En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

La alta representante para Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que respalda la posición del Gobierno español para que se levanten las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los 27 que ha tenido lugar en Bruselas.

Kallas ha declarado que va a proponer “levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina. Este planteamiento se basa en los recientes avances legislativos, incluidos la aprobación de una amnistía y la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Alabares, ya comentó antes de comenzar la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que “hay sintonía” en la UE respecto a este tema. “Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismo, son un medio de presión”.

El pasado 20 de febrero, en una sesión calificada como histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión sacó adelante la medida como “un intento real de reconciliación”. 

Albares ha recordado que “Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones europeas. Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener el diálogo, la Unión Europea nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores”.

Proceso europeo por 'hitos'

“Todavía no sabemos si habrá consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea para respaldar esa propuesta, porque aún no ha sido formalmente llevada a la mesa de decisiones y requerirá la aprobación unánime de los socios europeos para modificarse el régimen de sanciones”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea sobre los próximos pasos a dar para normalizar las relaciones entre la UE y Venezuela.

En este sentido, Kallas ha apuntado que propondrá “entablar una discusión más amplia sobre el enfoque europeo hacia las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer criterios claros o 'hitos' acerca de lo que esperamos ver por parte de Venezuela en términos de derechos humanos, estado de derecho y proceso político. Cualquier avance tangible en esos ámbitos pueda ir acompañado de pasos reflejados por nuestra parte”.

La alta representante para Exteriores de la UE ha puntualizado que “se podría articular una relación condicional y progresiva que incentive reformas internas en Venezuela, manteniendo al mismo tiempo el apoyo europeo en función de resultados concretos”.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, ha aprobado este jueves diferir para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional ha aprobado hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La discusión se ha atascado en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan “ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos”, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia” de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, ha indicado que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas. El chavismo, en cambio, ha argumentado que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, ha propuesto diferir “la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios” y “mantener el clima necesario de conciliación”. Asimismo, espera que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, ha planteado también el aplazamiento con el objetivo de “seguir debatiendo y discutiendo este artículo (séptimo)”.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede “una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal” establecidos en el texto, con el fin de “promover la paz social y la convivencia democrática”.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, ha aprobado este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”. El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EEUU, con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y al secuestro del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

Los dirigentes del procés para los que se aprobó la amnistía siguen sin poder beneficiarse de la ley un año y medio después de su entrada en vigor. De entre todos ellos, el líder de Junts, Carles Puigdemont, es el que sufre las consecuencias más visibles: permanece en Bélgica desde 2017 y todavía tiene vigente una orden de ingreso en prisión si pone un pie en España. El expresident aguarda que 2026 sea el año en que definitivamente se desencalle su amnistía, aunque el Tribunal Supremo ya ha dado muestras de su negativa a aplicarla.

A la espera de la respuesta que pueda venir desde la plaza Villa de París de Madrid, sede del Tribunal Supremo, la resolución de la amnistía depende en primer lugar del Tribunal Constitucional. Los magistrados del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido tienen que resolver, previsiblemente durante la primera mitad del 2026, el recurso del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle.

Aunque el tribunal de garantías ya avaló la ley de amnistía de forma general, hasta que el Constitucional no sentencie el caso concreto del expresident y corrija al Supremo, Puigdemont no podrá volver sin riesgo a ser detenido.

Será la primera vez que el Constitucional se pronuncie sobre la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. En los borradores sobre los recursos de algunas comunidades autónomas contra la norma se terminaron eliminado las referencias que pudieran interpretarse como un adelanto del debate sobre la situación de Puigdemont.

Como en casi todo lo referente el procés, la acción se desarrolla en varios planos (o tribunales, en este caso). Hay otra sentencia relevante sobre la amnistía que también debe emitirse en los primeros compases de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la norma se ajusta a la legalidad europea. Lo hará a partir de las preguntas que enviaron el Tribunal de Cuentas en el caso del desvío de fondos del procés (en el que están encausados Puigdemont y una treintena de líderes soberanistas) y la Audiencia Nacional en la causa de los CDR.

Una respuesta contundente del TJUE, en línea con las conclusiones del Abogado General que avalaron el grueso de la ley de amnistía, dejaría sin margen de maniobra a los tribunales españoles que dudaban de la norma. Aunque a disgusto, se verían obligados a aplicarla.

Sobre el papel, una sentencia de Luxemburgo que respaldara por completo la amnistía impediría cualquier eventual maniobra del Supremo una vez el Constitucional se pronunciara sobre el caso de Puigdemont, ya que la normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).

La abierta negativa del Supremo a aplicar la ley a Puigdemont pese a que era el principal beneficiario de la misma hace que en Junts estén preparados para cualquier escenario. El Alto Tribunal consideró no amnistiable la malversación (con una argumentación que desató críticas incluso en el propio tribunal del procés) porque, a su juicio, como Puigdemont y el Govern no se gastaron de su bolsillo el dinero para las urnas, se habían enriquecido.

Por el contrario, en línea con el espíritu y redactado de la ley, otros jueces de Barcelona sí han amnistiado a los cargos del Govern de Puigdemont también acusados de malversación por los mismos gastos que el Supremo rechazó perdonar.

