La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

Bajo el lema “el sistema de gestión público-privado provoca la muerte”, alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este viernes frenta a la sede del grupo Ribera, la empresa encargada de la gestión del Hospital Universitario de Torrejón que ordenaba rechazar pacientes menos rentables para ganar más, según revelaron los audios de su CEO, Pablo Gallart, publicados el pasado miércoles en El País. Delante de sus oficinas en el barrio de Salamanca, los manifestantes han reclamado la derogación de la ley 15/1997 que permite la injerencia de empresas privadas en la gestión de los hospitales públicos al grito de “somos pacientes, no clientes”.

“Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso”, aseguraba una de las asistentes, Agustina, que hacía referencia al modelo Alzira, creado por Ribera en la Comunidad Valenciana en la década de los noventa, y que Esperanza Aguirre importó a Madrid: “Ribera Salud empezó allí a privatizar, y al final lo copió Aguirre aquí. ¿Vamos a permitir que las empresas privadas se entrometan a sostener algo tan importante como la salud?”, se preguntaba.

A medida que pasaban los coches de alta gama por la estrecha carretera de la calle Núñez de Balboa, los gritos de los asistentes se intensificaban: “¡Ribera y Quirón, la misma mierda son!”. Sus pancartas mostraban los lemas que se repiten a menudo en las protestas por la sanidad en Madrid: “La sanidad pública no se vende, se defiende”, se leía en una de ellas. Pasadas las doce del mediodía, los manifestantes han pasado a ocupar la carretera, cortando el paso a los vehículos.

Al tiempo que continuaban las reclamas y los señalamientois al grupo sanitario, las conversaciones que se escuchaban entre los protestantes también se repetían: “A mí ya no me dan cita”, “me la han dado para marzo de 2026”, o “fui, pero me dijeron que no estaba el cardiólogo y no me atendieron”. “Está desmantelada la pública, totalmente desmantelada, está todo privatizado” denunciaba Fuensanta. Su compañera Sagrario, añadía: “Cada vez hay más problemas: largas listas de espera, falta de personal, privatización de los servicios... Estamos aquí para que no nos quiten la sanidad, que es de todos”

El modelo de gestión privada de la sanidad pública en el Hospital de Torrejón se ha traducido en la reducción de prestaciones con el único objetivo de “abaratar costes”, según recoge un manifiesto interno elaborado por trabajadores del hospital y al que ha tenido acceso elDiario.es. El CEO del grupo pidió en un comunicado el pasado miércoles “desvincularse de sus responsabilidades”, después de que estallara el escándalo sobre su gestión, “para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo”, argumentaba. A él, precisamente, le han señalado como “culpable” en la concentración.

Los manifestantes tampoco se han olvidado de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Ayuso a prisión, por Ribera y Quirón”, han exigido.

El juez Ángel Hurtado ha puesto en marcha una nueva diligencia minutos antes de tomar declaración a Alberto González Amador. El instructor de la causa ha llamado a declarar como testigos para el próximo 30 de mayo a cuatro periodistas de El País y tres días antes a Carlos Neira, el abogado del empresario que remitió su confesión a la Fiscalía en febrero de 2024. Estos cuatro periodistas han afirmado recientemente ante un notario que ellos supieron de las negociaciones entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía en su caso de fraude fiscal 36 horas antes de que esa información llegara al fiscal general.

El instructor de la causa en la que permanece imputado el fiscal general del Estado explica que ya rechazó que algunos de estos periodistas comparecieran como testigos. “Se accederá a ello, porque, desde el punto de vista del derecho de defensa como lo entiende la defensa, no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses”, concede Hurtado en un auto en el que también incorpora las actas del notario al que acudieron los periodistas de El País.

La Abogacía del Estado, en nombre del fiscal general, aportó estas actas hace unos días. Varios periodistas de El País explicaron ante un notario que en la mañana del 12 de marzo del año pasado, poco después de que elDiario.es revelara que González Amador había sido denunciado por defraudar 350.000 euros, recibieron una información a través de “trabajadores” de la Fiscalía de Madrid: que el abogado Carlos Neira negociaba un pacto con el Ministerio Público para reconocer los delitos y pagar una multa.

La defensa del fiscal general entiende que este es un dato clave para diluir la revelación de secretos que se le atribuye tanto a él como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Aportó las actas para demostrar, además, que estos periodistas contactaron con el abogado Carlos Neira, que también comparecerá como testigo y que entonces representaba al empresario, para preguntar sobre el posible pacto.

Hurtado también considera “innecesarias” otras peticiones realizadas en los últimos días por el fiscal general del Estado. Por ejemplo, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aclare su informe clave del caso y explique por qué omitió algunos datos que la Abogacía del Estado considera clave: por ejemplo, por qué omitieron que la Cadena SER informó de la confesión de González Amador en antena bastante antes que en su página web. El juez contesta que su teoría es que el fiscal general tenía en su poder el correo desde las 21:25 horas de esa noche y que lo pudo hacer llegar a los periodistas desde esa hora, mucho antes de su publicación en ese y otros medios en la noche del 13 de marzo de 2024.

La causa por la filtración del correo en el que González Amador confesaba su fraude fiscal está en sus compases finales. Este mismo viernes el juez Hurtado toma declaración como testigo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, comparecencia en la que la Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen intención de preguntar a cuánta gente remitió ese correo, él o su abogado Carlos Neira. Una de las últimas aportaciones de la Abogacía del Estado ha sido revelar que en febrero de 2024 el letrado del empresario no solo envió el correo a la Fiscalía, como había afirmado hasta ahora: también se lo envió a un Abogado del Estado.

Un juzgado de Madrid ha rechazado imputar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por difundir fotos y datos de dos reporteros de El País que estaban investigando el caso de la pareja de la presidenta regional. La magistrada, en contra del criterio de la Fiscalía, entiende que sus mensajes a periodistas acusando falsamente a los periodistas de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía. La resolución todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña asumió personalmente la defensa de Alberto González Amador después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso: amenazando a este periódico, difundiendo el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y, también, difundiendo entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid ha sido rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, dice la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez.

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añade la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

Ataques y bulos de Miguel Ángel Rodríguez

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso lleva un año utilizando bulos, mentiras y manipulaciones para defender a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y acusado de defraudar 350.000 euros. Fue Miguel Ángel Rodríguez quien, en la tarde del 13 de marzo de 2024, difundió entre varios periodistas que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario, pero que las altas instancias del organismo habían frustrado esa negociación. La realidad era que González Amador, en contra de lo que afirmaba la propia Ayuso, intentaba negociar una salida amistosa a su proceso penal y Rodríguez mintió a sabiendas expandiendo un bulo que difundieron diversos medios.

Otra parte de la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez pasó por atacar directamente a los medios que informaban sobre el caso. En un cruce de mensajes con la periodista Esther Palomera, Rodríguez llegó a amenazar al periódico que había destapado el caso en exclusiva: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, dijo sobre elDiario.es. También difundió la mentira, publicada por medios como Libertad Digital, de que dos periodistas de este medio acudieron encapuchados a su casa, anunciando una denuncia al respecto de la que no se tiene noticia un año después.

También mintió Miguel Ángel Rodríguez en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo cuando afirmó que elDiario.es no había contactado con él antes de publicar la primera información sobre el fraude fiscal de González Amador.

El PSOE ha presentado una denuncia en la que acusa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de un delito de revelación de secretos por supuestamente obtener de la Policía datos de dos reporteros de 'El País' y filtrarlos después a distintos medios de comunicación. Según el documento, Rodríguez obtuvo los datos de “un policía nacional que pertenece a la escolta de la Presidenta” que ese 19 de marzo había identificado a los dos periodistas que habían acudido a las inmediaciones del domicilio de Ayuso en el marco de la investigación sobre el fraude fiscal de su pareja destapado por elDiario.es.

El PSOE pide, además de la imputación de Rodríguez, que su teléfono sea investigado para evitar “la posible destrucción de pruebas” de los mensajes que tenga relacionados con ese caso.

Los socialistas explican que ese día Miguel Ángel Rodríguez remitió a un chat que comparte con periodistas que cubren la información regional un mensaje con “los datos personales de dos reporteros” además de una fotografía de ellos. Los dos periodistas de 'El País' estaban en las inmediaciones del domicilio que Isabel Díaz Ayuso comparte con Alberto González Amador una semana después de que elDiario.es revelara que Alberto González Amador había sido denunciado por la Fiscalía por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros entre 2020 y 2021.

El agente de Policía Nacional que actúa como escolta de Ayuso, destaca el PSOE en su denuncia, nunca acusó de nada a ambos reporteros y tuvo “un intercambio cordial” con los periodistas, según relató 'El País' en su momento. Posteriormente, Miguel Ángel Rodríguez difundió información privada de ambos y “difundió un bulo” sobre ellos, incluyendo sus fotografías, a través de ese chat que comparte con periodistas. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó entre otras cosas Rodríguez.

Esa imagen fue publicada en 'Estado de Alarma', el medio de extrema derecha dirigido por Javier Negre, identificando a los periodistas con nombres y apellidos, acusándoles de acosar a menores de edad y citando en todo momento “fuentes de la Comunidad de Madrid”. Posteriormente, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que había difundido esa información pero a título personal. “La identidad la desvelé a 18 personas, nada más”, afirmó en una entrevista a El Mundo. El enlace de 'EDATV' a esa información, en la actualidad, no es accesible.

