El estallido de la operación Púnica en 2014 desató un terremoto judicial y político en Madrid con pocos precedentes y de difícil imitación. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, fue enviado a prisión provisional mientras la Guardia Civil detenía a media docena de alcaldes y la Audiencia Nacional descubría que la corrupción había evolucionado desde la trama Gürtel y había cambiado el ladrillo por la eficiencia energética. La sentencia del caso, once años después de la operación, deja 28 personas condenadas por amañar contratos de eficiencia energética para la filial española de GDF Suez en siete municipios madrileños con un botín de 233 millones de euros.

La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco pusieron en marcha la operación el 27 de octubre de 2014. Fue un poco antes de lo previsto porque uno de los agentes había dado un chivatazo y los investigados ya sabían que la Audiencia Nacional les pisaba los talones. A la cabeza de la lista de medio centenar de investigados se situaba Granados, que medio año antes había dejado su acta de senador por el PP tras conocerse que había tenido una cuenta en Suiza. En el papel de empresario corruptor desconocido para el gran público estaba David Marjaliza y, por detrás, los alcaldes de municipios como Valdemoro, Parla o Móstoles y directivos de la empresa Cofely.

La operación, una de las últimas macrocausas de corrupción política, fue bautizada como 'Púnica' en honor a Francisco Granados: el árbol del granado es 'púnica granatum' en latín. La Audiencia Nacional sospechaba que el antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid había aprovechado su puesto para tejer una red de contactos, favores y sobornos de la mano del empresario Marjaliza y con ramificaciones en León, Murcia y Alicante. Tan solo cinco años después del estallido del caso Gürtel, la política madrileña en general y Aguirre en particular veían cómo la Guardia Civil y los tribunales desvelaban otra trama de corrupción que anidaba con impunidad, otra vez, en las arcas municipales.

El operativo policial fue un shock con pocos precedentes en la política madrileña. Varios alcaldes fueron enviados a prisión provisional y no todos, aunque sí la gran mayoría, eran del Partido Popular. Tomás Gómez, entonces líder del PSOE madrileño, compareció cariacontecido en la Asamblea de Madrid y se declaró “desolado” por la detención de José María Fraile, su amigo y sucesor como alcalde de Parla. Aguirre –presidenta regional cuando ocurrieron la mayor parte de los hechos, pero fuera del cargo desde 2012– compareció para pedir perdón por haber confiado en Granados. Solo tres años después de tener que disculparse por la corrupción del caso Gürtel. Y a medio año de las siguientes elecciones municipales y autonómicas.

La sentencia dictada este final de año por la Audiencia Nacional revela que la corrupción mutó en Madrid para adaptarse a las circunstancias pero sin perder de vista el botín de las arcas públicas. Según describen los jueces, la crisis económica plenamente asentada en España en 2012 abrió una nueva oportunidad de negocio para los corruptos: la eficiencia energética de los municipios, grandes y pequeños. Contratos millonarios a 15 años vista en algunas de las ciudades más grandes del país para revisar y mejorar el alumbrado y encargarse de su mantenimiento. Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF Suez, se lanzó a por el botín municipal mientras su negocio se desplomaba.

La fórmula del éxito tuvo una pata fundamental: contratar a varios antiguos directivos y comerciales de Dalkia, empresa de la competencia. Y a través de ellos llegaron a David Marjaliza, constructor de la zona sur de Madrid que tenía una “red de contactos e influencias” en muchos ayuntamientos. El “conseguidor” perfecto para hacerse con la eficiencia energética de los municipios del PP, el partido con el que estaba mejor conectado, pero también del PSOE o gobernados por independientes.

Para cuando el caso llegó a juicio en 2025 –11 años después de la operación de la Guardia Civil– hasta 13 de los acusados habían optado por reconocer los hechos y devolver una parte del dinero a cambio de un acuerdo con la Fiscalía que evitara o minimizara su tiempo en prisión. El primero fue el propio David Marjaliza, que ya en 2015 optó por colaborar con la Audiencia Nacional y apuntar con el dedo a todo aquel que hubiera jugado un papel protagonista o secundario en la trama. Le siguieron los directivos de Cofely, la empresa adjudicataria corruptora, y algunos alcaldes y concejales imputados. Un escenario que dejaba poco margen para algo que no fuera una condena.

Un botín de 233 millones de euros

La sentencia de más de 600 páginas describe cómo este entramado corrupto se sentó en las mesas de contratación de distintos ayuntamientos para redactar de forma casi directa los pliegos de los contratos de eficiencia energética de municipios como Móstoles (205.000 habitantes), Parla (125.000), Valdemoro (72.500) o Collado Villalba (30.500), y otros más pequeños como Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Los detalles de las adjudicaciones pasaban previamente por manos de los directivos de Cofely para evitar sorpresas y quedaban selladas con las comisiones que Marjaliza y sus socios pactaban con los alcaldes.

En Collado Villalba (PP), por ejemplo, se pactó o prometió una comisión de 171.000 euros en efectivo. En Móstoles (PP) de 240.000 euros y en Parla (PSOE) de 500.000 euros. En Serranillos del Valle, unos 25.000 euros. El botín, según la sentencia, era infinitamente mayor. Si la operación no hubiera estallado y los contratos hubieran durado los 15 años que se habían establecido, Cofely habría obtenido un total de 232,9 millones de euros en adjudicaciones públicas por controlar la eficiencia energética de estos municipios. El plan, a pesar del cambio de nicho de mercado, era similar al de la Gürtel: pagar comisiones en efectivo o facturar sobrecostes de forma ficticia a través de empresas de la trama.

La sentencia deja 28 personas condenadas con el foco en la empresa corrupta Cofely. Algunos de sus directivos, que estuvieron en primera fila en el amaño de contratos, han recibido penas de hasta casi siete años de cárcel por hasta seis delitos relacionados con la corrupción. La propia empresa es condenada a pagar multas que suman 3,5 millones de euros porque sus empleados no encontraron “ninguna traba” interna para evitar que, incluso, tuvieran un departamento en la compañía para planificar los sobornos y amaños.

Los jueces también sentencian a seis alcaldes a penas que, en caso de ser declaradas firmes, supondrán su entrada obligatoria en prisión. Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y Agustín Juárez (Collado Villalba) son condenados a cuatro años y medio de prisión. Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio Sánchez (Serranillos) a tres años de prisión. José María Fraile (Parla) a dos años y cuatro meses. Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) a tres años de inhabilitación. Y David Marjaliza, el hombre que lleva diez años cantando en la Audiencia Nacional, a ocho años y dos meses de presidio. Todo con las atenuantes clásicas de los casos de corrupción que se eternizan en este tribunal: dilaciones indebidas, confesión tardía y reparación del daño.

No todos los alcaldes acusados han sido finalmente condenados y no todos los contratos bajo sospecha han podido demostrarse corruptos. José García (Almendralejo) y José Carlos Boza (Valdemoro) han sido absueltos por falta de pruebas, y tampoco ha podido probarse que la adjudicación que Cofely consiguió en Alcalá de Henares por casi 14 millones de euros respondiera a un plan criminal. En el caso de Valdemoro, epicentro de otras piezas de la trama por haber sido el feudo de Francisco Granados en su época de vecino y alcalde, el condenado por las irregularidades es José Luis Navarro, entonces arquitecto municipal.

Una trama que sacudió Madrid

La sentencia no refleja cómo la política madrileña convulsionó hasta la raíz ese octubre de 2014. Quedaba poco más de medio año para las elecciones municipales y autonómicas y algunos de los alcaldes detenidos habían sido presentados como candidatos solo unos días antes por sus respectivos partidos. El Partido Popular se encontraba sumido en una crisis de liderazgo con un Ignacio González buscando la salida de emergencia y con Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno, abriéndose paso como potencial candidata de renovación mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, se preparaban para cambiar para siempre el tablero político.

Casi todos los municipios salpicados por la trama corrupta, entonces bajo una investigación incipiente, experimentaron un vuelco electoral en mayo de 2015. En Móstoles el PP perdió la mayoría absoluta y pasó a gobernar el PSOE. En Valdemoro, plaza histórica del PP, los de Aguirre se desplomaron y la alcaldía pasó a manos de Ciudadanos. En Parla, donde Tomás Gómez llegó a ser el alcalde más votado de España, ganó un Partido Popular que solo consiguió retener por los pelos el bastón de mando en Collado Villalba. En la ciudad de Madrid, Esperanza Aguirre fue relegada a la oposición y Cristina Cifuentes necesitó a Ciudadanos para ser presidenta regional.

