Además de conspirar contra el independentismo con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso gestionó de forma indebida los salarios que se abonaban en la entidad (sobre todo el suyo). Así lo ha sentenciado el Tribunal de Cuentas, que ha condenado al juez (a día de hoy en activo) a devolver 82.341,27 euros.

El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia tras el juicio celebrado en el que la Fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) pidieron que De Alfonso, director de este órgano entre 2011 y 2016, devolviese más de 205.000 euros por supuestos cobros indebidos en salarios suyos y de cargos que dependían de él.

En la sentencia, el órgano de cuentas considera que el perjuicio causado fue de 138.240,88 euros, pero la responabilidad ha prescrito en parte de los años en los que se hicieron esos cobros irregulares, por lo que la cantidad que tendrá que devolver De Alfonso queda fijada en 82.341,28 euros.

La sentencia estima de forma parcial la demanda de la Oficina Antifraude, a la que se adhirió la Fiscalía, y determina que durante su etapa en esa entidad, y por orden suya, se pagaron injustificadamente determinadas retribuciones en concepto de trienios a las que no tenían derecho sus perceptores.

Se benefició sobre todo él (119.889,84 euros), pero en menor medida también otras dos personas que en aquellos momentos desempeñaban otros cargos en la Oficina (12.030,78 euros en el caso del responsable de Recursos Humanos y 6.320,26 euros en el de la directora adjunta).

Descontadas las cantidades que se consideran prescritas -las anteriores al 27 de marzo de 2013-, se imputa al exdirector una responsabilidad contable de 71.363 euros por el dinero que cobró él y de 10.978,27 euros por los trienios cobrados indebidamente por los otros empleados.

De Alfonso sigue ocupando a día de hoy una plaza en la carrera judicial. Tras el escándalo de sus conversaciones con Fernández Díaz, abandonó Barcelona y actualmente es el juez de vigilancia penitenciaria de Santander. Su sucesor en la OAC, además de la crisis de imagen en la oficina derivada de la charla entre el ministro y De Alfonso, se encontró con una herencia de mala gestión.

Con su escándalo, De Alfonso torpedeó dos pilares básicos de Antifraude –la rendición de cuentas al Parlament y la confidencialidad de actuaciones– al compartir el contenido de informes y presentándose ante Fernández Díaz como “un cabo de tu cuerpo nacional”.

Más de nueve años después de la crisis que provocó su salida de Antifraude, De Alfonso tendrá que reparar el daño causado a los fondos públicos de la OAC mediante el reintegro de las cantidades que indebidamente se pagaron a las personas mencionadas.

A juicio del órgano de cuentas, en el ejercicio sus funciones, De Alfonso dictó las resoluciones de reconocimiento de antigüedad y trienios y ordenó el pago de las nóminas incluyendo trienios realizados en destinos previos como si lo hubieran sido en la oficina.

La actuación de De Alfonso “se ubica, cuando menos, en el ámbito de la negligencia grave”, sentencia el Tribunal, pues no solo no extremó las precauciones, “sino que, más bien al contrario, ha omitido toda precaución, haciendo completa dejación de sus responsabilidades en materia de gestión económica en el jefe del Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuesto de la Oficina, dejación que, lejos de eximirle de responsabilidad (...), constituye, en sí misma, una actuación gravemente negligente”.

Daniel de Alfonso, el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, que fue grabado conversando con el exministro del Interior sobre las maniobras contra políticos independentistas en el despacho del primero, ha negado tener nada que ver con las grabaciones. “No he grabado, no he custodiado y no he difundido esas conversaciones”, ha dicho en la Comisión de investigación del Congreso, donde también ha asegurado desconocer la existencia “de una policía contra Cataluña”.

De Alfonso ha abierto este miércoles las comparecencias en la Comisión que investiga el uso “partidista” de la Policía bajo el mando de Jorge Fernández Díaz. En su intervención inicial, De Alfonso ha asegurado que no ha escuchado esas grabaciones y que tan solo ha conocido “algunos fragmentos manipulados” reproducidos por los medios de comunicación.

No lo ha hecho, ha explicado, porque se trata de unas grabaciones “ilegal e ilícitamente distribuidas”, y a las que el Parlament dio estatus de prueba al usarlas para destituirle de su puesto. De Alfonso también ha rechazado que participase en ninguna operación contra políticos catalanes. “Yo no conozco ninguna policía contra Cataluña, nadie me ha hablado en términos algunos contra Cataluña y yo no me he casado en política con nadie”, ha sentenciado. “Si existía (la policía política), yo no estaba. En todo caso he sido víctima”, ha añadido.

En una intervención inicial, antes de que los grupos comenzaran a interrogarle, De Alfonso ha advertido de que no contestará a ninguna pregunta sobre el contenido de las grabaciones. El exjefe de la Ofician Antifraude ha dicho que “intuye” que las grabaciones se realizaron “desde dentro” y que espera que el ministro no lo supiera.

Durante el turno de los grupos, el representante del PdeCat (antigua CDC), Sergi Miquel, le ha preguntado si sabe de donde salieron las grabaciones. De Alfonso ha contestado que está convencido que fue alguien de dentro del Ministerio quien grabó, pero no cree que las difundiera nadie de Interior. “Creo en la palabra del ministro, le he oído en un par de ocasiones negar que fuese el autor de las grabaciones”, ha respondido a Mikel Legarda, del PNV.

La tensión ha subido durante la intervención de Gabriel Rufián (ERC) con interrupciones y descalificaciones que han obligado al presidente de la Comisión a cortar las preguntas en varias ocasiones. El tono ha bajado en el turno de Ciudadanos, cuyo portavoz, Miguel Gutiérrez le ha preguntando únicamente por la corrupción en Cataluña y no por las irregularidades en las investigaciones, el objeto de esta Comisión de Investigación.

De Alfonso respondió a las preguntas de algunos grupos intentando poner en un brete a sus interlocutores. Lo hizo con Rufián al asegurar que tenía una excelente relación con Oriol Junqueras (“sabes que te queremos mucho”, asegura De Alfonso que le dijo una vez Junqueras); y también lo hizo al responder a Xavier Domenech, de En Comú Podem, cuando le soltó que se llevaba muy bien con el director de la revista Café amb llet, que es “de su partido”, ha dicho el exjefe de la OAC.

El inspector jefe Fuentes Gago

En varias ocasiones ha salido a colación el nombre del exjefe de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Eugenio Pino. El inspector jefe, hoy destinado en La Haya con un sueldo astronómico, fue el artífice de las visitas de De Alfonso al ministro Fernández Díaz. El exjefe de la OAC reconoció que le conoce hace años, que le tiene “consideración” y “respeto” y que es el policía que le fue a recoger al hotel y le llevó hasta el Ministerio. Hasta el despacho contiguo al del ministro, donde se produjeron las reuniones, le condujo el exjefe de gabinete de Fernández Díaz.

El diputado del PP, José Alberto Martín Toledano, evitó ahondar en las cuestiones referentes a la 'policía política' e insistió a De Alfonso en su afirmación de que nunca ha tenido una relación preferente con un partido político. Martín Toledano insistió en que hay partes de la grabación publicada que están manipuladas, como cuando el ministro afirma “la Fiscalía te lo afina”. El diputado del PP ha respondido él mismo a la pregunta: “No lo dijo, yo le comunico que esa parte se manipuló en la cinta y fue esa parte la que se filtró”.

Les converses entre l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en què tots dos planejaven difondre suposats casos de corrupció contra CDC i ERC per combatre l'auge de l'independentisme tenen tots els números per quedar-se sense recorregut judicial. El Tribunal Suprem ha arxivat la querella contra Fernández Díaz i de Alfonso que va presentar l'antiga Convergència, mentre que la Fiscalia de Barcelona ha fet el mateix amb les diligències que mantenia obertes a l'exdirector d'Antifrau per malversació de cabals públics.

L'alt tribunal no ha admès a tràmit la querella criminal presentada el passat 1 de setembre pel partit que lidera Artur Mas i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, en considerar que no hi ha indicis que Fernández Díaz i d'Alfons haguessin comès delictes de violació de secrets, prevaricació i malversació de fons públics.

Els fets recollits en la querella es referien dues trobades entre l'exministre i l'exdirector d'Antifrau. Segons els querellants, que van denunciar que es van dur a terme “totes les tèrboles maniobres” per les converses mantingudes, l'exdirector de l'Oficina Antifrau estaria cometent un delicte de revelació de secrets en revelar informació confidencial, instigat pel llavors ministre en funcions.