Esta acción de Rodríguez se enmarcó en la estrategia de acoso del entorno de la presidenta regional contra los medios de comunicación que destaparon la investigación de Hacienda y la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador. En esos días, esas mismas “fuentes” cercanas a Ayuso difundieron también a varios medios de comunicación que dos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar el domicilio de la presidenta madrileña encapuchados y disfrazados de técnicos de la caldera, información falsa difundida sin consultar antes con este medio. Previamente, en contacto con una periodista de elDiario.es, Rodríguez había amenazado con “triturar” a elDiario.es.

El PSOE considera en su denuncia que Miguel Ángel Rodríguez debe ser investigado por revelación de secretos y solicita no solo que sea imputado, sino que se investigue el contenido de su teléfono móvil. También solicita la testifical de los periodistas de 'El País' cuyos datos difundió para que se les ofrezca ser perjudicados en el procedimiento.

Los conversos son los peores. Intentan disimular, pero siempre corren el riesgo de que alguien les recuerde su pasado. Para solventar esa situación embarazosa, lo habitual es aguantar el tirón y echarle mucha cara. Es lo que hace Juan Carlos Girauta, que ya va por el cuarto partido, pero que dice que él no se ha movido de donde estaba. Son los demás los que se movían mientras él se quedaba impertérrito en el mismo sitio. Se movió el PSC, se movió el PP, se movió Ciudadanos, se movió la Tierra, se movió el Sol, y Girauta se encontró de repente con que se había quedado en territorio de Vox. El universo gira a la izquierda a gran velocidad dejándole sin más opción que pedir el alta en una nueva formación. Le van a terminar volviendo loco, pero mientras tanto ya tiene otro sueldo de cargo electo.

Juan Luis Cebrián es otro de los que han demostrado una gran habilidad en el movimiento lateral. Claro que él dice que quienes se han movido y de mala manera han sido Pedro Sánchez y el PSOE. En general, la realidad se ha venido abajo ante su descontento. Afirma que estamos gobernados por “idiotas”, y no sólo en España. Prácticamente en todo el mundo. Comenta que cuando estaba en la universidad, gobernaba De Gaulle (en Francia). Estamos en las últimas.

En la presentación de su último libro –'El efecto Sánchez'– que es una recopilación de artículos, contó el lunes con la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del Partido Popular cuenta con la lengua más afilada de la derecha española y la puntería más precisa. A fin de cuentas, se nota que ha leído mucho. La verdad es que de Feijóo y Tellado no se puede decir lo mismo. Cebrián tuvo la ocasión de probar sus dentelladas, y eso que fueron amables.

Nunca remisa a la hora de impresionar a la audiencia, Álvarez de Toledo comenzó reconociendo lo evidente. “Si Polanco me viera aquí, me pregunto qué diría. Diría que Cebrián se ha vuelto loco”. Una suposición interesante que es probable que compartan muchos de los periodistas que trabajaron para él.

De ahí pasó a recordar que su estreno en política fue precisamente cargar contra la empresa Prisa de la que entonces Cebrián era su principal directivo a las órdenes de Jesús de Polanco. “Mi primera acción en política fue promover el boicot del Grupo Prisa”, dijo, aludiendo a la respuesta de su partido a un discurso de Polanco que tachó una manifestación del PP de “franquismo puro y duro”.

Ese boicot a los medios de Prisa no acabó en una fecha concreta, afirmó la diputada, sino que se terminó diluyendo con el paso del tiempo, y no quedó claro si ella lo lamenta o piensa que fue el final apropiado.

“No tengo nada claro que el Juan Luis de hoy sea el mismo que el Juan Luis de antes”, explicó después, con lo que le estaba cerrando lo que podríamos llamar la salida Girauta. Pero ese no es su problema. “Cebrián se ha centrado y el PSOE se ha extremado”. Así que un poquito converso, sí que es.

El exdirector de El País y expresidente de Prisa se sintió obligado a negarlo: “Cayetana está contenta, porque he cambiado mucho, pero no he cambiado casi nada”. Entonces, como Girauta, la culpa sería de El País y del PSOE. O del país, con minúscula.

A la hora de castigar al partido al que tanto apoyó desde el periódico que dirigía, no se quedó corto, lo que complació a su interlocutora. “El PSOE no es un partido. Es una secta y amenaza con convertirse en una mafia”, anunció coincidiendo así con los puntos de vista radicales de los medios más combativos de la derecha. Ahora escribe en uno de ellos, The Objective, cuyo presidente del Consejo Editorial es Antonio Caño, a quien Cebrián nombró director de El País para que lo derechizara hasta que la empresa descubrió que la estaban llevando a la ruina. “Intentamos ser de derechas, pero no funcionó”, dijo años después el nuevo accionista mayoritario de la empresa.

Como gran exclusiva, dijo que diputados y ministros del PSOE no son obreros en alusión al nombre de Partido Socialista Obrero Español. Ver a alguien de la trayectoria personal y profesional de Cebrián acusar a otros de no ser obreros es algo que llama la atención. No es que tenga la culpa de eso –cada uno nace donde nace y se dedica a lo que quiere–, aunque los demás tampoco.

Otro de su quinta que está desatado, y que también estuvo en la presentación, fue el escritor Félix de Azúa, colaborador de El País durante décadas y hoy, qué casualidad, también en The Objective. El Gobierno se ha convertido “en una tiranía o en una satrapía o no está claro a qué régimen se dirige”, afirmó. Lo bueno de invitar a escritores como él a una presentación de libros es que utilizan palabras como 'satrapía'.

A sus 80 años, lo único que lamenta personalmente es no ser más joven, porque se iban a enterar los demás. “Si yo tuviera 50 años menos, les diría que ha llegado el momento de la acción, la acción cívica. No digo que nos convirtamos en Hamás”. Es un alivio no tener que imaginarse a Azúa con una cinta verde en la cabeza y un kalashnikov en la mano. Lo malo es que de inmediato anunció que “se ha acabado el tiempo de las palabras”. Acción cívica sin palabras. Suena raro viniendo de un escritor. Ese es un concepto que debería trabajarlo más.

En esa confusión entre El País y el país que ha dado lugar siempre a tantos equívocos, Álvarez de Toledo se refirió al periódico en términos no muy amables. Aunque podría haberse referido al segundo, pareció estar hablando del diario con una frase propia precisamente de alguien que no ha olvidado el boicot que mencionó y del que está tan satisfecha. “Hoy da pena y a veces hasta da risa”, dijo. Cebrián prefirió no seguir esa línea.

Sólo es una casualidad que el acto coincidiera con el primer artículo de un nuevo colaborador de la sección de opinión de El País. Es otro fichaje hecho en el campo de la derecha. Para que sus amigos no le digan que se ha vendido a Prisa, el autor ha comenzado su andadura propinando una buena patada a uno de los grandes iconos de la izquierda en la cultura, Pedro Almodóvar. Esas cosas no pasaban cuando Cebrián dirigía el periódico o presidía la empresa. Una vez, un crítico literario publicó una reseña muy negativa de un escritor de Alfaguara y la cosa no acabó bien. Para el crítico, claro.

En esa línea de abjurar de todo lo que se ha hecho en España desde Zapatero, porque no se le escucharon críticas a la derecha, Cebrián dijo que “hay una traición directa del espíritu de la Transición”. No entiende que este país, como cualquier otro, se pueda gobernar con criterios distintos a los de los años ochenta. Los hay que piensan que deberían vivir en la España del pasado o creer que entonces se alcanzó el punto máximo de inteligencia en la historia de la política.

En este punto, muchos responden con el listado de los errores de la Transición desde su posición ideológica. Ese no es el tema principal. Es más relevante pensar que no es posible repetir las soluciones de hace 40 años pensando que serán tan efectivas como entonces. El mundo cambia y unas cuantas personas de la edad de Cebrián están seguras de que todo se ha ido al carajo. Económicamente, a él le ha ido muy bien, pero ha acabado escribiendo en The Objective. Como para no estar enfadado.

La ajustada pero mayoritaria decisión de la Junta Electoral vasca de archivar una denuncia del grupo Prisa, editor del diario 'El País', contra Vox por haberle vetado el acceso al hotel de Vitoria donde celebraba la noche electoral el pasado 21 de abril, adelantada por este periódico, ha abierto un cisma de grandes dimensiones entre los once componentes con derecho a voto de ese foro. Por vez primera en todo el proceso electoral, hasta cuatro miembros de ese órgano han emitido votos particulares contra una resolución de la mayoría, incluidos su presidente y también máxima autoridad judicial vasca, Iñaki Subijana, y el vicepresidente, Juan Alberto Fernández, así como los vocales propuestos por el PSE-EE y por EH Bildu. En esos cuatro escritos se recalca que se ha saltado toda la jurisprudencia previa sobre las prácticas de Vox en elecciones generales o de otras comunidades, siempre censuradas, e incluso se alerta de que el precedente podría ser utilizado para vulnerar el derecho a la información nuevamente, una garantía constitucional. Hay quien incluso interpreta que había base para enviar lo ocurrido a la Fiscalía por ser indiciariamente un delito.