La presencia de la Púnica en esa etapa de la política madrileña llegó al punto de vivir imputaciones en directo en la Asamblea de Madrid. El PP de Cifuentes, entonces con una lista que había elaborado el partido que controlaba Aguirre, vio cómo los informes policiales del caso apuntaban a varios diputados que habían sido alcaldes en legislaturas anteriores. Daniel Ortiz, hoy condenado a tres años de prisión, tuvo que dejar su escaño en Vallecas cuando las acusaciones se posaron directamente sobre él. “Muchas gracias por el aplauso, entiendo que están respetando la presunción de inocencia”, dijo mes y medio antes de ser imputado mientras la bancada de Podemos le aplaudía con ironía.

La trama Púnica, sucesora de Gürtel y antecesora de Lezo, todavía tiene mucho recorrido por delante. Tanto por los recursos que se presenten contra esta sentencia como por todos los juicios que aún están por celebrar. La investigación, tras pasar por manos del juez Eloy Velasco, terminó en la mesa del juez Manuel García Castellón, con resultados dispares. Francisco Granados, que hasta 2011 fue consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, está pendiente de juicio junto con 42 personas más por la adjudicación ilegal de suelo público y obras del Metro de Madrid a través de empresas regionales.

También va camino del banquillo la pieza el caso que investigó las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y la financiación de la campaña electoral de 2011 que la encumbró como dueña y señora de la mayoría absoluta en Madrid. La Audiencia Nacional juzgará a Granados y al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, junto con varias personas más como posibles responsables de una 'caja B' en el seno del PP madrileño. Pero no a Esperanza Aguirre: García Castellón, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, negó durante la instrucción que ella “tuviera conocimiento” de cómo la trama financió irregularmente sus campañas o desvió dinero público para promocionar su imagen.

No todo en la Púnica han sido imputaciones, autos de procesamiento y aperturas de juicio oral. La investigación sobre el desvío de fondos públicos para fomentar la reputación on line de políticos del PP quedó archivada diez años después del estallido de la causa. Y el proceso que acaba de terminar en condena vio cómo 30 personas estuvieron imputadas durante siete años antes de quedarse fuera. El reguero de juicios sobre esta trama que afecta, sobre todo, al Partido Popular de Madrid, seguirá aumentando durante los próximos años y se solapará con los de otras piezas separadas del caso Lezo, ese en torno a Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre.

El alcalde de Valdemoro por el Partido Popular, David Conde, ha comparecido en un vídeo difundido por el Ayuntamiento en el que se publicita el desalojo de un bloque de pisos ejecutado por la empresa ultra Desokupa hace casi dos meses. “Lo que hay que dejar claro es que Valdemoro no es una ciudad que vaya a ser ni colaboradora ni consentidora con la okupación”, expresa el alcalde en un vídeo en el que también interviene Daniel Esteve, propietario de la empresa y figura relevante en el ecosistema de extrema derecha en las redes sociales.

Según explican desde el consistorio, este bloque de pisos en la calle Herencia del municipio fue construido en el año 2010 y ocupado de manera ilegal poco después hasta hace unos pocos días. Los propietarios terminaron contratando a Desokupa después de años de “numerosas intervenciones policiales”, tal y como destaca en el vídeo también un responsable de la Policía Local de Valdemoro.

Desde el consistorio destacan que no ha sido el Ayuntamiento el que ha contratado a Desokupa sino el propietario del inmueble. La intervención del municipio se ha limitado a la presencia policial en la vía pública para “velar por el cumplimiento de la Ley y evitar incidentes de seguridad ciudadana” y los Servicios Sociales, que aseguran que ninguna familia ha solicitado su intervención para asistir a familias vulnerables o menores de edad.

Daniel Esteve ha presumido en las últimas semanas en sus redes sociales de haber ejecutado este desalojo en un bloque de pisos el pasado mes de febrero.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 59 años de cárcel a un hombre que violó a seis mujeres en situación económica difícil a las que atrajo con falsas ofertas de trabajo. Los jueces, que lo largo del proceso han deslizado que este agresor sexual pudo hacer lo mismo con muchas más mujeres que las que finalmente denunciaron, explican que todas las víctimas relataron lo mismo: que acudieron a Valdemoro, localidad de sur de Madrid, buscando un trabajo y fueron agredidas sexualmente por un hombre que, en su teléfono, almacenaba fotos de miles de mujeres.

No es la primera sentencia firme de este delincuente sexual. Los tribunales madrileños ya le habían condenado en el pasado por abusos, aunque no llegó a entrar en la cárcel. Poco después de que la Justicia le comunicara que esa pena quedaba suspendida, buscó nuevas víctimas: mujeres en situación económica difícil que necesitaban desesperadamente un trabajo para salir adelante.

Empezó a contactar con ellas en el verano de 2017. Anuncios en internet ofreciendo trabajo para limpiar hoteles y casas o para ejercer como masajista. Todas las entrevistas eran una trampa y terminaban igual: con el acusado violando a sus víctimas y haciéndoles fotos que después se quedaba para extorsionar a las mujeres. “Mucho cuidado con la lengua”, amenazó a una de ellas para que no contara nada. “Si te mato te lanzo a una bolsa y nadie sabrá de ti”, espetó a otra.

Todas acudieron movidas por la necesidad económica, incluso cuando supieron que se les exigiría dar masajes eróticos en su presunto trabajo. Una de ellas tenía tres hijos de los que cuidaba sola. Otra tenía a su pareja en prisión. La Policía entró en su ordenador y su móvil y encontró “más de 9.000 fotografías de mujeres en las mismas o muy parecidas posturas, así como fotografías de documentos personales”. La sospecha, según los tribunales, es que “este modo de actuar no se redujo a los seis casos de las víctimas que se atrevieron finalmente a formular la denuncia”, sino que hubo más mujeres.

La Audiencia Provincial de Madrid le impuso una condena que ha llegado casi intacta al Tribunal Supremo: un total de 59 años de cárcel por seis delitos de agresión sexual, además de indemnizaciones para sus víctimas que suman 122.000 euros entre todas y órdenes de alejamiento que duran más de una década. El cumplimiento máximo de condena, eso sí, no pasará de los 20 años efectivos entre rejas y el acusado, a día de hoy, no ha indemnizado a sus víctimas según explican fuentes del caso.

“Una dinámica comisiva similar”

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar el último recurso del condenado, avalando tanto su condena de 59 años de presidio como las indemnizaciones y explicando que el relato de las víctimas y el resto de pruebas fueron más que suficiente para atribuirle seis delitos de agresión sexual. Todas las víctimas contaron lo mismo sin conocerse entre sí, pero además el material del ordenador y del móvil con todas las fotos que hizo a las mujeres y su documentación apuntalaron la acusación contra él.

Las víctimas, según el Supremo, fueron “asertivas en la incriminación y coincidentes en la expresión de una dinámica comisiva similar”. Una dinámica criminal consistente en “unas ofertas de trabajo con variación del lugar de la cita y la realización de los actos agresivos al aprovecharse de la situación económica” de las mujeres. Frente a eso, el acusado se limitó a negar los ataques sin poder explicar por qué tenía fotos de las víctimas y de miles de mujeres más en su teléfono móvil y su ordenador.

A lo largo del proceso, el acusado llegó a señalar que algunas de las mujeres sonreían en las fotos y que, por tanto, no habían sido víctimas de ninguna violación. Los jueces de la Audiencia de Madrid contestaron que eso respondía a la “sumisión” que había conseguido con sus amenazas: “No puede ser presentada como aceptación libre en un escenario de dominación que impedía la capacidad de reacción de las víctimas”, dijeron los jueces.

Algo que conseguía “al cerrar con llave la puerta del piso, empleando un tono de voz impositivo y el clima de intimidación, resaltando además la situación de imposibilidad de denunciar al conservar los datos personales de todas ellas”.

Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados.

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario.

Esa denuncia del nuevo consistorio acabó en 2016 en manos del juez del caso Púnica porque en ese momento la lupa estaba puesta en los contratos de este ayuntamiento con Waiter Music, otra de las empresas con mayor protagonismo en el entramado.

Eclipsada por las primeras sentencias del caso Gürtel, la operación Púnica adquiere protagonismo en un momento en el que las macrocausas de corrupción se extinguen poco a poco en la dinámica investigadora de la Audiencia Nacional. Una nueva bomba de racimo que dibuja el poder que los empresarios y políticos supuestamente corruptos adquirieron, sobre todo, en la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular con una decena de juicios por delante.

Un violador en serie ha sido condenado a 59 años de cárcel por agredir sexualmente a seis mujeres a las que atrajo hasta la localidad madrileña de Valdemoro con falsas ofertas de trabajo. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha considerado culpable de seis violaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad que respondían a sus anuncios, pero los jueces sospechan que puede haber decenas de víctimas de este depredador sexual: los investigadores encontraron 9.000 fotos y documentación escaneada de más mujeres en idénticas circunstancias a las seis mujeres que finalmente se decidieron a denunciarlo. La sentencia, que ya ha sido recurrida por el condenado, establece un cumplimiento máximo efectivo de 20 años en prisión.

