El exconseller de Cultura y diputado de Junts Lluís Puig ha regresado este jueves al Parlament después de nueve años repartidos entre Bélgica y el sur de Francia, donde ha tomado posesión de su escaño y ha retirado el lazo amarillo que durante todo este tiempo su grupo ha mantenido sobre su asiento. El exconseller es uno de los beneficiados por la ley de amnistía que el Supremo ha aplicado ahora pese a que la ley lleva en vigor más de dos años.

A su llegada, Puig ha asegurado que sigue declarándose “convencidamente” independentista. Lo ha verbalizado visiblemente emocionado y ante los diputados del PSC-Units, Junts, ERC, PPC, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como parte del Govern y los parlamentarios de Vox se han abstenido de escuchar el discurso.

Con todo, fuentes del Govern han aclarado que el president Illa mantuvo “un encuentro privado y discreto” con Puig tras su regreso a Catalunya. Illa además celebra que “hoy pueda ejercer con plena normalidad sus derechos políticos y parlamentarios”, añaden estas fuentes.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha iniciado la sesión plenaria celebrando que el exconseller y diputado “vuelve a ejercer sus derechos políticos de forma plena”. Ahora bien, recordó que el escaño del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue vacío.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

Lluís Puig ya está en casa. Quien fue consejero de Cultura durante tres meses, hasta su destitución con la aplicación del artículo 155, ha vuelto este miércoles a Catalunya y por la noche ha participado en los Cants de Llibertat, un encuentro que cada día desde el año 2017 se celebran ante el Ayuntamiento de Terrassa.

Puig se ha mostrado emocionado por su regreso a casa, después de vivir los primeros cuatro años en Bruselas y los cinco últimos en la zona catalanoparlante del sur de Francia. “Hoy ha perdido la judicatura española que quiere hacer política sin presentarse en las urnas”, expresó en su discurso.

Puig ha estado acompañado de una amplia representación de Junts, como el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del Parlament, Josep Rull.

El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha aplicado la norma a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

En una sentencia notificada este miércoles, la consejera de cuentas del ente fiscalizador Elena Hernáez absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones que les impuso por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.

Termina así la resistencia que ha mantenido el Tribunal de Cuentas a amnistiar su causa sobre el procés pese a la claridad de la ley. La resolución dedica decenas de páginas en justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera de cuentas Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Después le siguieron la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum.

Aunque la sentencia admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provenieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat proviene de transferencias de la Unión Europea era “razonable” preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.

Luxemburgo rechazó, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran “afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. A criterio de la consejera, de la sentencia del TJUE “se desprende claramente que no se podría aplicar la amnistía en el caso de que los gasto se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la UE”.

“En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable”, insiste la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.

Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros.

La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero igualmente el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrio un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero igualmente en septiembre el ente abrio otró plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de “innecesario e improcedente”.

Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.

El eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha anunciado que prevé volver a Catalunya el 24 de octubre si el Tribunal Supremo materializa su amnistía, después de nueve años en Bélgica. En una carta enviada a su entorno, el exconseller dice que quiere regresar a pie desde Francia.

“La idea es cruzar a pie uno de los puertos que conecta la Catalunya del Nord con la Catalunya del Sud, el sábado 24 de octubre, sobre las 12 de la mañana”, afirma en la carta. El anuncio llega después de que esta semana finalice el plazo que el juez del Supremo Pablo Llarena dio a las partes antes de resolver sobre la amnistía.

Tras el fallo del Constucional que obligó al Supremo a aplicar la amnistía, Comín calificó este jueves de “victoria” el aval del tribunal de garantías a la norma, y consideró urgente volver a España para recoger su acta de eurodiputado.

Con su plan para volver una vez el Supremo le aplique la amnistía, Comín no regresará junto al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha decidido aplazar su vuelta a después del 29-N para no interferir en la campaña electoral y dotarla de mayor peso institucional.

“La amnistía es una gran victoria política del independentismo, y me atrevo a decir de todos los demócratas. Porque la amnistía es una rectificación de un Estado, de un poder legislativo que reconoce que la manera de gestionar el conflicto en una democracia europea en el siglo XXI no es la vía penal”, señaló Comín en declaraciones a la prensa en la sede del parlamento Europeo.

Comín hizo una reflexión política sobre la relación que ve entre el exilio y la decisión sobre la amnistía. Y consideró que la estrategia utilizada por Puigdemont y los exconsellers “ha funcionado”.

“El exilio ha permitido internacionalizar el conflicto, unas victorias judiciales que nos han servido para construir un consenso en Europa poco a poco”, dijo Comín, para quien “es impresentable gestionar un conflicto político a través de la represión y con un gobierno pacífico en prisión o enviado al exilio” indicó. “Ahora que el exilio se acaba, yo seguiré viviendo aquí pero ya no como exiliado, sino como diputado normal”, apostilló.

El exconseller, que en las elecciones europeas de junio de 2024 obtuvo un escaño como cabeza de cartel de Junts, no llegó a tomar posesión ante la Junta Electoral Central dado que para ello debía ir físicamente a la sede del Congreso, algo que evitó para no ser detenido.

Comín se refirió a la “urgencia” de recoger su acta de eurodiputado para dar representación en el Parlamento Europeo a las personas que le votaron en las elecciones de 2024. No obstante, se mostró prudente sobre el momento y añadió que aunque cree que ya están “en condiciones de retornar sin ningún riesgo”, consideró preferible hacerlo cuando se resuelva definitivamente el expediente en el Tribunal Supremo.¡

El exconseller aclaró que el proceso abierto en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra el por parte de un asesor suyo en la Eurocámara, que calificó de “falsedad absoluta”, ha sido “cerrado” pero rehusó dar detalles al tratarse de un procedimiento “confidencial”.

