Los salarios pactados vuelven a subir menos que los precios por primera vez en casi dos años. El alza salarial media pactada en convenios colectivos fue del 2,92% hasta marzo, varias décimas por debajo de la inflación por primera vez desde el verano de 2024. El mes pasado, el IPC interanual repuntó al 3,3% debido al encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán.

La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo refleja que la media de subida salarial de todos los convenios colectivos suscritos con efectos económicos este 2026 se sitúa en el 2,92%. Esta alcanza a casi 7,4 millones de personas trabajadoras, cuyas condiciones laborales se rigen por estos 2.240 convenios.

En concreto, solo los convenios firmados en lo que va de año (75 en total) recogen una subida media algo superior, del 3,27%, que es prácticamente igual a la inflación de marzo. Esta alcanza a unas 165.500 personas trabajadoras.

Si se baja más al detalle, la subida salarial media de los convenios de grupos de empresa se sitúa en el 2,25%; los de empresa, en el 2,56%, y los de los convenios colectivos sectoriales alcanza el 2,96%.

Por grandes sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3%, mientras que en los servicios el aumento salarial pactado es del 2,98%. Por debajo de la media se sitúan los convenios de la industria, con un 2,71%; y el sector agrario, con un incremento del 2,68%.

El aumento salarial hasta marzo sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con un incremento del 3% para terminar en el 3,5% en diciembre. Aunque mejora ligeramente las del inicio de este año: la de enero se quedó en el 2,87% y el 2,91% de febrero.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan más acuerdos.

El poder adquisitivo, en riesgo por la guerra de Irán

La crisis inflacionista de 2021 y, sobre todo, 2022, supuso un fuerte recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde 2023, los salarios volvieron a subir por encima de los precios, pero la recuperación del poder de compra no se había completado. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Los distintos organismos económicos anuncian un aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en estos meses podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

Con el fin de la guerra aún muy incierto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta semana de que “no se volverá” al escenario previo a que estallara este conflicto, que afecta de manera clave a la energía mundial.

Del total de 2.240 convenios con efectos económicos en marzo de 2026, solo el 12% (676 convenios) cuenta con una cláusula de garantía salarial, que permite que la subida salarial se revise a posteri en función de la subida de los precios para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

En número de trabajadores, estas cláusulas de revisión con el IPC cubren a casi tres millones de empleados del total de 7,4 millones cubiertos por estos convenios colectivos, el 40% del total.

Menos convenios y sin hoja de ruta estatal

En el inicio de 2026 se han suscrito menos convenios colectivos que el año pasado, 145 convenios respecto a 173 del primer trimestre de 2025, en un contexto en el que las mesas de negociación no cuentan con el paraguas del gran acuerdo estatal de negociación colectiva (el denominado AENC), cuyos efectos caducó el año pasado.

No obstante, los convenios colectivos que se han registrado a principios de año, en general, suelen llevar un proceso de negociación avanzado previo, por lo que la falta de hoja de ruta del AENC se nota más de cara a los convenios que se están negociando en estos momentos y las mesas que aún están por abrirse.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentaron sus propuestas de subida salarial antes de que se desatara el conflicto en Oriente Próximo. Reclamaron subidas de sueldo contundentes: de media, un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, pero con mayores ascensos para salarios bajos, con alzas de hasta el 7%.

Los salarios aumentaron un 3,6% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2.531 euros brutos al mes de media, según los datos del último trimestre del año de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que ha publicado este martes el INE. Los costes laborales totales para la empresa aumentaron algo más, un 3,8%, hasta los 3.382 euros al mes por trabajador.

Los salarios ascendieron así algo más de media en 2025 que en 2024 (3,5%) y menos que en 2023 (4%), según esta estadística. Con estos incrementos, el sueldo medio está ganando poder adquisitivo, dado que está avanzado más que la inflación, situada en el 2,9% interanual a cierre de 2025. La patronal y sindicatos pactaron en el último gran acuerdo de negociación colectiva (AENC) un alza del 3% de los salarios para 2025.

No obstante, hay que recordar que esta es la imagen media, tras la que hay muchas remuneraciones diferentes. En el caso de los salarios más bajos, los sindicatos advierten de que el gran aumento de gastos básicos, como los alquileres y la alimentación, erosionan especialmente sus economías.

Si nos fijamos en el salario hora, la media está situada en casi 20 euros brutos, lo que supone un aumento del 3,3% respecto al cierre de 2025.

Por tipo de jornada, el salario medio de las personas que trabajan a tiempo completo alcanzó los 2.929 euros brutos al mes, mientras que quienes trabajan a tiempo parcial –mujeres en el 73% de los casos– ganaron de media 1.133 euros brutos al mes.

1.500 euros en hostelería y 5.000 euros en el sector energético

Por sectores de actividad, los mayores salarios medios son los de quienes trabajan en el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que roza los 5.000 euros al mes brutos (4.943), seguido por “actividades financieras y de seguros”, con 4.583 euros brutos al mes e “información y comunicaciones”, con 3.870 euros brutos al mes.