Todas las víctimas relataron una situación similar. Vieron un anuncio en internet con ofertas de trabajo para limpiar, para ser masajista o directamente para prostituirse. Acudían en autobús a Valdemoro y allí eran recibidas por el mismo hombre, que con la excusa de tener el local en obras llevaba a las mujeres a su casa. Todas cumplían un mismo patrón: mujeres en situación de necesidad, muchas veces solas en España y con varios hijos a su cargo, con una gran necesidad de ganar algo de dinero. Una de ellas, por ejemplo, tenía a su marido en prisión. Otra tenía tres niños pequeños de los que cuidar en solitario.

Lo que no sabían las víctimas era que detrás del falso anuncio de trabajo, la falsa oficina en obras y de la identidad falsa se escondía un delincuente sexual que ya había sido condenado por abusos sexuales en el pasado y que en ese mismo momento se beneficiaba de la suspensión judicial de su último paso por el banquillo. Una vez en su casa, el agresor sexual amenazaba a las víctimas, las obligaba a someterse a sesiones de fotos sexuales y después, a veces bajo golpes, eran violadas.

Las amenazas que la Justicia declara probadas tenían un origen y un objetivo muy concreto: hacer saber a las mujeres que había violado que, si hablaban, habría consecuencias. Una de ellas tuvo que mudarse y cambiar a sus hijos de colegio. Otra, después de confesar que estaba en situación irregular en nuestro país, escuchó a su violador decir que “si te mato, te lanzo a una bolsa y nadie sabrá de ti”. Acompañó a una de ellas en autobús hasta su casa para intentar averiguar dónde vivía. “Mucho cuidado con la lengua”, advirtió a otra de las mujeres para evitar la denuncia.

La estrategia de intimidar a sus víctimas después de violarlas funcionó hasta que una de ellas tuvo que pasar por el hospital y, a partir de ahí, empezó una investigación de la Guardia Civil que culminó con su detención y encarcelamiento preventivo en enero de 2020. Tres años después de la primera violación detectada. La primera mujer en acudir a la Justicia llevó a los investigadores por Valdemoro hasta identificar las zonas de la ciudad del sur de Madrid donde había estado con el violador. La Guardia Civil hizo pública su detención y entonces llegaron las denuncias de cinco víctimas más. Pero la sentencia relata que no fue fácil. Una, por ejemplo, vomitó presa de un ataque de pánico dentro del propio cuartel antes de firmar la denuncia.

El resultado es una condena de 59 años de prisión firmada por la Audiencia Provincial de Madrid por seis delitos de agresión sexual, aunque los jueces establecen un cumplimiento máximo efectivo de 20 años entre rejas. La condena, que ya ha sido recurrida por el violador ante el Tribunal Superior de Justicia, también incluye indemnizaciones y órdenes de alejamiento para las denunciantes y expresa su temor de que, en realidad, haya muchas más mujeres que hayan sido víctimas de este violador en serie: “Concurren relevantes indicios de una actuación muy estable en el tiempo y en relación a otras muchas personas, como se comprueba en el análisis digital practicado, tanto respecto del ordenador como del teléfono móvil del procesado”, advierten los jueces. Ellas ya han impugnado el recurso del condenado, según informan fuentes del caso.

Los investigadores localizaron “más de 9.000 fotografías de mujeres en las mismas o muy parecidas posturas que las aquí denunciantes, así como fotografías de documentos personales”, explica la Audiencia de Madrid. Cuando la Guardia Civil difundió su detención y encarcelamiento preventivo, tres años después del primer ataque, las primeras informaciones hablaban de cuatro delitos de agresión sexual y finalmente ha sido condenado por violar a seis mujeres con la misma estrategia.

La “seguridad” de las víctimas

La Justicia da plena credibilidad al relato de estas seis mujeres frente a las diversas versiones exculpatorias del violador, que pasó de decir en fase de instrucción que eran prostitutas a las que había pagado a afirmar en el juicio que había mantenido relaciones consentidas con ellas. Frente a esto, la Audiencia de Madrid destaca la “meritoria” investigación y la “seguridad” en la declaración de un grupo de mujeres que no se conocían entre sí y que lo único que tenían en común era haber caído en las garras de este depredador sexual. Eso y su situación de vulnerabilidad de la que él, según los jueces, se aprovechaba.

Una “clara coincidencia en el modus operandi”, describe la sentencia. El acusado “acudía al engaño de ofertar trabajos inexistentes sabiendo y aprovechando el estímulo que suponía para las personas que acudían a la página web en situación de necesidad” y desplegó una “estrategia de clandestinidad” usando un nombre falso e inventándose que la sede de su empresa estaba en obras.

Algunas de las mujeres se terminaban sometiendo a sus abusos y agresiones por el miedo que habían producido sus amenazas y por el alto grado de intimidación que conseguía al llevarlas a un sitio apartado, sacarles fotografías y dar a entender que, si les hacía algo, nadie preguntaría por ellas. “La sumisión conseguida por vías intimidatorias no puede ser presentada como aceptación libre de los actos sexuales en un escenario de dominación que impedía la capacidad de reacción de las víctimas”, dicen los jueces. Ellas no podían denunciar porque él, explican, conservaba todos sus datos personales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su petición de reabrir la investigación de un amaño con suelo público en Valdemoro, investigado en el marco del caso Púnica, que el juez instructor, Manuel García Castellón, había decidido archivar. En las pesquisas confluyen, entre otros, el principal acusado, Francisco Granados, dos empresarios de su entorno presuntamente criminal y El Corte Inglés, sociedad que en este caso también se habría beneficiado de la corrupción en el municipio madrileño.

Los jueces de la Sección Cuarta consideran “precipitada” la decisión de García Castellón de archivar la causa contra Faustino José Atencia, en el momento de los hechos asesor legal de El Corte Inglés. Recuerdan los magistrados, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, que aún resta por conocer un informe pericial con la valoración del suelo con el que se lucraron los investigados. Además, señala la Sala, la investigación debe esclarecer algunas cuestiones sobre los que el juez “guarda silencio” en el auto de archivo.

Con Francisco Granados como alcalde de Valdemoro, el Ayuntamiento de la localidad procedió a permutar unos terrenos con El Corte Inglés. Por una parte, una zona conocida como La Peluquera pasaría a la empresa entonces presidida por Isidoro Álvarez y, en contraprestación, otros terrenos, en Majuelo Norte, serían cedidos en parte al Consistorio y en parte a una sociedad llamada Obras y Vías, propiedad del empresario investigado en Púnica Ramiro Cid Sicluna. Con posterioridad a la permuta, el Ayuntamiento recalificó los terrenos entregados a los grandes almacenes, pasando de suelo rústico a industrial, mientras que la zona que la empresa había entregado al Ayuntamiento y al empresario próximo a Granados pasaría a urbanizable. La Fiscalía Anticorrupción remarca el perjuicio para las arcas públicas de Valdemoro que supuso la operación. Un portavoz de El Corte Inglés ha declinado hacer una valoración al estar el asunto en los tribunales.

En el centro de la trama estaría el asesor jurídico de El Corte Inglés Faustino José Soriano Atencia, quien “habría colaborado en los ardides diseñados” por el resto de investigados para que la trama Púnica se hiciese con los terrenos de la empresa de grandes almacenes que luego serían recalificados para construir viviendas. Soriano Atencia presidió la Junta de Compensación de la zona y posteriormente adquirió una vivienda edificada allí por el empresario Javier Cid Sicluna, hermano del dueño de Obras y Vías, “por un valor por debajo de mercado”, según concluye la Fiscalía Anticorrupción. El archivo de la causa de García Castellón también afectaba a Javier Cid Sicluna, quien presidía la citada Junta de Compensación. 

El magistrado, según los jueces de la segunda instancia, archiva las actuaciones sin hacer “valoración alguna” de la insuficiencia de indicios que él mismo atribuye a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. “Nada se dice de la participación de ambos investigados en la Junta de Compensación de uno de los sectores donde fueron más evidentes los amaños urbanísticos”, añade el auto de la Sección Cuarta. “Un principio de prudencia aconseja esperar a adoptar una decisión como la que nos ocupa, en una causa extremadamente compleja como ésta, cuando menos a la finalización de la fase de instrucción, máxime cuando no se adoptó inicialmente”, añaden los magistrados. 