Tras un año y medio en vigor, la ley ha cumplido su objetivo de borrado generalizado de las causas penales derivadas del procés, con la sonora excepción de sus líderes encausados en el Supremo. Este 2026 el Constitucional también resolverá los recursos para amnistiar a otras primeras espadas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como a los otros dos exconsellers que permanecen en el extranjero, Toni Comín y Lluís Puig.

Con estos precedentes, en el partido de Puigdemont no descartan otro movimiento del Supremo para no aplicar la amnistía al expresident aunque así se lo indique el Constitucional. Considerada imposible una eventual entrega a España tras los sonoros fracasos recibidos desde distintos tribunales europeos, el temor es que el Supremo provoque que Puigdemont quede varado en Bélgica, esto es, sin una nueva petición de extradición pero bajo la amenaza de la cárcel si cruza los Pirineos.

La evolución política durante estos siete años, además, ha movido el foco de la acción exterior hacia la política doméstica. Los siete diputados en el Congreso de Junts, indispensables para Pedro Sánchez para sustentar su investidura, han devuelto al partido de Puigdemont a una centralidad de la que se había desplazado. Pese a su pérdida de peso institucional, Junts ha recuperado la interlocución empresarial perdida con el procés.

En paralelo a las decisiones de los tribunales, Puigdemont tendrá que redefinir en 2026 las relaciones con el PSOE tras un convulso 2025. A lo largo del año pasado, Junts pasó de tantear con la ruptura con los socialistas a oficializar el divorcio, si bien en los últimos compases del año Pedro Sánchez ha intentado recomponer relaciones retomando compromisos pendientes y cediendo en asuntos donde Junts se derechiza ante la competencia de Aliança Catalana, como la multirreincidencia.

Conscientes de que el cumplimiento efectivo de la ley puede ser uno de los pocos refugios para capear el temporal de lo que le quede a la legislatura en España, son los socialistas los que han depositado más esperanzas en que 2026 sea el año de amnistía.

En el último pleno del año, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien los de Puigdemont practican una férrea oposición en el Parlament, se mostró “seguro” de que la ley será plenamente “efectiva” en 2026, y que ello supondrá “un paso adelante muy importante para todos”. Y tendió la mano a la recién nombrada a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, a la que dijo que “coincide” con ella en el asunto del olvido penal del procés. Está por ver si con el nuevo año se cumplen los augurios del president.

El Tribunal Constitucional afronta un 2026 con una agenda intensa tanto dentro como fuera de su salón de plenos. Los magistrados tienen por delante debates como la amnistía de Carles Puigdemont o la condena del Supremo al exfiscal general Álvaro García Ortiz pero también una renovación convulsa de cuatro de sus magistrados, entre ellos su actual presidente Cándido Conde-Pumpido. Unos nombramientos que debe votar el Senado mientras el Partido Popular amaga con un nuevo bloqueo como el que ya ejecutó en el Consejo General del Poder Judicial y que permitió alargar casi cinco años el dominio conservador. La diferencia es que, en este caso y mientras esperan su momento, los de Alberto Núñez Feijóo estarán prorrogando en el puesto a un presidente y unos magistrados progresistas a los que han llegado a calificar de “cáncer”.

El pleno del tribunal de garantías tiene 12 magistrados, pero no todos son nombrados por el mismo procedimiento. Cuatro son designados por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, y las renovaciones se van haciendo por tercios y por mandatos de nueve años. Los próximos nombramientos en el horizonte son de los cuatro magistrados que designó el Senado la última vez: los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. Su mandato caducó a mediados de diciembre y la cámara alta, con mayoría absoluta del PP, apenas ha puesto en marcha el engranaje para la renovación a pesar de las advertencias del propio Constitucional.

El Tribunal cuenta con una mayoría de siete magistrados progresistas desde la renovación parcial de 2021, cuando el ejecutivo asumió la entrada de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a cambio de nueve años de mayoría progresista. Los nombramientos del Senado, que ya van con retraso, no ponen en peligro la aritmética interna del tribunal: se tienen que acordar por tres quintos del total de senadores, lo que obliga al PP a pactar con el PSOE y cierra la puerta a un desequilibrio y un 'sorpasso' de los conservadores. Al menos con la distribución parlamentaria actual.

En la actualidad el PP y sus socios habituales de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no tienen senadores suficientes para pactar entre ellos una renovación parcial del Constitucional. Pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han dejado claro que, por el momento, no tienen intención de sentarse a negociar. “Este es un Gobierno con el que el PP difícilmente puede negociar absolutamente nada”, dijo su portavoz Miguel Tellado. En Génova tienen clara una cosa: el ciclo electoral que arrancó el domingo en Extremadura les irá bien y también a sus potenciales socios de Vox, que no dejan de señalar cada acuerdo del PP como “muleta” del PSOE.

La renovación parcial del Constitucional por parte del Senado tiene, además, una particularidad: los candidatos a magistrado son propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas. Un proceso generalmente pacífico –en su momento la candidatura de Conde-Pumpido fue avalada por el PP en la Asamblea de Madrid– que ahora se enfrenta a un escenario distinto: parlamentos regionales como Extremadura o Aragón llegan a este proceso en pleno ciclo electoral y otras como Castilla y León y Andalucía también con las urnas en el horizonte. Comicios donde Vox espera crecer exponencialmente y ser llave de gobierno para el PP tras su buen resultado en Extremadura. Con su capacidad de negociación, por tanto, al alza.