El Parlament va cessar a l'estiu a Daniel de Alfonso del seu càrrec de director de l'OAC. Tots els grups de la Cambra, excepte el PP, van perdre la confiança en de Alfonso després de la difusió de les seves converses amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en què tots dos planejaven difondre suposats casos de corrupció contra CDC i ERC per combatre el auge de l'independentisme.

Arxivada la possible malversació

D'altra banda, la Fiscalia ha arxivat les diligències que va obrir l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, per malversació de cabals, en dubtar de l'“origen lícit” de la gravació de les seves converses amb l'exministre de l'interior, Jorge Fernández Díaz. Segons ha informat el ministeri públic, la Fiscalia de Barcelona considera que no hi ha “elements suficients” que permetin obrir una investigació sobre la possible utilització de fons públics per part de de Alfonso per a fins il·lícits.

La Fiscalia de Barcelona tenia obertes des del passat mes de juliol unes diligències contra de Alfonso. La Fiscalia del Suprem, que va rebre inicialment les denúncies per la condició d'aforat de Fernández Díaz, va demanar a la Fiscalia de Barcelona que investigués si de Alfonso podria haver incorregut en un delicte de malversació, pel mal ús dels fons d'Antifrau que es podia desprendre de les converses.

En el decret d'arxiu, la Fiscalia de Barcelona dóna per acabat el cas en base a un informe policial que conclou que es desconeix “quina persona o persones van efectuar el registre de les converses mantingudes” entre Fernández Díaz i de Alfonso i qui les va difondre.

Segons l'opinió del ministeri públic, no està assegurat el “origen lícit” dels enregistraments, divulgats pel diari Públic, de manera que “no es pot conferir plena validesa al contingut” de les mateixes, als efectes d'obrir una posterior investigació penal.

En la resolució, la Fiscalia sosté que de la informació de què disposa “no s'acrediten elements suficients per obrir una investigació sobre la possible utilització de fons públics per part del director de l'Oficina Antifrau en el que semblen ser atencions particulars”.

Per aquest motiu, el ministeri públic arxiva les diligències per malversació, tot i que adverteix que ho fa “sense perjudici de les comprovacions que a la pròpia Oficina Antifrau de Barcelona li correspongui fer respecte a les despeses comptabilitzades que siguin imputables a l'anterior director i les conclusions que d'aquestes comprovacions es puguin efectuar”.

La interinitat a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha durat un mes. El 29 de juny el Parlament va cessar Daniel de Alfonso per l'escàndol de les seves converses amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i aquest dijous la Cambra ha nomenat el jutge progressista Miguel Ángel Gimeno com a nou director de l'ens anticorrupció. La tasca de Gimeno no és senzilla per la pèrdua de credibilitat que arrossega Antifrau pels seus vincles amb els partits polítics i les investigacions contra formacions independentistes que De Alfonso, presentant-se com “un caporal més del teu cos nacional”, va mostrar a Fernández Díaz.

Gimeno ha rebut l'aval, en una votació que ha estat secreta, de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) i la CUP. En total, 98 vots favorables al seu nomenament, superant sense problemes els 81 suports (les tres cinquenes parts del Parlament) que marca la llei d'Antifrau per escollir el seu director. Ciutadans i PP s'han abstingut.

Els partits han celebrat la celeritat amb la qual la Cambra i el Govern han trobat un substitut a De Alfonso. La CUP, en la línia del que va fer el PSC aquest dimecres, ha posat èmfasi que per passar pàgina, el nou cap de l'OAC ha de cessar a la fins ara directora interina i adjunta a De Alfonso, l'exconvergent Maite Masià (tot i que Gimeno no s'hi va comprometre en la seva presentació davant el Parlament).

Gimeno va recalcar aquest dimecres que Antifrau “no pot ser instrumentalitzada” ni tampoc una eina “de repartiment de càrrecs” polítics. El magistrat, que va ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va reivindicar la seva imparcialitat i va afirmar que té el perfil idoni perquè la ciutadania torni a confiar en Antifrau.

La interinidad en la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha durado un mes. El 29 de junio el Parlament cesó a Daniel de Alfonso por el escándalo de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y este jueves la Cámara ha nombrado al juez progresista Miguel Ángel Gimeno como nuevo director del ente anticorrupción. La tarea de Gimeno no es sencilla dada la pérdida de credibilidad que acarrea Antifrau por sus vínculos con los partidos políticos y las investigaciones contra formaciones independentistas que De Alfonso, presentándose como “un cabo más de tu cuerpo nacional”, mostró a Fernández Díaz.

Gimeno ha recibido el aval, en una votación que ha sido secreta, de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) y la CUP. En total, 98 votos favorables a su nombramiento, superando sin problemas los 81 apoyos (las tres quintas partes del Parlament) que marca la ley de Antifrau para escoger a su director. Ciutadans y PP se han abstenido.

Los partidos han celebrado la celeridad con la que la Cámara y el Govern han encontrado un sustituto a De Alfonso. La CUP, en la línea de lo que hizo el PSC este miércoles, ha hecho hincapié en que para pasar página, el nuevo jefe de la OAC debe cesar a la hasta ahora directora interina y adjunta a De Alfonso, la exconvergente Maite Masià (algo a lo que Gimeno no se comprometió en su presentación ante el Parlament).

Gimeno recalcó este miércoles que Antifrau “no puede ser instrumentalizada” ni tampoco una herramienta “de reparto de cargos” políticos. El magistrado, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), reivindicó su imparcialidad y afirmó que tiene el perfil idóneo para que la ciudadanía vuelva a confiar en Antifrau.

Recuperar la credibilidad de Antifrau. Este es el objetivo que se ha propuesto el futuro director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el juez progresista Miguel Ángel Gimeno. Los diputados han evaluado este miércoles la idoneidad de Gimeno para ocupar el cargo. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se ha mostrado cauto en su intervención (todavía no es el jefe de Antifrau: el Parlament lo nombrará este jueves, con el apoyo de Junts pel Sí, el PSC y seguramente la CUP). Con todo, ha recalcado que Antifrau “no puede ser instrumentalizada” ni tampoco una herramienta “de reparto de cargos” políticos.

El magistrado ha reivindicado su imparcialidad y ha afirmado que tiene el perfil idóneo para que la ciudadanía vuelva a confiar en Antifrau. La OAC se encuentra sumida en una crisis de credibilidad por las conversaciones conspiradoras de su exdirector, Daniel de Alfonso, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como por sus vínculos con los partidos -la actual directora interina, Maite Masià, reconoció que fue militante de Convergència, y en el mes que lleva al frente de la Oficina ha purgado a cuatro directivos.

En este sentido, el diputado del PSC, Ferran Pedret, ha preguntado al candidato si relevará a Masià de número dos y revocará su purga en Antifrau. Gimeno no le ha contestado -todavía no es, formalmente, el jefe de Antifrau-, pero ha señalado que la Oficina debe estar “por encima de cualquier debate político”. En esta línea, Lluís Rabell (Catalunya Sí Que es Pot), le ha instado a llevar a cabo una “reorganización interna” de la Oficina.

Por su lado, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha recordado a Gimeno que su formación no le dará un “cheque en blanco” y le ha pedido que no “banalice” la corrupción. Sólo Junts pel Sí se ha mostrado entusiasta con el nombramiento de Gimeno. “Será un gran director de la OAC”, ha vaticinado el diputado independentista David Bonvehí.

Desde Ciutadans, Carlos Carrizosa ha explicado que su grupo se abstendrá porque no ha tenido el tiempo suficiente para evaluar la idoneidad del candidato. El propio Gimeno ha explicado que hasta este lunes no le dio el 'sí' definitivo a Puigdemont. Tanto Carrizosa como la diputada del PP, Esperanza García, le han recordado que, desde su cargo en el TSJC, pudo seguir de cerca la instrucción del caso contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N. Gimeno ha explicado que se enteró de la mayoría de pasos de la instrucción a través de los medios de comunicación.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha propuesto al juez Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como nuevo jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, para cubrir así la vacante que dejó el recientemente destituido Daniel de Alfonso.

Puigdemont ha trasladado este martes la propuesta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para empezar a sondear al conjunto de grupos parlamentarios si este nombre genera consenso, según ha avanzado El Nacional y han confirmado a este diario fuentes parlamentarias.

Gimeno está encuadrado en el sector progresista de la judicatura y pertenece a la asociación Jueces por la Democracia. El pasado mes de diciembre optó a repetir como presidente del TSJC, pero finalmente el Consejo General del Poder Judicial designó para sustituirlo en el cargo a Jesús María Barrientos.

Daniel de Alfonso fue cesado por el Parlament a finales de junio por sus conversaciones en las que conspiraba contra políticos independentistas junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Su adjunta, Maite Masià, ha asumido la dirección interina de Antifrau.

