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Qué hacer con 734 millones de euros en la sanidad pública andaluza

Archivo - Fachada del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

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Recientemente, la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha sacado una convocatoria para los centros de medicina privada, o sea, con ánimo de lucro (por seguir la terminología anglosajona), con dos partidas de 533 y 201 millones de euros, para aminorar las abultadas listas de espera de pacientes de la Sanidad Pública que requieren cirugía y pruebas diagnósticas, respectivamente. En total 734 millones de euros para los próximos 2 años.

Hay que señalar que las listas de espera de la Sanidad Pública no salen a la luz desde hace meses. Pero la cifra ha venido creciendo claramente en los últimos 3-4 años, un hecho que coincide con un claro deterioro de la Sanidad Pública, con grandes déficits organizativos, de recursos materiales y de plantillas, que las autoridades no han resuelto, aludiéndose casi siempre a falta de dinero o de profesionales disponibles.

No cabe duda de que 734 millones de euros es una cantidad notable de dinero, que el Gobierno de Moreno Bonilla destina a las empresas sanitarias con ánimo de lucro, que en adelante llamaremos sector privado. En este artículo pretendemos aportar ideas acerca de qué podría hacerse con este dinero para disminuir las listas de espera, si en vez de ofrecérselo al sector privado, se aplicara a la Sanidad Pública. A ello nos mueve, además, nuestras dudas de que existan garantías reales de que las empresas del sector privado tengan la capacidad suficiente para asumir la oferta actual de la Consejería, dado el nivel de saturación que sufren estos centros por el elevado volumen de derivaciones previas desde la Sanidad Pública para lo mismo.

Podría plantearse es poner en marcha los hospitales públicos por la tarde ya que las actividades, en su gran mayoría o todas, cesan durante esas horas

Pensamos que algo que podría plantearse es poner en marcha los hospitales públicos por la tarde ya que las actividades, en su gran mayoría o todas, cesan durante esas horas. Se podría, por tanto, instaurar un turno de tarde (de 15 a 22 horas, 5 días a la semana) con profesionales contratados para ello, y dedicarlos a resolver las actuaciones y servicios ahora solicitadas por la Consejería al sector privado. A continuación, veremos esta posibilidad pormenorizadamente.

Analizando los servicios solicitados, se advierte que la cobertura del grueso de los mismos afecta a un número de especialidades que ronda la decena: Radiología, Traumatología, Cirugía General y Digestiva, Oftalmología, Anestesia, Fisioterapia, por nombrar las más demandadas. Para mantener la actividad vespertina de esas diez especialidades, pensamos que se requerirían tres facultativos e igual número de personal de enfermería y del resto de otras categorías necesarias, es decir, 9 personas por especialidad en los centros en los que se implantase el sistema. Este personal, con las adaptaciones horarias pertinentes (algunas horas comunes), estaría funcionalmente integrado con el resto del Servicio matinal correspondiente, compartiendo formación, protocolos de actuación y otras actividades de gestión clínica pertinentes. Lógicamente, sería necesario extender una apuesta así a un número suficiente de hospitales regionales, de especialidades o comarcales públicos, con una distribución estratégica a lo ancho de la geografía andaluza tal, que facilite el acceso equitativo y más cercano posible de los ciudadanos que necesiten ser atendidos en estas actuaciones. Parece razonable disponer de, al menos, una veintena de centros dotados con este turno de tarde, que no tendría por qué afectar a las continuidades asistenciales actualmente existentes en los mismos, ya que estas están generalmente destinadas a otras actividades. No obstante, también se podrían extender continuidades para colaborar en el plan propuesto. Obviamente, se está describiendo un plan general que, necesariamente, está sujeto a adaptaciones por el menor uso de algunas de las especialidades o por posibles usos compartidos de recursos por algunas de ellas en algunos de los veinte centros seleccionados, lo que posiblemente reduzca algo la estructura propuesta.

