Una mujer que no supo que tenía cáncer hasta que una amiga suya le permitió “colarse” para que le hiciesen una prueba, un vecino que lleva meses esperando a que le vea su especialista o una esposa que perdió a su marido por el diagnóstico tardío de su cáncer de pulmón. Tres historias que sintetizan algunos de los males de la situación de la sanidad pública en Andalucía y que se muestran, a través de sus protagonistas, en “Salud No Responde”, un documental dirigido por Pablo Coca e impulsado por Marea Blanca que radiografía lo que es, a juicio de este movimiento asociativo, la “privatización” y el “desmantelamiento” de este servicio público.

Durante algo más de una hora, este reportaje recorre la geografía de Andalucía para conocer a los ciudadanos y a los sanitarios que están padeciendo y soportando un modelo de salud que hace aguas. “Entendemos este documental como una herramienta de denuncia y por eso le damos tanto valor a los testimonios de todas las partes implicadas”, explica Pablo Coca, director del film que pone el dedo en la llaga de la sanidad andaluza. “Sirve como termómetro de lo que está sucediendo ahora mismo”.

Esta pieza audiovisual, que ya ha empezado su recorrido en diferentes salas y centros cívicos de toda Andalucía, ha sido posible gracias al impulso de Marea Blanca, que llevó a cabo un crowdfunding para poder sufragar el proyecto. Así, en apenas unas semanas, consiguieron reunir 43.363 euros, de los que algo más de 30.000 se han empleado en el rodaje y la posproducción del documental. El resto se ha utilizado para la promoción y divulgación de un reportaje que no busca simplemente contar, sino transformar. Y con esa ambición ha encarado Coca su realización.

El origen del documental es, de hecho, profundamente militante. Fue la propia Marea Blanca la que contactó con el cineasta tras conocer su trayectoria en el documental social, con trabajos como “De espalda al sol”, sobre La Desbandá, o “El mapa de Carlos”, centrado en la figura de Carlos Cano. “Tenía ganas de meterle mano a temas como la sanidad o la educación, porque son cosas básicas, estructurales”, explica Coca. “La salud es como el aire o como el agua. Algo que damos por hecho hasta que empieza a faltar”.

De Cazorla a Huelva

El primer rodaje le llevó hasta Cazorla, en la provincia de Jaén, y fue ahí donde el director tomó conciencia de la magnitud del conflicto. “Cuando llegué, el pueblo estaba empapelado de pancartas. Habían sacado el centro de salud fuera, los servicios no funcionaban y la gente estaba muy rebotada. Todo el mundo quería hablar”, recuerda. Esa escena, que se repitió después en otros puntos de Andalucía, marcó el enfoque del documental.

Salud No Responde huye deliberadamente de una narración en tercera persona o de una voz en off que explique la realidad desde fuera. Son los propios protagonistas quienes construyen el relato a través de entrevistas y conversaciones colectivas en las que dialogan pacientes, profesionales sanitarios y activistas. “No quería contar un cuento desde arriba, sino que fueran ellos y ellas quienes desgranaran lo que está pasando”, cuenta Coca.

El resultado es un mosaico de experiencias que conecta comarcas y provincias distintas, desde Cazorla a Huelva o de Sevilla a Granada, pero atravesadas por problemas comunes: listas de espera interminables, diagnósticos tardíos, servicios cerrados, falta de personal y profesionales exhaustos. “El documental recoge, por un lado, el desamparo de la gente, esa sensación de orfandad ante una sanidad que parecía garantizada”, señala el director. “Y por otro, el hartazgo de los profesionales, el no poder más, el maltrato y la emigración constante de sanitarios, especialmente enfermeras, que se van a otras comunidades o a otros países”.

Junto a ese diagnóstico, el documental dedica una parte central a la propia Marea Blanca, su implantación territorial y su capacidad para articular una respuesta colectiva. Para Coca, una de las claves del movimiento ha sido saber canalizar el malestar social y convertirlo en una red organizada. “Hay una inteligencia colectiva muy potente. Han sabido coordinar luchas locales y construir algo común a escala andaluza”, afirma.

Una herramienta para salvar la sanidad

Desde el punto de vista audiovisual, el film introduce también elementos simbólicos y poéticos que dialogan con los testimonios: paisajes andaluces, imágenes que evocan la fragilidad o metáforas visuales que refuerzan el impacto emocional de los relatos. Todo ello sin perder de vista el objetivo central: visibilizar una realidad que, según denuncian quienes participan en el documental, no es coyuntural, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

Tras su estreno, “Salud No Responde” ha comenzado un recorrido por cines, centros cívicos y espacios sociales de distintas provincias andaluzas, al tiempo que inicia su camino por festivales. Para su director, la película no se entiende como un producto cerrado, sino como una herramienta viva. “Ahora mismo se está utilizando para difundir, para concienciar y para defender la sanidad pública”, explica. “Si sirve para que la gente entienda que lo que está en juego es algo tan básico como su propia salud, habrá cumplido su función”.

En un contexto de movilizaciones recurrentes y protestas continuas en defensa del sistema sanitario, el documental se suma así al debate público con un relato construido desde abajo, apoyado en experiencias reales y con una voluntad clara de incidencia social. Una radiografía incómoda de una sanidad pública que, según quienes la viven y la defienden, ya no responde.

La Marea Blanca ha criticado a Capellán que su “gestión sanitaria riojana no está resolviendo los problemas”. “Es más”, han dicho “constatamos que los complica”. En este sentido, han relatado: “Vamos a terminar el año con más días de espera en los centros de salud y en la atención hospitalaria, sigue habiendo pacientes que sufren importantes demoras en los informes de sus pruebas radiológicas, los servicios de urgencia están con mucha frecuencia saturados y su gobierno es incapaz de revertir la situación”. Así, dicen que termina el año “con menos sanidad pública y más conciertos”.

Para la Marea Blanca, el Gobierno riojano “no es capaz de gestionar los impuestos de los riojanos invirtiendo en los servicios públicos, prefiere mirar para otro lado y seguir engordando las cuentas de los consejos de administración privados”. “Contratar con clínicas privadas como mantra para resolver los problemas no está teniendo ningún efecto”, ha espetado la plataforma.

Describen cómo “continúan las largas esperas en la unidad del dolor y para las intervenciones quirúrgicas, la salud mental se parchea al margen del servicio público y el plazo de 48 horas recomendado por la OMS para la atención en los centros de salud sigue brillando por su ausencia”.

“El presupuesto de 2026 no es adecuado para acometer las soluciones necesarias”

A su juicio, “para comenzar a resolver esta situación, debería reconocer que el presupuesto para 2026 no es adecuado para acometer las soluciones necesarias y que sería conveniente tener en cuenta las enmiendas que en esta línea se plantean”. Marea Blanca defiende que el Gobierno de La Rioja “debería renunciar a la colaboración con la empresa privada y centrar los esfuerzos en reforzar la sanidad pública”.

“El ejemplo de lo sucedido en el hospital de Torrejón de Ardoz nos alerta una vez más sobre lo que ocurre cuando se deja el cuidado de la salud de todos en manos privadas”, ha dicho. Para la Marea Blanca, “ha quedado demostrado públicamente que la gestión privada abarata costes recortando en personal y en recursos materiales y considera a los pacientes como potenciales clientes”.

Mientras el PP andaluz clausuraba su XVII Congreso regional, que ha reelegido presidente a Juanma Moreno con más del 99,9% de apoyos, cientos de miles de personas se manifestaban en las ocho provincias de Andalucía, frente a las delegaciones de la Junta, por los “gravísimos” fallos en los cribados de cáncer de mama que han desatado la peor crisis política del Gobierno de Moreno Bonilla en siete años.

La Policía Nacional calcula que las manifestaciones sanitarias han movilizado a unas 56.700 personas en las ocho provincias andaluzas: Málaga, a la cabeza, con unas 20.000, seguido de Granada con 12.500 (11.000 en la capital y 1.500 en Motril), más de 12.000 en Sevilla; más de 4.000 en Córdoba, unas 3.000 en Cádiz, otras 3.000 en Jaén, unas 1.200 en Huelva y otras mil en Almería.

Los organizadores discrepan de estos cálculos, y aseguran que la participación está muy por encima. En Sevilla capital, la marcha hasta el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, ha desbordado las principales avenidas del recorrido con más de 25.000 personas, según la estimación de Marea Blanca, que asegura haber superado las 20.000 personas de la última gran manifestación sanitaria, hace dos meses, y las 8.500 de hace dos semanas, encabezada por la asociación que destapó la crisis de los cribados (Amama).

Cuando la cabecera de la marcha de manifestantes de este domingo ha llegado a la Torre del Oro, próxima a la sede de la Junta, la cola de manifestantes aún no había salido de las proximidades del apeadero de San Bernardo, a un kilómetro de allí.

Miles de personas se han manifestado en las ocho provincias andaluzas en una concentración en defensa de la sanidad pública convocada por la Marea Blanca y con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. Los manifestantes, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de “Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha”.

La manifestación de este domingo ha nacido coja, porque los sindicatos mayoritarios en el sector sanitario -Satse y CSIF- se descolgaron en el último momento. Moreno convocó días antes, en su despacho, al Colegio Andaluz de Enfermería, logrando que la asociación que representa a las miles de enfermeras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se apease de la protesta.

Aún así, la marcha ha movilizado a cientos de miles de personas, encabezadas por la Marea Blanca, Facua y los sindicatos de clase, CCOO y UGT, y apoyados por las tres fuerzas de izquierdas en la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Fuentes del Gobierno de Moreno dan por superada la crisis de los cribados y considera que la manifestación de este domingo “está politizada”, porque sólo cuenta con el respaldo de los sindicatos de clase y las izquierdas.

A la concentración de Sevilla han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. En el caso de Málaga, ha estado presente el diputado y coordinador General de IU Andalucía, Toni Valero. Sus formaciones se han sumado a las protestas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y en contra de la “privatización” del sistema sanitario andaluz.

