declaró al espacio como parque natural, siendo consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, y presidente de la región José María Barreda. En febrero del siguiente año comenzó a funcionar la Junta Rectora que gestionaría el entorno.

Sin embargo, la declaración como parque natural no fue sencilla. “Es una zona de muchísima riqueza y recursos naturales, pero también es una zona con mucha población, hay municipios con más de 80 aldeas”, comenta Antonio Catalán, que añade que la declaración como espacio protegido “es una garantía de conservación, sobre todo, para las generaciones futuras”, y detalla que eso implica que se tiene que potenciar el desarrollo sostenible de este espacio. “Hoy podemos decir que el parque es un motor para la zona basado en el turismo responsable y sostenible”.

En ese contexto, recuerda Jorge Escudero, el entonces delegado de Agricultura, Antonio Mompó, hacía verdaderos esfuerzos por dar a conocer la zona, pidiendo a museos, universidades y periodistas que visitaran el entorno. “Les hacíamos visitas estratégicamente seleccionadas para que pudieran comprender la magnitud de la riqueza que supone el parque”.

El conservador comparte una anécdota al respecto: “Una vez vino un grupo de periodistas en pleno verano y no había gran variedad de plantas. Para que se hicieran una idea, decidí explicarles el entorno a partir de las hojas secas del suelo”. Una improvisación que se quedó en el repertorio por pedagógica“, reconoce Escudero. ”Con las visitas siguientes, Mompó me pedía: explica eso de las hojas… que está muy bien“.

El parque natural, que forma parte de la Red de Espacios Protegidos, cuenta hoy con infraestructuras no solo de conservación, sino también de divulgación, como dos centros de visitantes, en Yeste y Riópar; cinco áreas recreativas; 11 rutas oficiales, dos aparcamientos y un campamento juvenil gestionado por la Junta de Castilla-La Mancha. A día de hoy, el hueco de Los Chorros es visitado por unas 180 mil personas al año. Pero lo más importante es que goza de un saludable equilibrio ambiental.

Un parque natural que conserva casi un tercio de toda la flora española

El director del espacio natural confiesa que le preocupa cómo puede afectar el cambio climático a la zona, “porque hemos llegado a un equilibrio de conservación, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y no podemos saber cómo pueden afectar las olas de calor a una zona húmeda”. Un reto que hay que asumir manteniendo el uso responsable y la actividad tradicional del parque.

A Jorge Escudero le preocupa más, nos cuenta, “porque la ganadería se está perdiendo y quizá se tendrá que sustituir por herbívoros silvestres” porque, explica, que “de alguna manera, el hombre está ya en medio y no se puede decir esto no lo tocamos y va evolucionando”. Debido a que el futuro del parque natural está ligado a la actividad del hombre, aclara que “hay que gestionarlo, pero esto pasa en zonas humanizadas”.

Parece increíble, comenta finalmente Antonio Catalán: “Tenemos, solo en el parque, casi un tercio de toda la flora de España, pero para dimensionar a nivel botánico este enclave hay que decir que esta pequeña reserva, tiene tanta variedad forestal como toda Gran Bretaña”.

Quizá por eso los vecinos del Brexit guardan el libro del duque de Almazán que le puso su primer nombre de Follo Guarde al enclave en un museo; porque no sólo es historia viva, también es una obra de arte de la naturaleza.

Ocupa un lugar destacado en el club de esas construcciones que se saltaron la protección del medio ambiente y que, a base de empujones políticos o enrocarse en los juzgados, prolongan su vida a la espera de un rescate final. Mientras el Constitucional analiza su demolición ordenada por el Supremo, la urbanización de lujo Marina de Valdecañas (Cáceres) está a punto de recibir un nuevo balón de oxígeno: borrar del mapa de especial protección la isla sobre la que se construyó.

Tras una ley ad hoc para legalizar el resort aprobada una década después de la sentencia en contra del Supremo y los recursos aún vivos al Constitucional, la última jugada es sacar ese terreno de la zona de protección de aves (ZEPA) mediante un decreto del Gobierno de Extremadura. El argumento utilizado es que se ha recalculado (gracias a los avances tecnológicos, se arguye) que esa isla no es inundable, que el agua del embalse en la que descansa nunca llegará tan arriba, y eso le quita su valor ecológico.

Lo hará con una norma diseñada para ajustar los límites de 11 ZEPAS “a las cotas de máximo llenado” de agua. En el caso de la ZEPA Embalse de Valdecañas, se observa que la parte por “reducir” coincide básicamente con la isla donde se sitúan las viviendas de lujo, hoteles y campos de golf. Lo que se ve es una gran superficie protegida ambientalmente –el embalse– con una isla en su interior, en este caso, de terreno excluido de esa protección –el resort–.

