La Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, así como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria han pedido a las administraciones que eviten la realización del congreso 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras', que se celebrará el sábado 28 de febrero en Ciudad Real, por “vincular sin ningún aval científico, autismo con vacunación”. Un juzgado de Ciudad Real ha dictado auto que desestima la petición del Colegio de Médicos para paralizarlo.

Esta asociación afirma que los trastornos del espectro del autismo (TEA) son un grupo heterogéneo, “asociado a alteraciones en la conectividad neural o sinapsis, que pueden deberse a alteraciones genéticas que directamente producen TEA o que indirectamente generan susceptibilidad aumentada a que otros factores, aun en estudio, dirijan la expresión genética la expresión clínica del TEA”.

Entre estos factores ambientales están la edad elevada de los progenitores, factores relacionados con embarazo o el parto -como la prematuridad, la preeclampsia, las infecciones congénitas, el uso de algunos anticonvulsivantes en el embarazo- y otros como el tiempo entre embarazos y la exposición a tóxicos ambientales en el embarazo como la contaminación o los organofosforados.

Desde la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha subrayan que, “en ningún caso, el uso de vacunas se relaciona con la aparición del TEA, como sí avalan diversos estudios científicos”.

De ahí que exprese su disconformidad ante las autoridades por no haber desautorizado, como se ha solicitado, un congreso donde se vinculan vacunas y TEA.

“Los pediatras de atención primaria señalan su preocupación por que eventos como éste, que vinculan erróneamente autismo y vacunación, puedan llevar a la población a no vacunar correctamente a sus hijos, con los peligros para la salud infantil que todos conocemos y, en concreto, con la alarmante y nueva situación de epidemia de sarampión en España”, alertan.

En este contexto, la asociación ha aprovechado para animar a todos los padres a la vacunación completa de sus hijos de sarampión -se precisan tasas de vacunación con las dos dosis de triple vírica de más del 98% para que el virus del sarampión, altamente contagioso, no circule-, además de asegurar la cobertura de todos los nacidos a partir de 1978 con dos dosis de triple vírica, disponible, previa cita, en todos los centros de salud.

La madre que secuestró a sus dos hijos cuando tenían 12 y 14 años, llevándolos fuera de España, para evitar que fuesen vacunados contra la covid, ha sido condenada a un año de prisión por un delito de sustracción internacional de menores.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla inhabilita además a la madre para el ejercicio del derecho de patria potestad durante un año, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

El magistrado ha estimado que la mujer ha incurrido en la eximente incompleta de miedo insuperable y considera probado que el comportamiento de la acusada se puede derivar en que estaba “aquejada de una situación de angustia porque ella pensaba que si sus hijos se vacunaban podría acarrearles consecuencias negativas para su salud”.

“Casi descabellado”

En los fundamentos de derecho, el juez indica que dicho miedo estaba basado en un hecho real (la próxima vacunación de sus hijos) pero no aprecia la circunstancia completa porque podría haber tenido un comportamiento distinto, como comunicar al padre el paradero de los menores o dejarles comunicar con ellos.

La defensa de la procesada pidió que también se le estimara el desconocimiento de la ilicitud de su actuación, pero el magistrado argumenta que “es casi descabellado” pensar que la acusada no supiera que trasladarse con sus hijos al extranjero sin conocimiento del padre conllevara consecuencias penales graves.

La pandemia de coronavirus provocó un cisma en la derecha política y mediática española. La campaña de vacunación de 2021 consumó la separación entre el locutor Federico Jiménez Losantos y Vox después de preguntar a Santiago Abascal en antena si se había vacunado y de pasar, a partir de entonces, a referirse a los antivacunas como “bebelejía”. El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, acaba de zanjar esta batalla a favor del presidente de Libertad Digital: sus expresiones contra los antivacunas pudieron ser “excesivas” pero no fueron un delito de odio.

Las autoridades sanitarias españolas administraron la primera vacuna contra el coronavirus en diciembre de 2020 y Santiago Abascal se sentó en el estudio de EsRadio casi un año después, en septiembre de 2021, cuando la campaña de inmunización ya alcazaba todos los grupos de edad. La extrema derecha española e internacional abarcaba en ese momento a los antivacunas y el líder de Vox se llevó una reprimenda del locutor cuando no quiso aclarar si se había vacunado o no. Su postura ambigua, dijo Jiménez Losantos, era “irresponsable”.

La relación entre el locutor y Vox se rompió ese día mientras Jiménez Losantos, bautizado como 'Pfizerico', se lanzó con fuerza contra los antivacunas, y en especial lo que existían en el entorno del partido de extrema derecha: “Los bebelejía son organizaciones criminales y de estafadores. Me llaman asesino de mi plantilla por decir que se tenían que vacunar. No hombre no, los asesinos sois vosotros”. Habló, incluso, de la necesidad de “exterminar” a la “colección de psicópatas” que, entendía, había cerca de Vox.

El locutor fue objeto de varias denuncias y una de ellas, interpuesta por un hombre que no se había vacunado, llegó hasta el Tribunal Supremo. Un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid decidió procesar a Jiménez Losantos pero la Audiencia Provincial archivó el procedimiento en 2022 al entender que no había incurrido en un delito de odio. Una decisión que acaba de ratificar el Tribunal Supremo con la magistrada Ana Ferrer como ponente: sus palabras pudieron ser “excesivas” pero no una “soflama de linchamiento”, como decía la querella.

El Supremo llama, en primer lugar, a examinar el “contexto” del momento en que el locutor llamó “bebelejía” a los antivacunas: una “gravísima situación” sanitaria y un momento en que las personas que “legítimamente” decidían no vacunarse podían perjudicar la salud de terceros. “Cada enfermo generaba una onda expansiva de potenciales infectados”, recuerda esta sentencia.

“En ese ambiente de crispación se produjeron las expresiones citadas”, dice el Supremo antes de recordar que Jiménez Losantos ni siquiera estaba faltando al respeto a todo aquel que no se había querido vacunar, “sino a quienes le atacaban y al partido político Vox, invitando a que apartara de su ideario los planteamientos antivacunas”. Usó un lenguaje “duro y torpe” con “expresiones insultantes” pero la expresión “bebelejía” no era gratuita, sino que hacían referencia a “algún líder político extranjero”: Donald Trump.

Su mensaje, en cualquier caso, no fue un delito de odio contra los antivacunas. “No incita a la violencia o la discriminación” y tampoco ponía en riesgo a quienes, dicen los jueces, “abrazaron la legítima opción de no vacunarse. Incitación que no puede sustentarse en la comparación con el eslogan publicitario de un insecticida”.

La dirección del Centro Cultural Sanchinarro, un espacio del Ayuntamiento de Madrid cuya gestión fue privatizada en 2011, ha comunicado a los responsables del congreso con contenido negacionista y antivacunas previsto para este sábado 18 de octubre la suspensión del evento.

La decisión tiene lugar después de que este periódico publicara que el mencionado centro de titularidad pública iba a acoger una cita plagada de ponentes que creen en la “plandemia” o el “ADN fetal en vacunas”, con una serie de conferencias sobre “inoculaciones” o “long covid” impartidas por varias figuras vinculadas al negacionismo científico y sanitario. Iban a tener lugar en el auditorio del recinto, un espacio que combina la programación propia con el alquiler por parte de entidades para usos polivalentes (caso de este polémico encuentro).

El veto ha sido comunicado a Somos Madrid por el propio director del espacio ubicado en el distrito de Hortaleza, Óscar Poza, que insiste en que desconocían el contenido conspiranoico de la jornada Congreso de Salud y Defensa Afectados Long Covid. “No teníamos ni idea”, aseguraba el martes. El centro cultural es de titularidad municipal, pero su gestión la ejerce desde hace 14 años la empresa Tritoma. “La Junta Municipal de Hortaleza solo interviene en la programación cultural financiada con fondos municipales y en las cesiones a entidades sociales con convenio firmado. Las actividades privadas o de alquiler de salas son responsabilidad exclusiva del concesionario, sin que la Junta tenga capacidad de autorización, desautorización o conocimiento previo sobre ellas”, insisten fuentes municipales en declaraciones a este periódico.

Poza opina que “no se pueden ceder espacios públicos para actividades contra natura”, aunque aclara que la suspensión se lleva a cabo no tanto por el contenido, sino por el incumplimiento de los requisitos de alquiler de espacios por parte de la entidad organizadora (la Asociación Luz Verde en Corazones): “Una de las condiciones de uso es que no está permitido llevar a cabo actividades distintas a las que se recogen en la solicitud. Al incumplirse esto, aplicando la normativa de cesión de espacios, se cancela el acto”. El Ejecutivo municipal lo respalda: “Así lo ha notificado Tritoma a la Junta Municipal de Hortaleza, cumpliendo con su obligación de control y transparencia”.

En conversación previa con este diario, Poza avanzó que estudiarían el caso con técnicos de la Junta de Hortaleza: “Si hay que suspender el evento, se suspende”. El responsable del centro explicaba cómo describieron el evento sus promotores al elevar la solicitud de alquiler de espacios: “Nos dijeron que era un taller de crecimiento personal, musicoterapia, biodanza y yoga cki kung [método supuestamente terapéutico chino que combina suaves movimientos, concentración y respiración para con objeto de aumentar la energía de la persona]. Si indican eso, yo ahí no puedo ver que sea un mitin negacionista”. En un rápido vistazo a su perfil Facebook, Luz Verde en Corazones se describe así: “Unión de seres que queremos vibrar desde el corazón, unificándonos y ayudándonos los unos a los otros para poder pasar a la 4ª dimensión”.

La convocatoria final, organizada en cuatro bloques (“Todo sobre la covid”, “Todo sobre long covid”, “Long covid, inoculaciones y posibles soluciones” y “Todo sobre defensa con abogados”), contaba con controvertidas figuras del negacionismo y la agitación ultra. Una de las conferenciantes de la mesa sobre “inoculaciones” era Isabel Bellostas, pediatra a la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid inhabilitó en 2019 por difundir “tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista (TEA)”, así como “tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con riesgos para la salud”. Bellostas llegó a contar en un vídeo que fue despedida de un centro público por “informar a los padres de la existencia de ADN humano fetal en vacunas pediátricas” y “su posible relación con el autismo”.

La creadora de contenido Lara Hernández, presentadora del evento, habla en entrevistas de “plandemia”, cuestiona que la Tierra sea esférica o acusa de “tragaplanistas” a quienes no aceptan que “la realidad depende de la percepción”. En su portal FlippityFlop, nombre inspirado en una expresión de la película El regreso de Mary Poppins por su interés en “ver el otro lado de las cosas un mundo patas arriba”, aglutina entrevistas o documentales donde se concentran todo tipo de teorías conspiranoicas: chemtrails, tratamientos homeopáticos o discursos antivacunas (en un vídeo junto a otro de los ponentes, Ignacio Román, que se presenta como “prohibido” aunque es perfectamente accesible). 

También estaba programada la intervención de Josué Cárdenas, agitador ultra habitual del Congreso que trabaja en el medio ultraderechista Periodista Digital. Cárdenas ha sido tertuliano en el programa Buenos Días, Madrid, de la televisión autonómica (y pública) Telemadrid. Además, es autor del libro Dentro de la fachosfera. La izquierda puede estar tranquila, en el que cuestiona (no precisamente por agresiva) la estrategia de confrontación de la derecha mediática tradicional contra las fuerzas progresistas.

Enfado y señalamiento en los organizadores, que mantienen entradas a la venta

La noticia de la cancelación ha causado una airada reacción en redes sociales entre perfiles negacionistas, que incluso han apuntado al usuario de X que informó en primer lugar sobre el congreso. “Si tanto creen en la ciencia, ¿por qué temen a un grupo de magufos bebelejías terraplanistas con gorrito de aluminio?”, publicaba este miércoles la cuenta @aflorrick77. Con el nombre Alicia Florrick (tomado de la protagonista del estupendo drama judicial The Good Wife), este perfil se presenta como “abogada antiNOM [Nuevo Orden Mundial], anti Agenda 2030, antivacunas y anti todo aquello que recorte la libertad de los ciudadanos”. “En mi vida preplandemia fui abogada civilista”, indica además.

Ante ese señalamiento el responsable de la cuenta que denunció el caso, Marcelino Madrigal, ha compartido un mensaje en BlueSky: “Cancelado. Y ahora quiero decir algo a estos individuos que me señalan: lo que hagan con sus tristes vidas y sus cuerpos mientras sea legal me importa cero. Ahora bien, háganlo en su casa, no en un espacio público pagado con el dinero de todos”.

Pese a la suspensión, los promotores todavía mantienen el evento anunciado en su web con la ubicación original (aunque no permiten adquirir localidades) e incluso la venta de entradas para seguirlo online por 9 euros. Antes de la suspensión, la asistencia presencial tenía un precio de 15 euros por el acceso a todas las sesiones y 9 para las sesiones solo de mañana o solo de tarde.