La resolución de la Sala de lo Penal corrigiendo a García Castellón es el último episodio en el que intervienen los magistrados por las graves desavenencias entre el juez instructor y el Ministerio Fiscal. La Sala de lo Penal ya corrigió a García-Castellón en esta misma pieza 4 del caso Púnica al pretender archivar la investigación de los amaños previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro por considerar los hechos prescritos. La Fiscalía alertó de que el plazo de la prescripción no empezó a contar en el momento que se produjo el amaño sino cuando arrancó la investigación.

García Castellón, profesor en una fundación de El Corte Inglés

Tras aquello, las acusaciones populares que ejercen en Púnica el PSOE y Adade solicitaron a Manuel García Castellón que se abstuviera en la pieza que afecta a El Corte Inglés por su condición de profesor en la fundación Ramón Areces, creada por los grandes almacenes. García Castellón desestimó la petición porque “no hay conflicto de interés alguno” y el Consejo General del Poder Judicial autorizó que impartiera esas clases. 

El choque entre el juez y los fiscales del caso llega al punto de que estos últimos pretendían también que la Sección Cuarta resolviese sobre una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cometido por el juez. Anticorrupción acusa a García Castellón de estar archivando la causa contra investigados en Púnica de forma precipitada, antes de que los fiscales puedan presentar sus conclusiones en el escrito de acusación. “Nuestro derecho a obtener la tutela judicial efectiva se ve continuamente vulnerado”, escribieron los fiscales Carmen García Cerdá, Teresa Gálvez y Alejandro Cabaleiro en su recurso. La Sala de lo Penal, sin embargo, resuelve en el mismo auto que las decisiones del juez recurridas por los fiscales no incurren en vulneración del citado derecho, por mucho que puedan ser corregidas en esa segunda instancia. 

Una de las discrepancias más llamativas en tal sentido fue el archivo de la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP madrileño. En aquel caso, la Sala de lo Penal refrendó la decisión de García Castellón de archivar la causa contra el entonces presidente ejecutivo de Prisa. Por su parte, el magistrado viene denunciando en sus autos una “dilación innecesaria” de las investigaciones en un caso cuya pieza principal se abrió hace siete años.

El actual alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de una serie de documentos que guardaba en su despacho y que están vinculados al caso Púnica, la trama de corrupción que tiene como epicentro la localidad madrileña de la que fue regidor Francisco Granados. Faraldos tenía previsto entregar esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los documentos sustraídos figura uno con la lista de contratos del Ayuntamiento de Valdemoro con las empresas de la trama que el propio alcalde había elaborado cuando estaba en la oposición, informan a eldiario.es fuentes próximas a la investigación del robo.

Además, el alcalde guardaba en la carpeta, que encontró vacía, copia del informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid sobre contratos fraudulentos de personal del Consistorio en la época de Gobierno del PP, así como una denuncia al respecto presentada por el Grupo Municipal Socialista en la Fiscalía Anticorrupción en 2009.

Faraldos se percató del robo cuando se dispuso a recoger la carpeta para llevarlos el 13 de febrero a Anticorrupción, fecha en la que había sido citado por las fiscales del caso. La sustracción se debió producir entre la mañana del 9 de febrero, viernes y la del siguiente lunes, día 12, según los propios cálculos que trasladó el alcalde de Valdemoro a los investigadores.

Faraldos arrebató la Alcaldía de Vademoro a Ciudadanos el pasado mes de julio al prosperar una moción de censura presentada por su partido, el PSOE, y que apoyaron Ganemos Valdemoro, Izquierda Unida y un partido local, Proyecto TUD. Faraldos desposeía así al partido de Albert Rivera de la Alcaldía más importante de Madrid de las que gobernaba.

En una entrevista concedida a madridiario.es tras tomar posesión del cargo, Faraldos declaró que lo primero que iba a hacer era ponerse “a disposición de los trabajadores de la casa” y, a continuación, dar la orden de “iniciar los procedimientos de lesividad de la trama Púnica antes de que caduquen”.

“Estos procedimientos son el derecho que tiene la administración para revisar los contratos irregulares que aquí se realizaron en la etapa del PP (1999-2015). Lo que no había hecho Gross. Aquí han gobernado a espaldas del Pleno. Las medidas venían sin consensuar y en otras ha habido mucha pasividad, como con Cofely o el control de las privatizaciones”, decía el alcalde en esa entrevista.

Cofely es una de las empresas clave en la investigación de Púnica. Para ella legó a trabajar David Marjaliza, el empresario amigo de Granados alrededor del cual se fue tejiendo la trama de sobornos y concesiones. Recientemente, un exdirectivo de la compañía de eficencia energética confesó en la Audiencia Nacional que Cofely redactaba los pliegos de los contratos que luego le adjudicaban.

El alcalde: “No me sorprende”

eldiario.es se ha puesto en contacto con el alcalde de Valdemoro para que de su versión de los hechos. Faraldos ha confirmado el robo y la existencia de una denuncia ante la Guardia Civil y se ha limitado a añadir: “No me sorprende visto todo lo que ha pasado en Valdemoro”.

El Partido Popular convirtió el municipio madrileño en una suerte de agencia de contratación a afines que siguen, tres años y medio después de la Operación Púnica, en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Fuentes municipales cifran en un 80% el número de contratados que responden a prácticas de “enchufismo”.

Algunas de esas personas están vinculadas a detenidos e investigados en Púnica, como la hermana de Marjaliza, Ana, funcionaria del área de Contratación del Ayuntamiento. En ese mismo departamento están la mujer del primo del citado empresario y la hermana de ésta. Uno de los policías municipales del municipio es hermano de José Carlos Boza, exalcalde y también arrestado cuando estalló la operación anticorrupción.

El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, ha decidido profundizar en la investigación de los contratos de la trama con el Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro del caso. Así, ha imputado a cuatro ex altos cargos del consistorio acusados de falsificar facturas para empresas como Waiter Music, una de las empresas implicadas en la financiación ilegal del PP de Madrid.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el 25 de octubre presentó un escrito en el que pedía que se investigase a cuatro personas que ostentaron cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento que estuvo gobernado por Francisco Granados y en el que la Púnica echó raíces.

Entre los imputados está Manuel Salguero Cornejo, que fue alcalde de Valdemoro en funciones por el PP cuando fue detenido el entonces regidor, Carlos Boza Lechuga, por su implicación en esta misma causa. El bastón de mando tendría que haber recaído entonces en Germán Alarcón, cuñado de Granados, pero renunció.

El juez también ha imputado a Jesús Molina de la Torre, antiguo secretario general del Pleno del Ayuntamiento, Juan Carlos Moreno funcionario del Ayuntamiento, y Pedro Hernández Zazo, exresponsable de equipamientos y servicios.

Las investigaciones desarrolladas hasta el momento, escribe el juez, apuntan a la participación de los cuatro nuevos imputados “en la confección de facturas ficticias que tuvieron repercusión en el erario público”. Además, añade que los cuatro habrían cometido “irregularidades de las adjudicaciones” a las empresas de la trama, entre las que se cita a Waiter Music, Valescar y Oasis y Cafeterías.

Según el auto del juez, los implicados se saltaron los elementos “principales” en una adjudicación pública, como la solvencia económica o las obligaciones con la seguridad social. Los distintos baremos “fueron obviados y alterados en otros casos”, concluye. García Castellón no concreta los delitos, y se limita a señalar que están imputados por delitos contra la administración pública.

Valdemoro y Waiter Music, los pilares de Púnica

El juez continúa de esta manera con la investigación al Ayuntamiento que se ha erigido como el epicentro de la Púnica. La trama echó raíces en el pueblo madrileño gobernado por Granados y del que era su socio, el constructor David Marjaliza. Este último volverá a declarar ante el juez el próximo lunes y se enfrentará a las preguntas de los abogados del resto de acusados.

El empresario fundamental de la trama lleva colaborando con los investigadores desde el estallido del caso, y su testimonio fue clave para desenmarañar la agenda de Granados, en la que el antiguo secretario general del PP de Madrid llevaba los movimientos de dinero de la caja B del partido. Fue Marjaliza quien identificó a quienes se encontraban tras las siglas apuntadas en ese cuaderno.

Entre las empresas que colaboraron en esa financiación irregular está Waiter Music. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Valdemoro pagó 8,9 millones de euros a esta empresa entre los años 2004 y 2013. De hecho, gran parte de los equipos municipales del PP que se han ido sucediendo en Valdemoro han acabado investigados en esta causa.

Waiter Music despegó desde Valdemoro y se convirtió en una de las empresas predilectas del PP de Madrid. Llegó a organizar eventos para la campaña de 2007 de Esperanza Aguirre y alcanzó una facturación de 19 millones de euros entre 2006 y 2010. Organizó, por ejemplo, el concierto de Azúcar Moreno para el acto de fin de campaña en el que Aguirre estuvo acompañada de Mariano Rajoy.