El bloqueo anunciado por el PP con todo tipo de cálculos políticos y electorales de fondo se suma a la lista de otros ejecutados anteriormente en la última década. A la cabeza, el que impuso en el CGPJ y que consiguió perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces cinco años después de que caducara el mandato. Con una diferencia fundamental: en este caso el bloqueo lo que perpetúa es la mayoría progresista del Constitucional y mantiene en funciones el mandato como presidente de Cándido Conde-Pumpido, señalado públicamente por el PP como su enemigo número uno en los tribunales. En un momento, además, clave para el Constitucional con asuntos de alto voltaje político por delante.

De la amnistía al fiscal general

El pleno del Constitucional viene de unos años intensos con decisiones que le han enfrentado directamente al Tribunal Supremo y que, además, le han costado el señalamiento constante de PP y Vox con una campaña de descrédito contra cualquier decisión que contravenga sus intereses o rechace sus recursos. Desde tumbar buena parte de las condenas de los ERE de Andalucía hasta avalar la Ley de amnistía del procés pasando por dar la razón a Arnaldo Otegi o Alberto Rodríguez tras ser condenados por el Supremo.

Y otros asuntos candentes pendientes de deliberación para este año 2026 con la renovación de su presidencia en el aire.

El más inmediato es el último y relevante fleco de la amnistía: si la ley de perdón también se aplica al delito de malversación atribuido en condena o instrucción a los políticos catalanes implicados en el procés. Los recursos de Oriol Junqueras y otros condenados, así como el del imputado Carles Puigdemont, fueron admitidos a trámite a lo largo de 2025 y el pleno tiene previsto dictar las sentencias en el primer trimestre de este año. Resoluciones de las que dependen tanto la inhabilitación que pesa sobre Junqueras y el resto de políticos, pero también la imputación que a día de hoy impide que Puigdemont pueda volver a España sin arriesgarse a ser arrestado por seguir en búsqueda y captura dentro del país.

Este 2026 será también el año en que Álvaro García Ortiz recurra su condena de multa e inhabilitación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ex fiscal general está pendiente de interponer un incidente de nulidad –que será previsiblemente rechazado por el mismo Supremo que le ha condenado– como paso previo a ir al Constitucional, con un recurso cimentado en el voto particular de dos magistradas progresistas cuyos argumentos ya han tenido éxito en ocasiones anteriores ante el tribunal de garantías.

Otros recursos pendientes también anticipan un 2026 caliente en la sede el Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Normas como la Ley Trans o la reforma conocida como 'ley del solo sí es sí' siguen pendientes de sentencia. También aguarda una decisión Dolores Delgado, ex fiscal general, sobre sus recursos contra las sentencias del Supremo que tumbaron sus ascensos a fiscal de sala.

Son algunos de los asuntos que llegarán a manos del pleno mientras cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, están pendientes de saber si seguirán o no en el tribunal. También mientras el PP se niega a facilitar el desalojo de un Conde-Pumpido al que no dejan de apuntar como un peligro para la integridad judicial española a la espera de un ciclo político más favorable para intentar invertir la mayoría progresista del tribunal.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía. El pleno, con el voto en contra del sector conservador, entierra las alegaciones que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y aplica la misma doctrina que ha desestimado las impugnaciones del Partido Popular, el Tribunal Supremo y una docena de comunidades autónomas y tribunales territoriales. Se trata de uno de los últimos recursos que el tribunal de garantías tiene pendiente de estudio después de haber desestimado, en lo esencial, todos los anteriores.

Isabel Díaz Ayuso fue la punta de lanza de la ofensiva contra la amnistía del PP y las comunidades autónomas donde gobierna. “Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía”, anunció ella misma en mayo de 2024, atribuyendo la iniciativa legal a Alberto Núñez Feijóo. Una decena de territorios controlados por el partido, junto con la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, presentaron impugnaciones después de que lo hicieran tanto el PP como el Tribunal Supremo. “Es una infamia”, concluyó Ayuso en el anuncio realizado desde Torrejón de Ardoz.

Todos esos recursos han sido rechazados por el pleno del Constitucional en los últimos meses. La primera impugnación en fracasar fue la que interpuso el Partido Popular, que por ser la más amplia fue la que marcó el camino al resto. La mayoría progresista del pleno, tras la abstención del exministro Juan Carlos Campo y la recusación de José María Macías, rechazó la mayor parte de los argumentos y avaló el grueso de la ley de perdón, con pequeños matices sin apenas incidencia real en la aplicación de la ley.

Para cuando el Constitucional se pronunció sobre el recurso del PP los tribunales catalanes ya habían aplicado la amnistía a más de 300 casos entre activistas, políticos, manifestantes y policías nacionales. Esa primera sentencia determinó el rechazo de la cuestión de inconstitucionalidad en la que el Tribunal Supremo hablaba de “golpe de Estado”, el de varios tribunales territoriales y también el de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el caso de Aragón, el Constitucional amplió su aval a la norma y amparó también que perdonara los delitos de malversación relacionados con el procés si no existió enriquecimiento.

