Resolución relevante en el frente judicial de la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido sus “reservas” sobre que el delito de malversación en el procés se pueda amnistiar y ha rechazado aplicar, por ahora, la ley de olvido penal a los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Así lo defiende la Sala Civil y Penal del TSJC en un auto en el que rechaza la petición de la defensa de Jové de retirar la cuestión prejudicial que los magistrados también habían elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que está pendiente de resolución.

El TSJ catalán se mantiene así, junto al Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, como un tribunal renuente, cuando no contrario, a aplicar la amnistía, pese a la rotundidad de la sentencia del TJUE.

En julio, el tribunal de Luxemburgo avaló amnistiar a los exaltos cargos catalanes porque los fondos públicos destinados al procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión. Lo hizo a partir de una cuestión prejudicial enviada por el Tribunal de Cuentas.

Con la respuesta clara y favorable a la amnistía del TJUE, la defensa de Jové pidió al TSJC retirar su cuestión prejudicial, toda vez que la duda del alto tribunal catalán sobre la malversación ya había quedado resuelta con la contestación al Tribunal de Cuentas y se trataba de casos análogos.

El tribunal del TSJC formado por su expresidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, ha rechazado la petición del dirigente independentista.

Según el tribunal, aunque la sentencia del TJUE de julio “ofreció respuesta” a algunas de sus dudas, no las contestó en su totalidad, ya que se trataba de una resolución sobre la responsabilidad contable investigada por el Tribunal de Cuentas y no por el delito de malversación del Código Penal.

Pese a versar sobre los mismos gastos del procés, la sentencia del TJUE “no alcanza a responder a todas las reservas” del TSJC sobre la aplicación de la amnistía, indican los jueces catalanes, por lo que procede mantener sus cuestiones prejudiciales.

La principal duda que, a juicio del TSJC, se mantiene, es el delito de malversación “como una modalidad de corrupción”, un tipo penal que el Supremo directamente se ha negado a amnistiar en el caso de Carles Puigdemont, cuyo caso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional este otoño.

Los dos tribunales que sí estaban plenamente vinculados por las sentencias del TJUE sobre la amnistía, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, tampoco han aplicado la norma desde el pasado mes de julio pese a la petición de los altos cargos del procés y de los CDR acusados de terrorismo para hacerlo sin demora. Los jueces renuentes a la amnistía no han dicho la última palabra.

La actualidad sigue pasando por Ceuta, por Marruecos y por un encendido Congreso de los diputados en el que la derecha pide el adelanto electoral. Eso no es una novedad, y no parece que vaya a alterar los planes de Pedro Sánchez: agotar las vías para presentar presupuestos y que las elecciones generales sean en 2027. Las elecciones serán, como máximo, el 22 de agosto del año que viene. Pero todos sabemos que serán antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo? ¿Quién gana con cada una de las variables?

Abordamos el calendario del curso político con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha rememorado este sábado, con un artículo y fotografías inéditas, el fugaz retorno a Catalunya que protagonizó el 8 de agosto de 2024, día en que fue investido Salvador Illa, a quien ha tildado de presidente del gobierno de la Generalitat “más españolista de la historia”.

En un artículo publicado en la red social X, con el título “Encara hi som, i sempre hi serem” (Aún estamos aquí, y siempre estaremos), Puigdemont recuerda que esa mañana irrumpió junto al Arc de Triomf de Barcelona y pronunció un breve discurso frente a varios miles de fieles que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras su intervención, Puigdemont renunció a intentar acceder al pleno del Parlament para asistir al debate de investidura de Illa, ante el dispositivo policial establecido en los aledaños de la cámara catalana, preparado para cumplir la orden de detención que sigue pesando sobre él en España al no haber sido aún amnistiado.

Puigdemont, que había conseguido escaño en las elecciones celebradas ese mismo año 2024 en Catalunya, quería dirigirse al pleno del Parlament para “advertir de la deriva que emprendería el país a partir de la presidencia del Govern más españolista de la historia”.

“Sabíamos que nos haría entrar en una etapa de gran dependencia y se pondría en marcha una agenda de voraz deconstrucción nacional, desde los elementos simbólicos hasta los pilares sobre los cuales se ha basado la prosperidad de Cataluña desde la recuperación del autogobierno, que nos haría entrar en una era de decadencia”, subraya.

