El presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado que la cuestión de la inmigración se haya convertido en un “frentismo asqueroso” en España.

Lo ha comentado en declaraciones a los medios en Cogolludo (Guadalajara) cuando le han preguntado su opinión sobre el reciente anuncio de Podemos sobre el acuerdo al que ha llegado con el Gobierno de España para una regularización extraordinaria de personas migrantes. “No termino de entender por qué el Gobierno, lo que podía haber hecho de forma normal, se lo ha regalado como si fuera un logro de Podemos”, lamentaba, para recordar que “ciertamente en España ya estamos acostumbrados a regularizaciones, incluso tres se hicieron en la época de Aznar”.

Después ha insistido en pedir sacar esta cuestión del debate público. “Me hubiera gustado porque lo he reclamado desde hace muchísimos años que hubiera una gran estrategia de Estado, de país, pactada entre los grandes partidos” y ha sido entonces cuando ha puesto el acento en la ultraderecha, para advertir: “Es evidente que alguno como Vox nunca va a dejar de hacer basura política con el tema de la emigración, acudiendo a los bulos y a la mentira más obscena en relación con la emigración”.

Es evidente que alguno como Vox nunca va a dejar de hacer basura política con el tema de la emigración, acudiendo a los bulos y a la mentira más obscena en relación con la emigración

“Son medio millón de personas que lo están pasando mal, que incluso en muchos casos han recibido en sus domicilios cartas ya de deportación, que no se ejecutan pero que tienen como amenaza”, ha explicado para reclamar que España se “reconozca” como “un país de emigración” que en la actualidad “no vive en la calle” que esta cuestión se sea un problema que más bien atribuye al “ruido político que se genera” por parte de quienes “quieren hacer política barata”.

Ha incidido en este mensaje en varias ocasiones. “Me parece que es una costumbre más de la que casi no habría que hacer más debate ni más comentario, salvo que se quiera utilizar como pim pam pum para la política en este frentismo asqueroso que estamos viviendo en España”.

Un pacto de Estado para evitar regulaciones extraordinarias

García-Page ha reclamado un pacto de Estado para que “no tengamos que acudir a más regulaciones extraordinarias”. Cree que hay que “abordar el reto de la emigración” porque es una “necesidad” para España y para muchos sectores económicos. Junto a ello, decía, están las “razones humanitarias, no solo los que lo haya planteado Podemos o el PSOE”, apostillaba, sino hasta las que ha planteado la Conferencia Episcopal, “yo creo que dando también un ejemplo de lo que tienen que ser las políticas”, comentaba.

Señalaba que “detrás de cada expediente hay personas. Y eso, por supuesto, nos diferencia a unos y a otros a la hora de abordarlo”. Ha sido entonces cuando ha vuelto a referirse a Podemos: “Ya solo me faltaría ver qué Podemos se presta también a negociar sus propios principios, sus argumentos, con la extrema derecha independentista”.

Ha sido en ese punto cuando ha pasado a hablar de Catalunya. “¿Por qué creen que desde Catalunya el independentismo quiere tener las competentes en inmigración si no es para acercarse lo más posible a las estrategias de Trump o de la extrema derecha?”.

¿Por qué creen que desde Catalunya el independentismo quiere tener las competentes en inmigración si no es para acercarse lo más posible a las estrategias de Trump o de la extrema derecha?

En su opinión, “separar al emigrante por razones de identidad territorial o de cultura o de idioma es simplemente obcesno y es algo que repele a la izquierda” y reclama que ni su partido “ni los que se denominan de izquierdas o pretenden serlo más a la izquierda del PSOE, se presten a meter en el mercado de la negociación política un principio tan esencial como este”.

Además ha reclamado coherencia. “No se puede estar criticando a Trump y facilitar acuerdos con la extrema derecha independentista”, aludiendo a posiciones para “segregar a la inmigración” o “aplicar políticas que además nos afectan a todos los españoles”.

El hecho de que de que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno incorpore 1.248 millones de euros más para Castilla-La Mancha no es lo más relevante para el Gobierno de Emiliano García-Page. Considera el Ejecutivo regional que eso es “obvio” y “de justicia” por la subida de la recaudación tributaria del Estado y que lo importante es que con ese nuevo sistema, Castilla-La Mancha quedaría “por debajo de la media” en cuanto a gasto por habitante, debido a la “consagración” de la ordinalidad, es decir, que reciban más las autonomías con mayor capacidad económica. Eso es fruto de un “chantaje” al haber pactado este acuerdo con los independentistas, resalta.

El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a la carga con este tema, su enésima confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que incluso ha llegado a pedir que convoque elecciones generales: “¿Que se pone más dinero? Claro que se pone, solo faltaría, después de 11 años de retraso. Eso es lo normal y lo justo, casi diría lo elemental, lo básico, pero con eso se encubre la trampa que significa amparar un privilegio como la ordinalidad. Nosotros no vamos a caer en esa trampa”.

El Ejecutivo castellanomanchego ha salido en tromba a defender su posición. Mientras Page hacía estas declaraciones, en paralelo comparecía su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha ahondado en la cuestión reafirmando que el nuevo modelo es fruto de “un acuerdo bilateral”, una “propuesta negociada bajo el chantaje de los independentistas para obtener privilegios, lo que significa desventajas para otros”.

Como ha dicho Page, considera “obvio” que el Estado aporte más recursos y que eso permita que todas las comunidades autónomas reciban más financiación. “Estaría bueno que perdiéramos dinero, sabiendo cómo está creciendo la recaudación tributaria”, ha precisado. Y al respecto ha detallado que entre 2009 y 2023, los ingresos del Estado han crecido casi un 94%, mientras que los de las autonomías han subido 65%, por lo que “tiene sentido” que haya más aportación.

Pero para el Gobierno castellanomanchego no se trata de que todas las regiones ganen “porque la tarta sea más grande”, sino si ese dinero “se ha distribuido de manera justa”. Y a la luz de lo explicado el pasado viernes por la vicepresidenta María Jesús Montero, el nuevo modelo sirve más para “satisfacer a los independentistas” que para sufragar el coste real que las comunidades autónomas destinan a “unos servicios públicos en condiciones”.

“Es una propuesta regresiva, ya que consagra la ordinalidad, que significa que las regiones con mayor capacidad tributaria, tendrán más financiación, y las que tienen menor capacidad económica, estarán condenadas a prestar servicios públicos en peores condiciones”, ha argumentado. “Quien más tiene, más recibe, y yo me pregunto si esto es defendible por un gobierno socialista”, añade.

El consejero se ha quejado de que el nuevo modelo apenas recoge ninguna de las propuestas de Castilla-La Mancha para que la financiación se ajuste en función de la superficie geográfica y la dispersión de la población. Y aunque reconoce que esta comunidad autónoma es “de las más beneficiadas” por ese incremento de 1.248 millones de euros, lo importante, señala, es que seguiría estando por debajo de la media autonómica en cuanto a gasto por habitante.

“Es injusto, es regresivo, porque consagra la ordinalidad y no va a garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. Es algo que nunca hubiera defendido un gobierno socialista si no hubiera estado sometido a este chantaje”, ha concluido.

Mientras, en su comparecencia paralela, Page ha vuelto al ataque y ha sido más incisivo. Se ha mostrado convencido de que la propuesta presentada por la vicepresidenta no tiene “ninguna posibilidad de salir adelante” y que con ello “ha terminado por unir a toda la derecha en España y por fraccionar a buena parte de la izquierda”.

Gasto por habitante y falta de presupuestos

Se ha referido a la partida concreta para Castilla-La Mancha: “Si hoy se nos reconoce como mínimo eso, -en referencia a los 1.248 millones de euros- nos lleva a 700 euros más por habitante. ¿Por qué por habitante tiene que salir así de desproporcionada la cuenta?”, se ha preguntado.

De hecho, aunque ha apoyado que esta comunidad autónoma pueda salir del bloque de las regiones infrafinanciadas, ha insistido en que las previsiones para 2027, que sería el horizonte para la financiación autonómica, las hace un gobierno “que a su vez no ha podido sacar un solo presupuesto a lo largo de la legislatura”. Es el motivo por el que ha opinado que es mejor tener “en cuarentena” cualquier tipo de previsión de cómo va a evolucionar la economía en el año 2027.

Page también ha criticado que solo hayan podido conocer la propuesta en la comparecencia pública de la vicepresidenta Montero y que no hayan negociado con el resto de autonomías, aparte de Catalunya. Incluso ha arremetido con las explicaciones dadas sobre el nuevo modelo: “A mí me sonaba como aquello del finiquito en diferido de Cospedal, que todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no podía explicarlo”.

“Se puede poner más cantidad en el menú del día que nos dan, pero mientras un modelo establezca privilegios para unos, no puede terminar de ser bueno para el conjunto”, ha reiterado. A todo ello ha añadido que si se está defendiendo la ordinalidad, se está haciendo “en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE” .

“Yo sé que algunos pueden decir: 'hombre, si les dan más, sígueles, que nos ponen un mejor postre en el menú del día'. Pero estamos viendo cómo otros pueden elegir a la carta. Otros llevan menú VIP. Y eso hace que el sistema ya de entrada sea tramposo. Y cuando vengan vacas flacas, más aún. Algunos habrán blindado su situación y los demás tendremos que cerrar institutos, universidades y probablemente también hospitales. Esa es la realidad”, ha apostillado Page.

“No hemos venido al frente para escondernos en las trincheras” es una expresión habitual entre jugadores de mus, sobre todo por quienes, tras haberse achicado en varias ocasiones ante los envites del contrario y llevando una jugada mínima, animan a su compañero a ver un envite elevado o incluso un órdago.  

Además de exjugador de baloncesto, practicar running, ciclismo de montaña y entrenamiento de fuerza, Pedro Sánchez dicen que también juega al mus y que acepta órdagos. El último de Junts, que en una semana ha anunciado dos veces la ruptura con el Gobierno, Sánchez está también dispuesto a verlo convencido de que lleva cartas para seguir la partida. Y es que de momento, ni él ni Puigdemont han alcanzado los 40 puntos necesarios para ganar el juego completo. Hasta entonces, el entretenimiento —si es que una legislatura de cuatro años tiene algo de ello— continúa. Otra cosa es en qué condiciones puede llegar cada uno al game over. 

En La Moncloa saben que los neo convergentes no apoyarán una moción de censura impulsada por PP y Vox, compañeros poco aconsejables para un viaje —sea de corto o largo recorrido— a Catalunya, si lo que se pretende es recortar distancia en el tablero electoral con sus adversarios. “Si hace diez años, en el imaginario independentista, para ser un buen catalán había que estar del lado del procés; hoy ser un buen catalán significa no aparecer colgado del brazo de Feijóo y Abascal”, explica un ministro de Sánchez, para quien Puigdemont, “de momento, aprieta, pero no ahoga”.

Hace dos semanas, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, invitó al Gobierno a pensar en “la hora del cambio” y, 15 días después, anunciaba el “bloqueo” de la legislatura y el rechazo a todas las leyes en tramitación, lo que incluía tanto las iniciativas que están sobre la mesa del Consejo de Ministros como las que están en proceso de tramitación en el Congreso. “Ni colaboración, ni negociación”, solemnizó en una comparecencia a la que acudió rodeada por los otros seis diputados de su grupo parlamentario. 