Eventos con conspiranoicos y “contra la Agenda 2030” en 2023 y 2024

Desde la dirección del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad (apellido que aprobó colocar en su nomenclatura la Junta Municipal de Hortaleza que lidera el polémico concejal David Pérez), han insistido repetidamente en que el Ayuntamiento no evalúa ni conoce los eventos celebrados en los espacios de alquiler hasta su inclusión en una memoria anual posterior. Así, los reportes mensuales solo incluyen la programación que parte de la propia dirección, en la que la coordinación con el Gobierno municipal es mayor. “Desde la empresa que gestiona el centro, se comunica mensualmente la programación cultural financiada con presupuesto municipal, mientras que las cesiones privadas se reflejan posteriormente en la memoria y auditoría anual del concesionario”, apuntan igualmente desde el Consistorio.

No obstante, el mismo centro cultural ya fue sede de dos congresos promovidos por muchas de las mismas entidades convocantes en 2023 y 2024, con algunos de los ponentes que participan en el de este año. En 2024 fue además un evento doble, los días 12 y 13 de octubre, bajo el título ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto? y ¿Qué nos preocupa y qué vamos a hacer al respecto espiritualmente?.

Uno de los ponentes fue Nauzet Morgade, que en diferentes portales dice trabajar “para intentar detener la implantación del Nuevo Orden Mundial Globalista”. Habitual propagador de bulos en redes sociales, el año pasado llegó a asegurar que la DANA que asoló València fue un “asesinato” provocado por un radar en Morón de la Frontera (Sevilla) que, con colaboración de radares marroquíes, desplazó la tormenta hacia las localidades afectadas. Morgade protagoniza la intervención sobre chemtrails recogida en la web de Lara Hernández, donde habla de “pruebas de geoingeniería” en relación a las estelas que los aviones dejan en el cielo.

En 2023, el Congreso Ley Positiva y Natural abordó la “lucha por nuestros derechos, nuestros niños, la salud y estrategias ante los ataques de la Agenda 2030”. Entre los participantes estaba el abogado José Ortega, que iba a repetir en 2025. Este letrado puso en marcha campañas contra el pasaporte covid: “Se da la situación increíble de que se tienen que vacunar contra un virus que no está demostrado que exista”. La declaración anterior pertenece a una tertulia en MadridMarket, una web que participaba en la organización este año y en la que este tipo de declaraciones se alternan con contenidos sobre remedios pseudocientíficos como “sanación cósmica para la desintoxicación del hígado a distancia”.

Preguntado acerca de si el cariz de estos eventos previos no se hizo llegar al Ayuntamiento de Madrid en las memorias anuales que envía la dirección del centro de gestión privatizada, Óscar Poza responde que “en esos documentos se recogen las entidades que usan los eventos, no hay un resumen de lo que hacen”. En cuanto a por qué en aquellos casos (que no trascendieron mediáticamente) los actos sí se acabaron desarrollando, contesta que “no era el mismo contenido, creo que no”.

El de Sanchinarro fue el primer centro cultural privatizado en Madrid y, durante más de una década, el único. No ha sido hasta este mismo año que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha extendido el modelo al nuevo centro cultural del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde. La entidad beneficiaria de la licitación disfrutará de “la gestión mediante la organización, desarrollo y evaluación de una amplia y variada programación que incluirá talleres, cursos, eventos, festivales, torneos, concursos...”.

Una apuesta similar a la de Sanchinarro, donde en 2011 y con Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, el Ejecutivo municipal cedió la gestión a Tritoma S.L. Dicha entidad externa es responsable directa, aunque sea en coordinación con el Consistorio, de la programación y las actividades de este recinto. Preguntados acerca de si la celebración de estos actos negacionistas en un edificio público les lleva a replantear el modelo de gestión privatizada en centros municipales, desde el Ayuntamiento lo descartan. Siguen considerando la “colaboración público-privada” como “beneficiosa para la gestión de equipamientos y, en consecuencia, para los vecinos”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a la enfermera del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) juzgada por simular la vacunación de 400 menores de los delitos continuados de daños y falsedad documental. El tribunal sin embargo ha acordado imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias, además de una indemnización a Osakidetza con 20.000 euros por los gastos que supuso volver a inocular a los menores.

El tribunal considera probado que la enfermera estuvo entre febrero de 2021 y septiembre de 2022 prestando servicio en el área de pediatría del centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, y que no inoculó vacunas a menores asignados a su cupo de vacunación o lo hizo de manera distinta a la indicada en el procedimiento, desechando total o parcialmente las dosis correspondientes. Además, registró las vacunas en el historial clínico digital de los menores y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores “a pesar de conocer que no debía hacerlo al no haber realizado la vacunación o no haberlo hecho conforme a los procedimientos establecidos”.

En concreto, del total del cupo de menores asignado a la encausada, 404 menores, ha quedado acreditado en un muestreo realizado posteriormente que esta no inoculó las vacunas de triple vírica, varicela y alguna de tétanos a al menos 38 menores. Un dato que “no excluye que más niños o niñas no recibieran las vacunas que debía administrarles la encausada y por tanto no estuvieran inmunizados”.

El tribunal ha llegado a estas conclusiones tras los testimonios de las familias que han sido considerados “creíbles”, “coherentes” y “persistentes”, ya que de manera prácticamente “uniforme”, relataron ante el tribunal que les resultaba “extraño la manera en la que la acusada vacunaba” a sus hijos e hijas, especialmente la “rapidez” en hacerlo. “Me llamó la atención la rapidez con la que vacunó a mi hija en comparación a cómo vacunaron a mi hijo mayor años antes. Me pareció extraño porque se ponía de espaldas a mí y ocultaba a la niña para que no la viera”, testificó una de las madres.

No obstante, la sala también declara probado que, en la fecha de los hechos, la acusada “presentaba un trastorno por ideas delirantes que le causaba una anulación total de sus capacidades intelectivas y volitivas para los hechos imputados”. El tribunal aprecia la eximente completa de alteración psíquica a la vista de varios informes psiquiátricos que concluyen que en el momento de los hechos la acusada padecía un trastorno delirante con presencia de “ideación delirante compleja de corte mesiánico, esotérico y místico”, que desde el punto de vista médico legal, “permite estimar una severa alteración o incluso una anulación total de sus capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados”.

“De la prueba pericial extraemos la conclusión probada de que sus facultades intelectivas están anuladas y no solo severamente afectadas, y que como consecuencia de su delirio o de su trastorno delirante, su voluntad de no vacunar estuvo determinada, y no meramente condicionada por el mismo”, afirma la Audiencia de Bizkaia, que declara a la acusada exenta de responsabilidad criminal en una resolución que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Por otro lado, la Audiencia de Bizkaia ha decidido trasladar una exposición razonada al Ministerio de Justicia por “atipicidad” de conducta. El tribunal entiende que “la conducta de un empleado público, obligado por razón de su cargo a administrar unas vacunas destinadas a inmunizar a menores frente a determinadas enfermedades (sarampión, rubeola, varicela, etc.) que incumple con su obligación, fingiendo la supuesta inoculación de las vacunas y la correcta inmunización de unos menores carentes de la misma genera un problema grave de salud pública que no se encuentra tipificado ni en los tipos penales que castigan conductas que atentan contra la salud pública, ni en los tipos penales correspondientes a delitos cometidos por funcionarios públicos”. “En la consideración de que la descrita conducta debería ser objeto de tipicidad penal”, el tribunal remite una exposición razonada “a fin de que se valore si procede su regulación como delito en el Código Penal”.

Los hechos ocurrieron mientras la acusada prestó servicios de Pediatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas. Cuando el caso salió a la luz, en 2023 tras las quejas de algunos padres y madres, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, los menores tuvieron que ser revacunados, ya que tras practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no, se descubrió que no había “respuesta de anticuerpos para ninguna de las víricas”, lo que, según peritos que testificaron en la tercera sesión del juicio, suponía un riesgo grave para la salud de los menores.

“Contraer el sarampión en bebés puede ser letal. No es lo mismo el sarampión en bebés de 9, 12 o 15 meses o en personas de 30 años. Esa es la primera alarma que tuvimos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un centro concreto, en un grupo de población concreto que se van a relacionar entre ellos en parques o guarderías y su ámbito es muy reducido. Pongo el foco en el sarampión porque es la más contagiosa de todas, de 100 personas que entran en contacto con un caso, 90 van a padecer un sarampión, con lo cual estábamos ante un riesgo muy importante para la salud de una población determinada, concreta y localizada”, detalló una de las responsables del servicio de Pediatría y experta en infectología del Hospital de Cruces, que testificó como testigo y como perito por haber realizado los estudios pertinentes una vez el caso se elevó del ambulatorio de Kabiezes a Cruces.

Según explicó, una vez comprobaron que los menores analizados no habían sido vacunados, optaron por realizar la revacunación de los más de 400 que habían sido atendidos por la encausada, actuando por un “principio de precaución y prudencia”. “Nos interesaba garantizar la correcta protección de todos y cada uno de los menores frente a todas las enfermedades que son prevenibles y para las que tenemos inmunización. Ante la duda más que razonable de que ha podido haber un fallo en la vacunación yo lo que tengo es que salvaguardar la seguridad de los menores”, aseguró tras concretar que “no hay ninguna otra explicación posible” que pudiera dar “un resultado tan apabullante” que la de que no se había realizado la vacunación correctamente y que una sobrevacunación es “menos lesiva frente a una no vacunación”.

Durante el juicio, la defensa de la acusada subrayó que el informe forense de los psiquiatras es “concluyente y categórico”. “Si no se quiere entender, hay una mala fe, un intento de seguir mediatizando en lo público”, afeó a la acusación particular uno de sus abogados, que insistió en que “una persona que es inimputable no es capaz de discernir su actuación en ese momento, no está jugando a la ruleta rusa con niños”, apuntó el abogado que ha considerado que se ha aprovechado “la crisis del COVID-10 para tener una enfermera antivacunas en Euskadi”.

“No era una enfermera antivacunas, sino que tenía un problema de salud mental. Lo que debería haber surgido es cómo podemos prevenir que en la salud pública sucedan estos hechos durante tres años. Nuestra representada tuvo que abandonar el País Vasco por su seguridad. En realidad no estábamos ante una enfermera antivacunas, estábamos ante una enferma y como era una enferma, hay una responsabilidad, por mínima que sea, de aquel que supervisa su puesto de trabajo. Nosotros lo que solicitamos al Servicio de Salud Vasco es que actualice los protocolos, que se informe de la gente que tiene y, al mínimo indicio de que pudieran estar desarrollando cualquier tipo de actitud a nivel de salud o salud mental, que se aparte esa profesional, que se la cure, que se la cuide, pero que no se la someta a un juicio mediático”, apuntaron los abogados de la acusada, Luis María Pardo y Rubén Gutiérrez Sobrino tras finalizar el juicio.

Por su parte, el abogado de las familias anunció que se reservan la posibilidad de acciones civiles frente a “los eventuales responsables” que pueda haber. “Se trata de uno de los casos más graves de quebrantamiento de la confianza pública en el ámbito sanitario que han llevado los tribunales españoles. Durante año y medio, la acusada simuló sistemáticamente la administración de vacunas a 404 menores. No se trata de un acto aislado, de un momento de confusión, de un error. La prueba practicada ha demostrado que estamos en una conducta planificada, reiterada y plenamente consciente. Hemos intentado diferenciar lo que es el delirio como consecuencia o el delirio como objetivo. Esta persona mostraba unas ideas delirantes y para defender esas ideas delirantes tomaba conscientemente durante mucho tiempo unas decisiones concretas y premeditadas de esconder las vacunas, de poner las etiquetas y de anotarlas en el ordenador. Esa actividad que conlleva cierta premeditación”, justificó, el abogado Aitzol Asla, a la salida del juicio.

El mayor brote de sarampión detectado en Catalunya en los últimos años ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de la comunidad. Un total de ocho personas de la localidad de Sant Pere de Ribes (en la provincia de Barcelona) han resultado infectadas, la mayoría de una misma familia y seis de ellos sin vacunar. Desde la Generalitat han lamentado que los discursos negacionistas de la medicina y antivacunas crezcan y provoquen brotes como este. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha culpado del brote directamente a la “insolidaridad de las personas con creencias negacionistas” que no se han vacunado contra la enfermedad. “Queremos ser claros y contundentes: si en este momento se está produciendo un brote es por la insolidaridad de quien con creencias negacionistas no se vacuna de todo lo que se exige desde Salud”, ha insistido la portavoz, que ha señalado que “por suerte” en Catalunya la cobertura vacunal del sarampión alcanza el 95%. 