En el lado contrario, las actividades con salarios más bajos –sin tener en cuenta el empleo del hogar– son la hostelería, con 1.488 euros al mes de media, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1.654 euros) y actividades administrativas y servicios auxiliares (1.704 euros).

La encuesta refleja el mayor aumento de otros costes laborales, como las cotizaciones a la Seguridad Social, con un avance del 4,5% al cierre de 2025, que refleja los cambios introducidos en las últimas reformas de pensiones, como una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (al 0,8% sobre la base de cotización) y una mayor cotización de los salarios más altos.

Las vacantes sin cubrir aumentan a 155.700

La estadística también ofrece información sobre los puestos vacantes sin cubrir por parte de las empresas. A cierre de 2025, las empresas notificaban 155.737 vacantes de empleo, un 5% más que a cierre del año anterior, y una de las mayores cifras de puestos libres de los últimos años, sólo por detrás de los 155.797 del tercer trimestre de 2023.

El 91% de las empresas afirmaban no tener vacantes porque “no necesitan ningún trabajador más”, mientras que un 5,3% indica que es debido al “elevado coste de contratación”.

Los datos reflejan que la mayor parte de las vacantes se encuentran en la “Administración Pública y Defensa, Seguridad Social”, con 55.793 puestos sin cubrir, seguido de las actividades sanitarias y servicios sociales –donde también hay un gran peso de empleo público– (14.595) y en tercer lugar el comercio, con 14.029 vacantes.

La patronal CEOE denuncia que esta estadística oficial no está midiendo bien esta realidad de puestos sin cubrir, que consideran que es mucho mayor y un problema en algunos sectores, como la hostelería y la construcción.

Los sindicatos, por su parte, denuncian que el problema de puestos sin cubrir es por el momento reducido en España y sobre todo lo atribuyen a los bajos salarios o peores condiciones de algunas actividades respecto a otras, en un momento de creación de empleo donde los trabajadores tienen más opciones para elegir, y también debido a las tensiones de los precios de la vivienda en ciertas ubicaciones. Por ejemplo las más turísticas (como Baleares), que impiden a algunos trabajadores aceptar puestos de trabajo por su incapacidad para pagar los alquileres del mercado.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma para que las empresas no puedan absorber la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a través de la merma de ciertos pluses, como pactó con los sindicatos mayoritarios. El departamento de Yolanda Díaz ha colgado este viernes el borrador de real decreto a audiencia pública, que contiene más novedades respecto al SMI y la negociación colectiva de salarios, como adelantó elDiario.es.

Se trata de un primer paso para aprobar la norma, que al ser un real decreto (y no tener rango de ley) solo depende del Consejo de Ministros. Es decir, que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, una circunstancia que ha criticado la patronal de empresarios CEOE, que todo indica que llevará el decreto ante los tribunales.

El Ministerio da de plazo del próximo 2 de marzo al día 20 de ese mes para presentar aportaciones.

La medida de más interés y calado del decreto es la excepción de ciertos complementos salariales que el Ministerio de Trabajo pretende que las empresas no puedan “compensar” o “absorber” ante el aumento del salario mínimo.

Con esta práctica, las empresas amortiguan la subida del SMI cuando el salario de los empleados está al mismo nivel o algo por encima de este mínimo legal.

Un ejemplo práctico: un trabajador que cobra 1.200 euros de salario base más 50 euros por un plus ligado a la productividad. Con el nuevo SMI, de 1.221 euros, su empresa no le subirá el salario, porque en total cobra más que el nuevo mínimo legal.

Qué pluses no podrían absorber la subida del SMI

El Ministerio de Trabajo incluye así en este real decreto varios pluses o complementos salariales que las empresas ya no podrían absorber (o mermar) para amortiguar la subida del SMI.

El decreto establece la exclusión de estos pluses:

a) Los que se devenguen por las condiciones en que se preste la actividad, tales como los que tengan la naturaleza de pluses de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad.

b) Los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora y no a la política salarial general de la empresa, tales como los relativos a su antigüedad, formación o residencia.

c) Los de cantidad o calidad de trabajo que se devenguen en función de resultados o rendimiento, tales como los que tengan la naturaleza de incentivos, primas de productividad o comisiones.

d) Aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables.

Además, el decreto añade que “ para determinar si procede la compensación o absorción no se tendrán en cuenta, en ningún caso, las percepciones extrasalariales”.

La Comisión de expertos será permanente

El real decreto también fija de manera permanente la Comisión asesora de expertos sobre el salario mínimo, que ha instaurado Yolanda Díaz en su mandato como responsable del Ministerio de Trabajo. Si se aprueba el texto, será un mandato a futuro para todas las subidas del salario mínimo.