Desde el Gobierno trataron de mantener la calma ante el segundo órdago de sus socios de investidura mientras se refugiaban en que los independentistas no hablan de moción de censura y tampoco de elecciones anticipadas. Este último extremo no lo comparten en ERC, donde sí auguran un aumento de la presión de los de Puigdemont que acabe forzando a Sánchez a un anticipo electoral porque el PP, que llegó a flirtear con la idea de ilegalizar los partidos independentistas, “prometa a Puigdemont poner el contador a cero” a cambio de desalojar a Sánchez de La Moncloa. Algo de esto ya hubo, en los contactos que el PP mantuvo con Junts, para la investidura fallida de Feijóo y es lo que en algunos círculos empresariales empieza a sonar con fuerza.

Bloqueo al Congreso, pero no al Gobierno

Lejos de atisbar este escenario, en el Gobierno han leído la última finta de los de Puigdemont como “un bloqueo al Congreso, que no al Gobierno” en un intento por distinguir entre el legislativo y el ejecutivo que, en una democracia parlamentaria, resulta indistinguible cuando los que habitan La Moncloa carecen de una mayoría robusta como es el caso hoy de Sánchez. 

Sin posibilidad de aprobar los Presupuestos para 2026 y sin mayoría en el Congreso, la debilidad del Gobierno será, si cabe, más evidente que nunca después de un órdago que Junts ha vinculado a compromisos incumplidos como la aplicación integral de la ley de amnistía, la delegación de las competencias en materia de inmigración o el uso de las lenguas oficiales en el Europarlamento, que no están ya en manos del Gobierno sino de los jueces, de Podemos y de los socios europeos. De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a abordar esta mima semana con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, la petición del Gobierno de que se puedan emplear el catalán, el euskera y el gallego en los plenos, si bien no ha obtenido avances.

Todos los ministros coinciden en subrayar que el Gobierno ya ha cumplido la parte de los acuerdos que le corresponde, pero se prestan a redoblar la presión para que salgan adelante cuestiones pendientes para intentar salvar una relación que Junts se empeña en dar por rota. Lo más incómodo de todo, tras el anuncio de los independentistas, es que hay leyes pendientes de aprobación que son hitos europeos y necesitan ser aprobadas para recibir nuevas entregas de los Fondos Europeos, como es el caso de la Ley de la Función Pública o la de la regulación sobre los lobbies. Y el PSOE apela por ello a la responsabilidad de los populares para que salgan adelante. “Feijóo puede ir contra el Gobierno, pero no contra los españoles”, advierte otro ministro de Sánchez, que no descarta que haya que afanarse en una nueva negociación con Bruselas si el PP no se aviene a respaldar la transposición de algunas directivas europeas que, dicho sea de paso, ya contaron con el voto favorable de los eurodiputados del PP español en Bruselas. El eco que llega desde Génova no es precisamente para mantener la coherencia con lo votado en el Euro parlamento, sino más bien a provocar cuantas más derrotas mejor a Sánchez en el Congreso.

Sea como fuere, desde el gabinete del presidente aseguran ser víctimas de una “guerra de nervios” de los de Puigdemont, que se desangran cada día electoralmente a costa de Aliança Catalana y ante la que los socialistas tendrán que moverse “con mucho temple, con la mano tendida, pero también con el BOE”, en clara alusión al margen para la toma de decisiones que ofrece el Gobierno más allá de las iniciativas legislativas.

En La Moncloa creen que la nueva situación, a la que tampoco intentan restar importancia, les obliga “a negociar día a día, semana a semana”, pero en ningún caso a tirar la toalla ni a anticipar las elecciones, pese a que Junts haya registrado ya enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas por el Gobierno en el Parlamento y anunciado que votará en contra de otras 21 que están en la fase final de tramitación. Esto es toda la producción legislativa con la excepción de la ley de Atención al Cliente, la de Movilidad Sostenible y la ley del Cine.  

El “no a todo” de los de Puigdemont incluye, de momento, la quita del Fondo de Liquidez Autonómica, la financiación singular para Catalunya, dos asuntos de especial interés para los catalanes y que son consecuencia de los acuerdos suscritos por ERC con los socialistas. La dispensa tendría una traducción de más de 80.000 millones de euros, que el Estado asumiría para reducir el exceso de deuda de las Comunidades Autónomas y que en el caso de la Generalitat supondría un ahorro de más 17.000 millones que, de no salir adelante, “tendrán que explicar los de Junts a sus votantes”, advierte un dirigente del PSC, que como Sánchez, cree que hay que “aguantar el pulso y seguir pidiendo cartas” porque la partida no ha acabado.

“Demasiado cortas tiene las patas el gorrión para bailar con la urraca”, añade otro ministro, también jugador de mus, haciendo suyo el mensaje subliminal que se suele lanzar entre compañeros de cartas tras algún avance fugaz de los contrarios que pretenden enfurecer y, de paso, recordar su superioridad/dependencia sobre los adversarios. 

Lástima que la política y los intereses de un Puigdemont acorralado electoralmente nada tengan que ver con los juegos de naipes. O sí. A saber, aunque Nogueras insiste: “Nunca hemos ido de farol”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este viernes que se puede dialogar con los partidos políticos independentistas, y en concreto con el líder de Junts, Carles Puigdemont, siempre y cuando estos respeten la Constitución.

“El diálogo nunca es malo, pero hay que ver con quién se dialoga y de qué manera”, ha afirmado durante su intervención en un foro celebrado por EFE con motivo del 40 aniversario de su delegación en Castilla-La Mancha, preguntado por si él pactaría con independentistas la gobernabilidad del país.

Page ha puntualizado, no obstante, que esos partidos deberían “aceptar las reglas del juego”, en referencia al cumplimiento de la Constitución. “El independentismo tiene que respetar la Constitución, aunque la quiera cambiar. Con Puigdemont se puede hablar, sí, aunque quiera salirse de España. Pero no puede ir contra el conjunto de los españoles”, ha señalado el presidente del Ejecutivo castellanomanchego.

“El Estado ha confundido transferir competencias con despreocuparse” y pide “armonización técnica”

El líder regional ha hecho también un análisis del modelo autonómico del Estado, lamentando que en “estos 40 años de descentralización”, el Gobierno nacional “ha confundido la delegación de competencias a las Comunidades Autónomas con despreocurparse”. Por ello, Page ha pedido que los diferentes gobiernos regionales se sienten “para establecer una agenda de armonización técnica”. “Cuando cunde la idea de que las autonomías somos un problema, surgen fenómenos antisistema como VOX”, ha alertado.

Por último, Page ha afirmado que la economía de España no va como un cohete, sino simplemente bien, debido a la desigualdad territorial. “España va bien y mejor que la media, pero no me atrevería a decir que va como un cohete porque hay desajustes económicos. Se debería mejorar la brecha de desigualdad territorial. Tan importante es crecer como distribuir lo que crezcamos”, ha zanjado el presidente.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado satisfecho con la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que aprobaba este martes el Consejo de Ministros: “Si el Estado lleva 11 años sin actualizar la financiación de las autonomías y el retraso tan largo de financiación ha hecho que muchas autonomías nos tengamos que endeudar para seguir manteniendo los servicios públicos, me parece casi de justicia que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda”.

En declaraciones a los medios de comunicación previas la inauguración en Santander del curso ‘De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión’, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el presidente castellanomanchego ha presumido de que él ya planteó la necesidad de una quita de estas características “mucho antes que los independentistas, incluso gobernando Mariano Rajoy”.

Page no ha querido valorar la postura anunciada por el Partido Popular de que sus barones no se acogerán a esa quita de deuda, pero sí sobre las críticas vertidas ayer por los populares castellanomanchegos: “El PP de Castilla-la Mancha sigue a pie juntillas las instrucciones del PP nacional, cosa que me parece que no es lo justo. Aquí tiene que decirse en clave territorial, no en clave de partido, dice que se opone, pero a renglón seguido ya me están diciendo en qué me tengo que gastar los ahorros, de manera que a mí me parece que es bastante inconsecuente y bastante contradictorio”.

En su opinión, los presidentes autonómicos tienen que ser “autónomos” a la hora de decidir si quieren o no la quita de la deuda, algo que “no han de decidir los partidos nacionales”.

Sobre la reunión Illa-Puigdemont: “Críptica e indescifrable”

Page también se ha referido al encuentro mantenido este martes en Bruselas entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder independentista Carles Puigdemont: “Es una reunión que me suscita muchísimas preguntas y de momento ninguna respuesta”.

Page ha afirmado que la reunión le ha parecido “absolutamente críptica, es indescifrable”. “Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo Salvador Illa. Para mí, Catalunya la representa Illa. Puigdemont representa el peor problema y la peor cara que ha presentado Catalunya ”, ha afirmado. El barón castellanomanchego ha concluido pidiéndole a Illa que deje claro que en Catalunya el presidente es él: “Ya que Puigdemont ejerce el mando a distancia en España, que al menos no lo haga en Catalunya ”.

Decenas de miles de personas, 35.000 según fuentes municipales, han participado este sábado a la manifestación organizada en Bilbao por la plataforma soberanista Gure Esku (antes Gure Esku Dago) a favor del derecho a decidir de la nación vasca. Las ikurriñas y los gritos de “independentzia” al paso de la pancarta han sido protagonistas en la calle de Autonomía. “Hoy en las calles de Bilbao estamos reivindicando la necesidad de un pueblo libre y soberano”, ha dicho el portavoz de la plataforma ciudadana, Josu Etxaburu. Finalmente, han acudido dirigentes del PNV aunque el partido como tal no lo apoyaba, a diferencia de EH Bildu.

Un grupo de 'joaldunak' y el sonido del cuerno han precedido, entre aplausos, a “una ikurriña gigante con los nombres de todos los municipios de Euskal Herria”, según la organización, y la pancarta que encabezada la marcha, en la que se podía leer el lema escogido para la jornada de hoy, 'Herri libre bat. Euskal Herriak erabaki'. En castellano, 'Un país libre, que Euskal Herria decida'.

Por parte de EH Bildu se han sumado, entre otros, el el líder parlamentario, Pello Otxandiano, y la portavoz en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, quien, previo al inicio de la marcha, se ha dirigido a los periodistas y ha apuntado que “este pueblo tiene que tener el derecho para gobernar su futuro”. “Trabajamos cada día para tener herramientas para llevar a cabo nuestras políticas públicas, pero aún nos faltan muchas, por lo que queremos tener otro tipo de relación con los Estados”, ha asegurado.

Participación del PNV

Asimismo, han participado en la marcha los dirigentes del PNV Miren Martiarena y Markel Olano. Los 'jeltzales' no han acudido como partido a la convocatoria de Gure Esku, a diferencia de en eventos de años anteriores. Afirman fuentes del partido de Aitor Esteban que es “porque no ha existido una coordinación previa a esta convocatoria entre la parte organizadora” y su formación, pero inciden en que han dado “libertad a sus afiliados a acudir a esta llamada si así lo consideran”, según han precisado fuentes del Euzkadi Buru Batzar. También ha estado EGI, las juventudes del PNV, al igual que Ernai, el equivalente en la izquierda abertzale. También se han unido a la marcha representantes de los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y EHNE; el movimiento Etxalde, Bilgune Feminista, Euskalgintzaren Kontseilua, el movimiento de pensionistas, las organizaciones juveniles de Ikama.

En palabras de Etxaburu, la capital vizcaína ha reunido hoy a “miles y miles de vascos que piensan distinto pero que están al favor del derecho a decidir”. “Hoy en las calles de Bilbao estamos reivindicando la necesidad de un pueblo libre y soberano”, ha señalado. En este sentido ha explicado que lo que quieren transmitir a través de esta convocatoria es que “a la sociedad vasca le interesa la soberanía”. “Es más, la sociedad vasca quiere y necesita la soberanía. ¿Para qué? Básicamente para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y también porque necesitamos nuevas herramientas para responder de manera eficaz a los retos que tenemos entre manos”, ha agregado.

