La nueva directora de producción de la sociedad encargada de la explotación de la M-30, Calle 30 —que este 2026 volvió a ser una entidad totalmente pública 20 años después—, ocupaba ese mismo cargo en Emesa. Es decir, en la sociedad privada que durante esas dos décadas ha poseído un 20% del organismo responsable de gestionar la M-30. Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid aseguran que todos los procedimientos de contratación se han desarrollado “conforme a la normativa” y “con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial. Ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.

Como directora de producción, Suárez coordina la planificación, organización y supervisión de los recursos y procesos operativos (asfaltado, seguridad, señalización...) en Calle 30. Esta es, a su vez, la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.

Pese a la remunicipalización, Calle 30 (ahora liderada por el polémico exconcejal Javier Ramírez) sigue ejecutando muchas de las operaciones y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa. De ahí que Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alerte en conversación con Somos Madrid de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.

Romero expone la dificultad del puesto de Suárez y las dificultades que entraña la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Es por ello que cuestiona el nombramiento, aunque no duda de los “conocimientos” de Suárez “sobre obra civil y las materias de su competencia”.

Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo

Samuel Romero — Exconsejero apoderado de Calle 30

Algunos de estos contratos ascienden a importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.

Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid (la delegada, Paloma García Romero, preside Calle 30), en declaraciones a este medio, justifican que “la sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”. En este contexto, argumentan, “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Defienden que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.

Una “oportunidad perdida” para “crear una empresa pública potente”

A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestiona que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”: “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.

El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.

La gestión de Calle 30 es 100% pública, pero solo desde el pasado 1 de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y por la que dilipendiaba 55 millones de euros anuales. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando ejecutó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.

Romero recuerda que, cuando el equipo de Carmena accedió al poder, pudo comprobar de primera mano la “opacidad en la documentación de los contratos y licitaciones” dentro de Calle 30: “Nuestra labor no fue solo modernización o sostenibilidad, sino preguntar qué habíamos hecho con el dinero público. Nos topamos con certificaciones de obras opacas y contratos de conservación con conceptos ambiguos y duplicados. Buscábamos mayor transparencia y establecer mecanismos para no repetir errores”.

Remarca que continuar con el contrato con Emesa a partir de 2025 habría resultado “ilegal” y que su etapa al frente de la sociedad “contribuyó a poner esa realidad delante”. La de “un modelo deficiente que nunca debería haberse constituido”. Su mayor lamento es no haber podido completar la remunicipalización ya en la década pasada, antes de que el Partido Popular recuperara el poder: “No tuvimos tiempo suficiente”, dice. El cese de Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda que controlaba Calle 30 hasta su destitución en diciembre de 2017, frustró los planes más ambiciosos.

El fin de un modelo “lesivo” entre diversas contrataciones

Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040.

“Lesivo para las arcas públicas municipales”. Así es como el dictamen final sobre la auditoría de Madrid Calle 30, a partir de un informe de la Cámara de Cuentas, definía el modelo de gestión elegido para la sociedad. La investigación impulsada durante el mandato de Carmena reveló que la arquitectura de la gestión de Emesa fue ideada por el equipo de Gallardón para intentar que la deuda generada durante el soterramiento de la M-30 no computara a los fondos del Ayuntamiento. Por ello, aunque Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, un año después dio entrada al capital privado para evitar los controles de la Unión Europea y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento no permitido por las instituciones comunitarias de control.

El acuerdo, sin embargo, recogía la opción de su revocación en 2025. Una cláusula que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida acabó ejerciendo. Con ello, dejó de pagar el IVA o el impuesto de sociedades de todas sus operaciones, así como los dividendos obligados a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir una gestión pública.

La decisión, irrevocable, fue tomada por el área de Obras y Equipamientos después de un informe del área de Hacienda que informaba del ahorro para las arcas públicas. El cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento efectuadas por Emesa deben que ser licitadas en nuevos contratos de gestión, como el adjudicado a finales de 2025 por casi 200 millones de euros.

Actualmente Calle 30 se encuentra en pleno proceso de contratación de otros altos cargos, como el de director gerente, cuya oferta de empleo fue publicada el pasado 13 de marzo. La remuneración anual del puesto se sitúa por encima de los 103.000 euros brutos. En área de Obras afirman que “se resolverá de conformidad con las bases publicadas mediante el procedimiento previsto”. Apostillan que la convocatoria tiene por objeto “cubrir la vacante que se producirá con la salida del actual director gerente [Antonio Tocino de la Iglesia], que ha comunicado su voluntad de extinguir la relación laboral con Madrid Calle 30 en un puesto de la máxima importancia para la gestión diaria del servicio”. Otras convocatorias en una fase más avanzada incorporarán tres oficiales administrativos, un técnico del área de instalaciones, uno de estructuras, uno más de explotación y otro especializado en modelos digitales 3D.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de dar el visto bueno inicial a la gran bolsa de suelo que tenía guardada desde hace más de dos décadas en el Este de la ciudad, a la espera del sueño olímpico. La Nueva Centralidad del Este (NCE) ha echado a andar esta semana con la memoria-borrador de la Modificación del Plan General que inicia los primeros trámites urbanísticos para un barrio que podría haber seguido los ritmos del cercano Valdebebas, pero que tuvo que aguardar a que las candidaturas a los Juegos Olímpicos fracasaran hasta en tres ocasiones para dar otro destino a sus terrenos.

La Nueva Centralidad del Este fue definida en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) del año 1997, pero la apuesta de la ciudad por concurrir a las citas olímpicas de los años 2012, 2016 y 2020 hizo que este lugar se adaptara en los planos a las necesidades del evento en lugar de dedicarse a la expansión de la ciudad en este punto. Durante las alcaldías de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), su equipo dibujó un barrio que sirviera como residencia para los deportistas durante las dos semanas que dura la cita olímpica, con más de 11.000 pisos y 271.047 m² de edificabilidad residencial.

En una memoria del año 2008, el Ayuntamiento de Madrid aseguraba que esta reserva de suelo iba a estar conectada con el estadio olímpico de La Peineta –por entonces no pertenecía al Atlético de Madrid– a través de una enorme pasarela sobre la M-40, a unos 500 metros de las primeras viviendas. Jardines, lagos y hasta una gran zona verde en el sur de 16 hectáreas completaban el idílico paisaje en los planes municipales presentados al Comité Olímpico Internacional.

Había incluso un plan detallado para aprovechar todas estas instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos, que se convertirían en viviendas protegidas en alquiler, lo que hubiera otorgado a la EMVS una bolsa de pisos más grande de la que gestiona en la actualidad. De ellas, el 15% iban a ser reservadas para atletas españoles.

También había planes para convertir parte de los edificios en dos hoteles y en una residencia para la tercera edad. Además, estaba previsto que el Centro del Comité Olímpico Nacional fuera transformado en una escuela primaria y las instalaciones deportivas formarían parte del campus de una nueva Universidad Deportiva que se ubicaría junto a la Villa. Oficinas y zonas comerciales completarían un futuro que nunca llegó por los sucesivos fracasos de la ciudad en las votaciones del COI.

El escenario ha cambiado mucho desde entonces, empezando por La Peineta. La cesión del estadio al Atlético de Madrid durante la época de Carmena para completar la operación Mahou-Calderón fue el principio del traslado de los intereses rojiblancos que se completó después con la llegada de Almeida a Cibeles. Además de permitir al club de Enrique Cerezo crear un nuevo estadio con la máxima calificación, el Ayuntamiento le ha ido entregando las parcelas olímpicas donde se iban a ubicar diferentes instalaciones, y que ahora albergarán una ciudad deportiva y de ocio, con campo de golf, centro comercial y hasta una piscina de olas para el surf.

El último cadáver olímpico que queda en la zona, el inacabado Centro Acuático en el que el Ayuntamiento dilapidó cerca de cien millones de euros públicos, va camino de ser cedido también a los colchoneros para la construcción de un enorme pabellón multiusos donde acoger eventos deportivos y conciertos para hasta 20.000 personas.

Una vez enfilado el futuro urbanístico de esa zona del distrito de San Blas-Canillejas, el Gobierno de Almeida empieza a dibujar el situado al otro lado de la M-40, en los terrenos baldíos hasta llegar a Coslada. Son 5.546.954 m² de suelo, de los que dedicará 1.588.293 m² como superficie edificable, la mitad para vivienda libre y la otra mitad con algún tipo de protección. De ellos la Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) sumará 595.610 m² y la Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL), 198.537 m², el 12,5% del total construido.

Habrá también 680.697 m² para actividades económicas, con un futuro campus tecnológico y de innovación que ocupará dos tercios de ese espacio. El resto será para oficinas y otros elementos de uso terciario. Además, hasta 1.300.000 m² del ámbito se han propuesto como espacios libres y zonas verdes. En ellos se incluye el humedal de las Lagunas de Ambroz, una antigua explotación minera que se inundó al sur de la zona que grupos ecologistas y partidos como Más Madrid llevan años pidiendo proteger. La red de equipamientos, que contará con tres barrios (norte, centro y sur), sumará 100.000 m².

Una de las grandes incógnitas de este nuevo desarrollo está en las conexiones de transporte público con las que contará. Sus impulsores aseguran que la Línea 2 de Metro ya cuenta con una plataforma construida para trenes en espera, así como suelo para albergar cocheras. Por otro lado, la Línea 7 que cruza hasta Coslada atraviesa sus terrenos y podría -como sucederá en Los Berrocales con la Línea 9- abrir una parada entre medias.

Lo que sí está asegurado en este barrio son las conexiones por carreteras, ya que el barrio estará rodeado de importantes infraestructuras viarias como la M-40, la R-3, la M-21, la M-201 y la M-214.

El inicio de esta nueva operación urbanística marca el punto de arranque para un proceso burocrático al que todavía le quedan muchos años para empezar a abrir las calles de este nuevo barrio de Madrid. Y más aún hasta que se levanten los primeros pisos, algo que no sucederá en al menos una década.

Lo que es seguro es que un hipotético sueño olímpico madrileño tendría que cambiar de emplazamiento, porque los terrenos para el estadio de atletismo, el de natación o las residencias de los deportistas serán dedicados a otras necesidades. Pese a que la presidenta Ayuso dijera hace unos días “vamos a pelearlo”, en referencia a una candidatura. De momento, el Comité Olímpico Español ya descartó que Madrid pudiera optar como sede a la cita del año 2036, la primera disponible sobre la que aún no se ha designado ciudad, y no hay ningún viso de que el año 2040 pueda ser el nuevo objetivo de la capital de España. Porque, entre otras cosas, no se han identificado terrenos para albergar la villa olímpica y a la capital se le empieza a agotar el suelo disponible que no esté comprometido con otras operaciones urbanísticas.

Los cinco alcaldes electos de Madrid en la democracia posteriores a Enrique Tierno Galván han protagonizado un debate, o más bien una conversación, para celebrar el centenario de la Cadena SER. Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuela Carmena, con la participación final de José Luis Martínez-Almeida, han acudido a esta edición especial de Hoy por Hoy Madrid conducida por Marta González Novo.

Los primeros ediles de la capital han repasado los grandes hitos vinculados al Ayuntamiento en los últimos 45 años, desde la efervescencia con Tierno Galván y la tristeza por su muerte (momento en el que su sucesor Juan Barranco ha tenido que dejar el micrófono visiblemente emocionado) hasta la colaboración ciudadana durante la pandemia. Todo ello mientras las cuatro personalidades han mostrado su lado más humano y sincero.

Así, Manuela Carmena ha admitido que vivió su primer día como alcaldesa cuando la caída de un árbol en el Parque del Retiro le costó la vida a un niño de cuatro años. “Como en otras controversias que involucran a los equipos de Gobierno, no había responsabilidad penal. Pero cuando tu preocupación es preservar la seguridad y el bienestar de los madrileños, cuidar de ellos, te queda la sensación de si podrías haberlo evitado”.

Alberto Ruiz-Gallardón ha declarado por su parte que “el 11-M fue el peor día de la historia de Madrid”. Todos los regidores han coincidido en alabar el comportamiento de los servidores públicos y el conjunto de la ciudadanía ante los atentados yihadistas que sacudieron la ciudad en 2004. El también expresidente de la Comunidad de Madrid ha contado que aquel mismo día recibió la llamada de, entre otros (incluido Juan Barranco), el juez Baltasar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ya le alertó, según ha expuesto Ruiz-Gallardón, de que el modus operandi no parecía propio de ETA. El Gobierno de José María Aznar rechazó esta hipótesis, lo que ha acabado derivando en una teoría de la conspiración.

La pesadilla del sueño olímpico

Ruiz-Gallardón ha abordado una de las grandes controversias de su mandato, las intentonas olímpicas: “Hay esfuerzos que producen beneficios aunque no resulten. Sirvió para desarrollar estructuras hoteleras y deportivas y para dar visibilidad a la ciudad [también dejó inversiones ruinosas]. Madrid no debe arrepentirse de sus candidaturas olímpicas. Ahora bien, el reparto de la sede es un acto discrecional por parte de un club privado [el Comité Olímpico Internacional], por lo que me pensaría muy mucho si una ciudad moderna del siglo XXI debe volver a intentarlo”.

El exministro de Justicia ha presumido además de las importantes obras ejecutadas durante su mandato, con Madrid Río y el soterramiento de la M-30 a la cabeza: “El otro día un taxista me decía que durante las obras me llamaba de todo a mí y mi familia, pero que ahora eran una alegría. Me invitó a la carrera y todo. Lo que ocurre con este tipo de intervenciones es que hay que explicarlas muy bien y que la gente aprecie su utilidad. Entendimos que era imprescindible suturar una herida que separaba el norte y el sur encerrando un río. La M-30 consigue fluidez, pero también salva vidas en la que era una de las carreteras más peligrosas de Madrid”.