Así, se establece que “para la fijación del salario mínimo interprofesional, o de su revisión semestral, se recabará informe de la Comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesional”. Esta deberá presentar su informe con una antelación mínima de 15 días antes de la consulta del Gobierno a los agentes sociales.

El decreto también regula su composición, con miembros del Gobierno (Trabajo, Economía y Hacienda), cinco personas expertas nombradas por el Ministerio de Trabajo, dos miembros para los sindicatos mayoritarios a nivel estatal y otros dos para las patronales más representativas de ámbito estatal.

Cuantía del salario mínimo

Hay una novedad también respecto a la cuantía del salario mínimo. La norma incorpora una referencia a la Carta social Europera para su determinación.

“La cuantía del salario mínimo interprofesional se fijará teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de manera que se garantice el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Social Europea, en especial, en lo relativo al derecho a una remuneración equitativa y suficiente”, recoge el proyecto de real decreto.

El Gobierno había prometido que fijaría por ley la meta de un salario mínimo de al menos el 60% del salario medio, el que ha sido su compromiso de legislatura, siguiendo el criterio de interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Carta Social Europea. Sin embargo, la referencia final es más diluida y, además, a través de un real decreto y no en la ley del Estatuto de los Trabajadores.

Información de beneficios empresariales

Además, el decreto también regula la obligación de Hacienda de facilitar datos sobre los beneficios empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos sectoriales, como adelantó este medio.

En concreto, se establece que en la negociación de convenios colectivos de ámbito sectorial, tanto la representación de las empresas como de las personas trabajadoras podrán dirigirse a las autoridades competentes “para solicitar información sobre aspectos tales como las cuentas económicas agregadas, la cifra de negocio, el margen bruto, los gastos de personal y los resultados económicos del ámbito territorial y funcional del convenio”.

Esta obligación de información, sin embargo, queda a expensas un desarrollo de una orden ministerial conjunta de Trabajo y Economía para desarrollar “el derecho de información previsto”, que incluya las “autoridades competentes para remitir la información, su contenido y el procedimiento tanto para la solicitud como para la remisión de la misma”.

La entrada en vigor del decreto se prevé para los 20 días tras la publicación del decreto en el BOE, excepto el derecho de información de los beneficios empresariales, que se pospone a los 20 días de la entrada en vigor de la orden ministerial de Trabajo y Hacienda pendiente.

La cadena de supermercados Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, en un paquete de medidas que incluye el reparto de primas por beneficios, subidas salariales ligadas a la inflación y mejoras en la jornada laboral.

La compañía presidida por Juan Roig ha abonado este miércoles una prima por objetivos de 780 millones de euros entre sus más de 112.000 trabajadores, con cargo a los resultados obtenidos. Según detalla la empresa, los empleados con menos de cuatro años de antigüedad reciben el equivalente a dos mensualidades, mientras que quienes superan ese periodo —alrededor del 70% de la plantilla— perciben tres pagas adicionales.

En términos netos, estos últimos han cobrado unos 7.250 euros, que incluyen aproximadamente 5.400 euros correspondientes al variable más la nómina mensual.

Subida salarial ligada al IPC, más vacaciones y mejoras de jornada

La empresa también ha aplicado una subida salarial para compensar el incremento del coste de la vida, con un ajuste del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, lo que supone un impacto anual de unos 125 millones de euros en costes laborales.

Desde la compañía sostienen que esta medida busca preservar el poder adquisitivo de la plantilla en un contexto de inflación moderada, en línea con su política de vincular parte de la evolución salarial a los precios.

Entre las iniciativas adoptadas figura además la ampliación del periodo de vacaciones, que desde este ejercicio pasa de 30 a 37 días anuales tanto en España como en Portugal. Esta mejora, anunciada en diciembre, tiene un coste estimado de 100 millones de euros al año y pretende, según la empresa, reforzar la conciliación y las condiciones de trabajo.

Apuesta por el modelo laboral

Mercadona enmarca estas decisiones en su llamado Modelo de Calidad Total, con el que defiende que la inversión en la plantilla repercute en mejores resultados operativos. La compañía asegura que el refuerzo de las condiciones laborales ha contribuido a mejorar su productividad y a alcanzar en 2025 niveles récord de rentabilidad y cuota de mercado.

La empresa insiste en que los trabajadores son “el mayor activo” y atribuye parte de su desempeño a la política de reinvertir beneficios en salarios y organización del trabajo.

La nueva etapa en Telefónica no solo ha arrancado con un nuevo plan estratégico y una revolución en cuanto a la política de dividendos, más ajustada a las inversiones y a la generación de valor, también con un fuerte contraste retributivo. Marc Murtra, que asumió la presidencia en enero de 2025, percibió 5,2 millones de euros en su primer ejercicio completo al frente del grupo, lo que supone un 45% menos que los 9,5 millones que cobró su antecesor, José María Álvarez-Pallete, en 2024, el último año completo como presidente ejecutivo.