La noticia se cuenta rápido. El Tribunal Constitucional ha afirmado que no fue “razonable” la interpretación que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo al no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. De hecho, afirma literalmente que esa interpretación es “manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta”. En sustancia, el Tribunal Supremo había afirmado que dicho delito supuso enriquecimiento personal de los condenados, caso que hubiera quedado exceptuado por la propia ley de amnistía. Ahora el Tribunal Constitucional afirma que algo así es contrario a la lógica, puesto que toda malversación posee ánimo de lucro, por lo que debe considerarse amnistiada, además de que la propia ley de amnistía considera amnistiable ese ánimo de lucro si está vinculado con las finalidades independentistas, como sin duda era el caso.

Por añadidura, aprovecha el Tribunal Constitucional para recordarle al Tribunal Supremo que en los autos en que se negaba a aplicar la ley de amnistía –que son los que se recurrieron en amparo– dispuso en contra de su propia sentencia de condena de 2019, cuando sostuvo que ninguno de los actos protagonizados por los independentistas eran idóneos para provocar la secesión, afirmando en esos autos, casi cinco años después, justamente lo contrario para sustentar su repercusión económica, tan fuerte como para poner en riesgo las finanzas de la Unión Europea, cosa que, además, ya ha descartado hace poco el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, el Tribunal Constitucional ordena al Tribunal Supremo declarar amnistiada la malversación, recordando, en un claro, directo e infrecuente aviso a navegantes, que en los propios autos del Tribunal Supremo “no se apreció la concurrencia de ningún otro motivo obstativo a la medida”, por lo que es obligado deducir que no cabría encontrarlo ahora. Es decir, que el Tribunal Supremo no puede poner más peros a la aplicación de la Ley de amnistía.

Siendo interesante lo anterior, lo es también que cinco magistrados, en su voto particular, además de desautorizar la sentencia, afirman que los siete magistrados restantes, es decir, los que han votado a su favor, estarían descalificando a los magistrados del Tribunal Supremo con falta de un “entendimiento elemental del debido respeto institucional”, y que, de hecho, les estarían descalificando a ellos mismos como fruto de su discrepancia. A tal efecto, se quejan porque esos siete compañeros motejen a las resoluciones del Tribunal Supremo como “contrarias a la lógica” o al “sentido común”, o que actuaran con carácter “manifiesto” contra el espíritu de la Ley de amnistía, o en “drástica contradicción” con la misma, añadiendo frases como “quiebra de racionalidad inconciliable” o “razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional acusa al Tribunal Supremo de haberse apartado por completo del contenido de la ley cuya interpretación no presentaba dudas, cosa que evidentemente puede, y debe, corregir un Tribunal Constitucional cuando analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que le permite anular las resoluciones que no sean motivadas y fundadas en Derecho. Y obviamente no está bien motivada una resolución que le da la espalda por completo –drástica contradicción– a la ley. No es que el Tribunal Constitucional esté usurpando la labor del Tribunal Supremo como máximo intérprete de las leyes. Eso hubiera ocurrido si, entre las diversas interpretaciones razonables de la ley, el Tribunal Supremo hubiera optado por una, perfectamente razonable, y el Tribunal Constitucional hubiera decidido sustituirla por otra, también razonable. Eso sí sería, claramente, una usurpación. Sin embargo, cuando un tribunal dispone en “drástica contradicción” con lo que dice claramente una ley, el Tribunal Constitucional existe precisamente para resolver este tipo de quebrantos –entre otros– del orden constitucional que, en este caso, habrían puesto en cuestión la mismísima división de poderes, fundamento de nuestra democracia. Si en opinión del Tribunal Constitucional se ha producido ese peligrosísimo quebranto, no le queda otra opción que corregirlo.

Se preguntará el lector si lo que dice el Tribunal Constitucional que han hecho los magistrados del Tribunal Supremo, integra el delito de prevaricación. Pues bien, dicho delito requiere que la aplicación que el juez haga del derecho no resulte objetivamente sostenible según los métodos habituales de interpretación. Y en el caso de que las normas aplicables tengan un contenido más ambiguo, la existencia de prevaricación exige la demostración de que el juez tomó su decisión por razones ajenas a la voluntad que expresa el ordenamiento jurídico.

No puede negarse que la variedad de epítetos y expresiones utilizados por el Tribunal Constitucional para describir la conducta del Tribunal Supremo están cerca del contenido de este delito, lo que es una pésima noticia para todos, empezando por los ciudadanos, que somos los que directamente padecemos el mal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, no parece ni que fuera la intención de los magistrados del Tribunal Constitucional afirmar algo así, ni que nadie lo deba interpretar de ese modo. Varios juristas avalaron la interpretación de la ley realizada por el Tribunal Supremo, lo que hace imposible sostener que todos ellos –o siquiera algunos– estuvieran avalando como cómplices una supuesta prevaricación. Pero asumiendo –no sin generosidad– que la ley de amnistía podía tener alguna ambigüedad en el punto analizado por el Tribunal Supremo, es entre difícil e imposible probar que el tribunal hubiera actuado movido por razones ajenas al ordenamiento jurídico, como podría ser un interés político o personal que nada tuviera que ver con el proceso.

Por otra parte, si el Tribunal Constitucional hubiera observado prevaricación, lo habría dicho claramente en su sentencia y hubiera cumplido con su indudable obligación de darle traslado a la Fiscalía a los efectos de persecución del delito. Por tanto, descartemos que este sea un caso de prevaricación o, lo que es lo mismo, de lawfare. No es que quiera sentirme ingenuamente tranquilo con la limpieza de las instituciones del país en el que resido, sino que no es bueno para la salud de esas instituciones andar haciendo insinuaciones poniéndolas en cuestión, manoseándolas constantemente y utilizándolas para finalidades netamente políticas.