La mañana del viernes 13 de mayo, los vecinos de la localidad de Seseña (Toledo) amanecieron con una nube negra proveniente de uno de los cementerios de neumáticos más grandes de Europa. Localizado a menos de un kilómetro de la polémica urbanización 'El Quiñón' construida por Francisco Hernando, conocido como El Pocero. El siniestro sólo se dio por extinguido dos semanas después, el 2 de junio, y las cenizas resultantes del fuego se dieron por recogidas hace tan sólo pocas semanas.

La alarma no sólo se extendió entre los vecinos y el Ayuntamiento de la localidad, sino también entre colectivos como Ecologistas en Acción, que inmediatamente comenzaron a alertar de las inmensas cantidades de emisiones tóxicas que provenían del incendio. Los colegios de Seseña finalmente cerraron días después de iniciarse el siniestro, para evitar que los niños se viesen afectados por el humo. El Gobierno de Castilla-La Mancha afirmaba que el aire estaba “bien”, lo que los ecologistas rechazaban abiertamente y llegaron a tachar de información “tendenciosa y banal”.

El cementerio no estaba exento de polémica. Llevaba años abandonado y las administraciones no eran capaz de dar solución a las miles de toneladas que se acumulaban entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Varios meses antes del siniestro, en octubre de 2015, el alcalde del pueblo toledano Carlos Velázquez, anunciaba que se abría una posible vía para solucionar la situación de los neumáticos, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desveló en medio del incendio que apenas días antes se había prácticamente llegado a una solución para el material, que se planteaba para hacer combustible.

La hipótesis que se barajó prácticamente desde los inicios del siniestro fue que el mismo fue intencionado, debido al uso de acelerantes lo que confirmaron tanto fuentes municipales como de los servicios de urgencias regionales. La investigación judicial iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdemoro llevó a solicitar la intervención judicial de las llamadas y mensajes de teléfono que se produjeron en las inmediaciones del foco del fuego durante la madrugada del 12 al 13 de mayo, y también en días anteriores, precisamente debido a esta idea inicial.

El auto presentado por la magistrada Beatriz Suárez, explica que se tuvo acceso a imágenes de cámaras de seguridad de la red ferroviaria del AVE Madrid-Valencia, que pasa por la zona, en las que se podía observar un automóvil en las inmediaciones del área de origen del incendio horas antes. La cercanía del coche, que también se registró pasando en sentido contrario, hizo concluir que pudiera tener relación con los hechos. Así, se pidió a las cuatro operadoras de telefonía de la zona la certificación de las llamadas, SMS y conexiones de datos realizados entre los dispositivos móviles de las cercanías.

Este auto fue la última medida judicial tomada alrededor del incendio. Los restos de neumáticos que quedaron indemnes tras el siniestro se terminaron de retirar recién el pasado 20 de diciembre. El alcalde de la localidad, Carlos Velázquez, (PP) acudió junto al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo dónde destacó que el vertedero de neumáticos “nunca debería haber estado” en el pueblo. El 'popular' también insistió que la principal preocupación siguen siendo las miles de personas que viven en el barrio de 'El Quiñón' y los de localidades vecinas que vivieron con “incertidumbre” los días del siniestro.

El edil también acudió a la retirada de las cenizas de la parte que corresponde a la Comunidad de Madrid, recalcando que son estos desechos los que más han preocupado a la población. La retirada de la cenizas de la parte castellano-manchega es todavía una de las tareas pendientes, al igual que conocer los resultados de las investigaciones que el Ayuntamiento ha encargado a la Universidad Rovira i Virgili y al Instituto Carlos III de Madrid para conocer las “posibles afecciones” a la salud que ha podido tener el incendio en los vecinos de las localidades.

En cuanto a la Comisión de Investigación que se inició en las Cortes regionales a petición de Podemos, la misma recibió la documentación del Ejecutivo en septiembre de 2016, meses después de su creación en julio. Desde Podemos, el diputado David Llorente ha asegurado que no descartan pedir más documentación para dicha Comisión al considerar que “tal vez” la información que se solicitó por parte de los grupos parlamentarios no sea completa. Para esto, el parlamentario aseguró que se hablará con organizaciones y movimientos sociales con “interés” en averiguar lo ocurrido en Seseña.

Llorente, señalaba en una entrevista que confiaba en que PP y PSOE no intenten “bloquear” las comparecencias solicitadas, entre las que figuran las de todos los ex presidentes regionales y la de Emiliano García-Page.

El exalcalde de Valdemoro David Conde acudió el pasado miércoles a la Guardia Civil para poner en su conocimiento la llamada que el día anterior había recibido de David Marjaliza, uno de los principales imputados del caso Púnica. Según contó Conde a los agentes, el exsocio de Francisco Granados le pidió que el Grupo Popular, en la oposición, retirara una moción para anular los contratos del Consistorio con empresas de la trama al tiempo que le deslizaba algunas advertencias, informaron a eldiario.es fuentes conocedoras de los hechos.

David Conde es portavoz de los populares en el Consistorio desde que perdió la Alcaldía en junio de 2015, en favor de Ciudadanos. El martes sonó su teléfono móvil y al cogerlo, un hombre se identificó como David Marjaliza. El empresario, epicentro de la trama de corrupción, le pidió que su partido retirara la moción para no perjudicar a los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Ante la Guardia Civil, Conde dijo que Marjaliza le advirtió de que era mejor “no remover la mierda” y así nadie saldría perjudicado, detallaron las mismas fuentes.

Marjaliza desmiente por completo esta versión. Asegura que conoce a Conde desde hace tiempo, que le llamó desde el número de móvil que tiene desde hace más de veinte años y que en ningún caso le amenazó ni le lanzó advertencia alguna. “Interpreto que ha salido lo suyo y que ha ido a cubrirse”, ha declarado Marjaliza a eldiario.es.

“Con lo suyo”, Marjaliza se refiere a un informe de la UCO de junio pasado, conocido la pasada semana, que atribuye a Conde un delito de prevaricación por haber participado en la mesa de contratación que concedió la explotación de un restaurante en el Parque Duque de Ahumada de Valdemoro por 30 años. La adjudicación se produjo sin que la empresa hubiera sido dada de alta en la Seguridad Social y sin que tuviera empleados.

En el informe del pasado junio, la Guardia Civil asegura que José Carlos Boza Lechuga, el alcalde del PP que sustituyó a Granados y también imputado en la causa, tenía “pleno conocimiento” del amaño. Y va más allá, responsabiliza de un delito de prevaricación a Boza y al resto de los miembros de la mesa de contratación, entre los que se encontraba David Conde.

En la conversación con Marjaliza, el hoy concejal de Valdemoro le expuso este tema a Marjaliza en el contexto de que no era el único que lo estaba pasando mal porque él dio su voto a la concesión con los informes técnicos a favor, según relató a la Guardia Civil.

Siempre según el relato del exalcalde en el cuartel de la Guardia Civil, David Marjaliza le dijo que él ya había declarado ante el juez Eloy Velasco lo que había considerado pertinente y que era mejor esperar a que la justicia decidiera porque no todos los contratos del Ayuntamiento de Valdemoro con empresas de la trama eran irregulares. “Todos tenemos familia”, dice el exalcalde que le dijo Marjaliza.

El empresario, sin embargo, asegura que se refirió exclusivamente a la situación familiar de los trabajadores de las empresas que puedan resultar afectadas e insiste en que debe ser la justicia, al margen del Ayuntamiento, quien determine qué contratos son irregulares y cuáles no.

Las confesiones de Marjaliza

David Marjaliza declaró el pasado verano en cuatro ocasiones ante el juez Eloy Velasco a petición propia. Su colaboración le sirvió para salir en libertad provisional en diciembre. Durante sus comparecencias, Marjaliza ofreció detalles y nombres de políticos que habían participado presuntamente en la trama de corrupción. El juez investiga desde entonces sus afirmaciones.

Por ahora, y desde aquél testimonio ha sido imputado el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz y han dimitido la exdiputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Eva Bórox y el director general de Infraestructuras, Carlos López Jimeno, quien aparece en el mismo informe de la Guardia Civil que señala al exalcalde de Alcalá y actual diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, en este caso por recibir presuntamente un cohecho de 60.000 euros.

A Marjaliza no le bastó con las explicaciones de Conde y pidió que le diera el teléfono de su portavoz adjunto, a lo que el exalcalde se negó, según éste. Al día siguiente, él y su número dos se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro para poner los hechos en conocimiento de los agentes. Conde también puso la llamada en conocimiento del resto del Grupo, que ha decidido no retirar la moción.