La diferencia salarial no es menor y sitúa el debate sobre gobernanza y política retributiva en primer plano, en un contexto marcado por los resultados de la compañía –en pérdidas por el impacto del coste de la regulación de empleo y las ventas con minusvalías de varias filiales de Hispanoamérica– la revisión estratégica del grupo y el foco creciente de la multinacional en la eficiencia operativa.

“La política de disciplina financiera de hierro no va a cambiar”, subrayó este marte el presidente de la 'teleco' en la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, en línea con el relato que la operadora quiere trasladar al mercado.

El informe anual de remuneraciones remitido este marte a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla, por otro lado, que Álvarez-Pallete percibió 44,5 millones de euros como consecuencia de su relevo en enero de 2025 de la operadora. El directivo, que fue presidente de la operadora entre abril de 2016 y enero de 2025, percibió 23,5 millones de euros en metálico (equivalente a cuatro anualidades calculadas sobre salario fijo y bonus medio de los dos últimos ejercicios); 13,1 millones como remuneración por sus sistemas de ahorro y 7,8 millones como consecuencia del beneficio bruto de las acciones o de instrumentos financieros consolidados.

Un mes después salió el hasta entonces consejero delegado, Ángel Vilá, quien percibió 33,8 millones de euros, de los cuales 17,7 millones corresponden a indemnización, 9,7 millones al plan de previsión social y el resto a planes de acciones.

Su sucesor, Emilio Gayo, ingresó durante 2025 un total de 4,5 millones de euros, 3,18 de ellos en metálico, mientras que 1,2 millones los percibió en acciones.

Objetivos cumplidos

Telefónica da por cumplidos “todos” sus compromisos financieros en 2025, tras crecer en ingresos (a moneda constante), mejorar la rentabilidad y superar sus objetivos de generación de caja, al tiempo que mantiene los objetivos “ambiciosos” de 2026, según destacó Marc Murtra.

El presidente de la multinacional considera que si la compañía es “rigurosa” en el cumplimiento del plan puesto en marcha, y es extremadamente “disciplinada”, esto se reflejará en el precio de las acciones, en el sentido de que se incrementarán.

Es una de las dudas más frecuentes que se plantean al empezar un nuevo contrato laboral: si se prefiere recibir el sueldo prorrateado en 12 meses o conviene mantener las tradicionales 14 pagas. “La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, sostiene Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash.

Mismo salario, distinto reparto

La principal diferencia radica exclusivamente en la distribución del dinero: cobrar en 12 pagas implica recibir más dinero cada mes, mientras que en 14 supone que la empresa retiene una parte para entregar dos pagas extras, normalmente en verano y en Navidad. “Económicamente, disponer antes del dinero es una ventaja, pero solo para quien sabe qué hacer con él, es decir, quien tiene un presupuesto. Para el resto, esa ventaja teórica puede diluirse, porque en lugar de ahorrar dinero y ponerlo a trabajar, pueden gastar más porque mensualmente reciben más”, asegura Morales.

Respecto a la fiscalidad, es importante aclarar que el número de pagas no afecta al IRPF total. “Hacienda calcula el impuesto sobre el salario bruto anual y la situación personal del trabajador”, confirma la experta. “Lo único que varía es el reparto de la retención”, pero al final del año el resultado es idéntico. “Lo que sí cambia es la sensación de liquidez mes a mes, algo que influye mucho en cómo la gente planifica, o no, su dinero”, señala.

12 pagas: liquidez y rentabilidad

Cobrar de forma prorrateada suele ser la opción preferida para quienes tienen un control estricto de sus finanzas. Para Morales, este sistema beneficia a quien es organizado y ahorrador “porque el dinero se puede poner a trabajar antes en cuentas remuneradas, depósitos o, para perfiles más avanzados, en inversión periódica”. Además, valora que este sistema es especialmente útil para:

14 pagas: un salvavidas psicológico

Para muchas personas, recibir una suma importante de dinero dos veces al año funciona como una herramienta de gestión emocional. “Las 14 pagas funcionan para muchas personas como un ‘ahorro forzoso’. El dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe”, explica Morales. “Para quien tiene dificultades para ser constante, las extras pueden convertirse en una forma casi automática de reservar dinero, siempre que se separen nada más cobrarlas y no se diluyan en gasto impulsivo”, destaca. 

“Si prefieres no tener la tentación de gastar ese dinero mes a mes y contar con un ingreso extra en épocas de mayor consumo, las 14 pagas pueden ser tu mejor aliado”, aclara. Sin embargo, la experta advierte que este sistema pierde su sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o si se utilizan para cubrir recibos básicos, lo que indicaría que el presupuesto mensual está demasiado ajustado. 

