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CATALUNYA

El PSC se querella contra el director de Antifrau por señalarle como autor de la filtración

El partido considera que las declaraciones de De Alfonso a TV3 relacionando al PSC con la filtración pueden constituir un delito de calumnia con el agravante de publicidad

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Comissió Daniel de Alfonso, Director de l'Oficina Antrifrau de Catalunya

De Alfonso el pasado viernes en el Parlament SANDRA LÁZARO

El PSC ha presentado este martes en el juzgado una querella contra el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, al que acusa de calumniar al partido  al señalarlo como supuesto autor de la filtración de sus conversaciones con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

En el escrito dirigido al juzgado de instrucción, el PSC hace alusión a la entrevista de De Alfonso en TV3 el pasado 21 de junio, en la que dijo que sus conversaciones aparecen publicadas en Público en el momento en el que Antifraude "está investigando la presunta financiación ilícita de un partido político" y, ante la pregunta de cuál es, respondió: "Del PSC, presuntamente ¿eh?".

En este contexto, el partido socialista considera que dichas declaraciones pueden constituir un delito de calumnia con el agravante de publicidad, pues lo hizo en una televisión. El PSC subraya, en este sentido, que De Alfonso relacionó al partido con la filtración "sin ninguna prueba", con "total y temerario desprecio a la verdad" y "en un programa televisivo en horario de máxima audiencia".

La formación socialista también pide que el juzgado inicie los "mecanismos necesarios" para averiguar el responsable o responsables de la filtración de las conversaciones de Daniel de Alfonso con el ministro. El partido liderado por Miquel Iceta reclama en el escrito que se tome declaración al director de Antifraude para que ratifique el contenido de la entrevista y que se solicite a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales una copia de la misma.

Para garantizar las posibles responsabilidades civiles, el PSC solicita que se imponga una fianza al querellado por importe de 50.000 euros o en su defecto al embargo de sus bienes, y que se decrete la prohibición de la retransmisión de las manifestaciones vertidas por el mismo.

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