El Departament de Salud ha informado que los casos se notificaron entre el 4 y el 29 de septiembre, y que el brote sigue activo y ha obligado a hacer seguimiento de un 315 personas que han sido contactos de los infectados. Entre los afectados se encuentran varios miembros de la misma familia, de entre 7 y 44 años pero con predominio de adolescentes y jóvenes adultos. Tres han requerido ingreso hospitalario, dos de los cuales fueron dados de alta, y un tercero permanece ingresado pero por otro motivo que no tiene que ver con el sarampión. 

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, se ha mostrado “preocupado” por el alcance del brote. También debido a que este 2025 se han registrado el doble de casos que el año pasado, 71 frente a 34. “Estamos preocupados, sobre todo porque se da con personas no vacunadas, hablamos de una enfermedad que es prevenible con la vacunación sistemática que hacemos en la infancia y que las personas que no se vacunan pueden contraer la enfermedad, por tanto es importante la vacuna”, ha insistido en declaraciones a Catalunya Ràdio. 

Fernández ha reconocido que los discursos en contra la vacunación son cada vez “más extensos” en España, y lo ha atribuido en parte a la influencia de esta corriente en Estados Unidos. “Posturas que van contra la salud pública y que calan entre factores de la población que tienen dudas sobre la evidencia de cómo funcionan las vacunas”, ha dicho.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que comienza con síntomas similares a los de un resfriado para pasar a generar una erupción rojiza y que puede ser grave en niños, embarazadas o personas inmunodeprimnidas, señalan desde Salud. En algunos casos puede llegar a ser mortal. 

“Me va a disculpar, pero no estoy en condiciones de declarar”. Esa es la frase con la que la enfermera acusada de simular la vacunación de más de 400 menores en el ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, ha respondido cuando Reyes Goenaga, la presidenta del tribunal -y también presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia- le ha llamado a declarar durante la cuarta sesión del juicio que se celebra desde el lunes. En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realizase su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que se esperaba que declarase tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos, sin embargo, la enfermera ha hecho uso de su derecho a no declarar como acusada.

Otra de las cuestiones solicitadas por la defensa ha sido un informe de forenses expertos en Psiquiatría sobre el estado mental de la encausada. La prueba se realizó el miércoles y este jueves han recibido los resultados, que han condicionado el seguimiento del juicio debido a que la conclusión principal es que la encausada “sufre un trastorno delirante que tenía sin duda impacto en su labor profesional y afectaba sus capacidades volitivas y cognitivas”. Tras conocer esa información las partes personadas en el proceso han renunciado a las declaraciones previstas.

Sí han declarado ante el tribunal los dos expertos en Psiquiatría responsables del informe sobre su estado mental, que han considerado que “el contenido delirante de sus ideas sin ninguna duda” afectaba a su labor como enfermera, porque “son una serie de creencias que hablan de tratamientos que se relacionan muy íntimamente con una actividad sanitaria”. “Al ser un trastorno encapsulado, el resto de comportamientos podrían ser perfectamente adaptativos y normales”, han detallado.

Según han aclarado, la enfermera acude a consultas de Psiquiatría a partir de junio de 2021, pero no le recetan ningún tratamiento farmacológico. “En su historia clínica, el primer contacto en que empiezan a aparecer signos de alarma de que está pasando algo data del 9 de junio de 2021 y, en él, se dice que ocho meses anteriores, finales del 20, ya hay unos comportamientos y unas ideaciones que hacen pensar en algún tipo de alteración”, han aclarado. Uno de los dos expertos, además, ha precisado que “este tipo de trastornos delirantes tan estructurados, tan arraigados, que impregnan el pensamiento de una manera tan fuerte de esta persona, tienen en principio un pronóstico bastante sombrío y requieren habitualmente tratamiento psiquiátrico y psicológico durante años”.

Esta cuestión ha supuesto un cambio en la estrategia de la acusación particular, según ha confirmado el abogado de las familias, Aitzol Asla, que a pesar de que en un primer momento pedía de 12 hasta 17 años de prisión, tras el informe de los forenses valora la posibilidad de que se considere que “no está capacitada” y no vaya a la cárcel. “Desde el punto de vista médico-legal, se puede estimar una severa alteración e incluso una anulación total de capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados, lo que supone que, independientemente de los hechos que supuestamente se han cometido y que se siguen enjuiciando, probablemente esta mujer no estaba capacitada a entender lo que hacía”, ha indicado.

“Si se considera que no estaba capacitada, no hay medida de prisión, pero no supone que no haya cometido los hechos”, ha aclarado, tras explicar que para las familias “lo importante no es que vaya a prisión”, sino que “se demuestre lo que ha hecho, que se les crea que lo que están contando es la verdad, y que luego haya la responsabilidad que sea”. En este sentido, el abogado ha subrayado que, teniendo en cuenta el historial psiquiátrico que ya constaba en junio de 2021, a lo largo de lo que queda del juicio “habrá que determinar si alguien es responsable de que pudiera estar vacunando a menores”, haciendo referencia a reclamar responsabilidades para los supervisores de la enfermera o directores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

El juicio concluirá este viernes con las conclusiones e informes definitivos de la Fiscalía, la acusación particular de medio centenar de familias de los menores afectados, el representante de Osakidetza y el abogado del Colegio de Enfermería, además de la defensa, que ha apuntado tras la sesión de este jueves que entiende que “la sentencia puede ser absolutoria”.

Los hechos ocurrieron mientras la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas. Cuando el caso salió a la luz, en 2023 tras las quejas de algunos padres y madres, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, los menores tuvieron que ser revacunados, ya que tras practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no, se descubrió que no había “respuesta de anticuerpos para ninguna de las víricas”, lo que, según peritos que testificaron en la tercera sesión del juicio, suponía un riesgo grave para la salud de los menores.

“Contraer el sarampión en bebés puede ser letal. No es lo mismo el sarampión en bebés de 9, 12 o 15 meses o en personas de 30 años. Esa es la primera alarma que tuvimos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un centro concreto, en un grupo de población concreto que se van a relacionar entre ellos en parques o guarderías y su ámbito es muy reducido. Pongo el foco en el sarampión porque es la más contagiosa de todas, de 100 personas que entran en contacto con un caso, 90 van a padecer un sarampión, con lo cual estábamos ante un riesgo muy importante para la salud de una población determinada, concreta y localizada”, detalló una de las responsables del servicio de Pediatría y experta en infectología del Hospital de Cruces, que testificó como testigo y como perito por haber realizado los estudios pertinentes una vez el caso se elevó del ambulatorio de Kabiezes a Cruces.

Según explicó, una vez comprobaron que los menores analizados no habían sido vacunados, optaron por realizar la revacunación de los más de 400 que habían sido atendidos por la encausada, actuando por un “principio de precaución y prudencia”. “Nos interesaba garantizar la correcta protección de todos y cada uno de los menores frente a todas las enfermedades que son prevenibles y para las que tenemos inmunización. Ante la duda más que razonable de que ha podido haber un fallo en la vacunación yo lo que tengo es que salvaguardar la seguridad de los menores”, aseguró tras concretar que “no hay ninguna otra explicación posible” que pudiera dar “un resultado tan apabullante” que la de que no se había realizado la vacunación correctamente y que una sobrevacunación es “menos lesiva frente a una no vacunación”.

Peritos expertos en el estudio de los pacientes a los que debía haber vacunad la enfermera acusada de simular la vacunación de hasta 404 menores del ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, han constatado durante la tercera sesión del juicio que se está celebrando desde el lunes en la sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia, el “grave riesgo” que corrieron los menores, sobre todo los bebés, al no ser vacunados. Según han detallado, tras las reclamaciones de los padres de cuatro menores, se les efectuó una serología sobre las vacunas en las que podía obtenerse mayor fiabilidad en sus resultados. En concreto, se analizó tétanos (incluida en la hexavalente), triple vírica (sarampión, parotiditis y rubeola) y varicela y no se encontró “respuesta de anticuerpos para ninguna de las víricas”.

“Contraer el sarampión en bebés puede ser letal. No es lo mismo el sarampión en bebés de 9, 12 o 15 meses o en personas de 30 años. Esa es la primera alarma que tuvimos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un centro concreto, en un grupo de población concreto que se van a relacionar entre ellos en parques o guarderías y su ámbito es muy reducido. Pongo el foco en el sarampión porque es la más contagiosa de todas, de 100 personas que entran en contacto con un caso, 90 van a padecer un sarampión, con lo cual estábamos ante un riesgo muy importante para la salud de una población determinada, concreta y localizada”, ha detallado una de las responsables del servicio de Pediatría y experta en infectología del Hospital de Cruces, que ha testificado como testigo y como perito por haber realizado los estudios pertinentes una vez el caso se elevó del ambulatorio de Kabiezes a Cruces.

Según ha explicado, una vez comprobaron que los menores analizados no habían sido vacunados, optaron por realizar la revacunación de los más de 400 que habían sido atendidos por la encausada, actuando por un “principio de precaución y prudencia”. “Nos interesaba garantizar la correcta protección de todos y cada uno de los menores frente a todas las enfermedades que son prevenibles y para las que tenemos inmunización. Ante la duda más que razonable de que ha podido haber un fallo en la vacunación yo lo que tengo es que salvaguardar la seguridad de los menores”, ha aseverado tras concretar que “no hay ninguna otra explicación posible” que pudiera dar “un resultado tan apabullante” que la de que no se había realizado la vacunación correctamente y que una sobrevacunación es “menos lesiva frente a una no vacunación”.

Durante la tercera sesión, que ha comenzado a primera hora de este miércoles con la evaluación de la acusada por parte de un médico forense y se ha alargado hasta pasadas las 16.30, han testificado enfermeros compañeros de trabajo de la acusada, responsables del ambulatorio de Kabiezes, los responsables de los expedientes que se abrieron cuando comenzaron a detectar situaciones fuera de lo común en relación con la atención que la enfermera brindaba a los pacientes y peritos, además de tres de las familias afectadas que quedaban por testificar.

Según han detallado los profesionales de Osakidetza que trabajaron con ella, se realizaron varias reuniones para alertar a la acusada de que debía respetar los protocolos a la hora de los consejos que debía realizar a los padres, puesto que habían llegado varias quejas en relación con los consejos sobre alimentación. “Le dijimos que se ciñera al protocolo de alimentación de Osakidetza, que puede pensar lo que quiera, pero que se debe ceñir al protocolo existente. En aquel momento lo atribuí a que no tenía formación”, ha explicado uno de los pediatras del ambulatorio de Kabiezes.

Visto que su actitud no cambiaba, desde el centro decidieron abrir un expediente y hacerle un seguimiento. Hasta que llegaron las quejas de los padres preocupados por la vacunación de sus hijos y se citaron con ella en instancias superiores. “Nos dijo que terminaba un ciclo, que había pedido el traslado y que agradecía al personal y a las familias. En su declaración ella insistía en que sí que había vacunado a los menores y lo había registrado, pero a la vez también comentaba ideas que entraban en conflicto con este desempeño. Me pareció oportuno proseguir en la investigación, hablar con un comité de expertos sobre qué metodología usar para verificar la vacunación de los niños y, por otra parte, lo que evidencié es que ella no seguía las guías de Osakidetza. Recomendé que se diera parte a los mandos correspondientes para que tomaran las acciones pertinentes”, ha explicado uno de los profesionales que elaboró los informes y expedientes informativos sobre la acusada, en los que reconoce que le decía una serie de cuestiones en contra de las vacunas que llamaron su atención.

“Ella enfatizó que los había vacunado, porque le pregunté directamente. Recuerdo que la declaración fue en un clima tranquilo. Enfatizaba que los había vacunado, pero a la vez hacía afirmaciones en relación con lo que ella pensaba que eran las vacunas, que evidenciaban que había un conflicto entre lo que ella pensaba y su desempeño como profesional. Por ello me pareció oportuno seguir investigando para aclarar esas sospechas”, ha explicado el experto.

Tras las investigaciones optaron por llevar a cabo un análisis serológico en primer lugar a un grupo de 16 niños que acudió a vacunarse con la acusada y a diez inoculados por otros profesionales que compartían nevera para evaluar la posibilidad de que los lotes de vacunas no estuvieran en “buenas condiciones”. En este nuevo análisis, se comprobó que “todos los niños inmunizados por otro profesional tenían una respuesta positiva, que es lo esperado por lo que dice la ficha técnica”, y los niños inmunizados por la encausada no. Por ello, se decidió extender el control al resto de los 49 niños vacunados con la triple vírica por esta enfermera entre febrero de 2021 y marzo de 2022, entre los 18 y los 20 meses, con un resultado de “una alta probabilidad de que no estuvieran correctamente inmunizados”. A la vista de los resultados obtenidos, se concluyó que había “un riesgo muy importante” de que las vacunas no estuvieran correctamente administradas, lo que podría generar “un problema muy importante de salud pública”.