Este periódico ha accedido de fuentes internas al texto del acuerdo de la mayoría y a los cuatro votos particulares. Es un documento de 26 páginas. La Junta Electoral, sin embargo, no ha publicado esa información en su portal oficial en Internet, así como tampoco el acta de la reunión, que tuvo lugar el 29 de mayo. En puridad, se han hecho públicas muy pocas resoluciones en este período electoral iniciado en febrero con la convocatoria formal de las autonómicas y que todavía tiene algunos coletazos como el caso del veto de Vox a determinados periodistas. El último acuerdo publicado es del 3 de abril, antes incluso de que arrancara la campaña de las autonómicas. El mismo día de los comicios este órgano estuvo reunido despachando asuntos de relevancia y nunca se informó de ellos.

'El País' presentó una denuncia ante la Junta Electoral central por no haber podido entrar al hotel de Vitoria donde Vox realizó la comparecencia posterior a las autonómicas. Esgrimió que hace menos de un año, en las generales de julio, contó con una resolución favorable a sus intereses en la que, además avisaba a la formación ultraderechista de que, si reincidía, podría incurrir en “responsabilidades administrativas” o incluso “penales”. Es más, después, en Catalunya, que celebró sus autonómicas el 12 de mayo, la Junta Electoral de Barcelona otorgó también una autorización expresa para que los redactores de Prisa accedieran a la sede de Vox.

En este expediente, la Junta Electoral central estimó que habría de ser la vasca la que tuviera la última palabra. Sorpresivamente, en esa reunión de sesenta y cinco minutos celebrada el 29 de mayo, una mayoría de los presentes no atendió a los precedentes y se decidió archivar la denuncia contra Vox. Los seis vocales de once que secundaron esta opción entienden que “no es posible incoar un expediente sancionador” ya que el veto a un medio de comunicación “no se encuentra tipificado en la legislación electoral”. Es más, se añade que solamente los medios públicos y, en menor medida, las televisiones privadas tienen obligación de dar cobertura a todas las formaciones con representación, por lo que el hecho de que Vox impida el paso a determinados periódicos privados es irrelevante a efectos prácticos. El lugar de los hechos no era ni siquiera una sede de Vox, sino un hotel privado del centro de la capital vasca. El partido alegó problemas de “aforo” para justificar la imposibilidad de acceso.

Los “motivos fundados”, en los votos particulares

Cinco de los once miembros de la Junta Electoral vasca con derecho a voto se opusieron con rotundidad a esa tesis. Cuatro de esos cinco, además, han dado el paso de firmar cada uno un voto particular, algo muy inusual en este foro e inédito en las autonómicas de 2024. Son el magistrado Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y también de la propia Junta Electoral, el también juez Juan Alberto Fernández, de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior y vicepresidente de la Junta Electoral y que propone ir a la Fiscalía con el asunto, y los letrados Iker Urbina, propuesto por EH Bildu y exdiputado por esta formación, y Manuel Salinero, vocal del PSE-EE y excargo de la Presidencia vasca con Patxi López.

Subijana, en su escrito, arranca desde el “mayor respeto y aprecio a todos los integrantes” del órgano electoral pero con un tono muy crítico. Cita que hay claros precedentes en las municipales y generales de 2023 sobre un asunto idéntico, requerimientos a Vox para que “cesase en la realización de conductas de discriminación de los medios de comunicación durante los períodos electorales”. Lo ocurrido en Vitoria es “análogo” a esos antecedentes y “nutre de base suficiente” no solamente a emitir una resolución crítica sino a “incoar un procedimiento administrativo sancionador”. Para el presidente del Superior es “precipitado” archivar el caso sin iniciar una investigación y determinar, “con todas las garantías”, cuál podría ser la “infracción”.

El magistrado Fernández, el más beligerante, habla de “incongruencia”, “precipitación” e inobservancia del derecho de la información “constitucionalmente protegido”. Entiende que se ha eximido de responsabilidad a Vox sin ni siquiera iniciar una investigación y atender la queja de los denunciantes, que “tienen derecho a una comprobación al menos preliminar sobre los hechos”. En un alegato en defensa del artículo 20 de la Constitución, recuerda que los “titulares” del derecho a la información son la ciudadanía y los profesionales del ramo, no los partidos políticos. Cualquier medio de comunicación puede informar sobre los actos celebrados en un día de votaciones, sin que quepa un veto, arguye. Y recuerda que “el partido político puede ejercer sus derechos constitucionales” a expresar las ideas políticas que estime oportunas sin que por ello pueda desatender “la libertad de edición de los medios informativos privados”. Insiste en que siempre hasta ahora se habían criticado los vetos y que, ahora, pese a la “reiterada vulneración o censura de la libertad de prensa” y la “reiterada desobediencia” a las resoluciones electorales, se deja “impune” a Vox. Fernández entiende que los hechos no solamente son una infracción administrativa sino que plantea abrir una causa por “delito de desobediencia”, para lo cual se debería dar traslado del expediente a la Fiscalía.

Salinero, de su lado, avisa: “La consecuencia que se derivaría de esa afirmación, prima facie, es que aceptamos, con carácter general, que los partidos políticos puedan rechazar en sus actos de campaña a los medios de comunicación que tengan por conveniente”. Le parece también cuestionable que se ponga la carga en las “obligaciones” que puedan tener o no los medios privados y no en las que tiene un partido político y sostiene, igualmente, que es “obvio” que “existen precedentes” que obligaban a que la Junta Electoral vasca tomase partido. Urbina, finalmente, ironiza que la Junta Electoral central dijera que Vox podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales si no atendía a sus requerimientos y que ahora se diga que un organismo de ese tipo no puede actuar. Hay “motivos fundados” para hacerlo y recuerda que hay incluso sentencias judiciales contra Vox por hechos similares.

La Junta Electoral vasca ha variado este lunes la doctrina previa existente y ha evitado dar un tirón de orejas a Vox por impedir el trabajo de determinados medios de comunicación en sus actos electorales. Este organismo, que está dirigido por el también presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana, se ha reunido a puerta cerrada en el Parlamento Vasco para revisar una denuncia del grupo Prisa, editor de 'El País' y la Cadena Ser, en la que se hacía constar que la formación ultaderechista había impedido el acceso de sus profesionales al hotel de Vitoria en el que siguieron la noche electoral del 21 de abril, pero tras una tensa reunión el asunto ha quedado archivado por seis votos a cinco. Se formulará votos particulares.

A la reunión de este lunes se llegaba con una larga lista de precedentes. Diferentes Juntas Electorales habían avisado a Vox de que no podía limitar el libre ejercicio del derecho constitucional a la información, que está reforzado por la propia normativa electoral. Sin ir más lejos, la de Barcelona dio instrucciones el 12 de mayo para que periodistas vetados pudieran acudir a los actos con motivo de la jornada electoral en Catalunya. Antes, en las elecciones generales de 2023, ya se determinó que el partido de Santiago Abascal podría incurrir en responsabilidades administrativas o incluso penales si desatendía los requerimientos oficiales. Y hay precedentes de 2021 ó 2019, igualmente. El partido alegaba razones de “aforo” para cortar el paso a determinados profesionales, que siempre eran de los mismos medios.

Pero la Junta Electoral vasca ha desestimado el recurso del grupo Prisa. Según las fuentes internas consultadas, se ha agarrado a que no existe un tipo concreto para sancionar a Vox por lo ocurrido y ha desestimado toda la denuncia. “Somos una junta electoral, no un juzgado”, explica una fuente interna. Otras fuentes señalan que la reunión, que se ha prolongado durante más de una hora, ha sido tensa y que ha dividido a sus integrantes, que son o magistrados o vocales propuestos por los partidos. Finalmente, ha sido aprobado el archivo de la petición contra Vox por seis votos a favor -en el límite para la mayoría de un foro con once miembros- y algunos de los miembros de la minoría han adelantado que formularán votos particulares, algo excepcional en este tipo de organismos. Un dato: en todas las reuniones con motivo de las elecciones del 21 de abril en ni una sola resolución los ha habido. Ahora, los letrados de la Junta Electoral redactarán el acuerdo y será revisado y, en su caso, enmendado por los discrepantes.

Este lunes se cierra el plazo legal para la publicación de encuestas (dentro de España) de cara a las elecciones vascas del 21 de abril. Si el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de hace una semana fue el primero en mostrar un posible sorpaso en votos -además de en escaños- de EH Bildu sobre el PNV y así lo constató también la prospección de Simple Lógica para elDiario.esa, las más recientes publicaciones de Prisa ('El País' y Cadena Ser), 'El Mundo' o 'ABC' siguen alentando una posible victoria de la coalición. Es algo reflejado igualmente por Vocento ('El Correo' y 'El Diario Vasco') o EiTB.