“Hablamos de forma general, pero vale la pena hacer siempre una autoevaluación para poder saber qué método nos conviene más”, resume Morales, que insiste en que la decisión final depende totalmente del perfil del trabajador. “Lo que importa es la planificación”, concluye.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han presentado este martes sus propuestas para el gran acuerdo de negociación colectiva (AENC) que debe renovarse este 2026. Entre ellas, destaca la propuesta de subida de salarios, que reclaman que sea del 4% para los próximos tres años, 2026, 2027 y 2028, con una importante novedad: que los salarios más bajos suban más. Plantean aumentos escalonados, que en el mayor de los casos alcanza el 7%.

Sordo y Álvarez han reiterado que los salarios deben dar un tirón al alza, en un contexto en el que España lidera el crecimiento económico en los países ricos y, además, mientras los márgenes empresariales están en máximos.

También con un marcado laboral en máximos de empleo, que ha alcanzado recientemente un nuevo hito: el paro ha bajado por debajo del 10% por primera vez en casi 18 años, según la última EPA conocida este martes. “Hay muchas cosas por hacer”, ha reconocido Pepe Álvarez, pero ha añadido que también hay muchos datos y éxitos “para celebrar”.

En este marco, aunque los salarios han subido en los últimos años, están estancados en cuanto al poder de compra, cuando se tiene en cuenta la inflación.

CCOO y UGT llaman a “repartir la riqueza y el crecimiento económico” por una cuestión de justicia social, pero además Unai Sordo ha situado el aumento de salarios como un elemento clave para seguir propiciando el empuje al alza de la economía a través de la demanda interna, del consumo, en un contexto de gran incertidumbre internacional.

El aumento de salarios “no solo no lastra la creación de empleo, sino que es un motor del crecimiento económico en España”, ha reiterado Sordo.

Subidas del 4% y hasta del 7% para los más bajos

Así, los sindicatos plantean a las patronales que los salarios se incrementen de manera general un 4% cada año en 2026, 2027 y 2028. Además, se plantea consolidar las cláusulas de revisión salarial en caso de desviaciones de los precios, de hasta el 1,5% anual.

Además, proponen que los aumentos sean más pronunciados en los salarios más bajos, con alzas escalonadas, como sigue: un 5% de subida para los salarios un 10% por debajo del salario medio, un 6% para los sueldos un 20% por debajo del salario medio y, por último, un 7% a los salarios un 30% por debajo de esta referencia.

“Los salarios intermedios son los que más han perdido poder adquisitivo en los últimos años y los convenios creemos que deben reflejar esa pérdida. Con subidas específicas para esos salarios”, ha sostenido Pepe Álvarez, el secretario general de UGT.

Unai Sordo ha explicado que esta propuesta gradual que beneficia más a los salarios por debajo de la media salarial “no es una ocurrencia, ni parte de una reflexión en el vacío”, ha advertido el secretario general de CCOO.

“Parte de un diagnóstico de lo que sucede en nuestro país”, que ha indicado que se focaliza en los sueldos entre el salario mínimo (SMI) y la media salarial, que están “absolutamente estancados” y son los que “más están sufriendo el aumento de algunos precios básicos, como la vivienda, o gastos como la formación profesional y la sanidad”, ha advertido el secretario general de CCOO.

“Las mejoras salariales se las están comiendo estos gastos básicos. Y aquí tenemos el principal problema salarial en España. No les está llegando la mejora de la economía”, ha valorado Sordo.

Los datos salariales de los últimos años demuestran que cada vez hay más trabajadores que cobran el SMI, ante los importantes incrementos del suelo salarial y las menores alzas de las remuneraciones algo por encima de este indicador. El Gobierno ha planteado que el salario mínimo suba en 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes.

Por ello, los sindicatos mayoritarios requieren que los mayores esfuerzos salariales se concentren en este conjunto de trabajadores, que han advertido que es muy numeroso. Sordo ha cifrado en “un 64% de las personas asalariadas, unos 11 millones de trabajadores y trabajadoras, que están por debajo del salario medio de España”, ha explicado el líder de CCOO.

Críticos con la ayuda fiscal propuesta vinculada al SMI

Los sindicatos mayoritarios se han mostrado críticos este martes con la propuesta traslada ayer por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales de aplicar una ayuda fiscal a las empresas vinculada a la nueva subida del salario mínimo, con la intención de sumar a las patronales a un acuerdo sobre el SMI de 2026.

Aunque la ayuda fiscal está sin concretar, y en Trabajo la han atribuido a Hacienda, las líneas generales explicadas este lunes por el 'número dos' de Yolanda Díaz consiste en un incentivo fiscal a las empresas “más afectadas” por el salario mínimo, con dos condiciones: que mantengan el empleo y que reduzcan la cantidad de trabajadores que cobran el SMI en los siguientes años.

“No nos gusta la música”, ha resumido Unai Sordo (CCOO), que ha recordado que “el Impuesto de Sociedades ya es un impuesto bastante trinchado, con multitud de exoneraciones y bonificaciones”.