El último rechazo del pleno ha sido el que ha recibido el recurso que interpuso el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Con los votos a favor de los progresistas y la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, el Constitucional repite sus argumentos de sentencias anteriores para desestimar la impugnación del ejecutivo madrileño.

La amnistía, Europa y Puigdemont

El recorrido judicial de la ley de amnistía, tras el aval del Tribunal Constitucional, se acerca a dos de sus momentos más relevantes: el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la sentencia del Constitucional que decidirá si la malversación atribuida a Carles Puigdemont debe ser también perdonada.

El pleito europeo ya superó hace unas semanas una de sus principales metas flotantes con el dictamen favorable del abogado general. Una opinión que avaló el grueso de la ley –rechazó que se trate de una “autoamnistía”– y que no es vinculante para los magistrados del TJUE, aunque siguen el criterio del abogado general en un porcentaje importante de los casos.

La ramificación que afecta al futuro inmediato de Carles Puigdemont no llegará al orden del día del pleno del Constitucional hasta dentro de unos meses. Los magistrados tendrán que estudiar la alegación concreta del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación que le atribuye el juez Pablo Llarena y que, en la práctica, le mantiene en búsqueda y captura y en riesgo de ser detenido si vuelve a España.

La Junta de Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la reciente decisión del Constitucional (TC) de rechazar los recursos presentados por varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, contra la Ley de Amnistía promovida desde el Gobierno de España a favor de los independentistas.

Castilla y León esperará, no obstante, a conocer el contenido del fallo conocido este pasado viernes, ha informado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, durante un acto celebrado este lunes en Valladolid.

Ha desvelado que la Junta argumentará, entre otras cuestiones, que la Ley de Amnistía “no es una ley singular” y que “solo mira una cara de la moneda” al centrarse en los actos delictivos de los favorables a la independencia de Cataluña, mientras que deja sin exonerar los cometidos por los contrarios, durante los graves disturbios de 2017.

Más allá del rechazo del TC a los recursos presentados por las comunidades de Castilla y León, Valenciana, Región de Murcia y del PP, el consejero considera que el fallo de esta instancia judicial, al plantear determinadas objeciones, “modifica en un 70% la Ley de Amnistía”.

Carlos Castresana (Madrid, 1957) es uno de los mayores especialistas de España en derechos humanos y derecho penal internacional. Actualmente fiscal en el Tribunal de Cuentas, Castresana publica Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), un libro en el que, a través de 25 casos históricos y recientes de errores judiciales, realiza un ejercicio inusual en todos los gremios: autocrítica y descripción de los vicios que perviven en un poder del Estado tan necesario como peligroso cuando descarrila.

¿Cómo se llega al error judicial? ¿Es intrínseco a la condición humana?

El proceso penal es una obra humana y, por lo tanto, es susceptible de error. Para que se produzca un error grave que dé lugar a la condena a un inocente, normalmente tiene que haber una cadena de errores. Se puede equivocar el denunciante (incluso con mala intención), la policía al investigar, el juez al instruir, el fiscal al acusar o el tribunal al sentenciar. Incluso si uno de estos eslabones falla, la cadena no tiene por qué romperse del todo. La cadena se rompe cuando el fallo no es corregido o se produce en el último eslabón.

Además de un posible error, usted habla en el libro de las “disfunciones” del proceso penal, a cada cual más peligrosa. 

Las disfunciones son reiteradas y las conocemos. Están la palabra (a veces se estima más de la cuenta a un testimonio y otras lo despreciamos y se tendría que ser más serio); la prueba basada en indicios (el gran jardín donde la mayor parte de los tribunales se pierden, aunque con paciencia y buena intención no es tan difícil valorar los indicios inculpatorios y exculpatorios); o el burladero (alguien que de manera aviesa se sirve del proceso penal para deshacerse de un adversario). 

Pero también están la tortura (que va más allá del maltrato físico al detenido para que confiese y sirve para hablar de todas las maniobras para presionar al inculpado para que colabore con la investigación cuando no tiene que hacerlo, como algunos malos usos de la prisión provisional) y la razón de Estado (no solo el interés del Gobierno en llevarse por delante a alguien, sino la presión de los poderes económicos o los medios de comunicación en los tribunales que termina en catástrofe). El tren de la justicia descarrila a veces, pero no suele ser culpa de una sola persona que deliberadamente o por negligencia comete un error, sino que suele ser un error que después es refrendado una y otra vez.

En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces

¿Por qué todavía hoy le cuesta tanto a la Justicia admitir que se equivoca? Pienso en el caso de Ahmed Tommouhi, privado de libertad 15 años por una violación que no cometió.

No me parece que sea un problema general, sino que es muy específico de la jurisdicción española. En otros países que han disfrutado de independencia judicial, Estado de Derecho y transparencia informativa durante más tiempo no hay tantos problemas para admitir los errores judiciales. Nosotros hemos heredado una Justicia de una dictadura, no solo por la cuestión del franquismo.