“Es un absurdo y es falaz limitar una zona de protección a la lámina de agua, al nivel máximo de llenado. Ese criterio haría que se modificaran múltiples ZEPAS en ese sentido”, argumenta Julio César Pintos de Ecologistas en Acción-Extremadura. “Es como decir que solo tendría que protegerse el agua de un río y no sus bosques de ribera”.

El Gobierno autonómico extremeño afirma que las modificaciones “no pretenden una descatalogación de espacios incluidos en la Red Natura 2000, sino la corrección de errores derivados de las imprecisiones cartográficas y que ha hecho necesario un ajuste cartográfico con la tecnología más precisa disponible”. El decreto amplía 1.000 hectáreas de ZEPA y elimina 324.

El Plan de Gestión de la ZEPA donde está la isla dice que, entre sus hábitats de interés, “hay que destacar la lámina de agua y las islas (que sufren fuertes fluctuaciones en superficie a lo largo del ciclo anual)”.

El mayor caso de demolición

Contra el argumento de que, simplemente, se había dibujado mal el mapa –lo que viene a decir la Junta–, el abogado ambientalista Jaime Doreste responde que “es otro intento de legalizar la urbanización”. Doreste es uno de los letrados que llevó el caso que culminó con la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que ordenaba la demolición total de la urbanización. El abogado cuenta que detrás del decreto está la idea de “si se declaró la nulidad por la ZEPA y ahora deja de ser ZEPA... ¿Dónde está el problema?”.

El caso de Valdecañas no es uno cualquiera. “Supone la mayor demolición en España de construcciones ilegales”, según el análisis de los investigadores José Carlos Salcedo-Hernández y Antonio José Campesino Hernández. También implica, para estos especialistas, “cerrar la puerta” al argumento de no demoler las edificaciones ilegales “por su elevado coste”, como en el caso del hotel El Algarrobico (Almería), que inició su construcción en 2003 y 23 años después aún está pendiente de demolición; o la estación de esquí de Navacerrada, cuyo permiso expiró en 2021 y sigue prolongando su actividad. La urbanización de Valdecañas –que empezó a construirse en 2007– ha encadenado sentencias en contra y maniobras políticas para sortear esos fallos y seguir plantada en medio de la ZEPA durante más de 15 años.

El apoyo a la urbanización de lujo declarada ilegal por los jueces y rescatada por los políticos es un tema bipartidista en Extremadura. Si el decreto actual está diseñado por el Partido Popular, fue el PSOE el que impulsó y aprobó la ley autonómica que en marzo de 2023 legalizó a posteriori las construcciones.

Antes, en 2011, también el PSOE y el PP juntos aprobaron en la Asamblea autonómica incrustar un párrafo de urgencia en la ley de suelo de Extremadura para desactivar la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba el Plan de Interés Regional que autorizaba la urbanización.

En 2020, casi diez años después, el Tribunal Constitucional sentenció en contra de ese párrafo aprobado “para eludir el cumplimiento de las sentencias” en contra del proyecto.  

El pasado 29 de abril el Mar Menor contempló impotente cómo un nuevo paisaje se añadía a su ya extenso catálogo de agravios. Un incendio sacudió casi al completo el humedal de La Hita, ubicado entre los términos municipales de Los Alcázares y San Javier. Era una de las pocas zonas naturales que rodean a la laguna en su ribera norte y la protegen de las amenazas externas. El fuego dejó un manto de ceniza y ramas calcinadas y, sobre todo, un olor que dificulta la respiración y penetra de lleno en los pulmones. Ahora la gente llega a este enclave no para pasear, como solía hacer antes, sino para presenciar de primera mano el desastre.

El incendio dañó un total de 22 hectáreas. Solo unos pocos puntos permanecieron intocados por las llamas. La Hita, además de ser un humedal de carrizo, cañas y árboles clave en la defensa natural del ecosistema contra la entrada de nitratos y productos químicos procedentes de los campos de cultivo, estaba catalogado como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), como Zona de Especial Conservación (ZEC) y como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Vivían en él especies como la cigüeñuela, el charrancito o la garza común. Sus ejemplares y nidos desaparecieron entre el fuego en plena época reproductiva. Es el incendio más grave de un humedal del Mar Menor desde que hay registros, lo cual adquiere un cariz mayor de relevancia, porque este tipo de parajes, ya muy escasos, son los únicos espacios de la cuenca vertiente de la laguna que no han sucumbido a la agricultura intensiva o a la presión inmobiliaria.