Según el sondeo de 40dB para El País y La Ser, la candidatura de Pello Otxandiano podría alcanzar entre 28 y 31 escaños con un 35,4% de intención de voto. El PNV de Imanol Pradales tendría 27 ó 28 y un 34,5%. Lejos y estable aparece el PSE-EE con 13,4% y entre diez y once escaños. El PP crecería al 8,2% y aspira a seis o siete escaños y Vox tiene en duda su única parlamentaria. Esta encuesta deja sin opciones a Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde, aunque, como novedad, indica que la intención de voto de los segundos, capitaneados por Miren Gorrotxategi, es ligeramente superior, del 2.3%. El sondeo se completa con la referencia a que la coalición bipartita de PNV y PSE-EE es la fórmula favorita de Gobierno por encima del acuerdo entre fuerzas nacionalistas. Pradales también aparece como preferido para lehendakari por delante de Otxandiano.

En cuanto a la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', el PNV sería la fuerza más votada (34,8%) pero lograría entre 26 y 28 escaños, por detrás de los 28-30 que se le asignan a EH Bildu (34,1%). Esto es fruto de un sistema electoral con los mismos escaños (25) para cada provincia independientemente de su población. El PSE-EE tendría un 13,6% de los votos y 10-11 representantes, el PP podría llegar a 7-8 y ni Sumar, ni Elkarrekin Podemos Alianza Verde ni Vox tendrían asegurada su presencia en el próximo Parlamento, aunque parte con más opciones Alba García Martín, con dos asientos bailando en Bizkaia y en Gipuzkoa. Se da la circunstancia de que el que aparentemente tiene más opciones en Elkarrekin Podemos Alianza Verde es Juantxo López de Uralde por Álava, que no es de Podemos. Para 'El Mundo', el candidato más valorado es Pradales, con 5,4, por 5,3 de Otxandiano.

Gad3 estima en 'ABC' también una victoria de Otxandiano en escaños, aunque el PNV retendría la hegemonía en votos. En concreto, asigna un 35,6% a Pradales por un 34,2% de Otxandiano. Deja las cosas en 28-30 frente a 27-29, pero también con ventaja en asientos para la coalición abertzale. Otorga 10 al PSE-EE, 6-7 al PP y de nuevo no garantiza la representación a Sumar, Elkarrekin Podemos Alianza Verde y Vox.

No creo que la arterioesclerosis intelectual y moral sea inevitable con el paso de los años. Pero, ciertamente, castiga a bastantes protagonistas de la transición española desde el franquismo a la democracia. Tal es el caso evidente de la longeva pareja de baile formada por Felipe González y Juan Luis Cebrián. Aunque, bueno, quizá este caso pueda explicarse porque ni uno ni otro fueron nunca tan progresistas como pretendían. Jamás fui felipista, que conste. Siempre pensé que Felipe era alguien de centroderecha, con vocación europeísta y cierta conciencia social, y que, si se había hecho del PSOE, era porque tenía su liderazgo al alcance de la mano en el momento en que entró en política. En cambio, me duele más lo de Cebrián.

Le debo mucho a Cebrián. Él me reclutó para el diario El País y me concedió los dos primeros puestos que le solicité: cronista de sucesos en Madrid y corresponsal de guerra en Beirut. En lo de Beirut, me preguntó en su despacho si yo hablaba inglés y árabe, le dije que no, pero que eso podía aprenderse, y él, aquiescente, me concedió la corresponsalía. Más tarde, llegó incluso a nombrarme director adjunto del periódico, cosa que ya no me apetecía tanto. En fin, creo que llegamos a ser de lo más amigos que él podía ser con uno de sus empleados. Cenamos con frecuencia en las ciudades extranjeras en las que yo ejercía la corresponsalía de El País y a las que él venía por motivos de negocios editoriales. En ocasiones, acompañados por nuestras esposas de aquellos tiempos, Teresa y Micaela.

Cebrián me hacía confidencias personales. Una de las últimas, a finales de los años 1990, cenando en el Hotel Pierre de Nueva York, ciudad a la que él había acudido para cerrar el trato con Ted Turner que daría lugar a CNN+. Me confesó que estaba harto de ser periodista y quería ser millonario. Cuando yo, asombrado, le dije que ya ganaba un buen dinero, me respondió que el verdadero dinero no se contaba por miles, decenas de miles o incluso centenares de miles de dólares, sino por millones. Estaba impresionado porque Ted Turner, su partenaire en lo de CNN+, le había contado que tenía avión privado, un rancho en Montana, un rebaño de búfalos con miles de cabezas y helicópteros con los que sobrevolar sus manadas. Además, estaba casado con la gran actriz cinematográfica Jane Fonda.

Cebrián decidió que iba a ser eso que los americanos llaman un mogul, un magnate de la comunicación y el entretenimiento, el primero de dimensión mundial en lengua española. Era la época del dinero fácil y Cebrián se puso a comprar todo lo que se le ponía a tiro. Desde una participación en Le Monde a emisoras de radio y televisión en las Américas. Todo ello, claro, con dinero prestado por los bancos. Esa megalomanía terminó llevando al grupo PRISA al borde de la quiebra –más de 5.000 millones de euros de deuda- tras la crisis de Lehman Brothers.

Cebrián no es un cobardica, nunca lo ha sido. En 2012 dio la cara en la mismísima redacción de la calle Miguel Yuste para anunciarnos que 129 periodistas de El País, los más veteranos y progresistas, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y nos íbamos a la calle en un ERE que aplicaba la reforma laboral de Rajoy.  A la par, él se adjudicaba un bonus de 12 millones de euros. Las cosas estaban claras. A partir de ahí, impulsó un giro derechista de la línea informativa y editorial de El País que lo hacía difícil de distinguir del Abc y El Mundo. El periódico para el que trabajé 30 años ganó en descrédito, perdió en influencia y muchos de sus lectores lo abandonaron.

Ahora es él el despedido de El País y de Prisa por fichar por un medio digital ultra que se financia con la publicidad de Ayuso y el dinero de ricachones venezolanos. De tan previsible resulta risible y patético que su primera colaboración con ese medio haya sido ¡una entrevista con su cuate Felipe González! Escuchemos otra vez a estos viejos cascarrabias: la transición –que ellos lideraron, por supuesto– fue inmejorable, la mayor creación de la humanidad desde las pirámides de Egipto. Cualquier propuesta de renovación de la vida española, venga de Zapatero, venga de Pedro Sánchez, venga de quien venga, es una ocurrencia de chisgarabís.

Cebrián siempre fue muy soberbio, el Señorito lo llamábamos en Miguel Yuste. Pero, en la hora de su desgracia, sería injusto no reconocer que, en la segunda mitad de los años 1970 y toda la década de 1980, fue un grandísimo director. Un director audaz, simpatizante con la novedad, buen captador de talento joven, empeñado en colocar a España a la vanguardia. Construyó el mejor periódico en la lengua de Cervantes que jamás haya existido. Pero, convertido en Saturno, terminaría devorando a su hijo. Opacando su brillo y haciéndolo vulgar.

Una noche, en París, a comienzos de los años 1990, Cebrián me contó con orgullo que había vivido el Mayo del 68 en sus años mozos. Pero, un lustro y pico después, comenzó a convertir en un mantra la idea de que había que erradicar de El País el espíritu del 68: vitalismo, antiautoritarismo, irreverencia, amplitud de miras… La victoria de la derecha en la guerra cultural y la eclosión del neoliberalismo –Money, Money, Money– le habían devuelto a sus orígenes conservadores. Al fin y al cabo, era hijo de un patrón de la Prensa franquista y él mismo había sido jefe de informativos de TVE en el penúltimo año de Franco.

A diferencia de lo que pensaban muchos de sus lectores, El País nunca fue un diario nítidamente de izquierdas como The Guardian y Libération. Era, sin duda, demócrata, europeísta y universalista, valores que, en principio, no son exclusivos de la izquierda. Era también educado en las formas, ilustrado en lo cultural y avanzado en cuestiones de maneras de vivir, un saludable aire fresco en el panorama periodístico español. Pero en lo institucional siempre fue borbónico, en lo político, felipista –lo que diga Felipe- y en lo económico siempre estuvo con las empresas y contra los sindicatos.

No obstante, media un buen trecho de ahí al amarillento derechismo que afirmaba en un editorial de 2016 que Pedro Sánchez es “un insensato sin escrúpulos”. Es el trecho por el que ha ido descendiendo un Cebrián que ha dedicado el último cuarto de siglo a destruir todo lo que había hecho en el cuarto de siglo anterior. Ahora sabemos que en el sótano de su fracaso cabía una planta más. Se ha sumado al Sindicato del Crimen y trabaja para un panfleto de noticias falsas y opiniones desaforadas. No tenía necesidad; me apena por él, el director al que tanto admiré.

En una de esas reuniones del Consejo de Administración de Prisa cuando la empresa ya estaba en una situación desesperada, uno de sus miembros avisó de que debía coger un avión para desplazarse a París por un compromiso irrenunciable. Juan Luis Cebrián le dijo que no se preocupara. Él iba a utilizar el jet privado contratado por la empresa para viajar a Londres y podía desviarse de su ruta para dejarle en la capital francesa. Como quien le dice a un amigo que se suba al taxi para llevarlo a casa después de una cena.

En el consejo se encontraban los representantes de varios de los bancos más importantes del país, convertidos en accionistas por el incómodo hecho de que Prisa no había podido devolver los préstamos que estaban avalados con las acciones de la empresa. No dieron crédito a lo que escuchaban. Una empresa prácticamente arruinada se permitía el lujo de pagar los vuelos en avión privado a su presidente, que era precisamente el principal responsable de la ruina. Por listos que se crean los directivos de los bancos, a veces el capitalismo les da esa clase de sorpresas. Las reglas del poder no hacen tanta gracia cuando ponen en peligro tu cuenta de resultados.