Pepe Álvarez (UGT) ha criticado que Trabajo haya “interrumpido dos veces” la mesa de negociación del salario mínimo “con elementos que a la patronal le pueden hacer gracia” y ha pedido que se resuelva ya la subida. Además, Álvarez ha rechazado valorar la propuesta hasta que el Ministerio la concrete en un texto.

Unos 45.000 funcionarios de la administración general de la Junta de Andalucía y el personal laboral tendrán desde 2026 un nuevo modelo retributivo en el que por primera vez se someterá a evaluación su trabajo y cobrarán por ello un complemento anual de desempeño laboral y otro por carrera profesional ligado a la formación continua.

Este nuevo modelo, que se regirá por los principios de objetividad y transparencia, se recoge en el acuerdo firmado este lunes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los sindicatos CSIF, UGT, SAF, CCOO e ISA y supondrá una inversión de unos 160 millones de euros entre 2026 y 2030.

El acuerdo sellado este lunes en el Palacio de San Telmo afecta a unos 20.000 funcionarios de la Junta y alcanzará en total a unos 45.000 empleados cuando se incluyan al personal laboral, que firmará este acuerdo marco a través de la negociación colectiva.

Moreno, que ha señalado que con esta firma el gobierno andaluz ha retomado la agenda institucional que canceló el pasado domingo tras la tragedia ferroviaria ocurrida la semana pasada en Admuz (Córdoba), ha destacado que reinician la actividad con un acuerdo relevante para terminar de “encarrilar la profunda transformación para modernizar la administración general de la Junta”.

Ha puesto en valor el diálogo y el consenso alcanzado de forma unánime con todos los sindicatos en este acuerdo, que es la “estela” del suscrito el pasado 9 de diciembre por la mejora del empleo público y ha explicado que el sellado este lunes se centra en la carrera profesional y en la evaluación del desempeño profesional.

Ha agradecido a los sindicatos su “altura de miras y su voluntad para hacer posible este avance histórico que afectará a unos 45.000 empleados públicos” y se fundamenta en los principios de igualdad y méritos para el cobro del complemento salarial ligado al desempeño.

Complemento anual

En este sentido, ha explicado que los empleados públicos que reciben una evaluación positiva cobrarán dicho complemento al desempleo profesional de forma anual y se establecerán unas tablas de objetivos y un calendario de implantación hasta el año 2030.

De esta forma, ha destacado Moreno “se reconoce el compromiso y la contribución a la calidad de los servicios públicos con un sistema de promoción más justo, motivador y transparente”.

El presidente andaluz ha recordado que los acuerdos alcanzados en los dos últimos meses en función pública, que supondrán un esfuerzo presupuestario de 250 millones a la Junta, la “mayor inversión en la historia reciente”, y ha resaltado que con esta mejora Andalucía se sitúa en la media retributiva de los empleados públicos españoles.

Moisés García, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha agradecido la relevancia institucional que se le ha dado a la firma de este acuerdo que afecta a unos 20.000 funcionarios y y ha subrayado que “no es solo de cifras sino que reconoce, motiva y valora al personal” y tiene un impacto de forma directo en la calidad de los servicios.

En representación de CSIF Andalucía, Isabel Pacheco, ha resaltado que este acuerdo supone un “avance real en las condiciones laborales y un modelo que reconoce el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios con un sistema más justo, motivador y transparente” y se avanza en garantizar la calidad de los servicios.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, es el regidor con mayor salario de La Rioja en 2024 y es el único que supera el umbral de los 60.000 euros anuales. De hecho, lo supera ampliamente y cobró en 2024 68.530 euros, según los datos publicados del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Se refleja así un aumento frente al año anterior, 2023, cuando la suma de las retribuciones de los dos alcaldes de ese año electural alcanzó los 52.355,92 euros. Sin embargo, después Logroño congeló el sueldo del alcalde para 2025 y previsibilemente para 2026.

La retribución que recibe Escobar está lejos de los sueldos más altos y ocupa la posición 103 en el ránking de alcaldes mejor pagados de España. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, es la que recibe el segundo salario más alto de La Rioja y que coincide también con la segunda mayor localidad riojana por número de habitantes.

elDiario.es ha recopilado los datos de la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a las retribuciones abonadas por cada ayuntamiento a sus alcaldes en 2024. Los gráficos permiten ubicar los salarios en el mapa de La Rioja, compararlos con el número de población y analizar la evolución de las retribuciones de los últimos 10 años y comprobar, por tanto, cuánto han subido después de las elecciones.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

En La Rioja, solo el 14,5% de los regidores de La Rioja tienen dedicación parcial o exclusiva y 118 no cobran por su desempeño, sin contar dietas por asistir a plenos u otros órganos. La población de cada municipio juega un papel importante en el sueldo de los alcaldes o alcaldesas. Esta es la que determina los rangos que puede cobrar cada edil y también la dedicación en la que pueden trabajar, según recoge el Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

No obstante, en esta relación entre población y salarios se dan casos especiales. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arnedo, a pesar de ser la tercera población en número de habitantes, el alcalde no tenía dedicación exclusiva. En este caso, el alcalde era en 2024 Javier García, que entonces compatibilizaba el consistorio con la portavocía del PSOE en el Parlamento de La Rioja.