Viaje de incógnito dos días antes

En su artículo, Puigdemont recuerda que había llegado a Barcelona de incógnito a última hora de la tarde del martes, 6 de agosto de 2024, después de cruzar la frontera de la Jonquera (Girona), “por la autopista y sentado en el asiento de atrás de un coche”.

Adjunta una fotografía en la que aparece sentado al lado del secretario general de Junts, Jordi Turull, que lo acompañó en aquel trayecto secreto de regreso a Cataluña: “Como podéis comprobar, ni vamos en el maletero, ni vamos disfrazados, ni entramos camuflados en la oscuridad de la noche”, añade sarcástico.

También adjunta una foto en la que se le ve sentado en un sofá, consultando unas notas, una imagen que atribuye a momentos antes de dirigirse al Arco de Triunfo para pronunciar su breve discurso del 8 de agosto de 2024.

Reproche a Elena por el dispositivo policial

Puigdemont recuerda el “feroz dispositivo de seguridad” de los Mossos d'Esquadra organizado por el entonces conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, que “blindó todo el perímetro” del Parque de la Ciutadella, y denuncia la “represión policial” contra manifestantes independentistas que querían que el líder de Junts pudiera acceder al Parlament.

Con aquella aparición en público, explica Puigdemont, quiso “poner en evidencia lo que, dos años después, es aún más escandaloso: la actitud de rebeldía del Tribunal Supremo español que se negaba y todavía se niega a aplicar la ley de amnistía”.

“El propósito principal era poder hablar y, si esto era posible, volver sano y salvo a Waterloo. Nada no fue fácil ni exento de riesgo y tensión. Tampoco ahora es fácil”, remarca.

Tras su breve intervención en el Arc del Triomf, Puigdemont burló el dispositivo policial y logró huir otra vez de España, tras lo cual un juzgado de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a tres agentes de los Mossos d'Esquadra que presuntamente le ayudaron a escapar.

Respuesta de Rufián

En un mensaje de respuesta a Jordi Turull, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra Puigdemont al que ha acusado de generar “frustración”.

“Solo hicistéis el ridículo, generastéis una enorme frustración y jugásteis con una institución catalana como es la policía nacional de Catalunya. Todo ello, indigno de un president de la Generalitat”, ha afeado Rufián a sus rivales de Junts.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado ERC en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Por ello, añade el comunicado, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

“Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”, subraya ERC.

Condenada por desobediencia

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Serret, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha culminado la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía interpuestos por varias comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, después de haber rechazado también el que presentó la Junta de Extremadura. Así lo ha comunicado el Constitucional en una nota de prensa en la que confirma el 'no' al recurso de inconstitucionalidad de Extremadura por los mismos motivos que lo hizo con el resto.

Al igual que el resto de sentencias sobre la medida de gracia, ha contado con el voto particular de los magistrados del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. De este modo, quedan resueltos definitivamente los 16 recursos de inconstitucionalidad promovidos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los grupos 'populares' del Congreso y Senado y Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García-Page, así como las cuestiones de constitucionalidad interpuestas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las salas de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, informa Europa Press.

Fue hace poco más de un año cuando el órgano de garantías avaló con los seis votos a favor de la mayoría progresista la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1 de octubre de 2017, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en la Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la “autoamnistía”.

En Domenico Scarlatti validaron la amnistía porque “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subrayando que “su porqué es jurídicamente indiferente”, dado que toda ley obedece a “criterios de oportunidad política”, centrándose únicamente en si existen circunstancias excepcionales que la justifiquen para afirmar que no es un “capricho” porque busca “mayor paz ciudadana”.

Esa primera sentencia, de 205 páginas, rechazó que la amnistía requiera una “habilitación expresa” de la Carta Magna, indicando que “el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición”. “De otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático”, avisó.

Tras ello, se detuvo en el análisis de si esta amnistía en particular respeta la Constitución, respondiendo con ello al alegato 'popular' de que se trata en realidad de una “autoamnistía” proscrita. “Por principio”, enfatizó, “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”.

Apostilla, además, que la “autoamnistía” es “propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes”.