La gestión de Masià, exmilitante de Convergència, ha causado el estupor y el enfado de los grupos parlamentarios por entender que se ha excedido de sus funciones de directora interina. Masià ha purgado a cuatro directivos mientras que ha mantenido a tres técnicos eventuales, entre ellos a una excandidata de Convergència i Unió a las elecciones europeas.

Por estos motivos los partidos se habían conminado a buscar un relevo rápido en la dirección de Antifrau. Gimeno tendrá que ser avalado por tres quintas partes del Parlament para dirigir Antifrau.

La directora interina de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i exmilitant de Convergència, Maite Masià, ha mantingut en el seu lloc de treball a una empleada eventual de l'Oficina, Susana Cano, que va ser candidata de l'extinta Convergència i Unió (CiU) a les eleccions europees del 2014. En concret, Cano va ocupar el lloc 48 de la llista que els convergents van compartir amb el Partit Nacionalista Basc (PNB) i Coalició Canària (CC). Cano va ser nomenada per Daniel de Alfonso l'abril de 2015 com a “tècnica base” de l'OAC, una feina amb la consideració d'eventual, és a dir, temporal. Precisament la seva condició d'eventual va ser un dels motius que va esgrimir Masià davant del Parlament per explicar la purga sobre quatre directius que ha realitzat des que a finals de juny va assumir el càrrec de directora interina d'Antifrau.

Segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) aquest dilluns, Masià ha ratificat en el seu càrrec a Cano i a dos eventuals més, la tècnica intermèdia Mirta Uribe-Echevaria i el tècnic base Jordi Ribalta. El mateix DOGC publica, tot i això, el cessament de Teodoro Franch com a director d'investigacions de l'OAC donada la seva consideració de personal eventual.

Masià s'ha escudat en un article del decret de personal de la Generalitat per ratificar i cessar els llocs eventuals nomenats per Daniel de Alfonso. L'article 5 de l'esmentat decret especifica que tot personal eventual serà cessat “automàticament, quan cessi en el càrrec l'autoritat que el va nomenar, llevat que se'l ratifiqui expressament”.

Masià ha utilitzat aquesta última part de l'article per mantenir en el càrrec els tres tècnics, mentre que ha fet servir la primera per purgar quatre directius, entre ells a Assumpció Riba, l'excap de gabinet de Daniel de Alfonso i l'encarregada de practicar una auditoria interna sobre les converses conspiradores entre Fernández Díaz i l'excap d'Antifrau, que ha quedat en suspens pel seu cessament.

Fonts parlamentàries consultades apunten que Masià, malgrat que no ha vulnerat la llei, pot haver-se extralimitat en les seves atribucions com a directora interina. Així mateix, han indicat que estudien requerir-li explicacions sobre per què ha cessat alguns eventuals i a altres, per contra, els ha ratificat en el seu càrrec.

La intervenció de Masià davant del Parlament dimecres passat ja va provocar l'enuig de diversos diputats. Van considerar que Masià va mostrar intencions que disten de la mera gestió del dia a dia de l'OAC que correspondria a una directora interina.

I és que Masià va presentar un pla de treball que incloïa canvis de calat en el funcionament de l'Oficina. Per exemple, va explicar que el resultat dels casos en què treballa Antifrau s'interposaria directament en un jutjat d'instrucció en comptes de la Fiscalia, com venia succeint fins ara. Així mateix, va anunciar la creació de comissions formades per tres membres d'Antifrau (un dels quals sempre serà la mateixa Masià) “per avaluar la versemblança de les denúncies” que maneja l'Oficina.

En la mateixa compareixença, Masià va reconèixer que va ser militant de Convergència fins al moment en què va entrar a treballar a l'OAC el 2009. “Sempre vaig ser militant de base, mai vaig tenir cap càrrec”, va al·legar. També va rebutjar que hagués purgat l'OAC malgrat que hagués fet fora quatre alts càrrecs des que va assumir la direcció de l'Oficina a finals de juny. “He apartat quatre persones amb càrrecs eventuals perquè el nou director nomeni la gent de la seva confiança”, va defensar. En aquest sentit, sobre els tres directors de l'organisme –d'Investigació, Anàlisi i Prevenció-, va dir que els va cessar perquè se li van disparar “les alarmes” quan va comprovar que tenien una relació de “connivència molt elevada i incondicional” amb De Alfonso.

La proximitat de Masià a Convergència exemplifica la pèrdua de credibilitat d'Antifrau, que ja venia tocada abans que es revelessin les converses entre De Alfonso i Fernández Díaz. Masià ha assumit càrrecs de responsabilitat en Antifrau en dues etapes: del 2009 al 2011 va ser l'encarregada de fundacions i a partir del 2014 va exercir de directora adjunta. Entre aquests anys va ser directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) al Govern d'Artur Mas.

La directora interina de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) y exmilitante de Convergència, Maite Masià, ha mantenido en su puesto de trabajo a una empleada eventual de la Oficina, Susana Cano, que fue candidata de la extinta Convergència i Unió (CiU) a las elecciones europeas de 2014. En concreto, Cano estuvo en el puesto 48 de la lista que los convergentes compartieron con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC). Cano fue nombrada por Daniel de Alfonso en abril de 2015 como “técnica base” de la OAC, un empleo con la consideración de eventual, es decir, temporal. Precisamente su condición de eventual fue uno de los motivos que esgrimió Masià ante el Parlament para explicar la purga sobre cuatro directivos que ha realizado desde que a finales de junio asumió el cargo de directora interina de Antifrau.

Según ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) este lunes, Masià ha ratificado en su cargo a Cano y a otros dos eventuales, la técnica intermedia Mirta Uribe-Echevarria y el técnico base Jordi Ribalta. El mismo DOGC publica, no obstante, el cese de Teodoro Franch como director de investigaciones de la OAC dada su consideración de personal eventual.

Masià se ha escudado en un artículo del decreto de personal de la Generalitat para ratificar y cesar a los puestos eventuales nombrados por Daniel de Alfonso. El artículo cinco del citado decreto especifica que todo personal eventual será cesado “automáticamente, cuando cese en el cargo la autoridad que lo nombró, salvo que se le ratifique expresamente”.

Masià ha utilizado esta última parte del artículo para mantener en el cargo a los tres técnicos, mientras que ha usado la primera para purgar a cuatro directivos, entre ellos a Assumpció Riba, la exjefa de gabinete de Daniel de Alfonso y la encargada de practicar una auditoría interna sobre las conversaciones conspiradoras entre Fernández Díaz y el exjefe de Antifrau, que ha quedado en suspenso por su cese.

Fuentes parlamentarias consultadas apuntan a que Masià, pese a que no ha vulnerado la ley, puede haberse extralimitado en sus atribuciones como directora interina. Asimismo, han indicado que estudian requerirle explicaciones sobre por qué ha cesado a algunos eventuales y a otros, por contra, les ha ratificado en su cargo.

La intervención de Masià ante el Parlament el pasado miércoles ya provocó el enfado de varios diputados. Consideraron que Masià mostró intenciones que distan de la mera gestión del día a día de la OAC que correspondería a una directora interina.

Y es que Masià presentó un plan de trabajo que incluía cambios de calado en el funcionamiento de la Oficina. Por ejemplo, explicó que el resultado de los casos en que trabaja Antifrau se interpondría directamente en un juzgado de instrucción en vez de a la Fiscalía, como venía sucediendo hasta ahora. Asimismo, anunció la creación de comisiones formadas por tres miembros de Antifrau (uno de los cuales siempre será la misma Masià) “para evaluar la verosimilitud de las denuncias” que maneja la Oficina.

En la misma comparecencia, Masià reconoció que fue militante de Convergència hasta el momento en que entró a trabajar en la OAC en 2009. “Siempre fui militante de base, nunca tuve ningún cargo”, alegó. También rechazó que hubiera purgado la OAC pese a que haya echado a cuatro altos cargos desde que asumió la dirección de la Oficina a finales de junio. “He apartado a cuatro personas con cargos eventuales para que el nuevo director nombre a la gente de su confianza”, defendió. En este sentido, sobre los tres directores del organismo –de Investigación, Análisis y Prevención–, dijo que les cesó porque se le dispararon “las alarmas” cuando comprobó que tenían una relación de “connivencia muy elevada e incondicional” con De Alfonso.

La cercanía de Masià a Convergència ejemplifica la pérdida de credibilidad de Antifrau, que ya venía tocada antes de que se revelaran las conversaciones entre De Alfonso y Fernández Díaz. Masià ha asumido cargos de responabilidad en Antifrau en dos etapas: de 2009 a 2011 fue la encargada de fundaciones y a partir de 2014 ejerció de directora adjunta. Entre estos años fue directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) en el Govern de Artur Mas.