Fuentes próximas a Conde aseguran que solo conoce a Marjaliza de una ocasión y aseguran que no hay denuncia, solo una declaración. El empresario desmiente a Conde tajantemente: “Hemos tomado unas cuantas cervezas en las inauguraciones y otros eventos. Somos conocidos, no amigos y tiene mi teléfono como el 70% del Ayuntamiento”.

Finalmente, cerca de un centenar de alumnos del instituto público Neil Armstrong en Valdemoro (Madrid) comenzarán el lunes el curso en barracones. La Comunidad de Madrid ha instalado tres aulas en cuatro módulos prefabricados, después de que la cesión del suelo en el que se iba a construir la ampliación del centro siga paralizada. Todo se debe a que parte del terreno pertenece a Ramiro Cid, titular de la sociedad Obras y Vías, imputado en la operación Púnica y con sus propiedades bloqueadas por la Audiencia Nacional.

Por primera vez, durante este curso se impartirá Bachillerato en este centro bilingüe. Así que para acoger esta nueva enseñanza, la Comunidad presupuestó 1,3 millones de euros con el objetivo de construir seis aulas y un laboratorio, según información municipal. Por ahora, estas obras no se han licitado porque el Ayuntamiento se ha ido encontrando con obstáculos al intentar ceder el suelo al gobierno regional, debido a la presunta gestión corrupta de los anteriores equipos municipales.

El primer escollo llegó al comenzar el proceso para publicitar el concurso público. El Ayuntamiento –liderado por Ciudadanos– y la Comunidad se llevaron una sorpresa al ver que el terreno no era de titularidad municipal sino que estaba a nombre de una empresa de Cid. Según explican desde el AMPA del centro, “la cesión del suelo se realizó mediante un documento privado pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, oficialmente parte del suelo pertenece a la sociedad Obras y Vías, que actualmente tiene sus propiedades inmovilizadas por su presunta vinculación con la Púnica”.

Tras tener constancia de este hecho, la comunidad educativa inició una campaña para solicitar a la Audiencia Nacional que se levantase la prohibición sobre la disposición de este terreno. Finalmente consiguieron la autorización del juzgado, pero también necesitaban que el titular concediese la cesión del suelo. Ahí se encontraron con el segundo obstáculo: la falta de colaboración del propietario. “No acude a firmar la escritura pública en el registro. Si no se inscribe a nombre de una Administración, el terreno no puede salir a concurso”, indica una portavoz del AMPA.

Para desbloquear esta situación, según informan desde el Ayuntamiento, el 31 de agosto el alcalde firmó un requerimiento notarial “para que el representante legal de la sociedad Obras y Vías aporte en la notaría documentos, títulos y escrituras que permitan formalizar la cesión del suelo para la ampliación del centro”. Por ahora, el proceso continúa paralizado.

Entre 90 y 130 estudiantes afectados

Viendo que el bloqueo se podía alargar, en agosto la Consejería de Educación instaló los barracones. Esta fue la decisión elegida por la asociación de padres para garantizar la escolarización en el centro a todos los alumnos.

“Nos propusieron varias alternativas: los prefabricados, dar clases por la tarde o distribuir a los jóvenes por varios centros. Creemos que la solución encontrada es la menos mala. Eso sí, esperamos que sea transitoria y que nuestros hijos no paguen la corrupción que ha habido en Valdemoro”, indica la portavoz del AMPA. Los progenitores de estos alumnos se muestran satisfechos por las condiciones de los módulos prefabricados: “Hemos tenido suerte y los barracones están bien acondicionados”.

Esta redacción se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la dirección del centro para conocer cuántos alumnos se van a ver afectados, sin haber obtenido respuesta por el momento. El AMPA y los partidos de la oposición estimaron al inicio del conflicto que la cifra rondaría los 130 estudiantes. La Consejería reduce esta cantidad a 90. La estimación es compleja, ya que los alumnos no pasan la jornada en la misma clase. La portavoz de la asociación explica que “en cada aula se imparte una materia determinada y son los jóvenes los que van cambiando de sala según el horario”.

Si la Audiencia Nacional no se pronuncia en los próximos días, 130 adolescentes se verán afectados por la presunta corrupción con la que han operado los últimos responsables políticos del Partido Popular en Valdemoro (Madrid), epicentro de la Operación Púnica. Y comenzarán previsiblemente el próximo curso estudiando en barracones.

La Comunidad de Madrid presupuestó 1,3 millones de euros para ampliar el instituto público Neil Armstrong. Esta cantidad contemplaba la construcción de seis aulas de Bachillerato y un laboratorio. Al comenzar el proceso para iniciar el concurso público, el Ayuntamiento –liderado por Ciudadanos– y el Gobierno regional se llevaron una sorpresa al ver que el terreno no era de titularidad municipal sino que estaba a nombre de una empresa imputada en la Púnica.

Según explican desde el AMPA del centro, la cesión del suelo se realizó mediante un documento privado pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, oficialmente parte del terreno pertenece a la sociedad Obras y Vías, que actualmente tiene sus propiedades inmovilizadas por su presunta vinculación con la Operación Púnica.

El próximo curso, por primera vez este centro impartirá bachillerato y por eso los padres de los alumnos llevaban meses insistiendo en la necesidad de aumentar la capacidad del instituto. “Estuvimos presionando desde septiembre para que la Comunidad de Madrid incluyese la ampliación en los presupuestos de la Consejería y llevábamos unas semanas viendo que la licitación de la obra no salía en el boletín oficial regional, así que preguntamos al Ayuntamiento qué estaba pasando”, indica Inés, portavoz del AMPA.

Tras ser informados de la paralización de las obras, los padres de los alumnos llevan semanas reuniéndose con representantes municipales y regionales para encontrar una solución al aforo del centro el próximo año. Por su parte, el alcalde, Guillermo Gross, ha solicitado al Fiscal el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre los terrenos “por interés público”.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que están a la espera de que el Ayuntamiento les ceda el suelo, que la escolarización de todos los alumnos está asegurada y que el problema actual no es de su competencia. El Consistorio pide a la Comunidad “mayor compromiso político”, y aseguran que los edificios que ya se han construido en el centro se gestionaron también mediante “cesión anticipada”. Aunque en aquella época, uno de sus propietarios no estaba imputado.

Actualmente la alternativa más viable y que menos disgusta al AMPA es la colocación de barracones prefabricados en las instalaciones del centro. “Es la opción que preferimos porque otra sugerencia era que los nuevos alumnos se fuesen a un colegio de primaria que estaba en la otra punta del municipio. La descartamos porque no lo veíamos viable para los profesores y queremos que nuestros hijos estén ubicados en el instituto”, añade Inés, portavoz del AMPA.

Recogida de apoyos en internet

El alcalde considera que “es inadmisible que las consecuencias de la corrupción recaigan sobre los chavales de Valdemoro”. Los padres de los estudiantes han iniciado una campaña de recogidas de firmas en Change.org para solicitar a la Audiencia Nacional el levantamiento de la prohibición de disponer sobre los terrenos del colegio. Por su parte, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción para que se autorice el cambio de titularidad en el Registro y se investiguen las presuntas irregularidades cometidas.

“Creemos que hay que insistir al juzgado y al Ministerio de Justicia para que se levanten las medidas cautelares ahora. Si no lo conseguimos, seguramente habrá que esperar hasta que se dicte sentencia y los barracones van a terminar siendo permanentes”, apunta Javier Carrillo, concejal municipal de la oposición, de Ganemos Ahora Valdemoro.

La supuesta implicación de la número 3 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid en la Operación Púnica se reactiva. Según informa La Sexta Noticias, Eva Borox recibió regalos y viajes del cabecilla de la trama, David Marjaliza, a cambio de favores políticos. La relación entre ambos era tan estrecha que a destinos como Andorra, Almería, Mallorca o Cádiz, Borox y Marjaliza viajaron juntos, según sostiene La Sexta citando datos del sumario. Hace unos meses, Borox ya desmintió que tuviese alguna relación con Marjaliza después de que éste la mencionase en una de sus declaraciones.

Borox habría recibido estos regalos cuando era edil del PSOE en la localidad de Valdemoro, donde residía. Es la misma ciudad madrileña donde estalló la Púnica, y de donde eran también Marjaliza o el exnúmero 2 del PP madrileño Francisco Granados. Lo que tenía que hacer Borox para recibir estos viajes y otras prebendas, según La Sexta, es dar su voto favorable a proyectos en Valdemoro que beneficiaban a la trama Púnica.

Las fechas en las que Eva Borox se benefició de los regalos de la trama corrupta se sitúan entre 1999 y 2006. Casi una decena de desplazamientos que realizó junto a Marjaliza, con el que se alojaba en casas en primera línea de playa u hoteles de lujo. El propio cabecilla de la Púnica fue el que reveló su relación con Borox al juez instructor de la causa, Eloy Velasco.