Juan Luis Cebrián ha sido destituido esta semana como presidente de honor de El País por haber fichado como colaborador del medio conservador The Objective al vulnerar las normas del contrato que firmó cuando fue expulsado de la presidencia del grupo y que le exigían “una relación exclusiva”. La decisión era inevitable con lo que sólo hay dos opciones para entenderla. O bien Cebrián no se había leído bien el contrato o quería forzar su expulsión del periódico en el que escribía dos artículos de opinión mensuales, muy alejados de la línea del periódico, pero que encantaban a Cayetana Álvarez de Toledo.

En un comunicado difundido el viernes, el expresidente de Prisa niega haber incumplido las condiciones del contrato “como podré demostrar ante los tribunales”, con lo que hay que suponer que denunciará a su antigua empresa.

Cebrián fue sin lugar a dudas uno de los periodistas más influyentes de la Transición. Al frente de El País y más tarde de Prisa, creó un imperio que fue el sustento periodístico esencial de los gobiernos de Felipe González. Como consejero delegado y presidente tras la muerte de Polanco, intentó crear una corporación que se hiciera también fuerte en el sector audiovisual. En una España que estaba cambiando, ya no era suficiente con publicar el periódico más leído. Había que estar en la televisión y recibir los ingresos millonarios que se esperaban de ella.

De la misma forma que los tiburones no dejan de avanzar en el agua ni cuando están dormidos, Cebrián quiso ser también el tiburón que estaba en la cúspide de la cadena alimenticia mediática hasta que se encontró con otro tiburón más listo que él. Cuando se lanzó la OPA sobre el total de las acciones de Sogecable, César Alierta le comunicó en el último minuto que vendería sus acciones. Prisa debía asumir una carga financiera que la hundió. La salida de Telefónica fue el principio del fin de la corporación que arrastró consigo a los medios de comunicación de su propiedad. En términos históricos, la acción ha perdido el 99,91% de su valor.

A partir de ese momento, se produjo una de esas paradojas que en realidad no lo son tanto, porque se repiten con frecuencia en las grandes empresas. Cuantos más trabajadores despedía Cebrián, más cobraba para solventar una situación económica ruinosa que él había creado. A los periodistas de El País a los que informó de un ERE con 129 despidos en la redacción, una tercera parte de la plantilla, les dijo: “No podéis seguir viviendo tan bien”.

Él podía seguir viviendo extraordinariamente bien porque su remuneración no dejaba de aumentar. Al conocerse la noticia de su destitución, uno de los redactores del diario ofreció en Twitter un titular de esos años: “Cebrián cobró 15,3 millones como presidente de Prisa mientras perdía 3.332 millones”. Un antiguo directivo de la redacción lo describió en términos más crudos: “Fue un magnífico primer director, pero luego se convirtió en un empresario megalómano y catastrófico, y ahora es tan solo un patético gruñón ultraconservador”.

En 2012, el año del ERE, el Comité Intercentros de los trabajadores de El País afirmó que consideraba “inmoral y contrario a los principios deontológicos recogidos en el libro de estilo” que Cebrián se llevara millones mientras imponía los despidos en un periódico que no tenía pérdidas. Para los periodistas, el cinismo de su presidente resultaba aún más denigrante. “Yo digo que somos zombis. Ya nos hemos muerto”, dijo en una entrevista sobre la falta de futuro de la prensa de papel.

Para esa entrevista, aceptó fotografiarse con el casco de Darth Vader en la mano, aunque la imagen no llegó a publicarse. Hay que preguntarse si su conexión con la realidad se estaba viniendo abajo al consentir que le relacionaran con uno de los más célebres malvados de la historia del cine.

Hizo algo más para hundir el prestigio de la cabecera entre muchos de sus lectores. Colocó de director en 2014 a Antonio Caño, que antes se había quejado del exceso de opinión en los periódicos. Lo que hizo fue situarlo más a la derecha y convertirlo en un crítico furibundo de Pedro Sánchez y de Podemos, en general de cualquier cosa que se acercara a la izquierda. En el plano periodístico, la mediocridad de sus apuestas informativas desanimó a buena parte de la redacción y provocó la salida de varios reporteros, que tenían la singular idea de que un medio informativo debería dar noticias.

Caño es ahora presidente del Consejo Editorial de The Objective, medio que dirige el que fue uno de sus periodistas de confianza en El País y en el que también colabora Fernando Savater, al que enseñaron la puerta de salida hace unas semanas en El País después de menospreciar a las mujeres que escriben en la sección de opinión del diario.

En la última junta de accionistas que Cebrián presidió, recibió fuertes críticas del principal accionista, Joseph Oughourlian, responsable del fondo de inversiones Amber Capital, que hoy es el presidente de Prisa. El presidente se veía obligado a abandonar el puesto y estaba en discusión su indemnización. A ese nivel, si se decide tu despido de la empresa que has llevado a la catástrofe, la compensación suele ser millonaria. “Creo que seis millones de euros para que se jubile es bastante plata”, dijo su rival en el consejo. A eso había que sumar otro millón por el bonus de ese ejercicio, por lo demás bastante funesto.

Pero Cebrián quería más. Oughourlian se oponía a que cobrara otros dos millones en acciones en recompensa por la ampliación de capital a la que el propio Cebrián se había resistido. “Juan Luis, tú no eres la compañía, como me dijiste un día”, dijo.

Cebrián se va a The Objective para realizar una entrevista mensual en vídeo, probablemente a las personalidades de su época. Comenzará este domingo con una conversación con Felipe González. El medio por el que ha fichado figura en el puesto 21º en el ranking de usuarios únicos en medios digitales que elabora GfK. Es propiedad de una empresaria cuya fortuna familiar se hizo en Venezuela y que parece tener dinero de sobra para financiar sus números rojos. Acumula pérdidas de 2.743.000 euros en los últimos cuatro años, que se han solventado con sucesivas ampliaciones de capital.

En el fin de la trayectoria del primer director de El País, se ha producido un salto que está lleno de ironía, aunque quizá no sea tan sorprendente dada su evolución ideológica de los últimos años. En 1993, publicó un artículo con el que denunció a los medios conservadores embarcados en una virulenta batalla contra el Gobierno socialista presidido por González: “Lo sucedido estos días en España, en donde una veintena de periodistas constituyen un verdadero sindicato de intereses –algunos lo llaman en privado el sindicato del crimen– dedicado en ocasiones a extorsionar empresas, sometido en otras al dictado de quienes le pagan y esclavos siempre de su vanidad y sus rencores, no es un tema fútil”.

Con el estilo relamido que ya le caracterizaba, se quejaba de unos periodistas, entre los que estaban Pedro J. Ramírez o Luis María Anson, dispuestos a todo con tal de acabar con el Gobierno, gente que cobraba “impuesto revolucionario por no difamar” y que luego se presentaban como “el símbolo de la pureza y el azote de los corruptos”.

Ahora Cebrián se presta a colaborar con un medio que ha ofrecido una larga serie de artículos contra el Gobierno de Pedro Sánchez basados en falsedades o manipulaciones. El ejemplo más reciente se titula “la Fiscalía tuvo listo el 'caso Koldo' justo antes de las generales del 23-J, pero decidió frenarlo”. En el mejor de los casos, la noticia revela un alto nivel de ignorancia sobre el funcionamiento de la acusación pública.

Un fiscal no relacionado con el caso ha explicado que es falso que la Fiscalía tuviera completamente finalizada la querella el 28 de junio. Fue entonces cuando se mandó a visado, un paso que no se concluyó hasta septiembre por las vacaciones de verano. En cualquier caso, la causa estaba entonces declarada secreta –y siguió así hasta febrero de este año–, continúa el fiscal que además, por el tenor de sus comentarios, no parece un gran admirador de Sánchez.

Según la definición que Cebrián hizo del sindicato del crimen, se podría decir que ahora ha decidido alistarse en sus filas. A sus 79 años, se lanza a las trincheras que hace mucho tiempo él mismo definió como lo peor del periodismo. Al menos esta vez no tendrá la oportunidad de hundir la empresa.

El consejo de administración de Prisa Media ha decidido “de forma unánime” el cese de Juan Luis Cebrián como presidente de honor de El País, una vez que el que fuera fundador y director del periódico se haya incorporado a la nómina de colaboradores del medio conservador The Objective, donde hará entrevistas en vídeo a diferentes personalidades. 

Según fuentes de Prisa, Cebrián “no solicitó la autorización preceptiva para colaborar en otro medio de comunicación”. “El anuncio de su próxima colaboración como periodista en otro medio constituye un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración actualmente en vigor entre Juan Luis Cebrián y El País, en el cual se configuraba una relación exclusiva”, señalan las mismas fuentes.

Este periódico se ha puesto en contacto con Juan Luis Cebrián para recabar su versión, pero ha rechazado responder a elDiario.es con el argumento de que “no ha recibido hasta el momento ninguna comunicación” por parte de Prisa.