Para Álvarez del Manzano, el mayor logro de su prolongada etapa como regidor entre 1991 y 2003 fue precisamente de carácter sanitario: la creación del Samur en 1992. “Es la primera vez que metimos a un cirujano en un quirófano movible. Habría valido la pena con salvar una vida, pero se han salvado y se siguen salvando muchas”. Más polémica fue su apuesta por los parquímetros. “Antes construí 100.000 plazas de aparcamiento”, ha recordado. Gran valedor de la primera candidatura olímpica de cara a los Juegos de 2012, difiere en este punto de su sucesor: “Es una bandera política que hay que seguir, Madrid será villa olímpica”.

De sus tres años con el bastón de mando, el socialista Juan Barranco ha sacado pecho por su parte de la apuesta por la vivienda, el saneamiento y los equipamientos en zonas de Vallecas, Villaverde o Carabanchel. “No es fácil encontrar una solución al problema tan complejo de la vivienda. Desde luego hay que enfocarse en la vivienda social en régimen de alquiler”, ha apuntado en relación a una situación que ha derivado en una gran movilización social en la ciudad.

El buen rollo de quienes comparten un cargo especial

Los exalcaldes han mostrado una gran sintonía, que han puesto en contraste con la “crispación” de la política actual. “Se ha bajado un poco el pistón de la responsabilidad y el respeto político”, ha asegurado Álvarez del Manzano. “¿Solo un poco?”, ha matizado Ruiz-Gallardón.

Han coincidido igualmente en elogiar la labor de Tierno Galván, recordando los bandos del viejo profesor. Un corte radiofónico ha rescatado uno de los más brillantes, en el que llamaba a los vecinos a cuidar y respetar la ciudad para mantenerla limpia. En él habla del Manzanares como “río que solo con exageración podemos llamar caudaloso”.

Otro punto de encuentro entre los antiguos mandatarios madrileños ha llegado al recalcar lo especial del cargo, incomparable a cualquier otro de la esfera pública o la privada. “La verdad es que me sigo sintiendo alcalde de Madrid, no hay nada como esto. Mis 12 años en el Ayuntamiento marcaron mi vida. Estás en la mente del ciudadano permanentemente para la crítica y la alabanza. Los ministros pasan, los alcaldes se quedan. Cuando hicieron ministro a Gallardón le comenté que descendía”. Este interrumpe entonces y apunta lo que le dijo fue “qué bajón”.

“No me siento alcalde en el sentido de responsabilidad o influencia, más allá de la de cualquier ciudadano, pero no es un puesto más. Nada deja más huella ni te hace estar más cerca de los ciudadanos, pero en la vida no hay que tener nostalgia y menos aún nostalgia de uno mismo. Como exalcaldes, debemos ponernos a disposición de nuestros sucesores”, ha manifestado Ruiz-Gallardón. “En cierto sentido una nunca se deja de ser alcaldesa. Pero en otros sí, porque ahora me siento una ciudadana sin más de esta preciosa ciudad”, ha respaldado Manuela Carmena.

No me siento alcalde en el sentido de responsabilidad o influencia, más allá de la de cualquier ciudadano, pero no es un puesto más. Nada deja más huella ni te hace estar más cerca de los ciudadanos, pero en la vida no hay que tener nostalgia y menos aún nostalgia de uno mismo. Como exalcaldes, debemos ponernos a disposición de nuestros sucesores

Alberto Ruiz-Gallardón — Exalcalde de Madrid

“En mi trayectoria política he sido muchas cosas, pero la gente en la calle me para por haber sido alcalde. Y también es lo que más huella ha dejado en mi interior tanto para lo bueno como en los momentos más amargos”, ha expuesto por su parte Juan Barranco. Quizá ninguno tan amargo como la moción de censura que, con los votos de Alianza Popular y Centro Democrático y Social, puso fin a su mandato en 1989. Le sucedió entonces durante los otros dos años de legislatura Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS.

Alcaldía y radio, asuntos de familia

Un alcalde nunca electo y que no fue candidato en 1991 por problemas de salud que provocaron su muerte ese mismo año. Pero que ha estado muy presente en este acto ya que su nieto, Agustín Rodríguez-Sahagún, es redactor en Radio Madrid. El periodista ha relatado en antena alguna de las curiosas anécdotas que el nombre le depara en su trabajo.

“Madrid ha evolucionado razonablemente bien, aunque siguen existiendo desafíos importantes”, ha subrayado Almeida al final del programa especial (no ha podido estar presente en directo debido a su presencia en la reapertura del Beti Jai). Destaca de sus años como alcalde que el Ayuntamiento “estuvo siempre al lado de los ciudadanos durante la pandemia”.

No tiene sentido centrarnos en lo que se hace cuando se es oposición y después. Estoy orgullosa de haber llevado a cabo algo como Madrid Central, que es bueno para la salud de los vecinos y que nos pedían

Manuela Carmena — Exalcaldesa de Madrid

El regidor ha hecho además un llamamiento al consenso: “Cuando los madrileños se identificaron más con la política y los políticos fue con los Pactos de la Villa. Deberíamos ser capaces de debatir con más cortesía y abstraernos de los extremos tan habituales de redes sociales. Hace poco, Manuela Carmena me paró por la calle y me felicitó por la boda. Detrás de los políticos estamos las personas”.

Antes, Carmena (que ha criticado algunas prácticas de la política contemporánea citando el libro Malismo, de Mauro Entrialgo) no ha querido hacer sangre con el cambio de criterio de un Almeida que prometía la abolición de Madrid Central y acabó conservando el proyecto rebautizado como Madrid 360. “No tiene sentido centrarnos en lo que se hace cuando se es oposición y después. Estoy orgullosa de haber llevado a cabo algo como Madrid Central que es bueno para la salud de los vecinos y que nos pedían”. Carmena ha sintetizado en su última intervención que “el alcalde o alcaldesa dirige una orquesta que es la ciudad, y en ella deben estar representada todas sus voces”.

“Madrid vibra con la Eurocopa de todos”. Con este mensaje celebraba anoche el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el triunfo de la Selección Española en la Eurocopa y los posteriores festejos que tiñeron de rojo y amarillo el centro de la capital. Lo cierto es que, aunque la victoria sea “de todos”, el regidor la ha hecho muy suya. O al menos ha escenificado un mayor protagonismo en estos actos que el de sus predecesores.

La imagen más comentada llegó ya el domingo, cuando la pantalla gigante colocada en un espacio público como la plaza de Colón se convirtió en todo un photocall de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid, al que se sumaron tanto el líder de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, como el portavoz de su partido en la misma institución, Miguel Tellado. La jornada dejó vídeos e imágenes de Almeida saltando junto al líder de su partido y algunos de sus concejales más destacados: la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz; el presidente del Pleno, Borja Fanjul; la responsable de Deportes, Sonia Cea [cuya área organizaba el acto] o la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.

“El Ayuntamiento no cursó invitaciones. Había una zona reservada para autoridades, a la cual podrían haber accedido aquellas que se hubiesen presentado”, manifestaron desde el Consistorio a Somos Madrid, después de que fuentes de Más Madrid y del PSOE confirmaran a este medio que sus ediles no fueron invitados al evento y que tampoco tuvieron constancia de que podían haber acudido a la zona VIP habilitada.

Dichas fuentes indican a este medio que sí recibieron invitación a los actos de carácter municipal durante la celebración de este lunes, después de la polémica causada por lo sucedido el domingo. En ellos, sin embargo, Almeida volvió a tener un protagonismo mayor que el habitual.

El regidor recibió la comitiva de futbolistas a su llegada a la plaza de Cibeles, escenario elegido para festejar la consecución de este cuarto título europeo. Recibió el saludo (muy cordial) del seleccionador, Luis de la Fuente, y el capitán, Álvaro Morata. Con ellos se dejó fotografiar besando el trofeo de la Eurocopa.

Este papel preponderante contrasta con la presencia testimonial de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid en 2010, cuando la Selección celebró en la ciudad el mayor éxito deportivo de su historia: el Mundial de Sudáfrica. Las únicas fotografías difundidas en aquella ocasión por el Ayuntamiento retrataban al exregidor entre el público congregado en Cibeles para aguardar el paso del autobús con los jugadores entrenados por Vicente del Bosque.

De hecho, no hay constancia de la presencia de Gallardón en el lugar elegido para festejar el título. En aquella ocasión tuvo lugar en la explanada del Puente del Rey, junto al río Manzanares, y el Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamiento) fue tan solo lugar de paso del autobús de los campeones. Tampoco hay instantáneas o publicaciones que registrasen la presencia de su sucesora, Ana Botella, después de que España se alzase en 2012 con su última Eurocopa hasta la fecha.

Desde el área de Deportes justifican el contraste por el cambio en la ubicación de los festejos: “La Real Federación Española de Fútbol eligió la Plaza de Cibeles para la celebración del título de la Eurocopa logrado por la selección. La Federación requirió el uso de parte del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, por lo que el alcalde saludó a la selección a su llegada, tal y como ha podido verse en diversas imágenes”.

“No hubo ninguna recepción oficial, ni acto protocolario. Únicamente se produjo un saludo por parte del alcalde de Madrid a la selección en el momento de su llegada a la casa de todos los madrileños, gesto que los jugadores agradecieron. Asimismo, también acudieron ayer a Cibeles la portavoz socialista, Reyes Maroto, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith”, informan a Somos Madrid estas fuentes municipales.

Almeida, “como un cerdo en una charca”, defiende el “Gibraltar español”

El actual alcalde de la capital no ha dejado pasar la oportunidad de seguir opinando sobre la fiesta de este lunes. Almeida ha defendido a los futbolistas que, contentos y radiantes, aprovecharon la ocasión para corear el grito de “Gibraltar español”. El exjugador del Chelsea Álvaro Morata o el futbolista del Manchester City Rodri Hernández fueron algunos de los que lo hicieron con mayor fervor.

“Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos”, ha declarado este martes en unas declaraciones en Telecinco recogidas por Europa Press. Ha definido el cántico como “muy bueno”, para apostillar después que no quiso “ofender a nadie”, además de mostrar su “máximo respeto” por Reino Unido.

Almeida definió la celebración de este lunes como “muy emocionante” y se ha mostrado agradecido con la Real Federación Española de Fútbol por elegir Cibeles y la sede del Consistorio como “base operativa” para el festejo: “Disfruté como un niño la noche de reyes, como un cerdo en una charca”.

Paralelamente, el Ejecutivo municipal ha complementado la presencia de Almeida y su equipo en estos eventos con otras actuaciones como la customización del transporte público anunciada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El Partido Popular ha hecho un gran descubrimiento: la gestión de Madrid Calle 30 debe ser cien por cien pública.

Almeida y su área de Obras y Equipamientos nos han comunicado que, si bien la gestión mixta de M30 resultaba en principio eficiente, “el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica” han hecho necesario replantearse el modelo. Y es que ese es el principal motivo del cambio: el ahorro económico que supondrá para las arcas municipales. “Es una opción más eficiente y sostenible, manteniendo el nivel actual de excelencia en el servicio”, afirman. De hecho, el Área de Hacienda solicitó un informe externo para determinar cuál era el modelo más conveniente. No hubo dudas sobre que la municipalización era la mejor alternativa.

Lo que hace Almeida es una enmienda a la totalidad de la política realizada por el PP con Madrid Calle 30, pero veinte años tarde y más de 1.100 millones de sobrecoste después solo en la elección de ese modelo de gestión que ahora anuncian querer cambiar. De hecho, en 2017, el PP votó en contra del mandato claro que surgió de la Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas y el informe realizado: remunicipalizar Madrid Calle 30, comprar ese 20% y hacerla 100% pública. Se aprobó con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. 

El dictamen fue ignorado por quienes sucumbieron a las presiones de Montoro, pero también por el PP y Ciudadanos en 2019.

Ahora en 2023, Almeida descubre lo que todo el mundo sabía a estas alturas.

Nos han robado. 

Y, ¿sabéis una cosa?

Fueron ellos…

A nadie sorprende a estas alturas que existen constructoras que han financiado campañas electorales de determinados partidos políticos a cambio de algunos contratos. Desgraciadamente, ha sucedido suficientes veces como para que, en el imaginario colectivo, se haya instaurado como algo habitual. 

Pero la historia de la M30 supera, con creces, cualquier trampa habitual de quienes conviven con la corrupción y están acostumbradas a ella.

Alberto Ruiz Gallardón se presentó a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid en 2003 con el proyecto estrella del soterramiento del tramo oeste de la M30. Pidió a las constructoras que se pusieran a trabajar en un proyecto que le diera la alcaldía. Toda la campaña electoral se centró en esta mega obra que escondía una auténtica ruina para las arcas públicas convertida, por la varita del alcalde, en un auténtico tesoro para las constructoras. Toda una estrategia plagada de trampas: ahí residía su magia.

El PP aseguró que apenas supondría un coste de 1.500 millones de euros y que no afectaría a la deuda municipal. 

La auditoría que realizamos en el período de gobierno de Ahora Madrid cifró en más de 9.500 millones de dinero público destinado a la construcción y mantenimiento de esta vía. Y no solo es llamativa la cifra, más de seis veces superior a la anunciada. Es que también la operación ha estado plagada de ilegalidades e irregularidades.