Ya vuelve a ser juez el individuo que pretendía dar, en connivencia con un ministro, una estocada mortal a un enemigo político. Un personaje, De Alfonso, que conspiraba contra los enemigos y daba consejos de como usar a la Fiscalía para que las filtraciones sobre Trías fueran más efectivas. Fue cesado por su inaceptable actitud y ya no será más la cabeza visible de la lucha contra el fraude en Cataluña pero, a cambio, podrán verlo impartiendo justicia en la Audiencia de Barcelona de forma perfectamente legal. Ese es el problema.

El caso de De Alfonso es uno más que se suma a una lista cada vez más abultada de jueces trasvasados de la carrera a la política y vuelta. Lo duro es lo de la vuelta porque que se fueran a la política sería una decisión libre como la de cualquier ciudadano. Lo cierto es que no quieren perder “el puesto” y se han ido buscando las artimañas legales para asegurarse una retirada si las cosas no les iban bien. Es decir que han conseguido no arriesgar nada porque lo único que se arriesga es la idea de la imparcialidad.

Las puertas giratorias en el mundo de la judicatura y la Fiscalía han sido amplias. Así, ahora mismo, además de al ínclito De Alfonso juzgando en Barcelona, tenemos en la Audiencia Nacional a tres de los seis jueces centrales de Instrucción con “antecedentes” de cargo político. Matas, Velasco y Lamela. PSOE y PP. El propio presidente del Tribunal Supremo fue director general de Justicia con Aznar. Y suma y sigue. Robles, Bermejo,Fernández de la Vega, Camacho, todos volvieron a las carreras judicial o fiscal. Garzón después de su frustrado paso por la Secretaría de Estado que le dejó sin ser ministro. Cada uno se ocupó de ir despejando el campo por si le tocaba volver a encajarse. Victoria Rosell ha sido candidata y diputada por Podemos y ahora ha vuelto a la judicatura. Todo esto nos deja un rastro de jueces de los que no intuimos sino que conocemos su ideología y que, además, han estado inmersos dentro del aparato partidista. Imparcialidad.

Todo esto en insostenible en el modelo de judicatura que se adoptó en la Constitución de 1978. En aquel debate triunfó el modelo conservador de juez. Un juez que debía ser apolítico conforme a la visión del constitucionalismo liberal recibida y no a la herencia republicana. En un debate que tuvo lugar el 8 de junio de 1978, se plasmó esa tendencia conservadora mayoritaria a que los jueces sean ideológicamente asexuados como ángeles. Los representantes de AP y UCD se opusieron denodadamente a la posible militancia política de los jueces. De La Fuente -ex ministro de Franco- se mostró muy preocupado en su intervención por la independencia de una Justicia “que debía quedar alejada de toda politización”. Ya lo había aprendido bien de Paco: “Haga como yo, no se meta en política”. Según él los peligros de politización podían proceder del nombramiento de los miembros del CGPJ y de la pertenencia de jueces y magistrados a partidos políticos y sindicatos. López Rodó abundó en su intervención señalando que “la independencia judicial se haría ilusoria si siguiera existiendo un margen de discrecionalidad en los nombramientos judiciales”. Subrayo que dijo “siguiera” porque era evidente que eso es lo que había sucedido durante el franquismo como sucede ahora. Durante el franquismo, tras la fase de depuración de no adictos , tal y como en Turquía, las plazas se cubrieron según los dictados del Ejecutivo.El presidente del Tribunal Supremo era nombrado directamente por el jefe del Estado. Ahora, ya saben, lo eligen los vocales pero siempre sabemos a quién va a designar el presidente del Gobierno incluso antes de que lo sepan los que han de elegirle. De traca, vamos. En la época franquista, el paso durante algunos años por puestos de gestión y de confianza era el mejor paso para llegar al Tribunal Supremo. Recuerdo otra vez a Lesmes, no puedo evitarlo.

Durante aquel debate fueron Roca (de Minoría Catalana) ,Castellano (PSOE) y Solé (Grupo Comunista) los que defendieron la posibilidad de que los jueces pudieran afiliarse a partidos y sindicatos. Roca Junyent consideró desfasada tal prohibición e improcedente por razones prácticas “puesto que la ausencia de una militancia formal no impedirá a un juez compartir la ideología de un partido”. Así sucedía en la República. Los jueces podían afiliarse pero tenían terminantemente prohibido tener cualquier cargo ni en la estructura del partido ni político. Ahora estamos en el peor de los mundos posibles. Tenemos jueces que no pueden afiliarse pero de los que acabamos conociendo su ideología y que, además, pueden aceptar cargos políticos y luego volver a la judicatura. Tal panorama hubiera llenado de espanto a los constituyentes.

Roca argumentó muy bien por qué no resultaba apropiado limitar esos derechos para propiciar “la adscripción clandestina y secreta” o la de facto que contemplamos ahora. Solé Barberá, del Grupo Comunista, fue más allá y se opuso a cualquier limitación de los derechos políticos, de pensamiento o sindicales de los magistrados.

Un debate semejante se produjo en Alemania al terminar el nazismo y la solución fue la contraria a la adoptada en España. No se pasó de recomendar a los jueces que “su comportamiento en actividades políticas no ponga en peligro la confianza en su independencia”. Los jueces norteamericanos o anglosajones tampoco tienen problemas con que se conozca su libre adscripción ideológica y política.

Fueron los conservadores los que forzaron la adopción en España de una solución irreal. Los jueces tienen sexo y, claro, también ideología. Pero el modelo constitucional que se diseñó es el que existe. Sin un cambio de la Constitución no queda otro remedio que mantener esa falacia del juez neutral y apolítico. Lo que no me vale es una cosa y su contraria que es lo que tenemos ahora. Un juez apolítico que asciende políticamente y que va a la política y vuelve como Pedro por su casa. Un juez que no puede sindicarse pero unas asociaciones judiciales que actúan como lobbies de poder.

Así que aclarémonos. O mantenemos este modelo angelical y entonces endurecemos las normas de vuelta a la judicatura después de haberla abandonado o bien introducimos un modelo más real y le ponemos las normas de transparencia y control necesarias.

Lo de De Alfonso es otra cosa. Ese hombre que se proclamó en voz alta “honorable” en el Parlament, no lo es para juzgar a otros. Diga lo que diga la Ley.

La reincorporación de De Alfonso a la carrera judicial es una mala noticia, para la Judicatura y para la ciudadanía, porque no se puede pasar de cabo de una policía política a Juez independiente e imparcial

En momentos en que muchas instituciones están siendo abiertamente cuestionadas por un amplio sector de la ciudadanía no deja de causar sorpresa que una persona como Daniel De Alfonso pueda volver a ser Juez, mejor dicho, reincorporase a la carrera Judicial después del escándalo de la difusión de sus conversaciones con el Ministro Jorge Fernández Díaz; para algunos estamos ante un caso más de “puerta giratoria” pero creo que el problema es mucho más profundo.

El Consejo General del Poder Judicial lo ha autorizado en base a una aplicación estricta de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial pero, seguramente, no se han tenido en consideración otros aspectos que, sin duda, desaconsejan que una persona como De Alfonso se reincorpore a la función jurisdiccional; y esto, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que puedan derivarse de las conversaciones que todos hemos escuchado, o, simplemente, al CGPJ no le quedó más remedio que acatar la Ley lo que no implica que los ciudadanos comprendamos y aceptemos tal decisión fácilmente.

Los problemas generados a partir de su reincorporación a la carrera judicial se mueven en dos ámbitos: el primero el ético o moral y, el segundo, el ámbito legal de intensidad constitucional. Lo analizaremos.

Cuando los ciudadanos acuden ante la Justicia buscan, entre otras cosas, que sus intereses sean tutelados por personas que, en principio, se rigen por una serie de principios, valores y de las que se espera un elevado nivel de solvencia no solo técnica sino, también, moral. Las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso son lo suficientemente claras para poner en duda que este reincorporado Juez tenga esa solvencia moral que los ciudadanos demandan de la Judicatura.

Una persona que estaba planificando, siempre presuntamente, la utilización espuria de los medios del Estado para generar falsas causas penales en contra de sus adversarios políticos es, sin duda, alguien que dista mucho de reunir las características que se esperan de un Juez.

Pero junto a lo anterior surgen, y ya en el plano de la legalidad constitucional, dos problemas que, al igual que el anterior, tienen difícil solución, como son el respeto a la independencia del poder judicial y la garantía de imparcialidad que se le presume a todo Juez, que son dos caras de la misma moneda.