En el caso de Córdoba, una multitudinaria manifestación de más de 5.000 personas, según los organizadores, ha llenado las calles del centro de la ciudad con mensajes contra el desmantelamiento del sistema sanitario público, la falta de plantillas y las listas de espera. Además, han cargado contra el “maltrato” a los profesionales sanitarios y se han escuchado gritos contra el presidente andaluz: “Moreno Bonilla, queremos más plantilla”, “Las listas de espera, a muerte nos condenan” o “No quiero tu perdón, Bonilla dimisión”.

Las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en esta concentración por “desacuerdos” con la organización de la misma. Pese a ello, han querido resaltar que comparten “muchas de las reivindicaciones” y la preocupación por el “delicado estado actual de la sanidad pública”.

El manifiesto con el que se ha convocado esta protesta indicaba que la sanidad andaluza atraviesa una “grave crisis”, marcada por “un deterioro generalizado y planificado” del servicio público, y que este se manifiesta en “escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres”.

Los convocantes insisten en que este “escándalo” no es más que “la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza”, que ejemplifica “el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz”.

Las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en la manifestación por la sanidad pública del próximo domingo, 9 de noviembre, en las ocho capitales andaluzas por “desacuerdos” con la organización de la misma. Así lo han confirmado ambos sindicatos, que han dejado claro, no obstante, que comparten “muchas de las reivindicaciones que se pondrán sobre la mesa en dicha concentración” por el “delicado estado actual de la sanidad pública andaluza”.

En Almería, la concentración será a las 11 horas e irá desde la avenida Federico García Lorca hasta el Mirador; en Cádiz, a las 12 desde la Plaza Asdrúbal hasta la Delegación territorial de Salud; en Córdoba, a las 11 desde la Delegación de Salud a Gran Capitán, y en Granada, a las 12, en los Jardines del Triunfo. Por su parte, en Jaén será a las 12 en la Plaza de las Batallas; en Huelva, a las 12 en la Delegación de Salud; en Málaga, a las 12 en la avenida Manuel Agustín Heredia; y en Sevilla, a las 12 desde la estación de San Bernardo a San Telmo.

CSIF, en una nota de prensa, justifica su decisión “tras considerar que en el manifiesto impuesto por los organizadores no vienen recogidas de forma preminente muchas de las principales reivindicaciones que actualmente mantienen los profesionales de la sanidad autonómica”. La central sindical ha recordado que su “prioridad” es “mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores”.

Peticiones que “han caído en saco roto”

No obstante, ha lamentado “no poder asistir” y ha remarcado que entiende que “el malestar ciudadano existente con la gestión de la sanidad pública andaluza tenga voz”, pero ha puntualizado a renglón seguido que sus “reiterados intentos de incluir en el citado manifiesto reivindicaciones cruciales para el futuro de cientos de miles profesionales sanitarios andaluces han caído una tras otra en saco roto”.

Igualmente, CSIF ha lamentado el hecho de que, en varias provincias andaluzas, se le hubiera “impedido no ya sólo ejercer como convocante, sino incluso asistir a la concentración”. “Esta situación resulta del todo sorprendente al tratarse de una fuerza sindical que representa a decenas de miles de trabajadores sanitarios, con gran carácter reivindicativo y con importante presencia tanto en la Mesa Sectorial de Sanidad como en todos los foros de negociación que afectan a los empleados públicos”.

“CSIF –continúa la nota– no puede entender esta decisión y, tras sus reiterados intentos de reconducir el sentido de su participación hasta el último momento, y en la línea de unidad y sentido común que le caracteriza, ha decidido no acudir a la concentración”.

Convocantes, manifiesto, carteles...

El sindicato ha enfatizado que su “no presencia” en la concentración “no menoscaba ni un ápice el compromiso absoluto con una sanidad pública de calidad”. Por ello, “seguiremos defendiendo en las mesas de negociación y en las calles cuando sea necesario aspectos que consideramos esenciales para los profesionales de la misma en Andalucía, como el desarrollo de una carrera profesional más justa, la mejora de las condiciones laborales en todos los ámbitos de la sanidad y la consecución de una bolsa de empleo más eficiente en el SAS, unido a una política de contratación más justa”.

Por su parte, Satse ha comunicado que “no tomaremos parte” en las concentraciones convocadas para el próximo 9 de noviembre en defensa de la sanidad pública. “Desde el comienzo de las conversaciones para organizar estos actos, hemos dejado clara nuestra posición: todas las provincias andaluzas debían figurar como convocantes en coherencia tanto con el carácter autonómico del sindicato como con su apuesta por una movilización unitaria y equitativa en todo el territorio”.

Sin embargo, “al final –ha criticado– sólo se ha permitido a cuatro provincias aparecer como convocantes, excluyendo a las otras cuatro sin una justificación clara ni transparente”. Además, se han detectado “desacuerdos respecto al contenido del manifiesto y los carteles utilizados, así como en diversos aspectos organizativos en los que apenas se ha tenido en cuenta a las organizaciones sindicales”.

Pacto de Atención Primaria

La organización considera que la defensa de la sanidad pública andaluza exige “unidad, coherencia y respeto” por el trabajo de todas las entidades implicadas. En su opinión, “carece de sentido fragmentar unas movilizaciones que debería ser colectiva y representativa de todos los sectores, y no limitarse a unos pocos”. Pese a esta decisión, Satse ha reafirmado su compromiso “inquebrantable” con la sanidad pública, con los profesionales que la sustentan y con la ciudadanía a la que sirve.

En este contexto, Satse ha exigido al Gobierno andaluz que “cumpla de inmediato los compromisos adquiridos con las enfermeras, los enfermeros y fisioterapeutas”. Entre ellos ha destacado, en primer lugar, el cumplimiento “íntegro” del Pacto de Atención Primaria, que “debe traducirse en dotaciones suficientes de personal, mejoras reales en las condiciones laborales y una retribución acorde con el nivel de responsabilidad y la carga asistencial que soportan estos profesionales”.

Asimismo, ha pedido la aplicación “efectiva y sin más demoras” del Acuerdo de carrera profesional, garantizando el reconocimiento del desarrollo profesional en todos los niveles y categorías, “sin exclusiones ni retrasos injustificados”.

Marta -nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato- vive con dolor crónico. Hace cinco años sufrió un ictus y toda la parte izquierda de su cuerpo no responde a pesar de los dos años de rehabilitación. Sufre lumbalgia crónica , ciática y hernias. Le cuesta caminar, lo hace apoyada en una muleta, y no puede trabajar. Sin embargo, lleva seis meses esperando para una primera cita en la Unidad del Dolor que ni siquiera tiene fecha. Entre la desesperación y el enfado por su situación, su voz también suena a resignación.

Marea Blanca ha denunciado que la Unidad del Dolor está colapsada y alertan de “una demora de once meses y más de 1.200 pacientes se encuentran en lista de espera”. Esta asociación en defensa de la sanidad pública advierte que “retrasar el tratamiento, además de prolongar el dolor físico, acarrea consecuencias psicológicas que en muchos casos precisan de atención en salud mental y añade complicaciones para la posterior resolución del problema inicial”.

Mientras la Marea Blanca considera que la Unidad del Dolor “tendría que disponer de, al menos, cinco anestesistas para poder prestar una asistencia adecuada” y urgen a aumentar la plantilla y reforzar el servicio. Según la página web de Rioja Salud, el servicio cuenta con un coordinador, tres médicos, tres enfermeras y una técnica auxiliar de enfermería. Sin embargo, según denuncian, solo hay un profesional con esta dedicación. “La consejera de Salud ha decidido destinar al resto de anestesistas a reducir las listas de espera quirúrgicas, lo que ha supuesto el colapso de la unidad del dolor”, es decir, como resaltan, “intentando solucionar un problema agrava otro”.

Desde el Gobierno de La Rioja no han ofrecido datos de la situación de las listas de espera de la Unidad de Dolor. Preguntados hace una semana, el miércoles 24 de septiembre, por el estado de la unidad, Rioja2 no recibió respuesta hasta este martes donde remitieron a la respuesta que el presidente Gonzalo Capellán ofrecerá a una pregunta parlamentaria en el próximo pleno y justificaron que el día de la consulta eran fiestas de San Mateo.

Mientras tanto, la situación de Marta es “grave y crónica”, advierte ella misma. “No se puede estar así en el siglo XXI”, añade. A los dolores con los que convive se une los pocos medios que le obligan, tal y como describe, “a sobrevivir” porque, “después de trabajar toda la vida en trabajos sin cotizar cobro una miseria, eso no llega para vivir”. Consiguió acceder a un centro especial público, -“que también tiene una lista de espera que es una barbaridad”, apunta- donde recibe talleres de psicomotricidad y relajación, pero no es suficiente.

Necesita un tratamiento específico para sus dolores y reclama mayores medios para la sanidad pública. “Los ratios de médicos actuales son patéticos, no se puede atender así. La sanidad es lo más importante”, subraya con contundencia. Por ello, también se queja de los continuos cambios de médicos de Atención Primaria que sufre, aunque todos ellos le dicen que “hay que esperar”. De hecho, las derivaciones a la Unidad del Dolor solo se pueden hacer desde otro especialista, lo que, como denuncia Marea Blanca, “añade meses de espera desde que se acude al centro de salud”.

Tal y como alerta Marea Blanca, y como hizo Marta en algunas ocasiones, esta situación empuja a los pacientes a costearse, cuando se lo pueden permitir, consultas privadas para mejorar su calidad de vida. “Los pobres siempre lo tenemos peor”, apunta esta mujer. Así, desde hace cinco años que sufrió el ictus y más de seis meses que aumentaron los dolores, vive un día a día que describe como “muy duro” y con muchas dificultades, como la de no tener ascensor en casa, mientras espera una cita en la Unidad del Dolor para la que ni siquiera tiene fecha.