Todo apunta a que fue provocado

Los agentes medioambientales de la Región de Murcia y los bomberos tardaron más de 24 horas en dar por extinguido el incendio, que se produjo en el mediodía del martes 29. Las pesquisas para conocer las causas del siniestro ya han comenzado, y, según señalan a este periódico fuentes de los agentes medioambientales, se encuentran “en una fase inicial”.

Los trabajadores se pasean cuidadosamente por las cenizas, vestidos con trajes ignífugos manchados de hollín, y dibujan en el suelo un mapa de acción que les permitirá conocer el punto exacto donde saltó la primera llama. A partir de ahí sabrán cronológicamente qué sucedió, aunque ya trabajan con una hipótesis precisa. “Es un sitio de paseo, de tránsito de personas. Eso lleva a pensar que ha sido provocado, aún no sabemos si de manera fortuita o intencionada”, explican.

Los agentes tienen claro que el fogonazo original se produjo en una zona cercana a la base militar que años atrás actuó como aeropuerto autonómico. Un poco más al fondo se ubica un camping de caravanas en temporada baja. El fuego corrió imparable hacia el oeste, hacia los edificios de apartamentos del final de Los Alcázares, impulsado por un viento de levante fortísimo que “propició que se propagara en cuestión de pocos minutos”. Miembros del cuerpo de bomberos y varios vehículos de la Academia General del Aire conformaron un operativo que improvisó, asimismo, un cortafuegos con maquinaria pesada que fue determinante para contener las llamas. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya se encarga de repasar las cámaras de videovigilancia cercanas en busca de rastros de esa acción intencionada o involuntaria que inspeccionan los agentes medioambientales.

El carrizo y la agricultura intensiva

Pero el viento, que llegó a alcanzar rachas de hasta 45 kilómetros por hora, no fue la única razón que dio paso a que la voracidad de las llamas devorara La Hita. El incendio ha puesto ahora el foco en la gestión de la Consejería de Medio Ambiente murciana en este tipo de reductos que abrazan una parte imprescindible de la laguna. “El saladar, que es el humedal por excelencia del Mar Menor, ha ido siendo sustituido en las últimas décadas por el carrizal, como lo era La Hita. Esa es una consecuencia de la llegada de grandes caudales de agua de regadío del Campo de Cartagena, del uso de fertilizantes y de un acuífero que rebosa por encima del nivel freático y que también está contaminado”, afirma el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) Pedro García.

El ambientalista explica que el incremento de la actividad agraria y los altos niveles de agua dulce en el subsuelo han contribuido a que crezcan grandes extensiones de carrizo en los humedales de la albufera, y que, cuando las cañas mueren, si no se cuidan adecuadamente, acaban conformando una masa muy densa de ramas secas. Se trata de un combustible ideal para el fuego. Ese era el estado exacto de La Hita. “Este humedal no ha tenido absolutamente ningún manejo por parte de la Administración regional”, manifiesta Pedro García. 

En la misma idea inciden fuentes consultadas del Ayuntamiento de Los Alcázares, a cuya jurisdicción pertenecen 19 hectáreas del nuevo páramo gris que se impone en el horizonte. Califican el trabajo de Medio Ambiente en los últimos años como “muy deficitario, casi nulo”. “Desde el Ayuntamiento se ha escrito muchísimas veces a la Dirección General de Patrimonio Natural de la Consejería trasladando quejas del estado en que se encontraba el humedal. Pero no ha servido de nada”, recalcan. El Consistorio ribereño confirma además que “no hay una cuestión urbanística” detrás del suceso, al tratarse de terrenos protegidos que no se pueden recalificar.

La Hita reducía “la llegada de nitratos al Mar Menor”

“Este carrizal era una auténtica depuradora natural. Transformaba el agua cargada de abonos del campo en masa vegetal e impedía que desembocara en el mar. Está comprobado que el carrizo es un elemento que reduce notoriamente la llegada de nutrientes al Mar Menor. Pero hay que limitarlo con cuidado. Si no, se puede colmatar el humedal y puede ocurrir un imprevisto”, apunta Pedro García.

Pese a ello, el ambientalista asegura que la recuperación de las cañas tras un incendio es relativamente rápida. En varios meses, tal vez un año, dice, volverán a tener un tamaño considerable. “Pero igual que rebrota”, advierte, “puede haber otro incendio que se propague igual de rápido dentro de unos años si no hay un manejo adecuado”.