Según el artículo 117.1 de la vigente Constitución “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. En el caso de Daniel De Alfonso existen sobradas evidencias de que si hay algo de lo que también carece es de independencia, sus serviles manifestaciones evidencian que está, como mínimo, al servicio de Fernández Díaz y de su particular visión de lo que ha de ser la policía en un sistema democrático.

Sin independencia es imposible que la Justicia actúe pero, sobre todo, es improbable que se logre generar una imagen y sensación de confianza hacia uno de los poderes del Estado que, a fecha actual, resulta ser uno de los más cuestionados por la ciudadanía, tratándose, seguramente, de una percepción errónea que solo se refiere a las grandes instancias judiciales pero no a los miles de jueces que, día a día, cumplen con su deber constitucional en precarias condiciones.

Por otra parte, y dentro de los problemas de ámbito constitucional, debemos tener presente que los ciudadanos, en todo tipo de procesos judiciales, tienen reconocido en la Constitución el denominado “Derecho al Juez Imparcial” y esa imparcialidad no solo tiene que ser efectiva sino, como tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de ser, igualmente, percibida. Dudo que cualquier persona que se acerque a un Tribunal donde esté De Alfonso pueda percibir esa sensación de “imparcialidad”.

Es imposible sostener la imparcialidad de alguien que sabemos está dispuesto a plegarse, y se ha plegado, a los intereses espurios de un Ministro del Interior digno de una república bananera; la sombra de desconfianza hacia De Alfonso será tan alargada que impedirá que nadie, por muy nimio que sea su pleito, pueda sentirse tutelado por alguien dispuesto a servir a cualquiera en lugar de a Themis.

De todo lo que hemos escuchado decir a De Alfonso, lo más patético y que entraña un mayor desvalor impropio de ningún Juez es cuando, servilmente, le dijo a Fernández Díaz: “Considérame un cabo de tu cuerpo nacional”. La misma no tiene desperdicio y necesita ser analizada desde la perspectiva de lo que aquí estoy planteando.

Un Juez, que ha de ser necesariamente independiente, no puede, jamás, plantearse ser “un cabo” de nadie, mucho menos de un político porque ello, tal cual digo, genera un quebranto de dimensiones constitucionales.

Un Juez, que ha de ser obligatoriamente imparcial, no puede servir a un amo distinto que la Ley y, en el fondo, De Alfonso estaba haciendo era un juramento de vasallaje y lealtad a un político de cuya catadura moral hemos tenido sobrados antecedentes en estos años.

Un juez, que cumulativamente ha de ser independiente e imparcial y estar sometido exclusivamente al imperio de la Ley, no puedo ofrecerse a ser un vasallo de una policía política - “…de tu cuerpo nacional”; no olvidemos que el Cuerpo Nacional de Policía no es propiedad de nadie sino una institución, a fecha actual muy vapuleada, que ha de actuar, igualmente, bajo los principios de legalidad e imparcialidad al servicio de los ciudadanos.

En resumidas cuentas, la reincorporación de De Alfonso a la carrera judicial es una mala noticia, para la Judicatura y para la ciudadanía, porque no se puede pasar de cabo de una policía política a Juez independiente e imparcial. Sin duda, y así lo veremos, el resto de su carrera se convertirá en una sucesión permanente de recusaciones todas las cuales podrán ser sustentadas en sus propias manifestaciones y actos de vasallaje impropios de quien ha de administrar justicia.

L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, ha signat aquest divendres el seu reingrés com a magistrat de l'Audiència de Barcelona per anar-se'n posteriorment de vacances. De Alfonso no es reincorporarà a la seva tasca com a jutge fins després de l'estiu, han informat fonts judicials.

De Alfonso ha acudit aquest matí a l'Audiència de Barcelona, on hi ha accedit per una porta lateral per esquivar la premsa que des de primera hora esperava la seva arribada, en l'últim dia del termini previst perquè signés el seu reingrés com a magistrat, que va ser acordat aquest dijous pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

De Alfonso, que va ser destituït pel Parlament com a director d'Antifrau el 29 de juny passat arran de la divulgació de les seves converses amb el ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acudit a l'Audiència de Barcelona, ha signat el seu reingrés com a jutge i ha marxat. Complert el tràmit, la intenció de De Alfonso és reincorporar-se de forma plenament operativa a la seva plaça com a magistrat a la secció setena de l'Audiència de Barcelona després de les vacances d'estiu.

A més de parlar d'investigacions “febles” contra polítics independentistes com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en els enregistraments De Alfonso es presenta davant Fernández Díaz com “un caporal més de teu cos nacional”. Per tot això el Parlament va cessar-lo set dies després que es revelessin les seves converses, amb el suport de tots els grups excepte el PP.

El CGPJ no podia fer altra cosa que tornar la seva plaça de jutge a Daniel de Alfonso. La Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) assegura a aquest magistrat en excedència reserva de plaça a l'Audiència Provincial de Barcelona i no preveu suspensions si no existeix contra ell ordre d'ingrés a presó preventiva o causa en fase de processament. Les investigacions contra De Alfonso es troben encara molt lluny de tots dos supòsits.

El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, ha firmado este viernes su reingreso como magistrado de la Audiencia de Barcelona para irse posteriormente de vacaciones. De Alfonso no se reincorporará a su labor como juez hasta después del verano, han informado fuentes judiciales.

De Alfonso ha acudido esta mañana a la Audiencia de Barcelona, donde ha accedido por una puerta lateral para esquivar a la prensa que desde primera hora aguardaba su llegada, en el último día del plazo previsto para que firmara su reingreso como magistrado, que fue acordado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De Alfonso, que fue destituido por el Parlament como director de Antifraude el pasado 29 de junio a raíz de la divulgación de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acudido a la Audiencia de Barcelona, ha firmado su reingreso como juez y se ha marchado. Cumplido el trámite, la intención de De Alfonso es reincorporarse de forma plenamente operativa a su plaza como magistrado en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona tras las vacaciones de verano.

Además de hablar de investigaciones “débiles” contra políticos independentistas como el líder de ERC, Oriol Junqueras, en las grabaciones De Alfonso se presenta ante Fernández Díaz como “un cabo más de tu cuerpo nacional”. Por todo ello el Parlament cesó a De Alfonso siete días después de que se revelaran sus conversaciones, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

El CGPJ no podía hacer otra cosa que devolver su plaza de juez a Daniel de Alfonso. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) asegura a este magistrado en excedencia reserva de plaza en la Audiencia Provincial de Barcelona y no prevé suspensiones si no existe contra él orden de ingreso en prisión preventiva o causa en fase de procesamiento. Las investigaciones contra De Alfonso se encuentran todavía muy lejos de ambos supuestos.

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l'òrgan de govern dels jutges, ha acordat aquest dijous el retorn a la carrera judicial de l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, cessat pel Parlament per les seves converses en què conspirava contra polítics independentistes amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Així, De Alfonso tornarà a l'Audiència de Barcelona, on duia a terme la seva tasca com a magistrat en la secció setena abans de demanar una excedència per ser director d'Antifrau el 2011.

A més de parlar d'investigacions “dèbils” contra polítics independentistes com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en les seves gravacions De Alfonso es presenta davant Fernández Díaz com “un caporal més del teu cos nacional”. Per tot això el Parlament va cessar De Alfonso set dies després que Público revelés les seves converses, amb el suport de tots els grups excepte el PP.

El CGPJ no podia fer una altra cosa que tornar la seva plaça de jutge a Daniel de Alfonso. La Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) assegura a aquest magistrat en excedència la reserva de plaça a l'Audiència Provincial de Barcelona i no preveu suspensions si no existeix contra ell una ordre d'ingrés a presó preventiva o causa en fase de processament. Les investigacions contra De Alfonso es troben encara molt lluny d'aquests dos supòsits.

De Alfonso tenia reservada plaça a l'Audiència de Barcelona, on es trobava en situació de serveis especials, de manera que ara l'òrgan de govern dels jutges ha acordat el seu reingrés en aquesta plaça en compliment de l'article 355 de la Llei orgànica del poder judicial, que regula aquesta condició.

Segons aquest mateix precepte, De Alfonso ha d'incorporar-se a la seva plaça en la secció setena de l'Audiència de Barcelona dins els vint dies hàbils següents al seu cessament com a director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que va ser acordat pel ple del Parlament el 29 de juny passat.

L'actuació de De Alfonso es troba sotmesa a investigació després que, el 14 de juliol passat, la Fiscalia del Tribunal Suprem encomanés als departaments provincials de Madrid i Barcelona l'obertura de diligències informatives per aclarir si va poder cometre delictes de revelació de secrets i de malversació de cabals públics en relació amb les converses al despatx de Fernández Díaz.