La mayor parte de los padres y madres que han testificado han asegurado que pese al riesgo, sus hijos se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, uno de ellos ha relatado que su hijo, que fue supuestamente vacunado por la acusada, nació con un “problema en el corazón” y tuvo que ser ingresado “más de 40 días” tras nacer, mientras que, en otro de los casos otra familia cuyo bebé fue supuestamente vacunado por la enfermera ha asegurado que su hijo nació prematuro y tuvo que ser ingresado hasta en dos ocasiones con distintas patologías. “Pensábamos que estaba vacunado y que los ingresos eran algo normal, que los bebés se ponían malos. Ahora tenemos la duda de si esas enfermedades han sido por no haber estado correctamente vacunado”, han lamentado.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia inició el lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, señaló a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, comenzó analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”. 

A primera hora de este miércoles, un médico forense evaluará el estado mental de la enfermera de Osakidetza acusada de simular la vacunación de 404 menores en el ambulatorio de Kabiezes, Santurtzi. Tras la evaluación proseguirá el juicio, que celebrará su tercera sesión en la sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia y que contará con los testimonios de testigos, entre los cuales se encuentra el personal de Osakidetza que trabajó con la encausada. Una vez acabada la parte de los testimonios de testigos -en el juicio se prevé que pasen a deponer hasta 70 personas- será el turno de los peritos y forenses. Después, tomará la palabra por primera vez la encausada, ya que la defensa de la enfermera ha solicitado que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, algo que previsiblemente ocurrirá el próximo viernes.

Este martes durante la segunda sesión han testificado 37 padres y madres de los niños afectados, que al igual que en la primera sesión, han explicado cómo fue el procedimiento de vacunación con la encausada. En esta sesión, además del hecho de que la enfermera vacunaba a los niños “muy rápido” y llegaba a ponerse de espaldas para ocultar a los niños mientras los vacunaba varios padres y madres han testificado que utilizaba maniobras para distraerles y así no vacunar a sus hijos. “Con una mano me dijo que sujetara a mi hijo y con la otra que tuviera una campana y una hada para entretenerle y que así no llorara”, ha explicado una de las madres, que ha asegurado que esa era la forma en la que la enfermera evitaba que mirase si finalmente vacunaba a su hijo o no.

Se trata de un modus operandi que han repetido varias de las familias que han testificado, pero no todas. En otras ocasiones, preparaba las vacunas de espaldas, de forma poco visible sin que los progenitores pudieran verlas. Varias familias han detallado que el líquido de las vacunas se llegó a caer en el brazo de los menores y, en uno de los casos, llegó a manchar el pantalón de uno de los padres que sujetaba a su bebé. “Cuando me di cuenta de que había líquido en el brazo de mi hija la enfermera me dijo que no pasaba nada porque las vacunas traían algo de más. Me arrepiento de no haber dicho nada en aquel momento, porque yo soy enfermera de profesión y sé que no tiene que quedar ninguna gota fuera del brazo”, ha lamentado una de las madres.

Según esta madre, que también es enfermera, a partir de ese momento decidió “observarla con lupa” ya que no sabía si la encausada actuaba así por desconocimiento o por una mala praxis intencionada. “Era una persona muy peculiar. Les daba un hada, una campana, música para entretenernos y lo hacía todo muy rápido. En ese tiempo no daba tiempo de inocular el líquido en el brazo. En mi opinión hacía lo que podía [para no vacunar] según qué padres tenía en la sala. No sé qué táctica seguía en cada caso, depende de cómo mirara cada padre o madre hacía lo que podía”, ha detallado la madre.

Las familias también han declarado que durante las consultas esta enfermera les decía cosas como que “la sociedad había perdido contacto con la naturaleza”, que los menores no debían comer “ni carne ni pescado” o que la vacuna del tétanos “no era necesaria”, que lo que tenían que hacer era que su hijo “tuviera más contacto con la naturaleza y andase descalzo por la hierba” porque al hacerlo se iban a provocar unas “microrroturas en las plantas de los pies y que eso era suficiente”.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia inició el lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde -médico que ha sido nombrado durante el juicio por la mayoría de padres y madres y que también testificará- se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, señaló a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, comenzó analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”. Prosiguió con los testimonios de nueve familiares afectados en la primera sesión y 37 en la segunda y continuará este miércoles con los testimonios de personal de Osakidetza.

Una decena de familias de los menores que una enfermera de Osakidetza simuló vacunar en el ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, ha declarado en la primera sesión del juicio en su contra que se está celebrando sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia, que la sanitaria vacunaba a sus hijos “muy rápido” y llegaba a “ocultarse” para hacerlo. “Me llamó la atención la rapidez con la que vacunó a mi hija en comparación a cómo vacunaron a mi hijo mayor años antes. Me pareció extraño porque se ponía de espaldas a mí y ocultaba a la niña para que no la viera”, ha testificado una de las madres.

Otra de ellas ha explicado que en la consulta su marido hizo una broma sobre las vacunas y la enfermera se puso “muy nerviosa” y “en alerta”. “Le dijo que parecía que le estaba inyectando agua a la niña porque no tenía ninguna reacción a las vacunas que ella le ponía, pero con vacunas anteriores había tenido fiebre. Se puso muy nerviosa y nos pareció muy raro”, ha explicado. La mayoría de las madres y padres que han testificado, diez en total, han confesado que les sorprendió que las vacunas no hiciesen efecto a sus hijos, en algunos casos bebés pero en otros niños y niñas de hasta seis años, pero todos han asegurado que “confiaban en la profesionalidad” de la sanitaria de Osakidetza.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia ha iniciado este lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En esta primera sesión la defensa de la enfermera ha solicitado que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, una petición que se ha aceptado, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde -médico que ha sido nombrado durante el juicio por la mayoría de padres y madres y que también testificará- se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, ha señalado a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, ha comenzado analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”. El juicio continuará este martes con la declaración de 33 testigos, todos ellos familias afectadas y está previsto que se prolongue hasta el viernes, cuando previsiblemente declarará la acusada.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia en Bilbao acogerá, desde este lunes, 15 de septiembre, el juicio contra una enfermera del área de pediatría de un centro de salud de Osakidetza acusada de simular la vacunación de más de 400 menores que acudían a consulta a ponerse las vacunas. La vista oral por este caso esta señalada hasta el vienes, día 19, y las sesiones comenzarán a las 10.00 horas, según informado desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Este caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 4 de Barakaldo, que concluyó la posible existencia de delitos de daños, malversación de dinero público -por echar a perder los productos- y falsificación de documentos públicos. La Fiscalía, junto con Osakidetza y el Colegio de Enfermería reclamarán siete años y seis meses de cárcel para la sanitaria. Por su parte, la acusación particular, conformada por las familias de los menores a los que la enfermera simuló vacunar, pedirá hasta 17 años de prisión. A lo largo de las cinco sesiones, además de la acusada, testificarán más de 70 personas, entre las cuales hay familiares, sanitarios y peritos.

La enfermera, que trabajó desde febrero de 2021 a septiembre de 2022 en el centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, era la responsable de vacunación de menores y según el auto judicial “introducía las agujas de las jeringuillas” en ellos, “sin llegar a inocular el contenido de las mismas, no realizando las vacunaciones, pero anotándolas como realizadas” en sus cartillas de vacunación e historiales médicos. El valor de las vacunas no suministradas y que fueron desechadas ascendía a 26.763,99 euros y, según el auto judicial, “desechó las vacunas de 404 menores”.

Además de ello, aprovechaba las consultas con los padres de los niños para sugerir tratamientos 'naturales' y acostumbraba a recomendar que no les pusiesen vacunas. Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria.

Una de ellas, Laura relató a este periódico que la enfermera siempre le pareció “peculiar”, pero que empezó a sospechar de ella cuando a los dos meses de dar a luz a su hijo Mikel preguntó a la pediatra si se podía vacunar de la COVID–19, ya que no lo había hecho durante el embarazo. “Mi pediatra me animó a hacerlo y me dijo que además, si daba el pecho a mi hijo le pasaba así los anticuerpos al crío. A continuación nos quedamos en la consulta con la enfermera que nos dio un 'speech' negacionista diciendo que no me vacunara”. Y fue más allá de la vacuna contra la COVID–19. Según relató Laura, ese mismo día les dijo que “hay vacunas que se ponen a los niños que no hacen falta, que no son importantes”. “Como la del tétanos, por ejemplo. Lo mejor es que a tu hijo le dejes andar por la hierba y las micro roturas que hace el césped en la plata del pie son una vacuna natural”. “Me quedé helada, porque mi hijo tenía entonces 2 meses”, confesó la madre a elDiario.es/Euskadi.

A partir de entonces, la madre estuvo atenta a la enfermera porque empezó a sospechar que no vacunara al niño. “La primera se la puso seguro porque estuve muy atenta, y me sentí mal, como una madre histérica, que era cosa mía. Pero luego había veces que me daba la sensación que la ponía muy rápida, que parecía que no había dado tiempo, pero yo pensaba que era una profesional, que estamos hablando de Osakidetza, que no estamos hablando de un curandero y que era una cosa mía. Pero ya estábamos mosqueados por las charlas antivacunas y luego mira, teníamos razón”, aseveró.

Hay virus que los humanos dejamos guardados en el cajón de los malos recuerdos del pasado. Al menos en los países desarrollados. Como apenas hay casos, parece que han desaparecido. Sin embargo, siempre están al acecho como buenos supervivientes. Esta semana la revista The Lancet ha publicado una revisión muy interesante de las coberturas vacunales en niños y niñas de todo el mundo que revela un dato preocupante: las tasas se han estancado e incluso han bajado en zonas ricas del planeta donde existen consolidados programas de vacunación y un buen acceso a los sueros.

Justo hace una década –caprichos del calendario– de una muerte que sacudió a España por evitable: un niño de seis años falleció en Girona por difteria. No pasaba algo así en el país desde 1987 porque hay una vacuna que previene esta enfermedad infecciosa grave pero sus padres decidieron no ponérsela. Ni siquiera en un territorio como España, demostró este caso, se podía bajar la guardia.

Abrazar los movimientos antivacunas no es inocuo para la salud y en los últimos años las cosas se han puesto un poco más feas. La mitad de los españoles y españolas creen que las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas –20 puntos más que en 2022–, más de un 40% creen que “se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad” y uno de cada cuatro piensa que el Gobierno oculta la relación entre las vacunas y el autismo, según la última encuesta de la FECYT, cuyos resultados hemos conocido hace unos días.

Si las causas para explicar el ascenso de estos postulados pueden ser variadas e incluso complejas –una pandemia mundial que abrió paso a muchas teorías de la conspiración alimentadas por la incertidumbre y el miedo y una extrema derecha en avance que las genera y riega con mimo–, las consecuencias parecen mucho más claras.

Un caso que puede servir como ejemplo es el sarampión. España ha registrado en lo que va de 2025 más de 300 casos, un 50% más en solo seis meses que en todo el año anterior, y el Ministerio de Sanidad ha hecho un llamamiento a la vacunación. En la Unión Europea los brotes de 2024 alcanzaron a 35.000 pacientes, diez veces más que en 2023. El 87% de ellos estaban sin vacunar. Al menos tres personas han muerto en Estados Unidos por esta infección vírica tan contagiosa, dos menores y un adulto. Ninguno estaba inmunizado. El 96% de las personas que se infectaron, unas 800 en total, tampoco.

A veces vacunarse no es solo cuestión de creer o no en las vacunas, sino en poder tener acceso a ellas: saber que existen, que están en un calendario vacunal y acudir al centro sanitario. Hay personas en situaciones muy vulnerables con grandes dificultades para dar este paso. Ayudar a esta población también es una prioridad de salud pública.

“La única que está erradicada es la viruela, el resto están controladas por la vigilancia y la vacunación. Nosotros nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades no se olvidan de nosotros”, recuerda Inmaculada Cuesta, secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, en este artículo.

Mientras estabas a otras cosas...

Se acabó la “laguna” legal del vapeo

En estos días hemos conocido nuevos detalles de la reforma de la ley del tabaco. Por ejemplo, que tampoco se podrá fumar ni vapear a 15 metros de centros sanitarios, parques infantiles y edificios públicos aunque estemos en el exterior. Bueno, esta es la idea que tiene el Ministerio de Sanidad. Después, tendrá que conseguir apoyos en el Congreso para aprobar los cambios.

La ministra también ha sido muy clara esta semana, en una comparecencia en la Comisión de Sanidad, con el vapeo. A todos los efectos será igual que fumar en la ley. Desde 2014 hay una laguna legal sobre dónde se puede o no pueden consumir vapeadores, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. Solo están expresamente prohibidos en unos pocos espacios, entre ellos los centros de salud o los hospitales. En el resto, indefinición. La nueva ley los equipara al tabaco tradicional.

Y te dejo, de bonus track, una recopilación sobre las estrategias que ha usado la industria del tabaco desde hace casi cien años para seguir vendiendo sus productos y sortear las limitaciones. Para tenerlo muy a mano.