Estamos convencidos de que un plan como este puede cubrir los servicios y actividades solicitados por la Consejería, tanto cuantitativa, pero, sobre todo, cualitativamente, y por tanto, reducir sustancialmente en dos años las listas de espera para cirugía y pruebas complementarias. Piénsese, por poner algún ejemplo, en la cantidad de trabajo que pueden desarrollar los 60 traumatólogos (3 traumatólogos por 20 centros) dotados en este plan, trabajando 7 horas diarias con el equipo adecuado durante dos años.

Pero, además, este plan tiene otras ventajas:

1.-En primer lugar, evitará que un número posiblemente no pequeño de ciudadanos afectados tengan que salir de Andalucía para ser atendido, por estar los centros privados cercanos saturados, y eliminaría costes de traslado, dos perjuicios que ahora existen en la convocatoria actual de la Consejería.

2.- La entrada de gente nueva y, posiblemente joven, además de la consiguiente creación de empleo, reforzará a servicios hospitalarios desasistidos, dañados por los continuos recortes y, en muchos casos, envejecidos.

3.- Mejorará el resultado de las prestaciones solicitadas dada la mayor calidad de la Sanidad Pública. Esta mayor calidad la conocen bien los ciudadanos y se explica por una serie de características diferenciales acreditadas en la Sanidad Pública y que no se dan en el sector privado: a) la selección del personal se hace por concurso abierto de méritos y nivel profesional (por ej. Especialidad) necesariamente acreditado ; b) integración en grupos jerarquizados que desarrollan trabajo en equipo, colectivamente protocolizado (sesiones clínicas diarias, sesiones científicas, anatomo-clínicas, etc.) y que ejerce gestión clínica avanzada; c) sistemas de control obligatorios acreditados (Comisiones de Mortalidad, de Infecciones, de Calidad, etc.). Nada de esto está asegurado en el sector privado.

Es seguro que el Gobierno argumentará que en Andalucía no hay personal, sobre todo facultativo, para dotar este plan. Es un mantra conocido y repetido por la Consejería, lo que resulta chocante dado que, en gran medida, han sido los gobiernos del Partido Popular los responsables de esta situación, primero reduciendo el número de MIR en toda España durante el periodo de la austeridad (2011-2017; datos del Ministerio de Sanidad), y después, en Andalucía, precarizando las plazas de facultativos en los últimos años (contratos de días a pocos meses), lo que ha provocado una diáspora nunca vista de profesionales fuera de nuestra tierra.

Pero observemos este punto con más detalle:

1) La verdad es que la Consejería no sabe si hay facultativos de las especialidades requeridas disponibles o no, ya que tiene paralizada la inscripción en bolsa de este y otro personal sanitario desde hace 3 años.

2) Indagando los números de MIR adscritos cada año en las especialidades incluidas en este plan, puede decirse que dicho número para la mayoría de ellas oscila entre 25 y 50; no son números pequeños para poder sustentar un plan como el descrito.

3) Una oferta de contrato para plazas estables (al menos por 2 años) en turno de tarde, integrado dentro de Servicios cualificados donde poder seguir formándose, es suficientemente atractiva para los MIR de Andalucía y de otros lugares de España.

4) Es muy posible, además, que, dado el alto número previsible de jubilaciones del personal sanitario andaluz en general, y de los facultativos en particular, estas jubilaciones, en los próximos años, puedan ser rápidamente cubiertas por este personal al terminar sus contratos. En definitiva, no parece que la existencia de personal nuevo para contratar para este plan sea algo inviable sino, más bien, posible y beneficioso.

Un asunto de la mayor importancia es hacer una valoración económica de este plan de turno de tarde, para ver si es factible en el marco económico fijado de 734 millones de euros para 2 años

También podrían aducir que implementar un plan como el propuesto lleva un tiempo, no puede hacerse de la noche a la mañana. A esto habría que responder que las listas de espera están fuera de control desde hace años, y que la presente propuesta (abrir un turno de tarde en 20 hospitales públicos para su eliminación) ya la formuló Marea Blanca y otras organizaciones hace tiempo (2022), sin que el gobierno haya hecho nada al respecto. En cualquier caso, el gobierno, si quiere, puede darse prisa, como ha demostrado en otras ocasiones, para acelerar trámites administrativos.