Los portavoces de Gure Esku Esku, el propio Etxaburu e Irantzu Perello, han leído el manifiesto, en el que han celebrado la jornada como un “impulso fundamental al trabajo en favor de la soberanía”. “Gracias al coraje reunido hoy, y a la voluntad ciudadana expresada hoy, será más fácil dar pasos firmes hacia la soberanía. La meta la tenemos clara: un pueblo libre, un pueblo soberano que decida su futuro. Estamos en el camino. Estamos avanzando en ese camino”, han proseguido. Tras un breve acto cultural de clausura, en el que han participado el bertsolari Jon Maia y el grupo de música palestino Sol Band, la movilización ha terminado con el canto del “Imajinatu Libre”.

Solo el 22,2% de los vascos estaría a favor de la independencia, frente al 43,2% que se muestra en contra, aunque un 38,5% votaría a favor de un Estado vasco si se celebrara un referéndum oficial y reconocido y un 66% se muestra favorable al derecho a decidir, según los datos que ofrece la encuesta Naziometroa, realizada en Euskadi, Navarra e Iparralde (País Vasco-francés) por Telesforo Monzon eLAB y el grupo de investigación Parte Hartuz. Además, el 57% cree que las actitudes reaccionarias o de pesimismo han aumentado en su entorno y casi la mitad considera “esencial” el papel de la migración en el futuro de la sociedad vasca.

La séptima oleada de Naziometroa se ha presentado en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación de UPV/EHU, Estitxu Garai; la investigadora de Telesforo Monzon eLab, Malen Domínguez; el investigador de Parte Hartuz, Arkaitz Fullaondo y el responsable de innovación del área de investigación e innovación del Aztiker Soziologia Ikergunea, Asier Etxenike, quien ha presentado los datos, según recoge Europa Press

El informe, ha explicado Etxenike, se ha dividido en tres ejes temáticos, uno fijo, que ha formado parte de todos los Naziometroa referente a la opinión sobre el modelo de gobernanza y posicionamiento respecto al estado vasco, y dos ejes elaborados para la ocasión, uno sobre las actitudes reaccionarias en Euskal Herria y otro sobre la migración. Respecto al planteamiento de 'Estado vasco', el 43,2% estaría en contra de la independencia, un dato que se mantiene estable desde la segunda oleada de Naziometroa en 2021, mientras un 22,2% de los encuestados estaría de acuerdo en independizarse, el segundo resultado histórico más bajo. Crece un 5,1% quienes se muestran indiferentes con respecto al año pasado (23,9%).

Aún así, el 43,7% de los encuestados cree que sus respectivas comunidades deberían tener más competencias, y un 37,2% que en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde debería haber más relación entre sus administraciones, principalmente en servicios de salud, educación y economía. Ante la hipótesis de que los partidos políticos en Euskadi, la Comunidad Foral de Navarra y la región vascofrancesa, así como Madrid y París hubieran aceptado la celebración de un referéndum oficial y reconocido, el 38,5% votaría a favor de un Estado vasco, frente a un 26,5% que estaría en contra. Un 35% no tiene todavía una opinión formada o se abstendría.

Para un procedimiento de cambio de estatus político, el 52,5% de los encuestados cree que la decisión debería tomarse por referéndum, y, ante la hipótesis de que hubiera un consenso vasco para su celebración, el 62,7% cree que los estados español y francés deberían aceptarlo (8,8 puntos más que el año pasado), frente al 13,5% que cree que deberían prohibirlo (6,6 puntos menos). El 66,3% están de acuerdo en el derecho a decidir su futuro político.

Dos tercios de la población vasca cree que las actitudes reaccionarias han aumentado, y un 57% las percibe en su entorno personal. Más del 80% de los encuestados creen que en Europa en “gran medida” o “cierta medida” han aumentado las actitudes reaccionarias. Las mayores oposiciones se observan en lo relativo a la migración y la diversidad cultural (61,2%) y en contra del feminismo y la igualdad de género (33,4%). En tercer y cuarto lugar se encuentran las oposiciones contra el cambio climático y las políticas verdes, y la igualdad social y los derechos civiles.

Al cruzar las variables, en cuanto a la ideología política los resultados “muestran claramente la polarización, especialmente entre quienes se sitúan muy a la derecha o muy a la izquierda”. El porcentaje de quienes consideran las reivindicaciones de los derechos migratorios como “excesivas” sube del 15,3% para quienes están “muy a la izquierda” al 56,7% para quienes se sitúan en la ideología opuesta. La tendencia es similar en cuanto a las reivindicaciones de género y feminismo: un 9,4% de las personas muy de izquierdas las consideran excesivas, frente al 47,7% de personas muy de derechas.

Por sexos, casi el 50% de los hombres considera excesiva la reivindicación de los derechos de las personas migrantes, frente al 25% de las mujeres encuestadas. En cuanto al feminismo, un 32,7% de hombres y un 19,5% de mujeres cree que las revindicaciones son excesivas, y alrededor del 40% en ambos sexos las creen adecuadas. Entre los partidarios y contrarios al 'Estado vasco', la posición a favor “guarda estrecha relación con el grado de tolerancia a las reivindicaciones sociales”, según señala el informe. El 53,1% de los partidarios del 'Estado vasco' las considera adecuadas, y entre los contrarios, un 42,4% las considera excesivas.

El 47,8% de los encuestados creen que los migrantes deben ocupar, en el futuro, un papel esencial en la sociedad, el 26,2% señala que deberían tener unos límites o controles y el 6,3% impediría su llegada. El 46,6% cree que los gobiernos locales deberían tener las competencias migratorias, y el 30,4% que las competencias recaigan sobre el estado. Para que una persona migrante sea considerada vasca, un 59,8% de los encuestados cree suficiente vivir y trabajar, frente al 21,1% que cree que es necesario haber nacido en el lugar. “Aparecer en la sociedad de forma activa” está valorado con un 7,1 sobre 10 para su “integración de forma adecuada”.

El informe también relaciona datos sobre el reconocimiento de la población migrante como vasca y la ideología de los encuestados. Entre las personas que se identifican como “de izquierdas o muy de izquierdas”, 8 de cada 10 creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para considerar vasca a una persona migrante, y alrededor del 40% de las personas de “derechas o muy de derechas” lo creen así. Los datos cruzados “apuntan a actitudes más positivas hacia la migración en la extrema izquierda y en colectivos más soberanistas”, resume el informe, mientras que las actitudes conservadoras y contrarias al soberanismo “ponen más límites a los derechos de los migrantes y a su integración”.

En cuanto a la franja de edad, más de 6 de cada 10 personas mayores de 45 años creen que vivir y trabajar en el lugar es suficiente para ser vasco, mientras que entre la población de 18 a 29 años, un 33,9% lo cree así. Los investigadores destacan que entre las personas de 18 a 29 años un 48,1% cree que se debe haber nacido vasco para serlo, mientras que a partir de los 30 años, los que consideran el nacimiento como requisito fundamental no superan el 18%.

Respecto a la migración y el euskera y cultura local, casi 6 de cada 10 opinan que se quedará igual, y un 21,7% que la migración reforzará el euskera. Entre los principales obstáculos que señalan para aprender euskera que identifican los encuestados, el 52,2% señalan la dificultad del idioma, el 45,3% la falta de motivación y un 30% que los migrantes no lo aprenden porque no lo necesitan. Además, de entre los factores que hacen disminuir el uso del euskera, el 36,4% señala como causa principal que los euskaldunes no lo utilizan, un 24% culpa a la globalización del ocio, un 23,5% a la migración extranjera y un 21,1% apunta a la falta de una política lingüística sólida.

La transmisión del euskera y los procesos de euskaldunización ayudan a eliminar el racismo y las actitudes reaccionarias para el 52,2%, y un 60% cree que ayuda “mucho o algo” a cohesionar la sociedad. Para la elaboración el 'Naziometroa', se han realizado 1.335 encuestas telefónicas y 'online' entre Euskadi (636 encuestas), Navarra (393) y en Iparralde (306). El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo de 2025.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) vive momentos de tensión interna después de que Josep Costa, que fue vicepresidente del Parlament hace dos legislaturas tildara de “despótica y antirreglamentaria” la gestión del presidente de la entidad independentista, Lluís Llach.

Costa ha hecho estas declaraciones a través de una publicación en X, en la que explica que abandonó la reunión que el Secretariado Nacional celebraba el pasado sábado “en protesta” a la actitud de Llach.

Costa, que es miembro del Secretariado de la ANC, asegura que “la gente que lo dio todo para ganar en el 1O no se merece que la continúen manipulando”.

Las palabras del exvicepresidente del Parlament han despertado el “enojo” de Llach, quien le ha respondido a través de la misma red social. “Ninguno de los setenta miembros del Secretariado Nacional de la Assemblea, tenga el pensamiento que tenga, merece calificativos relacionados con despotismo, fraude reglamentario o manipulación”.

Igualmente, Llach apunta que la acusación de Costa “contraviene el reglamento” de la entidad independentista.

El motivo de la disputa se basa en la elección de un nuevo Secretario para la ANC, después de que Sílvia Ventura abandonara el cargo hace dos meses. Costa se postula para tomarle el relevo y, para ello, compite contra Elnur Bayranzade, afín a Llach.

En la reunión del sábado, ninguno de los dos consiguieron reunir el consenso suficiente, por lo que Llach decidió mantener como secretario en funciones a Bayranzade, lo que provocó que Costa abandonara el encuentro y le tildara de despótico.

Pero las críticas a Llach no han venido sólo de parte de Costa. El también miembro del Secretariado David Miñana ha apoyado al exvicepresidente asegurando, también en X, que ve “incoherente pedir transversalidad, unidad y regeneración” para el movimiento independentista y “hacer lo contrario a nivel interno”.

“Todo empezó mal, con candidatos que no tenían derecho a presentarse y con candidaturas pensadas para el asalto en bloque”, remachó Miñana.

“Infiltració és tortura I.J.E.G., us les tornarem totes”. Amb aquesta pintada ha aparegut la comissaria de la Policia Nacional de Maó dirigida a l'agent menorquí infiltrat durant anys en moviments socials i independentistes de Barcelona, com ha avançat la televisió pública balear IB3 i ha pogut confirmar elDiario.es.

L'acció de protesta, reclamada pel col·lectiu Arran, ha aparegut tot just dies després de l'estrena del documental 'Infiltrats' a TV3, un treball de recerca periodística dut a terme per la revista catalana La Directa durant els darrers tres anys i que ha destapat la infiltració dels quatre policies, tres de les Balears, en organitzacions independentistes.

Un d'ells és el maonès de 29 anys que es va fer passar per mallorquí per a la seva identitat falsa, en què obeïa l'àlies Marc Hernández Pons. L'organització juvenil d'esquerres també ha llançat ous amb pintura morada a la façana de les dependències policials de Maó, com ha informat la Policia Nacional de Menorca a elDiario.es, i ha llançat una darrera amenaça a l'infiltrat des del perfil a la xarxa social X: “No dormiràs tranquil”.