El aval de la justicia europea

Las consecutivas resoluciones sobre la ley de amnistía han recogido los argumentos de la primera, rechazando todos y cada uno de los recursos interpuestos. Precisamente, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, destacó el martes en la entrega de la memoria anual del órgano de garantías al rey “el esfuerzo y la labor” en relación con las 20 sentencias dictadas a lo largo del 2025 y del 2026 sobre la ley de amnistía.

Conde-Pumpido remarcó “la dedicación de la institución para resolver los numerosos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo razonable”, esto es, “menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad de los mismos”.

Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, el Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. Comenzará ese día con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull. El resto, presentados por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, se señalarán “en los plenos sucesivos”.

La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses.

Una magistrada de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas, y la abogada Marta Alsina.

Los cinco habían sido absueltos, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Entre tanto, se aprobó la ley de amnistía, aunque no se les aplicó debido a diversos conflictos competenciales entre órganos judiciales. Ahora, según ha avanzado El Nacional y ha confirmado la agencia ACN, han sido amnistiados con el informe favorable de la Fiscalía.

Los abogados de los síndicos solicitaron que se les aplicara la amnistía desde el mismo día de su entrada en vigor, hace ahora dos años, pero el anterior juez nunca respondió a su petición. La resolución del caso también se retrasó cuando el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que Verge era diputada de ERC y, por tanto, aforada ante el alto tribunal catalán.

El TSJC rechazó asumir la competencia y pidió al juez que concretara mejor la imputación. Finalmente, Verge dejó su escaño y la actual magistrada desbloqueó el pasado mes de abril la petición de amnistía para los cinco, solicitando el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe favorable a concederles la amnistía.

Los síndicos electorales fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una magistrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La Audiencia ordenó repetir el juicio, como reclamaba la Fiscalía, que pedía para ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó estancada en ese punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles la amnistía.

El Tribunal Constitucional (TC) puso en práctica con los síndicos del 1-O su nueva competencia para imponer multas millonarias como medida cautelar, una sanción coercitiva que finalmente retiró en noviembre de 2017 al constatar que durante el 1-O no habían hecho nada más que celebrar reuniones preparatorias.

Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

Las dos sentencias del TJUE (C-523/24 y C-666/24) vienen a confirmar lo que una minoría significativa pensábamos y razonábamos: la amnistía para el procés es perfectamente constitucional, sin tacha democrática alguna. Algunos, especialmente en los sectores más montaraces de la judicatura –con toga y todo en la calle–, de la academia –algunos temerosos de las subvenciones a sus proyectos y por eventuales designaciones– y medios serviles y omniparlantes se lanzaron en tromba contra la amnistía.

Son los herederos del anatema unamuniano “venceréis, pero no convenceréis”, yendo siempre varios escalones más allá: como no convenceremos, vencer es destruir al disidente. Pero les manca fineza, tara política que los lleva de derrota en derrota secularmente: solo hiel les queda en su copa para solaz de su gaznate.

Por lo que, como prólogo, la amnistía, íntegramente pasada por el VAR de la UE –antes ya por los de la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional–, es una enmienda a la totalidad a los políticos cobardes que se negaron a negociar –la ristra de desprecios arranca ya en 2012, sin olvidar la sentencia constitucional contra el nuevo Estatut– y al voluntarioso tercio de jueces –de altos jueces, todo hay decirlo– que se inventaron unas causas que, con la ley en la mano, no es que fueran discutibles, sino que eran pura superchería.

Acastilladas las fuerzas más reaccionarias, iniciaron su plan de salvar a España y así les ha quedado: el TJUE ratifica la enmienda a la totalidad de la represión gubernamental esencialmente pepera, de la que el PSOE sorprendentemente parece no saber nada, y judicial.

Enmienda a la totalidad. Ahí es nada.

¡El proceso más importante de y para la Historia de España revolcado en Europa! Ni la bruja Lola hubiera estado más desacertada con sus patrioteros pronósticos. El prestigio jurídico de la alta magistratura hispánica hecho girones por no haber dejado hacer política, donde solo había que hacer política –lo que no es siempre agradable, pero eso es lo que hay, cuando, por fortuna, no reina el pensamiento único–. Nada de porra ni mazo: política, solo política.