La primera trampa la hicieron con las obras: todas fueron declaradas ilegales.  Decidieron no presentar declaración de impacto ambiental (ojo, con unas obras de 48 km de vías y 500.000 m2 de carretera al lado de un río) con la famosa estrategia del chorizo: presentó la obra en trocitos y declaró que, cada uno de ellos por separado, no necesita dicha declaración. Hoy sabemos que es uno de los principales focos de contaminación de la ciudad y contraviene, además, el diseño urbano adaptado al escenario climático y energético.

La segunda de las trampas, que también pronto quedó en evidencia, se centró en ocultar la deuda. Lo hicieron con un modelo de gestión mediante una empresa mixta que permitiera alegar que la deuda para ejecutar el proyecto no era de la ciudad. No engañaron a nadie. Tampoco a Eurostat, que dejó claro que la deuda debía computar como pública y llevó los pasivos de Madrid a cifras desorbitadas. En definitiva, imputar deuda pública de forma masiva para hacer unas obras declaradas ilegales y que incorporaron gigantescos sobrecostes que eran aprobados en algunos casos en unos pocos minutos sin control efectivo del presupuesto público. 

¿Cómo diseñaron el modelo mixto de gestión?

Se fijaron los costes del mantenimiento de la infraestructura a realizar por parte de la empresa privada que resultase adjudicataria y la inversión que esta aportaría. A cambio, obtendría una rentabilidad fija cada año. 

Suena bien, ¿verdad? 

Pues ha sido con vuestro dinero, porque la licitación estuvo plagada de irregularidades.

1. ACS y Ferrovial constituyeron una UTE para presentarse a este concurso. Hasta aquí, nada raro.

2. Tenían que presentar una propuesta técnica perfecta puesto que su propuesta económica no era lo era tanto. Y fue tan perfecta que la valoración de algunos aspectos de la oferta era superior al máximo. Una maravilla, vamos.

3. Después debía celebrarse una reunión de la mesa de contratación para determinar quién se llevaba el contrato. Sin embargo, algo debió suceder, que ordenaron modificar el informe y convocar de nuevo la mesa 24 horas después.

4. Ahora sí, de esa nueva mesa, ACS y Ferrovial resultaron adjudicatarias del contrato con mayor rentabilidad que han tenido en España.

El resultado es que el modelo de gestión mixto nos ha salido carísimo. Más de 1.100 millones de euros de sobrecoste. Dinero público que, en vez de utilizarse para políticas públicas en beneficio de todas y todos, han engordado los dividendos de las empresas presididas por Florentino Pérez y Rafael del Pino. Es lacerante tomar conciencia que, con el pufo ocasionado por el modelo de gestión mixto que ha enriquecido a ACS y a Ferrovial, se habrían podido construir 18.000 viviendas para alquiler social en nuestra ciudad, multiplicando por dos las que ahora tiene la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

La empresa de economía mixta fue la culminación de la opacidad buscada. Eliminó a los consejeros de los partidos de la oposición, intentó ocultar la deuda para que no computase como propia de la ciudad, permitía saltarse órganos fiscalizadores durante la ejecución de las obras. Obviamente, el precio de esta opacidad ha sido soportado por todos y todas las madrileñas, que han visto recortadas año tras año las inversiones de la ciudad para intentar reducir la deuda desorbitada que las obras y su mantenimiento comprometido hasta el año 2040 generaron. 

Pero, además, la simple elección de un modelo de gestión totalmente lesivo suponía 1.380 millones de euros de coste hasta el final del contrato. De ese importe ya se han desembolsado más de 1.100 millones de euros que hubieran sido evitables mediante una gestión directa. Todo ello sin evaluar el ahorro real que hubiera supuesto una supervisión correcta de la ejecución de las obras y un contrato de conservación adecuado a las necesidades de la vía y no como respuesta a los intereses de la oligarquía española representada en las empresas constructoras y las entidades financieras. No nos olvidemos de las enormes carencias en el mantenimiento de la vía denunciadas durante nuestro mandato, las enormes irregularidades en los pagos por las obras en elementos inexistentes en la infraestructura (¿recordáis las famosas cámaras de los túneles o la estaciones metereológicas a precio de oro?) o como en apenas dos años decidieron aprobar duplicar el coste del contrato de mantenimiento que acaban de firmar. 

Pero el objetivo era otro: suponía un nuevo pacto entre élites y prueba de ello es la garantía de rentabilidad fija que el contrato ofrece a las empresas que se integraron en Madrid Calle 30 (Ferrovial y Dragados). Independientemente del nivel de conservación que ejecuten su rentabilidad quedó blindada mediante el reparto de dividendos de la sociedad y el pago de intereses de los préstamos que Madrid Calle 30 contrajo con estas empresas.

Si solo fueron malas decisiones las que causaron un quebranto económico tan descomunal, quedaría por determinar la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes embarcaron a la ciudad en una operación tan lesiva. Y estas afectarían, además de a Ruiz Gallardón, a Martínez Almeida porque los ocho años que habrán pasado entre la futura municipalización y el Dictamen que en 2017 instaba a cambiar el modelo son imputables a su gestión.

Desgraciadamente, los antecedentes que atesora el PP nos hacen ser desconfiados y sospechar que lo que ha ocurrido es más un saqueo que un error. Y la rescisión de la operación, tardía, será una nueva oportunidad para evaluar de qué lado está el actual gobierno de la ciudad. Aún no sabemos si alguien se lo llevó crudo por conceder unas ventajas tan sustanciosas a empresas, tanto en la construcción como en la gestión de la infraestructura. ¿Cobró alguien comisiones a cambio de tomar decisiones profundamente lesivas para los intereses generales? ¿Tienen relación los ingresos en la caja b del PP con las ventajas otorgadas a un puñado de privilegiados por decisiones políticas? ¿O fue solo torpeza? Lo adecuado es que la Fiscalía hubiese investigado la ingente documentación que le hicimos llegar para descartar cualquier actuación fraudulenta. Desgraciadamente adoptaron la decisión de dar carpetazo sin entrar en el fondo de la denuncia.

Nosotros fuimos fieles al mandato que las bases de Ahora Madrid y las y los votantes nos encomendaron. No nos dejamos arrastrar por las dificultades. Auditamos las políticas públicas, desvelamos las irregularidades y las ilegalidades y planteamos una alternativa adecuada para la gestión de Madrid Calle 30.

Nos llamaron de todo por ello. 

Ahora, el tiempo y Almeida nos dan la razón.

El 1 de enero de 2026 los madrileños circularán por una M-30 que será 100% pública. Los conductores no lo notarán al pasar por la principal vía de circunvalación de la capital, pero las arcas municipales dejarán de gastar a partir de ese momento unos 55 millones de euros cada año. Una cifra equivalente a construir cinco polideportivos municipales con piscina.

Esta cantidad, calculada durante la auditoría sobre la situación financiera de Calle 30 en 2017 y confirmada por fuentes municipales, acumulará hasta el año que viene unos 1.100 millones. Es el montante que el Ayuntamiento de Madrid ha estado pagando de más por haber elegido un modelo de gestión a través de una empresa mixta, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras. Pero el equipo de Almeida ha decidido poner fin a este gasto extra en el año 2025, cuando el contrato de gestión permite comprar las acciones del socio privado.

El 31 de diciembre de 2025 el consistorio adquirirá la parte de Calle 30 en poder de Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa), que constituyeron Ferrovial, Dragados y Api Conservación en el año 2005 para firmar un contrato junto con Calle 30 que se extiende hasta el año 2040 y da servicio a la vía. Cuando se produzca la recompra, el Ayuntamiento dejará de pagar el IVA de todas sus operaciones, el impuesto de sociedades, así como los dividendos a los que estaba obligada a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir esta gestión desde lo público.

La decisión, que es irrevocable, ha sido tomada por el área de Obras y Equipamientos, después de un informe del área de Hacienda en el que se recomienda la compra de las acciones privadas por su elevado ahorro para las arcas públicas, explican fuentes municipales a Somos Madrid. El cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento efectuadas por Emesa tengan que ser licitadas en nuevos contratos de gestión, en los que ya se está trabajando desde el consistorio. Las empresas adjudicatarias estarán obligadas a subrogar los contratos de los más de seiscientos empleados que actualmente posee la compañía.

Una gestión “ruinosa” iniciada por Gallardón

“El modelo de gestión elegido para la sociedad resulta lesivo para las arcas públicas municipales”, explicaba el dictamen final sobre la investigación de Madrid Calle 30, citando otro informe de la Cámara de Cuentas. La investigación puesta en marcha durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa reveló que la arquitectura de la gestión de esta empresa mixta fue ideada por el equipo de Alberto Ruiz Gallardón para intentar que la deuda generada por el soterramiento de la M-30 no computara al Ayuntamiento. Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, pero un año después dio entrada al capital privado con el objetivo de evitar los controles de la UE y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento por entonces no permitido por la instituciones comunitarias.

“La elección del modelo de gestión de la sociedad respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima”, explica el dictamen que aprobó en su día el consistorio madrileño, que recordaba que el intento solo duró hasta el año 2011, cuando Eurostat obligó al consistorio a imputar esta deuda como municipal al corresponderse la actividad con una prestación de un servicio público.

El mismo dictamen concluyó que este “modelo de gestión ruinoso” se había traducido hasta el año 2016 en 597.343.885 euros pagados de más por las arcas públicas. Cuando el consistorio recupere la gestión pública, la cifra de gasto extra estará cerca de los 1.100.000.000 euros citados.

"La rentabilidad de Emesa estaba calculada hasta el año 2025. Cada día que pasara hubiera sido dinero regalado"

Samuel Romero — Exconsejero apoderado de Calle 30

“La rentabilidad de Emesa estaba calculada hasta el año 2025, por eso se puso la cláusula. Cada día que pasara sin remunicipalizar hubiera sido dinero regalado”, explica el exconsejero apoderado de Calle 30, Samuel Romero. En conversación telefónica con Somos Madrid, el máximo responsable municipal de su gestión durante la alcaldía de Carmena cree que la gestión de la M-30 ha sido “el mayor negocio para Ferrovial y Dragados de los últimos 20 años, sin duda”.

Romero denuncia que las constructoras “tenían una rentabilidad del 7,053% asegurada por contrato, hicieran lo que hicieran con el mantenimiento” y en ocasiones no cumplían los trabajos a los que estaban obligadas. El Ayuntamiento, por otro lado, contaba con muy pocas herramientas para controlarlo y, aunque durante su etapa se denunciaron varios incumplimientos, el cuerpo de abogados de las constructoras intentó oponerse a la mayoría.

¿Cuánto pagará el Ayuntamiento de Madrid por las acciones?

Una vez tomada la decisión de comprar todas las acciones de Madrid Calle 30, el Ayuntamiento tiene que calcular cuál es el valor contable de la compañía, para abonar el importe de sus acciones a Emesa. En el momento de su constitución como empresa mixta, Calle 30 se valoró en 227,5 millones, de los que el Ayuntamiento de Madrid participaba con 182 millones de euros (el 80%) y Emesa con 45,5 millones (el 20% restante).

Fuentes municipales no quieren dar una cifra todavía de cuánto creen que puede ser el coste para las arcas municipales, pero en cualquier caso la operación está avalada por el área de Hacienda. También evitan criticar el modelo de gestión puesto en marcha por el exalcalde del PP, aunque indican que no lo valoran para ninguna otra empresa puesta en marcha por el Ayuntamiento en el futuro inmediato. La recompra de las acciones se aprobó en un Pleno del año 2022 por unanimidad y el área de Obras anunció que la estaba estudiando el pasado mes de octubre.

Cuando llegue la compra también deberá quedar finiquitada la deuda del crédito subordinado que mantiene el consistorio con Emesa y que actualmente asciende a 111 millones de euros, indican fuentes del área de Obras y Equipamientos. Esta es adicional a la que asumió el consistorio por la construcción de la M-30, que sigue lastrando las cuentas municipales desde hace más de dos décadas, con una deuda acumulada de 1.800 millones de euros y un déficit de 236 en el último ejercicio fiscal.

Mariano Rajoy ya estuvo allí. De hecho ha estado en casi todas porque, como él mismo cuenta en el libro que acaba de publicar (Política para adultos, Plaza & Janés), poco menos que ayudó a poner los cimientos del edificio que iba a albergar el recién estrenado Parlamento gallego. Desde su doble condición de concejal y diputado autonómico en los años 80 del siglo pasado, Rajoy ascendió poco a poco en el escalafón de Alianza Popular, después Partido Popular, hasta llegar en 2004 a presidirlo, tras suceder a José María Aznar. Los escarceos para moverle la silla comenzaron en cuanto perdió las elecciones de ese mismo año, con los teóricos sucesores desplegándose por el tablero mientras Rajoy defendía sus posiciones e intentaba colocar sus fichas para tapar el avance enemigo.

Cuatro años después volvió a salir derrotado de las urnas y se desató la guerra civil que llevaba tiempo fraguándose. El objetivo no era otro que ocupar el trono de Génova, que él se negaba a soltar. La rival, aunque desistió en el último momento, fue la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien controlaba con mano de hierro el partido en la región, contaba con el respaldo de los medios de comunicación de la capital y tenía el favor del aznarismo, que había visto con estupor cómo el delfín designado había decidido ejercer plenamente su liderazgo y, lo que es peor, apartarse de la línea que le habían marcado.

Hoy, como ayer, el PP se ha instalado en lo que parecen los prolegómenos de una guerra por el control del partido. Los principales nombres propios son los de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Pero, como entonces, el reparto es más amplio. Y, también como entonces, en él destaca el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El remake se completa con la reaparición estelar de algunos personajes que tuvieron un papel en la versión original de hace tres lustros.