En definitiva, ojalá –ojalá– este sea un caso en que, por una vez, no se produzca el enésimo choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y sea, de una vez, la última hora de esta amnistía. Acéptese la corrección de este último tribunal, como corresponde en respeto a su función, y asúmase de una vez que la ley de amnistía ha pasado el filtro de la Comisión de Venecia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en la no afectación de las fianzas de la Unión– y del propio Tribunal Constitucional. Que no se ha materializado, en absoluto, ninguno de los planteamientos apocalípticos para el orden constitucional que se profirieron cuando se estaba aprobando la ley. Y que, en definitiva, se puede estar ideológicamente a favor o en contra de dicha ley, pero no es legítimamente posible estar en contra de su cumplimiento. No se puede incumplir la voluntad de un parlamento, y mucho menos si es avalada por el Tribunal Constitucional y hasta por un tribunal supranacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluso llegó a decir más en favor de esta ley de lo que se le había preguntado. Por algo sería.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

La ley de amnistía no debería haber sido necesaria, porque nunca debió el poder judicial entrometerse en un conflicto de naturaleza constitucional como el que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. No se debió activar el artículo 155 de la Constitución, porque no era imprescindible para resolver el conflicto y, de activarse, debió hacerse con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, que excluyera la intervención del ministerio fiscal y la consiguiente judicialización del conflicto.

La integración de Catalunya en el Estado con base en la Constitución española de 1978 únicamente puede resolverse a través de un pacto entre el Parlament y el Congreso de los Diputados, que tiene que ser sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya. El constituyente consideró inexcusable la combinación de la democracia representativa, con intervención de dos parlamentos, y de la democracia directa para dar respuesta a un problema de esta naturaleza. Cuando la cuestión está planteada en estos términos, la intromisión del poder judicial no es posible por la propia naturaleza del problema.

El Estado español demostró el 1 de octubre de 2017 que tenía recursos de sobra para obligar a las autoridades de Catalunya a dejar sin efecto las decisiones que había tomado antes y después del 1 de octubre e imponerle que se reintegrara en el ordenamiento constitucional con la convocatoria de unas elecciones autonómicas. No hubo ni un solo minuto en que se produjera el más mínimo atentado a la integración territorial del Estado español y se afirmara la independencia de Catalunya. La Generalitat no consiguió que el Estado dejara de ejercer su poder soberano sobre el territorio de la Comunidad Autónoma en su totalidad.

Buena prueba de ello fue que no hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que fue suficiente la activación de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar la operación de depositar votos en las urnas, que, en ningún caso puede considerarse que fuera un referéndum, sino que era más bien un ejercicio anómalo del derecho de manifestación.

El Estado dispuso en todo momento de las bazas necesarias para dar políticamente una respuesta al desafío de Catalunya e imponer a las autoridades catalanas que tuvieran que dar marcha atrás en su desafío y reconocer ante sus propios ciudadanos que la alternativa independentista frente a la autonómica no era posible. No era necesario dejar la política y trasladar la respuesta al poder judicial.

El presidente del Gobierno no lo hizo y permitió que el Fiscal general del Estado decidiera que a la convocatoria del 1 de octubre había que dar respuesta mediante el poder judicial, calificando, además, dicha convocatoria como constitutiva del delito de rebelión.

Una vez expulsada la política, el conflicto constitucional dejaba de tener respuesta, ya que la Constitución únicamente posibilita una respuesta de esa naturaleza.

Han hecho falta nueve años, desde 2017 a 2026, para que esta evidencia haya podido abrirse paso. Porque esto es lo que significa la Ley de Amnistía. Para deshacer el entuerto generado por la intervención del poder judicial no eran suficientes actos gubernamentales, como los indultos, sino que era imprescindible un acto de Estado, del que únicamente las Cortes Generales mediante la aprobación de la ley podían ser protagonistas. Es lo que ha ocurrido en esta legislatura que ha estado dedicada en integridad, desde la investidura a la disolución, a la aprobación de la ley de amnistía y a la aplicación de la misma, desactivando la resistencia no solamente del poder judicial, pero sí fundamentalmente la del poder judicial.

El martes 6 de octubre se ha puesto punto final a la resistencia judicial y se ha devuelto de manera definitiva la integración de Catalunya dentro del Estado al terreno de la política del que nunca debió de salir. Ha sido necesario para ello la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, ya que la resistencia numantina del poder judicial español en general y la del Tribunal Supremo en particular no ha podido ser vencida de otra manera.

Cabe esperar que se haya aprendido la lección.

Empezó como una movilización social alentada desde el poder político, siguió con un acto de desobediencia civil que desbordó a los partidos, y continuó con una fase de represión judicial para terminar con un pacto inédito para una amnistía a cambio de frenar una nueva intentona secesionista.

El proceso soberanista catalán ha durado más de una década y ha tenido episodios variados. El último ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este martes de corregir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers. El fallo del tribunal de garantías abre la puerta a la vuelta definitiva a España del líder de Junts, que permanece en Bélgica desde 2017. El juez Llarena ha retirado este mismo martes la orden de detención vigente desde hace nueve años. Estos han sido los principales hitos del procés:

El referéndum y las cargas del 1 de octubre de 2017: pese a los avisos del Constitucional, el Govern de Puigdemont siguió adelante con la votación. La movilización de la ciudadanía en los colegios superó todas las previsiones del Ejecutivo catalán. La jornada estuvo marcada por las cargas policiales que dejaron un millar de heridos. Puigdemont emplazó a una última negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, que, como las anteriores, fracasó.

Declaración unilateral y 155: aunque tenía pensado adelantar elecciones para evitar la intervención de la Generalitat, la presión independentista terminó empujando a Puigdemont a promover la declaración unilateral de independencia. Las discrepancias entre ERC y los posconvergentes se mostraron como nunca. 

Tras la DUI, no se arrió ninguna bandera española de las dependencias oficiales, y la Generalitat fue intervenida por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado por los votos de PP y PSOE (el expresident José Montilla se abstuvo). Parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, partió hacia Bélgica el 28 de octubre de 2017. Otros, como Junqueras, se quedaron. Pese a compartir Govern, ERC y Junts siguieron a la greña durante años para mantener el poder.