Primera consecuencia. No tema el lector, no voy a adentrarme en vericuetos jurídicos de alta gama. No hace falta. Las resoluciones del TJUE son meridanamente claras y claramente explicadas para quien quiera entenderlas y no demonizarlas.

En primer término, la sentencia del caso C-523/24, el de la malversación de fondos europeos –por cierto, inexistente en la sentencia del procés y luego ilegitímamente introducido en los incidentes de ejecución de sentencia burlando el sacrosanto principio de la cosa juzgada– podría llevarnos a complejas disquisiciones jurídicas, fiscales, económicas e, incluso, de consolidación de la Unión Europea.

Eso es lo que, en su cuestión prejudicial, el Tribunal de Cuentas y adláteres pretendían. Si en Catalunya gana la secesión, desaparecería su contribución a Europa y esta zozobraría, o cuando menos, tendría graves dificultades.

Nada más lejos de la realidad. El argumento capital del TJUE, perfectamente entendible para quien no tenga las neuronas contaminadas es simple tal como rezan los apartados siguientes de la resolución:

“99 En efecto, aun suponiendo que una disminución de la RNB [Renta Nacional Básica] de un Estado miembro por la secesión de una parte de su territorio pueda suponer una disminución de la contribución nacional al presupuesto de la Unión, se trataría del corolario del hecho de que el territorio en cuestión deja de estar sujeto a los Tratados y de contribuir financieramente a la aplicación de estos y no se beneficia de las medidas de apoyo contempladas en dichos Tratados. Por consiguiente, no cabe considerar que tal disminución, como tal, afecte a los intereses financieros de la Unión en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1.”

Poco más que añadir. Blanco sobre negro: suma cero.

Segunda conclusión. Los plazos de dos meses para dictar la aplicación de la amnistía por los órganos nacionales tampoco vulneran la tutela judicial efectiva, puesto que la amnistía, que es, reitera el TJUE, una medida excepcional, no se rige por las normas generales procesales.

Ello comporta, una consecuencia en notorio significado. La amnistía hay que aplicarla ya, sin dilaciones. En efecto, lo estatuye con, de nuevo, meridana claridad esa misma sentencia en su punto 119:

“119 En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas. Lo mismo cabe decir de la obligación, no acompañada de sanciones, de concluir el asunto en un plazo máximo de dos meses.”

O sea que nada de estudiar si es aplicable al caso o cómo pueden algunos espabilados togados saltarse esa decisión a la torera. Parafraseando a un ya arrepentido negacionista: “Ni dilaciones, ni nada de eso”.

Y un epílogo. La respuesta carpetovetónica a cualquier propuesta institucional que venga de la periferia es la de un 'no', la de un 'no' rotundo, granítico. La realidad, gracias a que, como en Berlín, en Luxemburgo hay jueces, es que la democracia es todo lo amplia que se quiera, si se quiere.

Un ejemplo puede ser transformar el actual estado centralista, con un maquillaje autonómico, firmemente controlado por el gobierno central, en un estado ciertamente plurinacional. Ese 'no' por defecto a cualquier reforma por timorata que sea –la transferencia del IRPF o que los funcionarios centrales destinados territorialmente atiendan en la lengua oficial de la comunidad–, se ha demostrado con la validación de la amnistía que puede ser obviado sin reparos.

Seguir profundizando en la democracia nunca puede ser malo. Ni siquiera para los rezagados que reniegan de ella, a la par que la disfrutan ilimitadamente, más que los demás, con chulesca impunidad.

La validación de la amnistía va más allá de la reparación individual y colectiva –cuya alergia nos gana el corazón– y ha de llevarse a cabo impepinablemente sin tardar más. La amnistía va de más democracia y eso es en beneficio de todos, de todos sin excepción.

Joan J. Queralt es catedrático emérito de Derecho penal UB y senador electo de ERC por Barcelona

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Las defensas de los integrantes de los CDR con causas abiertas por terrorismo han instado a la Audiencia Nacional a aplicarles de forma inmediata la ley de amnistía, después de que el TJUE avalara la norma la semana pasada. Los abogados del colectivo Alerta Solidària han presentado este lunes cinco escritos distintos con el objetivo de desencallar la amnistía para los activistas, a quienes la Fiscalía pedía entre ocho y 27 años de cárcel.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando doce personas fueron detenidas en el marco de la Operación Judas acusadas de integrar una supuesta organización terrorista paralela dentro de los CDR con el objetivo de cometer atentados con explosivos coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.