La contratación de Juan Luis Cebrián por el medio conservador The Objective causó un “profundo malestar” en la dirección de Prisa. Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser aseguraron que la contratación de Cebrián por el medio conservador había sentado muy mal en el grupo de comunicación ya que “The Objective es todo contra lo cual luchamos: una maquinaria de bulos de la extrema derecha”.

Según el grupo editor de El País y la Cadena Ser “la autorización para colaborar en otro medio, preceptiva para poder proceder con su nuevo proyecto, no fue solicitada ni comunicada en ningún momento por Cebrián, incumpliendo así su contrato”.

Así, el Consejo de Administración de Prisa Media “considera de forma unánime que la condición de Presidente de honor del periódico obliga a un comportamiento leal y de cumplimiento contractual que no se ha dado en este caso” y ha decidido el cese fulminante de Cebrián.

Cebrián (Madrid, 1944) fue fundador y primer director de El País y ocupó posiciones de responsabilidad empresarial como presidente y consejero delegado del Grupo Prisa durante 42 años hasta que fue nombrado presidente de honor del periódico el 21 de mayo de 2018. Su salida fue mediante un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que el propio Cebrián ejercería de presidente. Desde 2018 escribe una página de opinión de periodicidad variable en las que, sobre todo, ha cargado contra el Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Esta es la primera colaboración fuera del Grupo Prisa de Cebrián, que sigue la estela de Antonio Caño. Caño fue director de El País entre 2014 y 2018 y salió de Prisa de una manera convulsa tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del periódico. Tras unos meses como columnista de The Objective donde ha mantenido una obsesiva crítica contra Pedro Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del digital conservador.

The Objective tiene como director a Álvaro Nieto, que fue redactor jefe de la sección España de El País durante un breve periodo de tiempo. El medio que dirige ha mantenido una línea muy dura en sus informaciones sobre el Grupo Prisa señalando las supuestas conexiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Malestar en la dirección de Prisa por la contratación de Juan Luis Cebrián en el medio conservador The Objective. Este miércoles el medio que pertenece a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros ha anunciado que “el presidente de honor del diario El País y uno de los periodistas españoles más relevantes de los últimos 50 años, se incorpora a la nómina de colaboradores”. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la compañía de comunicación y educación.

Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser han asegurado que la contratación de Cebrián por el medio conservador ha provocado un “profundo malestar” en el grupo de comunicación ya que “The Objective es todo contra lo cual luchamos: una maquinaria de bulos de la extrema derecha”.

Cebrián fue fundador y primer director de El País y ocupó posiciones de responsabilidad empresarial como presidente y consejero delegado del Grupo Prisa durante 42 años hasta que fue nombrado presidente de honor del periódico el 21 de mayo de 2018. Su salida fue mediante un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que el propio Cebrián ejercería de presidente. Desde 2018 escribe una página de opinión de periodicidad variable en las que, sobre todo, ha cargado contra el Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Esta es la primera colaboración fuera del Grupo Prisa de Cebrián, que sigue la estela de Antonio Caño. Caño fue director de El País entre 2014 y 2018 y salió de Prisa de una manera convulsa tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del periódico. Tras unos meses como columnista de The Objective donde ha mantenido una obsesiva crítica contra Pedro Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del digital conservador.

The Objective tiene como director a Álvaro Nieto, que fue redactor jefe de la sección España de El País durante un breve periodo de tiempo. El medio que dirige ha mantenido una línea muy dura en sus informaciones sobre el Grupo Prisa señalando las supuestas conexiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este medio conservador tiene como única accionista a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros, que también es propietaria del grupo de medios digitales venezolano El Estímulo. Quinteros es administradora única de la sociedad propiedad del medio, The Objective Media SL. En una entrevista en Jot Down, la empresaria aseguraba que “en los medios de comunicación no todo lo necesario es un buen negocio”. Desde 2019, The Objective solo ha tenido pérdidas: los número rojos del medio conservador han sido de 842.712,22 euros en 2019; 930.194,90 euros en 2020; 708.781,65 euros en 2021 y 262.190,08 euros en 2022, según las cuentas a las que ha tenido acceso elDiario.es a través de Insight View.

El pasado 19 de julio Antonio Avendaño rescató en El Plural la carta de un lector de El País enviada a su director a propósito de un artículo publicado por Juan Luis Cebrián que decía lo siguiente: “Soy suscriptor de El País y no acabo de entender por qué su periódico sigue publicando los artículos de Juan Luis Cebrián. Y no porque sean malos, sino porque en las páginas de este periódico chirrían. El problema no está en el contenido de los mismos, sino en el tono. Sin duda conocerá usted el viejo chiste: 'No me molesta que me diga hijo de puta. Lo que me molesta es el tonillo con el que me lo dice'”.

“No dudo, más bien todo lo contrario, de la solvencia intelectual y periodística del exdirector de El País, cuyas nuevas ideas respeto sin reservas y cuyas viejas fobias sobrellevo sin protesta, pero desde hace ya algún tiempo sus artículos encajarían mucho mejor en 'La tercera' de ABC que en el diario que con tanto éxito y acierto dirigió durante tantos años”.

Recupero esta carta tras haber leído el pasado sábado en Babelia la crítica de Juan Luis Cebrián de los libros de Gerardo Pisarello y Ernesto Ekaizer ('Dejar de ser súbditos', 'El fin de la restauración borbónica' y 'El rey desnudo. Historia de un fraude'), con el título 'La degradación del panfleto'. Le va como anillo al dedo.

Como Juan Luis Cebrián no da puntada sin hilo, comienza su crítica con la cita de un artículo mío para agredir, sin mencionarlo expresamente, a este periódico, al que califica de “uno de los diarios digitales más obsecuentes y sectarios de los muchos que pueblan el ciberespacio hispano”.

Lo de sectario es una opinión subjetiva y en cuanto tal inverificable. Pero lo de obsecuente no lo es. El Diccionario de la RAE, de la que Juan Luis Cebrián es miembro, define obsecuente como “obediente, rendido o sumiso”. ¿Cómo puede decir desde El País sin que se le caiga la cara de vergüenza que este periódico es “obediente, rendido o sumiso”? ¿Dónde empieza y acaba la degradación de la crítica?

Pero vayamos al fondo del asunto. 'La degradación del panfleto' se inscribe en la campaña de rehabilitación del llamado rey emérito, que se va acentuando a medida que va adquiriendo visibilidad la trayectoria de don Juan Carlos de Borbón como rey. Se puede hacer de manera correcta, como lo hace López Burniol en La Vanguardia ('Ostracismo real en España' 1 y 2), recurriendo a la opinión de varios hispanistas, fundamentalmente ingleses, para situar la figura del rey Juan Carlos en el contexto político de la Transición y poner en valor su contribución a la salida del régimen del general Franco. Debería hacerse, en su opinión, una “valoración compensada” de la ejecutoria de don Juan Carlos de Borbón, que debería conducir no a su rehabilitación, pero sí a que se le dejara en paz.

La posición de Juan Luis Cebrián es, por el contrario, la defensa de la monarquía parlamentaria española como si de una república coronada se tratara. “…para desesperación de los promotores de 'republiquetas' (Felipe González dixit) vivimos en un mundo de paradojas en el que la monarquía parlamentaria española representa y defiende mejor que nadie en nuestra historia los valores republicanos”. Estas son las palabras finales del artículo de Babelia.

El 12 de septiembre de 2020 publiqué un artículo con el título '¿Es posible republicanizar la monarquía española?', en el que debatía la propuesta de Daniel Innerarity de incorporar “valores republicanos” a la monarquía. He publicado varios más a los largo de estos últimos cuatro años, muy señaladamente con ocasión del discurso del rey del 3 de octubre de 2017 sobre Catalunya y en el libro recién editado por Sebastián Martín y Víctor Vázquez, 'El Rey como problema constitucional', figura un capítulo VII escrito por mí con el título 'El ajuste de cuentas con la Monarquía como premisa para la edificación del Estado Constitucional', en el que explico de manera detallada la “verdad a medias” de la monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 y la limitación que esa “verdad a medias” supone para la democracia española.

Dejo a la inteligencia del lector que saque la conclusión que le parezca oportuna.                                                                                                                                                            

El escritor Jordi Amat ha pasado dos años sumergido en la vida del periodista y abogado Alfons Quintà, un personaje turbio, acosador y desequilibrado, al que disecciona en su nuevo libro El hijo del chófer (Tusquets y Edicions 62) . El padre de Quintà era el chófer de Josep Pla y de ahí el título del libro. El escritor ampurdanés no sabía conducir y Josep Quintà se convirtió en una de las personas de su máxima confianza. Con tan solo 16 años, Alfons Quintà escribió una carta de chantaje a Pla. Más adelante, conoció las cloacas del poder político y financiero. Destapó el caso Banca Catalana, fue el primer director de TV3 y acabó suicidándose tras asesinar a su expareja en 2016.

El libro de Amat se construye tras muchas horas de entrevistas y documentación, y el resultado es una obra adictiva que desgrana la figura de un personaje oscuro para retratar las dinámicas de poder en Catalunya en los últimos años, especialmente durante el 'pujolismo'. El hijo del chófer retrata cómo Quintà llega al diario El País, donde se convierte en una de las grandes figuras del periodismo catalán. Allí destapa el caso Banca Catalana desde el medio más poderoso que existe en 1980, lo que no impide que Pujol sea elegido president de la Generalitat. En un giro de los acontecimientos inesperado, el político requiere al que fuera su azote mediático para que ponga en marcha TV3.