Encarcelamiento y exilio: el 155 sirvió para poner fin a la aventura unilateral, pero a partir de entonces apareció un nuevo protagonista que irrumpió con toda la fuerza: la alta magistratura abrió una causa por rebelión, delito pensado para los golpes de estado violentos, contra todo el Govern. Los primeros en ingresar en prisión preventiva fueron los líderes de Òmnium y ANC, y después siguieron los exconsellers que permanecieron en España. Las manifestaciones que llenaban las plazas catalanas para mantener la independencia reclamaban ahora la libertad de los presos.

Desde Bélgica, Puigdemont intentó mantener el procés desde el exilio, pero rápidamente se constató que era inviable una presidencia simbólica en el exterior y un president real, Quim Torra investido por el Parlament, en Barcelona. En las elecciones de 2017, Puigdemont prometió que volvería si ganaba. Fue la primera promesa incumplida de su retorno, que tuvo como episodio destacado su arenga en el Arc de Triomf de Barcelona antes de la investidura de Illa, para después huir de los Mossos hacia Bélgica.

Alemania, primera detención: el expresident fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. El Supremo cantaba victoria, pero se dio de bruces con una respuesta contundente de los jueces alemanes: en el procés no había la violencia que precisa el delito de rebelión. Una posición que en España unas pocas decenas de juristas y magistrados defendieron ante la ovación general a la dureza del Supremo. Todos los intentos posteriores del juez Llarena para extraditar a Puigdemont fracasaron.

El juicio y la sentencia del procés: tras casi dos años en prisión preventiva, Junqueras, los exconsellers que se quedaron en España y los líderes de Òmnium y ANC se sentaron en el banquillo del salón de plenos del Supremo en un juicio histórico. Se enfrentaban a penas de más de 20 años por rebelión por parte de la Fiscalía, pero el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena terminó condenando por sedición y malversación (a penas duras, de hasta 13 años de cárcel) al definir el procés como una “ensoñación” sin capacidad real para materializar la secesión.

A la sentencia le siguió una semana de disturbios graves en Catalunya organizados por la plataforma Tsunami Democràtic. La sentencia del Supremo fue confirmada por el Constitucional, con la excepción de dos magistrados, que la consideraron desproporcionada y que restringía de forma indebida los derechos de reunión y manifestación.

Los indultos y la derogación de la sedición: tras el protagonismo de las togas, cogió el testigo la política y la aritmética parlamentaria que, desde la moción de censura de 2018, condicionaba el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC. Los republicanos forzaron un cambio de posición del presidente, que había abogado en un primer momento por el cumplimiento “íntegro” de la sentencia, y lograron los indultos y la derogación de la sedición a cambio del apoyo parlamentario y de no volver a promover la secesión unilateral. Los presos del procés salieron en libertad el 23 de junio de 2021.

El 23J de 2023 y la irrupción de Junts: sin apenas visibilidad en la anterior legislatura, las urnas dieron a Junts un papel clave tras las elecciones de julio de 2023. La amnistía fue la condición de los de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez tras unas arduas negociaciones. La ley, tras otra tortuosa negociación parlamentaria se aprobó en 2024, pero el Supremo frenó su aplicación a Puigdemont y los exconsellers y varios tribunales acudieron a la Justicia europea. El Constitucional ha corregido al Supremo y este martes el juez Llarena ha retirado la orden de detención contra el expresident, vigente desde 2017. La vuelta de Puigdemont, pendiente de concretar el día tras despejarse los obstáculos jurídicos, cierra el círculo del procés.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional haya decidido amnistiar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés. El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia sobre Dolors Bassa y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes, con los siete votos favorables del sector progresista, que la amnistía también debe abarcar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés condenados en 2019. Los magistrados han resuelto el caso de Dolors Bassa pero los razonamientos se aplican también el de Carles Puigdemont, imputado por ese delito de 2017 que también acarreaba una orden de detención nacional.

Llarena explica en su auto que esta decisión no implica una “ejecución anticipada” de la sentencia del Constitucional ni una “extensión automática” de su fallo al caso del expresident, sino su capacidad para revisar “de oficio” las medidas cautelares que pesan sobre él. No hacerlo, explica el juez que instruyó la causa del procés, podría llevar a la detención de Puigdemont si volviera a España, una medida que después podría ser “improcedente”. El juez explica, en cualquier caso, que cuando pueda examinar la sentencia completa del Constitucional revisará esta decisión.

La decisión de Llarena no resuelve todavía el fondo del asunto pero sí pone fin a casi una década de medidas cautelares de búsqueda y captura impuestas contra el expresident desde la primera apertura de diligencias en la Audiencia Nacional por una querella de la Fiscalía. Unas medidas cautelares por las que Puigdemont ha sido arrestado en Alemania y en Italia a lo largo de los últimos años, procesos en los que el Tribunal Supremo no consiguió la extradición del político independentista catalán.

La aplicación de la amnistía arrancó en el Tribunal Supremo con la decisión tanto del juez Llarena como de la Sala de lo Penal de no aplicar la ley de perdón al delito de malversación. También optaron por considerar que la ley no cumplía con la Carta Magna y plantearon una cuestión de inconstitucionalidad que se sumó a las presentadas por el Partido Popular, las comunidades autónomas donde gobierna y Castilla-La Mancha. Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entienden que la norma es legal y que puede ser aplicada.

“No declara aplicable la amnistía”

La segunda fase de recursos abarca el delito de malversación, que según el Tribunal Supremo no podía ser amnistiado y cuya pervivencia tenía varias consecuencias incluso después de los indultos: mantenía activas las condenas de inhabilitación de los políticos, lo que impide que se presenten a unas elecciones, y también la orden de detención de Puigdemont ahora levantada. La sentencia anunciada este martes por el Tribunal Constitucional, explica Llarena, “justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias”.