A més, el PSC va presentar una querella contra l'exdirector d'Antifrau després que De Alfonso assenyalés el partit socialista com el suposat autor de la filtració de les seves converses amb Fernández Díaz.

D'altra banda, les diferents associacions de jutges havien advertit de les conseqüències negatives per a la credibilitat de la judicatura si De Alfonso reingressava a la carrera judicial. “Acceptar un càrrec polític o de confiança comporta la pèrdua de l'aparença d'independència i imparcialitat que requereix l'exercici de la jurisdicció”, va assenyalar la conservadora d'Associació Professional de la Magistratura (APM).

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha acordado este jueves la vuelta a la carrera judicial del exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel De Alfonso, cesado por el Parlament por sus conversaciones en las que conspiraba contra políticos independentistas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Así, De Alfonso volverá a la Audiencia de Barcelona, donde desempañaba su labor como magistrado en la sección séptima antes de pedir una excedencia para ser director de Antifrau en 2011.

Además de hablar de investigaciones “débiles” contra políticos independentistas como el líder de ERC, Oriol Junqueras, en las grabaciones De Alfonso se presenta ante Fernández Díaz como “un cabo más de tu cuerpo nacional”. Por todo ello el Parlament cesó a De Alfonso siete días después de que Público revelara sus conversaciones, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

El CGPJ no podía hacer otra cosa que devolver su plaza de juez a Daniel de Alfonso. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) asegura a este magistrado en excedencia reserva de plaza en la Audiencia Provincial de Barcelona y no prevé suspensiones si no existe contra él orden de ingreso en prisión preventiva o causa en fase de procesamiento. Las investigaciones contra De Alfonso se encuentran todavía muy lejos de ambos supuestos.

De Alfonso tenía reservada plaza en la Audiencia de Barcelona, donde se encontraba en situación de servicios especiales, por lo que ahora el órgano de gobierno de los jueces ha acordado su reingreso en esa plaza en cumplimiento del artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula esta condición.

Según ese mismo precepto, De Alfonso debe incorporarse a su plaza en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona dentro de los veinte días hábiles siguientes a su cese como director de la Oficina Antifrau de Catalunya, que fue acordado por el pleno del Parlament catalán el pasado 29 de junio.

La actuación de De Alfonso se encuentra sometida a investigación después de que, el pasado 14 de julio, la Fiscalía del Tribunal Supremo encomendara a los departamentos provinciales de Madrid y Barcelona la apertura de diligencias informativas para aclarar si pudo cometer delitos de revelación de secretos y de malversación de caudales públicos en relación con las conversaciones en el despacho de Fernández Díaz.

Además, el PSC presentó una querella contra el exdirector de Antifrau después de que De Alfonso señalara al partido como el supuesto autor de la filtración de sus conversaciones con Fernández Díaz.

Por otro lado, los propios jueces habían advertido de las consecuencias negativas para la credibilidad de la judicatura si De Alfonso reingresaba en la carrera judicial. “Aceptar un cargo político o de confianza conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción”, señaló la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La directora interina de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Maite Masià, que ha substituït Daniel de Alfonso després del seu cessament, ha reconegut aquest dimecres que va ser militant de Convergència fins al moment en què va entrar a treballar a l'OAC el 2009. “Sempre vaig ser militant de base, mai vaig tenir cap càrrec”, s'ha defensat davant el Parlament. Així mateix, ha rebutjat que hagi purgat l'OAC malgrat que ha fet fora a quatre alts càrrecs des que va assumir la direcció de l'oficina a finals de juny. “No he tocat l'estructura. He apartat a quatre persones amb càrrecs eventuals perquè el nou director nomena a la gent de la seva confiança”, ha al·legat.

La proximitat de Masià a Convergència exemplifica la pèrdua de credibilitat d'Antifrau, que ja venia tocada abans que es revelessin les converses entre De Alfonso i el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Masià ha assumit càrrecs de responsibilitat a Antifrau en dues etapes: de 2009 a 2011 va ser l'encarregada de fundacions i a partir de 2014 va exercir de directora adjunta. Entre aquests anys va ser directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) al Govern de Mas.

Els partits han inquirit a Masià sobre la seva vinculació a Convergència i com li ha afectat a l'hora de fer la seva tasca amb Antifrau. I és que Masià està esquitxada pels dos majors casos de corrupció més recents que afecten Convergència: el cas Palau i el cas ITV, en el qual està imputat Oriol Pujol, fill de l'expresident Jordi Pujol.

En la seva primera etapa a Antifrau, Masià va elaborar un informe per a la comissió d'investigació del cas Palau del Parlament en què va dir que no es podia afirmar “amb la rotunditat exigible” que Convergència s'hauria finançat amb els diners del Palau de la Música, al contrari del que va concloure la instrucció judicial. En aquest sentit, Masià, a preguntes dels grups, ha assenyalat que es va limitar a actuar “d'observadora” a la comissió d'investigació.

D'altra banda, Masià apareix en els enregistraments del cas ITV, tot i que ha recordat que durant la fase d'instrucció mai se l'ha cridat a declarar. Ha negat qualsevol implicació en el cas, i ha assenyalat que l'Institut Català d'Energia “no té competències en el tema de les ITV”. La diputada del PP, Esperanza García, li ha recordat que apareix en el sumari del cas, quan Sergi Alzina, l'empresari clau del cas ITV, es refereix a ella com “aquesta noia de l'ICAEN que és molt amiga meva i està molt disposada .

Masià ha explicat la seva vinculació amb els implicats del cas ITV. D'Oriol Pujol ha dit que el va conèixer el 2001, quan era secretari d'indústria del Govern i Masià treballava en el sector privat en una empresa que es dedicava a avaluar l'impacte ambiental dels purins. “Vaig rebre a representants de totes les administracions”, ha defensat.

Sobre Sergi Alsina ha dit que es van conèixer quan li va demanar una reunió amb un soci seu “sobre regulació de temes d'energia”. D'altra banda, Masià ha explicat que coneix “a títol personal perquè és el germà d'un amic” a Jordi Puig, germà de l'exconseller Felip Puig i exsoci de Jordi Pujol Ferrusola.

Masià justifica la seva purga a Antifrau

Tots els partits excepte Junts pel Sí han qüestionat que Masià sigui la persona indicada per estar al capdavant d'Antifrau. No només pel seu passat convergent, sinó també perquè en només quinze dies de directora interina ha purgat quatre directius.

La directora interina ha justificat que hagi destituït a la cap de gabinet perquè “no va reconèixer” la seva autoritat quan va assumir el càrrec. Sobre els tres directors de l'organisme -d'Investigació, Anàlisi i Prevenció-, ha dit que els ha cessat perquè se li van disparar “les alarmes” quan va comprovar que tenien una relació de “connivència molt elevada i incondicional” amb De Alfonso.

L'excap de gabinet de Daniel de Alfonso a l'Oficina Antifrau (OAC), Assumpció Riba, ha replicat a Masià acusant-la de haver pres “represàlies” injustificades contra treballadors de l'oficina. Riba era l'encarregada de pilotar l'auditoria interna sobre les converses entre Fernández Díaz i De Alfonso, que ha quedat en suspens pel seu cessament.

A excepció de Junts pel Sí, tots els partits ha retret a Masià la seva purga. Ciutadans, PSC i PP han advertit que no reuneix el perfil idoni per al càrrec, mentre que CSQP i la CUP fins i tot han demanat la seva dimissió immediata. Masià ha tornat la pilota als partits recordant que no són capaços d'acordar el seu relleu: “Vostès tenen la paella pel mànec per nomenar un nou director”.

A més, Masià ha evitat respondre les peticions de dimissió i s'ha limitat a afirmar que és habitual a Antifrau que els que militen en un partit trenquin el carnet quan ingressen a l'organisme, com a “mostra de tenir un comportament ètic correcte”.

Davant la insistència dels grups perquè es posicionés sobre l'actuació de De Alfonso, Masià ha afirmat que pensava com la majoria de la cambra: “Estic en desacord amb el que va fer aquest senyor”.

Amb tot, Masià ha reconegut als grups des que es van revelar les gravacions amb el ministre fins que el Parlament el va cessar, De Alfonso “entrava i sortia” d'Antifrau. Durant aquesta setmana, Masià ha garantit als diputats que “va vetllar” perquè no desaparegués cap informació de l'Oficina.