Molts dels habitants de la ciutat menorquina ja sabien la condició d'infiltrat des de fa dos o tres anys, quan l'agent va tornar a l'illa després de la seva infiltració. El nom fictici de Marc Hernàndez Pons se li va donar a finals de l'any 2019 i només uns mesos després va aconseguir vincular-se amb l'independentisme català, segons La Directa, encarregada de la investigació. El doble agent es va convertir en un membre més del SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans), del Casal Popular Lina Òdena de l'Esquerra de l'Eixample i del moviment pel dret a 'habitatge barceloní 'Resistim al Gòtic'.

El policia ha estat assenyalat directament amb la pintada a la comissaria de la Policia Nacional de Maó a través de les inicials del seu nom propi real. L'acció, confirmada des d'Arran, s'ha coordinat des de l'organització nacional del grup vinculat a la CUP. Tot i que es desconeix, de moment, si els activistes s'han desplaçat des de Mallorca o des de Barcelona per atacar la comissaria, ja que el moviment no té presència fixa a Menorca. Tampoc no hi ha hagut coordinació dels activistes amb l'organització política Jovent Republicà, com ha confirmat el mateix grup depenent d'Esquerra Republicana a aquest diari.

“Evidentment fa molta vergonya que aquest xaval pugui anar per Maó i que hagi tornat des de Barcelona. Sóc conscient que ha tingut en aquests dos o tres anys, des de la tornada, algunes picabaralles amb persones que ho han reconegut”, assenyalen les mateixes fonts de l'organització d'esquerra. Alguns militants, de fet, li han “increpat” en coincidir-hi pel tema i, segons la seva versió, ell s'ha posat agressiu. Mentre que el seu cercle proper l'ha felicitat pel seu “gran treball” com a policia infiltrat.

La sexoafectivitat: part del 'modus operandi'

A diferència d'altres agents que han passat anys (es van arribar a matricular, fins i tot, a universitats públiques amb l'objectiu d'introduir-se en moviments socials) infiltrats, I.J.E.G. no va mantenir, almenys que s'hagi fet públic, cap relació sexoafectiva amb cap dels activistes amb què s'envoltava per complir la missió encomanada pels seus superiors. De fet, tots els agents, durant les seves actuacions com a infiltrats, han comptat amb la “cobertura” del Ministeri de l'Interior. Dos dels quatre policies més infiltrats i destapats en el documental emès per TV3 després de la investigació de La Directa sí que mantenien relacions estables amb militants de les organitzacions en què també militaven de manera encoberta per demanar informació.

En el cas del menorquí, encara que no se li atribueix cap d'aquestes relacions, fonts properes a l'activisme assenyalen que “hagués estat normal” tenint en compte l'entorn “jove i de festa”, especulen. Un dels aspectes més criticats de l'espionatge dels funcionaris ha estat el 'modus operandi', en què s'incloïen les relacions sexoafectives com una de les estratègies dins dels moviments i organitzacions a què es van adherir.

La pràctica ha estat denunciada per cinc activistes de Barcelona que van mantenir relacions sexuals amb policies infiltrats sense conèixer la seva condició d'agents. Les cinc dones, representades per la CGT i l'entitat prodrets humans Irídia, han presentat una querella davant d'un jutjat de Barcelona al·legant haver patit abusos sexuals que el jutge es nega a investigar. Per això les afectades recorreran la decisió del jutge davant l'Audiència de Barcelona, com ja va informar elDiario.es. Entre altres coses, les actuacions dels policies infiltrats, al contrari que la dels agents encoberts, no estan sotmeses al control judicial.

Per a Irídia, les relacions que el policia va mantenir amb les denunciants no van ser “casuals”, sinó “estratègiques i deliberades” per part d'un funcionari públic, qui a més va comptar amb el suport del “sistema institucional”. L'entitat també ha considerat que aquest tipus d'infiltracions només poden realitzar-se en el marc de recerques judicials relatives a casos de terrorisme, crim organitzat, tràfic d'estupefaents, “circumstàncies que no concorren” en la denúncia de les cinc dones.

Possible detenció dels activistes

La Policia Nacional de Maó ha proposat a sanció diversos sospitosos pels “danys causats” a la façana de la comissaria menorquina com a símbol de protesta per la infiltració de funcionaris del cos en moviments catalanistes d'esquerres. El moviment Arran va actuar de matinada llançant objectes amb pintura sobre l'edifici. Agents de Maó van acudir immediatament per evitar que els activistes continuassin danyant la infraestructura, com han indicat fonts de la Policia Nacional a elDiario.es.

Els membres del grup independentista van començar a córrer a la carrera quan van arribar els agents. La patrulla va intervenir als presumptes autors de l'acte vandàlic el material utilitzat per fer la pintada reivindicativa i els va identificar per posar-los una denúncia per infracció administrativa a la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. Això vol dir que els activistes es podrien enfrontar a una sanció superior als 500 euros, informen fonts policials.

El cos de seguretat continua investigant els fets i no es descarta que hi pugui haver detencions per la seva comissió. Així mateix, el sindicat judicial Jupol ha condemnat l'acte vandàlic contra la comissaria: “La nostra condemna més rotunda a aquests actes terroristes contra la Policia Nacional”, han assenyalat en un missatge a la xarxa social X aquest dijous.

“Infiltración es tortura I.J.E.G, os las devolveremos todas”. Con esta pintada ha amanecido la comisaría de la Policía Nacional de Maó dirigida al agente menorquín infiltrado durante años en movimientos sociales e independentistas de Barcelona, como ha adelantado la televisión pública balear IB3 y ha podido confirmar elDiario.es. 

La acción de protesta, reclamada por el colectivo Arran, ha aparecido apenas días después del estreno del documental ‘Infiltrados’ en TV3, un trabajo de investigación periodística llevado a cabo por la revista catalana La Directa durante los últimos tres años y que ha destapado la infiltración de los cuatro policías, tres de ellos de Balears, en organizaciones independentistas. 

Uno de ellos es el mahonés de 29 años que se hizo pasar por mallorquín para su identidad falsa, en la que obedecía al alias Marc Hernàndez Pons. La organización juvenil de izquierdas también ha lanzado huevos con pintura morada a la fachada de las dependencias policiales de Maó, como ha informado la Policía Nacional de Menorca a elDiario.es, y ha lanzado una última amenaza al infiltrado desde su perfil en la red social X: “No dormirás tranquilo”. 

Muchos de los habitantes de la ciudad menorquina ya sabían su condición de infiltrado desde hace dos o tres años, cuando el agente volvió a la isla después de su infiltración. El nombre ficticio de Marc Hernàndez Pons le fue dado a finales del año 2019 y tan solo unos meses después logró vincularse con el independentismo catalán, según La Directa, encargada de la investigación.  El doble agente se convirtió en un miembro más del SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), del Casal Popular Lina Òdena de l’Esquerra de l’Eixample y del movimiento por el derecho a la vivienda barcelonés ‘Resistim al Gòtic’.

El policía ha sido señalado directamente con la pintada en la comisaría de la Policía Nacional de Maó a través de las iniciales de su nombre propio real. La acción, han confirmado desde Arran, se ha coordinado desde la organización nacional del grupo vinculado a la CUP. Aunque se desconoce, por el momento, si los activistas se han desplazado desde Mallorca o desde Barcelona para atacar la comisaría, ya que el movimiento no tiene presencia fija en Menorca. Tampoco ha habido coordinación de los activistas con la organización política Jovent Republicà, como ha confirmado el propio grupo dependiente d’Esquerra Republicana a este diario.

“Evidentemente da mucha vergüenza que este chaval pueda ir campante por Maó y que haya vuelto desde Barcelona. Soy consciente de que ha tenido en estos dos o tres años, desde su vuelta, algunos rifirrafes con personas que lo han reconocido”, señalan las mismas fuentes de la organización izquierdista.  Algunos militantes, de hecho, lo han “increpado” al coincidir con él por el tema y, según su versión, él se ha puesto agresivo. Mientras que su círculo cercano lo ha felicitado por su “gran trabajo” como policía infiltrado.

La sexoafectividad: parte del ‘modus operandi’

A diferencia de otros agentes que han pasado años (se llegaron a matricular, incluso, en universidades públicas con el objetivo de introducirse en movimientos sociales) infiltrados, I.J.E.G no mantuvo, por lo menos que se haya hecho público, ninguna relación sexoafectiva con ninguno de los activistas con los que se rodeaba para cumplir la misión encomendada por sus superiores. De hecho, todos los agentes, durante sus actuaciones como infiltrados, han contado con la “cobertura” del Ministerio del Interior. Otros dos de los cuatro policías infiltrados y destapados en el documental emitido por TV3 tras la investigación de La Directa sí mantenían relaciones estables con militantes de las organizaciones en las que también militaban de manera encubierta para recabar información. 

En el caso del menorquín, aunque no se le atribuye ninguna de estas relaciones, fuentes cercanas al activismo señalan que “hubiera sido lo normal” teniendo en cuenta el entorno “joven y de fiesta”, especulan. Uno de los aspectos más criticados del espionaje de los funcionarios ha sido el ‘modus operandi’, en el que se incluían las relaciones sexoafectivas como una de las estrategias dentro de los movimientos y organizaciones a las que se adhirieron.

La práctica ha sido denunciada por cinco activistas de Barcelona que mantuvieron relaciones sexuales con policías infiltrados sin conocer su condición de agentes. Las cinco mujeres, representadas por la CGT y la entidad proderechos humanos Irídia, han presentado una querella ante un juzgado de Barcelona alegando haber sufrido abusos sexuales que el juez se niega a investigar. Por lo que las afectadas recurrirán la decisión del juez ante la Audiencia de Barcelona, como ya informó elDiario.es. Entre otras cosas, las actuaciones de los policías infiltrados, al contrario que la de los agentes encubiertos, no están sometidas al control judicial.

Para Irídia, las relaciones que el policía mantuvo con las denunciantes no fueron “casuales”, sino “estratégicas y deliberadas” por parte de un funcionario público, quien además contó con el apoyo del “sistema institucional”.  La entidad también ha considerado que este tipo de infiltraciones solo pueden realizarse en el marco de investigaciones judiciales relativas a casos de terrorismo, crimen organizado, tráfico de estupefacientes, “circunstancias que no concurren” en la denuncia de las cinco mujeres.

Posible detención de los activistas

La Policía Nacional de Maó ha propuesto a sanción a varios sospechosos por los “daños causados” en la fachada de la comisaría menorquina como símbolo de protesta por la infiltración de funcionarios del cuerpo en movimientos catalanistas de izquierdas. El movimiento Arran actuó de madrugada arrojando objetos con pintura sobre el edificio. Agentes de Maó acudieron de inmediato para evitar que los activistas continuaran dañando la infraestructura, como han indicado fuentes de la Policía Nacional a elDiario.es.

Los miembros del grupo independentista echaron a correr a la carrera cuando llegaron los agentes, que los alcanzaron cerca de un vehículo aparcado en el que había otras personas. Justo en el momento en que se disponían a abandonar el lugar. La patrulla intervino a los presuntos autores del acto vandálico el material utilizado para realizar la pintada reivindicativa y les identificó para ponerles una denuncia por infracción administrativa a la Ley Organica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Esto quiere decir que los activistas podrían enfrentarse a una sanción superior a los 500 euros, informan fuentes policiales.