El actual presidente del PP no ha necesitado tanto tiempo como su predecesor para llegar al sillón de la planta séptima de la sede nacional. Cosas de las primarias, como se lamenta Rajoy en su libro, pese a haber sido él quien las introdujo en el partido. Pero, pese a tener una carrera más corta, Pablo Casado también andaba allí. El actual líder del partido era uno más del grupo de incondicionales de Aguirre: asesor de su gobierno, diputado autonómico y mano derecha de Aznar cuando este dejó la política para dedicarse a ganar mucho dinero por todo el mundo (y eso incluye algunas dictaduras).

De aquella experiencia, en la que según la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo se comportó como un “veleta”, Casado sacó dos conclusiones: no permitir a nadie aglutinar todo el poder del PP de Madrid y no dejar pasar las cosas a ver si se solucionan solas.

La primera la aprendió de Aznar, quien nunca dejó que Alberto Ruiz Gallardón acumulara la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la del partido en la región. Es decir, el presupuesto (hoy, de 20.000 millones) y el boletín oficial, además del poder orgánico y las listas electorales. Fue Aznar quien rompió la norma, no escrita, por la que los líderes políticos en cada autonomía deben estar también al frente de la organización. 30 años después no está de acuerdo consigo mismo y, según han publicado varios medios en los últimos meses, está enfadado con Casado por intentar cortar el paso a Ayuso.

En los años 90 del siglo XX Aznar había regresado a Madrid desde Valladolid, donde ejerció la Presidencia de la Junta de Castilla y León que le catapultó al liderazgo estatal del PP, y afrontaba una dura batalla política contra Felipe González, quien parecía invencible. Las municipales y autonómicas de 1995 fueron el preludio de su triunfo en las generales, unos meses después. Gallardón conquistó la Comunidad de Madrid, en manos de los socialistas desde 1983, con más del 50% de los votos. Y hasta hoy. José María Álvarez del Manzano afrontaba su segunda legislatura en el Ayuntamiento de la capital, también con mayoría absoluta.

Aznar optó por una tercera vía y colocó al frente de la organización a Pío García Escudero, donde estuvo hasta 2004. Tres décadas después, vuelve a ocupar el mismo puesto a la espera de que se resuelva la disputa. El partido recurrió a él tras la defenestración de Cristina Cifuentes en 2018 para hacerse cargo del partido en una situación muy delicada. Ahora, ve cómo desde la sede del Gobierno regional se pone en duda su labor en estos tres años.

Gallardón asumió su rol. Tras dos legislaturas en la Puerta del Sol, se postuló en 2003 para el Ayuntamiento y Esperanza Aguirre asumió la candidatura autonómica. Ambos ganaron, aunque Aguirre tuvo que esperar unos meses a que se repitieran las elecciones después de que el tamayazo tumbara la opción de un gobierno de izquierdas e hiciera ingobernable la región. El espejismo de que la derecha hubiera perdido la mayoría absoluta duró desde mayo a octubre.

Y un año después de que Aguirre asumiera el poder, en octubre de 2004, se abrió una durísima bronca interna que convirtió a Gallardón y la presidenta en enemigos irreconciliables, como demostraron los casos de espionaje y contraespionaje político que se produjeron entre ambos sectores en los siguientes años. Durante mucho tiempo, ambos pelearon por el control de Caja Madrid y de su holding de empresas participadas, por la empresa pública que gestiona el Metro, por la televisión y la radio públicas... No había campo sin disputar porque la alternativa era que lo ocupara el otro. Y el reparto no parecía una opción. Célebres fueron unas palabras de Aguirre captadas por un micrófono de ambiente. “Hemos tenido la suerte de poderle dar un puesto a IU quitándoselo al hijo puta”, dijo. El puesto era en Caja Madrid, y el acuerdo acabó dinamitando años después a IU en Madrid.

Ganó Aguirre, quien contaba en su equipo con Francisco Granados, un alcalde del sur de Madrid al que situó como secretario general y que ha acabado inmerso en diferentes causas judiciales que le llevaron a prisión. Perdió Gallardón, quien lanzó a la pelea a su número dos, Manuel Cobo, que acabó incluso suspendido de militancia por denunciar maniobras internas.

La presidenta se hizo con el control del partido. Literalmente, nada se escapaba en la región al control de la primera planta de Génova, donde se sitúa la sede del PP de Madrid. Su peso político fue ganando enteros y se erigió en uno de los puntales de la derecha (entonces aún en singular) contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aguirre tenía opinión de todo: desde la OPA de Gas Natural sobre Endesa a la ampliación de derechos civiles y en materia de igualdad, pasando por las dudas sobre el 11M. En materia de impuestos, fue Aguirre quien comenzó a convertir a Madrid en una suerte de paraíso fiscal, como ahora denuncian algunos dirigentes autonómicos.

Aguirre daba todas las batallas culturales y contaba para ello con el apoyo de la derecha mediática, que criticaba casi con la misma dureza al Gobierno que la oposición “acomplejada”, decían, de Rajoy. El Ejecutivo regional invertía mucho dinero en publicidad o patrocinios y adjudicó los nuevos canales digitales (TDT) a sus afines. Incluso el actual director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, recibió 600.000 euros para un medio que nunca vio la luz.

En 2008 todo se precipitó. Rajoy perdió sus segundas elecciones y quienes reclamaban una oposición más dura pidieron su cabeza. La alternativa solo podía ser una: Esperanza Aguirre. Su presencia mediática era abrumadora y su influencia en los centros económicos de poder, concentrados la mayoría en Madrid, era importante. Pero Rajoy no cedió, aguantó el envite y ganó. Aguirre hizo como Gallardón cuatro años antes: desistir antes de perder. Uno de los hombres clave entonces fue Francisco Camps, quien garantizó a Rajoy el apoyo del por entonces poderoso PP valenciano. A él y a la alcaldesa de la capital, Rita Barberá, dedica muy buenas palabras en su libro el expresidente del Gobierno. En 2011, Rajoy logró la mayoría absoluta más amplia de su partido.

Más de una década después, los paralelismos son evidentes. En Génova hace semanas que se comenzó a extender la idea de que Ayuso está planeando un asalto como el que protagonizara su madrina política, para quien trabajó como asesora de comunicación durante mucho tiempo. A veces junto a Casado. Ambos son ramas del mismo tronco y, quizá por eso, pocos entienden lo que está pasando entre ellos. En la sede nacional del PP recuerdan que fue Casado quien confió en la actual presidenta de Madrid cuando nadie daba nada por ella y cuando no tantos querían liderar la candidatura para ocupar el hueco de Aguirre, Ignacio González y Cifuentes.

El equipo de Casado cree que son “los mismos” que en 2008 se movilizaron contra Rajoy. Y les acusan de querer hacer “un PP pequeño”, escorado a la derecha, de raíces neocon y que se resume en la frase “Madrid es España” que tan famosa hizo Ayuso. Entre sus más fervientes defensoras, Álvarez de Toledo, quien la ha señalado como la “alternativa” a Pedro Sánchez.

A este relato ha contribuido la aparición de Esperanza Aguirre, quien respalda públicamente a Ayuso en todos sus movimientos, aprovechando su todavía importante tirón mediático. Lo hizo en una entrevista en El Mundo que terminó de desatar las hostilidades entre Génova y la Puerta del Sol y que mereció una respuesta inédita en el PP apenas un día después: “Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción”. También Aznar amagó con situarse del lado de la presidenta y defendió que Ayuso hacía bien al situarse como antagonista del Gobierno de coalición, recordando que fue lo que él mismo hizo desde la Junta de Castilla y León. Uno de sus hombre de confianza entonces era Miguel Ángel Rodríguez. Luego, el expresidente ha optado por mantenerse al margen.

En la Puerta del Sol critican estas filtraciones y defienden que Ayuso no tiene ninguna pretensión más allá de Madrid. No solo que no quiere mover hoy la silla a Casado, sino que ni siquiera cuando él se vaya intentará dar el salto. Así lo expresó ella misma en la convención nacional del PP, y luego, siempre que le han preguntado.

Pero desde entonces la tensión entre ambos no ha hecho más que crecer, los enfrentamientos públicos se multiplican y la incomodidad de los protagonistas es incluso física. Las dudas sobre cómo debían colocarse Ayuso y Casado en el photocall de la presentación del libro de Rajoy son la muestra de que, más allá de las intencionalidades y explicaciones, su cohabitación no fluye con naturalidad. En la manifestación contra la ley mordaza ni siquiera coincidieron. Y no fue fácil lograrlo.

Como ya ocurriera a principios de siglo, no hay congreso autonómico, entrevista o rueda de prensa que no esté dominada por el enfrentamiento, lo que no hace más que engrandecer la figura estatal de la presidenta madrileña. Por eso, ahora Casado intenta encapsular el conflicto dentro de la M50 y cortar las alas de Ayuso. Es el segundo aprendizaje del presidente del PP: no dejar que las cosas se arreglen solas, sino atajarlas.

El congreso de Aragón, que se celebra el 18 de diciembre, no contará con una “mesa de presidentes autonómicos”, como ha ocurrido con los de Andalucía y Castilla-La Mancha, y en las que Ayuso ha aprovechado para eclipsar a todos con sus mensajes, lo que obligó a Casado a responder.

Pero el de Aragón será un congreso especial en otro sentido. Romperá la tradición de que el líder autonómico debe presidir el partido y será el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien tome las riendas. Además, Azcón ha decidido sustituir a los barones regionales por el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, quien sí tendrá espacio para dirigirse al plenario, y en solitario. Almeida también es alcalde, de Madrid. Y es a quien apuntan desde Génova como opción que contraponer a Ayuso en unas hipotéticas primarias por el control del partido en la región si la presidenta no se aviene a negociar la composición de la ejecutiva.

Como ya ocurriera en 2004, cuando la negativa de Aguirre a incorporar a Cobo como número dos desató las hostilidades, Casado quiere un secretario general en Madrid de su confianza. Y está pensando en la actual responsable, Ana Camins.

Donde tampoco coincidieron Ayuso y Casado fue en la recepción oficial en la Puerta del Sol celebrada este viernes con motivo de la celebración del aniversario de la Constitución. Al acto acudió Aguirre, pero también Alberto Ruiz Gallardón. El exalcalde vio en 2008 cómo la por entonces presidenta cortocircuitaba sus opciones de ir de número dos de Rajoy por Madrid. Aguirre amagó incluso con dimitir y usar su puesto orgánico para imponerse en las listas. Rajoy los mandó a cada uno de vuelta a sus quehaceres y Gallardón, derrumbado, anunció su intención de dejar la política.

No lo hizo. En 2011 Rajoy recompensó su paciencia y le promocionó a ministro de Justicia. Sus intentos de revertir la ampliación del derecho al aborto impulsó al movimiento feminista, que ganó esa batalla en las calles, por lo que Rajoy optó por guardar la reforma en el cajón. Entonces sí, Gallardón dimitió.

Aquel día de 2008, según recogen las crónicas, Aguirre le dijo en el ascensor de Génova: “Alberto, no sé por qué te pones así. El día 9 [de marzo, día de las elecciones] vas a estar igual que hoy. Si se gana, podrás ser vicepresidente si Mariano te lo pide. Y si Mariano pierde, tú y yo estaremos en iguales condiciones, como los demás”. En igualdad de condiciones para asaltar la planta noble de Génova, se entiende. Tenía razón, pero en un sentido inverso al que quería expresar.

En el acto de este viernes se reencontraron los viejos enemigos. Todo fue amabilidad entre ellos. Gallardón se acercó a Ayuso y la besó en ambas manos. El exministro se dejó escuchar por los periodistas durante su breve conversación con Aguirre: “Lo de Ayuso es imparable”. Pero Casado cree que puede hacerlo. Al menos lo va a intentar, porque su supervivencia política puede depender de que lo consiga.

El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comentado este miércoles con la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con quien en el pasado mantuvo una sonada batalla interna por el control del PP madrileño, el ascenso de Isabel Díaz Ayuso: “Lo de Ayuso es imparable”, le ha dicho Gallardón a Aguirre.

Las declaraciones del exministro han tenido lugar durante una charla informal que han captado los reporteros gráficos en el acto conmemorativo del 43º homenaje a la Constitución que se ha celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Gobierno regional.

Ayuso ha invitado a sus antecesores a este acto. Allí estaban sentados en primera fila Joaquín Leguina, Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. A todos ellos los ha saludado antes del arranque de este acto, donde ha criticado a los que buscan “demonizar” la Transición y “dinamitar” el orden constitucional “por la puerta de atrás”.

Cariñoso saludo de Gallardón y Ayuso

Gallardón, que ha saludado cariñosamente a Ayuso besándole las manos, ha hecho hincapié en ese ascenso “imparable” de la presidenta madrileña con este comentario a la que fuera su principal adversaria política durante años. En el partido es conocido de sobra el enfrentamiento que protagonizaron en el pasado Aguirre y Gallardón, que provocó que el expresidente Mariano Rajoy tirase de ironía e hiciese suya la célebre frase del Conde de Romanones “¡Joder, qué tropa!”.

El propio Rajoy ha elogiado estos días en sus intervenciones públicas –con motivo de la presentación de su libro 'Política para adultos'– la “valentía” de Ayuso, que ha tenido que “tomar decisiones en los momentos duros” y “se ha ganado el respeto de la gente”.