Apenas dos semanas después de que el Servicio Andaluz de Salud haya conseguido en pleno mes de agosto el aval definitivo a la adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, la cuestión sanitaria vuelve a escena con la apertura del curso político andaluz pero esta vez de la mano de la sociedad civil. En concreto de una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, a la que acompañan los cuatro sindicatos más representativos en el sector y los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), para tratar de que se apruebe una ley en contra del modelo sanitario que abandera Juan Manuel Moreno, cuya mayoría absoluta hace más que improbable que salga adelante en el Parlamento autonómico esa propuesta “para recuperar la calidad del sistema sanitario público”.

Son más de 57.000 firmas ciudadanas las que al menos van a conseguir llevar a la Cámara andaluza unas cuestiones que han sido apartadas del debate parlamentario pese a los repetidos intentos de los partidos de la oposición y que se han centrado en el aumento de plantilla sanitaria con empleo estable, la reducción de las listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a su “privatización”, contra la que han clamado “unas 5.000 personas” este mismo martes durante el registro de la Proposición de Ley elaborada por las Mareas, que vienen acusando a Moreno y a la Consejería de Salud desde plataformas territoriales de alentar “una sanidad para ricos”.

La cuestión la ha ido sorteando el Gobierno del PP desde hace tiempo. Por ejemplo, hace casi un año, en octubre, las fuerzas de izquierdas y Vox respaldaron una iniciativa del PSOE para reforzar el control interno del gasto en el SAS tras la apertura de la investigación judicial por los contratos de emergencia postcovid. Pero la medida se estrellaba contra la mayoría absoluta de Moreno. En un debate más general, en noviembre, pero también con el mismo trasfondo sanitario, la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, aliados ahora con Mareas Blancas y sindicatos, contra el proyecto de presupuestos andaluces para 2025.

Esos tres grupos, al hilo también de lo que venían reivindicando los mismos sindicatos con representación en la mesa sectorial de la sanidad, denunciaron ya por entonces el “colapso” de la atención primaria, las abultadas listas de espera para operarse, los informes “desfavorables” de la Intervención General que han cuestionado a contratación a dedo con clínicas privadas y, sobre todo, una causa judicial abierta contra el Gobierno andaluz por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a empresas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia ya derogado.

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que aquel mismo noviembre logró reunir a miles de andaluces para denunciar en las calles que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el actual Gobierno andaluz, retoma ahora el pulso reivindicativo después de que la vía judicial fracasara cuando las fiscalías de las ocho provincias andaluzas acordaran el archivo de sus denuncias por el “colapso” de las listas de espera sanitaria.

Ahora, sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública lanzan, como han dicho este martes, “un grito de auxilio ante una situación insostenible” y contra la “estrategia deliberada” de la Junta de “debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza”, señalan. Para la Junta, “el presupuesto sanitario se ha incrementado un 55% y alcanza los 15.249 millones de euros”, argumentado el consejero Antonio Sanz, quien reconoció este mismo martes que “siempre” hay cosas que mejorar y que es “lógico” que el ciudadano que se pueda ver afectado “nos reclame agilidad”.

La Proposición de Ley de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que viene acusando a Moreno y a la Consejería de Salud de alentar “una sanidad para ricos”, ya fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento. Será la segunda ILP que se debata en el Parlamento en esta legislatura. En diciembre de 2022, el Parlamento, de acuerdo a la mayoría de votos del grupo popular, rechazó la iniciativa impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula.

El Gobierno andaluz sustituyó la contratación ordinaria en abierto por los contratos de emergencia (a dedo) en la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes que desbordó la capacidad de respuesta asistencial del sistema público. En ese sentido, un juzgado de Sevilla investiga la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a la sanidad privada entre 2020 y 2024 por más de 234 millones de euros.

La Junta tiene enfrente a una multitud de profesionales y el arco completo de fuerzas de izquierdas que contabiliza los contratos masivos de la administración del SAS con la sanidad privada y el aumento de seguros privados en Andalucía que, como consecuencia de las listas de espera de pacientes para operarse, se han disparado hasta los dos millones.

La crítica al Gobierno andaluz por su gestión de la crisis del modelo sanitario, que tiene su máximo exponente en las disparatadas listas de espera de pacientes para ser recibido por un médico, obtener un diagnóstico y operarse, ha desbordado el espacio de oposición que ejercen los grupos de izquierdas en el Parlamento y, este martes, cristaliza en una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía y que viene a impugnar el modelo.

Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT, junto a las Mareas Blancas y también con los máximos representantes políticos de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se han concentrado frente a la oficina del censo electoral de Sevilla para registrar más de 57.000 firmas con las que forzarán un debate en el Parlamento sobre una Proposición de Ley en defensa de la sanidad pública, que es una enmienda a la totalidad a la gestión de la sanidad que está haciendo el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Los convocantes -unos 5.000 manifestantes, según sus propias cifras- han definido la protesta como “un grito de auxilio ante una situación insostenible” y contra la “estrategia deliberada” de la Junta de “debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza”, señalan.

La sociedad civil y los profesionales sanitarios logran, así, lo que la mayoría absoluta del PP lleva toreando en el Parlamento casi dos años: un debate monográfico sobre la situación que atraviesa la sanidad, demandado machaconamente sin éxito por las tres fuerzas de izquierdas, que han secundado la iniciativa de las Mareas Blancas y se han sumado a la movilización frente a la oficina electoral.

“Lo que algunos intentan presentar como una crisis estacional es, en realidad, el resultado de una política sanitaria que prioriza intereses privados por encima del bien común, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía. Mientras tanto los profesionales, agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil”, han explicado.

Asimismo, las cuatro organizaciones han querido aclarar que “mantienen su compromiso de continuar movilizándose hasta que se cumplan los acuerdos suscritos y se adopten medidas tan urgentes como el aumento de plantilla con empleo estable, reducción de listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a la privatización”.

Por su parte, portavoces de Marea Blanca han declarado que se trata de una Iniciativa Legislativa Popular “para que no mienta la Administración autonómica más, para que no diga cosas que no son reales”, además de que “planteamos soluciones y alternativas reales a la problemática de la sanidad andaluza”.

A su vez, han “animado a la gente de que no nos rindamos. No nos van a robar el sistema que tanto tiempo nos costó”. De este modo, ha sostenido que espera que “los profesionales se rebelen”. “Me gustaría que se rebelaran. Están acabando con ellos. Si yo soy oncólogo y le doy seis meses a una persona para que se haga un TAC, me están matando a mí como profesional”, retalataba uno de los portavoces de Marea Blanca.

“El desastre del Partido Popular en materia sanitaria”

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha venido este martes a reivindicar a su partido como alternativa e instrumento para “echar” del Gobierno andaluz a su actual presidente, Juan Manuel Moreno (PP-A), y sus “políticas de privatización” de la sanidad, con las que el pueblo andaluz está “cabreado”.

Márquez ha subrayado que el PSOE-A quería este martes, como ha hecho “a lo largo de todos estos meses”, acompañar a las 'mareas blancas' de Andalucía que han recogido “57.209 firmas en un cuarto de hora” en apoyo de su ILP, “porque es imposible no salir a la calle y encontrarse un andaluz o a una andaluza que no esté cabreado con Moreno Bonilla por las políticas de privatización de la sanidad, lo más sagrado que tenemos los andaluces”, ha aseverado.

La portavoz socialista ha sostenido que el presidente de la Junta “no es consciente del problema que tiene” con la sanidad, cuando “sólo hay que darse una vuelta por los hospitales de Andalucía, por los centros de salud, para ver el desastre del Partido Popular en materia sanitaria”, según ha añadido.

La 'número dos' del PSOE-A ha aprovechado para criticar que Moreno “ha estado desaparecido este verano, 'missing', en modo avión”. “Se fue a Japón, después ha estado tres semanas de vacaciones, donde no le hemos visto un pelo, apareció en la Feria (de Málaga), después ha ido a Galicia, y ahora está en Santander haciendo un Consejo de Gobierno, el primero del inicio del curso político”, ha relatado María Márquez sobre la agenda de las últimas semanas del presidente de la Junta, sobre el que ha añadido con ironía que “no sabemos si se irá este fin de semana a los Pirineos con la fresquita”.

“Lo que está claro es que aquí en Andalucía no está y, mientras tanto, la calle ardiendo, los andaluces gritando que no pueden más porque la situación de la sanidad pública en Andalucía es insostenible”, ha abundado la representante del PSOE-A, quien en ese punto ha querido trasladar a los andaluces el mensaje de que “aquí hay solo dos opciones”, que pasan por “seguir sufriendo las políticas de privatización en la sanidad del PP” o “echar a Moreno Bonilla del Gobierno” andaluz y sus “políticas de privatización de la sanidad” en la comunidad autónoma.

Márquez se ha declarado “convencida”, con lo que estaba “viendo” en la convocatoria de los sindicatos y las 'mareas blancas', de que “el cambio está en marcha en Andalucía, porque los andaluces merecemos una sanidad pública y de calidad”, así como “que con lo más sagrado que tenemos, que es nuestra salud, nadie juegue y, por supuesto, nadie haga negocio”, ha zanjado.

Un “robo a mano armada”

Adelante Andalucía se ha puesto este martes “detrás de la ciudadanía organizada, de las 'mareas blancas' y de los sindicatos” que han promovido la ILP para “paralizar el robo” que, en su opinión, “está ejecutando” el Gobierno del PP-A a la sanidad pública andaluza.

El también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha subrayado que lo que se estaba “escenificando” en dicho acto convocado por los sindicatos Satse, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía es “histórico”, y ha subrayado que el número de firmas reunidas son “muchas más de las 50.000 que se requiere” para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento que “pretende paralizar el robo a mano armada” que, según ha denunciado José Ignacio García, “está ejecutando” el Gobierno del PP-A de Moreno “a los andaluces”.