El cuerpo de seguridad continúa investigando los hechos y no se descarta que pueda haber detenciones por la comisión de los mismos. Asimismo, el sindicato judicial Jupol ha condenado el acto vandálico contra la comisaría: “Nuestra condena más rotunda a estos actos terroristas contra la Policía Nacional”, han señalado en un mensaje en la red social X este jueves

Oriol Junqueras seguirá siendo la persona que lidere ERC en los próximos años. El hombre que ha presidido desde 2011 la principal organización independentista de izquierdas en Catalunya ha conseguido este sábado el aval mayoritario de la militancia para seguir otros cuatro años más. En un complicado congreso que ha implicado hasta dos votaciones y que aún no ha resuelto la fase de ponencias, Junqueras ha conseguido finalmente un 52% de los avales ante Xavier Godàs, el representante de los sectores más cercanos a Marta Rovira, que se han quedado en el 42%.

El periplo que ha tenido que seguir Junqueras para llegar a la reelección demuestra lo agitadas que están las aguas en Esquerra y la urgencia con la que necesitará cerrar las heridas internas a partir de este cónclave. Junqueras ha demostrado superar con claridad a sus rivales en las dos votaciones, pero no ha conseguido arrasar en ninguna de las dos, lo que demuestra la división que encontrará el líder reelegido en la formación.

Consciente de todo esto, Junqueras ha enarbolado un discurso conciliador una vez conocidos los resultados. “En ERC solo hay un partido”, ha asegurado el presidente reelegido, que ha subrayado que con la votación de este sábado “se acaban las candidaturas y todos volvemos a ser militantes de ERC”. Por esa razón, ha indicado que su voluntad es que personas de todas las listas se integren en las diferentes comisiones y redacción de ponencias que están por venir. “Nuestra mano está extendida y nuestro abrazo es fraternal; seguimos abiertos a hablar de todo”, ha asegurado Junqueras.

Menos clara ha quedado la cuestión sobre una posible integración de los perdedores en la nueva ejecutiva. Xavier Godàs, líder de la derrotada candidatura de Nova Esquerra Nacional, ha descartado categóricamente esta posibilidad, bajo la premisa de que “no se entendería” que después de contrastar propuestas ahora hubiera un “pasteleo” a la hora de componer la dirección. Junqueras, en cambio, no ha cerrado la puerta a esta opción. “Dispuestos a hablar de todo”, ha insistido.

Godàs ha asegurado que los resultados de este sábado han avalado su propuesta de “avanzar”. “El cambio es inevitable porque el conjunto del movimiento ha actuado en esta clave”, ha asegurado el aspirante, que ha asegurado que todos los miembros de su candidatura se pondrán a trabajar desde ahora mismo para fortalecer el partido. Aunque Godàs ha asegurado que aunque su deseo en seguir ampliando la “izquierda nacional”, que es el nombre de su candidatura, no se constituirán en corriente interna porque no lo necesitan.

El jefe de los republicanos vuelve a la sala de máquinas tras haberse apartado voluntariamente en junio pasado, con el objetivo de tener las manos libres para hacer campaña. Fue en aquel momento cuando el tándem con Rovira se rompió, ya que la secretaria general era partidaria de un relevo de toda la dirección mientras Junqueras era partidario de seguir.

Ahora el exvicepresident de la Generalitat podrá conducir ERC por primera vez sin necesidad de contrapesos en la dirección y donde, si lo desea, solo necesita contar con su grupo de dirigentes afines, con Elisenda Alamany como secretaria general. Junqueras no ha escondido durante la campaña que su deseo es volver a presentarse a las elecciones como candidato a la presidencia del Govern, aunque por el momento no se le ha aplicado la ley de amnistía.

Confirmado el regreso de Junqueras, en principio los socialistas no deberían temer por sus acuerdos ni en el Congreso ni en el Parlament. Los gobiernos catalán y central cuentan con los republicanos como socios en ambas cámaras y la candidatura vencedora en Esquerra no llega con intención de dar un volantazo en la política de alianzas.

Pese a eso, en la recta final de la campaña Junqueras sí ha enfatizado un perfil algo más crítico respecto al cumplimiento de los acuerdos con PSOE y PSC, dando a entender que no está contento con el actual balance y que será más exigente ante Pedro Sánchez y Salvador Illa. “Es imposible que el Partido Socialista pretenda llegar a nuevos acuerdos sin cumplir los acuerdos pasados. Nuestro compromiso es que esto no pase más”, ha asegurado Junqueras.

Aunque inicialmente el veterano líder de Esquerra optó por un discurso duro contra sus rivales, Junqueras ha ido rebajando el tono a medida que avanzaba la campaña, consciente de que la militancia de base tiene pánico ante una posible ruptura interna. Si en la presentación de su candidatura habló de “limpiar las heridas antes de curarlas”, unas palabras que generaron estupor también en sus filas, finalmente ha optado por remarcar las semejanzas más que las diferencias con Xavier Godàs.

Aunque por el momento poco se sabe de la dirección que piensa confeccionar Junqueras, la candidatura vencedora, Militància Decidim, cuenta con algunos de los nombres propios más cercanos a Junqueras. Además de la propia Alamany, el líder ha recibido el apoyo de exconsellers como Joan Ignasi Elena o Ester Capella. También cuenta de su lado al líder del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, y a la líder en el Parlamento Europeo, Diana Riba. No menos importante es la cercanía que tiene con Joan Tardà, que es además la persona que ha recibido más votos para integrarse en el consejo nacional de ERC, otro de los órganos votados.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sugerido la necesidad de plantear lo que ha venido a llamar “ajustes constitucionales” por la vía de un gran pacto de los dos principales partidos, PP y PSOE, con la vista puesta en que el “edificio” constitucional se mantenga “sano”.

“Hay enemigos evidentes, los que claramente quieren acabar con España, a los que más combato; pero también hay enemigos que no son declarados y que funcionan desde dentro, que se comportan como caballos de Troya, no haciendo efectiva la Constitución, no cumpliéndola, desarticulándola. Eso literalmente es un fenómeno que está pasando ahora. Hay que intentar por todos los medios que el edificio esté sano, de la base hasta el techo”, ha zanjado.

Según ha defendido durante su intervención en un foro organizado por el diario ABC, es “mejor anticiparse a los ajustes a que la falta de ajustes comporte el día de mañana una involución o un cuestionamiento global del sistema”.

Una reflexión para la que pide “serenidad”, algo que no requiere de “la urgencia del 76 ni del 77, afortunadamente”. “Creo que sería muy positivo establecer una reflexión serena de ámbito constitucional, es decir, la Constitución sigue siendo globalmente muy válida, no tiene una alternativa, por tanto no hay riesgo de reinventarla; pero si alguien tuviera que proponer sobre la mesa un modelo, un nuevo texto, no crean que le saldría muy diferente a lo que hay”.

En todo caso, estos “ajustes” no pueden “eternizarse”. Momento este en el que ha citado “el problema de la prioridad del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, que no deja de ser una incongruencia absoluta”. “Afortunadamente es la propia Casa Real y el Rey es el primero que ha dejado claro que no la comparten, pero eso lo tenemos ahí”, ha agregado.

Ha recordado que “hay algunos que quieren abiertamente acabar con la Constitución y lo dicen”, un texto que “es la llave que une a los españoles” mientras otros “quieren la independencia”.

Un runrún se extiende por los círculos militantes de ERC en las últimas semanas. “Cuidado con los del Alfred”, se murmura de forma unánime entre partidarios y detractores, tanto en candidaturas rivales como en estructuras del partido que saben que no sobrevivirán al congreso de noviembre. La persona a la que se refieren es Alfred Bosch y los suyos son la candidatura de Foc Nou, el equipo que quiere rivalizar por la dirección de ERC tanto con Oriol Junqueras como con Xavier Godàs, el aspirante respaldado por Marta Rovira.

Foc Nou está, como ellos mismos reconocen, lejos de los dos principales candidatos. Junqueras y su equipo, Militancia Decidim, llevan tiempo trabajándose las bases del partido, municipio a municipio, mientras que Nova Esquerra Nacional cuenta con decenas de nombres propios y recoge el testigo de Rovira y Pere Aragonès.

En cambio, el exconseller Alfred Bosch, candidato a la secretaría general, y la candidata a la presidencia, Helena Solà, tienen mucho menos campo de acción que Junqueras y Godàs. Pero cuentan con un as en la manga: la forma de elegir la dirección en ERC.

En todos los partidos la toma de decisiones refleja su cultura organizativa, su historia y, en muchas ocasiones, sus traumas. En ERC aún se recuerda con disgusto el congreso de 2008, cuando medio partido pasó a cuchillo a su otra mitad, con hasta dos escisiones y un bache electoral que tardaría en remontarse. Por eso, desde entonces, ninguna candidatura puede quedarse con la ejecutiva del partido sin conseguir, al menos, el 50% de los votos de los militantes.

La fórmula para elegir a la dirección de ERC en la votación que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre se parece al de las elecciones francesas. Si una candidatura obtiene en primera votación más de la mitad de los votos, gana y ahí acaba todo. Pero si ninguna consigue pasar esa barrera, la votación se repetirá dos semanas después entre los dos que hayan quedado primeros. Y esta vía da muchas posibilidades a los terceros de estar en la ejecutiva ganadora, porque les permite pactar y sumar votos.

Esta es la razón por la que el “cuidado con los del Alfred” se ha extendido. Porque, gracias al sistema electoral, Foc Nou podría tener la llave para decidir quién vence en el congreso de ERC. Y eso pese a que la candidata a la presidencia, Solà, es una persona casi desconocida, mientras que Bosch salió con polémica del Govern en 2020, acusado de encubrir el supuesto acoso sexual de su jefe de gabinete hacia una trabajadora.

“Somos más que una candidatura anti-PSC”

Pero, ¿qué defiende Foc Nou? “Queremos aglutinar el voto del no [a la consulta sobre al investidura de Salvador Illa], pero también se nos acerca gente que votó sí con una pinza en la nariz”, explica Jordi Orobitg, exdiputado y portavoz de la candidatura. Según indica, entienden y no rechazan que se les haya puesto la etiqueta de “candidatura anti-PSC”, pero reivindica que son “mucho más”. “Queremos liderar la unidad del independentismo, nosotros no hemos tirado la toalla como dijo Rovira, y queremos introducir una regeneración en todo el partido, comenzando por los procesos internos de decisión”, explica.

“Están siendo muy hábiles capitalizando el voto del no al PSC”, afirma una fuente alineada con otra candidatura. “En julio el 44% de la militancia votó que no. Si consiguen convencer a la mayoría de esos, se convertirán en un activo muy fuerte, quizás incluso con opciones para llegar segundos”, razona este militante.

Más allá de especulaciones sobre los resultados, que están muy abiertos, todo el mundo ve que Alfred Bosch y los suyos puede acabar teniendo la llave de la mayoría. Lo que significa que es probable que en la próxima dirección del partido haya voces muy críticas con los acuerdos de ERC con el PSC, tanto a nivel del Govern como en los ayuntamientos catalanes, pero también con el PSOE en el Congreso. Una circunstancia que en el partido no esperaban o, al menos no tan pronto.

Enmienda al junquerismo pero también a Aragonès

“Foc nou” es una expresión equivalente en castellano a “borrón y cuenta nueva”. Un nombre que encaja con bastante precisión con el espíritu de la candidatura que lideran Solà y Bosch: una enmienda a los 14 años de junquerismo pero, también una revisión crítica del paso de ERC por el Govern.

Desde la candidatura aseguran que son muy críticos con la “verticalidad” que ha dominado el partido en los últimos años donde, según denuncian, se han formado “capillitas” que acaban hurtando el debate a los órganos de dirección. “Con Junqueras sería más de lo mismo”, aseguran, “pero también Rovira es responsable de que eso haya pasado y la candidatura de Godàs no garantiza que cambie”.