La Justicia española nunca ha sido transparente, desde los tiempos de Felipe II. Era una Justicia autoritaria que pasa por el filtro de la transición y que debe convertirse de la noche a la mañana, como Cenicienta, en una Justicia democrática. Pero no ocurre. No se ha hecho una reforma integral del Poder Judicial como debería haberse hecho y por eso todavía tenemos una Justicia que tiene muchos tics autoritarios y que es muy refractaria a la transparencia y a la crítica. En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces. Pues sí se debe poder.

¿Los elementos de reparación a una víctima inocente, tanto materiales (indemnizaciones exiguas) como simbólicos (nadie le pide perdón) son insuficientes en nuestro país?

Son totalmente insuficientes, tanto en el procedimiento administrativo como en la vía penal, donde el recurso de revisión sigue siendo extraordinariamente restrictivo y es casi un imposible. ¿Si el tribunal condenó sin una demostración palmaria de la culpabilidad, por qué debería haberla para rectificar esa conducta cuando hay una duda razonable o cuando hay una prueba razonable de que fue un error? Esto también forma parte de la tradición de un Poder Judicial refractario a la crítica, al que no le gusta ni que un periodista le diga que lo ha hecho mal ni que otro tribunal le revoque la sentencia porque se equivocó. Parece nombrar un tabú, pero los jueces sí se equivocan, igual que todo el mundo en su ejercicio profesional.

¿Hay todavía, en el carácter de algunos jueces, un exceso de soberbia y autoridad? ¿Les falta humanidad?

Es como si en un partido de fútbol fuese más importante el árbitro que los jugadores, cuando no es así. El juez solamente tiene que mantener un poquito el orden para que no se den más patadas de las aceptables. Cuando se erige al árbitro en protagonista del juego, empiezan todas las patologías y no se le puede criticar o invitar a rectificar lo que ha hecho mal.

Finalmente, se provoca la situación que vivimos en España actualmente: los tribunales viven encerrados en sí mismos y la sociedad no se fía. Esto debería llevar a los titulares del Poder Judicial a reflexionar por qué existe esta desconfianza de los ciudadanos, y a los legisladores a pensar qué parte del sistema no está bien y qué leyes deberíamos modificar para acabar con este divorcio entre la sociedad y lo que, según la Constitución, es un servicio público.

El sistema de acceso a la carrera judicial termina siendo elitista

¿Cómo se corrige? ¿Sería necesario cambiar el sistema de acceso a la carrera para que antes de ser juez se tuviera un mínimo de experiencia laboral como abogado?

El sistema de acceso a la carrera, decimonónico por supuesto, habría que cambiarlo para que fuera mucho más fácil ingresar y también mucho más fácil salir. Ahora es demasiado difícil entrar, es un poco endogámico, exige un esfuerzo económico que algunos aspirantes no se pueden permitir y termina siendo elitista. Una vez dentro, sentir que tienes 40 años por delante, prácticamente sin controles y sin muchas responsabilidades, no representa un incentivo para hacer bien el trabajo. Bien o mal, pagarán el sueldo igual… 

Alerta en el libro de que, pese a las sucesivas reformas que lo han “matizado”, el poder de los jueces de instrucción, especialmente en los casos de “relevancia política”, es importante. ¿Por qué? 

Porque no ha habido un consenso entre los grandes partidos para forjar un pacto por la Justicia. Igual que con la Constitución, tendría que haber sido posible negociar una gran reforma de la Justicia. 

¿Que los ciudadanos conozcamos de memoria el nombre y apellido de los jueces que instruyen casos con carga política es una mala señal para la Justicia? 

No es bueno. En general, los jueces deberían ser desconocidos porque su papel no debería ser relevante ni famoso. Desgraciadamente, demasiadas veces en España hay jueces que, si jugasen un partido de fútbol, querrían tirar el penalti en vez de ser el árbitro.

¿Los tribunales son indolentes con el falso testimonio?

Sí. En demasiadas ocasiones se producen falsos testimonios y no se persiguen. Somos demasiado tolerantes con ello y se producen errores judiciales porque se cree a testigos que dicen que vieron una cosa que no vieron. Deberíamos ser mucho más firmes contra esas conductas.

Dice en el libro que la Justicia penal es muy vulnerable a la corrupción y a la desviación del poder. ¿Todavía hoy? 

Sí. En España no hay un problema de corrupción judicial. Los casos que hay son afortunadamente excepcionales. Lo que sí hay es una desviación de poder, que desgraciadamente es endémica en cuanto al acceso a los cargos más altos. Se tiende a pensar que si se quiere llegar al Tribunal Supremo, no se tienen que afectar determinados intereses y se debe ser complaciente con otros. La promoción dentro de la carrera judicial está bastante mediatizada por la política, el poder económico y los medios de comunicación, y los jueces son sensibles a eso.

¿Ha notado la tentación de ser corrompido en algún caso particular que ha llevado como fiscal?

He llevado casos muy importantes contra personas muy poderosas y casi nunca nadie me ha querido presionar. Los casos los puedo contar con los dedos de una mano y ha sido una presión muy sutil, nadie ha venido con un sobre a ofrecerme dinero.

¿Los puede explicar, aunque solo sean menos de cinco?