Echo mano, para terminar, de esta frase del escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince: “Ser homofóbico es tan ridículo como odiar a los zurdos porque escriben con la izquierda. E igual de idiota pretender enderezarlos”. Vamos a la calle con Orgullo. Siempre.

Feliz fin de semana🏳️‍🌈

Sofía

“Cualquier patógeno está al acecho de una tasa de vacunación baja para reaparecer”. Estas palabras de la secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, Inmaculada Cuesta, explican los riesgos a los que nos enfrentamos por socavar la bondad de las vacunas. Un fenómeno global que ha hecho que se ralentice la vacunación en el mundo y que incluso en muchos países de rentas altas haya un retroceso en la población inmunizada.

El sarampión, la difteria, la polio, la tos ferina, el tétanos, el herpes zóster... la lista de enfermedades controladas –y casi olvidadas– a base de vacunación es larga. La OMS calcula que en 50 años, las vacunas han salvado 150 millones de vidas en todo el mundo al evitar contraer patologías mortíferas. Aun así, esta investigación publicada en The Lancet el pasado martes concluye que es “necesario un incremento sustancial de las coberturas en muchos países” desde el África subsahariana al sur de Asia, Latinoamérica o el Caribe.

El caso del sarampión ilustra cómo se le está abriendo la puerta otra vez a los patógenos. La vacuna contra este virus ha sido una de las más criticadas –sin demasiado fundamento científico–, lo que se ha traducido en caídas de la tasa de cobertura en distintos países contra una enfermedad que necesita que haya un alto porcentaje de población inmunizada para evitar su propagación.

En España, por ejemplo, el año pasado se registraron algo más de 200 casos contra los 14 confirmados en 2023. Pero es que en lo que va de 2025 ya se han detectado más de 300 casos. Es decir en medio año, un 50% más que en todo el curso anterior.

En la Unión Europea, los brotes de sarampión sumaron en 2024 más de 35.000 casos, diez veces más que un año antes. El 87% de los pacientes estaban sin vacunar, según el informe de situación del ECDC. Este año, al menos tres personas han fallecido en Estados Unidos en un brote de sarampión: dos menores y un adulto. Todos sin vacunar, según confirmaba el Centro de Control de Enfermedades. El brote afectó a 800 personas (más de dos tercios, entre 0 y 19 años) de los que el 96% no estaban vacunados (o se desconocía si lo estaban).

Además, como explicaba Inmaculada Cuesta, esta enfermedad no es la única que rebrota si se descuida: “La única que está erradicada es la viruela, el resto están controladas por la vigilancia y la vacunación”. “Nosotros nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades no se olvidan de nosotros”, resume.

Precisamente, ahora se cumplen diez años de la muerte de un niño de seis años por difteria en España después de que sus padres decidieran no vacunarlo. Era el primer caso de difteria del país en 30 años.

El vocal senior de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, recuerda “lo triste que fue que un niño muriera en pleno siglo XXI con todos los recursos a su alcance porque no se le había administrado una vacuna efectiva, accesible y gratuita”.

Este pediatra también llama la atención sobre que, actualmente en España, “la segunda dosis de la vacuna de la tos ferina se queda en una media a nivel nacional del 89% y en varias comunidades autónomas está incluso por debajo de esa cifra”. El año pasado se registraron en España numerosos brotes de esta enfermedad “casi todos en escolares de 10 años”, subraya Moraga-Llop.

“El mensaje es claro: hay que mantener una tasa de vacunación alta en todas las enfermedades porque pueden volver”, remarca Inmaculada Cuesta. “Las coberturas tiene que mantenerse. La población no es consciente de enfermedades que no han visto nunca, pero, si no se hace, regresan”, añade el Moraga-Llop. Enfermedades que devuelven imágenes muy pretéritas como las de la polio, la tos ferina o el garrotillo (nombre popular de la difteria).

Conspiranoia antivacunas

Sin embargo, lo que está creciendo es una percepción conspiranoica sobre las vacunas. Al menos es lo que revelan los resultados de la última Encuesta de la Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de la FECYT: casi la mitad de la población en España cree que las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas y un cuarto afirma que “el Gobierno oculta la relación entre las vacunas y el autismo”.

Y, de nuevo, el sarampión ilustra el fenómeno. En 1998, una investigación afirmó que la vacuna triple vírica: (sarampión, rubéola, paperas) estaba detrás de casos de autismo. El trabajo se demostró fraudulento hasta el punto de que la revista donde se había publicado, The Lancet, tuvo que retractarse y eliminar el artículo. Pero muchos años después, la idea de que la vacuna contra el sarampión puede generar autismo sigue circulando.

A pesar de que el calendario vacunal español es “el mejor de Europa”, según explica Fernando Moraga-Llop, “se observa una discreta tendencia” antivacunas, añade el pediatra. Y pone el ejemplo de que “la segunda dosis del sarampión está en una media del 91%, por debajo del ideal del 95%”.

Inmaculada Cuesta apunta además a que pueda haberse instalado cierto “cansancio” de las vacunas, sobre todo en la población adulta, que provoca que se pierda “adherencia” a los programas de inmunización. “La ciencia ya ha desterrado la idea de que las vacunas son cosa de niños, ya que, con la edad, se debilita el sistema inmunitario”, comenta la enfermera para reforzar la idea de que las dosis de recuerdo a los 65 años como la del tétanos o el herpes zóster o las estacionales como las de la gripe o la covid-19 son necesarias.

“Los adultos españoles deberían estar contentos de que cada vez se añadan más vacunas para mayores –afirma el médico Moraga-Llop– y no solo por las patologías específicas, sino por evitar complicaciones con otras enfermedades. Es esencial para llevar una vida saludable”.

Robert F. Kennedy Jr. (RFK) se presentó ante el Senado de Estados Unidos como un hombre nuevo. “Los informes de prensa han dicho que estoy en contra de las vacunas o de cualquier industria. No soy ninguna de las dos cosas. Estoy a favor de la seguridad”, dijo a finales de enero en una comparecencia que buscaba convencer a los senadores de su nombramiento al frente del Departamento de Sanidad de Donald Trump. Funcionó. La mayoría republicana validó la decisión el pasado 13 de febrero con un solo voto en contra. Quien dijo 'no' al polémico candidato era un senador de Kentucky llamado Mitch McConnell que tuvo polio de pequeño.

Dos semanas más tarde murió un niño de sarampión en Texas que no estaba vacunado, según confirmaron las autoridades sanitarias del estado, que está sufriendo un brote con casi 150 afectados. La mayoría son personas sin inmunizar y al menos una veintena han necesitado un ingreso hospitalario. RFK Jr. publicó una columna en Fox News el 2 de marzo cuyo subtítulo decía que la vacuna triple vírica (MMR en inglés) era “crucial para evitar una enfermedad potencialmente mortal”.

Aunque en el texto apelaba a la decisión “personal” de cada familia de vacunar a sus hijos y aseguraba que “los estudios han demostrado que la vitamina A puede reducir drásticamente la mortalidad por sarampión”, los antivacunas se le echaron encima. “¿Ha sido Bobby Kennedy secuestrado y reemplazado con un robot pro-vacunas y temeroso del sarampión?”, tituló la creadora de contenido Shannon Joy a una de sus retransmisiones por X, como recogió Maldita.es.

Dos días después, el responsable de salud estadounidense apareció en el mismo canal de televisión comentando los “muy buenos resultados” que se habían obtenido en Texas con la prescripción de budesonida (un corticosteroide), el antibiótico claritromicina contra las infecciones bacterianas y el aceite de hígado de bacalao, “alto en vitamina A y D”, contra el sarampión. Te dejo el vídeo en este link. 

El sarampión era una enfermedad testimonial en muchos países desarrollados hasta hace solo unos años gracias a la existencia de la vacuna triple vírica. España se declaró libre del virus en 2016 tras dos años sin registrar circulación comunitaria. Los casos están en ascenso aunque las altas coberturas vacunales (más del 95% en la primera dosis) permiten cortar los brotes rápido.

Incluso vacunar después de habernos expuesto al virus es eficaz en contextos de alerta epidemiológica por brotes si se administra en los tres primeros días, según la Asociación Española de Pediatría. En España, de todos modos, el movimiento antivacunas es mucho menor al que existe en Estados Unidos. Y menos mal. 

Mientras escribo esta newsletter leo que un adulto ha fallecido por sarampión en Nuevo México. Tampoco estaba vacunado. Aquí puedes leer un perfil de RFK Jr. para hacerte una idea de las cosas que ha defendido y hecho antes de llegar al Departamento de Sanidad de Estados Unidos. 

Mientras estabas a otras cosas...

Una cirrosis a los 40 

P. es un chico de 42 años que bebía mucho todos los fines de semana. Era parte del plan desde que tenía 15 años. Tenía antecedentes de enfermedad hepática pero su cuerpo resistía bien hasta que empezó a tomarse una medicación para unos dolores de estómago y su hígado dijo basta. Falló en marzo de 2023 ante la sorpresa de él mismo, de su familia y de los médicos. Fue diagnosticado con una hepatitis asociada al consumo de alcohol que viró en una cirrosis (cuando las marcas son irreversibles). Prefiere que no aparezcan ni su nombre ni su cara, algo que nos dice bastante de la culpa y el estigma que todavía rodea a esta enfermedad.

Las hepatitis virales ya no son los principales causantes de los problemas de hígado, sino el daño que hace el alcohol (hepatitis por alcohol) o una dieta deficiente y un estilo de vida sedentario (vinculado al diagnóstico de esteatosis hepática metabólica o hígado graso). Los hepatólogos, además, están viendo cada vez más casos en personas jóvenes. La historia completa. 

Hoy es 8 de marzo. Espero verte en las calles. Estamos cansadas, sí, pero la que está viniendo encima no es normal. 

Gracias por leer una semana más. 

Sofía

PD. Por cierto, acabo de terminar un libro a medio camino entre la novela y el ensayo que me ha gustado mucho. Se llama 'Los hijos dormidos' y me ha hecho pensar sobre el peso de los silencios familiares y cómo se heredan. En este caso a raíz de un diagnóstico de sida en la Francia de los años ochenta. 

Un grito unido de “fuera del Falla” frenó en la noche de este domingo en el principal teatro de Cádiz que los mensajes incrédulos con el cambio climático y las vacunas de una chirigota pudieran sonar en el Concurso Oficial del Carnaval. En un certamen que se emite en directo en radio y televisión y donde no existe la revisión previa de los repertorios todo es posible. Así que unos negacionistas se habían unido para aprovechar el altavoz del concurso para dar a conocer lo que ellos llamaban “la verdad”. Pero el público no lo permitió. Sus abucheos y cánticos sonaron más fuertes.

Catalina Balber, conocida como Katy Balber, vinculada al partido de ultraderecha ‘Libres’, anunció hace meses su idea de crear una chirigota en el concurso del carnaval de Cádiz para, desde ella, lanzar diatribas contra las vacunas y sobre conspiraciones medioambientales. Se inscribió con el nombre de ‘Abre los ojos’, con ella misma y Antonio Jesús Martín Mateo como autores. Anunciaba que venían a incomodar para cuestionar las versiones oficiales.

El público del Falla, a diferencia de años anteriores donde un abucheo generalizado ante un repertorio inadecuado o bajo de calidad podía provocar el cierre del telón, es ahora benévolo con los grupos independientemente de su calidad o sus ideas. Suele aplaudir a derecha e izquierda, y respeta incluso a participantes que no alcanzan siquiera el nivel mínimo, como ocurrió la pasada semana con un cuarteto de Ciudad Real. Pero la chirigota negacionista se aguardaba con expectación por haber hecho ese anuncio previo de servirse del Falla como una estrategia ideológica.

Fue abrirse el telón y mascarse la tragedia. El grupo se presentaba con unos disfraces esperpénticos: una “perrodista”, unos adinerados con trajes hechos de tela de billetes, un murciélago, algunos personajes no identificables, un enfermo en una cama y varios médicos, uno de ellos, el que portaba el bombo, sin ni siquiera quitarse el abrigo con el que había llegado al teatro de la calle. La presentación, que en una chirigota suele ser musical, arrancaba con un incómodo discurso del conocido humorista vasco, Óscar Terol, visto en ‘Vaya semanita’, que también se ha acostumbrado a lanzar mensajes contra las vacunas. Su intervención fue la primera en recibir abucheos.

La situación no fue mejorando. Con la música de ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico trataron de arrancar su repertorio. El público respetó entre risas un solo de una de las componentes que iba vestida de esos pilotos que supuestamente fumigan las nubes. Pero fue aumentado sus quejas cuando el grupo empezó a cantar conjuntamente sin mucho acierto. A partir de ahí, ninguno de sus mensajes se pudo escuchar.