Pedro García se detiene también en la “afección a la fauna” del humedal. “El fuego se ha producido en una de las peores épocas, porque coincide con la reproducción de muchas especies de aves”. Fuentes del Ayuntamiento de San Javier lamentan, por su parte, esa “pérdida medioambiental y de biodiversidad”.

“Era nuestro lugar para respirar”

Entre la gente que se acerca para mirar incrédula el paisaje hay mucha que antes venía a La Hita a pasear y atravesaba el humedal y las cañas recorriendo una pasarela de madera que también ha sido destruida por el fuego. Aún es fácil respirar las partículas que ardieron con una furia que no se había visto nunca a orillas del Mar Menor. El aire tiene un brillo como de gasa sucia que difumina las sombras de las pocas plantas, también calcinadas, que han permanecido en pie.

Todas las conversaciones giran en torno al incendio. Rosario Simón es una fotógrafa que acude de vez en cuando para hacer fotos de las aeronaves militares que aterrizan y despegan del aeropuerto. También aprovechaba, pero eso ya forma parte del pasado, para inmortalizar algunas de las aves que se dejaban ver en la espesura. Ahora no puede evitar fijar su objetivo en ese cementerio que la rodea por todas las direcciones. “Todo ha desaparecido. Lo vimos en las noticias y no lo pudimos creer. Pero estaba en muy mal estado. Las cañas eran tan altas que impedían ver el mar. Y dentro era como una selva, tan espeso que no se podía atravesar”. Comenta Simón, mientras camina y guiña el ojo y observa por la lente de la cámara, que ahora parece que ha pasado por aquí una guerra muy reciente. 

También hay personas que vieron el fuego desde las ventanas de sus casas, como Manola, que reside en el complejo de edificios más cercano al humedal, al término de Los Alcázares. Recuerda aquella noche del 29 de abril, el fuego rojo vibrando en la oscuridad, las columnas de humo, los helicópteros volcando cubos gigantes de agua. “Fue horrible. Nunca había visto algo así. Mira cómo está. Imagínate cómo era ver arder todo, con el viento que hacía. Ahora se ha quedado pelado, sin vida. Era la casa de muchos animales y era nuestro lugar para respirar”, dice.

Misma situación en otros humedales de la laguna

El futuro del humedal es incierto por varias razones. Las vigas de la pasarela de paseo yacen quemadas en el suelo. Hay por todas partes clavos desprendidos. Hay troncos decapitados de árboles que tardarán muchos años en volver a erigirse. La Hita se ubicaba junto a campos de cultivo y áreas muy urbanizadas, lo que pone de manifiesto la fragilidad a la que ha sido arrojado el Mar Menor en su franja norte. “Su función de retener contaminantes era más importante todavía por el sitio en que se encontraba”, señala Pedro García. 

El director de ANSE apunta a la importancia de la gestión que hará Medio Ambiente del nuevo humedal que crezca en el futuro, y al resto de entornos similares que rodean al Mar Menor, no muy lejanos a La Hita. Por un lado, la marina de El Carmolí. Por otro, el saladar de Lo Poyo, del que también se calcinaron ocho hectáreas en 2015. Se calcula que hay en total más de 100 hectáreas de carrizo en la albufera. En todas se acumulan las paredes de cañas de varios metros de altura, y las que mueren se quedan sepultadas, y secas, en el fondo. 

“Ahora hay que preguntarse qué se puede hacer para evitar que este tipo de desgracias vuelvan a ocurrir, y qué manejo se hace de los carrizales para ello. Este incendio debería servir para que la Comunidad Autónoma plantee posibles actuaciones. Desde nuestro punto de vista, podría intentar restaurarse para que tuviera otro tipo de vegetación, no una masa exclusiva de carrizo, y crear algún segmento húmedo o alguna charca”, concluye el ambientalista.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, la Consejería de Medio Ambiente de la Región murciana no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

Lo único seguro es que un humedal que tardó años y años en constituirse fue consumido en apenas minutos por una gran llamarada favorecida por el viento. A Julián, otro vecino que ha llegado al desierto en bicicleta para ver con sus propios ojos la magnitud de la destrucción, le gustaba acceder cada tarde a la playa virgen del fondo, frente a la pista de aterrizaje. “Si con los espacios protegidos hacemos esto, no me quiero imaginar con los que no lo están”, sentencia, y se sube de nuevo en su bici, pero da media vuelta, porque la pasarela por la que solía pasar está partida por la mitad.