No hace falta. Es gente que dice 'qué necesita para que nos libremos usted y nosotros de este caso', o que te ofrecen un avión privado porque, dicen, casi ni lo usan. Lo que sí se recibe más es un tipo de presión que te quiere torcer la mano. Es importante señalar que la independencia de los jueces, que también debe ser extensiva a los fiscales, no es un privilegio sino una obligación. Nuestro deber es mantener la independencia frente a esas presiones porque el que tiene el derecho es el justiciable, a quien la Constitución le garantiza que su caso va a ser resuelto por un magistrado independiente e imparcial, que no tomará partido en el caso concreto y que no se dejará torcer el brazo por las presiones que le vengan de fuera (que antes o después le vendrán).

En el traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos

¿Qué papel jugamos en todo esto los medios de comunicación? ¿Hay un excesivo seguimiento de casos mediáticos y morbosos?

En parte, los medios de comunicación están contaminados por la política. Como los políticos no son capaces de resolver, en su ámbito, los problemas, se acaban extrapolando al ámbito judicial o mediático. Hay veces que hasta parece que según qué periódicos son el órgano de prensa de un partido.

La otra parte del problema es la batalla por las audiencias. La competencia es feroz, pero no por influencia del poder político o económico. Es una competición sensacionalista entre los propios medios. El ejemplo más sangrante es el de Dolores Vázquez, condenada de antemano antes de que el juicio empezara tras un linchamiento. La presión mediática sobre el tribunal del jurado fue tal que se la daba ya por condenada sin pruebas, como efectivamente ocurrió. Eso se corrige con mayor sentido de la responsabilidad de los propios medios, que son el puente entre la información que está en los tribunales y los ciudadanos. El periodista es el servidor del derecho a la información, cuyo titular es el ciudadano. En ese traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos y tiene que hacer rigurosamente su trabajo.

¿La Justicia sirve para perpetuar al poder más que para controlarlo?

La Justicia, para empezar, es un servicio público. Y es uno de los tres poderes del Estado. Por eso a mí me asombró y hasta me escandalizó ver cómo algunos magistrados se manifestaron con toga, olvidando que son un poder del Estado, para oponerse a una ley que estaba en plena deliberación en el Congreso [la ley de amnistía]. Se actuó políticamente. Hablamos de las presiones que recibe el Poder Judicial de los otros poderes del Estado, que son ciertas, pero las presiones que el Poder Judicial ejerce sobre los otros poderes del Estado son igualmente censurables. En la división de poderes de los estados democráticos, cada uno tiene claramente su función, y el Poder Judicial haría muy bien, en servicio y beneficio de todos, en limitar su actuación a lo que la Constitución dice que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y nada más. No hay que meterse en otros jardines.

Negar que existe 'lawfare' en España es como negar que el sol sale por la mañana

Hablando de manifestaciones con toga, ¿existe el lawfare en España?

Claro que existe. Existe en todas partes. La instrumentalización del proceso penal es una herramienta muy poderosa, ya sea por parte de un partido, un Gobierno o un grupo de presión económico. Negarlo es como negar que el sol sale por la mañana. Otra cosa es identificar los casos donde se está produciendo un uso torticero de la institución, y naturalmente corregirlos. Lo malo no es la institución, lo malo es el uso torticero. Es como cuando dicen que hay que derogar la acción popular. No hay que derogarla porque es una buena manera de garantizar la participación de los ciudadanos, lo que hay que corregir son los abusos que se han producido y se siguen produciendo.

Al final del libro realiza varias reflexiones sobre las víctimas de la dictadura y su falta de reconocimiento. ¿Los tribunales en democracia han permitido la impunidad del franquismo?

Sin duda. Los políticos hicieron el pacto de olvido de la transición, que se tradujo en la ley de amnistía del 1977, en la Constitución, y en no mirar hacia atrás. La ley de amnistía del 1977 tiene una parte legítima que procura la reconciliación, algo que era necesario, pero tiene otra parte que comporta la preterición absoluta de los derechos de las víctimas, algo que no se corresponde con las obligaciones internacionales que España para entonces ya había contraído. Ya habíamos ratificado el pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Esto lo bendijo el Tribunal Constitucional y luego la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha impedido las investigaciones de los de los crímenes cometidos contra las víctimas de la dictadura.

Pero no nos engañemos. Hay culpa en el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero también el conjunto de la sociedad española se ha desembarazado de las víctimas de la dictadura. Hemos preferido mirar hacia delante y dejarlas en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de ellas, cuando en realidad ofrecieron su vida y su libertad para traer la democracia de la que disfrutamos. Somos una sociedad amnésica y no por accidente, sino por una decisión voluntaria. Hicimos de la ignorancia virtud y decidimos, en un pacto no escrito, no mirar hacia atrás. Fue como un secreto de familia y como si, como condición de nuestro éxito democrático e ingresar en la Unión Europea, tuviéramos que dejar a las víctimas olvidadas. Tenemos una deuda con ellas.

¿Cómo se puede corregir esta situación y que las víctimas del franquismo que quedan vivas no mueran olvidadas por el Estado?

Estamos a tiempo de realizar una gran comisión de la verdad. Los americanos hicieron una sobre el trato a los americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial 50 años después. No pierdo la esperanza de que aquí, antes o después, se pueda hacer una comisión de la verdad para reparar a las víctimas y enseñar a nuestros jóvenes su historia, porque la desconocen absolutamente. Hay tantos jóvenes de extrema derecha a los que les parece que la dictadura fue como Disneylandia porque no saben lo que fue.