La chirigota continuó cantando sus dos pasodobles, sus cuplés y su popurrí, como marca el reglamento del concurso. Lo hizo aguantando la presión de un público que gritaba “fuera del Falla”, “abajo el telón”, y “esto es Cádiz, aquí hay que mamar”. También cantó otras coplas con tanta fuerza que, por momentos, algunos componentes de la chirigota empezaron a seguir al público, en vez de su propio repertorio. El jurado no sucumbió a los gritos. Según se explicó después, el actual reglamento del concurso impide bajar el telón a una agrupación que esté cumpliendo las bases, por mucho que los espectadores impidan su actuación, como estaba ocurriendo.

El bochorno completo llegó al final. Antes de terminar, uno de los guitarristas se marchó por bambalinas. Algunos de los componentes se reían. Otra, una menor de edad, se puso a llorar desconsolada, abrumada por los abucheos. La directora culpaba al público de esas lágrimas y lamentaba que este “boicot” y “ataque a la libertad de expresión”. Ya, después, explicó a los medios de comunicación que la entrevistaron que el grupo no sonaba mejor porque uno de los componentes, “un caballo de Troya”, les había traicionado y abandonado, lo que les obligó a tener que buscar a componentes a última hora.

La agrupación también fue abucheada a la salida del teatro. Ni en la televisión ni en las radios ni dentro del Teatro pudieron sonar los mensajes negacionistas de la chirigota que creyó que el carnaval de Cádiz podía ser el lugar perfecto para sus proclamas. En este caso, como con las tropas napoleónicas, el público del Falla salvó de las bombas al carnaval y se hizo tirabuzones con los fanfarrones.

“Estamos ante una implantación masiva de toda la especie humana por parte de otra especie (...) es lo más grave que le ha ocurrido a esta humanidad en la historia conocida. Ahora tenemos las pruebas”. Estas palabras y otras con mensajes antivacunas, conspiranoicos y sobre abducciones extraterrestres fueron pronunciadas el pasado sábado desde un escenario del Ayuntamiento de Madrid, en un evento municipal organizado durante el pasado fin de semana en Vallecas.

El autor, Ricardo Delgado, fue uno de los invitados por la Junta de Puente de Vallecas a la Feria del Libro del distrito, que tiene lugar a lo largo del mes de mayo en el bulevar de Peña Gorbea. Su charla, de 45 minutos de duración, estaba programada para el pasado sábado por la tarde bajo el título Transhumanismo y tecnología intracorporal. Según testigos presenciales, Delgado sostuvo “que existen formas que controlan nuestro pensamiento y sentimientos a través del 5G”.  

Delgado es una de las personas detrás de La Quinta Columna, una plataforma de difusión de este tipo de mensajes y de bulos durante la pandemia como que el Covid era provocado por óxido de grafeno a través de las mascarillas o la vacuna contra el virus. Un bulo que fue desmentido en su día por Maldita.

Sus teorías fueron escuchadas el sábado por decenas de personas que acudieron al espacio de conferencias de la feria y grabadas por algunos espectadores indignados, que luego subieron los vídeos a redes sociales.

“Hemos encontrado una verdad que pone en relieve la falsedad de toda nuestra civilización. Nuestra civilización no es dirigida por seres humanos”, añadía otro de los participantes en la charla, que se quejaba de que “nadie hace nada” y que “no se puede manejar en este mundo esta información sin correr un gravísimo riesgo”.

“Nos están llevando camino de una guerra (...) nos están intoxicando por el aire con esos productos que todos sabéis”, añadía en una intervención llena de mensajes contrarios a las evidencias científicas desde el púlpito habilitado por el Ayuntamiento de Madrid.

Según la propia web oficial municipal, la octava Feria del Libro de Vallecas está organizada por la Junta de Puente de Vallecas, dirigida por Ángel Niño. En el programa del pasado sábado también estaba incluido, después de la charla de Ricardo Delgado, otro conocido antivacunas llamado José Luis Sevillano, con una conferencia titulada La verdad más allá de las élites.

Sevillano, también colaborador en La Quinta Columna, respaldó en su día el bulo del grafeno difundido por Delgado. También ha llegado a asegurar que “los negacionistas sois vosotros, que no veis la realidad. La pandemia no existe, es un invento”, según declaraciones recogidas por El Periódico de España.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid las razones por las que se invitó a estos ponentes a una feria municipal. Fuentes del consistorio apuntan que en el escenario se permite “hablar de poesía, literatura, actualidad, filosofía y otro tipo de cuestiones que interesan al público”. En cuanto a la polémica por el contenido de los discursos antivacunas y basados en teorías de la conspiración, las mismas fuentes aseguran que en este escenario “prima la pluralidad y la libertad de expresión, siempre y cuando se haga desde el respeto”.

Quejas de libreros y público

Más Madrid ha denunciado los hechos y registrado una petición de información sobre el importe de dinero público que se destinó a estos ponentes, informan fuentes del partido a este periódico. La Junta de Puente de Vallecas adjudicó la celebración de esta feria a Ikebana Animación y Ocio, por un importe de 377.520 euros IVA incluido, que incluye además otros dos eventos a lo largo del año.

Las mismas fuentes informan que los libreros participantes en la feria, a los que no se había informado del contenido de estas ponencias, van a elevar una queja a la Junta Municipal, así como muchos de los vecinos que asistieron al evento “que no daban crédito a esta programación tan delirante”. 

“Es intolerable e insultante que la Junta Municipal de Puente de Vallecas programe este tipo de charlas, que lo único que pretenden es confundir y engañar a la población”, explica el concejal Félix López-Rey, en declaraciones a Somos Madrid. “La Feria del Libro de Vallecas tiene mucho arraigo en el distrito y reúne a libreros, escritores, lectores y entidades culturales en el bulevar de Peña Gorbea en torno a la lectura y la cultura”. 

López-Rey cree que el concejal de distrito “debería dedicar más sus esfuerzos a potenciar la cultura tan rica que tenemos en Puente de Vallecas en vez de apoyar teorías y movimientos antivacunas, que carecen de evidencia científica”. “Lo que los vecinos esperan de una feria del libro con tanto recorrido como esta es que el nivel de las conferencias que se programan sea, como mínimo, igual al del magnífico trabajo que hacen las librerías del barrio”, añadió.   

Pedro Sánchez popularizó en España el término fachosfera en una entrevista a principios de este 2024, pero el concepto ya venía utilizándose desde hace años en otros países europeos para referirse a lo que en Estados Unidos conocen como alt right. Se trata de ese ecosistema digital de webs, foros, canales de Telegram o ciertas redes sociales donde se difunden discursos contra el multiculturalismo, la ciencia y el método empírico, el feminismo, los derechos LGTBI, los movimientos sociales o los medios de comunicación. Contra la democracia.

Una de las características de esta derecha antisistema son sus “actitudes violentas”. Así lo alertaba un informe de la Asamblea Nacional francesa publicado en 2019, que se ratificó poco después con el asalto al Capitolio de 2020 en Washington. El estudio avisaba sobre cómo esta nueva corriente digital estaba siendo capaz de conectar a “todas las familias de la corriente de pensamiento de la extrema derecha en Francia” con la “fachosfera europea”.

Como todo movimiento digital, su principal recurso es la información. Pero no de cualquier tipo. Su munición es la desinformación, distribuida como bulos y teorías de la conspiración. Una pandemia de la era digital que propaga “el odio, el racismo, la xenofobia, los estereotipos negativos o la estigmatización e inciten a la violencia, la discriminación y la hostilidad”, advierte un informe de Naciones Unidas, pero para la que la comunidad internacional no encuentra la cura.

El motivo es que no hay un solo virus que estudiar y aplacar. Se trata de una amalgama informe de pérdida de confianza en el sistema, ideologías autoritarias, racismo, machismo, miedo. “No hay un canal que sea 100% antivacunas, o un canal 100% ultra, o un canal 100% conspiranoico. Cada uno está un poco más enfocado a una temática pero en realidad están todos interrelacionados. Su marca blanca es la Agenda 2030, que lo agrupa todo”, explica Marcelino Madrigal, experto en redes sociales que ha dedicado los últimos años a trazar las conexiones de estos grupúsculos en Telegram, la plataforma donde se sienten más cómodos.

Estos canales de Telegram funcionan como foros abiertos, puede unirse cualquier usuario que lo desee. En ellos se comparte la información purulenta que sirve para atacar los principios democráticos contra los que la fachosfera combate. Ya sea la multiculturalidad, con datos falsos sobre inmigración; o la comunidad LGTBI con bulos tránsfobos.

Esa desinformación llega en forma de mensaje reenviado o enlace de alguna web. Al contrario que en WhatsApp, los canales abiertos de Telegram permiten rastrear esos contenidos. Analizar de dónde vienen y por dónde han pasado. Eso permite a expertos como Madrigal tejer la red de relaciones entre estos grupos y comprobar cómo se interconectan los nodos de la fábrica de bulos de Telegram.

Su conclusión es que no es tan grande como podría parecer, pero está muy amplificada. “Mi opinión es que la mayoría de la desinformación y el odio aquí en España está manejado por muy poquitas personas. Un grupo muy reducido de gente que además han estado en todas y cada una de las protestas que se han organizado desde la pandemia hasta aquí: contra las mascarillas, contra las vacunas, contra las medidas de distanciamiento social en la hostelería, en Ferraz... en todos los jaleos”.

De Telegram a la opinión pública

Algunos de esos contenidos extremos que se difunden en canales de desinformación de Telegram, donde los mismos usuarios que critican al Gobierno por plegarse a las élites mundiales impulsan campañas de denuncias sobre los chemtrails, se filtran fuera de las fronteras de la plataforma de mensajería. Lo hacen gracias a páginas webs que recogen y retroalimentan esos bulos, permitiendo que lleguen a otros grupos e incluso que salten a redes sociales masivas como Twitter, Instagram, Facebook o TikTok.

Estas webs se hacen pasar por pseudo medios de comunicación especializados en contar esa realidad alternativa creada en la fachosfera. Su audiencia es pequeña y en la gran mayoría de los casos no asumen ninguna responsabilidad por los contenidos que publican, ya sea porque están registrados fuera de la UE o son anónimos. Sin embargo su impacto en la opinión pública puede llegar a ser enorme cuando se convierten en correa de transmisión, ya que permiten difundir el bulo en canales más tradicionales y alegar que “está publicado”.

Uno de los primeros ejemplos de este recorrido es el bulo sobre la transexualidad de Begoña Gómez, difundido por la agitadora ultra Pilar Baselga. Se trata un ataque contra la mujer del presidente del Gobierno que la extrema derecha llevaba más de un año utilizando para atacarla a ella y a Pedro Sánchez.

Baselga es una conocida negacionista del COVID que se opuso a todas las medidas destinadas a contener la expansión del virus. Fue entrevistada en Antena 3 por ello. Pero ahora que el coronavirus ha dejado de estar de actualidad, su foco de intereses ha virado. Es un rasgo característico de las comunidades de desinformación que se hicieron populares gracias a la incertidumbre generada por la pandemia.

“Cuando algo está en el debate público es cuando la desinformación sobre ese tema funciona mejor y se hace más viral”, explica Pablo Hernández, coordinador en Maldita.es. “Como las vacunas no tienen tanta fuerza en estos momentos el foco de la desinformación ha girado y se centra en el cambio climático o el odio contra los inmigrantes, que sigue muy vivo”, detalla.

La pandemia permitió el florecimiento de pseudomedios como Caso Aislado o Diario Patriota, que llegaron a tener un gran recorrido en foros y canales de Telegram con su desinformación sobre el virus. Sus visitas se multiplicaron gracias a la atención que generaban sus contenidos sin contrastar. Hoy ninguno de ellos existe ya como tal, ya que la web del primero está inactiva y la del segundo no se actualiza desde 2021.

Generar una cabecera y hacerte pasar por el medio de comunicación es facilísimo y baratísimo

“Hay muchos pseudomedios de este tipo que son muy efímeros”, confirma Hernández. “Los que monitorizan las redes sociales, como lo que les interesa es mandar el mensaje y monetizar, si ven que se desgasta la marca, pues la entierran, siguen con otro nombre y el mismo trabajo sin ningún tipo de problema. Crear una cabecera y hacerte pasar por el medio de comunicación es facilísimo y baratísimo”, recuerda.

Esta cadena de montaje de la desinformación pone contenidos tóxicos en la agenda pública cada semana gracias a actores de la derecha tradicional que se sirven de la munición radiactiva que les sirven estos pseudomedios. El último ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que difundió un bulo lanzado por uno de estas cabeceras fake asegurando que Pedro Sánchez se había ido de vacaciones a Doñana tras comunicar que iba a seguir como presidente del Gobierno.

El bulo ya estaba desmentido por múltiples verificadores (desde Newtral a Maldita, pasando por EFE o RTVE) cuando Almeida lo difundió en el Ayuntamiento de Madrid, pero el alcalde no ha rectificado. La publicación sigue también visible en el perfil de Twitter del pseudomedio, que publica de forma anónima y no tiene página web. Lo han visto ya más de tres millones de personas.