El portavoz de Adelante ha subrayado que “lo último” que la Junta ha acordado en esa línea ha sido el “macro-concierto” con el que ejecuta “un robo de más de 500 millones de euros trasladando dinero público a la sanidad privada”, sobre el que ha emplazado a Moreno a aclarar “qué va a pasar con ese dinero, en manos de quién” va a acabar, si “en manos de 'amigotes'” o de “empresas que pagan campañas electorales del PP”, ha añadido.

Tras instar a la Junta a que “el dinero público vaya para la sanidad pública, porque ahora mismo hay andaluces muriendo en las listas de espera”, el portavoz de Adelante ha exigido al Gobierno andaluz que “se cuantifiquen con luz y taquígrafos, con números, cuántos andaluces están muriendo en las listas de espera, esperando un diagnóstico, o esperando que haya una operación que salva vidas, o esperando las medidas sanitarias necesarias”.

De igual modo, José Ignacio García ha lanzado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Moreno, sobre “cuántos consejeros tienen sanidad privada”, o si el propio presidente de la Junta “va a la sanidad pública” y es usuario de los servicios de 'Clic Salud', de 'Salud Responde' o “tiene que esperar 15 días para que tenga cita en un centro de salud”.

El portavoz de Adelante ha puntualizado que no ve “ningún problema” en que haya andaluces que, “cuando no tienen sanidad pública, se tengan que sacar un seguro privado”, y en esa línea ha señalado que “es triste, pero la culpa no es de ellos”.

“Lo que sí es grave es que los responsables de la gestión de la sanidad pública a lo mejor no usen la sanidad pública; o a lo mejor hay alguno que incluso tiene acciones e intereses económicos en empresas privadas de la sanidad”, ha apostillado José Ignacio García, que ha remarcado que eso es lo que quieren “saber” desde Adelante Andalucía, “no vaya a ser que lo que estén haciendo es trasladar dinero público que al final acaba en los bolsillos de ellos mismos o de sus amigos”.

José Ignacio García ha concluido defendido que los partidos políticos se tienen que poner “detrás” de “la ciudadanía organizada, de los pueblos de Andalucía y de los sindicatos que han dado una lección”, la de que “hasta aquí hemos llegado” para “parar este robo que está ejecutando el PP”, ha finalizado.

“Las peores condiciones laborales y retributivas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido de que el presidente de la Junta “se está equivocando muchísimo” si cree “que le va a salir gratis la agresión constante” que, en su opinión, está infligiendo “a la atención sanitaria, al respeto que le debe al personal sanitario y a las consecuencias que eso tiene en la salud de la población”.

La portavoz de Por Andalucía ha valorado que dicha ILP “va a permitir que se produzca en el seno del Parlamento un debate monográfico sobre la situación de la atención sanitaria y del sistema sanitario público que el Gobierno de Moreno lleva bloqueando, vetando” desde hace “dos años, y que no hemos podido desde la oposición intentar que cuajara y que se planteara con un listado de iniciativas y de propuestas para mejorar la situación que tenemos”, ha añadido.

Inma Nieto ha denunciado que “el desahogo, la soberbia con la que se está conduciendo” el PP-A en el Gobierno de la Junta “no tiene nombre”, así como ha advertido de que “detrás de la 'sonrisita', del aire supuestamente moderado” del presidente de la Junta, “se esconde una política de una agresividad tal que está provocando que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se encuentre a día de hoy en la peor situación en la que se ha visto en décadas”.

Así, Inma Nieto ha subrayado que el personal sanitario sufre “las peores condiciones laborales y retributivas”, está “agotado, exhausto”, con aspirantes “en las bolsas sin poder acceder al SAS, y con más dinero que nunca puesto en manos de las clínicas privadas que se están haciendo de oro con la estrategia del PP”, que pasa por “deteriorar la sanidad pública para que la única salida que tenga la gente para encontrar una atención sanitaria en un tiempo razonable sea pagar de su bolsillo el aseguramiento privado”, ha añadido.

La parlamentaria de Por Andalucía ha aludido en ese punto al “nuevo concierto” de la Junta que va a propiciar que “más de 500 millones de euros” se vayan “a la (sanidad) privada”, de forma que serán “ya más de 2.000 millones de euros” los que desde la administración autonómica se han desviado a la sanidad privada y que “no están en reforzar las categorías, en reclasificar las técnicas de cuidados y diarios de enfermería, en contratar a más matronas, en mejorar la situación de la enfermería y de los médicos en la atención primaria y hospitalaria”, ni “en cumplir con lo que se firmó con los sindicatos” que este martes han reclamado una “rectificación urgente” al Ejecutivo andaluz, según ha abundado Inma Nieto antes de concluir proclamando que “con la soberbia no se puede continuar gobernando”.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz ha condenado a Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca en Cádiz, a una multa de 900 euros por un delito leve de coacciones al irrumpir en una reunión de participación ciudadana el pasado 21 de junio y gritarle a la directora gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda, Sira María Morales: “No tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería tener miedo”, entre otras cuestiones que se recogen entre los hechos probados.

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y que Vergara anuncia a este periódico que recurrirá “de forma inmediata”, recuerda que a aquella reunión no estaba convocada el movimiento Marea Blanca pero que Vergara llegó a la misma una vez se estaba celebrando y “alzando la voz y con una actitud corporal enérgica, dirigiéndose a la directora señalándola con el dedo y gritándole 'esto no es participación ciudadana, esto no vale para nada, todo lo que le van a contar es mentira, nos tiene que dar una reunión, no nos ha hecho caso cuando nos ha visto en la puerta, nos ha evitado, como viene del sector privado maltrata a los profesionales del sector público'”.

La directora, según los hechos probados, “pidió a una compañera que buscara una cita para reunirse con los integrantes del movimiento Marea Blanca y, tras trasmitirselo al señor Vergara, este se marchó. Tras este incidente la directora no pudo seguir exponiéndo lo que estaba previsto que les iba a dirigir a los asistentes a la reunión, teniendo que ser sustituida por un compañero”.

Vergara expuso en el juicio que “llevaban semanas intentanto reunirse con la directora para tratar el problema de la apertura de los centros de salúd durante los meses de verano, y como no les hacían caso, se decidió concentrarse en las puertas de la Casa del Mar donde iba a tener la citada reunión. El portavoz dijo en la vista oral, celebrada la semana pasada, que, como tampoco se les hizo caso cuando estaban en la puerta, decidió subir y decirle a la directora tales expresiones ”aunque es cierto que las formas no fueron las correctas“, reconoció.

El delito de coacciones, explica la sentencia, tipifica conductas que afectan negativamente y de modo general a la libertad de la víctima, limitándola, restringiéndola o, incluso, suprimiéndola, contra su voluntad; recordándose que el delito de coacciones se comete cuando el sujeto, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro, con violencia, hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto

“Que termine siendo un delito es muy preocupante”

Para Vergara, según indica a elDiario.es Andalucía tras conocer la sentencia, “las mareas blancas son plataformas ciudadanas que llevan muchos años denunciando el deterioro de la sanidad pública andaluza. Lo hemos siempre de forma pacífica, razonada, argumentada”. “En mayo del año pasado, con un verano que la propia consejera de Salud anunciaba como complicado, pedimos una reunión con la gerente del distrito por teléfono, por escrito a la gerente, por escrito a la delegada... y nos vimos obligados a interrumpir una reunión de la denominada Comisión de Participación Ciudadana. En nuestra opinión, esta comisión no tiene nada que ver con la participación ciudadana, sino informar a asociaciones de pacientes. La participación es la constitución y desarrollo de los Consejos de Salud, como marca la ley”.

“La interrupción del acto desacredita que lo que estaba ocurriendo allí fuera participación ciudadana, exigir a la gerente del distrito que nos diera una cita para reunión informativa sobre los planes del verano (que son tres meses: julio, agosto y septiembre). Después de esta interrupción por fin nos dio cita para la reunión en el distrito y en la misma nos aseguró que los centros de salud no se van a cerrar por las tardes, que habrían consultas de pediatría por las tardes y que nos mandaría el plan del verano 2024. Los centros de salud se cerraron, no existieron pediatras por las tardes durante esos tres meses y nunca nos entregó el plan del verano.

Nuestra energía en la interrupción y en la protesta razonada es producto de la negativa a recibirnos antes. Que termine siendo un delito es muy preocupante. El deterioro de la sanidad pública para que aparezca la medicina privada como alternativa, que el PP llama colaboración público-privada, está dentro de su programa sanitario. Son coherentes con su programa. El deterioro de la pública está programado y nos tendrán en contra desde luego, aunque nos denuncien“.

El sentimiento colectivo, al menos en Andalucía, tiende a pensar que la salud de cada cual depende mucho del destino, es decir, que hay poco de lo que preocuparse. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Es un error muy importante, a pesar de que pueden existir ocasiones en las que las desgracias no son previsibles, pero serían las menos.

A nivel de profesionales médicos y de enfermería existe una opinión generalizada basada en que la genética es fundamental para la salud y que las responsabilidades son individuales. Es decir, si padeces una enfermedad, la culpabilidad es personal. Serían los sectores, que son mayoritarios, biologicistas, y como tal se comportan en su quehacer diario. Consideran que los sistemas, tanto sociales como sanitarios, no tienen un papel predominante.

Todos estos análisis, que justifican una forma de abordar la enfermedad, cometen el grave error de no considerar los determinantes sociales de la salud que está demostrado de manera científicamente rotunda que son decisivos para la salud de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de la salud como las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas del estado de salud. Dichos determinantes abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y, por supuesto los servicios sanitarios como respuesta organizada y especializada de la sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud.

Un ejemplo que ilustra estas intersecciones en los problemas de salud pública es la obesidad infantil, la cual tiene relación directa con el nivel socioeconómico de la familia

Es decir, el país, la ciudad, el barrio en el que se habita, el nivel cultural, económico, social y el tipo de trabajo de cada persona, así como las condiciones laborales, la precariedad, el paro, la vivienda y el nivel de bienestar social generales, son los condicionantes principales de la salud tanto individual como colectiva. Estos factores condicionan que existan altos niveles de desigualdades sociales que es lo que justifica las diferencias abismales de calidad de vida saludable.