Hemos preferido mirar hacia delante y dejar en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de las víctimas de la dictadura

Philippe Sands, autor que lo menciona en varios tramos de su último libro sobre el caso Pinochet, tiene la tesis de que a España le faltó legitimidad al no haber enjuiciado el franquismo para reclamar la extradición del dictador chileno. ¿Está de acuerdo?

Sí, e incluso voy más allá. Con el general Pinochet hicimos una especie de exorcismo de Franco, porque su extradición tuvo un apoyo de la opinión pública española espectacular, por mucho que nos pudiera suponer problemas políticos o diplomáticos. Como Franco se nos murió en la cama, no quisimos que Pinochet se nos escapara. Es una contradicción absurda que nosotros, que hemos sido incapaces de dar protección jurídica y social y política a nuestras víctimas, vayamos ahora redimiendo a las víctimas de América Latina. Pero así somos. Es un quijotismo pretender enmendarle la plana a los demás con una trastienda tan horrorosamente revuelta como la nuestra.

¿De otros sistemas judiciales del mundo que conoce como experto en derecho internacional, qué copiaría para España?

Traería íntegramente el jurado escabinado del modelo francés [el tribunal lo forman tres magistrados y seis jurados ciudadanos] y el Consejo Superior de la Magistratura Italiana [el equivalente del Consejo General del Poder Judicial español]. Y una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI y no del XIX, que es la que tenemos ahora, y que cumpla con todos los estándares de la Unión Europea. Estamos peor que los países que se han incorporado más recientemente. En Bulgaria o Rumanía tienen leyes de procedimiento más modernas. No sé si es por desinterés, desconfianza o falta de voluntad política, pero estamos subdesarrollados en materia judicial y tenemos menos de la mitad del promedio de jueces de la UE.

¿Qué le ha parecido el juicio al fiscal general?

No quiero pronunciarme por ser un caso pendiente de sentencia. Además, me parece una obligación moral no hacerlo porque soy todavía un fiscal en el servicio activo.

¿Sea una sentencia absolutoria o condenatoria, que cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal ya hubieran acordado hace unos meses que había que investigar al fiscal general no afecta a su apariencia de imparcialidad?

No necesariamente. Depende de qué clase de pronunciamientos hayan hecho, pero admitir a trámite una denuncia no supone entrar al fondo del asunto. En todo caso, tampoco me consta que haya habido recusaciones por este motivo.

Esta semana hemos conocido el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la conformidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea, en el que refuta los argumentos de los distintos órganos que recabaron la opinión del Tribunal. De confirmarse esta posición en la sentencia, como es previsible, estaríamos ante el fin de un episodio que ha marcado toda la legislatura. 

Recordemos cómo la amnistía acordada entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez provocó la rebelión de las togas, con un episodio inédito en este país, miembros de la judicatura española concentrándose en contra de un texto que no conocían. Luego vino la negativa del Senado a aplicar el trámite de urgencia, previa reforma del REglamento de la Cámara, para dilatar lo máximo posible su aplicación. Aún así, la ley se aprobó y ha sido aplicada a centenares de personas y fue ademas declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. 

Cuando quedan por resolver algunas cuestiones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo atinentes además a los líderes del procés, se plantearon varios recursos ante el TJUE que, de resolver como es previsible, de manera acorde a la opinión del abogado general, supondrá el fin a un episodio que ha marcado toda la legislatura. Veremos si ello supone la vuelta de Junts a la mayoría de la investidura. 

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Tomàs toma un trago de Coca-Cola. “La noche que me dispararon también estaba bebiendo una”, recuerda este joven de 30 años. Hace seis años recibió el impacto de una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra que casi le parte la tibia. Fue durante la semana de disturbios que siguieron a la sentencia del procés de 2019, pero a un kilómetro de los altercados: cerca de la Diagonal de Barcelona, donde no había ni barricadas ni cargas policiales.

El sargento de los Mossos que comandaba el operativo irá a juicio después de que, por primera vez, la Audiencia de Barcelona haya revocado la amnistía a un uniformado, tal y como había pedido el abogado de Tomàs, Brian Ventura, del centro Irídia.

Hasta ahora, la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción de Barcelona había avalado las amnistías al grueso de policías nacionales y guardias civiles de las cargas del 1-O de 2017 y a mossos d'esquadra procesados por sus actuaciones durante las barricadas tras el fallo del Tribunal Supremo.

La noche del 18 de octubre de 2019, los amigos de Tomàs sí habían estado, por la tarde, en la zona de los altercados. Pero él estaba en el trabajo, en el barrio de Gràcia, y se encontraron sobre las once de la noche. Pararon a comprar unas bebidas en un supermercado. “Había turistas y gente paseando, y de repente aparecieron unas furgonas de los Mossos bajando por Passeig de Gràcia y empezaron a acelerar y a frenar bruscamente. Crearon una situación de pánico”, explica Tomàs, que prefiere no dar su apellido.