Tampoco tiene dedicación al consistorio el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, a pesar de que este pueblo de 3.278 habitantes es el décimocuarto con más población de La Rioja. En el lado contrario, el alcalde de Herce, Jesús Ibáñez, cobra 16.527 euros por jornada parcial al frente de este ayuntamiento de 338 habitantes. Este es el municipio más pequeño del que hay datos en el que su alcalde cobra.

Otros ejemplos son el regidor de Arrúbal (565 habitantes), Rubén Sancho, que cobra 36.075 euros; el de Arnedillo (428 habitantes), Pedro Montalvo, que cobra 34.848 euros por jornada parcial y los de Anguciana y Aguilar de Río Alhama (427 y 426 habitantes) con retribuciones brutas por jornadas parciales de alrededor de 22.000 euros al año.

Además de Logroño y Calahorra, también tienen dedicación exclusiva los regidores de Alfaro (46.354,43 euros), Santo Domingo (44.800 euros), Pradejón (41.352,44 euros), Lardero (41.291,53 euros), Villamediana (41.000); Nájera (36.229,26 euros), Nalda (34.270,59 euros) y Navarrete (27.586,30 euros). Buena parte de ellos son las cabeceras de comarca, que se completan con Cervera del Río Alhama y Torrecilla en Cameros, cuyos alcaldes no tienen dedicación y no cobran sueldo.

Con apenas 15.112 habitantes, Cuarte de Huerva ha fijado para su alcaldesa, Elena Lacalle, una retribución de 59.232 euros en 2024. Esta cifra no solo es la más alta de la comunidad tras la capital, sino que sitúa al municipio en un escenario de “sorpasso” salarial frente a ciudades mucho mayores. La regidora de este municipio del area metropolitana de Zaragoza está entre los alcaldes mejor pagados de localidades de tamaño medio en España. En comparación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con más de 680.000 habitantes, percibió 88.929 euros, mientras que los regidores de otras localidades de tamaño similar al de Cuarte, como Fraga o Caspe, cobraron 32.632 y 42.000 euros respectivamente. La cifra de Lacalle se sitúa por encima de la media de municipios con población entre 10.000 y 20.000 habitantes.

El caso de Cuarte es paradigmático cuando se compara con las capitales de Huesca y Teruel. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, percibió en 2024 un total de 51.346 euros, casi 8.000 euros menos que su homóloga en Cuarte, a pesar de gestionar una ciudad de 54.704 habitantes. En el caso de Teruel la diferencia es mayor, ya que Emma Buj no mantiene un régimen de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, al igual que sucede con otros alcaldes de grandes poblaciones como Calatayud o Ejea de los Caballeros, cuyos regidores perciben sus ingresos principales de otras instituciones (como el Senado o la Diputación Provincial). Estos datos se han publicado en la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

La población juega un papel determinante en el sueldo de los alcaldes, ya que los límites salariales se fijan según el número de habitantes y la dedicación de los regidores. Los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes pueden llegar a pagar hasta 117.293 euros anuales, mientras que los municipios pequeños, con menos de 1.000 vecinos, no superan los 35.000 euros en dedicación parcial. Cuarte de Huerva se encuentra en un rango intermedio. En el otro extremo, municipios pequeños de la provincia como Albalate del Arzobispo (1.933 habitantes) o Herrera de los Navarros (504 habitantes) abonan a sus alcaldes entre 10.000 y 11.000 euros al año.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

La publicación del ISPA permite conocer, además, la evolución de los salarios de los alcaldes tras las elecciones de 2023. En algunos casos, la retribución se ha incrementado al pasar de regidores sin dedicación a dedicación exclusiva, como ocurrió en varios municipios costeros, mientras que en otros no ha habido cambios significativos.

Los “top” de Aragón: el eje Zaragoza-Huesca

Más allá de la anomalía de Cuarte de Huerva, las retribuciones más altas de la comunidad se concentran en el eje central de Aragón y en algunos municipios turísticos del Pirineo. En la capital, la alcaldesa Natalia Chueca encabeza la lista con un sueldo de 88.929 euros en 2024, seguida de cerca por Elena Lacalle en Cuarte de Huerva, que percibe 59.232 euros en dedicación exclusiva. En localidades de tamaño medio, Jaca y Sabiñánigo registran cifras cercanas a los 52.000 euros, con Carlos Serrano y Berta Fernández cobrando 52.399 y 51.885 euros respectivamente. Por su parte, Huesca se mantiene en el grupo de los municipios que superan los 50.000 euros, con Lorena Orduna percibiendo 51.346 euros anuales.