En un comunicado, Eva Borox ha negado todas las “acusaciones recogidas en la declaración judicial de David Marjaliza durante mi etapa como concejal del PSOE”. La diputada madrileña por Ciudadanos insiste en que uno de los líderes de la Púnica “nunca me ha pagado ningún viaje” y asegura que no ha mentido en el tipo de relación que mantiene con el imputado. “Se trata de un señor al que conocía por residir en la misma localidad”, ha afirmado Borox.

Cuando se conoció que Marjaliza había implicado a Borox, desde Ciudadanos aseguraron que le pedirían su acta de diputada si finalmente fuese imputada en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

Un trabajador de la pista de hielo de Valdemoro sufrió un accidente laboral el pasado 29 de abril en el que perdió dos dedos de su mano izquierda. La representación legal del empleado ha interpuesto recientemente una querella criminal contra las tres empresas que se adjudicaron la pista de hielo y contra la mercantil a la que adjudicaron el servicio porque el trabajador carecía de contrato. Esta última empresa, Celtibera, pidió a eldiario.es que rectificara su información porque todos sus trabajadores estaban dados de alta “desde el inicio de su actividad laboral”. Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es muestra que el trabajador accidentado no lo estaba en el momento en el que sufrió el percance.

Por un lado, el informe de la unidad del Summa que atendió al trabajador refleja que sufrió un accidente laboral al manejar una máquina con la que pulía la pista de hielo. Por otro, la vida laboral -el documento oficial emitido por una unidad de la Seguridad Social- del empleado no muestra que éste estuviera dado de alta en ninguna empresa en abril de 2015. El informe, que consta de cuatro páginas, fue actualizado hace solo unos días en una oficina del organismo.

Una informe del hospital La Paz de Madrid refleja la dolencia y el tratamiento al que el trabajador fue sometido desde que ingresó hasta su alta seis días después. En él consta que fue tratado de una “amputación traumática” de dos dedos. La Paz emitió también una factura a nombre del trabajador en la que le pide que se ponga en contacto con el departamento de Cargos para facturar “si procede, los gastos derivados del accidente a la entidad responsable”.

En una grabación a la que también ha accedido eldiario.es, una empleada de la pista de hielo reconoce que a raíz del accidente laboral de este trabajador la empresa comenzado a dar de alta al resto de la plantilla.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el 13 de agosto de 2012 la oferta de adjudicación de la pista de hielo de Valdemoro. Fue la UTE formada por 'Proyectos, servicios y formación para el ocio, el deporte y la salud', y por la sociedad 'Unika proyectos y Obras' la que se hizo con el servicio. Sin embargo, subcontrataron el trabajo a una tercera mercantil: Celtibera de servicios integrales.

Es Celtibera la que solicitó a eldiario.es su derecho de rectificación por la información publicada. La empresa asegura que todos sus trabajadores se encuentran dados de alta en la Seguridad Social desde el inicio de su actividad laboral. Afirma también que se encuentra al corriente de pago de todas sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda. En un informe de Axesor consultado por eldiario.es constaban cinco incidencias por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda por valor de 409 euros.

Asímismo, Celtibera aseguraba que no había sido preguntada antes de la publicación de la noticia. eldiario.es intentó ponerse en contacto con la empresa días antes de su publicación, sin obtener respuesta desde entonces hasta el día en que el artículo se publicó. De la misma manera, y después de la comunicación en la que la empresa exigía la rectificación y se reservaba acciones legales, eldiario.es intentó contactar con ella para recavar de nuevo su versión, algo que resultó imposible.

Alberto llevaba nueve meses trabajando en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid). El pasado 29 de abril pulía la pista cuando sufrió un accidente laboral con la máquina que estaba utilizando. Perdió dos dedos de su mano izquierda. Su accidente destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían un contrato laboral.

La representación legal de Alberto acaba de interponer una querella criminal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave y profesional contra las tres empresas que se adjudicaron la pista de hielo, contra la empresa a la que éstas subcontrataron el servicio, y contra el concejal de Cultura, Deportes y Festejos de Valdemoro, Bernardo Campo Monreal.

“El trabajador accidentado fue puesto a trabajar por la empresa sin darle de alta, sin contrato, sin darle la más mínima formación preventiva, sobre todo en lo relativo al manejo de la máquina”, resume la querella. Esta situación se extendía a las otras veinte personas que trabajan en la pista. Sin embargo, y según ha tenido conocimiento la representación legal de Alberto, una vez que se produjo el accidente, la empresa comenzó a dar de alta en la Seguridad Social al resto de la plantilla.

El empleado, que ejercía de profesor y monitor de patinaje, percibía un salario irregular que la empresa le abonaba tras finalizar su jornada diaria. Prestaba sus servicios entre dos y tres días a la semana en los que trabajaba de dos a cuatro horas. Según explica la querella, a pesar de que el empleado pidió en varias ocasiones que su situación se regularizara, la empresa no lo hizo.

Sus abogados tienen claro que se trataba de una relación laboral a todos los efectos, y lo mismo sucede con el resto de la plantilla. “Desde el inicio de la relación contractual ha existido una verdadera relación de carácter laboral puesto que en esta concurren las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia al ámbito de organización y dirección de la empresa sin que en ningún momento se llegase a formalizar”, afirma la querella.

En el informe de los servicios de emergencia que atendieron a Alberto consta que lo que le sucedió fue un accidente laboral al introducir accidentalmente la mano en el aparato que manejaba, lo que le ocasionó la amputación de dos dedos. Además de la querella, la representación de Alberto presentará estos días un escrito a la Inspección de Trabajo y otro al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la pista de hielo de Valdemoro pero no ha recibido, de momento, explicación alguna sobre el caso. También con el Ayuntamiento de Valdemoro. A falta de una respuesta oficial, un portavoz aseguró que se trataría de una infracción laboral y que debe ser la autoridad laboral la que actúe. En todo caso, señaló que el Consistorío analizaría las medidas correspondientes que hubiera que tomar.

Una adjudicación subcontratada

La oferta de adjudicación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 13 de agosto de 2012. Fue la UTE formada por 'Proyectos, servicios y formación para el ocio, el deporte y la salud', y por la sociedad 'Unika proyectos y Obras' la que se hizo con el servicio. Sin embargo, subcontrataron el trabajo a una tercera mercantil: Celtibera de servicios integrales.

No obstante, el abogado del trabajador accidentado, Antonio Valenciano, ha pedido que los acusados presenten el contrato de la adjudicación, ya que no aparece publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Eldiario.es ha intentando también conseguirlo sin éxito, a pesar de que un portavoz del ayuntamiento asegura que está disponible en su página web.

En la última información mercantil publicada sobre Celtiberia constan cinco incidencias por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda por valor de 409 euros.

Jesús Francisco Paniagua, décimo en la lista, formó parte de varias candidaturas de Falange Auténtica

La formación no cree que sea un problema porque está "desvinculado" de los ultras y asegura que fueron "simpatías de juventud"

Ciudadanos ha incluido a un exfalangista en la candidatura de la localidad de Valdemoro (Madrid, 70.000 habitantes). Jesús Francisco Paniagua Pérez ocupa el décimo puesto en la lista que la formación de Albert Rivera ha presentado en el municipio madrileño. No es la primera vez que Paniagua se presenta en una cita electoral: en el pasado lo hizo con Falange Auténtica. Ciudadanos defiende a su candidato por estar “desvinculado” de la organización ultra.

El nombre de Jesús Francisco Paniagua Pérez aparece por primera vez en una candidatura en las elecciones generales de 1993. En aquella ocasión era el número cuatro de Falange Española Independiente (FEI). En 2004 se presentó a los comicios europeos con Falange Auténtica en uno de los puestos de cola: el 34.

En aquella época Paniagua ocupaba un cargo representativo en la formación ultra, donde actuaba como portavoz. En 2008, volvió a figurar en una candidatura de esta organización al concurrir a las generales por Valladolid. Sin embargo, Ciudadanos explica que en aquel momento ya se había alejado pero que le metieron en la lista y que prefirió no darle importancia ni denunciar la utilización de su nombre. 

Falange Auténtica es un partido que defiende el “ideario falangista” y que pretende “rescatar lo que es válido y vigente del pensamiento de José Antonio (Primo de Rivera) desde una perspectiva democrática”, según lo definió el entonces concejal de Hoyo de Pinares (Ávila) Carlos Galán en un programa de Sánchez Dragó en Telemadrid.

“Se desvinculó hace tiempo”

Ciudadanos defiende que Paniagua forme parte de la candidatura en Valdemoro y no ve ningún “inconveniente” en que un exfalangista represente a la formación. “Jesús nos dijo que antiguamente había militado (en Falange Auténtica) pero que se desvinculó hace tiempo”, justifica el aspirante a alcalde, Guillermo Gross.