El magistrado especifica en este auto que el levantamiento de las medidas cautelares no es una decisión sobre si la malversación atribuida a Puigdemont queda definitivamente eliminada del expediente. “Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes”. Cuando conozca el “texto íntegro” de la sentencia del Constitucional “se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles”.

La decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont, Comín y Puig ha sido comunicada “de manera inmediata” tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y a los Mossos para evitar que, en caso de que alguno de los tres vuelva a España en las próximas horas, sean arrestados. Carles Puigdemont, con la orden de detención vigente, volvió brevemente a Cataluña durante la sesión de investidura de Salvador Illa como president.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abre la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España. Los magistrados han sacado adelante la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, que entre duras críticas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda extender la amnistía a este delito. Una decisión que facilita la vuelta del expresident a España sin riesgo de ser detenido: el juez Pablo Llarena ha decidido levantar la orden de detención sin esperar a que la sentencia le sea notificada formalmente.

En un primer momento el pleno convocado este martes iba a analizar dos recursos de dos exconsellers condenados por el procés: Jordi Turull y Dolors Bassa. El ponente del primer caso, el conservador José María Macías, aceptó asumir el criterio mayoritario y elaborar una ponencia que amnistiara la malversación pero finalmente ha optado por retirar el asunto del orden del día. El pleno ha pasado directamente a estudiar el caso de Dolors Bassa con la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, teniendo todavía pendientes otros recursos como los de Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Raül Romeva.

La ponencia de Conde-Pumpido, indican fuentes del tribunal de garantías, ha sido aprobada con siete votos a favor y cinco en contra de los magistrados del sector conservador, que emitirán votos particulares contrarios como han hecho en todos los recursos relacionados con la amnistía. La sentencia, que todavía tiene que ser notificada, incluye severas críticas al Tribunal Supremo por negar la amnistía a este delito de malversación e incluye indicaciones expresas para que la Sala de lo Penal de este tribunal aplique el criterio establecido en el recurso de Bassa.

La aplicación de la amnistía a la malversación ha sido uno de los puntos más conflictivos del desarrollo de la ley. Por un lado, la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito –alegando entre otras cosas que el procés afectó a intereses económicos europeos o que los políticos se lucraron con él– mantuvo las condenas de inhabilitación que impiden a varios condenados volver a una lista electoral. Por otro, ese delito sustenta la orden nacional de detención que Pablo Llarena activó contra Carles Puigdemont y que, en la práctica, le ha impedido hasta hoy mismo volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

La ponencia de Conde-Pumpido que ahora se transforma en sentencia incluye críticas al criterio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este asunto. Unas críticas basadas en que las afirmaciones de los autos que negaron la amnistía al delito de malversación no aparecían en la sentencia del procés de 2019: ni la afectación a los intereses económicos de la Unión Europea ni tampoco la posibilidad de que los condenados se hubieran lucrado con el procés porque, al usar medios públicos, no tuvieron que pagarlo de su bolsillo. Una “contradicción flagrante”, dice ahora la sentencia, en “dos pronunciamientos distintos e inconciliables”.

La Inteligencia Artificial nos informa que “la frase la Constitución es más lista que el constituyente es una adaptación del clásico aforismo alemán que afirma que la ley es más lista que el legislador”.

Y efectivamente así es. En la fase inicial de imposición del Estado Constitucional que va desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, la Constitución no tiene el carácter de norma jurídica, sino de documento político. El mundo del Derecho no gira en torno a la Constitución, sino en torno a la Ley. Habrá que esperar a que con el final de la Primer Guerra Mundial se abra paso el sufragio universal masculino y femenino para que el principio de legitimidad democrática se convierta en la única forma de legitimación aceptable. Dicho principio de legitimación democrática encontraría resistencias para imponerse en la práctica. Tantas, que sería necesaria una Segunda Guerra Mundial para conseguirlo en la parte occidental del continente europeo con las excepciones de Grecia, Portugal y España, y la caída del Muro de Berlín para conseguirlo en la parte oriental.

Una vez conseguida la imposición del principio de legitimación democrática, la Constitución adquiere el carácter de norma jurídica y en torno a ella gira el universo jurídico. La Ley sigue siendo una norma muy importante, pero ya no es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico.

La Ley era el centro de gravedad del Estado Constitucional predemocrático. La Constitución lo es del Estado democrático.

Ahora bien, el hecho de que el Estado Constitucional predemocrático pudiera operar sin la Constitución como norma jurídica, no quiere decir que lo pudiera hacer sin un “mínimo jurídico constitucional”, que en España se expresaría en el Título Preliminar del Código Civil. Sigue figurando en el Código Civil tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero nadie discute que su contenido es constitucional.   

Quiero decir con esta introducción que el aforismo aplicable al Estado Constitucional predemocrático le es de aplicación exactamente igual al Estado Constitucional democrático con el cambio de la Ley por la Constitución. Ni el Estado Constitucional predemocrático hubiera podido operar sin dicho aforismo, ni tampoco podría hacerlo el Estado Constitucional democrático.

Era la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los parlamentarios que la aprobaron la que presidía el ordenamiento jurídico predemocrático. Es la Constitución tal como figura en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los constituyentes que la aprobaron la que preside el ordenamiento jurídico democrático. 

Si no fuera así, el ordenamiento quedaría petrificado y no se podría dar respuesta con base en el mismo al cambio incesante que se produce en una sociedad que no descansa económicamente en el “valor de uso”, sino en el “valor de cambio”. Si la Constitución y los grandes Códigos que encabezan las distintas ramas del derecho tuvieran que cambiar a la misma velocidad a que lo hacen las condiciones materiales de existencia, desaparecería la “seguridad jurídica”. También desaparecería si la interpretación de tales normas se tuviera que limitar a reproducir la opinión de las personas que las redactaron. 