Los estudios científicos que demuestran todas estas afirmaciones no se han realizado sólo en el extranjero. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía tiene el honor de haber elaborado el Primer Informe sobre Desigualdades Sociales y Salud en Andalucía (INDESAN). Pero, además, durante veinte años consecutivos ha organizado las Jornadas Científicas sobre Desigualdades Sociales y Salud en la ciudad de Cádiz. La ADSP ha colaborado en que al menos en nuestro entorno los determinantes sociales de la salud sean motivo de análisis y referencia.

Todos estos estudios aportan datos contundentes. Entre dos barrios de la ciudad de Cádiz, separados por cien metros, existen diferencias de esperanza de vida de más de 9 años. Estas diferencias se reflejan también en el nivel de estudios y en el mundo laboral, la precariedad y el paro, también son diferentes. Un ejemplo que ilustra estas intersecciones en los problemas de salud pública es la obesidad infantil, la cual tiene relación directa con el nivel socioeconómico de la familia.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Sistema Sanitario Público tiene que desarrollar programas de Salud Pública, sobre todo en los barrios (Salud Comunitaria), ya las medidas que hay que asumir son diferentes en cada caso, y no solo atender a las enfermedades cuando aparecen.

Hay que destacar la enorme importancia de lo que estamos hablando: hablamos de muertes injustas y evitables, de aumentar la esperanza de vida, el tiempo de vida libre de discapacidades y, en definitiva, de aumentar la calidad de vida tanto individual como colectiva.

El deterioro paulatino de los sectores públicos ha sido muy evidente en las últimas décadas, y al sanitario también llegaron las decisiones políticas austericidas, los recortes en servicios esenciales, la disminución de sus presupuestos y, como consecuencia, de las plantillas

La única herramienta que existe para combatir todo lo mencionado es un Sistema Sanitario Público potente, que asegure la atención de todas las personas sean cuales sean sus condiciones socioeconómicas, su etnia, su procedencia o su situación administrativa, entre otras.

Solo una sanidad 100% pública, en la financiación, gestión, provisión y mantenimiento; universal (de todas las personas); gratuita (en el momento de ser atendidas); accesible (atención inmediata); equitativa (con la misma calidad para todas); solidaria (financiada por los impuestos); integral (no hay “enfermedades caras”) e integrada (por niveles, sin olvidar el ámbito rural) y de la máxima calidad, puede disminuir las desigualdades sociales.

No es sueño imposible. En España y en Andalucía habíamos conseguido, o al menos estábamos desarrollando, el sistema sanitario que hemos comentado. Era el orgullo de la población y el asombro del mundo porque los niveles de presupuestos públicos destinados a sanidad eran inferiores al de otros países desarrollados.

Sin embargo, el deterioro paulatino de los sectores públicos ha sido muy evidente en las últimas décadas, y al sanitario también llegaron las decisiones políticas austericidas, los recortes en servicios esenciales, la disminución de sus presupuestos y, como consecuencia, de las plantillas. Y llegó la pandemia del Covid 19. Pero, además, el gobierno del Partido Popular en Andalucía tiene un programa de privatizaciones progresivas, bajo el eufemismo de colaboraciones público-privadas, que está consiguiendo el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público.

Para evitar que la dramática situación actual no sea irreversible, una de las mejores estrategias es la movilización ciudadana en defensa de sus derechos. Por eso la labor de la APDHA y de las Mareas Blancas son esenciales. Ojalá lo consigamos.

Actualmente hay un sentimiento generalizado de preocupación en amplias capas de la población andaluza porque nuestra sanidad pública está en franca crisis. Esta percepción se basa principalmente en las insoportables demoras en la atención sanitaria a la ciudadanía, que se sitúan entre las mayores del país: la espera media para conseguir una cita en Atención Primaria ha pasado de 10 días, hace un año, a más de 15, actualmente; las listas de espera para especialistas hospitalarios y cirugía, superaron el millón de personas en junio de 2024 (última cifra conocida), muchas de ellas demoradas por encima de los plazos legales establecidos; además, la Junta no facilita las cifras de pacientes en demora para pruebas complementarias, necesarias para el diagnóstico de sus afecciones. En conjunto, es posible que la población en espera para algún tipo de asistencia sanitaria estos días esté ya cercana a los dos millones. Esta situación dura ya años y va empeorando progresivamente. Este intenso proceso de deterioro, al que no se le ha puesto remedio, se intuye como intencionado, y solo beneficia a las empresas de seguros sanitarios privados, a los que acude la población desatendida que puede permitírselos, aunque la mayoría de estos seguros no son ninguna panacea.

Estos hechos, con la tardanza consiguiente en establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuados para cada paciente, con toda seguridad, representan un riesgo claro para la salud de la población, como se demostró en varios casos concretos detallados en la denuncia presentada por las Mareas Blancas de Andalucía ante la Fiscalía, en octubre de 2024. Ante esto, la única actuación reseñable del actual gobierno ha sido el intento de transformar la Atención Primaria en un “call center”: el plan 72 horas . Este plan propone que, si no te atienden debidamente en tu centro de salud, puedas acudir a un servicio telefónico en el que, en un máximo de15 días, te propondrían una solución, si bien esta previsiblemente provendría de un médico desconocido que te atendería por teléfono.

Este plan ha sido rechazado por los pacientes, las Mareas Blancas y las Asociaciones y Sindicatos Médicos y de trabajadores sanitarios . Los motivos del rechazo se centran en que la medida propuesta conlleva la destrucción de los tres principios básicos de la Atención Primaria: accesibilidad (ser visto adecuadamente a tiempo), longitudinalidad (ser visto por el mismo equipo a lo largo del tiempo) y prevención comunitaria. Está demostrado que estos tres elementos son requeridos para que el uso de la urgencia hospitalaria, los ingresos y la mortalidad de la población sean ampliamente reducidos. Además, hay estudios recientes en España que demuestran las deficiencias de la atención telefónica para problemas clínicos, sobre todo con las personas mayores. Por todo ello consideramos que este plan va a significar solamente una dilación más para “entretener” el proceso asistencial.

Si los más que posibles sobrecostes que actualmente paga la Junta al sector privado se aplicaran en implementar un plan de reforzamiento de las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria públicas, se paliaría claramente la actual crisis

La situación de la presente crisis sanitaria se debe a que el gobierno andaluz actual, desde su llegada, está empeñado en cometer tres errores sustanciales, como ya se ha explicado. El primero es que viene usando presupuestos deficitarios, que no han atendido el aumento de la población y su creciente envejecimiento, y la deuda creada a la sanidad pública por los recortes habidos tras la crisis financiera de 2008, que se estiman en 19.000 millones de euros.

En segundo lugar, estos presupuestos deficientes han sufrido bajo este gobierno, un marcado sesgo de uso, destinado a derivar cada vez más dinero público al sector sanitario privado (incremento continuo de pagos preferentes a seis clínicas privadas, compra de fungibles, reactivos y fármacos a precios que no han sido sometidos a adecuadas medidas de control y abaratamiento) y, a veces, mediante métodos de pago irregulares denunciados por la Intervención de la propia Junta, algunos de los cuales han sido judicializados, lo que ha conducido, recientemente, a la “dimisión” de miembros de la Intervención.

Por último, el gobierno ha implantado medidas organizativas de dudosa eficacia y favorecedoras de la privatización (consulta de acogida, extensión de la consulta clínica telefónica, eliminación de la exclusividad, mantener las Unidades de Gestión Clínica y el complemento de productividad, compatibilización público/privada de cargos, eliminación de la subasta de medicamentos, relajación de medidas de abaratamiento) y se resiste a implantar otras (aumentar las plantillas y elevar los salarios y la estabilidad de los contratos de los trabajadores, volver a los sistemas de control del gasto) que mejorarían la función de la sanidad pública. Si los más que posibles sobrecostes que actualmente paga la Junta al sector privado se aplicaran en implementar un plan de reforzamiento de las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria públicas, se paliaría claramente la actual crisis, como ya se ha explicado.

Lo que el gobierno de Moreno Bonilla pretende es cambiar el modelo de sanidad pública como sistema en el que la protección de la salud es un derecho igualitario para todos, por otro en el que predominen los intereses privados, con las máximas prestaciones solo para la minoría más acomodada de la población

En definitiva, lo que el gobierno de Moreno Bonilla pretende es cambiar el modelo de sanidad pública como sistema en el que la protección de la salud es un derecho igualitario para todos, por otro en el que predominen los intereses privados, con las máximas prestaciones solo para la minoría más acomodada de la población que puede adquirirlos en el sector privado, mientras la mayoría ha de conformarse con una asistencia demorada en una sanidad deteriorada.

Para solucionar la crisis presente, las Mareas Blancas han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) titulada Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía (texto completo). Esta ILP plantea la necesidad de cambiar el rumbo de deterioro actual de la sanidad pública, mediante la modificación de algunos artículos de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, para regular los siguientes aspectos fundamentales: primero, universalización de la sanidad pública andaluza; segundo, generación de un sistema de conocimiento y control eficaz de la ciudadanía sobre las decisiones de la Administración en todo lo que afecte a la sanidad pública; esto se hace mediante el establecimiento efectivo de los Consejos de Salud con la adecuada representación social, a nivel de centro de salud, área, distrito, hospital y municipio, ante los que las autoridades correspondientes tendrán que dar cuentas cada seis meses. Tercero, blindar y garantizar una financiación adecuada de la actividad de los centros de salud y los hospitales públicos; esto incluye un Plan de Choque de cinco años que restituya la financiación recortada desde 2008 que, fundamentalmente, servirá para ampliar la plantilla estable, y así evitar el continuo éxodo actual de los profesionales sanitarios andaluces. Por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado, un proceso que ha de culminarse en cinco años. Consideramos que las modificaciones incluidas por la presente ILP pueden detener el intento de cambio de modelo de la sanidad pública andaluza por parte del gobierno actual.

