Un forense evaluará en el juicio el estado mental de la enfermera de Osakidetza acusada de no vacunar a 400 niños

A primera hora de este miércoles, un médico forense evaluará el estado mental de la enfermera de Osakidetza acusada de simular la vacunación de 404 menores en el ambulatorio de Kabiezes, Santurtzi. Tras la evaluación proseguirá el juicio, que celebrará su tercera sesión en la sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia y que contará con los testimonios de testigos, entre los cuales se encuentra el personal de Osakidetza que trabajó con la encausada. Una vez acabada la parte de los testimonios de testigos -en el juicio se prevé que pasen a deponer hasta 70 personas- será el turno de los peritos y forenses. Después, tomará la palabra por primera vez la encausada, ya que la defensa de la enfermera ha solicitado que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, algo que previsiblemente ocurrirá el próximo viernes.

Este martes durante la segunda sesión han testificado 37 padres y madres de los niños afectados, que al igual que en la primera sesión, han explicado cómo fue el procedimiento de vacunación con la encausada. En esta sesión, además del hecho de que la enfermera vacunaba a los niños “muy rápido” y llegaba a ponerse de espaldas para ocultar a los niños mientras los vacunaba varios padres y madres han testificado que utilizaba maniobras para distraerles y así no vacunar a sus hijos. “Con una mano me dijo que sujetara a mi hijo y con la otra que tuviera una campana y una hada para entretenerle y que así no llorara”, ha explicado una de las madres, que ha asegurado que esa era la forma en la que la enfermera evitaba que mirase si finalmente vacunaba a su hijo o no.

Se trata de un modus operandi que han repetido varias de las familias que han testificado, pero no todas. En otras ocasiones, preparaba las vacunas de espaldas, de forma poco visible sin que los progenitores pudieran verlas. Varias familias han detallado que el líquido de las vacunas se llegó a caer en el brazo de los menores y, en uno de los casos, llegó a manchar el pantalón de uno de los padres que sujetaba a su bebé. “Cuando me di cuenta de que había líquido en el brazo de mi hija la enfermera me dijo que no pasaba nada porque las vacunas traían algo de más. Me arrepiento de no haber dicho nada en aquel momento, porque yo soy enfermera de profesión y sé que no tiene que quedar ninguna gota fuera del brazo”, ha lamentado una de las madres.

Según esta madre, que también es enfermera, a partir de ese momento decidió “observarla con lupa” ya que no sabía si la encausada actuaba así por desconocimiento o por una mala praxis intencionada. “Era una persona muy peculiar. Les daba un hada, una campana, música para entretenernos y lo hacía todo muy rápido. En ese tiempo no daba tiempo de inocular el líquido en el brazo. En mi opinión hacía lo que podía [para no vacunar] según qué padres tenía en la sala. No sé qué táctica seguía en cada caso, depende de cómo mirara cada padre o madre hacía lo que podía”, ha detallado la madre.

Las familias también han declarado que durante las consultas esta enfermera les decía cosas como que “la sociedad había perdido contacto con la naturaleza”, que los menores no debían comer “ni carne ni pescado” o que la vacuna del tétanos “no era necesaria”, que lo que tenían que hacer era que su hijo “tuviera más contacto con la naturaleza y andase descalzo por la hierba” porque al hacerlo se iban a provocar unas “microrroturas en las plantas de los pies y que eso era suficiente”.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia inició el lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde -médico que ha sido nombrado durante el juicio por la mayoría de padres y madres y que también testificará- se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, señaló a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, comenzó analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”. Prosiguió con los testimonios de nueve familiares afectados en la primera sesión y 37 en la segunda y continuará este miércoles con los testimonios de personal de Osakidetza.