Xavi Monge, su abogado, ha reclamado la suspensión del procedimiento y que se aplique “sin más dilaciones” la norma. Desde Alerta Solidària han advertido de que cualquier retraso “solo responderá a la voluntad de escarnio contra los 12 independentistas”.

En julio del 2024 la sala de la Audiencia Nacional ya plasmó en sus escritos previos que los actos investigados no describían ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física de las personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales. Pese a ello, la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la amnistía era compatible con la acusación de terrorismo.

Más de un año después, el tribunal europeo ha resuelto que la norma es acorde con el derecho europeo y que los delitos por los que se acusa deben ser amnistiados, siempre que los actos cometidos no hayan causado de “forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Las defensas sostienen que, al no darse ninguno de estos hechos, desaparece la causa que motivó la no aplicación de la ley.

Además, las defensas han hecho referencia al párrafo 119 de la sentencia del TJUE, que establece que “los tribunales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad penal sin entrar a valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias cuando los hechos quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía, y en un plazo máximo de dos meses”. Con este argumento, piden a la Audiencia Nacional que declare extinguida la responsabilidad penal de los doce activistas y archive de manera definitiva las causas que pesan sobre ellos.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes la aplicación inmediata de la ley de amnistía y el regreso ya a España del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda”, ha afirmado Puente en una entrevista en RNE en la que ha añadido que el expresidente “lo tendría a huevo”.

En su opinión, «hay cosas que son insostenibles» y a las que “hay que plantar cara de una vez”, y ha señalado que el regreso sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

Ha puntualizado que no sabe qué decisión va a tomar Puigdemont, una vez que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

“Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría”, ha insistido.

El ministro ha considerado “tremendamente complicado de entender que la justicia española intente incumplir” la ley de amnistía y que se sostenga que “no se va a aplicar con carácter inmediato”.

El fallo del TJUE acredita, a su juicio, que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, que cuestiona su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él.

Turull tilda de “miseria y frivolidad” el comentario de Puente

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado los comentarios del ministro: “Cuanta miseria y frivolidad”, ha escrito en la red social X.

Para que fuera posible la vuelta de Puigdemont a España, todavía habría que esperar a que el Tribunal Constitucional anule la decisión del Tribunal Supremo, recurrida por el expresidente, que determinó que el delito de este último no entraba dentro de los amnistiables por la ley.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria que un demócrata “respeta las sentencias, todas las sentencias y de todos los tribunales” y, además, “no ordena a sus ministros salir a señalar a jueces con nombres y apellidos”.

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones al término de una jornada marcada por dos resoluciones judiciales: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía y el auto de la Audiencia de Madrid que confirma que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, puede ser juzgada ante jurado por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

“Los demócratas no interpretamos las sentencias judiciales en función de si nos gustan o no”, ni tampoco “seleccionamos las sentencias para acatar las que comparte y despreciar las que no les vienen bien”, ha remarcado el líder popular, durante el acto de presentación del nuevo candidato de su partido a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez.

En esa línea, el presidente del PP ha mencionado expresamente la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía para expresar su respeto, “el mismo” que tiene por “todas las sentencias previas” sobre este litigio “y las que vendrán después”, ha enfatizado.

Pero, además, ha opinado que esta resolución de la Corte de Luxemburgo “no convierte en verdad las mentiras de Sánchez”.

“Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así (una ley de amnistía para los promotores del procés independentista de hace una década en Cataluña). Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés personal. Lo que era una mentira antes, lo sigue siendo ahora. La legislatura se ha construido sobre una gran mentira”, ha agregado.

Caso Leire

El presidente del PP ha recordado, además, que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tiene que declarar este jueves como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Leire.

Núñez Feijóo se ha preguntado “en qué cabeza cabe que siga en su sitio” y que un departamento del cuerpo, la Unidad Central Operativa (UCO), “tenga que investigar los delitos de sus superiores”, algo que, en su opinión, resulta “completamente indefendible”.