Sobre esta obra, el poder y los medios han charlado el director de elDiario.es y el escritor con los socios y socias en Conectados. El hijo del chófer no es solo un retrato de la figura de Quintà, también es una radiografía de Catalunya y el resto de España tras la Transición. Para Amat, el problema respecto a la imagen que tenemos de aquellos años es que “durante mucho tiempo, no hemos problematizado el proceso de cambio político porque el mito que construyeron sus protagonistas nos servía”. El escritor señala que “el problema es que no se regeneró el mito” y esa imagen idealizada de la Transición “poco a poco se fue carcomiendo”. “Cuando el mito ha caído o se ha exiliado, nos ha obligado a repensarlo todo”. Por eso cree que no es tan importante lo que quede por destaparse informativamente de esos años, sino como cambia “la manera que miramos ese tiempo más allá del mito que nos impusieron”.

Ignacio Escolar y Jordi Amat reflexionaban sobre si creen que hay figuras que se puedan asimilar a Quintà en los medios hoy en día. El autor explicaba, que “hay algo de inmoral cuando el periodismo se enfrenta al poder y destapa sus miserias”, pero destacaba que a la vez “eso está al servicio del bien democrático” lo que hace a estos profesionales “personalmente peores, pero socialmente necesarios”.

Así, Amat ha señalado cómo, durante su proceso de documentación, ha visto a profesionales de los medios “haciendo un ejercicio de autocrítica” por haber sido conniventes o guardar silencio sobre conductas amorales que presenciaron durante mucho tiempo.

El filólogo reflexionaba también sobre la relación entre los medios y el poder y señalaba que “el poderoso, para hacer lo que quiere, que muchas veces es poco decente, sabe que necesita tener a su alrededor a personajes inmorales o con carácter psicopático” . “Esas personas son instrumentos de poder y hay periodistas que son así”, añadía.

Del mismo modo, Amat denunciaba que hay “periodistas que usan la información y su posición de una manera espuria y perversa, para sentirse influyentes” y señalaba a aquellos que “mientras juegan al pádel, creen que pueden decidir el futuro del país”. El escritor matizaba que no cree que la ambición sea mala “per se” pero sí que reclamaba que le gustaría que “fuera más importante la deontología que la cercanía al poder”.

En el caso de Alfons Quintà, Amat explica que él “no quería ser influyente y ganar dinero”, sino que quería el poder “para ejercer el mal” y porque le permitía ser “despótico”. A pesar de que el libro parece por momentos más una novela negra que un relato periodístico, su autor explica que “no hay ni un solo elemento de ficción” y que el libro bien podría ser considerado “un gran reportaje” en el que todas las escenas que se describen “remiten a entrevistas y bibliografía”.

Amat se ha visto sorprendido por el éxito de El hijo del chófer. “No me imaginaba que una historia sobre la Transición y el pujolismo generara tantísimo interés”, aseguraba y reconoce que “prácticamente a diario” recibe llamadas o le escriben contándole más datos escalofriantes sobre Quintà.

El autor cree que si este libro se hubiese publicado hace unos años, habría sido tildado de “dinamita antiprocés” por el retrato que se hace del pujolismo, pero que sin embargo, ahora que “el procés está de luto”, esto no ha pasado.

“La dinámica de polarización te lleva a ser percibido como alguien que está en uno de los bloques, aunque luches contra ello. Y salir del barro para el periodismo y la discusión publica es muy costoso”, reflexionaba. Ponía de ejemplo la exclusiva que este jueves publicaba elDiario.es, sobre que Patrimonio Nacional paga el personal desplazado con el rey emérito a Emiratos Árabes. “Contar lo de hoy va en contra de la monarquía, pero no contarlo va en contra de la regeneración de la monarquía”, remachaba.

Hay muchos libros buenos y solo algunos que merezcan el calificativo de imprescindible para entender los entresijos del poder de la España surgida de la Transición. 'El hijo del chófer' (Tusquets y Edicions 62) es una de esas excepciones. Por muchos motivos, pero el principal es porque su autor, Jordi Amat, relata con una crudeza impresionante las miserias de las luchas entre políticos, banqueros y medios en Catalunya a través de la vida de Alfons Quintà (Figueres,1943 - Barcelona, 2016), un periodista que lo fue todo y lo perdió todo porque se creyó Dios y no lo era, una personalidad oscura que trasladó sus obsesiones a los artículos, su despotismo a las redacciones en las que trabajó, y su misoginia a las relaciones que mantuvo. Un hombre atormentado que ayuda a entender la Catalunya de hoy en día y su ecosistema mediático. 

El padre de Quintà era el chófer de Josep Pla y de ahí el título del libro. El escritor ampurdanés no sabía conducir y Josep Quintà se convirtió en una de las personas de su máxima confianza. Era un comerciante del textil que se integró en el particular Camelot de Pla, un círculo reducido en el que figuraban nombres como el historiador Jaume Vicens Vives o el empresario Manuel Ortínez, y que con los años acabarán formando parte de la privilegiada agenda del futuro periodista. Alfons Quintà es en esos momentos un niño que gasta bromas poco habituales a sus compañeros de clase, que ya tiene problemas para relacionarse con otros niños y que pronto descubrirá y no perdonará las infidelidades de su padre. Las amistades de su progenitor, entre ellas la del president Josep Tarradellas, se transformarán en sus fuentes cuando se convierta en un importante cronista y las pondrá a prueba sin límites, hasta el extremo de acabar chantajeando al propio Pla.

El 24 de abril de 1980, Jordi Pujol es investido president de la Generalitat. Empieza la era del pujolismo, un movimiento que superaba las siglas de Convergència y que en su base tenía Banca Catalana, una entidad al servicio de un proyecto político. En la pugna entre Tarradellas y Pujol, Quintà tomó partido por el primero y aprovechó las fuentes que tenía en el consejo de administración del banco para publicar una de las exclusivas de su carrera: un artículo en El País en el que detallaba las dificultades económicas del grupo bancario de Pujol, el político banquero o el banquero político que hacía solo una semana que se había convertido en el presidente de la Generalitat. El tiempo le daría la razón. 

Pujol es una de las obsesiones de Quintà y Quintà una de las de Pujol hasta el punto de que el entonces president le responsabiliza de la muerte de su padre, Florenci Pujol, quien fallece de un infarto en plena polémica por las irregularidades de Banca Catalana. En una mesa del restaurante madrileño Zalacaín, Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián, el todopoderoso director de El País, directivos de la entidad bancaria, entre ellos, el cuñado de Pujol, Francesc Cabana, así como Francisco Fernández Ordóñez, que actúa como hombre puente, analizan los artículos de Quintà. Es una carpeta con textos en los que la buena información se mezcla con la venganza. La reconstrucción que Amat hace de las relaciones entre Cebrián y el cronista del diario en Barcelona es una de las aportaciones más interesantes del libro. Tiempo después, tras una reunión entre Felipe González y el president en la Moncloa que sirve para reconducir las comunicaciones entre ambos, El País acabará declarando una tregua a Pujol, que pasa a ser tratado como un hombre de Estado y aliado del Gobierno socialista. Se trunca también el sueño de Quintà de convertirse en el delegado de la edición catalana del periódico.  

Si esta historia fuese de ficción, uno de los mejores giros sería convertir a Quintà y Pujol en aliados. La realidad mejoró cualquier guion y el president encargó al periodista que tanto le había atacado el diseño de una televisión autonómica a semejanza de las grandes cadenas internacionales. “No solo tienen que ver esta televisión porque es catalana sino a pesar de que sea en catalán”. Pujol no quería una televisión de porrón y folclore sino una estructura de Estado. Y lo logró. Se recurrió a profesionales de prestigio como Rosa María Calaf para crear una televisión moderna. Pero ella y muchos más saltaron pronto del barco. Entre otros motivos, porque el carácter de Quintà hacía imposible trabajar con él. La tiranía fue su tumba profesional y en junio del 84 le obligaron a dejar la dirección de TV-3.

La leyenda de Quintà siguió aunque él optase por desaparecer. Licenciado en Derecho que nunca había ejercido decidió refugiarse como juez suplente. Pero Convergència, o mejor dicho, Lluís Prenafeta (alguien que encarnó el pujolismo casi tanto como Pujol), vuelve a necesitarlo y él vuelve a decirle que sí. Se trata de crear un The New York Times en Barcelona. Se llamará El Observador, un nuevo proyecto en el que no se escatima dinero ni talento. Otra vez lo que falla es el carácter de Quintà y unos sueños de grandeza que se convierten en pesadilla. El rotativo que quería vender 80.000 ejemplares diarios nunca pasó de 20.000. 