La ILP que hemos presentado ha sido ya aprobada por la Mesa del Parlamento y el próximo mes se abrirá el plazo preceptivo de seis meses para completar la recogida de las cuarenta mil firmas necesarias para que sea debatida en el Parlamento. Para ello se va a abrir una campaña de información a la población sobre los objetivos de la misma, en la que se promoverá su firma masiva en todos los rincones de Andalucía. Somos conscientes de las dificultades parlamentarias que esta ILP va a enfrentar, debido a la actual mayoría absoluta de la derecha. No obstante, pensamos que su exposición y defensa pública va a servir para explicar en cada barrio y en cada pueblo andaluz la necesidad de la unión de la mayoría de los andaluces, en contra de los que quieren acabar con la tranquilidad y seguridad que nos da una sanidad pública igualitaria y bien dotada en la que los intereses privados no sean los que manden. En este contexto, cabe destacar que el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza fomentado por el gobierno actual está teniendo como resultado principal el enriquecimiento de unas cuantas empresas, la mayoría de las cuales son extranjeras (Quirón Salud, Viamed, grandes farmacéuticas, etc.). ¿Vamos a consentir que por atender intereses particulares aumente la mortalidad tratable y evitable de la población, un hecho que ya ha sido demostrado en otros lugares?.

Más de mil personas se manifestaron este miércoles en Calasparra para exigir al Gobierno regional “la ampliación del personal sanitario en Urgencias”, según han informado desde la Marea Blanca en este municipio. “Los ciudadanos alzaron su voz en defensa de la sanidad pública”, aseguran desde esta plataforma, al tiempo que añaden que la jornada “transcurrió con normalidad y con un espíritu de unidad y fuerza”.

La manifestación, señalan las mismas fuentes, comenzó en la Plaza de la Corredera con la lectura de un manifiesto que reclamaba la amplición del personal sanitario de Urgencias en Calasparra y recorrió las principales calles hasta el centro de salud del municipio. En el trascurso de la manifestación, “se unieron personas a este movimiento”.

Desde la organización “se hizo un especial agradecimiento a los profesionales sanitarios por su sobrecarga y esfuerzo a la hora de atender a los pacientes”. Y se hizo mención a que Calasparra es el punto más alejado del hospital de referencia que se encuentra en Caravaca de la Cruz.

“La salud no debe depender de la capacidad económica de cada persona ni tampoco de ideologías políticas; la salud pública se defiende”, corearon este miércoles los manifestantes mientras exigían al Gobierno regional la ampliación del servicio de urgencias en Calasparra y a la apertura de un SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria).

Las ocho Fiscalías Provinciales de Andalucía han resuelto archivar las denuncias presentadas el pasado mes de octubre por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los prolongados tiempos de espera para la atención diagnóstica y terapéutica por entender que vulnera los derechos fundamentales de los pacientes. 

El propio Ministerio Fiscal, a través de su gabinete de prensa, ha informado de este archivo coordinado. ElDiario.es Andalucía ya adelantó ayer el archivo de la interpuesta en Sevilla, a la que lógicamente debían seguirle las del resto de provincias andaluzas, en las que se denunciaban hechos similares.

Las ocho Fiscalías Provinciales argumentan para su archivo que examinadas las denuncias no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan imputar responsabilidad penal concreta como delito. “Carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito”, señala la nota del Ministerio Fiscal.

Allí también se señala que no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito, sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión; en este caso, la contenciosa-administrativa.

Denuncias coordinadas

El pasado 17 de octubre las Mareas Blancas interpusieron, coordinadamente, ocho denuncias en las sedes de las ocho fiscalías provinciales. El colectivo ciudadano quería que se investigara si había una responsabilidad penal en el hecho de que casi dos millones de usuarios de la sanidad pública en Andalucía aguarden para una operación, para la cita con el especialista y para una prueba diagnóstica, teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma existen leyes de garantías de plazos para cada proceso que “en los últimos años no se cumplen de forma reiterada”.

Mareas Blancas aportaban cifras de cada provincia y ejemplos de pacientes que, por culpa de la demora en la atención asistencial, habían sufrido consecuencias médicas de calado. Algunos, publicadospor este periódico, como la condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón o por retrasarse ocho meses en diagnosticar una fractura de tobillo. “La demora por el tiempo perdido puede suponer la progresión irreversible de la enfermedad con la incapacidad consiguiente o incluso el fallecimiento”, se decía en la denuncia.

Con este archivo conjunto, la Fiscalía da carpetazo a la vía penal, abriendo expresamente la puerta a que se explore la vía contencioso-administrativa si se estima que se ha producido un mal funcionamiento de la administración que está lesionando derechos.

¿Es ilegal que más de 200.000 usuarios de la sanidad pública de Andalucía esperen 169 días de media en lista de espera para operarse? Es la pregunta que, en forma de denuncia, se la ha hecho la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ante las ocho fiscalías provinciales teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma existen leyes de garantías de plazos para cada proceso que “en los últimos años no se cumplen de forma reiterada”. De admitirse sus escritos, que aportan cifras y ejemplos de pacientes que por culpa de la demora en la atención asistencial han sufrido consecuencias médicas de calado, sería la segunda investigación judicial abierta contra la gestión sanitaria en Andalucía puesto que un juzgado indaga ya al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicar a dedo 243 millones a clínicas privadas con una ley derogada.

“Las esperas sanitarias diagnósticas o terapéuticas, escandalosamente prolongadas por encima de lo médicamente razonable, pueden provocar una progresión irreversible de las alteraciones orgánicas causantes de la enfermedad, incluso pueden originar la muerte de la persona que está esperando ser diagnosticada o tratada”, se resume en el escrito, que incorpora cifras a junio de este año, misma fecha de la última actualización, publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad y que también despertó un cuestionamiento por parte de CCOO Andalucía que, también con datos en la mano, asegura que “Andalucía tiene las peores listas de espera de toda España”.

Representantes del colectivo, que anunciaron la denuncia el lunes en nota de prensa, se han concentrado esta mañana en las sedes de las fiscalías para presentar la denuncia “para que evalúe la legalidad de la situación sanitaria pública andaluza actual”, según se cita en los escritos, los ochos con el mismo texto y con datos provincializados. “En los últimos años” la situación “no tiende a remitir sino que empeora cada año, tanto en el número personas esperando ser atendidas como en los tiempos de espera para recibir dicha atención”, especifican las Mareas.

“¿Puede ser ilegal?”

“Es lógico sentirse muy preocupados por que la situación actual de deterioro de la sanidad pública se normalice, es decir, que los y las andaluzas nos acostumbremos a esta dinámica, como si fuera lo normal”, resumen. La coordinadora ha aportado cuatro casos particulares como ejemplo de lo que está pasando debido a esas esperas que, podría “llegar a ser ilegal” de ser de un año o más para llegar al diagnóstico de una enfermedad que puede ser vital en su progresión o que, en cualquier caso, limita gravemente la calidad de vida del paciente, se pregunta en la denuncia.

Sebastián Martín Recio explica a este periódico en la concentración de Sevilla que existen “situaciones límite” debido a esas esperas y a esa “incertidumbre” generada en los pacientes, que ven afectadas “sus vidas” o pueden conllevar “incapacidades”. En su opinión, “el Gobierno andaluz no puede rehuir la responsabilidad que tiene en ese sentido” y “no puede tirar balones fuera”, esperando que la Fiscalía tome en consideración las denuncias para que la Junta asuma que “el sistema no puede continuar así, porque es público y notorio que las cifras son las que son”.

Y los casos son los que son, alguno de los reflejados fueron publicados por este periódico. Como la condena al Servicio Andaluz de Salud por tardar dos años en diagnosticar un cáncer de pulmón, o la condena a la sanidad pública andaluza por retrasarse ocho meses en diagnosticar una fractura de tobillo. “Es muy obvio que una persona no puede tardar más de un año en ser diagnosticado porque, si finalmente es una enfermedad grave, la demora por el tiempo perdido puede suponer la progresión irreversible de la enfermedad con la incapacidad consiguiente o incluso el fallecimiento”, dice su escrito.

En la denuncia se dice que “la gestión que frecuentemente hace el SAS” es “llamar a la persona afectada y 'aconsejarle de forma rotunda' que acuda a una clínica privada para ser atendido. Y se le constata a la persona que, en caso de no aceptar por querer ser atendido en un recurso público, ya no se cumplirían los tiempos del Decreto Ley de Garantía”. Según Recio, ello tiene como consecuencia que “la sanidad pública se va a ir quedando con las personas con edad más avanzada, y con más dificultades”.

Hasta en dos ocasiones se ha referido el diputado del PP de La Rioja Alberto Olarte a los miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de la Marea Blanca como “comadrejas”. También les ha llamado “voceros” y ha asegurado que son “pocos y mal avenidos”.

Lo ha hecho en una intervención en el pleno del Parlamento de La Rioja haciendo referencia a la concentración celebrada este martes frente al palacio del Gobierno regional, convocada por estos movimientos sociales y respaldada por varios profesionales sanitarios, en la que se protestaba por la gestión sanitaria del Ejecutivo del Partido Popular.

“Ahora que se reducen las listas de espera, aparecen otra vez las mareas y las plataformas en esas pancartas, las comadrejas salen de los agujeros para dar otra vez guerra porque son simplemente voceros”, ha dicho Olarte, médico de profesión. Dirigiéndose a la consejera de Salud, María Martín, ha continuado aconsejándole “que les haga poco caso porque son pocos y mal avenidos, pero vuelven a salir las comadrejas de los agujeros otra vez”.

Las “comadrejas” a las que se ha referido el diputado popular en dos ocasiones son los manifestantes que protestaban por la decisión del Gobierno de La Rioja de externalizar las intervenciones quirúrgicas de seis especialidades (oftalmología, cirugía general, cirugía vascular, traumatología, urología y cardiología) durante un periodo de cuatro años por valor de 27 millones de euros. Desde la Plataforma defienden la necesidad de invertir ese dinero en la sanidad pública para mejorar infraestructuras, equipos de alta tecnología, recursos humanos y profesionales, “porque si inviertes en profesionales, inviertes en una mejora de la calidad asistencial o en incrementar la capacidad quirúrgica”, según explicaban sus portavoces.