El líder de los populares también se ha referido a la información publicada por ABC relativa a un presunto boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025.

“Simplemente, porque no les gusta quién gobierna en la Comunidad de Madrid. Esto es intolerable. Si esto es así, y la grabación acredita que es así, desde luego es gravísimo”, ha dicho.

“Hay más honor en cualquier cuartel de la Guardia Civil en cualquier localidad de España que en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior”, ha abundado.

Núñez Feijóo se ha comprometido a decirle a la gente “que lo que estamos viviendo no es normal” y a trabajar para reconstruir “la limpieza” de las instituciones y la confianza ciudadana en ellas.

“Tenemos que reconstruir la convivencia entre españoles. Debemos derribar muros y construir puentes”, ha añadido.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

“Ni quiero ni puedo” fue la frase estrella con la que Mariano Rajoy afrontó el procés. El entonces presidente del Gobierno y líder del PP ni quería ni podía negociar un referéndum, algo que puede resultar comprensible, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, ni siquiera a dialogar, sobre ninguna otra cuestión que pudiera concitar el acuerdo de una amplia mayoría de la sociedad catalana. Cuando todo saltó por los aires, el Gobierno también renunció a buscar una solución al enorme choque constitucional que se produjo, de modo que todo quedó en manos de unos tribunales que intervinieron en un conflicto político a golpe de Código Penal.

Ese es el contexto en el que, tras los indultos y con un PSOE que necesitaba a Junts para investir a Pedro Sánchez, surgió la ley de amnistía, aprobada casi siete años después del 1 de octubre. Para entonces se contaban por centenares las personas condenadas o encausadas por causas relacionadas con el procés y la situación política seguía pendiente de normalizarse, con Carles Puigdemont sin poder volver a Catalunya y Oriol Junqueras inhabilitado para presentarse a las elecciones.

La frustración y el inmovilismo político fueron quedando atrás y, gracias a la negociación y al diálogo, comenzaron a darse pasos. Se pretendía poner fin a una situación que no beneficiaba a nadie y que no se correspondía con el deseo mayoritario de mirar hacia adelante. Nadie que conozca la política catalana podrá decir que la ley de amnistía no haya servido precisamente para eso.

Una vez el Congreso convirtió la amnistía en ley, expresando así la voluntad clara del poder legislativo, los del “ni quiero ni puedo” pasaron a centrarse en la segunda parte. Se quería, pero ¿se podía? Algunos se empeñaron en decir que no. No solo desde la esfera política, sino sobre todo desde la judicial. El rechazo de la amnistía a Puigdemont y Junqueras con el argumento de que se enriquecieron por no pagar el referéndum de su bolsillo constituye una pirueta jurídica que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, entre otros, plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la adecuación de amnistiar delitos de terrorismo o sobre si las condenas por malversación podían haber afectado a fondos europeos. En definitiva, preguntaron por la compatibilidad de la ley de amnistía con el marco jurídico de la Unión Europea.

Todo eso ha quedado despejado este jueves con la sentencia del máximo tribunal de la UE que, por cierto, evita cualquier expresión ajena al lenguaje jurídico, un ejemplo que también deberían seguir algunos de nuestros tribunales, tan dados a incorporar florituras innecesarias en sus escritos. La sentencia de Luxemburgo avala la práctica totalidad de la norma del olvido penal, con la única excepción de la obligación de levantar las medidas cautelares, un aspecto cuya redacción ya resultaba muy dudosa.

Con este importante espaldarazo europeo, el Constitucional lo tiene mucho más fácil para terminar de validar la amnistía, algo que ya ha ido haciendo parcialmente, aunque sin entrar en el fondo del asunto. La decisión definitiva llegará en una sentencia muy esperada. El propio tribunal ha preferido no dictarla antes de conocer el parecer del TJUE, pero ahora, despejada la cuestión europea, todo apunta a que acabará pronunciándose en otoño.

Si certifica la constitucionalidad de la norma, el Supremo tendrá muy difícil, por no decir imposible, negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, Junqueras y al resto de afectados. Y se confirmará que el “no se puede” queda reducido a un “no se quiere”, algo que, en una democracia que presume tanto de serlo, un tribunal no debería poder permitirse.