En declaraciones a los periodistas al término del acto en la Puerta del Sol Aguirre ha calificado de “fantástico” el discurso de Ayuso y ha señalado que también ha “estado bien” la intervención de la delegada del Gobierno, Mercedes González. “El PSOE tiene que volver al espíritu de la Constitución y la delegada creo que ha hecho un buen discurso también”, ha añadido.

Aguirre: el último congreso fue en el “pleistoceno”

Al ser preguntada en otro momento por qué la dirección de Pablo Casado ve con recelos que Ayuso sea la presidenta del partido en Madrid, Aguirre ha señalado que eso habría que preguntárselo a la dirección nacional del PP y ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dicho que se va a presentar al congreso regional.

Dicho esto, ha recalcado que la Ley de Partidos Políticos y los Estatutos de PP “dicen que tienen que tener un congreso cada cuatro años como máximo”. Y ha recalcado que el último fue en la época del “pleistoceno”, en febrero de 2017, cuando ganó Cristina Cifuentes. “Ya vamos para cinco años”, ha enfatizado.

A su llegada al acto, Aguirre ha dicho que ella cree que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se va a presentar al congreso regional del PP madrileño, que está previsto para el segundo trimestre de 2022. Poco después llegaba Almeida y, al ser preguntado por esas palabras, la propia Aguirre ha precisado: “Yo creo, oiga, he dicho que a lo mejor le convencen”. “¿Tú te presentas?”, le ha preguntado entonces el alcalde y la expresidenta madrileña ha bromeado: “Lo estoy dudando”. Ambos se han saludado entonces afectuosamente y Almeida ha recordado que él está en política gracias a Aguirre.

Casado llegó a decir que en España había "barra libre" para abortar hasta la semana 22 de gestación, algo que es falso, y pidió recuperar la ley de 1985 argumentando un "consenso" que no existió: Coalición Popular, en la que estaba integrada Alianza Popular, predecesora del PP, se opuso

El recurso del PP contra la ley que convirtió el aborto en derecho lleva diez años congelado en el Constitucional

La interrupción voluntaria del embarazo es un asunto incómodo para el Partido Popular, que históricamente ha vivido intensos debates internos entre los sectores más conservadores, antiabortistas, y los más moderados, proclives a regular el aborto y, en algunos casos, partidarios de las leyes aprobadas por las fuerzas progresistas.

Hace ahora 10 años y un mes, el 1 de junio de 2010, la corriente más reaccionaria del partido, encabezada entonces por su portavoz de Justicia, el exministro de Defensa Federico Trillo –destacado miembro de la congregación ultracatólica del Opus Dei–, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el 30 de junio, contra la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los populares argumentaron que en esa normativa “la vida del no nacido en las primeras 14 semanas de gestación” quedaba “absolutamente desprotegida”. “Estamos por lo tanto ante el reconocimiento de un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta de embarazo, lo que resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que 'todos tienen derecho a la vida'”, señalaba el PP en su recurso.

Desde entonces, los populares han protagonizado una constante sucesión de bandazos sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En los últimos diez años, siempre que se han tratado de imponer las tesis del sector más conservador tratando de endurecer o restringir la normativa sobre el aborto, finalmente el PP ha tenido que dar marcha atrás por la presión social y por las propias discrepancias internas.

Una reforma fallida

Eso mismo sucedió después de que en diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy presentara una reforma de la ley de 2010 que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre. La modificación fue una apuesta personal del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero ante la falta de consenso interno –la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó en todo momento respaldar públicamente la reforma de su propio Ejecutivo– y en medio de un fuerte rechazo social, Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provocó la dimisión de Gallardón, su principal impulsor, como ministro de Justicia.

En 2015, el PP registró en el Congreso una nueva reforma de la ley del aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo, que fue aprobada gracias a su mayoría absoluta y que sigue en vigor en la actualidad.

Tras este movimiento, Rajoy decidió aparcar cualquier debate sobre el aborto para evitar un nuevo cisma interno como el generado por la ley de Gallardón. Pero el actual líder del PP, Pablo Casado, trató de recuperar el plan para limitar los derechos de las mujeres sobre la interrupción voluntaria del embarazo nada más ganar las primarias de 2018. En su discurso de proclamación como presidente, Casado reivindicó al PP como el partido “de la vida”, término con el que las derechas tratan de justificar sus postulados antiabortistas.

Los vaivenes de Casado

En febrero de 2019, justo antes de la campaña de las generales del 28A, el líder del PP abogó por recuperar la ley del aborto de 1985, que solo contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos –riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación y malformaciones o taras, físicas o psíquicas en el feto– y que fue reemplazada en 2010 por la normativa actual, de plazos.

Uno de los argumentos utilizados por Casado para defender volver a la ley del 85 fue que, según él, en España “hay barra libre para abortar” hasta la semana 22 de gestación, algo que es falso.

La norma actual considera el aborto libre solo hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese momento, “excepcionalmente” y por causas médicas, se podrán practicar abortos hasta la semana 22 cuando exista “grave riesgo para la vida o la salud de la embaraza”, cuando haya riesgo de “graves anomalías” en el feto o bien cuando se detecten “anomalías fetales incompatibles con la vida” o “una enfermedad extremadamente grave e incurable”. En los tres casos esas circunstancias tienen que acreditarse mediante informes médicos de un profesional o varios (según el supuesto) que no sean el que dirija o practique el aborto.

Casado también apeló al “consenso” para justificar su idea de regresar a la norma del aborto de 1985, otro argumento que es falso. Coalición Popular, la coalición en la que estaba integrada Alianza Popular, partido del que emergió el actual PP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra en 1983, la primera vez que se debatió en el Congreso de los Diputados. También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue aceptado.

Pensar en tener niños, “no en cómo abortarlos”

El líder del PP ha llegado a vincular el aborto con las pensiones: “Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener mas niños y no en cómo los abortamos”, dijo el año pasado.

En marzo de 2019, el actual diputado popular Adolfo Suárez Illana, uno de los fichajes estrella de Casado para los comicios del 28A, al que ha colocado como presidente de la Fundación Concordia y Libertad dependiente del partido, protagonizaba otra sonada polémica sobre el aborto.

En una entrevista en Onda Cero, el hijo del primer presidente de la actual etapa democrática, Adolfo Suárez, aseguraba lo siguiente: “Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto”. Suárez Illana calificaba además de “incuestionable” que “el embrión es una vida” y comparaba el aborto con “los neandertales”: “El que me digan que se pueda matar antes o después...los neandertales también lo usaban: esperaban a que nacieran y le cortaban la cabeza”.

El entonces candidato del PP llegaba a poner como ejemplo una supuesta ley “que se acaba de aprobar” en Nueva York y que según dijo en un principio, “permite el aborto después del nacimiento”. Suárez Illana se vio obligado a rectificar esta afirmación y a pedir perdón porque de la que él hablaba es una norma que simplemente permite abortar tras la semana 24 si el feto no es viable o corre peligro la vida de la mujer. No pidió perdón por el resto de afirmaciones que causaron estupor dentro y fuera de su propio partido.

Un “señuelo” de la izquierda

A finales de ese mes de marzo de 2019, en una entrevista en La Sexta, Casado reculó y negó que si llegara al Gobierno fuera a recuperar la ley de 1985. Aunque reconoció que a él le gusta “más la ley de supuestos que la de plazos”, recordó que la ley aprobada en 2010 actualmente en vigor fue recurrida al Tribunal Constitucional por su partido y que el PP se limitará a acatar lo que diga la justicia. “No puedo ir contra lo que diga el Tribunal Constitucional”, concluyó.

Desde entonces, la dirección de Casado dio la orden de no hablar más de la interrupción voluntaria del embarazo por tratarse de un “señuelo” que la izquierda hacía “morder” al PP para que le afectara electoralmente. La consigna sigue siendo esa: esperar a la sentencia del Constitucional y, diga lo que diga, acatarla.

Alberto Ruiz-Gallardón anunció en 2017 que la entidad sin ánimo de lucro que presidía, la Fundación Hispano-judía, abriría un gran museo en Madrid en 2020. Dicho y hecho. Otro alcalde de la capital y de su mismo partido, José Luis Martínez-Almeida, le ha buscado un codiciado emplazamiento al proyecto que impulsa el exministro de Justicia. En pleno Paseo del Prado, dentro del privilegiado eje Prado-Retiro, a través de un convenio que prevé la cesión por 50 años. La operación se sellará “de inmediato”, en cuestión de semanas, y se ha anunciado pese a que la entidad, creada ad hoc para poner en marcha el museo, no haya presentado memoria arquitectónica ni museística, según confirman fuentes municipales.

El edificio, en el número 30 del Paseo del Prado, fue hasta noviembre La Ingobernable, un centro social autogestionado desalojado por el Ayuntamiento después de que Martínez Almeida lo colocara en campaña electoral como uno de sus objetivos. El nuevo uso supone un cambio radical para el espacio, que prevé reservar solo una parte a centro cultural para los vecinos, según las palabras del actual regidor de la capital.

Sobre los detalles del futuro museo, apenas hay información. La fundación debe presentar en las próximas semanas un “anteproyecto” que avance qué se pretende hacer con la parcela, y ni siquiera se descarta que el edificio acabe demolido. “Tiene la protección más baja”, avanzan fuentes del Gobierno local, que precisan que estos términos se aclararán cuando la Fundación Hispano-judía presente su plan y la memoria de viabilidad económica.

El Consistorio calcula que la inversión ascenderá a 30 millones de euros de partida para acondicionar el espacio y poner en marcha el museo. Después, se estudiará establecer un canon a recibir por la administración local a cambio de permitir el uso de un edificio público, según fuentes municipales, que tampoco aportan detalles sobre la cuantía.

La Fundación Hispano-judía asegura a eldiario.es que ya tiene garantizados unos 40 millones de euros para invertir en el proyecto procedentes de patronos e inversores.

La entidad sin ánimo de lucro echó a andar en 2016, bajo la presidencia de Ruiz-Gallardón, y abrir un museo judío es su leitmotiv. Aparece en el primer punto de sus objetivos y persigue “divulgar, fomentar y promocionar la cultura judía, en todas sus facetas y expresiones”. Aunque la fundación también ha llegado a acuerdos de colaboración con otros gobiernos del PP en Galicia y Murcia, según se desprende de una nota de prensa que enumera sus actividades en los últimos tres años. “Ha sido uno principales impulsores para que la Academia del Judeo-Español hoy forme parte de la Real Academia Española y ha fomentado también la entrega de dos importantes premios al Rey Felipe VI”, listan entre sus logros. La fundación subraya que todas las actuaciones que lleven a cabo “respetarán la normativa urbanística” y contribuirán a reforzar la candidatura del eje Prado-Retiro, donde se inserta el espacio, a ser patrimonio mundial de la Unesco.

Un edificio, tres museos diferentes

La demolición del inmueble ya generó problemas en el pasado, cuando la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, selló otra operación similar –y fracasada– para ceder el espacio a la Fundación Ambasz por 75 años. Aquel proyecto, para hacer un museo de arquitectura, nunca se desarrolló y el coste para el erario público de romper el contrato ascendió a 1,4 millones. El equipo de Manuela Carmena extinguió el acuerdo en 2018 por este precio. La entidad seguía manteniendo cerrado, vacío y sin acondicionar el inmueble, aunque a finales de 2017 intentó dar un paso adelante con un proyecto para derribarlo y volver a construirlo que fue aprobado por la Comunidad de Madrid. En medio de estas gestiones, La Ingobernable ocupó sin título legal el inmueble y empezó a hacer actividades gratuitas en el barrio. Era mayo de 2017.

Un informe encargado por el equipo de Manuela Carmena alertó sobre el derribo porque ponía en peligro la candidatura del eje Prado-Retiro a patrimonio mundial de la Unesco. “Es absolutamente negativo por su impacto en el paisaje y supondría comprometer seriamente la evaluación de la candidatura”, decía el documento, sobre el que informó eldiario.es. La anterior corporación municipal también se opuso al cambio en el nivel de protección del inmueble, ejecutada por el Gobierno de Botella para allanar la operación con Ambasz.

El edificio situado el calle Gobernador 39 o Paseo del Prado 30 –contiene las dos direcciones al estar en la esquina– estaba inscrito en el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997 con 'Nivel 2 grado Estructural'. Esta protección se rebajó el 13 de junio de 2013 a 'Nivel 3 de grado Ambiental'. Solo así la fundación podía derruir el edificio y levantar otro nuevo. Una nueva valoración del inmueble realizada en 2015 al revisarse el Plan General lo describió como un “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano” cuya “conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que las negociaciones se han llevado a cabo con la “cúpula” de la Fundación Hispanojudía, donde está el también exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón como vicepresidente. Fuentes municipales matizan después que las riendas las ha llevado el actual presidente de la entidad, David Hatchwell, y el director general, Milton Cohen-Henriquez. Al otro lado de la mesa estaba el alcalde y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, según la fundación.

En el centro de una operación de Aznar

No es la primera vez que el nombre del exalcalde de Madrid se cruza con este edificio del Paseo del Prado, 30. Mucho antes de ser La Ingobernable, el inmueble se posicionó en el centro de uno de los planes más polémicos del Gobierno de José María Aznar. Corría el año 2008 y el Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, planeaba construir en este emplazamiento otro museo –el tercero de la biografía, con este último anuncio– de la Fundación Caja Madrid. Al frente de la entidad bancaria estaba Miguel Blesa.

El plan se conoció años después con el estallido de los correos de Blesa, publicados, entre otros medios, por eldiario.es. Estos emails revelaron que el expresidente del Gobierno quiso convencer a Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad al artista Gerardo Rueda.