Pero un asunto de la mayor importancia es hacer una valoración económica de este plan de turno de tarde, para ver si es factible en el marco económico fijado de 734 millones de euros para 2 años. Pues bien, el conjunto de la plantilla descrito en el plan (9 profesionales por 10 especialidades en 20 centros) supondría en números totales 600 contratos de facultativos y del mismo número del personal de enfermería y del de otras categorías necesarias. Si tomamos los salarios de las categorías requeridas incluidos en las tablas de remuneración del SAS y añadimos la Seguridad Social pertinente a los mismos, el gasto total en personal de este sistema al año es algo inferior a los 90 millones de euros. Teniendo en cuenta que el gasto correspondiente a material, fármacos, fungibles y reactivos usados en las actividades sanitarias planteadas suele tener un coste no superior al del gasto en personal, podemos asumir que el coste anual de este plan es seguramente inferior a 180 millones. Como la Consejería lo plantea esencialmente para dos años, su coste total sería como máximo de 360 millones de euros.

¡Oh sorpresa! un plan propuesto para aminorar las listas de espera mediante un turno de tarde desarrollado en centros de la Sanidad Pública, que funcionalmente asumiría las actividades descritas en la oferta actual al sector privado, resulta costar casi la mitad que los 734 millones de euros programados por el gobierno de Moreno Bonilla. ¿Cómo es posible? Muy sencillo: los precios pactados por el actual gobierno con el sector privado para estas actuaciones, aprobados en el reciente Decreto de Tarificaciones en los que dice basarse la estimación de la propuesta actual de la Consejería, incluyen los beneficios exigidos por las empresas del sector privado, costes que no se incluyen en la Sanidad Pública.

Primero se recorta y deteriora la Sanidad Pública y se genera caos y desatención programada, para luego resolverlo mediante la entrega de pingues beneficios al sector privado con el dinero público

Pero ahora la pregunta es ¿por qué el gobierno paga al sector privado una cantidad doble a la que le costaría lo mismo realizado en la Sanidad Pública? Solo se nos ocurre una respuesta: porque el gobierno de Moreno Bonilla, por pura ideología ultraliberal, ha decidido usar el dinero público, que debería resolver el deterioro actual de la Sanidad Pública, para procurar beneficios al sector privado, aunque esto signifique sobrecostes, peor calidad, traslados innecesarios de ciudadanos fuera de Andalucía y posible incumplimiento por saturación previa. Es decir, primero se recorta y deteriora la Sanidad Pública y se genera caos y desatención programada, para luego resolverlo mediante la entrega de pingues beneficios al sector privado con el dinero público. Encima, mucho de este dinero iría a empresas extranjeras que son las dueñas reales del sector privado español, una decisión claramente patriótica.

Y la gente de Marea Blanca y de las Plataformas de Defensa de la Sanidad Pública nos quedamos pensando (soñando) en todo lo que podría hacerse, además, con los 374 millones de euros que todavía sobrarían si se adopta nuestro plan, un dinero que habría que aplicar sin duda a mejorar la devastada Atención Primaria.

Por último, debemos recordar que estudios recientes publicados en Lancet, una revista médica del mayor nivel, revelan que la desviación de fondos de la Sanidad Pública al sector privado, se asocia íntimamente a aumentos de la mortalidad tratable en la población. ¿Tendremos que esperar a que aumente la mortalidad tratable en Andalucía para poner freno a las iniciativas privatizadoras como la que actualmente plantea el gobierno de Moreno Bonilla?

 

Firman : José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado); Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado); Luis González Sanz (facultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; Adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla); Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado); Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

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