El primer interesado, además de Sánchez y de los directamente beneficiados por la amnistía, en que este embrollo se resuelva definitivamente es Alberto Núñez Feijóo, por más que los populares gesticulen o que José María Aznar hable de una “agresión sediciosa al derecho”.

“Todavía diez años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico”, señaló este jueves el PP en un comunicado. La pregunta que tendría que hacerse el partido es qué ha hecho para contribuir a esa recuperación. Porque la incógnita no es qué hizo Rajoy con Catalunya, eso ya lo sabemos, sino qué hará Feijóo si llega a la Moncloa. Y, por ahora, el PP sigue sin responder a esa pregunta.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

Llevamos ya una larga temporada en que algunas resoluciones judiciales españolas, cuando son mediáticas, son innecesariamente kilométricas y se hacen previsibles, no por razones de técnica jurídica, sino por motivos de orientación política. Ese hecho, unido a las sistemáticas filtraciones del sentido de los fallos, hace que, en este tipo de casos, estemos viviendo un momento crítico en nuestros tribunales que algún día habrá que corregir, simplemente porque la Justicia necesita exhibir siempre estricta seriedad, y con este tipo de resbalones no la está mostrando en absoluto.

Lo anterior se evidencia cuando se observa cómo trabaja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, no ha habido ni una filtración de la sentencia, lo que nos ha ahorrado tener que aguantar a profetas que suelen predecir en los medios el sentido de una resolución, previo el cotilleo de algún interesado desvergonzado. En segundo lugar, las dos sentencias son breves (38 y 28 páginas), precisas, completas y muy bien motivadas, dando respuesta certera a todas las cuestiones planteadas, sin caer en comentarios subjetivos que pueden revelar prejuicio, animadversión, simpatía o simple orientación política. Y, en tercer lugar, justamente por lo anterior, el fallo del Tribunal de Justicia era perfectamente previsible para cualquier conocedor del Derecho europeo. Y eso se llama seguridad jurídica, que también es lo que deben favorecer los tribunales en todo caso.

Pues bien, el Tribunal de Justicia, en sus dos sentencias dice sustancialmente que la amnistía no es contraria al Derecho europeo, que avala que los Estados, en ejercicio de su autonomía legislativa, puedan decidir hacer uso de este instrumento. Y que, además, la intención de la ley orgánica de amnistía es favorecer la reconciliación nacional en un caso concreto, lo que permite aplicar esta institución incluso en el supuesto de delitos de terrorismo. Y lo cierto es que el Tribunal de Justicia no podía decir otra cosa. El instrumento de la amnistía existe efectiva o potencialmente, de un modo u otro, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, en ejercicio de su soberanía. Afirmar que la amnistía, como institución, es contraria al Derecho Europeo, hubiera supuesto un conflicto político de enorme magnitud que hubiera ultrapasado innecesariamente las fronteras españolas.

Por otra parte, también se ocupa una de las sentencias de la posible afectación del principio de igualdad, por haberse amnistiado unos hechos y no otros que podrían ser análogos. El Tribunal de Justicia no ve, en absoluto, este problema, pues entiende que los hechos amnistiados están suficientemente individualizados y debidamente motivada la decisión de amnistiarlos, precisamente por ese objetivo de reconciliación nacional. Estas palabras avalan, sin duda, la sentencia sobre la ley de amnistía ya pronunciada por el Tribunal Constitucional español y, de hecho, se lo pone ya muy fácil para orientar el sentido de sus futuros pronunciamientos.

En tercer lugar, se había afeado a la ley de amnistía que podía haber vulnerado el Derecho europeo al amnistiar delitos de malversación que comprometían las arcas comunes europeas. En este punto, con una delicada contundencia, el Tribunal de Justicia afirma con rotundidad que no es así dadas las cantidades y partidas implicadas, que sólo afectan al presupuesto nacional, y que incluso si las cantidades hubieran servido para propiciar la secesión de Cataluña, tampoco sería el caso, pues, en este supuesto, el territorio dejaría de formar parte de la Unión Europea, con la consiguiente e inevitable mengua presupuestaria, claro está, sin más trastornos. Como sucedió en el caso del Brexit, por ejemplo. Con ello se descarta completamente este argumento, aunque también se resuelve, de rebote, uno de los temas, ya olvidados, que más se debatió durante el procés: si Cataluña alcanza la independencia, dejaría de formar parte de la Unión Europea. Obviamente, salvo que políticamente se pudiera favorecer otra solución menos traumática, a la que el Tribunal de Justicia, como no podía ser de otro modo, no menciona.