El Estado Constitucional, tanto el predemocrático como el democrático, han podido operar como fórmulas políticas para la dirección de la sociedad porque tanto los poderes públicos como las personas físicas y jurídicas hemos estado sometidos al imperio de la Constitución y de la Ley y no a la voluntad individual de los constituyentes y legisladores que las aprobaron. 

Esto se les explica a los alumnos en el primer año de estudio en una Facultad de Derecho. La Constitución dice lo que dice y no lo que los diputados y senadores que la aprobaron dicen que ellos dijeron. 

Los padres de la Constitución pueden decir que ellos rechazaron que la Ley de Amnistía apareciera en la Constitución, pero en el texto de la Constitución se posibilita que se pueda aprobar una Ley de Amnistía por iniciativa del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado e incluso de las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Únicamente se prohíbe que se pueda aprobar mediante la iniciativa legislativa popular. 

Así lo dice expresamente el artículo 87 de la Constitución, que no es un artículo cualquiera, sino que es el artículo con el que empieza la regulación constitucional de la potestad legislativa de las Cortes Generales.  

La Constitución dedica el Capítulo II del Título III (“De las Cortes Generales”) a la “Elaboración de las Leyes”. El constituyente procede de una manera singular, ya que empieza regulando las excepciones, Ley Orgánica (art. 81), Ley de Delegación (arts. 82 a 85), Decreto-ley (art. 86). A continuación, regula la “norma”, es decir, la elaboración de la ley sin adjetivos o, lo que es lo mismo, el ejercicio general de la potestad legislativa.

Como no podía ser de otra manera la Constitución empieza en el artículo 87 con la regulación de la iniciativa. En el apartado 1 atribuye la iniciativa “al Gobierno, al Congreso y al Senado”. En el apartado 2 contempla la posibilidad de la iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, de la que podemos prescindir. Y en el apartado 3 regula la “iniciativa popular” en unos términos que sí merecen ser reproducidos literalmente: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, nI en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

La Constitución no impone límite material alguno al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley, ni tampoco al Congreso o al Senado para aprobar una proposición de ley. Sí lo impone a la iniciativa popular. En consecuencia, resulta indiscutible que el Gobierno podría haber aprobado un proyecto de ley de amnistía y que el Congreso y el Senado han podido aprobar una proposición de ley de amnistía. 

La resistencia a la aplicación de la ley de amnistía, a pesar de su constitucionalidad inequívoca, así como también a su no contradicción con el derecho europeo, se mantiene todavía frente a las próximas sentencias del Tribunal Constitucional mediante las que se resolverán los recursos de amparo de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la ley de amnistía, manteniendo incluso la orden de detención y entrega contra algunos de ellos. 

La rebelión contra la aplicación de la ley de amnistía ha sido bastante insólita, pero no se había llegado todavía a una rebelión contra la interpretación que de la misma pueda hacer el Tribunal Constitucional, que el máximo intérprete de la Constitución. ¿Se atreverá el Tribunal Supremo a dar ese paso?

La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien abandonó la política tras perder el pulso con Oriol Junqueras por el liderazgo del partido en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es tras adelantarlo la Cadena SER, la Audiencia de Barcelona accede a la solicitud de la defensa de Rovira para archivar el caso y deniega esperar a la celebración del juicio, tal y como había pedido la acusación popular de Vox.

Los jueces constatan que la acusación de desobediencia contra Rovira por su papel en la preparación del referéndum “se encuentra incluida en el marco objetivo de aplicación” de la amnistía, “sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos” en la ley.

Rovira no fue juzgada por el Tribunal Supremo al huir a Ginebra (Suiza) en 2018, y con la derogación del delito de sedición, el magistrado de la Sala II del alto tribunal, Pablo Llarena, la procesó por desobediencia.

La ex secretaria general de ERC volvió de Suiza en 2024 tras el archivo de la causa contra ella por Tsunami Democràtic que investigó ilegalmente durante tres años (y que fue uno de los obstáculos a la amnistía) el juez Manuel García Castellón.

Al no estar aforada tras dejar la política, el Tribunal Supremo dejó en mayo en manos de la Audiencia de Barcelona la decisión sobre si enviarla a juicio o aplicarle la amnistía, tal y como ha hecho la sección 2ª este martes.

El de Rovira era uno de los casos pendientes de resolución de la amnistía, aunque la mayoría (Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers) se encuentran a la espera de que el Tribunal Constitucional corrija la negativa del Supremo a aplicarles la ley.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes redactar una sentencia que amnistíe la malversación atribuida a los líderes políticos del procés, el delito que a día de hoy impide que Carles Puigdemont vuelva a España sin riesgo de ser detenido. La mayoría progresista ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que apostaba por no perdonar este delito en el caso del exconseller Jordi Turull, y abre la puerta a que los tribunales también levanten esa acusación contra el expresident cuando estudien su caso.

Fuentes del organismo explican que el magistrado Macías tendrá que redactar una nueva ponencia y que, además, el pleno estudiará próximamente el caso de Dolors Bassa con ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. Estas dos ponencias que se votarán más adelante, añaden estas fuentes, serán para estimar la petición de amparo. Ese pleno, según ha informado el Tribunal Constitucional, será el próximo 6 de octubre.

El tribunal de garantías ha estudiado el primer recurso de uno de los condenados por el procés independentista de 2017 después de que el Tribunal Supremo se negara a amnistiar el delito de malversación, y también después de que tanto el mismo Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan avalado la ley. En el caso de Jordi Turull, exconseller de Carles Puigdemont y alto cargo de Junts, una vez indultada su pena de cárcel el recurso se centraba en amparar bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación que acarrea el delito de malversación y que le impide presentarse a unas elecciones.