Respecto al paso de ERC por el Govern, en Foc nou creen que el hundimiento tuvo que ver con “no haber sido fieles” a los valores de ERC. “Hemos querido agradar a todo el mundo y no hemos gustado a nadie. Y hemos querido agradar especialmente a sectores más acomodados que luego nunca nos apoyan”, resume Orobitg. “Deberíamos haber dicho claro que no estábamos a favor de cosas como la ampliación de El Prat por las bravas o del Hard Rock, en vez de escondernos y esperar que pasara la tormenta”, añade.

Pero esa critica doble a lo que representa la candidatura de Junqueras y también la de Godás abona el interrogante respecto a quién elegirá Foc nou como compañero de viaje en el caso de que haya segunda vuelta. “Con el programa en la mano, con ambos tenemos diferencias y semejanzas. Ahora bien, una de nuestras señas de identidad es que deseamos separar a los cargos de partido de los institucionales, es decir, que presidenta y secretario general del partido no se presenten a las elecciones”, resume Orobitg. Una línea roja que, si la mantienen, les haría incompatibles con Junqueras.

Una comisaria de policía hace comentarios machistas, salen a la luz y es sancionada. Entonces un tribunal anula la sanción con argumentos peregrinos. Acaba de pasar y es un buen ejemplo más de la tolerancia general de nuestros jueces ante los excesos de las fuerzas de seguridad. Los jueces y los abogados más conservadores dicen que se trata de casos aislados, que no se puede hacer una regla sobre un caso concreto y que cada asunto es un mundo. Así sería, en efecto, si no existieran los datos. Las 14 condenas a España por no investigar malos tratos policiales. El listado de casos de impunidad policial que las organizaciones de derechos humanos publican cada año. Los resultados de los buscadores…

Porque los datos dicen que no es un caso aislado, sino una tendencia constante y normalizada. Lo sabe cualquier abogado que haya llevado alguna vez un caso de supuestos abusos policiales. Lo sabe, en realidad, cualquiera que en un buscador jurídico o de noticias busque sentencias y decisiones judiciales sobre excesos de la policía: los resultados, constantes y tercos, muestran que las denuncias se archivan incluso en los casos en los que hay testigos, fotos o videos evidentes. Que las sanciones se levantan incluso en los casos en los que, como este de ahora, las evidencias públicas dicen justo lo contrario de lo que ven en ellas los jueces.

Este último caso es sólo un ejemplo más. 

Estíbaliz Palma es comisaria de la Policía nacional. Hace un par de años acudió a la cena que organizaron sus compañeros como homenaje a un policía antidisturbios que resultó herido durante unos incidentes en Barcelona en protesta por la sentencia del procés y tuvo que jubilarse por ello. Allí se proyectó primero un video del ministro del interior en el que animaba al agente y loaba su profesionalidad. Después le tocó hablar a ella, que hizo algunas chanzas patrióticas. Dijo que Madrid es zona nacional, no como Galicia. Y dijo también que durante el procés parecía que la policía se dedicaba a maltratar manifestantes cuando en realidad “ya les gustaría a algunas que las violara un antidisturbios”. Uno de las presentes grabó esas palabras y, escandalizado por su contenido, se las hizo llegar luego a la prensa.

Se montó un escándalo en todo el país y la dirección de la Policía abrió un expediente. Concluyó con una sanción de cinco días de suspensión, que es la mínima prevista en el reglamento. Se entendió que había cometido una falta grave con infracción manifiesta de las obligaciones inherentes a su cargo y por desconsideración a los ciudadanos causando descrédito notorio a la institución policial.

Aunque la sanción fue la más leve de las posibles, la Policía la recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ha anulado. Argumenta en primer lugar que no está probado que la comisaria, con sus expresiones, tuviera intención de menospreciar a las víctimas de violencia sexual. Dice que ella no sabía que sus palabras se estaban grabando, de modo que no es culpable de la trascendencia que tuvieron. Como si lo importante no fueran sus actos, sino el modo a través del cual se probaron. En realidad, aunque no se hubieran grabado las palabras exactas, cualquiera de los presentes podía haberlas contado y el escándalo sería el mismo. Lo escandaloso no era que existiera una grabación, sino las palabras que dijo. Pero para los jueces, reírse de las mujeres violadas ante cuarenta policías, si no se graba, es como reírse de ellas.

Adicionalmente, dicen los jueces que en esa cena la comisaria no estaba en ejercicio de su cargo. Lo cierto es que en realidad habló no solo como policía, sino como comisaria. Si se le cedió la palabra fue porque era el mando superior de entre todos los presentes. Más aun, hizo su discurso a continuación de otro del ministro del Interior. Con toda seguridad, si el sancionado hubiera sido el ministro, estos mismos jueces jamás habrían dicho que no hablaba como ministro, sino como ciudadano. Pero él no es policía.

Evidentemente, en el mundo del derecho todo es discutible. En las facultades de derecho se enseña a los juristas a argumentar utilizando las leyes en vigor tanto una postura como la contraria. Con un poco de creatividad y algo de voluntad cualquier juez puede motivar prácticamente lo que quiera. Y en este caso, ya han surgido los habituales magistrados mediáticos diciendo que el tribunal simplemente ha querido ser garantista con la funcionaria.

Y esta muy bien que los jueces sean garantistas. Es decir, que protejan de manera estricta los derechos de los ciudadanos. El problema es que solo lo son de manera selectiva y que –casualmente– lo son especialmente cuando se trata de juzgar a funcionarios policiales.

Existen en España, por ejemplo, dos estándares diferentes para la presunción de inocencia. Cuando se acusa a un policía de malos tratos, nuestros jueces creen que el derecho a la presunción de inocencia exige que se demuestre, sin el menor lugar a dudas, su culpabilidad. Si en un video se ve a un policía dar una patada a una persona en el suelo pero no hay pruebas de que fuera justo esa patada y no otra la que le causó las lesiones, pues no se condena al policía. Si un ciudadano sale de un coche de policía con la nariz rota, en tanto que no hay pruebas de que no se la haya roto él mismo para fastidiar a la policía, pues no se investiga a los policías que lo llevaban. Si un ciudadano detenido aparece lleno de moratones en su celda pero no hay pruebas de que haya sido la policía, y no un accidente, pues no se investiga.

Es una manera estricta de entender que nadie es culpable a no ser que se demuestre muy fehacientemente lo contrario.

El problema es que ese estándar garantista y defensor de los derechos no se aplica a todos los casos. Si un manifestante es acusado seis años después de haberle dado una patada a un policía en una protesta, aunque no haya video, ni prueba, ni certificado médico, los jueces creen que la confusa declaración del policía es suficiente para condenarlo, más si transcurrido el tiempo el tipo es diputado izquierdista. Si seis muchachos en Zaragoza son acusados de protestar violentamente contra Vox y la policía nuestros jueces no ven ningún problema en condenarlos hasta a seis años de cárcel sin más pruebas que las declaraciones de un par de agentes que dicen que fueron ellos.

Todos estos ejemplos son casos reales. Nuestros jueces protegen con pulcritud los derechos fundamentales de los agentes policiales tanto como desprecian los derechos de los rojos y disidentes acusados de cualquier cosa por las fuerzas de seguridad. Tienen un sesgo descarado que les permite exculpar de todo a los agentes del orden y condenar por cualquier cosa a la ciudadanía que les plante cara.

Lleva pasando años y nadie hace nada. Y en este sistema de impunidad frente a los excesos ahora unos jueces madrileños afirman que decir que las independentistas catalanas se mueren por ser violadas por un antidisturbios no es motivo de sanción. Vistos los precedentes, es fácil imaginar que si quien hubiera dicho la frase fuera una funcionaria catalana y lo que hubiera dicho es que las agentes de la policía disfrutarían siendo violadas por un guapo independentista, esos mismos jueces habrían considerado plenamente justificada la sanción.

Porque sí. Porque la judicatura española ha entrado en una peligrosa deriva en la que utilizan la ley para perseguir a quienes no piensan como nuestros magistrados conservadores. Nuestros magistrados cada día disimulan menos al manipular las leyes y los hechos de forma que los excesos policiales queden impunes, pero los de rojos e independentistas sean duramente castigados. Han perdido de tal manera el sentido de la imparcialidad que cualquier día leeremos a los jueces y juezas del Tribunal Supremo decir que lo que las independentistas necesitan es que las viole un juez. Como si, figuradamente, no estuviera ya pasando cada día.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

En España se escapa mucho, desde hace mucho y por muchos motivos. Cada tiempo ofrece los perfiles propios de los que se escapan. Pero no es nada extraordinario, se fugan los reyes, gobiernos enteros, presidentes de gobiernos regionales y desde ahí hacia abajo todo el que ha podido o lo ha necesitado. En la clasificación de fugas también hay sus niveles, las hay políticas, fiscales y por el destino, unas son internacionales, en algunos casos consentidas y mantenidas económicamente, y otras quedan en el terreno doméstico, de andar por casa, más al alcance de los más menesterosos .

Don Eleuterio Sánchez, conocido entonces como El Lute, con el que se congració una cierta prensa dejándolo solo en bandido quizá arrepentida de tanto zaherirlo, se escapó en varias ocasiones, fugas domésticas de pobre. En 1966 se tiró de un tren en marcha huyendo de la Guardia Civil que lo llevaba a rendir cuentas por sus tropelías, por las que obtuvo, una vez capturado, una larga condena; en la retahíla y sumatorio de cargos figuraban dos años de prisión por robar una gallina.

En aquellos tiempos en los que la sola fotografía o presencia, ambas en gris, de la pareja de la Guardia Civil ya inspiraba pánico y hoy una cierta pena, era ministro de Interior, Camilo Alonso Vega, un franquista duro que, además, fue director general del mencionado cuerpo. Comoquiera que el penado pagaba condena en el penal duro de El Puerto de Santa María, un día de 1970 don Eleuterio, siempre comprometido con su libertad, volvió a escaparse.

Esta vez el ministro de Interior era el sucesor del duro Alonso Vega, Tomás Garicano Goñi. Quienes  fueran entonces los ministros de Justicia no tiene relevancia. Los jueces, todos ellos fueron a los pocos años jueces de la democracia, eran sólo la autoridad judicial, delegados del Caudillo, que congregaba los tres poderes, no dijeron ni pío.

No había, por supuesto, ni oposición ni prensa ni siquiera nadie por arriba a quien culpar - bueno, el jefe era don Francisco- ni nadie que se atreviera a criticar a don Camilo, “uno di noi”. En realidad, de aquella fuga no se podían derivar responsabilidades políticas, no había mediante una investidura, pero sí quedaba en entredicho la reputación de una dictadura que debería ser más eficaz. No se habló de responsables porque entonces ni habían responsabilidades ni se exigían.

En 2017 las competencias del ramo las tenía el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que, además, contaba con refuerzos importantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la patriótica actuando

Con la democracia, la gente ha seguido escapándose, hay muchos casos, pero uno muy comentado ocurrió a finales de octubre 2017. Un presidente de una Comunidad Autónoma intervenida por el gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se escapó, dicen, en el maletero de un coche.

Entonces ya no había consejero de Interior ni mando propio de su Policía, que había sido cesado, las competencias del ramo las tenía el ministro de Interior del Reino, Juan Ignacio Zoido, que, además, contaba con refuerzos importantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la patriótica actuando; las funciones de la presidencia de la Generalitat las ejercía por delegación de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia era Rafael Catalá. Se les escapó pero también se le escapó El Lute a don Camilo el duro, un hombre de don Francisco, decían entonces sus herederos ideológicos para quitar hierro al asunto.

