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Opinión - El Tribunal Constitucional y los ERE. Por Javier Pérez Royo

La Junta Electoral vasca evita dar un tirón de orejas a Vox por vetar a medios de comunicación en sus actos

Santiago Abasal y la portavoz de Vox en Euskadi, Amaia Martínez Grisaleña, durante la campaña vasca

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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La Junta Electoral vasca ha variado este lunes la doctrina previa existente y ha evitado dar un tirón de orejas a Vox por impedir el trabajo de determinados medios de comunicación en sus actos electorales. Este organismo, que está dirigido por el también presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana, se ha reunido a puerta cerrada en el Parlamento Vasco para revisar una denuncia del grupo Prisa, editor de 'El País' y la Cadena Ser, en la que se hacía constar que la formación ultaderechista había impedido el acceso de sus profesionales al hotel de Vitoria en el que siguieron la noche electoral del 21 de abril, pero tras una tensa reunión el asunto ha quedado archivado por seis votos a cinco. Se formulará votos particulares.

A la reunión de este lunes se llegaba con una larga lista de precedentes. Diferentes Juntas Electorales habían avisado a Vox de que no podía limitar el libre ejercicio del derecho constitucional a la información, que está reforzado por la propia normativa electoral. Sin ir más lejos, la de Barcelona dio instrucciones el 12 de mayo para que periodistas vetados pudieran acudir a los actos con motivo de la jornada electoral en Catalunya. Antes, en las elecciones generales de 2023, ya se determinó que el partido de Santiago Abascal podría incurrir en responsabilidades administrativas o incluso penales si desatendía los requerimientos oficiales. Y hay precedentes de 2021 ó 2019, igualmente. El partido alegaba razones de “aforo” para cortar el paso a determinados profesionales, que siempre eran de los mismos medios.

Pero la Junta Electoral vasca ha desestimado el recurso del grupo Prisa. Según las fuentes internas consultadas, se ha agarrado a que no existe un tipo concreto para sancionar a Vox por lo ocurrido y ha desestimado toda la denuncia. “Somos una junta electoral, no un juzgado”, explica una fuente interna. Otras fuentes señalan que la reunión, que se ha prolongado durante más de una hora, ha sido tensa y que ha dividido a sus integrantes, que son o magistrados o vocales propuestos por los partidos. Finalmente, ha sido aprobado el archivo de la petición contra Vox por seis votos a favor -en el límite para la mayoría de un foro con once miembros- y algunos de los miembros de la minoría han adelantado que formularán votos particulares, algo excepcional en este tipo de organismos. Un dato: en todas las reuniones con motivo de las elecciones del 21 de abril en ni una sola resolución los ha habido. Ahora, los letrados de la Junta Electoral redactarán el acuerdo y será revisado y, en su caso, enmendado por los discrepantes.

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