El Partido Socialista de La Rioja ha compartido esta intervención del diputado Alberto Olarte a través de las redes sociales señalando “la falta de educación del Partido Popular”.

El patio de la Diputación de Sevilla presenta un inusual tráfico para ser martes. A un lado y otro se agrupan corrillos de gente que habla sin alzar mucho la voz, como en un velatorio. De hecho, los 21 alcaldes que se han confinado en el edificio de la institución provincial encarnan el cortejo fúnebre de la atención sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla. Una comitiva que pretende, ellos sí, alzar la voz contra la Junta de Andalucía, a la que recriminan que, con su omisión de socorro, haya otorgado la extremaunción a la medicina rural en la provincia.

La situación que ha llevado este martes a los representantes municipales de las poblaciones del área sanitaria de Osuna a protestar contra las políticas de sanidad es “insostenible”, claman.

La mañana apenas acaba de empezar y los corros se agrupan en uno más grande. Es la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien toma la palabra en primer lugar para verbalizar lo que el acto quiere representar: el hartazgo de las poblaciones que ya fueron hace dos meses a reclamar ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una atención sanitaria suficiente para la población de las zonas rurales. En nombre de sus homólogos, Andújar acusa al Gobierno andaluz de obviar el problema y farfullar excusas evitando tomar medidas al respecto.

Sin embargo, la denuncia de este martes va más allá de condenar el abandono y la dejadez a la que dicen estar sometidos desde hace más de un año. Pretenden hacer despertar la conciencia del resto de la ciudadanía. Para ayudar a ello ello, las camisetas de Marea Blanca en Sevilla van inundando poco a poco el espacio, trayendo con ellas pancartas que terminan por llenar el patio. Las consignas habituales del movimiento se concretan esta vez en casos con nombres y apellidos, los de las víctimas de la falta de personal sanitario que llevan meses denunciando en la Sierra Sur.

El colectivo de Marea Blanca ha querido arropar a los alcaldes que harán noche en las dependencias de Diputación para emprender a primera hora del miércoles una marcha hasta San Telmo. Pero antes, los alcaldes han querido lanzar un grito de socorro al unísono y con los colores de distintos signos políticos, ya que incluso los tres ayuntamientos del PP respaldaron la iniciativa en un primer momento, aunque finalmente no han acudido a la convocatoria.

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Osuna, el turno de palabra lo retomó su homólogo en Marinaleda, Sergio Gómez Reyes (IU), quien ha querido poner el foco en la sanidad privada que, en palabras del alcalde, se está beneficiando del estado “raquítico” de la pública. El hastío con la administración regional impregnaba un discurso que apuntala la sanidad como uno de los elementos claves de confrontación entre los ayuntamientos de la Sierra Sur y San Telmo.

Pese a no ser competencia municipal, los alcaldes de las zonas rurales de Sevilla se han puesto al frente de la lucha por la sanidad conscientes del malestar que se respira entre los vecinos. Una lucha que podría estar pasando factura a regidores como el de Marinaleda, quien sufrió un desmayo repentino tras su intervención ante los medios y tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El encierro, mientras tanto, sigue su curso como punto de resistencia común ante la Junta. Hasta que abandonen las dependencias de la institución provincial a las 10 de la mañana del miércoles, los alcaldes se muestran abiertos a dialogar con los responsables de la Junta. Una administración que ha presentado este martes en la mesa sectorial con los sindicatos un plan de verano que llega en pleno julio, como le han reprochado los alcaldes, a quienes se les antoja insuficiente para paliar los efectos de años de “abandono” en la atención sanitaria rural andaluza.

El Ayuntamiento de Cañada Rosal ha convocado a sus vecinos a secundar una jornada de protesta para pedir que vuelvan a su consultorio algunos servicios básicos que se han ido perdiendo en los últimos años.

En las redes sociales de esta localidad de 3.300 habitantes se ha informado de que el lunes 13 de mayo a las 9.00 habrá una concentración a las puertas del consultorio, con el lema: “Concentración por la recuperación de los servicios sanitarios que siempre tuvimos”.

Entre los servicios que se reclaman para recuperar están los de pediatría, enfermería pediátrica, trabajadora social y matrona.

Una hora de paro en el pueblo

Además de la concentración, se pide a los vecinos que se pare una hora la actividad en todos los centros de trabajo y educativos del municipio para sumarse a esta protesta. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Marea Blanca del municipio y la del área sanitaria de Osuna.

Como si de un prólogo se tratase, justo al inicio de la semana que desembocaba en un domingo con protestas en defensa de la sanidad pública se supo que el que fue viceconsejero andaluz de Salud hasta hace tres meses fichaba por el sector privado. La polvareda se disparó cuando este medio publicó que le concedió 44 millones de euros a dedo a la empresa que le contrataba, la aseguradora Asisa, una operación que el Gobierno andaluz ha bendecido siempre y cuando la incorporación se produzca en julio. La historia, resuelta en cuestión de días, es para las Mareas Blancas andaluzas poco menos que el manual práctico de cómo actúa el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP), y por eso este domingo convocaban una “jornada de lucha” que han secundado miles de personas en toda Andalucía.

“Si me vas a desear salud... que sea pública, universal y gratuita”, se leía en una de las pancartas en Sevilla, y mensajes similares se lanzaban en las otras siete capitales andaluzas en un domingo en el que se celebraba el Día Internacional de la Salud y –desde un punto de vista reivindicativo– el Día Internacional contra la Privatización Sanitaria. El caso del exviceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, ha estado muy presente en unas protestas en las que se ha acusado al Gobierno andaluz de incentivar la “agonía de la sanidad pública” para así impulsar la buena salud de la privada. Y por eso la insistencia en lo de “pública, universal y gratuita”, tres valores que la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas considera que se están dejando morir en Andalucía.

Ya lo proclamaron también el pasado mes de octubre: estamos ante una “destrucción programada” de la sanidad pública, un dejarla caer para así desviar usuarios al sector privado. De ahí los problemas ya endémicos, según los organizadores, de “saturación de la atención primaria, listas de espera interminables y aumento del presupuesto a la sanidad privada”, en muchos casos además con contratos a dedo. Unas críticas que también han hecho los sindicatos y formaciones políticas de izquierda, que han secundado y participado en las manifestaciones, como por ejemplo el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

La convocatoria de este domingo se ha hecho al grito de Defendamos la sanidad pública, que –conforme a los datos que han expuesto– está en franca decadencia: demora media de 10,4 días para una cita en atención primaria (el 35% tardan más de 11 días), 1,2 de cada 10 andaluces aguardando en una lista de espera para especialista o cirugía, una falta crónica de personal... Algo “inadmisible” y una situación que “sólo beneficia a las empresas de seguros privados”, como demuestra el hecho que desde 2019 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha derivado 263.568 operaciones a la sanidad privada.

Cifras de participación dispares

Por eso las Mareas Blancas han insistido en recordar que “la salud no es una mercancía y la sanidad no se vende, se defiende”. Una reivindicación que han hecho 5.000 personas en Granada, donde se ha producido la manifestación más numerosa, seguida por las de Sevilla (2.500), Málaga (1.650), Córdoba (1.500), Jaén (1.100), Cádiz (975), Almería (400) y Huelva (300). Esto según los datos aportados por la Delegación del Gobierno, mientras que los convocantes multiplicaban estas cifras para elevarlas a 5.000 en Cádiz y 25.000 en Sevilla.

Los manifestantes también han reclamado que, para frenar el “desmantelamiento” de lo público, se requieren aumentos de plantilla combinados con la oferta de plazas “estables y bien pagadas”. Todo lo que no sea eso, unido al resto de factores, significa ahondar en un sistema como el actual, que “compromete la esperanza de vida en Andalucía y aumenta la mortalidad existente”.

La Junta de Andalucía se defiende

Por su parte, el Gobierno andaluz del PP ha contraatacado sacando músculo y defendiendo que ha desplegado una “inversión récord” en la sanidad andaluza con “un 45% más [4.400 millones más] y 25.000 nuevos profesionales”. Según los números que ha aportado la consejera del ramo, Catalina García, “nuestra apuesta por la salud pública es decidida” con “más infraestructuras, mejor tecnología y mejores condiciones laborales” fruto de contar con “el mayor presupuesto de la historia”.

Desde las Mareas Blancas se reconoce que sí, que nunca antes ha habido más dinero destinado a sanidad en Andalucía, pero que ha crecido mucho más la parte del mismo que se desvía al sector privado. Todo ello hace que la inversión media en sanidad por habitante siga por debajo de la media estatal y que Andalucía cerrase 2023 con 142.507 pacientes en las listas de espera quirúrgica, de los que 53.014 estaban fuera del decreto de garantías. Esto significa unos 17.000 más que los 36.004 que se encontraban en esa situación seis meses antes, en junio de 2023. La Junta, en ese sentido, asegura que en un mes se han reducido un 6% estas listas de espera, pero reconoce que “queda mucho por hacer”.

En el resto de España

La protesta también ha tenido lugar en otras ciudades españolas. En Barcelona, más de 2.500 personas han salido a la calle por una sanidad pública sin recortes y con los medios suficientes. Los manifestantes se han reunido en la plaza Urquinaona y han bajado por Vía Laietana hasta la plaza Sant Jaume convocados, entre otras organizaciones, por Marea Blanca, Marea Pensionista, la entidad vecinal FAVB, y sindicatos como CCOO y CATAC-CTS, además de los comunes y la CUP, entre otros.

En Madrid, una cadena humana de más de 300 personas ha rodeado la Puerta del Sol, unidas con sábanas y cintas blancas. Los manifestantes portaban carteles con mensajes como La sanidad no se vende, se defiende o Somos víctimas de la privatización y al grito de “recortar en sanidad es un acto criminal”.