En su descenso particular al infierno que él mismo había creado desde que era un niño que escuchaba a Pla, y previo paso por el Avui, el periodista cae aceleradamente hasta que en el arranque del procés se convierte en un referente de los sectores más duros del antiindependentismo. Escribió en El Mundo y sus ataques a la gestión del Govern de Artur Mas, a veces con informaciones solventes sobre sus recortes en el ámbito sanitario y otros con meros rumores sin confirmar, fueron recompensados con una plaza en las tertulias de Intereconomía. Mientras tanto, fuera del plasma, Quintà cae y cae. El periodista está enfermo. Su última pareja, que también había huido, regresa para cuidarlo. En su vida ha comprobado que nadie vuelve a su lado y, según describe Amat, intenta disimular su pulsión enfermiza de venganza sin conseguirlo. A ella tampoco le perdona que en su momento se fuese y acaba disparándole con la misma escopeta que utilizará minutos después para suicidarse. Es así como Quintà logra que la única persona dispuesta a ayudarlo no lo deje solo antes de morir.

“Es difícil argumentar con un mínimo de rigor y racionalidad la decisión política de impedir el viaje del rey a Barcelona”, ha escrito Soledad Gallego-Díaz en El País de este pasado domingo (“Sorpresa, cariño: he preparado café”).

Desconozco en qué momento escribió estas palabras la hasta hace unas semanas directora de El País. No sé si el artículo estaba enviado antes o después de conocer la llamada telefónica del rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial “en funciones” justo al finalizar el acto de entrega de despachos a los integrantes de la nueva promoción de juezas y jueces, en la que, según hemos sabido por el Sr. Carlos Lesmes, el rey transmitió su pesar por no haber podido asistir, como hubiera sido su deseo. 

En el primer caso estaría en desacuerdo con lo escrito por ella, pero nada más. En el segundo, no sólo estaría en desacuerdo, sino que me parecería inconcebible que haya podido expresarse de esa manera. 

La llamada del rey al presidente del CGPJ “en funciones” es un acto de una anticonstitucionalidad tan manifiesta que, únicamente desde una perspectiva anticonstitucional y, por tanto, antidemocrática se podría evaluar de la forma en que lo hace Soledad Gallego Díaz. El rey no puede hacer pública su disconformidad con una decisión del gobierno de la nación. Tiene que limitarse a ajustar su conducta a lo que el gobierno decida y punto. En una “monarquía parlamentaria” no cabe otra alternativa.

La reacción de Felipe VI y de Carlos Lesmes ha venido a certificar por qué el gobierno de la nación acertó de pleno al vetar la presencia del rey en el acto de entrega de despachos organizado en Barcelona el 25 de septiembre. Si podía existir alguna duda acerca, no de la autoridad para tomar la decisión por parte del presidente del gobierno, que no la hay, sino acerca de la oportunidad de la misma, la conducta del rey y del presidente “en funciones” del CGPJ ha venido a despejarla. 

Lo que se había organizado el 25 de septiembre en Barcelona no era un acto de entrega de despachos a una nueva promoción de juezas y jueces, sino una “emboscada” al gobierno con ocasión de la celebración de dicho acto. ¿Tenía el rey conocimiento de la intención del presidente “en funciones” del CGPJ?

El acto se había programado para unos días antes del 1 de octubre, fecha en que tuvo lugar el referéndum de 2017, para unos días antes del 3 de octubre, fecha en que el rey Felipe VI se dirigió al país en mensaje televisado en prime time, anticipando en su discurso lo que acabaría convirtiéndose en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y para un día que podía coincidir con la fecha en que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de casación contra la condena de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el president de la Generalitat.

Sabemos, por varios medios de comunicación, entre ellos El País,  que se sugirió al  presidente “en funciones” del CGPJ  que el acto de entrega de despachos se hiciera en un momento posterior, con la finalidad obvia de que la visita del rey a Barcelona no coincidiera con una fecha aniversario de sucesos muy conflictivos y dolorosos. A nadie se le oculta que un ambiente sosegado y tranquilo facilita la celebración del acto.

El presidente “en funciones” del CGPJ, sin embargo,  se negó a ello. ¿Por qué? La respuesta se impone por sí misma: porque no era la tranquilidad en la celebración del acto lo que se buscaba, sino todo lo contrario. Interesaba la bronca y la bronca con la presencia del rey como amplificador de la misma. 

El acto era una emboscada al gobierno de la nación, al que se obligaba a reaccionar de una manera que complicaba de extraordinariamente una agenda política ya de por sí complicada, como es la de este otoño. Y además, en Catalunya.

Si el rey se hubiera comportado como un monarca “parlamentario” y no hubiera aceptado la invitación a participar en el acto sin haberlo consultado previamente con el presidente del gobierno, no se tendría que haber vetado su presencia. Como el rey se ha comportado como un monarca “español”, es decir, todo lo contrario de un monarca “parlamentario”, ha sido necesario hacerlo. 

Lo que resulta difícil de argumentar “con un mínimo de rigor y racionalidad” es cómo se podía refrendar la presencia del rey en un acto organizado en la fecha en que lo había hecho el CGPJ “en funciones” y más después de que no fuera atendida la sugerencia de que se fijara otro momento para su celebración. 

La irresponsabilidad del gobierno, en el supuesto de que hubiera permitido la presencia del rey,  hubiera sido imperdonable. Para su autoridad como gobierno de la nación y para el prestigio de la institución monárquica, de la que no anda sobrada en este momento. 

Si los presidentes del gobierno se hubieran “plantado” ante el rey durante los últimos cuarenta años, como lo ha hecho Pedro Sánchez, ni Urdangarín estaría en prisión, ni el rey emérito estaría “huido” en los Emiratos Árabes Unidos, ni las Corinas y Villarejos  nos estarían avergonzando ante nosotros mismos y ante la opinión pública mundial.

¿Es tan difícil de entender esto?

El periodista Javier Moreno vuelve a la dirección de El País y reemplazará a Soledad Gallego-Díaz. La que fuera la primera mujer en dirigir el periódico de Prisa deja el cargo después de dos años. Su contrato vencía a principios de junio. Durante el anterior mandato de Moreno, quien ya ocupó ese puesto entre 2006 y 2014, la empresa aplicó el primer ERE de su historia, despidiendo a casi 130 redactores.

El nombramiento de Gallego-Díaz llegó después del mandato de Antonio Caño (entre 2014 y 2018), en el que la cabecera había sufrido una intensa caída de ventas y fuertes críticas por la salida de firmas emblemáticas.

En una entrevista concedida a última hora del lunes en la Cadena SER, Gallego-Díaz ha explicado que cuando recibió en 2018 la llamada del Consejero Delegado de PRISA, Manuel Mirat, ofreciéndole la dirección de El País, ella aceptó con una condición: “Le dije que tenía que ser un proyecto de dos años. Porque lo que no haga en dos años no lo voy a hacer en tres. No tengo edad para proyectos muy largos. Quiero hacer lo que hay que hacer y luego recuperar mi vida”.

Tras elogiar a los profesionales que forman la redacción de El País, Gallego-Díaz ha confirmado que conservará su vinculación con la cabecera: “Me han pedido que recupere la columna semanal que tenía antes de hacerme cargo de la dirección. La hice durante muchos años y me lo pasé muy bien”. Finalmente ha admitido que echará de menos el ambiente de la redacción: “Tengo muchísimos amigos allí y cuando me entre morriña iré a visitarlos”.

Nuevo modelo de suscripción

Una semana antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia, en el mes de marzo, El País lanzaba su nuevo modelo de suscripción digital, que se topó con la crisis del coronavirus, por lo que tuvieron que retrasar hasta mayo la implantación del nuevo modelo, que se halla en su fase inicial.

Pese a lo crítico de este movimiento, los dueños del periódico, un conglomerado de bancos y fondos de inversión, no han dudado en aplicar un relevo en la dirección del medio. Los principales accionistas de Prisa son la familia Polanco, el fondo oportunista Amber, Telefónica, el grupo Herradura, el banco HSBC, Caixabank, Santander, así como miembros de la familia real catarí.

Con Gallego-Díaz, periodista ampliamente respetada y reconocida, la dirección del Grupo Prisa pretendía enderezar el rumbo impuesto primero por Moreno y luego por Caño: un alineamiento editorial cada vez más próximo a ciertos sectores de la derecha (lejos, por tanto, del sentir mayoritario de sus lectores) y una dependencia estrecha de los acreedores de la empresa editora.

Ese cambio de rumbo posibilitó que firmas históricas del periódico, que habían abandonado la cabecera, volvieran a escribir en ella: Enric González, Ramón Lobo y Maruja Torres, entre otros. Hoy mismo la escritora catalana, poco después de trascender la noticia del nombramiento de Moreno, ha comunicado que vuelve a abandonar El País.

ERTE por el coronavirus y bajadas de sueldo

En abril, Manuel Mirat, envió una carta a todos los trabajadores del grupo pidiéndoles un “sacrificio” ante “el daño económico” que estaba sufriendo la compañía por el coronavirus. Fuentes del grupo explicaron entonces que lo que se plantea la dirección eran “dos expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas que serán comunes y transversales para todas las compañías que integran Prisa”.

Por un lado, un ERTE de tres meses “para un porcentaje de la plantilla que en este momento no tiene actividad” y otro “de reducción de jornada hasta diciembre de 2020” que implicaría una “reducción de entre el 10% y el 15% de salario y jornada laboral para el resto de los colectivos”.

Según información de la propia compañía, el impacto de la pandemia ha tenido un efecto negativo estimado de 25,5 millones en los ingresos del Grupo y de 20,8 millones en el Ebitda en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2020.