“No tiene nada que ver con lo que él piensa ahora -prosigue en conversación telefónica con eldiario.es-. Las personas tienen un pasado y a mí lo que me interesa es cómo trabaja y hacia dónde quiere ir”. Gross añade que se trató de “simpatías de juventud”.

Además, el cabeza de lista para las elecciones del 24 de mayo explica que Paniagua ha sido objeto de “amenazas de muerte” tras el abandono de esa organización. Gross asegura que su compañero de filas ha denunciado esos hechos.

Ciudadanos ha actuado con contundencia en otros municipios en los que han aparecido extremistas o personas inmersas en procedimientos judiciales. En la localidad madrileña de Getafe el partido de Rivera constituyó una gestora a mediados de abril ante el temor de que exmiembros de grupos de extrema derecha como Falange o España 2000 intentaran hacerse con el control de la organización. Unos meses antes, Ciudadanos expulsó a tres de los cinco miembros de la dirección local por ese motivo.

Consecuencias de la gestión privada de la sanidad pública. El servicio de matronas del hospital público madrileño Infanta Elena (Valdemoro) ha perdido casi la mitad de sus profesionales en sólo dos meses aunque atiende el mismo número de partos. El equipo ha pasado de 24 a 14, según contabilizan las sanitarias, tras negarse a aceptar las nuevas condiciones de trabajo que les impone la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó la dirección del centro: IDCSalud, exCapio.

Una de las afectadas ha referido a eldiario.es que, “siendo muchas menos, la carga de trabajo es elevadísima”. Según los datos del servicio, la media de alumbramientos atendidos en Valdemoro es de unos 118, “sin variaciones significativas desde la apertura del hospital”. Así, los registros durante 2014 indican que en mayo hubo 113, en junio 105, en agosto 134, en septiembre 92 y en octubre 138. La cantidad de trabajo se mantiene pero las matronas encargadas se han reducido drásticamente. IDCSalud se limita a decir que “el hospital Infanta Elena mantiene la garantía y calidad del servicio”.

La batalla es consecuencia del método de gestión escogido por IDCSalud cuando resultó adjudicataria del servicio público de asistencia sanitaria especializada para la localidad madrileña. Las matronas de este centro, cuya gestión es totalmente privada, entraron en el hospital en 2007 mediante contratos mercantiles, “como si fuéramos autónomas”, explican a eldiario.es. A efectos legales no eran trabajadoras del hospital ni de la empresa, sino profesionales externas que realizaban servicios por los que facturar. IDCSalud admite que se echó mano de este tipo de contratación y se escuda en que se recurrió a “este sistema ante la falta de personal, ya que en el mercado laboral esta especialidad estaba fuertemente demandada”.

Así que se mantuvo esta modalidad –incluida una rebaja del 20% en sus remuneraciones en 2012, a pesar de que el presupuesto anual que la Comunidad dedica a pagar a IDCSalud se mantiene sin rebajas–. En septiembre de este año, las sanitarias pidieron un cambio de contratación y convertirse en personal laboral. “Nos dijeron que no había ningún problema, siempre y cuando nos redujéramos el sueldo otro 20%”, explican las afectadas.

Así comenzó el proceso que está vaciando el servicio de matronas. “Estamos recibiendo presiones por todos los lados”, señalan. De hecho, 12 de ellas no han cobrado las facturas de los servicios de septiembre y octubre, aseguran, sin que IDCSalud lo niegue. “La demanda la iniciaron 23 en septiembre y ahora son una docena porque no han aguantado la presión de trabajar sin cobrar”, indica el abogado de las demandantes, Julio Molinera. Para IDCSalud, “se ha llegado a un acuerdo” con esas profesionales que ya no demandan.

La empresa insiste en que “la dirección del hospital inició negociaciones con el colectivo de matronas a fin de revertir la situación, así como la adaptación a la nueva situación del mercado laboral”. Pero, tras una única reunión en octubre, “nunca ha habido una segunda”, explica Molinera. Con la demanda de las matronas comenzó la salida de profesionales hasta dejar el grupo en casi la mitad, pese a que se mantiene la carga de trabajo.

Trabajos incompatibles

En esta batalla, a la empresa se le ha presentado una aliada: la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Justo en medio de las reclamaciones de las matronas, Sanidad ha reclamado por escrito “a las profesionales que han demandado”, precisa el abogado, que se aseguren de que cumplen con las normas de compatibilidades de los trabajadores públicos. Es uno de los aspectos que IDCSalud detalla en su versión al aludir a “los posibles problemas de compatibilidad que pueden tener las propias matronas al ser el hospital Infanta Elena un hospital público y trabajar simultáneamente para otros hospitales públicos”.

Lo que les están diciendo es que la Administración indaga sobre si pueden atender partos en varios centros sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud. Las interesadas alegan que ellas trabajan con jornadas parciales en diferentes hospitales, según los turnos: “En los siete años que llevamos asistiendo en el Infanta Elena, a Sanidad nunca le había suscitado dudas nuestra compatibilidad”.

La localidad de Valdemoro, en el sur de Madrid, además de ser el epicentro de la trama de corrupción desarticulada en la operación Púnica, representa el laboratorio del modus operandi con el que se manejaba la “organización criminal”. Un ejemplo de ello es la adjudicación de la Cabalgata de Reyes del año 2008 para los niños de la localidad: el Ayuntamiento invitó a tres empresas al concurso y detrás de las tres estaba José Luis Huerta, contra quien el juez Eloy Velasco ha dictado prisión eludible con una fianza de 300.000 euros.

Entre la documentación que figura en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está la referente al citado contrato. El Ayuntamiento, sin publicidad, invitó a tres empresas. La impunidad con la que actuaba la trama era tal que ni siquiera disimulaban. Una de ellas se llamaba Waiter Music y otra Waiter Music Record. La tercera de las sociedades, Saranais SL, también era parte de la trama. Para aparentar la elección irremediable de la primera de las tres, Waiter Music Record y Saranais SL terminaron por retirarse.

Las tres sociedades que simularon competir por la cabalgata de Valdemoro integran la lista de 158 empresas que investiga la Fiscalía Anticorrupción y la UCO dentro de la operación Púnica, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Dependen de José Luis Huerta Valbuena, sobre el que pesan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y fraude. A pesar de que este amaño se produjo en Valdemoro, la Guardia Civil incluye a Huerta en el círculo de la investigación que tiene a David Marjaliza en el centro. El amigo de la infancia de Francisco Granados tendría a cinco personas como máximos colaboradores, además de Huerta.

En este núcleo duro está también José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación Informática de la Comunidad de Madrid, sospechoso de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Lo completan: la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, a la que se atribuye falsedad documental, blanqueo, pertenencia a organización criminal y cohecho; Eduardo de la Peña, un empresario de obra civil; Antonio Serrano y Antonio Cándido Ruiz García, ambos administradores de empresas controladas por Marjaliza en última instancia. Todos ellos están imputados por varios delitos, entre ellos el de organización criminal.

La plaza de toros de Alcalá

Las investigaciones de la Guardia Civil a partir de ahora señalan, entre otros puntos, a Alcalá de Henares. Allí, según los documentos que manejan los investigadores, se produjeron otros amaños escandalosos relacionados con José Luis Huerta. El 6 de septiembre de 2011, la Junta de Gobierno analizó la propuesta del concejal de Festejos para autorizar el alquiler de uso de la plaza de toros entre la sociedad Taurina Alcalaína –que tenía la concesión administrativa de explotación del recinto– y Waiter Music Record. Esta última firma iba a organizar en los aledaños la ‘Oktoberfest’ entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. El 1 de octubre, igualmente, la misma empresa organizaría un evento deportivo denominado Freestyle & Dirt Track.

Todo aparenta normalidad hasta que se analiza quién está al mando de las sociedades implicadas. En Taurina Alcalaína figura Ramón Castro Salazar, que a su vez participa en otra empresa denominada Círculo de Ocio. Esta sociedad tiene como administrador a José Luis Huerta, lo que implica que dos socios se adjudicaron la contratación de un espacio público. La connivencia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en manos del Partido Popular, en el amaño es ya investigado por los agentes.

El PSOE de Alcalá denunció ayer que Waiter Music está “directamente ligada” con el Consistorio alcalaíno al gestionar las ferias de 2013 y la Semana del Mayor en 2013. Por estos dos conceptos, la empresa de Huerta habría recibido 475.000 euros. El portavoz municipal socialista, Javier Rodríguez, denunció igualmente que la empresa central de la trama, Cofely, suscribió un contrato en 2013 con el Ayuntamiento por una validez de 15 años.