El sobrino del pintor se los había ofrecido a Aznar, pero la compra fue rechazada. Rafael Spottorno –entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, posteriormente jefe de la Casa del Rey y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa– vio en la operación un “precio disparatado”. Pero el interés de Aznar era tan mayúsculo que hasta su hijo, José María Aznar Botella, presionó a Blesa para que aceptase esa operación por esa cantidad. “Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho”, le escribió. El proyecto nunca vio la luz porque, pese a que el precio de compra se redujo a seis millones y fue finalmente aceptado, el coste de levantar un edificio de cero era demasiado alto para la Fundación Caja Madrid, “prohibitivo”, según Spottorno.

Una década después, el inmueble vuelve a ser el núcleo de otra operación atravesada por intereses políticos. “No costará ni un euro de dinero público”, “es la única gran capital que no cuenta en Europa con un museo judío”, “queremos estrechar esos lazos y vínculos, así como potenciar el turismo”, decía el alcalde este jueves para presentar el proyecto. Aún como candidato allí mismo prometió, en medio de un enfrentamiento verbal con los colectivos sociales, un centro de salud si era alcalde. Con el bastón de la mando de la ciudad dejará en manos de una fundación vinculada a Alberto Ruiz-Gallardón lo que allí se haga.

Izquierda Unida ha denunciado por presunta “malversación de caudales públicos” al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y a otras trece personas ante la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada por la gestión de Madrid Calle 30, durante su etapa como regidor de la capital.

Así lo han explicado el responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, y la diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez en la Asamblea de Madrid. En el texto, presentado en el tribunal el 11 de julio, aseguran que no se realizó un estudio de la viabilidad económica de la explotación del servicio e identifican, además de la presunta malversación, otros presuntos delitos de prevaricación, y, según Sánchez Mato, están analizando por si pudiese desprenderse también un presunto cohecho.

“No consta que se hayan examinado las alternativas de gestión ni se hace referencia a los estudios técnicos, jurídicos y económicos específicos realizados”, incide el texto. Explica que en 2004 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó que se modificase la gestión del servicio, que había nacido ese mismo año, de directa a indirecta y en 2005 se adjudicó a la empresa Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (EMESA) hasta 2040.

Izquierda Unida entiende que la elección de este modelo ha sido “dañino para las arcas públicas” del Ayuntamiento de Madrid y han cifrado este perjuicio en más de 2.012 millones de euros. Sánchez Mato ha explicado que en 2017 una Comisión de Investigación de Madrid Calle 30 indicó “irregularidades” en esta gestión y emitió recomendaciones porque habría “actuaciones que podrían ser constitutivas de delito”.

“No han hecho nada, ni el Ayuntamiento ni otras instituciones. Nadie ha hecho nada y sigue saliendo dinero público de las arcas para beneficio de unos pocos”, ha cargado Sánchez Mato.

Asimismo, en el texto apuntan que se han “abonado profusamente” partidas sin justificar y se ha eliminado partidas alcanzadas. “El importe facturado a partidas alcanzadas por la ejecución de las obras asciende al menos a 79 millones de euros. De ellos, en torno a 52 millones de euros correspondían a partidas alzadas”, prosigue el texto, que añade que “no se ha encontrado justificación alguna” de este alzamiento.

“Pobles connivencias en la contratación”

A continuación, Sánchez Mato ha asegurado que en el proceso de contratación de las obras “se produjeron connivencias con las empresas adjudicatarias” y ha puesto como ejemplo de ello que algunas “llegaron incluso a contratar gran maquinaria para los túneles antes de las adjudicaciones”.

Por último, ha informado de que la denuncia recoge que en el inventario de Madrid Calle 30 se incluyen “elementos de la infraestructura que no existen” y por el que “se pagó en su momento y se sigue pagando su mantenimiento”.

Sánchez Mato lo ha definido como uno de los “casos de corrupción más grandes” y ha cifrado en 100 millones de euros la cifra a la que alcanzaría el “importe presuntamente malversado” de mantenerse esta situación hasta 2040.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del 'caso Lezo' sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

También exculpa al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del 'caso Lezo', ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera 'mano derecha' de Gallardón.

La Audiencia Nacional investigaba si ya en la primera operación del Canal en Latinoamérica hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el “muerto” de su antecesor. Anticorrupción defendió en un primer momento que se había pagado un precio excesivo y apuntó al posible reparto de comisiones.

La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados defendieron que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que tenía en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. “Me duele que me lo pregunte”, respondió.

En un escrito de 12 páginas dirigido al juez, la Fiscalía pidió la semana pasada levantar la imputación en esta pieza de Lezo, la de Inassa, a 15 personas y procesar a otras 22, lo que ha asumido en su totalidad el juez. De entre los 15 para los que pidió la Fiscalía el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el exvicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II (CYII).

De este modo, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.

Según el juez y la Fiscalía, aprobaron la compra “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”, operación por la que también han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).

La adquisición de Inassa, “estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO”, señala el auto.

Eso -agrega- provocó “un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica”.

En esta misma resolución, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscalía, “al ser una prueba relevante y necesaria” de esas irregularidades en la compra de Inassa.

En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, según el juez, el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.

Su actuación contó “con el beneplácito” de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-“, quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.

Por eso también fue decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.

Con esta autorización y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, López Heras, en representación de Canal Extensia firmó el acuerdo de compraventa, por el que se calcula que el Canal abonó indebidamente un importe comprendido entre 17 y 29 millones de dólares

En julio de 2016, la Comisión Europea concluyó su  investigación sobre una cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre Florentino Pérez y Alberto Ruiz-Gallardón. Esa investigación determinó, sobre la base de un estudio independiente, que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones de euros, lo cual “otorgó a este club una ventaja injustificada frente a otros clubes que ahora debe devolverse”.

En otoño de 2011, explicaba la Comisión Europea, se firmó un convenio relativo a una cesión de terrenos del Ayuntamiento de Madrid al Real Madrid acordada años antes, en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano.

En tanto que la cesión pactada en 1998 no se produjo, el acuerdo para compensar esta situación se basó en una nueva tasación de los terrenos, que les adjudicó un valor de 22,7 millones de euros, frente a los 595.000 euros en que se habían valorado en 1998.

La investigación de la Comisión Europea concluyó que el Real Madrid tenía derecho a una indemnización de 4,3 millones de euros y no de 22,7, por lo que obtuvo una ventaja de 18,4 millones.

El Real Madrid recurrió la decisión de la Comisión Europea ante la Tribunal de Justicia de la UE, que este miércoles ha fallado a su favor al entender que no hubo ayudas públicas ni trato de favor.

El tribunal de Luxemburgo repasa todo el proceso, que data de 1991, cuando el Real Madrid y el Ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano firman un primer acuerdo relativo a la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu: el Madrid podría remozar su estadio a cambio de construir un párking subterráneo, pero esto último nunca ocurrió.

A partir de ahí, en noviembre de 1996, el Real Madrid y la Comunidad de Madrid suscribieron un convenio de permuta de suelo. Dos años después, en mayo de 1998, el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un nuevo convenio, con el fin de ejecutar la permuta prevista en el convenio de 1996.

Este convenio estipulaba que el Real Madrid cedería ciertos terrenos al Ayuntamiento de Madrid –los de la antigua Ciudad Deportiva sobre los que se han edificado las Cuatro Torres junto al paseo de la Castellana– y que, en contrapartida, este último cedería al club de fútbol terrenos por un importe equivalente al de las obligaciones que había contraído con el Real Madrid –unas parcelas por un valor aproximado de 13,5 millones de euros–.

Se decidió así que el Ayuntamiento de Madrid cedería parcelas en la zona de Julián Camarillo Sur y en Las Tablas (parcela B-32).

Para la permuta, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid cifraron el valor de esta última parcela, la de Las Tablas, en 595 194 euros. 

Pero el Ayuntamiento nunca terminó de dar la parcela de Las Tablas, porque el Consistorio había pactado la entrega de un terreno que era de uso deportivo de carácter básico, es decir, de titularidad pública y que, por definición, nunca puede pasar a manos privadas.

Así, en julio de 2011 el Ayuntamiento de Madrid, ya en manos de Alberto Ruiz-Gallardón, y el Real Madrid suscribieron un acuerdo transaccional para resolver la controversia jurídica heredada de los convenios de 1991, la permuta de bienes inmuebles pactada en el convenio de 1996 y el posterior convenio de ejecución de 1998.

Según el acuerdo de 2011, tanto el Madrid como el Ayuntamiento reconocen la imposibilidad jurídica de ceder la parcela de Las Tablas, la B-32, al Real Madrid. Y, como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid decidió compensarle abonándole una cantidad que consideró equivalente al valor de la parcela de La Tablas en 2011.

En un informe de 2011, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid calcularon el valor de la parcela de Las Tablas en 22,7 millones de euros. Las partes en el acuerdo decidieron que la compensación se abonaría sustituyendo la cesión de la parcela de Las Tablas por la cesión al Real Madrid de otras parcelas: una propiedad de 3.600 m2, varios terrenos con una superficie total de 7.966 m2 y una superficie de 3.305 m2, cuyo valor conjunto se estimó en 19,9 millones.

Es decir: cuatro terrenos en el barrio de Opañel (Carabanchel) para hacer chalés (7.966 m2); una parcela en la Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas (3.305 metros cuadrados de uso terciario como oficinas u hotel); y otra propiedad en el Santiago Bernabéu (la de 3.600 metros), una franja de tres metros de anchura que rodea el perímetro del estadio: pilares y contrafuertes que sustentan la tercera grada, y las torres cilíndricas de evacuación.

De acuerdo con los cálculos del consistorio de Gallardón, las parcelas para construir chalés se valoran en 4,4 millones; el solar en Valdebebas, en 8,7 y las torres del Bernabéu, en 6,9.

La suma, incluyendo el IVA, dejaba una diferencia de 2,7 millones que el Ayuntamiento aún debería al Real Madrid, pero se recuerda que el club no hizo el párking al que se comprometió en 1991, así que con esa cantidad dan por saldada la deuda al valorar el párking en 2,8 millones. Por otro lado, además, se sumó un importe de 92.037 euros, correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles abonado por el Real Madrid desde 2002 por la parcela de Las Tablas.

En diciembre de 2011 la Comisión Europea fue informada de la existencia de unas presuntas ayudas estatales en favor del Real Madrid en forma de una transmisión ventajosa de ciertos bienes inmuebles, por lo que en diciembre de 2013 inició un procedimiento de investigación, y en julio de 2016, declaró incompatible con el mercado interior la ayuda estatal por importe de 18,4 millones concedida al Real Madrid.

La Comisión dispuso que España debía recuperar del Real Madrid la mencionada ayuda y estimó además que un operador en una economía de mercado en una situación comparable a la del Ayuntamiento de Madrid no habría celebrado el acuerdo transaccional de 2011. A su juicio, un operador en una economía de mercado en una situación similar a la del Ayuntamiento de Madrid no habría aceptado pagar al Real Madrid una compensación de 22,7 millones en virtud de tal convenio, puesto que esta cantidad superaba con creces el grado máximo de su responsabilidad jurídica por incumplimiento de la obligación de ceder la parcela de Las Tablas.

En su sentencia dictada de este miércoles, la Justicia europea anula la decisión de la Comisión porque considera que la Comisión no probó de modo satisfactorio que la medida de que se trata hubiese conferido una ventaja al Real Madrid.

La concesión de una ventaja al beneficiario es una de las condiciones acumulativas necesarias para que una medida pueda ser calificada de ayuda de Estado. Al no cumplirse, la Comisión no podía considerar que hubo una ayuda de Estado ilegal.

El Tribunal destaca que la Comisión reconoce haber examinado la posible existencia de una ayuda de Estado derivada de la compensación concedida por el Ayuntamiento de Madrid en el marco del acuerdo transaccional de 2011.

Conforme a este acuerdo, las partes habían convenido que la compensación se llevaría a cabo sustituyendo la cesión de la parcela de Las Tablas por la cesión al Real Madrid de otras parcelas por parte del Ayuntamiento, así como mediante la compensación de sus deudas mutuas.

El resultado había sido un crédito neto de 8,04 euros a favor del Real Madrid, adeudado por el Ayuntamiento. Por lo tanto, el acuerdo transaccional de 2011 no se refería únicamente al reconocimiento de la deuda derivada del hecho de que no se cediera la parcela de Las Tablas, sino que también estaba destinado a compensar al club por ese hecho cediéndole otras parcelas y compensando deudas mutuas.

El Tribunal señala que las parcelas cedidas en lugar de la de Las Tablas no fueron objeto de una tasación por parte de la Comisión, sino que ésta dio por buenos los valores que constaban en el acuerdo transaccional de 2011 y no tuvo en cuenta todos los elementos de la operación controvertida y su contexto, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Así pues, no pudo cumplir con su obligación de llevar a cabo un análisis completo de todos los elementos pertinentes con el fin de demostrar no sólo la cuestión de la evaluación del importe de la ayuda, sino también –y sobre todo– la de la propia existencia de una ventaja derivada de la medida en cuestión considerada a la luz de todos sus elementos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Lezo', ha citado a declarar como investigados los próximos 11 y 12 de septiembre a seis exconsejeros de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón en relación a la compra supuestamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En una providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda citar a declarar al “resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 29 de noviembre de 2001” al tener en consideración un informe del Ministerio Público. Aunque ya se han practicado “la mayor parte de las diligencias probatorias”, dice el juez, procede llamar a comparecer a los exconsejeros para continuar esclareciendo los hechos relacionados con la compra de la mercantil colombiana “mediante la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal”, la panameña Aguas de América SA.