La directora interina de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Maite Masià, que ha sustituido a Daniel de Alfonso tras su cese, ha reconocido este miércoles que fue militante de Convergència hasta el momento en que entró a trabajar en la OAC en 2009. “Siempre fui militante de base, nunca tuve ningún cargo”, se ha defendido ante el Parlament. Asimismo, ha rechazado que haya purgado la OAC pese a que ha echado a cuatro altos cargos desde que asumió la dirección de la oficina a finales de junio. “No he tocado la estructura. He apartado a cuatro personas con cargos eventuales para que el nuevo director nombre a la gente de su confianza”, ha alegado.

La cercanía de Masià a Convergència ejemplifica la pérdida de credibilidad de Antifrau, que ya venía tocada antes de que se revelaran las conversaciones entre De Alfonso y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Masià ha asumido cargos de responsibilidad en Antifrau en dos etapas: de 2009 a 2011 fue la encargada de fundaciones y a partir de 2014 ejerció de directora adjunta. Entre estos años fue directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN) en el Govern de Mas.

Los partidos han inquirido a Masià sobre su vinculación a Convergència y cómo le ha afectado a la hora de desempeñar su labor en Antifrau. Y es que Masià está salpicada por los dos mayores casos de corrupción más recientes que afectan a Convergència: el caso Palau y el caso ITV, en el que está imputado Oriol Pujol, hijo del expresident Jordi Pujol.

En su primera etapa en Antifrau, Masià elaboró un informe para la comisión de investigación del caso Palau del Parlament en el que dijo que no se podía afirmar “con la rotundidad exigible” que Convergència se habría financiado con el dinero del Palau de la Música, al contrario de lo que concluyó la instrucción judicial. En este sentido, Masià, a preguntas de los grupos, ha señalado que se limitó a actuar “de observadora” en la comisión de investigación.

Por otro lado, Masià aparece en las grabaciones del caso ITV, aunque ha recordado que durante la fase de instrucción nunca se la ha llamado a declarar. Ha negado cualquier implicación en el caso, y ha señalado que el Instituto Catalán de Energía “no tiene competencias en el tema de las ITV”. La diputada del PP, Esperanza García, le ha recordado que aparece en el sumario del caso, cuando Sergi Alzina, el empresario clave del caso ITV, se refiere a ella como “esa chica del ICAEN que es muy amiga mía y está muy dispuesta”.

Masià ha explicado su vinculación con los implicados del caso ITV. De Oriol Pujol ha dicho que le conoció en 2001, cuando era secretario de industria del Govern y Masià trabajaba en el sector privado en una empresa que se dedicaba a evaluar el impacto ambiental de los purines. “Recibí a representantes de todas las administraciones”, ha defendido.

Sobre Sergi Alsina ha dicho que se conocieron cuando le pidió una reunión con un socio suyo “sobre regulación de temas de energía”. Por otro lado, Masià ha explicado que conoce “a título personal porque es el hermano de un amigo” a Jordi Puig, hermano del exconseller Felip Puig y exsocio de Jordi Pujol Ferrusola.

Masià justifica su purga en Antifrau

Todos los partidos salvo Junts pel Sí han cuestionado que Masià sea la persona indicada para estar al frente de Antifrau. No sólo por su pasado convergente, sino también porque en sólo quince días de directora interina ha purgado a cuatro directivos.

La directora interina ha justificado que haya destituido a la jefa de gabinete porque “no reconoció” su autoridad una vez asumido el cargo. Sobre los tres directores del organismo -de Investigación, Análisis y Prevención-, ha dicho que les ha cesado porque se le dispararon “las alarmas” cuando comprobó que tenían una relación de “connivencia muy elevada e incondicional” con De Alfonso.

La exjefa de gabinete de Daniel de Alfonso en la Oficina Antifraude (OAC), Assumpció Riba, ha replicado a Masià acusándola de haber tomado “represalias” injustificadas contra trabajadores de la oficina. Riba era la encargada de pilotar la auditoría interna sobre las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso, que ha quedado en suspenso por su cese.

A excepción de Junts pel Sí, todos los partidos ha afeado a Masià su purga. Ciutadans, PSC y PP han advertido de que no reúne el perfil idóneo para el cargo, mientras que CSQP y la CUP incluso han pedido su dimisión inmediata. Masià ha devuelto la pelota a los partidos recordando que no son capaces de acordar su relevo: “Ustedes tienen la sartén por el mango para nombrar a un nuevo director”.

Además, Masià ha evitado responder a las peticiones de dimisión y se ha limitado a afirmar que es habitual en Antifraude que quienes militan en un partido rompan el carné cuando ingresan en el organismo, como “muestra de tener un comportamiento ético correcto”.

Ante la insistencia de los grupos para que se posicionara sobre la actuación de De Alfonso, Masià ha afirmado que pensaba como la mayoría de la cámara: “Estoy en desacuerdo con lo que hizo este señor”.

Con todo, Masià ha reconocido a los grupos desde que se revelaron las grabaciones con el ministro hasta que el Parlament le cesó, De Alfonso “entraba y salía” de Antifrau. Durante esa semana, Masià ha garantizado a los diputados que “veló” para que no desapareciera ninguna información de la Oficina.

El secretari general del Grup Planeta, Lluís Elías, ha negat aquest dimecres qualsevol relació del seu grup mediàtic amb les converses on el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, apareixen conspirant contra polítics independentistes. En la seva compareixença davant del Parlament, Elías ha explicat que el cap de seguretat de Planeta, Antonio López, es va negar a practicar “una investigació” que li havia proposat De Alfonso -encara que no ha concretat sobre qui o quin partit versava. “Planeta es dedica únicament als seus negocis”, ha conclòs.

Elías ha explicat que De Alfonso va demanar una reunió a López ja que “es coneixien” de l'època on l'exdirector d'Antifrau era jutge i López treballava com a comissari de la Policia a Barcelona. “De Alfonso li va plantejar la possibilitat de fer una investigació i el senyor López li va dir que no, que ell es dedicava a Planeta”, ha afegit sense més concreció.

En les gravacions, revelades per Público, s'escolta una llarga conversa entre Fernández Díaz i De Alfonso, on el segon explica que està investigant l'entorn familiar de Junqueras a la recerca d'escàndols que puguin ser publicats en mitjans del grup Planeta. De Alfonso afegeix: “Jo estic intentat convèncer ara al Grup Planeta perquè em faci una investigació”.

Aquest fragment de les gravacions ha servit als grups parlamentaris per expressar la seva preocupació sobre si el Grup Planeta hauria jugat un paper, ja sigui mitjançant la investigació directa o la publicació d'informacions, en l'estratègia esbossada per De Alfonso i Fernández Díaz per perjudicar polítics independentistes. “Mai hem col·laborat amb el senyor d'Alfonso ni cap institució semblant”, ha afirmat Elías.

“De les converses es dedueix que Planeta investiga per Antifrau o per Interior”, ha afirmat el diputat de Junts pel Sí, Roger Torrent. “Per què en les converses es diu que el senyor Antonio López és un home de la Policia?”, ha abundat.

“No ens sorprèn la connexió del Grup Planeta amb la política”, ha dit la diputada de la CUP, Anna Gabriel. Per la seva banda, el diputat del PSC, Ferran Pedret, ha qualificat de “privatització insòlita” el fet que Planeta hagués pogut investigar per suggeriment de De Alfonso.

“Estan magnificant el que ha va fer el senyor López” ha respost Elías, que ha volgut desvincular el seu cap de seguretat dels moviments de l'excap d'Antifrau: “López i De Alfonso són coneguts, no arriben al nivell d'amics. Si De Alfonso li diu 'escolta, m'agradaria veure't', doncs entenc que López ho faci. És quan li proposa fer una investigació que López li diu que no. La extralimitació s'hagués produït si l'hagués acceptat”.

El secretario general del Grupo Planeta, Lluís Elías, ha negado este miércoles cualquier relación de su grupo mediático con las conversaciones en que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, aparecen conspirando contra políticos independentistas. En su comparecencia ante el Parlament, Elías ha explicado que el jefe de seguridad de Planeta, Antonio López, se negó a practicar “una investigación” que le había propuesto De Alfonso -aunque no ha concretado sobre quién o qué partido versaba. “Planeta se dedica únicamente a sus negocios”, ha zanjado.

Elías ha explicado que De Alfonso pidió una reunión a López ya que “se conocían” de la época en que el exdirector de Antifrau era juez y López trabajaba como comisario de la Policía en Barcelona. “De Alfonso le planteó la posibilidad de hacer una investigación y el señor López le dijo que no, que él se dedicaba a Planeta”, ha añadido sin más concreción.

En las grabaciones, reveladas por Público, se escucha una larga conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso, en el que el segundo explica que está investigando el entorno familiar de Junqueras en busca de escándalos que puedan ser publicados en medios del grupo Planeta. De Alfonso añade: “Yo estoy intentado convencer ahora al Grupo Planeta para que me haga una investigación”.