Por último, una de las sentencias se refiere, nuevamente con respetuosa vehemencia, a cuál debe ser la conducta de los tribunales españoles aplicando la ley de amnistía. Según dictamina el Tribunal de Justicia, los jueces deben dictar una resolución de extinción de la responsabilidad, sin más valoraciones. Ese punto 119 de la sentencia más extensa es un más que evidente mensaje a los tribunales que no han obrado, hasta el momento, de ese modo, propiciando, de hecho, todo lo contrario.

Ante todo lo expuesto, no queda sino esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que es razonable prever que será completamente coherente con todo lo anterior, vista su sentencia de 26 de junio de 2025. Pero en lo que se refiere al resto de tribunales, nuevamente, por desgracia, entramos en el terreno de lo imprevisible. Queda por ver si el Tribunal Supremo se mantiene en su postura de considerar –completamente al margen de la evidente voluntad del legislador– que la malversación condenada en su sentencia no está cubierta por la ley de amnistía, tema en el que, por cierto, es posible que entre el Tribunal Constitucional, aunque está por ver si lo hace y en qué medida.

Y también habrá que estar pendientes de lo que digan el resto de tribunales con casos pendientes de la aplicación de esta ley. Las palabras del Tribunal de Justicia han sido contundentes: “En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas”. Imposible ser más directo y no dejar, en absoluto, espacio alguno a la ambigüedad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se apunta a la traición, la inocencia y el sanchismo, que ya sabemos todos que es un poco todo lo mismo.

No contentos con validar la legalidad de la ley de amnistía, resolver que no contradice el derecho comunitario y despejar la duda interesada vertida por el Tribunal Supremo respecto al delito de malversación, a los magistrados europeos no se les ocurre otra cosa que sostener decir que la ley amnistía fue útil, rebajó la tensión social y resolvió un problema político.

Igual que a Mariano Rajoy le gustan los catalanes porque hacen cosas, a sus señorías parece que le gustan los gobiernos que toman decisiones y tratan de resolver los problemas. Es intolerable. A saber dónde vamos a parar con semejante dislate.

Tan escaso como anda el Gobierno de buenas noticias en el frente judicial, al ministro Bolaños solo le ha faltado darle un abrazo emocionado a sus señorías europeas. Salvador Illa salido a hacer de lo que es, el President que reclama el fin de un serial que solo mantiene en vivo el empeño de una parte de la judicatura y la estrategia electoral de las derechas españolas. Junts también ha hecho lo que cabía esperar y ha reclamado que la cosa se acelere para ver si puede retornar el mesías que les guíe a la tierra prometida del independentismo catalán.

Para sorpresa de nadie, la lectura de los populares se resume en que todo es culpa de Pedro Sánchez. Pero si esperan que el Partido Popular convoque un carrusel de airadas manifestaciones contra el mundo en general y Europa en particular, aguarden sentados.

Si a alguien le viene bien que Europa avale la amnistía y abra el camino para la vuelta de Carles Puigdemont, como paso previo a la normalización de sus relaciones con la derecha nacional, es a Núñez Feijóo y los suyos. Como en casi todas las decisiones difíciles de la historia reciente de la democracia española, la izquierda decide y paga la cuenta, la derecha reza y se lleva los beneficios.

Aunque en España ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y el Tribunal Constitucional, por razones no del todo fáciles de entender, parece decidido a tomarse su tiempo para resolver la constitucionalidad de la amnistía y facilitar que el Tribunal Supremo la aplique, seguramente con la misma presteza que ha empleado estos años a bloquearla y paralizarla forzando la interpretación de la ley hasta el límite de lo razonable. En lo mejor de los casos, Puigdemont volverá a casa por Navidad, como en el mítico anuncio. A tiempo para los presupuestos… o no.