En octubre del año pasado, las Mareas Blancas andaluzas se movilizaron con el viento de cola de que el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) había reservado 734 millones para derivar pacientes a clínicas privadas dentro y fuera de Andalucía. Menos de medio año después, la situación no ha cambiado mucho y, al margen de que el presupuesto para derivaciones se ha incrementado todavía más, tiene ahora la apostilla de que el viceconsejero de Salud hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, no sólo ha fichado por el sector privado, sino que además lo ha hecho por una empresa (Asisa) a la que adjudicó a dedo 44 millones de euros. Así que la plataforma cree que sobran los motivos para la movilización que ha convocado el próximo domingo, 7 de abril, en las ocho capitales de provincia para exigir la mejora de la sanidad pública.

El llamamiento lo hace la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, y el día se presenta con varios frentes abiertos. Por un lado, la cita lleva como mensaje Defendamos la sanidad pública, enmarcada en lo que se anuncia como Jornada Andaluza de Lucha por una Sanidad 100% Pública. La cosa no queda ahí, porque la Red Europea Nuestra salud no se vende ha declarado el domingo como Día Internacional contra la Privatización Sanitaria. ¿Y por qué este 7 de abril? Pues porque se celebra el Día Internacional de la Salud.

A esta cascada de eventos se llega con la denuncia de las Mareas Blancas andaluzas de que la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP) se está afanando en “desmantelar” la sanidad pública. Y no sólo eso, sino que también se acusa al Gobierno andaluz de desviar la atención intentando enfrentar a sanitarios y ciudadanos, para lo que estaría siguiendo una doble estrategia: por un lado, pregonando los pacientes que no acuden a su cita en atención primaria y, por otro, poniéndose de perfil ante las campañas que denuncian que las consultas están vacías por la supuesta mala gestión de los profesionales.

Marta García, médica de familia en activo y una de las portavoces de la plataforma, ha rebatido estos argumentos señalando que la pérdida de citas tiene como causa principal que “no se comunican correctamente”, de ahí que considere “tremendamente injusto culpabilizar al paciente”. Y en cuanto a las imágenes de salas de espera vacías que no dejan de circular por redes sociales, con las que se denuncia que los médicos no hacen su trabajo, está convencida de que la administración sanitaria no se está deslomando para desmentir estos bulos.

“Catástrofe sanitaria”

“Si las salas están vacías es porque no hay médicos”, ha insistido, además de recordar que la jornada laboral de un facultativo incluye atención telefónica y visitas a domicilio además de la asistencia presencial. “Si la administración considera que no estamos trabajando está tirando piedras a su propio tejado”, ha lamentado García, para quien este runrún no deja de ser un intento de poner el foco en estos dos colectivos (sanitarios y ciudadanía) para así apartarlo de la “catástrofe sanitaria” que sufre Andalucía.

Esta última afirmación es de Juan José Monedero, médico jubilado residente en la Sierra Sur de Sevilla, una de las comarcas que se están mostrando más beligerantes ante lo que considera “abandono sanitario”. “La atención primaria ya no existe en muchas zonas rurales”, ha lamentado, lo que se estaría traduciendo en un aumento de la mortalidad evitable y deja imágenes como la de centros de salud cerrados y otros con colas desde el amanecer para hacerse con alguna de las pocas citas que se reparten para el día.

Un sistema “desmantelado”

En las zonas rurales, dicho sea de paso, “no puedes ir a la sanidad privada ni aunque quisieras”, porque las empresas del sector no se instalan en los pueblos pequeños y hay que hacer kilómetros para plantarse en un municipio de mayor tamaño. Ello contrasta con una privatización creciente hasta el punto de que lo prioritario hoy es “recuperar la sanidad pública”, tal y como ha reivindicado otro portavoz, Antonio Vergara, también médico jubilado. “El sistema sanitario andaluz no funciona no porque esté deteriorado, sino porque lo han desmantelado”.

Con este telón de fondo, ¿cuáles son las reivindicaciones de cara a las manifestaciones del domingo? Pues poco más o menos que volver a una sanidad pública como la de hace 20 años, basada en unos principios que ahora están en entredicho. Un sistema que sea universal, accesible, gratuito, solidario e integral, según ha desgranado el propio Vergara.

“El problema clave es la universalidad”, ha apostillado Marta García, porque se están quedando atrás los entornos rurales, los migrantes, los mayores, las personas con bajas competencias digitales... Y encima, lo centros de salud son entornos laborales degradados, en los que hay profesionales con contratos de un mes y que no dejan de rotar por diferentes puestos, cuando la “evidencia científica” demuestra que mantener el mismo médico de primaria durante años “reduce un 25% la mortalidad.

La onda expansiva provocada por el fichaje del que fuese viceconsejero andaluz de Salud hasta diciembre, Miguel Ángel Guzmán, como director médico del Grupo Asisa en Andalucía no ha dejado indiferente a las Mareas Blancas de Andalucía, sobre todo tras revelar elDiario.es Andalucía que en dos años y medio adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas de esta empresa para la que ahora trabaja. “Era como el lobo cuidando a las ovejas”, se ha apuntado desde esta plataforma, que precisamente el domingo ha convocado concentraciones en todas las provincias en contra de la privatización de la sanidad pública.

La comparación la ha hecho una de sus portavoces y médica de familia en activo, Marta García, que ha añadido que la sorpresa no ha sido tanto su regreso al sector privado sino que en su momento se le nombrase alto cargo en la pública teniendo en cuenta su trayectoria profesional. “Esa ha sido la anomalía”, ha subrayado, sobre todo porque ha tomado decisiones que han afectado (y beneficiado) al sector privado.

Desde su puesto en la cúpula de la Consejería de Salud “ha fomentado destinar dinero a la sanidad privada y estaba comodísimo con estos lobbys”, ha lamentado García. “Si trabajas toda la vida para la privada, ¿qué política vas a llevar a cabo en tu tiempo en la pública?”, se ha preguntado al respecto de manera retórica, y es que considera que su regreso fulminante al sector privado es “lo normal” en un perfil profesional de estas características.

“Demuestra para quién trabaja la Administración”

Otro de los portavoces de Mareas Blancas, Antonio Vergara (médico jubilado), ha tildado de “escandaloso” el caso de Miguel Ángel Guzmán. “Esto demuestra para quién trabaja de verdad la Administración”, y es que lo ocurrido confirma a su juicio que “ya no hablamos de puertas giratorias, sino de dar dinero directamente sin concurso” al sector privado.

Para esta plataforma, además, no estamos ante “un hecho puntual”, ya que en comunidades autónomas gobernadas por el PP (como en Madrid) se producen situaciones de este tipo de manera “continua”. “Esto no es algo aislado, sino que es consecuencia del modelo de colaboración público-privado” que, a la hora de la verdad, supone la “parasitación de lo público por lo privado”.

Las mareas andaluzas de sanidad y educación y la Marea Blanca del Aljarafe se han concentrado en la tarde de este miércoles a las puertas del Parlamento de Andalucía contra el “desmantelamiento” de los servicios públicos, coincidiendo con el último pleno del año de la Cámara andaluz y el debate final del proyecto de presupuestos. Unas 500 personas (según Marea Verde Sevilla) han mostrado su rechazo a “las políticas de deterioro, recortes y privatizaciones que sufren ambos sectores”.

Los manifestantes han exigido que en los presupuestos andaluces se contemplen partidas para educación y sanidad “de calidad”, toda vez que han anunciado nuevas manifestaciones conjuntas próximamente. Y es que los integrantes de Marea Verde y Marea Blanca califican la situación de “insostenible” ante el estado de las listas de espera de pacientes, la “falta” de personal y la “privatización” de los servicios sanitarios en Andalucía, informa Europa Press.

Añaden que desde el sector de la educación las impresiones son las mismas, con “falta” de profesorado en los centros escolares, donde la “carencia” de profesionales de atención a la diversidad “es más flagrante”, ratios de alumnado “elevadísimos” en las clases y una “dejadez total” en instalaciones educativas. Denuncian, asimismo, que Andalucía “ha perdido más de 2.000 clases de la pública” desde que gobierna Moreno, mientras que la educación privada concertada “no ha sufrido recortes”, afirma el colectivo docente.

“Lastrando la calidad de vida”

Esta concentración ha contado con el respaldo del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, así como de la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, y del secretario de Organización del PSOE de Sevilla y también diputado andaluz, Rafael Recio. Además, se han sumado a la misma sindicatos como CGT y CCOO. De este modo, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado que “hay que acabar con las privatizaciones que afectan a lo público y que están lastrando la calidad de vida de los sevillanos y sevillanas en cuestiones básicas como la salud y la educación”.

CCOO ha recordado que “la escuela pública es la única que garantiza el derecho a la educación de todo el alumnado y la igualdad de oportunidades”. Por eso, en nota de prensa, el sindicato ha exigido, entre otras cuestiones educativas, bajar de ratio de alumnado por aula, el refuerzo y aumento de las plantillas, la agilización de las sustituciones, la cobertura de todas las vacantes del sistema educativo y la erradicación de la precariedad laboral de la escuela pública. A ello añade una inversión educativa suficiente para abordar los retos del cambio climático, renovar unas infraestructuras educativas obsoletas y avanzar en la mejora de la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) para lograr una educación pública realmente inclusiva.

De la misma forma, CCOO ha insistido en que la provincia sevillana vive una “situación dramática en materia sanitaria que, en no pocas ocasiones, ha llegado a costar vidas”. Recientemente, el sindicato ha manifestado la necesidad de poner en marcha un plan de choque con personal suficiente para reducir las listas de espera, pero también ha denunciado en numerosas ocasiones el “inasumible colapso” de la atención primaria. Todo ello derivado de una “pésima gestión” de los recursos humanos disponibles en el Servicio Andaluz de Salud(SAS), que sufre una fuga de profesionales constante ante las “lamentables” condiciones laborales que ofrece.