“Hay bastantes de estas páginas, se construyen incesantemente y muchos de ellos que están manejados por la misma gente que se encarga de generar los bulos en Telegram”, dice Marcelino Madrigal: “Tienes El Diestro, toda la nebulosa que estaba alrededor de lo que era la antigua Intereconomía o 7NN. Son meras herramientas de las mismas personas, al igual que Manos Limpias o Liberum”, recalca. Liberum es otra organización que ha pedido sin éxito varias veces que Begoña Gómez declare en el 'caso Koldo' tras pasarse los últimos años recurriendo (y perdiendo) las campañas de vacunación contra el coronavirus.

Un combo muy difícil de perseguir

En el CIS Flash publicado el pasado lunes, con encuestas realizadas en el mismo fin de semana en el que Pedro Sánchez meditaba si seguir al frente del Gobierno, mostró el amplio rechazo de los españoles a este tipo de tácticas. Un 90% de los consultados pedía el fin del empleo de mentiras, insultos y ataques personales en el debate político, así como la existencia de límites morales que no debieran traspasarse.

Sin embargo, la regulación de la desinformación es un tema espinoso tanto en la UE como en el contexto internacional por su relación con la libertad de expresión. El citado informe de Naciones Unidas apenas ofrece líneas generales y pone el énfasis en “la importante contribución de los periodistas, la sociedad civil y los círculos académicos a la labor para contrarrestar esta tendencia”.

En los últimos años la UE ha intentado regular la responsabilidad de las plataformas digitales, pero Telegram se le ha escurrido entre los dedos. La empresa que la gestiona ha asegurado que tiene menos de 45 millones de usuarios entre todos los países de la Unión, a pesar de sumar más de 900 en todo el mundo. Esto impide que le afecten una serie de reglas especiales que Bruselas ha puesto en marcha para las grandes redes sociales y que tienen uno de sus puntos troncales en la lucha contra la desinformación.

La prácticamente nula colaboración con las autoridades es la cara y la cruz de esta plataforma. Fundada por ingenieros que tuvieron que exiliarse de Rusia por negarse a suministrar información de sus usuarios a los servicios secretos del Kremlin, Telegram no atiende las peticiones de nadie. Ni de los regímenes autoritarios que persiguen a los disidentes ni las solicitudes judiciales de países democráticos. Este hecho es el que estuvo a punto de causar su bloqueo cautelar en España hace poco más de un mes por no responder las exigencias de la Audiencia Nacional en una investigación por supuestas violaciones de los derechos de autor a través de su servicio.

En el caso de los pseudomedios la situación no es más sencilla. “Hay una nueva ley europea, la European Media Freedom Act, que está aprobada hace apenas unas semanas”, explica Carlos Hernández- Echevarría, director de Políticas Públicas de Maldita.es. “En ella se entiende que la libertad de expresión nos ampara a todos, pero establece una serie de protecciones específicas para medios de comunicación. Para obtenerlas, la UE ha dicho que tiene que haber unos estándares de transparencia que tienen que ver con la verdadera propiedad de esos medios, que sean independientes de poderes extranjeros y también de que cumplan con unos requisitos de autorregulación, y ahí es donde está el quid de la cuestión”, apunta.

“Porque en materia de autorregulación, hay países donde funciona muy bien y países donde no funciona nada”, especifica. España se acerca más a estos últimos.

“Nosotros creemos que es una reflexión que tiene que surgir de los propios medios, de los periodistas, de los académicos, de los verificadores. Llegar a un consenso amplio sobre cuáles son los requisitos que debe tener un medio de comunicación, con cuestiones de transparencia, de política de rectificación, de qué pasa si un medio miente. Esto no quiere decir que la gente no pueda decir lo que quiera en un canal de YouTube o en una web, pero que sí que si se incumplen repetidamente unos estándares éticos, se pierda ese sello de calidad, por así decirlo”, abunda Hernández- Echevarría.

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Corrección: en una versión anterior este artículo afirmaba que la organización Liberum ha presentado una denuncia contra Begoña Gómez. Liberum no ha presentado dicha denuncia. Sí ha pedido en varias ocasiones la declaración de Gómez en el 'caso Koldo'.

Los tribunales españoles se convirtieron en los principales avalistas de las medidas sanitarias para contener el avance del coronavirus durante los dos primeros años de pandemia. Sentencias y autos sobre confinamientos, toques de queda, cuarentenas, mascarillas o, finalmente, la vacunación por orden judicial de niños y personas incapacitadas. En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha rechazado hasta 25 recursos de personas que se negaban, sobre todo, a la vacunación de sus hijos, representados en su mayor parte por abogados vinculados al movimiento antivacunas.

La campaña de vacunación contra la COVID-19 arrancó en una residencia de mayores de Guadalajara en los últimos días de 2020. Araceli Hidalgo, entonces de 96 años de edad, fue la primera persona en recibir la vacuna, dando el pistoletazo de salida a una medida sanitaria que alcanzó a los más pequeños un año después. La campaña de vacunación de menores de 11 años de edad arrancó en diciembre de 2021 y poco después arrancaron los primeros conflictos entre progenitores que no se ponían de acuerdo sobre la inoculación de sus hijos.

El guion fue muy similar en decenas de casos de padres y madres divorciados o separados que terminaban en el juzgado porque uno quería vacunar a los hijos, menores de edad, y el otro no. El asunto de la vacunación no es novedoso en la jurisprudencia española pero, sí se planteaba de manera inédita ante los juzgados: por una enfermedad poco conocida que tenía que combatirse con una vacuna recién creada.

Los progenitores que no querían que los sanitarios administraran las vacunas a sus hijos mostraron, en muchas ocasiones, argumentos coincidentes, en algunos casos también reproduciendo bulos: que las vacunas no habían pasado todos los controles pertinentes, que estaba en fase de prueba, que no se conocían potenciales efectos secundarios o que no estaba recomendada en niños. En los juzgados de primera instancia el debate casi siempre terminaba igual: los jueces avalaban la vacunación y dejaban la decisión en manos del progenitor que apostaba por inocular al menor.

Muchos de estos casos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, sobre todo de manos de abogados que, durante la pandemia, se agruparon en torno a asociaciones antivacunas como Liberum. El tribunal de garantías ha rechazado ya 25 de estos recursos, la mayoría de los cuales fueron presentados por letrados ligados en el pasado a esta asociación y que han llegado a comparecer en el Parlamento Europeo de la mano de Vox.

De estas 25 resoluciones del Constitucional, 22 tienen que ver con progenitores que difieren sobre la vacunación de sus hijos, y el resto con hijos que se negaban a vacunar a sus padres, personas mayores e incapacitadas para tomar sus propias decisiones. En todos los casos, según ha podido comprobar elDiario.es, la Fiscalía informó en contra de los recursos antivacunas.

Son disputas procedentes de Canarias, Cantabria, Albacete, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Málaga. Y en todos los casos el Constitucional, por unanimidad, ha dicho lo mismo: las agencias del Medicamento habían dado luz verde a la vacuna, sus márgenes de riesgo no eran mayores que los de cualquier otra vacuna, existía un “contexto de riesgo cualificado” y, entre otras razones, una “evidencia estadística” de que los efectos adversos de la vacuna no eran mayores que los de no ponérsela en el caso de niños y ancianos.

Menores, ancianos, COVID-19 y VPH

El primer caso que estudió el Constitucional en mayo de 2023 fue el de un hombre que pleiteó para que su padre, un anciano con una enfermedad degenerativa e incapacitado judicialmente, no fuera vacunado en la localidad canaria de Telde. A partir de ese momento, la inmensa mayoría de los pleitos recurridos en amparo tuvieron que ver con la vacunación de menores de edad. Todos los casos en torno a las vacunas contra el coronavirus y en un caso también del Virus del Papiloma Humano.

Buena parte de las demandas que han llegado hasta el tribunal de garantías, que en muchos casos han compartido abogado, planteaban reclamaciones similares: que el expediente de jurisdicción voluntaria que autorizó la vacunación del niño vulneró el derecho a la integridad física del menor, a un proceso con todas las garantías y finalmente la tutela judicial efectiva.

Por norma general, el Constitucional ha entendido que en los casos estudiados los padres y madres de los menores han tenido toda la información disponible a su alcance. También que la decisión judicial de autorizar las vacunaciones ha estado fundamentada en “el interés superior del menor”. Basándose en los “informes, dictámenes y recomendaciones” disponibles en cada momento. Vacunar a los más jóvenes, ha dicho en varias sentencias el tribunal, “habría de facilitar el retorno a la normalidad”.

La sucesión de sentencias en casos procedentes de todo el país convierte en doctrina estable lo dicho por el Constitucional sobre la vacunación de menores de edad y personas incapacitadas contra el coronavirus. Salvo que, por ejemplo, se pudiera probar que en uno de estos procesos de jurisdicción voluntaria los progenitores o tutores no tuvieron información suficiente, lo que hasta ahora no ha sido el caso.

Los mismos abogados

Todos estos recursos que han llegado hasta el Tribunal Constitucional y que, por ahora, han sido rechazados, tienen otro punto en común: los abogados y abogadas que los han presentado. Doce de los recursos rechazados venían firmados por la letrada Cristina Armas Suárez, otros tres por Alexis José Aneas Fernández, tres más por Marcos Rubio Rubio y un último recurso fallido firmado por Luis María Pardo Rodríguez.

Al menos en el pasado, todos han estado vinculados de alguna manera a la asociación Liberum, una de las más activas durante la pandemia en su oposición judicial a las medidas y restricciones sanitarias que los distintos gobiernos central y autonómicos ponían en marcha para combatir el avance de la pandemia. Presentaron acciones judiciales incluso por la vía penal contra representantes del Gobierno o de la judicatura que no han prosperado en el Tribunal Supremo.

Cristina Armas, según figura en la página web de la asociación, se desvinculó hace tiempo de Liberum en medio de una fuerte disputa. Alexis José Aneas y Luis María Pardo llegaron a acudir al Parlamento Europeo en nombre de esta asociación, en calidad de portavoz y de representante del equipo jurídico, respectivamente. En cuanto a Marcos Rubio, cuya página web anuncia la admisión a trámite de sus recursos de amparo pero no su posterior desestimación, ha sido referido en varias ocasiones en el pasado como miembro del equipo jurídico de la asociación.

La única alternativa mínimamente viable en el Partido Demócrata a la candidatura de Joe Biden para las presidenciales del 2024 tiene un apellido de sobra conocido en el seno de la formación: Robert F. Kennedy, sobrino del expresidente John Fitzerald Kennedy (JFK) e hijo del senador Bobby Kennedy, ambos trágicamente asesinados hace medio siglo.

A diferencia de sus predecesores, el último representante de la dinastía política más influyente de EEUU se presenta como un outsider, dispuesto a romper consensos científicos e ideológicos en su partido, al que ha declarado la guerra.

“Me enfrento a una fuerza muy formidable: el Partido Demócrata”, dijo a finales de julio en una entrevista con Sean Hannity, presentador estrella de Fox News, “pero tengo varios caminos hacia la victoria”.

Ignorado por los medios de comunicación de referencia estadounidenses y criticado por sus posicionamientos antivacunas, su banalización de la Alemania nazi y su seguimiento de teorías de la conspiración, Kennedy está centrando su estrategia en seducir al electorado trumpista. Y lo hace en espacios mediáticos de la ultraderecha, como Fox News, la cadena que encumbró al magnate, así como en los podcasts de ultraconservadores como Steve Bannon (The War Room), Alex Jones (Infowars), Jordan Peterson o Joe Rogan, entre otros.

Uno de los principales donantes de Donald Trump en las dos últimas elecciones presidenciales, el conservador Timothy Mellon, ha anunciado que retira su apoyo al exmandatario e invertirá 5 millones de dólares en el comité de acción política American Values, la principal fuente de ingresos de la campaña de Kennedy. Mellon, que hizo su fortuna en el sector del transporte, se suma así a un reducido número de ultrarricos que han encontrado en el demócrata una alternativa a Trump y DeSantis.

Entre ellos se encuentra Gavin de Becker, un asesor de seguridad cercano al tercer hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que ya ha dado 4,5 millones a American Values. Otro que ha mostrado su apoyo financiero es Patrick Bryne, director ejecutivo de Bed Bath & Beyond (una importante empresa que cayó en bancarrota este año y protagonizó despidos masivos de miles de trabajadores, y ha renacido bajo el nombre de Overstock); así como el inversor David Sacks, fundador de Pay Pal. Todos ellos apoyaron al Partido Republicano en el pasado.

Conspiración en medios conservadores

El sobrino del presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy y tercero de los 11 hijos del senador Bobby Kennedy se convirtió durante la pandemia en un habitual de Fox News. Desde el altavoz mediático de la ultraderecha estadounidense, el canal más visto en el país, libró su batalla contra los consensos científicos, atestando fuertes críticas a las medidas aplicadas por la Administración Biden para frenar el avance de un virus que tuvo que ver con la muerte de 15 millones de personas en el mundo entre 2020 y 2021.