Junto a un amigo, Tomàs empezó a correr hacia la Rambla Catalunya. Pero en seguida les frenaron el paso otras furgonetas policiales. Al girarse otra vez hacia Passeig de Gràcia, notó un impacto en la tibia. “El policía que me disparó estaba a un metro y medio de mí. Noté un golpe, pero no fue hasta al cabo de un rato que vi que me habían dado bien”, explica. Además, recibió otro impacto de 'foam' en la mochila.

Cojo y solo (sus amigos se habían dispersado por la intervención policial), Tomàs se dirigió a un pasaje cercano para tumbarse. “No podía correr más, me dolía un montón la pierna y estaba supernervioso”, narra. Fue entonces cuando, sin previo aviso, tres o cuatro agentes (Tomàs no lo recuerda con la máxima precisión, tal y como ocurre en sucesos traumáticos) se bajaron de una furgoneta.

“Empezaron a pegarme pero bien durante treinta segundos. Yo estaba en shock total, solo tenía instinto de supervivencia. Me hice una bola en el suelo, hasta que un jefe les gritó que pararan”, rememora Tomàs. Según denunció ante el juzgado y mantiene a día de hoy, el mismo agente, tras cogerle la mochila del suelo y lanzársela, le espetó: “Vete de aquí y no te vuelvas a manifestar”. “Me acuerdo perfectamente y lo recordaré toda la vida”, apostilla Tomàs.

La Justicia ha tardado mucho más en investigar la denuncia de Tomàs que el tiempo que ha necesitado este joven para recuperarse de las heridas físicas y psicológicas que le provocó esa noche. “Ahora ya lo puedo contar sin llorar, pero durante muchos meses no pude”, admite este educador social, que con el paso del tiempo se ha recuperado, aunque no olvidado: “La vez en la vida que me han hecho más daño ha sido la policía, que en teoría te tiene que proteger”.

Tomàs se ha encontrado con las trabas con las que habitualmente lidian las víctimas de excesos policiales: incapacidad para hallar al policía concreto que realizó los disparos, desconfianza en los jueces y fiscales que les reciben y una investigación en manos del mismo cuerpo policial (los Mossos d'Esquadra) del que forma parte el agente que le disparó. “Cuando fui a declarar por algunas preguntas del juez parecía más que yo era el investigado y no la víctima”, lamenta.

El juez archivó hasta por dos veces el caso, la última al aplicar, en marzo de 2025, la amnistía al único agente procesado, el sargento que comandaba el operativo. La petición salió de la Fiscalía. La Audiencia de Barcelona revocó este mes de octubre la decisión y ordenó que el mosso sí fuera a juicio.

Según los jueces que han revisado la instrucción del caso, está “indiciariamente acreditado” que los Mossos d'Esquadra emplearon el 'foam' contra Tomàs “sin que se diesen las condiciones que lo autorizaban”. Con todo, los únicos hechos de esa noche que irán a juicio son los disparos de 'foam', pero no la paliza que Tomàs también denunció.

Para los magistrados no procede la amnistía porque es necesario examinar en un juicio la “proporcionalidad de los medios policiales empleados”. Amnistiar el caso antes de la vista oral, añaden, podría contravenir la jurisprudencia europea que obliga a investigar los tratos degradantes de la policía a los ciudadanos.

Con su decisión, el sargento de los Mossos d'Esquadra que comandaba el operativo en el Passeig de Gràcia (ninguno de los escopeteros de 'foam' de la policía catalana ha admitido ser el autor del disparo que hirió a Tomàs en la tibia) se convierte en el primer agente al que un tribunal revoca una amnistía.

Será, junto a los policías nacionales acusados de vaciar el ojo a Roger Español en 2017, el único uniformado no incluido en la amnistía, al bordear su actuación los tratos degradantes que la norma impide amnistiar. El caso de Español afecta a la otra exclusión de la ley de amnistía: las lesiones graves, con pérdida de miembro principal del cuerpo.

Los magistrados fundamentan su decisión en que en el lugar donde Tomàs fue disparado no había altercados. “Debemos señalar que los hechos ocurren lejos de la Via Laietana [donde se produjeron los disturbios el 18 de octubre de 2019]”, advierte la instancia superior, que reprocha al juez instructor que no expresara en su auto por el que aplicó la amnistía “qué concreta protesta o altercado se estaba produciendo” en el lugar donde Tomàs fue herido.

El abogado Brian Ventura destaca que será el primer juicio a un mosso no amnistiado, pero critica la tardanza de la Justicia para sentarlo en el banquillo. “Las personas heridas en casos de violencia policial necesitan, tal y como recuerda la jurisprudencia europea, unas garantías reforzadas en la investigación de sus lesiones”, recuerda el abogado, que lo contrasta con lo vivido en el juzgado.

“Solo se han practicado diligencias para esclarecer los hechos porque nosotros lo hemos pedido y la Audiencia nos ha dado la razón”, indica el letrado, que lamenta la “falta de proactividad” de la Fiscalía. Ventura también constata la necesidad de crear un mecanismo independiente de control de actuaciones policiales, similar al que ya existe en Reino Unido, para “que no sea la policía la que investigue a la propia policía”. “Es muy difícil esclarecer qué mosso disparó si son sus compañeros los que hacen los informes que les pide el juez”, concluye Ventura.