La mayoría progresista del pleno ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Ahora el borrador de la sentencia tendrá que ser repetido y la mayoría del pleno entiende que sí debe otorgarse el amparo. El Supremo entendió que no era amnistiable ya que el dinero que los políticos no tuvieron que poner de su bolsillo supuso un enriquecimiento ilegal proscrito en la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional, por tanto, todavía tendrá que esperar al redactado y votado de un nuevo borrador, pero pone en marcha la cuenta atrás para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin exponerse a una detención, aunque tendrá que esperar a que se resuelvan sus propios recursos.

El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.

Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.

Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.

El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.

La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.

La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.

No hubo “animadversión” contra Turull

La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.

El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.

El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers fueron los primeros candidatos a la amnistía y serán sus últimos beneficiarios. Más de dos años después de la publicación de la norma, el Tribunal Constitucional empieza a debatir esta semana los recursos de los dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles al plantear una novedosa interpretación al delito de malversación. Ahora sí, arranca la cuenta atrás para la materialización de la ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y permitió arrancar la legislatura en 2023.

La fase final de la aplicación de la amnistía vuelve a moverse a caballo entre la política y la judicatura, igual que la última década del procés. El Tribunal Constitucional debate a partir de este martes la petición de amparo del secretario general de Junts y exconseller de Presidència, Jordi Turull, que marcará la pauta para el resto de exmiembros del Govern.

Se trata del primer caso particular de las negativas del Supremo a amnistiar a los líderes del procés que estudia el tribunal de garantías tras 22 sentencias en las que ya ha respaldado la constitucionalidad de la Ley en sentido general.

La deliberación de los recursos más sensibles le llega al Constitucional con el espaldarazo a sus tesis que supuso el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, en contra de lo que pretendían los juzgados españoles refractarios a aplicar la norma.

No cabe esperar una decisión del Constitucional a favor de los líderes del procés este mismo martes. El magistrado José María Macías, del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, quiere dar la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía. No es una sorpresa: en 2024, mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arremetió contra la Ley en una entrevista en OKDiario.

La mayoría progresista del Constitucional, salvo sorpresa, rechazará la ponencia de Macías y designará a un nuevo magistrado para que elabore un texto que avale la aplicación de la ley de amnistía a los investigados o condenados por malversación al entender que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo no es válida. Esta ponencia alternativa podría aprobarse en el pleno del 6 de octubre. Esta es la fecha que tiene marcada en rojo todo el independentismo, ya que la decisión sobre el recurso de Turull señalará el camino del resto de impugnaciones.

Se espera que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers y los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Las consecuencias del fallo del tribunal de garantías son notables: el aval a considerar que es amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés abre la puerta a la vuelta a España definitiva de Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017, y a que Junqueras pueda volver a ser candidato a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El expresident y el exvicepresident son los únicos líderes independentistas de 2017 que permanecen al frente de sus respectivas organizaciones. Especialmente relevante es para Junts el retorno de su presidente, en quien confían para lograr un revulsivo al trasvase de votos que todas las encuestas detectan hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Aunque durante meses se especuló con que el Supremo buscara otra vía para no aplicar la amnistía pese a la decisión del Constitucional, en los últimos días las señales que llegan desde la plaza Villa de París, sede del Alto Tribunal, son más moderadas.

Fuentes próximas a los magistrados del Supremo trasladaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no esperaría a conocer el fallo del recurso de amparo de Puigdemont, sino que tiene previsto actuar cuando el Constitucional dicte la sentencia de Turull, desbloqueando la aplicación de la amnistía a todos los dirigentes independentistas que recurrieron.

Es decir, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, Llarena haría lo propio con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de exconsellers, sin esperar a un goteo de sentencias caso por caso.

La pasada semana, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación tras la sentencia del TJUE, a la espera de lo que ocurra con el fallo del Constitucional.

Este cambio de actitud contrasta con la hemeroteca del propio juez. El año pasado, durante una intervención pública en Granada, Llarena aseguró que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional no tenían “ningún recorrido”.

El magistrado defendió que la particular interpretación del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés provocó la división del tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de amnistía. En consecuencia, agregó, no se daban las razones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional enmendara la plana al Alto Tribunal, como reclaman las defensas de los líderes del procés.

La decisión sobre la malversación

El Constitucional tiene que decidir sobre una de las argumentaciones recientes más controvertidas del Tribunal Supremo. Pese a que la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes se llevaran un euro al bolsillo, los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers por el dinero ahorrado como consecuencia de haber pagado los gastos del referéndum ilegal con fondos públicos y no de su propio bolsillo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, convertida ahora en un acto de enriquecimiento personal para impedir la amnistía, chocó con su propia sentencia, en la que el tribunal constató que los dirigentes soberanistas “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

Tan controvertida fue la argumentación del Supremo que, por primera vez en el procés, se rompió la unanimidad en el seno del tribunal. Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, quiso dejar por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Otros jueces catalanes también desoyeron la interpretación del Supremo y amnistiaron sin problemas el delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de trabas del Constitucional para aplicar al completo la Ley, Junts y ERC solo creerán en la materialización de la amnistía cuando la lean en papel timbrado. 

“Queremos ver las sentencias”, resumió el portavoz de Junts, Josep Rius. Este otoño, salvo giro de guion, será el definitivo para poner punto y final a la judicialización del procés.

Resolución relevante en el frente judicial de la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido sus “reservas” sobre que el delito de malversación en el procés se pueda amnistiar y ha rechazado aplicar, por ahora, la ley de olvido penal a los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Así lo defiende la Sala Civil y Penal del TSJC en un auto en el que rechaza la petición de la defensa de Jové de retirar la cuestión prejudicial que los magistrados también habían elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que está pendiente de resolución.

El TSJ catalán se mantiene así, junto al Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, como un tribunal renuente, cuando no contrario, a aplicar la amnistía, pese a la rotundidad de la sentencia del TJUE.