Mientras la COVID-19 se propagaba, Kennedy forjaba su imagen criticando el uso de mascarillas, la vacunación y las cuarentenas obligatorias. En una de las mayores manifestaciones antivacunas, a principios del 2022 en Washington, se erigió en líder del movimiento con un incendiario discurso, en el que llegó a invocar a la Alemania nazi: “Al menos en la Alemania de Hitler podías cruzar los Alpes rumbo a Suiza o esconderte en el ático, como hizo Ana Frank”.

Un año antes, había publicado un libro contra el epidemiólogo Anthony Fauci, quien diseñó la estrategia contra la pandemia en EEUU. El mismo año, Instagram llegó a eliminar su cuenta en esta red social por “compartir repetidamente afirmaciones desacreditadas sobre el coronavirus o las vacunas”.

En las últimas semanas, ha vuelto a protagonizar un escándalo mediático con la filtración de una grabación en la que afirmaba que el coronavirus fue “étnicamente dirigido” para salvar a los judíos y a los chinos. Una teoría conspirativa que ha desempolvado las acusaciones de antisemitismo en su contra, de las que se defendió alegando que las hizo en “una reunión a puerta cerrada” y afirmando que era “una declaración precisa sobre un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud”.

No es la primera teoría conspirativa a la que se suma el aspirante a batir a Biden en las primarias demócratas. En junio afirmó en el podcast del conservador Joe Rogan, el más escuchado del país, que las señales de radiofrecuencia del Wifi provocan cáncer y “fugas cerebrales”. En otra aparición en Twitter Spaces con Elon Musk (propietario de la red social Twitter, ahora X) aseguró que la culpa de que haya tiroteos en las escuelas es del uso de antidepresivos como el Prozac (y no la legislación favorable a las armas).

Tampoco tuvo reparos en participar en el podcast de Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, tránsfobo y misógino que triunfa entre los jóvenes, donde se hizo eco de una teoría de la conspiración que asegura que los productos químicos en el suministro de agua convierten a los niños en transexuales. Además de todo ello, en el pasado ha dicho que las vacunas provocan autismo, que el VIH fue fabricado para que las farmacéuticas se enriquecieran vendiendo medicinas y que el 5G es una herramienta de vigilancia.

En una reciente entrevista, se mostró convencido y preocupado de que el Gobierno estadounidense y las grandes tecnológicas vigilan y controlan a los ciudadanos a través de la tecnología y la inteligencia artificial, sobre todo si “estás haciendo algo que tiene que ver con disentir o desobedecer las órdenes del Gobierno”.

El gancho conservador

Robert Kennedy va muy rezagado en las encuestas: le separan unos 50 puntos de Joe Biden, según el modelo FiveThirtyEight, que a finales de agosto estima un apoyo de casi el 64% para el actual mandatario frente a poco más del 12% de Kennedy entre el electorado demócrata.

A pesar de que los simpatizantes del partido han dejado claro que están abiertos a una alternativa, el perfil populista y paranoico de Kennedy les echa para atrás.

Como abogado ambientalista, en el pasado ha defendido causas ecologistas, como la limpieza y protección del río Hudson y ha litigado contra numerosos gobiernos y empresas por su contaminación.

En 2010, ganó una demanda a ExxonMobil (una de las petroleras más contaminantes del mundo), que fue obligada a limpiar decenas de millones de barriles de petróleo filtrados en Newtown Creek (Nueva York). Además, desde una postura anti-establishment, su discurso siempre ha ido en contra de las grandes corporaciones, en especial las farmacéuticas.

Sin embargo, en vez de intentar combatir a Biden por la izquierda, Kennedy está abrazando muchas de las banderas del votante conservador.

También ha cuestionado el papel de EEUU en la guerra de Ucrania, que considera “terrible para el pueblo ucraniano”. En su opinión, la OTAN creó “las condiciones para la guerra” al expandirse hacia el este durante las décadas posteriores a la Guerra Fría y asegura que su país debería poner fin al conflicto auspiciando una paz negociada en la que los ucranianos cedan territorio a Rusia.

Kennedy es un firme defensor de las criptomonedas, un mundo con especial calado entre los jóvenes conservadores que defienden un libre y extremadamente volátil mercado financiero, despegado de la regulación estatal. En junio dio un discurso en Miami en una de las principales conferencias del año de bitcoin –una moneda que, por cierto, acepta como parte de sus donaciones–.

A Kennedy, que se presenta como una víctima denostada por los medios de comunicación y por su propio partido –lo llama “el partido de la censura”–, lo defienden más los republicanos que los propios demócratas: el 40% de los votantes republicanos tiene una opinión positiva, comparado con el 31% de independientes y el 25% de los demócratas, según una encuesta de Quinnipac University. Quizás la simpatía de personajes como Rudi Giuliani, Tucker Carlson, Steve Bannon o Alex Jones tenga algo que ver con ello.

La designación de Gabriel Le Senne (Vox) como nuevo presidente del Parlament balear no ha pasado desapercibida: conocido por sus comentarios xenófobos y negacionistas, Le Senne ha conseguido auparse como la segunda autoridad de Balears gracias al pacto al que ha llegado su partido, Vox, y el PP. Los conservadores necesitan el apoyo -como mínimo, una abstención- de la ultraderecha para investir a su candidata, Marga Prohens, como presidenta del archipiélago.

En la primera entrevista a Le Senne tras su designación, publicada en el diario Última Hora, el político ha presumido de no haber vacunado a sus hijos contra la COVID-19. “No comparto ni entiendo muchas decisiones que se aplicaron durante la pandemia y, desde luego, esa obsesión en vacunar a los niños sanos. Escribí una columna al respecto y creo que el tiempo me ha dado la razón. No vacuné a mis hijos y estoy muy contento de haber tomado esa decisión”, contesta al periodista Torres Blasco.

Le Senne no ha dado respuesta a los comentarios y artículos que ha publicado referidos a las mujeres o al colectivo LGTBI, aunque el periodista le preguntó también por ellos. Entre los comentarios más polémicos, están las frases “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene” o “en España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción”.

A pesar de que los artículos que ha publicado en la prensa y sus tuits están encajados en posturas extremistas, Le Senne niega a Última Hora que él o Vox sean de extrema derecha: “No creo que Vox sea un partido de extrema derecha. Y yo no me considero de extrema derecha. (...) Si se mira bien lo que Vox lleva en su programa, queda claro que no es un partido de extrema derecha. (...) Si ha seguido mis artículos sabrá que yo soy liberal e incluso libertario”.

Sus polémicas más destacadas

Le Senne (Palma, 1977), abogado de profesión, se caracteriza en redes sociales por su beligerancia contra el cambio climático, el racismo y la violencia machista. “Por eso nunca me creí a los agoreros del clima, cuando profetizaban catástrofes tremebundas, -que, por cierto, debían haber llegado ya, pero nunca llegan- pero al mismo tiempo rechazaban la solución nuclear, único remedio posible para sus miedos”, llega a manifestar.

Más allá de Twitter, el nuevo presidente de la Cámara autonómica cuenta con un canal de Telegram en el que difunde bulos y teorías conspiranoicas procedentes de perfiles falsos, principalmente en relación con la pandemia de la COVID. “Ahora falta reconocer que el virus estaba en el laboratorio chino por una investigación financiada con fondos públicos americanos… y cortar esas investigaciones y procesar a los responsables”, señala en un momento dado.

Por otro lado, Le Senne también es seguidor de algunas tesis vinculadas a grupos neonazis, como la teoría de “el gran reemplazo”, según la cual la población blanca y cristiana estaría siendo “sustituida” por pueblos no europeos, especialmente africanos, lo cual consideran que pone en “peligro” la cultura y civilización europeas. Esta teoría racista, definida por grupos de supremacistas blancos ligados a grupos de extrema derecha -neonazis incluidos-, fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y sostiene que existe una especie de conspiración liderada por una élite global para acabar con la población blanca, lo cual llaman “genocidio blanco”.

Estas ideas, residuales al menos hasta ahora en España, tendrán su representación nada menos que a través de la segunda autoridad de Balears: el presidente de la cámara autonómica. En una columna de opinión publicada en Mallorcadiario, bajo el título El Gran Reemplazo, Le Senne escribía lo siguiente: “Los europeos en general estamos siendo reemplazados por los africanos. En Estados Unidos ante todo reciben hispanoamericanos, de modo que quizás en unas décadas toda América termine por ser hispana, miren por dónde. En España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción (sic)”.

En el mismo texto, el ideólogo extremista de Vox escribía que mientras que “el número de nacimientos en España se redujo en un 0,9%” (durante el periodo 2019-2022), el número de extranjeros “se incrementó en un 13%”. Al mismo tiempo, cita una serie de datos económicos sobre el PIB, el paro y la productividad, llegando a la siguiente conclusión: “Trabajando más, produjimos menos: nos empobrecimos. Lógico, ya que por más que digan que vienen a pagarnos las pensiones, la realidad es que los que llegan son menos productivos que los que pasan a mejor vida”.

El nuevo presidente del Parlament llegó a Vox desde la organización Sociedad Civil Balear -homónima de Sociedad Civil Catalana-, como él mismo explica en una columna en el mismo diario. Entre los motivos para afiliarse al partido ultraderechista, Le Senne cita la crisis demográfica. Según él, la baja tasa de natalidad se explica por razones “culturales”, encuadradas en la “Agenda 2030”, el “feminismo radical” o el “adoctrinamiento” LGTBI, con el objetivo de “reducir la población”.

“El feminismo radical de tercera ola y la ‘violencia de género’ discrimina a la mitad de la población simplemente por su sexo. Termina con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Disuade de formar matrimonios y contribuye a destruir familias, reduciendo así los nacimientos”, afirma, en un país en el que los datos respecto a la violencia machista no paran de empeorar. En el contexto balear, durante el primer trimestre de 2023 se han registrado 1.688 denuncias por violencia machista, un 16,9% más que durante el mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

“Adoctrinamiento” LGTBi

Siguiendo con las tesis de Le Senne -que se define como liberal y católico-, el supuesto ‘adoctrinamiento’ LGTBi estaría “elevando” los porcentajes de niños homosexuales y trans. “Una cosa es el respeto que todo ser humano merece, por supuesto, y otra promover con el dinero público conductas dañinas para la sociedad y para los propios afectados”, afirma. “Al mismo tiempo se hipersexualiza a los niños, a través de una educación sexual concebida para animar a la promiscuidad prematura, y, en general, mediante un ambiente cultural inmoral”, añade.

En cuanto al aborto, afirma, “es indispensable para asegurar que esa frenética actividad sexual banalizada no tendrá consecuencias indeseadas”. Aunque la aprobación de derechos sociales y libertades civiles son conquistas que no obligan a nadie -aunque sí mejoran la vida de millones de personas-, para Le Senne constituyen, en realidad, una ‘herramienta’ para reducir la natalidad en la población blanca. “En cuanto a la eutanasia, es una vía que paulatinamente irá ganando fuerza para deshacerse de ancianos y enfermos que no va a ser posible atender, porque no habrá jóvenes para ello. La pedirán libremente, sí. ¡Porque no tendrán alternativa!”, asevera.

En dicha opinión carga nuevamente contra lo que denominan ‘catastrofismo ecologista’, cuyo objetivo según él, en realidad, es encarecer los precios de la energía. Y, claro está, vuelve a señalar a los migrantes, confundiendo en este caso árabes con musulmanes. “La inmigración de millones de musulmanes a Europa, facilitada al margen de la ley, pretende diluir las respectivas culturas e imponer el nihilismo materialista que ha pasado a dominar lo que antes denominábamos ‘Occidente’, y que evidentemente no contribuye a tener hijos, sino todo lo contrario”, afirma, obviando que, en realidad, no es tan sencillo para una persona de origen árabe migrar a España, conseguir alojamiento, trabajo y permiso de residencia.

“Se han sacado de contexto mis mensajes”

Ante los micrófonos de IB3, Le Senne ha dicho que “algunos medios” de comunicación “han sacado de contexto” sus mensajes y que están “trasladando una imagen” de él que “la gente que le conoce sabe que no es real”. “Lo que he escrito en los artículos ahí queda y es lo que pienso. No he faltado el respeto a nadie, solo he puesto mis ideas, lo que pasa es que hay que saber interpretarlos en su contexto y a veces recurro al humor y a la ironía”, ha dicho.

El president del Parlament ha puesto el ejemplo de la frase suya que más se ha viralizado (“Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”) y ha comentado: “Ese tuit de los penes y la beligerancia no es una frase mía, es algo que dijo la exconcejala de Palma Sonia Vivas, que dijo algo de eso, que el tamaño del pene estaba relacionado con la beligerancia de los hombres. Entonces, yo le contesté con una broma, y ahora se ha sacado ese tuit sin decir que era una respuesta en tono de humor”.