En Marbella, dicen que por una descoordinación judicial, consta el esfuerzo policial en su detención, se escapó hace poco Karim Bouyakhrichan, una fuga de postín, un conocido histórico narcotraficante habitual del vecindario de la Costa del Sol, cabecilla de “Mocro Maffia”, una peligrosa organización criminal, reclamado por la justicia de los Países Bajos. 

No consta maletero ni números de prestidigitación ni alcantarilla, pero se presume subsuelo y rezuma una cierta peste a tajea judicial; solo se esfumó, sin más, como parecen estar esfumados, con el don de la invisibilidad, muchos compañeros de profesión de Karim en la citada ciudad andaluza. Como la justicia es un poder independiente y separado, en estos casos se supone que tendría que responder el presidente del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, siguiendo la lógica de tirar hacia arriba de los exigentes de responsabilidades.

Hace muy poco, se ha vuelto a escapar un señor sobre el que recaía una orden de detención judicial, tras la que parece ser su última función histriónica. Según fuentes presenciales y los más finos observadores televisivos, el protagonista apareció en una especie de tablao donde se produjo con destreza; en el cutrerío del momento, consuela que no se vieran batas de lunares, a cada uno lo suyo, sino profusión de la simbología  vernácula de barras y una estrella. Los que exigen responsabilidades como los pimientos de Padrón, unas veces sí y otras, no, ahora sí las han exigido  pero apuntando hacia arriba afinando el tiro guiñando el ojo derecho. Un clásico. 

“Hay que votar para poder quejarte”, asegura María, de 19 años. Tiene claro que acudirá a las urnas el próximo 12M aunque la mayoría de partidos la hayan “decepcionado”. Estas serán las segundas elecciones en las que vote y en las anteriores tuvo claro que su apoyo era para el PSC ahora duda y puede que dé su voto a Sílvia Orriols, líder del partido xenófobo Aliança Catalana. 

Escoge no por convicción, sino por “descarte”. Está descontenta y hastiada con la política llevada a cabo los últimos años, en especial con los independentistas, a los que reprocha que “no se interesan por el pueblo, sino por ellos mismos”. Aún siendo de una familia de izquierdas y haberse declarado favorable al procés hace unos años, ahora se considera de centro-derecha, asegura estar “contenta” de ser española y se considera cada vez menos independentista.

Esta transformación ideológica es una tendencia que va en aumento entre la juventud catalana, que se está desvelando como la generación más conservadora en décadas. Los llamados Z están haciendo añicos la imagen del joven revolucionario de izquierdas que ocupó Plaça Catalunya durante el 15M, que se manifestó contra el plan Bolonia o aquella más veterana que desafiaba al franquismo. Ahora, la tendencia es contraria.

Las últimas encuestas de opinión elaboradas por el CIS o por el CEO (su equivalente en Catalunya) revela que los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen una clara tendencia a ser más conservadores. Por ejemplo, son el grupo de edad que se muestra más de acuerdo con eliminar impuestos, restringir las políticas migratorias y los que más creen que “el feminismo ha ido demasiado lejos”.

Y eso se nota en la intención de voto. Según el último sondeo del CEO -el único realizado después de la convocatoria electoral del 12M-, el grupo más joven es el que menos tendencia tiene a votar a partidos de izquierda y, a su vez, en el que hay más intención de votar a la derecha. De hecho, es el grupo de edad en el que Vox tiene más apoyo, con diferencia. 

Históricamente, los jóvenes siempre han preferido opciones políticas que tienden hacia los extremos y, precisamente por eso, son el grupo de edad en el que la CUP acostumbraba a tener más apoyo. En cambio, opciones más conservadoras como el PSC van ganando peso a medida que los votantes envejecen. 

Pero, así como hace unos años la CUP era uno de los partidos preferidos por los jóvenes, ahora Vox tiene más apoyos. Esto demuestra el viraje de la juventud catalana y se explica, en parte, por cómo se informa este segmento de la población. Según el CEO, la principal fuente de información de los jóvenes menores de 35 años son las redes sociales y ahí, el dominio lo tienen los partidos de derecha y extrema derecha. 

De hecho, Vox Catalunya es el partido con más seguidores (30.000), muy por delante del segundo, ERC, con 15.000. La tercera formación es Aliança Catalana, con 12.000 seguidores a pesar de no tener representación parlamentaria. 

“Si me hacen elegir entre CUP o Vox, prefiero Vox”, asegura Laura de 23 años. Ella, que en las elecciones generales votó a ERC, ahora se decanta por partidos más extremos. Su voto será para la xenófoba Aliança Catalana porque, además de coincidir con sus propuestas, los prefiere a Vox porque son catalanes. 

Ella siempre fue partidaria de la secesión, pero ahora sus principales preocupaciones son la inmigración y la seguridad. “Catalunya necesita otras cosas”, dice. Por ejemplo, apoya repatriar a delincuentes multireincidentes. “Suficiente gente mala nacional que sí que son problema nuestro”, argumenta y añade que, en su opinión, también “mucha gente que está chupando del bote pero no aporta nada”.

¿Culpa del feminismo?

Según Marc Guinjoan, profesor de Ciencias Políticas en la UAB, especializado en comportamiento electoral y político, la evolución ideológica de los jóvenes es “una ruptura sorprendente y difícil de explicar”. Al ser una generación que apenas está empezando a votar, todavía es pronto para sacar conclusiones. Además, crecieron con la revolución digital y con la pandemia, dos fenómenos nuevos y sobre los que todavía no hay datos suficientes como para saber qué consecuencias han tenido.

A pesar de eso, expertos como Guinjoan ya señalan a ciertos factores. El primero y más claro para el politólogo es la reacción a los movimientos feministas. “Parte de la juventud compra la idea de que las mujeres tienen privilegios y muchos hombres jóvenes se ven como damnificados por las políticas de igualdad”, apunta.

La generación Z ha crecido con la precariedad y la inseguridad como bandera, así que las políticas de igualdad dirigidas a colectivos vulnerables como las mujeres o los migrantes hacen que muchos hombres jóvenes teman que se les estén robando las oportunidades vitales con las que contaban.

El rechazo al feminismo es, para el politólogo, “una de las principales puertas de los jóvenes a ideologías conservadoras”. Alberto, de 18 años, es de los que cree que se ha ido “demasiado lejos”. Opina que hay personas que “se han visto perjudicadas por ciertas leyes que protegen a la mujer y no al hombre” e insiste en que “se ha dedicado demasiado tiempo a ciertos colectivos y tampoco hace falta”.

Él votará al PP y lo hará buscando un partido que se haya preocupado por las “cosas realmente importantes” que, como para la mayoría de jóvenes catalanes, son el paro, la inflación y los precios de la vivienda.

¿Independencia o vivienda?

Una de las cosas que marcan el cambio generacional son las preocupaciones. Durante muchos años, lo que más inquietaba a la sociedad catalana eran las relaciones entre Catalunya y el resto de España. Con el paso del tiempo, esta cuestión ha ido perdiendo peso, pero sigue siendo lo que más quita el sueño a una de cada cinco personas mayores de 50 años. En cambio, sólo preocupa al 7% de los jóvenes.

El apoyo al independentismo también ha bajado en picado. Así como en octubre de 2017 se situaba en el 52,1% y siguió superando la mayoría hasta 2021, en abril de 2024 bajó hasta el 33%.

Manel tiene 24 años, es progresista y solía optar por partidos independentistas. Pero en las elecciones del 12M seguramente votará Comuns. “Hay problemas mucho más urgentes”, asegura y califica de populistas aquellos partidos que ponen la cuestión nacional como principal punto a tratar en el programa electoral.

Ha tardado años en desencantarse, en parte, por el componente emocional que tuvieron los años del procés y diversas jornadas históricas, como el referéndum del 1-O, en las que participó siendo adolescente. Y es que la emoción es clave para definir la línea ideológica, tal como recuerda el politólogo Marc Guinjoan. Eso explica que aquellos que son más jóvenes que Manel y no vivieron activamente esos años sean menos independentistas.

A todo esto se suma que la presente generación de jóvenes es la que tiene un porcentaje más alto de nacidos fuera de Catalunya de la historia (cerca del 20%). “Son personas que naturalmente no tienen tanta vinculación con el procés”, resume Guinjoan. 

De hecho, ante la falta de vinculación emocional con aquellos años, “el independentismo puede incluso generarles sentimientos negativos debido a que diversos partidos pueden haber descuidado cosas que para ellos son importantes, como la vivienda o la seguridad”, añade Marc Guinjoan.

Eso es lo que ha llevado a Alberto a escoger al PP: huir de los partidos independentistas y del PSOE, que, según él, ha hecho demasiadas concesiones al separatismo al permitir la amnistía.

Españoles sin complejos

Estas elecciones también han sido un punto de inflexión para algunos más mayores, como Andrea. Tiene 24 años y siempre votó independentismo. Militó en un CDR y defendió una urna del 1-O. Pero asegura que está harta. “Esto no va a ningún lado. Sólo se preocupan por ellos. Si no, mira el 'show' que ha montado Puigdemont. Casi que quien ha hecho más por la independencia es Pedro Sánchez con la ley de amnistía”, explica esta joven.

Por eso, se ha pasado los últimos meses asegurando a quien quisiera escucharla que, en cuanto pudiera volver a votar, lo iba a hacer por el PSC. Pero, cuando se convocaron elecciones cambió de idea. “Fue un calentón”, asegura, entre risas. 

Pero su “calentón” no es un hecho aislado, a juzgar por los barómetros del CEO. En los dos últimos realizados antes de la convocatoria electoral, la opción preferida de los jóvenes de entre 18 y 24 años fue el PSC (con más de un 20% de intención de voto). De todos modos, una vez se hizo el anuncio de los comicios, el partido preferido volvió a ser ERC y los de Illa bajaron al 4,4%.

Para Guinjoan, la proximidad a las elecciones puede haber hecho que muchos jóvenes se replanteen su voto y se decanten por una opción segura, por un partido al que ya han visto gobernar. “Son una generación que tiende, contra todo pronóstico, hacia lo conservador”, asegura y reconoce que se sorprendió cuando los jóvenes parecieron preferir al PSC.

En el caso de Andrea, el motivo para acabar decantándose por Aragonès y no por Illa es distinto. “No estoy lista para votar a un partido unionista. Ya no soy independentista, pero de ahí a ser española...”, apunta. Para jóvenes de su edad, el término 'españolista' sigue cargado de connotaciones negativas. Andrea, por ejemplo, lo relaciona con “franquismo, dictadura y cosas rancias”.

En cambio, los más jóvenes como María (19 años) o Alberto (18) no tienen problema en definirse como españoles y aseguran no ver ninguna connotación negativa en el término. Los motivos son diversos, pero uno de ellos, según Guinjoan, se explica en una encuesta que hizo recientemente Òmnium Cultural y en la que se muestra que los jóvenes de 18 a 24 años son los que creen con mayor firmeza que “hay que dejar de lado las políticas de revisión histórica del franquismo”.

“No han vivido el auge del procés, pero tampoco tienen vínculos con la dictadura, cosa que les hace tener una visión totalmente diferente de España y de lo que significa para alguien en Catalunya”, asegura Guinjoan.

Estamos frente a la primera generación con derecho a voto cuyos padres nacieron ya en democracia, con pleno acceso a Internet y que pasaron la plenitud de su adolescencia confinados. Todos ellos son factores demasiado recientes para ser analizados en profundidad, pero ya están siendo determinantes. 