Estas declaraciones se unirán a la del propio Ruiz-Gallardón, que compareció ante el magistrado el pasado 7 de junio. También lo hicieron unos días antes el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.

El juez instructor acordó investigarles por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular, y que exculparon al expresidente regional.

El día 11 de septiembre, a partir de las 09.30 horas, deberán comparecer ante el magistrado los exconsejeros Paz González García (Justicia y Administraciones Públicas), Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica) y Luis Eduardo Cortés Muñoz (Obras Públicas, Urbanismo y Transporte). Un día después, y a la misma hora, acudirán a la Audiencia Nacional Alicia Moreno Espert (Artes), Pilar Martínez López (Servicios Sociales) y Luis Peral Guerra (Trabajo).

Ignacio Echaniz es el único exconsejero que no ha sido imputado. Actualmente es diputado del PP en el Congreso de los Diputados, así que tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo tras una exposición razonada. La Fiscalía ha preferido evitar este trámite.

“Cúmulo de irregularidades” en la adquisición de Inassa

El juez García Castellón decidió investigar a Ruiz-Gallardón y a los otros dos exconsjeros porque considera evidente que hubo un “cúmulo de irregularidades” durante el proceso de adquisición de la empresa colombiana. Por contra, durante su declaración el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia defendió la “legalidad” de la compra de Inassa y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.

Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación. Lo mismo manifestaron Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo.

Las obras de M-30 costaron 3.700 millones de euros. Un 48% más del presupuesto inicial. Solo 10 años después de la inauguración de los túneles del bypass-sur, se tendrán que invertir unos 45 millones de euros más para reparar lo que un informe técnico ha determinado como defectos en los proyectos y la ejecución de las obras y, en menor medida, deficiencias en el mantenimiento.

Alberto Ruiz Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Gallardón daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos un año antes.

Esas prisas por llegar con los túneles abiertos a las elecciones son el motivo de los deterioros. Según concluye un informe encargado por Madrid Calle 30 para supervisar las inspecciones de Emesa, los deterioros pueden achacarse, principalmente, a errores durante la ejecución y el diseño posiblemente motivados por la celeridad de las obras y la falta de cuidado en fases clave de su ejecución como el hormigonado de pantallas y pilotes y su desencofrado. También, aunque en menor medida, hay defectos achacables a deficiencias en el mantenimiento que están siendo estudiadas para exigir su reparación y poner los mecanismos para que no vuelvan a darse, añade dicho informe técnico.

La construcción de la M-30 se dividió en nueve tramos, nueve proyectos independientes que tramitaron y se licitaron por separado. Ahora, el consejo de administración de Madrid Calle 30, la sociedad Mixta que el Ayuntamiento de Madrid comparte con Emesa, la empresa encargada del mantenimiento de los túneles, ha aprobado este lunes el inicio de la licitación de un proyecto para reparar el primer tramo de la M-30, que va de Márques de Monistrol hasta el Puente de Segovia. Estas obras de reparación tendrán un coste de unos 8 millones de euros, asegura el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, a las preguntas de eldiario.es

Romero calcula que el importe de reparar los nueve tramos será de unos 45 millones de euros. “Alrededor de 45 millones es probable que tengan que gastarse para reparar defectos del origen de las obras bien por problemas en los proyectos o de la ejecución”, asegura el consejero delegado.

Samuel Romero es ingeniero de Caminos y según su experiencia “no es normal que a los 10 años se tengan que hacer una puesta a cero como esta”. “Hay que actuar para evitar que se deterioren de manera más acelerada. Tiene un proceso de deterioro que no es habitual para túneles de solo 10 años. Lo que pretendemos es parar el deterioro y establecer las condiciones de salida del túnel y recuperar su vida útil”.

Falta de mantenimiento y supervisión

EMESA, formada por ACS y Ferrovial, va a completar ahora la primera ronda de inspecciones completas del túnel pese a que el compromiso era hacer una cada cinco años. Es decir, debería haberse hecho una en 2012 y otra en 2017.

“En el contrato con Emesa está la obligación de hacer una inspección de los túneles cada cinco años para saber el estado. En estos diez años, solo en 2010 hicieron una revisión parcial de alguno de los tramos, ni siquiera tenían consensuado un protocolo”, explica a este diario el consejero delegado. “Al poco de entrar yo (2016) se implanta un protocolo solicitado a un experto en túneles. Entonces, se programó ya una ronda completa que incorporase todos los tramos. La previsión es que la inspección de todos los tramos acabe en agosto de este año”, añade.

La inspección que está terminada es la del tramo 1 y la de parte del 4, aunque la licitación de la redacción de los proyectos es sobre el primero. “Les dijimos que empezasen por los tramos que tienen más complejidad”, explica Romero. Lo llamativo, para el consejero delegado de Madrid Calle 30, es que los defectos que aparecieron en la revisión parcial que se hizo en 2010 vuelven a ser los mismos que ahora, lo que quiere decir que entonces no se repararon.

Como recuerda el ingeniero, al poco de tiempo de que se inauguraran, los túneles sufrieron inundaciones. Concretamente, uno de los tramos que se inauguró en febrero se inundó horas después: “Ha costado 133 millones de euros, pero no soportó la lluvia caída durante toda la mañana y se inundó. El nuevo túnel de la M-30, que permite salir directamente desde la cuesta de San Vicente hasta la autovía de Extremadura (A-5), fue inaugurado a media mañana por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y horas después tuvo que ser parcialmente cortado al inundarse un tramo de unos 20 metros -el subterráneo tiene 2,3 kilómetros- bajo el río”, recoge una crónica de El País de ese día. No fue la única: también en abril se llenó de agua el túnel que une el Vicente Calderón y San Pol de Mar en dirección A-6, como publicó en esta noticia El Mundo.

No se puede reclamar el coste

El Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón recepcionó las obras y les dio el visto bueno pese a que, como ahora se demuestra, que había deficiencias en las mismas. “No se deberían haber recepcionado, tendría que haberse hecho una campaña de inspección para ver determinar cuáles eran los fallos y habérsele exigido a las constructoras que los solucionasen.

El acta de recepción es un documento que las administraciones están obligadas a tramitar como justificante de que las obras se dan por buenas. A partir de la firma de este documento, empiezan a contar las responsabilidades y garantías de la infraestructura. El Gobierno de Gallardón firmó actas meses después de inaugurar, la última fue el 8 de mayo y se firmó el 25 de octubre, según publicó este diario, aunque esa demora no fue para mejorar las deficiencias;

Ahora, sería tarde reclamar las reparaciones a las empresas constructoras porque el periodo de garantías para reclamar posibles fallos de las obras expiró al año de la construcción de los túneles. Lo paradójico, es que al sacar a concurso estas obras de reparación, las mismas empresas que hicieron los túneles, ahora podrían presentarse al concurso.

“La licitación es totalmente abierta y no hay condicionante legal que limite su participación. La empresa que se lleve las obras será la que mejor proyecto presente”, explica Samuel Romero. “Ahora llegamos tarde a exigirle a las empresas que lo reparen porque el periodo de garantía ya ha expirado”, añade.

Lo único que el Ayuntamiento de Madrid podrá reclamar es el coste por la reparación de los deterioros relacionados con la falta de mantenimiento por parte de Emesa, ya que es su obligación, por la que recibe cada año dinero público.

Las obras de la M-30 costaron un 48% más de lo presupuestado: un total de 3.703 millones de euros. Entre otros motivos, porque este enorme proyecto también gastó dinero en infraestructuras que no se usarán jamás. Uno de los mejores ejemplos está en la autovía N-1 que une Madrid y Burgos. Cerca del nudo norte.

Son unas rampas de hormigón que pretendía ser el inicio del soterramiento de la M-30 en la zona norte de la ciudad. Estas rampas, a ninguna parte, se presupuestaron por 10,44 millones de euros y acabaron costando 11,48 millones, un 10% más. Era el límite que permitía la ley para sobrecostes de liquidación, una figura legal que permite un incremento para las variaciones de las unidades de obras ejecutadas sin previa aprobación. De esta manera, las empresas pueden ampliar el presupuesto por los elementos de más que hayan podido utilizar en las obras. En este caso, entre otros, se incrementaron los metros cúbicos de hormigón y los metros cúbicos de tierra retirada. La empresa encargada de hacer estas obras fue Dragados, filial de ACS, a su vez presidida por Florentino Pérez.

Las rampas estaban diseñadas para que, algún día, una tuneladora comenzara las obras para “los túneles de conexión del bypass norte con la carretera Nacional I”, describe el BOE. Es decir, dejar la conexión de la M-30 con la carretera de Burgos hacia el norte bajo tierra. Un soterramiento que hoy, casi 13 años después de que se finalizaran las rampas para las tuneladoras, es altamente improbable que vaya a realizarse. La reforma del norte de la ciudad, la Operación Chamartín, desechó este bypass norte subterráneo. Nunca, ninguno de los planes para el desarrollo del norte de Madrid incluyó un túnel como el que planteó el Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón.

De hecho, aunque Gallardón anunció el túnel del norte y el sur a la vez, aplazó el primero a la espera de saber qué pasaba con el desarrollo de Chamartín. Es la excusa que dio. “Las obras del bypass norte no se realizarán esta legislatura, como estaba previsto, porque están pendientes de lo que suceda con la Operación Chamartín, paralizada desde hace años”, recogía una noticia de El País de marzo de 2005.

Pero mientras, se avanzó en el proyecto ya que la licitación para la redacción del mismo se hizo durante su primer mandato como alcalde mientras se construía el bypass-sur. Como recoge el BOE, el proyecto pasó a publicarse para un periodo de consultas en el que entidades sociales, instituciones y vecinos podían presentar alegaciones. A pesar de ello, el Ejecutivo de Gallardón separó del proyecto global las obras de estas rampas. En septiembre de 2004 sacaron la licitación de ejecución de las rampas por vía de urgencia que se finalizaron en octubre de 2005 por 11 millones de euros.

¿Por qué si se descartó el proyecto se hicieron las rampas? En marzo de 2005, tres meses antes de adjudicar a Dragados las obras de las rampas, ya se sabía que no se harían en esa legislatura. Separar las obras para dejar unas rampas tapiadas a la espera de si se hará el proyecto en el futuro es “inusual”, según los técnicos de caminos consultados.

A día de hoy, no hay presupuesto para una infraestructura así, un coste que sería similar al del bypass-sur, que endeudó la ciudad en décadas: cuando Gallardón dejó la alcaldía la deuda de la ciudad de Madrid era superior a los 7.000 millones; superando el endeudamiento de cualquier capital europea.

Además, las últimas tendencias internacionales en la concepción urbanística de las ciudades apuestan precisamente por lo contrario: reducir la circulación del coche particular y la fomentar el uso de modos sostenibles. A esto hay que sumarle que las rampas se tapiaron y nunca se han mantenido, ni los técnicos municipales pueden conocer el estado de las mismas. El deterioro que ha sufrido el hormigón tras 13 años clausuradas las haría inservibles, aseguran estos técnicos a eldiario.es.

El cierre norte de la M-30 que planteó el Ayuntamiento de Gallardón iba a construirse por dos túneles unidireccionales de 4,80 Km de longitud. Enlazarían con la Avenida de la Ilustración a la altura de la glorieta del pintor Salvador Maella con la avenida de La Paz en su tramo norte (Nudo de la Paloma). El proyecto del By-pass Norte se completa con la construcción de dos túneles de conexión con la autovía A-1.

Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de tramitar las obras, entre los que está el actual presidente de Adif, Juan Bravo, entonces concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, sin obtener respuesta. Tampoco Dragados ha respondido a las preguntas de este medio.

Gallardón inauguró el último tramo del By-pass Sur de la M30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid y así la vendió: el macroproyecto para Madrid. Entonces no se sabía aún lo que supondría años después esta infraestructura para las cuentas madrileñas. Su proyecto para el norte finalmente no se hizo. Aún así el anuncio del mismo no salió gratis: costó a los madrileños 11 millones y medio de euros.

Las luchas intestinas en el PP de Madrid que durante años marcaron la política regional se han reproducido, años más tarde, en la Audiencia Nacional. Pasó con Cristina Cifuentes y Francisco Granados en el caso Púnica y ahora se ha dado en el caso Lezo. En esa ocasión, el enfrentamiento que ha revivido dentro y fuera de los juzgados es el que durante años mantuvieron Alberto Ruiz Gallardón y sus afines con Esperanza Aguirre y especialmente con su eterno número dos, Ignacio González.

Ese choque tiene casi una década de antigüedad. El capítulo más cruento fue cuando se destapó en enero de 2009 que el Gobierno de Madrid tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre esos políticos estaba Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón y posible rival de Aguirre para destronar a Mariano Rajoy. Cobo relató poco después cómo Aguirre y González se habían hecho con todo el control del PP de Madrid.

Algunos de los protagonistas de ese capítulo de la historia de la política madrileña se han vuelto a cruzar en el caso Lezo. Esa investigación sobre el Canal de Isabel II que tiene a González en la cumbre derivó también hacía Gallardón y sus colaboradores. Anticorrupción cree que llevaron a cabo la compra de una empresa colombiana a través de una sociedad panameña por más dinero del que costaba realmente. El excedente pudo ir a los bolsillos de algunos implicados, según sospecha la Fiscalía.

Las pesquisas comenzaron con una conversación grabada a González en la que daba muchos detalles sobre esa operación. Además, en el sumario consta un informe de Cuatrecasas que habla de irregularidades en esa compra. El documento fue encargado por el propio González y tiene varias versiones. En la primera descartaba las irregularidades, que se fueron añadiendo en sucesivas revisiones del texto.

