Peritos constatan el grave riesgo de los niños de Santurtzi sin vacunar: “El sarampión en bebés puede ser letal”

Peritos expertos en el estudio de los pacientes a los que debía haber vacunad la enfermera acusada de simular la vacunación de hasta 404 menores del ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, han constatado durante la tercera sesión del juicio que se está celebrando desde el lunes en la sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia, el “grave riesgo” que corrieron los menores, sobre todo los bebés, al no ser vacunados. Según han detallado, tras las reclamaciones de los padres de cuatro menores, se les efectuó una serología sobre las vacunas en las que podía obtenerse mayor fiabilidad en sus resultados. En concreto, se analizó tétanos (incluida en la hexavalente), triple vírica (sarampión, parotiditis y rubeola) y varicela y no se encontró “respuesta de anticuerpos para ninguna de las víricas”.

“Contraer el sarampión en bebés puede ser letal. No es lo mismo el sarampión en bebés de 9, 12 o 15 meses o en personas de 30 años. Esa es la primera alarma que tuvimos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un centro concreto, en un grupo de población concreto que se van a relacionar entre ellos en parques o guarderías y su ámbito es muy reducido. Pongo el foco en el sarampión porque es la más contagiosa de todas, de 100 personas que entran en contacto con un caso, 90 van a padecer un sarampión, con lo cual estábamos ante un riesgo muy importante para la salud de una población determinada, concreta y localizada”, ha detallado una de las responsables del servicio de Pediatría y experta en infectología del Hospital de Cruces, que ha testificado como testigo y como perito por haber realizado los estudios pertinentes una vez el caso se elevó del ambulatorio de Kabiezes a Cruces.

Según ha explicado, una vez comprobaron que los menores analizados no habían sido vacunados, optaron por realizar la revacunación de los más de 400 que habían sido atendidos por la encausada, actuando por un “principio de precaución y prudencia”. “Nos interesaba garantizar la correcta protección de todos y cada uno de los menores frente a todas las enfermedades que son prevenibles y para las que tenemos inmunización. Ante la duda más que razonable de que ha podido haber un fallo en la vacunación yo lo que tengo es que salvaguardar la seguridad de los menores”, ha aseverado tras concretar que “no hay ninguna otra explicación posible” que pudiera dar “un resultado tan apabullante” que la de que no se había realizado la vacunación correctamente y que una sobrevacunación es “menos lesiva frente a una no vacunación”.

Durante la tercera sesión, que ha comenzado a primera hora de este miércoles con la evaluación de la acusada por parte de un médico forense y se ha alargado hasta pasadas las 16.30, han testificado enfermeros compañeros de trabajo de la acusada, responsables del ambulatorio de Kabiezes, los responsables de los expedientes que se abrieron cuando comenzaron a detectar situaciones fuera de lo común en relación con la atención que la enfermera brindaba a los pacientes y peritos, además de tres de las familias afectadas que quedaban por testificar.

Según han detallado los profesionales de Osakidetza que trabajaron con ella, se realizaron varias reuniones para alertar a la acusada de que debía respetar los protocolos a la hora de los consejos que debía realizar a los padres, puesto que habían llegado varias quejas en relación con los consejos sobre alimentación. “Le dijimos que se ciñera al protocolo de alimentación de Osakidetza, que puede pensar lo que quiera, pero que se debe ceñir al protocolo existente. En aquel momento lo atribuí a que no tenía formación”, ha explicado uno de los pediatras del ambulatorio de Kabiezes.

Visto que su actitud no cambiaba, desde el centro decidieron abrir un expediente y hacerle un seguimiento. Hasta que llegaron las quejas de los padres preocupados por la vacunación de sus hijos y se citaron con ella en instancias superiores. “Nos dijo que terminaba un ciclo, que había pedido el traslado y que agradecía al personal y a las familias. En su declaración ella insistía en que sí que había vacunado a los menores y lo había registrado, pero a la vez también comentaba ideas que entraban en conflicto con este desempeño. Me pareció oportuno proseguir en la investigación, hablar con un comité de expertos sobre qué metodología usar para verificar la vacunación de los niños y, por otra parte, lo que evidencié es que ella no seguía las guías de Osakidetza. Recomendé que se diera parte a los mandos correspondientes para que tomaran las acciones pertinentes”, ha explicado uno de los profesionales que elaboró los informes y expedientes informativos sobre la acusada, en los que reconoce que le decía una serie de cuestiones en contra de las vacunas que llamaron su atención.

“Ella enfatizó que los había vacunado, porque le pregunté directamente. Recuerdo que la declaración fue en un clima tranquilo. Enfatizaba que los había vacunado, pero a la vez hacía afirmaciones en relación con lo que ella pensaba que eran las vacunas, que evidenciaban que había un conflicto entre lo que ella pensaba y su desempeño como profesional. Por ello me pareció oportuno seguir investigando para aclarar esas sospechas”, ha explicado el experto.

Tras las investigaciones optaron por llevar a cabo un análisis serológico en primer lugar a un grupo de 16 niños que acudió a vacunarse con la acusada y a diez inoculados por otros profesionales que compartían nevera para evaluar la posibilidad de que los lotes de vacunas no estuvieran en “buenas condiciones”. En este nuevo análisis, se comprobó que “todos los niños inmunizados por otro profesional tenían una respuesta positiva, que es lo esperado por lo que dice la ficha técnica”, y los niños inmunizados por la encausada no. Por ello, se decidió extender el control al resto de los 49 niños vacunados con la triple vírica por esta enfermera entre febrero de 2021 y marzo de 2022, entre los 18 y los 20 meses, con un resultado de “una alta probabilidad de que no estuvieran correctamente inmunizados”. A la vista de los resultados obtenidos, se concluyó que había “un riesgo muy importante” de que las vacunas no estuvieran correctamente administradas, lo que podría generar “un problema muy importante de salud pública”.

La mayor parte de los padres y madres que han testificado han asegurado que pese al riesgo, sus hijos se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo, uno de ellos ha relatado que su hijo, que fue supuestamente vacunado por la acusada, nació con un “problema en el corazón” y tuvo que ser ingresado “más de 40 días” tras nacer, mientras que, en otro de los casos otra familia cuyo bebé fue supuestamente vacunado por la enfermera ha asegurado que su hijo nació prematuro y tuvo que ser ingresado hasta en dos ocasiones con distintas patologías. “Pensábamos que estaba vacunado y que los ingresos eran algo normal, que los bebés se ponían malos. Ahora tenemos la duda de si esas enfermedades han sido por no haber estado correctamente vacunado”, han lamentado.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia inició el lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, señaló a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, comenzó analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”.