“Quizás siempre serán conservadores o quizás se volverán radicales con la edad. Quizás lo de esta generación sea circunstancial o quizás los jóvenes serán así siempre”, teoriza Guinjoan, que asegura que, sea como sea, con la generación Zeta ha habido un cambio de patrón a la hora de entender -políticamente- qué significa ser joven. 

Dos territorios con una enorme carga política, por la historia y por el momento que atraviesan, celebran comicios autonómicos en las próximas semanas. Primero llega Euskadi, este mismo domingo, 21 de abril. El 12 de mayo será turno de las elecciones en Catalunya. Los nacionalismos de Euskadi y Catalunya llevan décadas mirándose de reojo. ¿Ha sido siempre así? ¿Cuál ha sido el camino que han seguido históricamente estos nacionalismos?

Reflexionamos sobre ello con el periodista de elDiario.es en Catalunya Arturo Puente.

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Llueve con fuerza en Andoain. Hace frío. Arkaitz Rodríguez está helado y no se quitará el abrigo en ningún momento. Es lunes y esta tarde noche EH Bildu ha decidido sacar a pasear las dos caras de la coalición. El taimado candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, y el guardián de las esencias, Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, la formación heredera de la izquierda abertzale que nunca ha condenado la violencia de ETA, y que lidera la coalición EH Bildu. Uno de los periodistas que está ‘empotrado’ en la campaña de la coalición soberanista se acerca a los responsables de Comunicación para conocer si la participación de Rodríguez va a implicar alguna novedad en el discurso atemperado y sin aristas que los soberanistas no han abandonado desde la precampaña. “¿Va a subir Arkaitz la temperatura?”, pregunta el avispado plumilla.

Andoain, un municipio a unos 15 kilómetros de la capital donostiarra y de 14.555 habitantes, es ahora un banco político de pruebas para los de Arnaldo Otegi. En las pasadas elecciones municipales, la izquierda independentista logró la makila (bastón) de mando del consistorio. Y en menos de un año ha logrado que los ediles del PNV y de Elkarrekin Podemos les aprueben los presupuestos de este año.  

Es esa “política colaborativa” la que los independentistas quieren llevar a Ajuria Enea en el caso de que su candidato ganara (es una posibilidad) el 21 de abril y lograra conformar una mayoría suficiente (algo mucho más complicado) en la Cámara vasca. “Necesitamos gobiernos con propósito”, repiten los candidatos independentistas en campaña, día sí y día también. “Necesitamos una agenda del cambio para avanzar en términos nacionales y sociales” que no excluya a nadie, salvo a la “derecha reaccionaria”, reiterará luego Otxandiano ante los militantes y simpatizantes de Andoain en su intervención.

Banco de pruebas del horror

No es la primera vez que el mundo independentista que nunca condenó la violencia terrorista ha convertido Andoain en un banco de pruebas. Durante décadas, sobre todo en el ciclo que ETA y su brazo político denominaron la “socialización del sufrimiento”, la persecución a los representantes de las fuerzas constitucionalistas (PSE-EE y PP) y a los nacionalistas más moderados del municipio fue inmisericorde. También atacaron batzokis (sedes del PNV) y bienes materiales de concejales nacionalistas, pero en ese caso sin asesinar a nadie.

Raúl López Romo, historiador y miembro del Centro Memorial de la Víctimas del Terrorismo, ha estudiado bien esa época. Una etapa que arrancó el 23 de enero de 1995 con el asesinato del dirigente y edil popular Gregorio Ordóñez y no terminó hasta que ETA echó la persiana definitivamente en octubre de 2011. “La campaña de hostigamiento contra personas y partidos no nacionalistas fue sistemática y en ella participaron tanto ETA como el resto de la izquierda abertzale, repartiéndose las funciones”, recuerda López Romo, historiador y coautor del libro ‘Nunca hubo dos bandos’.

La socialización del sufrimiento pretendía extender el miedo a todos. Y para ello, combinó los asesinatos —muy selectivos para buscar un mayor efecto desestabilizador con tintes de magnicidio— con la violencia callejera y la persecución diaria.

Andoain pasó a la historia del horror por atentados muy significativos: en ese municipio fue asesinado en febrero de 2003 el jefe de la Policía Municipal y ertzaina Joseba Pagazaurtundua, hermano de Maite, referente del mundo constitucionalista que nunca ha doblado la cerviz ante ETA. ‘Pagaza’ se ha despedido ahora de la política activa que ha desempeñado en los últimos años en el Parlamento Europeo. También cayó asesinado por las balas de los pistoleros etarras en ese municipio guipuzcoano el periodista y escritor José Luis López de Lacalle. Fue en mayo de 2000, tras la ruptura de la tregua del Pacto de Lizarra. Para la historia quedará la imagen icónica del cuerpo de López de Lacalle cubierto por una sábana blanca y, al lado, su paraguas abierto y la bolsa con los periódicos que leía con avidez todos los días.

Reactivar la ponencia de autogobierno

Ninguno de los oradores de EH Bildu recordó una época tan traumática, ya superada. Arkaitz Rodríguez, con un tono mitinero bien trenzado, elevó la temperatura ambiental. Y en su discurso puso la semilla sobre un asunto, las aspiraciones nacionales de la coalición independentista, que ha rematado este mismo miércoles en otro municipio histórico. Justo el mismo día en que una nueva entrega del CIS de Tezanos ha dado a EH Bildu, por primera vez, ganador de las elecciones vascas. Aunque fija el umbral de indecisos en un 30%. Y ahí sigue la batalla, sobre todo en Araba.

En Andoain, Rodríguez advirtió al PNV, sin citarlo, de que no iban a “permitir limitar por cálculos partidistas” esas aspiraciones nacionales. En un escenario con una carga simbólica evidente, la Casa de Juntas de Bizkaia, y ante el árbol de Gernika, el líder de Sortu ha defendido la necesidad de dar un “salto en materia de soberanía y autogobierno”. Y ha invitado al PNV a “retomar el Acuerdo de Bases” suscrito en julio de 2018 con los peneuvistas. Otegi entonces saludó el pacto y defendió que “nunca en los últimos 40 años” se había dispuesto “de un acuerdo de este tipo que fuera sustentado por las dos grandes familias abertzales”.

El documento, que incluía una consulta no vinculante, enfadó sobremanera a los socios del gobierno de coalición y obligó a los socialistas vascos, entonces liderados por la ahora vicelehendakari, Idoia Mendia, a advertir a Ortuzar de que por ese camino, no. 

Pero lo que es más significativo de la declaración de Rodríguez es que el máximo líder de Sortu ha metido quinta en los tiempos. Hasta ahora, Otegi y el propio Rodríguez, han hablado siempre de ir despacio en esta materia. Sin ansias, ni prisas. Parafraseando a uno de sus referentes más queridos, repetían (lo hizo Otegi en el último Aberri Eguna y también Rodríguez en Andoain) las palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, un líder político descendiente de vascos que en su juventud abrazó la violencia guerrillera revolucionaria, en su caso la del movimiento Tupamaro. “Vamos despacio porque vamos lejos”. Esa era la máxima. Y el mantra de EH Bildu.

Pero esta mañana de miércoles, Rodríguez se ha comprometido a “reactivar la ponencia parlamentaria de autogobierno durante los tres primeros meses de la legislatura” y a alcanzar un acuerdo sobre ese texto articulado “en el plazo de un año”.

En el cuartel general de EH Bildu están convencidos de que ese va a ser el “mandato popular” que salga de las urnas el domingo 21 de abril. Entre otras cosas porque el Parlamento que surja de ahí va a ser el más nacionalista/soberanista/independentista de toda su historia. Entre el 70% y el 75% de los diputados serán del PNV y de EH Bildu. Justo cuando todos los sondeos revelan que el sentimiento independentista está bajo mínimos en Euskadi y que no es una preocupación ‘top-ten’ para la ciudadanía. Otegi siempre ha dicho que no van a desaprovechar “la ventana de oportunidad” que se ha abierto en España con el presidente socialista Pedro Sánchez para el “reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado”. Por eso nunca van a dejar caer ese Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar.

El último Sociómetro (el CIS vasco), publicado pocos días antes de la celebración del Día de la Patria vasca, revelaba que sólo un 22% de las personas encuestadas es partidario de la independencia, una de las cifras más bajas de la serie histórica de esta encuesta oficial. El Sociómetro subrayaba que los defensores a ultranza de la independencia han caído 12 puntos la última legislatura. E, hilando más fino, había otro dato muy importante: que la gran mayoría de los votantes del PNV que lidera Andoni Ortuzar descarta las posiciones extremas. Los contrarios a la ruptura en las filas peneuvistas (un 37%) doblan a los partidarios de irse de España (el 18%).

“Gora gu ta gutarrak!” [“viva nosotros y los nuestros”]. Es el grito galvanizador independentistas con el que acabó Pello Otxandiano el mitin de Andoain. Que traducido a lo musical —y con un poco de sentido del humor— plantea un grupo que cada vez tiene más predicamento entre los independentistas heterodoxos, lo navarros Chill Mafia. Este combo ha puesto banda sonora a ese estado y a esos anhelos, pero con una coña marinera propia de los guionistas del famoso programa de la ETB ‘Vaya Semanita’. La canción se titula ‘Puta Ripagaña’, y no tiene desperdicio.

El Parlamento más soberanista pero la independencia bajo mínimos. Esta es la paradoja a la que se enfrentará el futuro Ejecutivo autonómico y el lehendakari que alcance la mayoría suficiente para meterse en el bolsillo las llaves de Ajuria Enea.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, debatirá el próximo 21 de marzo dos informes opuestos sobre la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso. El pasado 13 de diciembre, la Comisión Permanente del órgano encargó a dos vocales la realización de ese dictamen, que tiene carácter preceptivo aunque no es vinculante. La conclusión de esos trabajos son dos borradores contrapuestos que chocan sobre su constitucionalidad. 

Así, mientras el conservador Wenceslao Olea tiene una visión muy crítica de la iniciativa acordada por el PSOE y los independentistas y señala que es inconstitucional. A su juicio,  ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el derecho español. Además, critica su “deficiente” técnica jurídica y califica de “arbitraria” tanto la tramitación parlamentaria elegida, una proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de un proyecto de ley del Gobierno; como el procedimiento de urgencia elegido que, a su juicio, “no se motiva”. 

Por otro lado, defiende que deben quedar fuera de la aplicación de la ley “todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional”. En este sentido, llama la atención sobre la “omisión” que del Código Penal se hace en relación con este delito, lo que atribuye a la “patente intención” de que el derecho nacional no sea utilizado por los órganos judiciales españoles y sí directamente la Directiva europea, que es más restrictiva respecto a los actos que pueden ser considerados terroristas. 

La progresista Mar Cabrejas, por contra, sí ve encaje en la Carta Magna,  sin perjuicio de que se puedan realizar algunas correcciones técnicas.  Según su criterio, “el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico” y el hecho de que no exista una “prohibición expresa” en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador “puede adoptar este tipo de medida”. 

Respecto a la exclusión de los actos que puedan ser calificados como de terrorismo según la directiva europea “y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos”, Cabrejas afirma que “su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto 'violaciones graves de los derechos humanos' que puede generar dudas aplicativas, sobre todo si no se entiende vinculado a la noción empleada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

El pasado 6 de noviembre, los nueve vocales del sector conservador del CGPJ aprobaron una declaración institucional contra la amnistía antes de conocer su contenido y en la que afirmaban que la norma suponía la “abolición del Estado de derecho”. Ese texto acusaba al presidente Pedro Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirmaba que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.