En julio, el tribunal de Luxemburgo avaló amnistiar a los exaltos cargos catalanes porque los fondos públicos destinados al procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión. Lo hizo a partir de una cuestión prejudicial enviada por el Tribunal de Cuentas.

Con la respuesta clara y favorable a la amnistía del TJUE, la defensa de Jové pidió al TSJC retirar su cuestión prejudicial, toda vez que la duda del alto tribunal catalán sobre la malversación ya había quedado resuelta con la contestación al Tribunal de Cuentas y se trataba de casos análogos.

El tribunal del TSJC formado por su expresidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, ha rechazado la petición del dirigente independentista.

Según el tribunal, aunque la sentencia del TJUE de julio “ofreció respuesta” a algunas de sus dudas, no las contestó en su totalidad, ya que se trataba de una resolución sobre la responsabilidad contable investigada por el Tribunal de Cuentas y no por el delito de malversación del Código Penal.

Pese a versar sobre los mismos gastos del procés, la sentencia del TJUE “no alcanza a responder a todas las reservas” del TSJC sobre la aplicación de la amnistía, indican los jueces catalanes, por lo que procede mantener sus cuestiones prejudiciales.

La principal duda que, a juicio del TSJC, se mantiene, es el delito de malversación “como una modalidad de corrupción”, un tipo penal que el Supremo directamente se ha negado a amnistiar en el caso de Carles Puigdemont, cuyo caso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional este otoño.

Los dos tribunales que sí estaban plenamente vinculados por las sentencias del TJUE sobre la amnistía, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, tampoco han aplicado la norma desde el pasado mes de julio pese a la petición de los altos cargos del procés y de los CDR acusados de terrorismo para hacerlo sin demora. Los jueces renuentes a la amnistía no han dicho la última palabra.

La actualidad sigue pasando por Ceuta, por Marruecos y por un encendido Congreso de los diputados en el que la derecha pide el adelanto electoral. Eso no es una novedad, y no parece que vaya a alterar los planes de Pedro Sánchez: agotar las vías para presentar presupuestos y que las elecciones generales sean en 2027. Las elecciones serán, como máximo, el 22 de agosto del año que viene. Pero todos sabemos que serán antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo? ¿Quién gana con cada una de las variables?

Abordamos el calendario del curso político con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha rememorado este sábado, con un artículo y fotografías inéditas, el fugaz retorno a Catalunya que protagonizó el 8 de agosto de 2024, día en que fue investido Salvador Illa, a quien ha tildado de presidente del gobierno de la Generalitat “más españolista de la historia”.

En un artículo publicado en la red social X, con el título “Encara hi som, i sempre hi serem” (Aún estamos aquí, y siempre estaremos), Puigdemont recuerda que esa mañana irrumpió junto al Arc de Triomf de Barcelona y pronunció un breve discurso frente a varios miles de fieles que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras su intervención, Puigdemont renunció a intentar acceder al pleno del Parlament para asistir al debate de investidura de Illa, ante el dispositivo policial establecido en los aledaños de la cámara catalana, preparado para cumplir la orden de detención que sigue pesando sobre él en España al no haber sido aún amnistiado.

Puigdemont, que había conseguido escaño en las elecciones celebradas ese mismo año 2024 en Catalunya, quería dirigirse al pleno del Parlament para “advertir de la deriva que emprendería el país a partir de la presidencia del Govern más españolista de la historia”.

“Sabíamos que nos haría entrar en una etapa de gran dependencia y se pondría en marcha una agenda de voraz deconstrucción nacional, desde los elementos simbólicos hasta los pilares sobre los cuales se ha basado la prosperidad de Cataluña desde la recuperación del autogobierno, que nos haría entrar en una era de decadencia”, subraya.

Viaje de incógnito dos días antes

En su artículo, Puigdemont recuerda que había llegado a Barcelona de incógnito a última hora de la tarde del martes, 6 de agosto de 2024, después de cruzar la frontera de la Jonquera (Girona), “por la autopista y sentado en el asiento de atrás de un coche”.

Adjunta una fotografía en la que aparece sentado al lado del secretario general de Junts, Jordi Turull, que lo acompañó en aquel trayecto secreto de regreso a Cataluña: “Como podéis comprobar, ni vamos en el maletero, ni vamos disfrazados, ni entramos camuflados en la oscuridad de la noche”, añade sarcástico.

También adjunta una foto en la que se le ve sentado en un sofá, consultando unas notas, una imagen que atribuye a momentos antes de dirigirse al Arco de Triunfo para pronunciar su breve discurso del 8 de agosto de 2024.

Reproche a Elena por el dispositivo policial

Puigdemont recuerda el “feroz dispositivo de seguridad” de los Mossos d'Esquadra organizado por el entonces conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, que “blindó todo el perímetro” del Parque de la Ciutadella, y denuncia la “represión policial” contra manifestantes independentistas que querían que el líder de Junts pudiera acceder al Parlament.

Con aquella aparición en público, explica Puigdemont, quiso “poner en evidencia lo que, dos años después, es aún más escandaloso: la actitud de rebeldía del Tribunal Supremo español que se negaba y todavía se niega a aplicar la ley de amnistía”.

“El propósito principal era poder hablar y, si esto era posible, volver sano y salvo a Waterloo. Nada no fue fácil ni exento de riesgo y tensión. Tampoco ahora es fácil”, remarca.

Tras su breve intervención en el Arc del Triomf, Puigdemont burló el dispositivo policial y logró huir otra vez de España, tras lo cual un juzgado de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a tres agentes de los Mossos d'Esquadra que presuntamente le ayudaron a escapar.

Respuesta de Rufián

En un mensaje de respuesta a Jordi Turull, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra Puigdemont al que ha acusado de generar “frustración”.

“Solo hicistéis el ridículo, generastéis una enorme frustración y jugásteis con una institución catalana como es la policía nacional de Catalunya. Todo ello, indigno de un president de la Generalitat”, ha afeado Rufián a sus rivales de Junts.