González “difama a todos”

El juez Manuel García Castellón ha ido citando a todos los implicados en la compra de Inassa en 2001. Desde los consejeros del Canal a los miembros del Gobierno de Gallardón, que han visto en su paso por la Audiencia Nacional la última jugada de González por mancharles a ellos y a su gestión política al frente de la Comunidad de Madrid. Y han respondido de forma unánime.

Pedro Calvo, exconsejero madrileño, dijo que González “difama a todos en sus conversaciones” y trató de distanciarse de su gestión. Afirmó que la compra de Inassa no tenía nada que ver con la de Emissao (que llevó al expresidente madrileño a prisión provisional) y le tildó de “supuesto corrupto”. Eso lo dijo en la Asamblea de Madrid, y cuando tuvo que declarar en los juzgados insistió en la misma idea: que el responsable de que el Consejo de Administración del Canal de 2001 tenga que dar explicaciones ante el juez es Ignacio González.

Esta semana ha sido el turno de otros dos estrechos colaboradores de Gallardón, que se han esforzado en defender su gestión. El primero fue Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Justicia, que como han hecho otros defendió la compra y la gestión que durante esos años se hizo del Canal de Isabel II, que buscaba modernizar y potenciar la empresa pública.

Al día siguiente le tocó el turno a Manuel Cobo. Durante años mano derecha de Gallardón y por ende en mitad de la guerra política dentro del PP de Madrid, tras su declaración se paró antes las cámaras con dos objetivos: limpiar la imagen de sus años de gobierno y cargar contra González.

“Nada tiene que ver con la compra de Emissao”

“Esto nada tiene que ver con la compra de Emissao”, comenzó diciendo. Aseguró que la gente que aprobó la compra “dependía entonces de un gran presidente, y citó a técnicos del Canal que abandonaron la sociedad porque durante los gobierno de Aguirre y González ”no les gustó lo que vieron“.

Esa defensa de Gallardón dio paso al ataque contra González. Pidió que explicase por qué en esta causa hay un informe de Cuatrecasas que tiene 16 versiones y que en la primera dice “que está todo bien”. “En Cuatrecasas hay gente cabreada con lo que alguno de Cuatrecasas hizo, con los cambios, cuando se preguntó a los responsables dicen que no se enteraron de los cambios”, añadió.

En definitiva, se esforzó en limpiar la imagen de sus años de gobierno antes de que llegase el turno de su antiguo jefe. Gallardón ha declarado este jueves como imputado y aunque no se ha referido a González, según fuentes presentes en el interrogatorio, le ha dejado un recado dentro de la sala. Ha dicho ante el juez que ninguno de sus colaboradores cuando presidía la Comunidad de Madrid ha sido imputado por corrupción.

Esa afirmación choca con la propia investigación del caso Lezo, que tiene imputados a sus consejeros, pero revela el deseo de distanciarse del protagonista de la trama. Gallardón, y en especial sus exconsejeros, se han marcado como objetivo que no se les mezcle con quien fue su rival político, en un último intento de resaltar su gestión en Madrid, el legado que luego cayó en manos de Aguirre y González y que ha acabado en varios sumarios de corrupción.

Por ahora, enfrente no solo tienen a González en esa tarea. La Fiscalía Anticorrupción ha impulsado la investigación de esta rama del caso bajo la sospecha de que en la compra de Inassa se saltaron las normas de la empresa pública y pagaron más de lo que costaba. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.

Alberto Ruiz Gallardón ha respondido durante hora y media a preguntas sobre la compra de la empresa colombiana Inassa cuando él era presidente de la Comunidad de Madrid. Durante su declaración, ha negado haber cobrado comisiones derivadas de un supuesto sobreprecio en la compra, y le ha llegado a decir a la fiscal del caso que le dolía que le hiciese esa pregunta.

Así lo han explicado fuentes jurídicas al término de la declaración como imputado de Gallardón. El exministro de Justicia ha comparecido en el caso Lezo por la primera operación internacional del Canal de Isabel II en 2001, cuando estaba al frente del Gobierno regional.

La Fiscalía sospecha que en esa operación se pagó más de lo que costaba la empresa, y que se pudo producir un desvío de fondos públicos. Debido a sus similitudes con el pelotazo de Emissao que dio Ignacio González, Anticorrupción cree que en esta compra también pudieron pagarse comisiones a los implicados. Así se lo ha ido preguntando la fiscal Ana Cuenca al resto de investigados, hasta que le ha llegado el turno a Gallardón.

El expresidente regional ha dicho que comprendía la pregunta pero que le “dolía muchísimo” que se la hiciera, en tanto que ponía en tela de juicio su honestidad. ha contestado que no cobró comisiones y que tuvo conocimiento de esa y otras operaciones más tarde, cuando la prensa empezó a publicar informaciones sobre ellas.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Gallardón también ha dicho que ha tenido que acudir al sumario para conocer los detalles de la adquisición, que no conocía hasta ahora. De eso se ocupó el Canal y sus técnicos. No ha aportado documentación alguna durante su declaración, en la que ha contestado a todas las preguntas.

Una buena decisión por parte del Canal

A la salida del interrogatorio, Gallardón se ha parado frente a los periodistas para dar su versión sobre esa compra, que se realizó a través de una sociedad panameña.

Según ha explicado, la compra por 73 millones de dólares se hizo “con todos los informes jurídicos a favor” y con “el mejor y el más absoluto de los convencimiento de que era bueno para el Canal y para la Comunidad de Madrid”. “El tiempo ha demostrado que aquella fue una buena decisión por parte del Canal de Isabel II”, ha añadido.

Ha destacado que en el Consejo de Administración del Canal garantizaba una gestión profesional y “transparente, porque estaba compuesto por representantes de diversos partidos y sindicatos. ”En ese ámbito y en ese espíritu de transparencia“ es en el que se tomó la decisión de compra Inassa, la empresa que gestionaba el agua de la localidad colombiana de Barranquilla.

Gallardón ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional después de que ya hayan declarado como imputados algunos de sus más estrechos colaboradores. Este miércoles lo hizo Manuel Cobo, su mano derecha en el gobierno madrileño, y que defendió la gestión del expresidente. Además, aprovechó para cargar contra Ignacio González, a quien acusó de manipular informes para incriminarles.

Según ha dicho, tiene plena confianza en que cuando acabe la investigación se demuestra que “las cosas se hicieron bien y de acuerdo con la ley”. No ha querido entrar en los detalles sobre la compra a través de una empresa panameña, porque dice que eso le correspondía a otros de los investigados.

El expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja se pronunció ante el juez en el mismo sentido. Además, explicó que la expansión del Canal de Isabel II por Latinoamérica se diseñó antes de que llegase el PP al poder en la Comunidad de Madrid. Afirmó que Joaquín Leguina ya la había planificado, y que ellos se limitaron a concretarla y ejecutarla.

Esa expansión permitió luego a Ignacio González y Edmundo Rodríguez -que dirigía los negocios del Canal en Latinoamérica- diseñar y ejecutar la compra de la empresa brasileña Emissao. Según la investigación, pagaron más de lo que costaba realmente, y el sobreprecio se desvió a paraísos fiscales en forma de comisiones por la operación.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón va a entrar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado. Cuatro años después de dejar la política se enfrenta a una investigación judicial por su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, cuando la empresa pública Canal de Isabel II inició una expansión internacional que se convirtió en el caldo de cultivo para los negocios corruptos durante la etapa de Ignacio González. Los investigadores tratan de determinar si el sistema de pelotazos y comisiones se inauguró durante los años de Gallardón.

La parte de la investigación que lleva este martes al exministro ante el juez se centra en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. Las pesquisas se iniciaron cuando los investigadores del caso Lezo grabaron a González hablando con Eduardo Zaplana sobre esa operación. En ella, González decía haber tapado el “muerto” de su antecesor, una expresión que le valió que el juez le acusase de tapar los presuntos delitos de Gallardón.

“Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá”, explica en esa conversación. Anticorrupción tiró del hilo hasta sospechar que en la compra pudo darse un desvío de fondos públicos, con el consiguiente perjuicio a las cuentas madrileñas

En esta rama del caso primero declararon antes el juez los miembros del Consejo de Administración del Canal de hace 17 años. La mayoría tuvo problemas para recordar los detalles de la compra aunque la defendieron como una operación beneficiosa para el Canal. Sí que reconocieron que apenas tuvieron tiempo para leer la documentación antes de votar y que no sabían nada de una empresa en Panamá, país considerado entonces un paraíso fiscal.

Ese es uno de los puntos que más sorprendió a Anticorrupción y en el que se centraron muchos interrogatorios. Sin embargo, los antiguos responsables del gobierno regional, como el exconsejero de Economía Juan Bravo, siempre han sostenido que la interposición de esa empresa fue una exigencia de Inassa. Procedieron a disolverla, dijeron, en el mismo acto de compra.

Plusvalías de 41,8 millones de euros

El otro aspecto bajo sospecha son las valoraciones que se manejaron sobre el precio de Inassa. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.

“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”, sostiene la Fiscalía.

Sin embargo, los antiguos miembros del Consejo del Canal declararon que varias valoraciones estaban por encima del precio que se pagó finalmente. Ahora le ha tocado el turno de declarar a dos de los más estrechos colaboradores de Gallardón en la Comunidad de Madrid. El martes se sentó frente al juez Manuel García Castellón el exconsejero de Justicia y expresidente de Canal Carlos Mayor Oreja. Explicó durante dos horas que la compra fue legal y beneficiosa para el Canal de la que él no sacó ninguna comisión. Dijo desconocer si otros las cobraron.

Además justificó el inicio de la expansión por latinoamérica del Canal, ya planeada durante el Gobierno de Joaquín Leguina, aseguró. Lo que él hizo fue, ha relatado, encargar un informe a PWC que contenía un plan estratégico sobre la expansión en el extranjero. Ese informe dice, buscaba rejuvenecer y modernizar el Canal iniciando sus negocios fuera de España.

Su número 2 acusa a González

Este miércoles ha sido el turno de Manuel Cobo, número dos de Gallardón en el Gobierno regional. Como Mayor Oreja, ha defendido que la compra de Inassa reportó un beneficio de 200 millones de euros. Además, Cobo ha aprovechado para cargar contra González, a quien ha acusado de manipular un informe de Cuatrecasas para implicarle a él y a Gallardón.

El exministro, que según han declarado el resto de imputados estaba al tanto de los detalles de la operación, cierra la tanda de declaraciones. Ya tuvo que comparecer en la Asamblea de Madrid por este caso. “Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético”, dijo a preguntas de los diputados sobre la compra a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal.

“Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar” le dijo entonces a los diputados, antes de pronosticar que no sería imputado. Este jueves se sienta frente al juez en esa condición para responder sobre la compra de Inassa. Sobre si, como cree Anticorrupción fue un pelotazo similar al de Emissao, que llevó a prisión provisional a Ignacio González acusado de liderar una trama criminal para esquilmar el Canal.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo ha asegurado esta mañana que su declaración en Lezo responde a un informe manipulado sobre la compra de Inassa. Detrás de ese informe ha situado al expresidente madrileño Ignacio González, quien dice que planeó usarlo contra él y Alberto Ruiz Gallardón, del que Cobo era mano derecha.

Así lo ha dicho a las puertas de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado en el caso Lezo. En concreto, el juez Manuel García Castellón le citó por la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa. La compra, en 2001, se hizo con el gobierno de Gallardón con Cobo como número dos de ese Ejecutivo: “La gente que lo aprobó dependía en ese momento de un gran presidente”. Gallardón está citado este jueves por los mismos hechos.

Cobo ha explicado en declaraciones a los medios que esa operación nada tiene que ver con lo que vino después, en referencia a la compra de Emissao. “No hay nada delictivo en lo que se hizo, justo al contrario, los madrileños han ganado más de 200 millones de euros. Hubo personas, técnicos del Canal y de la Comunidad que fueron los que idearon esta operación”, ha dicho. Según ha relatado, esos técnicos abandonaron el Canal en la etapa de González “porque no les gustó lo que vieron”.

Ha negado que se usase un paraíso fiscal para hacer la compra de Inassa, y dice que la operación se canalizó a través de una empresa panameña porque era la propietaria de la colombiana: “la empresa panameña era la propietaria, en el mismo acto de compra, en el mismo notario, se procede a disolverla”. Cuando ellos estaban al frente del Canal, ha insistido, la empresa pública era un ejemplo de gestión, “técnicamente magnífica”.

En este punto, Cobo ha apuntado a González. Ha pedido que explique por qué en esta causa hay un documento de Cuatrecasas sobre esa operación que él encargó, que tiene 16 versiones y que en la primera dice “que está todo bien”. Luego se fueron haciendo modificaciones hasta que se obtuvo un documento que ha servido de base para abrir esta vía de la investigación, sostiene.

“En Cuatrecasas hay gente cabreada con lo que alguno de Cuatrecasas hizo, con los cambios, cuando se preguntó a los responsables dicen que no se enteraron de los cambios”, ha añadido. En su opinión, ese informe encargado por González era “un arma” contra Gallardón, su enemigo político dentro del PP. El informe “manipulado” ha quedado “sin ningún valor”, ha insistido.

Para concluir, ha insistido en que con la compra de Inassa hubo “dos pelotazos”. Uno, el que permitió prolongar la concesión del servicio de aguas en la localidad colombiana de Barranquilla, y otro “que los madrileños han ganado 200 millones de euros”.