Este fragmento de las grabaciones ha servido a los grupos parlamentarios para expresar su preocupación sobre si el Grupo Planeta habría jugado un papel, ya sea mediante la investigación directa o la publicación de informaciones, en la estrategia esbozada por De Alfonso y Fernández Díaz para perjudicar a políticos independentistas. “Nunca hemos colaborado con el señor de Alfonso ni ninguna institución similar”, ha afirmado Elías.

“De las conversaciones se deduce que Planeta investiga para Antifrau o para Interior”, ha afirmado el diputado de Junts pel Sí, Roger Torrent. “¿Por qué en las conversaciones se dice que el señor Antonio López es un hombre de la Policía?”, ha abundado.

“No nos sorprende la conexión del Grupo Planeta con la política”, ha dicho la diputada de la CUP, Anna Gabriel. Por su lado, el diputado del PSC, Ferran Pedret, ha calificado de “privatización insólita” el hecho de que Planeta hubiera podido investigar por sugerencia de De Alfonso.

“Están magnificando lo que ha hizo el señor López” ha respondido Elías, que ha querido desvincular a su jefe de seguridad de los movimientos del exjefe de Antifrau: “López y De Alfonso son conocidos, no llegan al nivel de amigos. Si De Alfonso le dice 'oye, me gustaría verte', pues entiendo que López lo haga. Es cuando le propone hacer una investigación que López le dice que no. La extralimitación se hubiera producido si la hubiera aceptado”.

"El jefe de Asuntos Internos y yo estuvimos viajando a Barcelona todo 2012", explica el agente en su declaración ante el juez

"Yo investigaba a la familia Pujol y él se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro", desvela en otro momento

La abogada del Estado, perpleja: "No es por nada, pero el asunto de los Pujol, ¿no lo estaba llevando la UDEF"?

El comisario José Manuel Villarejo llevaba 1 hora y 26 minutos declarando en el juzgado el pasado 6 de julio cuando comenzó a revelar algunos de los aspectos de las maniobras policiales en Cataluña que el Ministerio del Interior ha negado durante los últimos cuatro años. Entre ellos, que él mismo, sin control judicial, investigó a políticos vinculados al proceso soberanista y que la Unidad de Asuntos Internos participó intensamente en esa tarea, a pesar de que las funciones que tiene encomendadas en nada tienen que ver.

Villarejo comparecía como imputado por la grabación ilegal que sufrieron unos agentes de Asuntos Internos y del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. Uno de los agentes grabados fue el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, al que el juez Zamarriego encargó investigar los hechos. La imputación es fruto de las pesquisas del exjefe de Asuntos Internos, pero el comisario Villarejo se defiende asegurando que es un montaje por el enfrentamiento que ambos mantienen desde hace tiempo.

En ese contexto, y después de un extenso interrogatorio del juez Zamarriego, llega el turno del fiscal del caso, Alfonso San Román. Nueve días antes, San Román había solicitado al magistrado que apartara a Marcelino Martín del caso al considerarle contaminado por ser víctima del delito que se investiga. Para entonces, el comisario Martín llevaba un año investigando y acababa de solicitar la imputación de Villarejo, el entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino; otros dos mandos policiales y varios periodistas. El fiscal orienta su interrogatorio a Villarejo para demostrar que existe animadversión del investigador hacia el investigado y le pregunta por la relación entre ambos.

Es entonces cuando, con naturalidad, Villarejo relata: “Durante todo el 2102 estuvimos (Marcelino Martín y él) viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café... O sea, tuvimos una relación tremendamente intensa”. Martín Blas negó en su declaración ante el juez estar enfrentado a Villarejo, al que asegura no haber visto más de cuatro veces. La imagen de la declaración de Villarejo ha sido pixelada por el juzgado a petición de la defensa del comisario imputado.

¿Qué hace el jefe de Asuntos Internos de la Policía y una suerte de comisario liberado trabajando “intensamente” en Cataluña? En parte fue lo que se debieron preguntar dos fiscales Anticorrupción el 29 de octubre de 2012 cuando Marcelino Martín y el comisario José Luis Olivera viajaron a Barcelona para intentar convencerles de que había que registrar la sede de CDC en plena precampaña de las elecciones autonómicas de 2012, en plena efervescencia del proceso soberanista. Los comisarios presentaron los indicios que habían acumulado en los meses anteriores sin que los fiscales les concedieran valor alguno.

En noviembre de 2014, eldiario.es publicó que un grupo secreto de agentes trabajaba en Cataluña rastreando información comprometedora de políticos independentistas y sus entornos. Eran investigaciones selectivas, sin control judicial, cuyos resultados acababan en algunos medios de comunicación y rara vez en un juzgado. En ese grupo participaban agentes de Asuntos Internos -la unidad que debería encargarse en exclusiva de investigar a policías corruptos- que trabajaban sobre el terreno.

El Ministerio del Interior negó rotundamente que la Dirección Adjunta Operativa, como afirmaba la información, albergara a ese grupo de agentes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió “al psiquiatra” a los convergentes cuando éstos le interpelaron por el tema en el Congreso.

Durante el interrogatorio a Villarejo, la relación entre ambos comisarios es retomada en el turno de la abogada del Estado. Y Villarejo insiste: “Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.

En apenas dos frases, Villarejo admite las investigaciones prospectivas y el papel de Asuntos Internos, con agentes desplazados sobre el terreno, siguiendo a políticos y no a policías corruptos. E introduce una cuestión de máxima actualidad, las grabaciones al ministro del Interior en su propio despacho mientras mantiene dos encuentros con Daniel de Alfonso, el que fue hasta el escándalo jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Villarejo atribuye la captación del exjefe de Antifrau a su enemigo Marcelino Martín Blas-Aranda, a pesar de que en las grabaciones el aludido asegura que el muñidor del encuentro es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

La naturalidad con la que Villarejo se refiere a esas maniobras policiales sorprende a la abogada del Estado. “No es por nada, pero el tema de los Pujol ¿no se estaba llevando por la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que actúa a las órdenes de un juez)?”. Villarejo responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.

El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”.

Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación, prohibiendo que derechos fundamentales “puedan ser objeto de limitación para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir hechos eventualmente sancionables, o para despejar meras sospechas que pudieran albergar los responsables de una investigación”.

El pasado jueves, a última hora de la tarde, la Fiscalía General del Estado anunció que no hay delito en las afirmaciones de Fernández Díaz que delatan la maquinación para perjudicar el proceso soberanista.

Villarejo, “competencia: proceso independentista”

En el sentido opuesto, Marcelino Martín también se había referido a la implicación de Villarejo en la denominada Operación Cataluña. Lo hace en el informe de 572 páginas que entrega al juez y en el que propone la imputación de Villarejo y el resto de mandos policiales. “Cabe reseñar que dicho comisario de Policía, durante la última legislatura, una de las competencias que desempeñaba era el proceso independentista catalán, por lo que conoce a todos los interlocutores perfectamente”.

En otro punto de ese informe, los investigadores hacen “especial mención” a dos llamadas que suman más de veinte minutos entre Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, el día de la detención del Pequeño Nicolás. Una de las llamadas tiene lugar durante el registro de la casa del joven, donde aparecen anotaciones sobre el comisario.

El juez pregunta a Villarejo cómo en tres días se intercambia 53 llamadas con el secretario de Estado de Seguridad, aspirante a suceder al ministro del Interior. Él explica que le reportaba de unas investigaciones sobre terrorismo internacional. En la documentación del sumario se puede comprobar cómo Marcelino Martín también tiene relación directa con el número dos de Interior, al que identifica en su móvil como ‘Paco Bomba’.

La declaración de Villarejo deja otros detalles, como cuando dice que el empresario Javier de la Rosa le pasó informaciones que él ponía en entredicho por su carácter egocéntrico y sus “graves problemas con el alcohol”. Una de ellas, afirmó en la declaración, decía que el Banco de Santander “había financiado a unos iraníes que eran amigos de Cebrián -en referencia a Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa”. “Imagínese qué cosas. Algunas de las informaciones que me daba, que alguna resultó buena, yo las ponía muy en entredicho”, le dice al juez.

Massoud Zandi, amigo de Cebrián, regaló al presidente de Prisa un 2% de una petrolera controlada desde un paraíso fiscal, según publicó elconfidencial.com. El País, periódico de Prisa, desveló en marzo de 2015 que el recién jubilado comisario Villarejo acumula un patrimonio millonario, con 12 empresas por valor de 16 millones de euros. Durante el interrogatorio, Villarejo atribuye el origen de esa información a Martín Blas-Aranda.