La lista se completa con otros municipios que también destacan por salarios superiores a la media nacional para su población, como La Almunia de Doña Godina (49.572 euros) o Fuentes de Ebro (47.636 euros), reflejando un patrón en el que la proximidad a núcleos urbanos importantes y la gestión de centros con actividad económica o turística condiciona el nivel de retribución de sus regidores.

En un escalón inmediatamente inferior, pero aún con cifras significativas, se encuentran municipios como Biescas, donde su alcaldesa percibe 43.412 euros anuales, o Quinto y Caspe, que superan la barrera de los 42.000 euros. Zuera (40.986 €) y Ricla (40.573 €) también mantienen a sus regidores por encima de los 40.000 euros, superando a otros núcleos poblacionales más grandes.

La realidad de la España vaciada: el 0€ como norma

Frente a los sueldos de las grandes poblaciones, los datos del ISPA revelan la otra cara de la moneda en Aragón. De los casi 400 municipios analizados en la región, 192 alcaldes declararon percibir 0 euros de sueldo. En estos casos, la gestión municipal se realiza de forma altruista o percibiendo únicamente dietas por asistencia a plenos, que en muchas localidades apenas suman unos cientos de euros al año.

Municipios como Ejea de los Caballeros, Borja, Cariñena o Pedrola figuran con 0 euros en la estadística oficial, muchos de sus alcaldes tienen dedicación en otras administraciones o mantienen sus empleos privados, renunciando al salario público municipal.

A pesar de la obligatoriedad de informar al Ministerio, el informe de 2025 destaca que 55 municipios aragoneses no aportaron datos sobre sus retribuciones de 2024. Entre ellos aparecen localidades de peso como La Puebla de Alfindén, Valderrobres o Illueca. Esta falta de transparencia impide conocer el gasto real en cargos electos de una parte significativa del territorio.

Ya se ha hecho pública la última Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a finales de 2025 con datos relativos a las retribuciones abonadas por cada ayuntamiento a sus alcaldes en 2024.

Según estos datos, en Castilla-La Mancha, el alcalde de capital de provincia que más cobró en ese ejercicio fue el de Cuenca, Darío Dolz (PSOE). Con dedicación exclusiva, percibió 83.530 euros anuales. Le siguen la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), con 77.987 euros; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), con 72.196 euros; y el de Albacete, Manuel Serrano (PP), con 69.005 euros.

El regidor municipal que menos cobró de las cinco capitales es el de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), que percibió 58.875 euros anuales. Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio (PP), la segunda ciudad más poblada de la región, cobró 71.355 euros.

En el siguiente mapa puedes ver qué ayuntamientos pagaron más a sus alcaldes Castilla-La Mancha en 2024 y cuál es la diferencia salarial entre los regidores españoles.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

La población de cada municipio juega un papel importante en el sueldo de los alcaldes o alcaldesas. Esta es la que determina los rangos que puede cobrar cada edil y también la dedicación en la que pueden trabajar, según recoge el Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.

Cada año, el límite del sueldo lo fija el Ministerio de Hacienda a través de los Presupuestos Generales del Estado. Quienes más población tienen (más de 500.000 habitantes) pueden cobrar como máximo 117.293,32 euros, según las cifras para 2024. Una cuantía que disminuye a medida que se reduce el número de empadronados en el municipio. Eso sí, los que regentan una localidad pequeña, de menos de 1.000 habitantes, solo pueden trabajar de forma parcial y no pueden cobrar más de 35.000 euros en el mejor de los casos.

Sin embargo, no siempre se cumple esta correlación: estos límites no afectan a los municipios vascos. En esta región es el Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal de EUDEL —la asociación de municipios de Euskadi— el que permite pagar a localidades con menos de 20.000 habitantes sueldos equivalentes a los de una Dirección del Gobierno Vasco, haciendo así que municipios como Mungía, Amorebieta-Etxano o Gernika-Lumo tengan retribuciones de más de 80.000 euros brutos anuales.

En el siguiente gráfico puedes observar cómo se distribuyen los municipios en función del salario (más salario →), el tamaño del municipio (más población ↑) y si tienen dedicación exclusiva, decicación parcial o no tienen dedicación pero pueden ingresar emolumentos por asistir a los plenos, entre otros conceptos. Unas cuantías que los alcaldes también pueden cobrar y cuyos consistorios deben declarar.

Finalmente, en el siguiente buscador puedes comprobar cuánto cobra tu actual alcalde o alcaldesa en esta comunidad autónoma y conocer (+) cómo ha evolucionado el sueldo de los alcaldes desde el año 2013, momento en el que comenzó a recopilarse esta estadística. Los datos muestran la información remitida por los propios ayuntamientos. Por tanto, pueden existir errores puntuales o años en los que no exista cifra de las retribuciones ya que el consistorio no remitió la información al sistema estadístico. Las subidas o cambios de sueldo de 2025 (y los posibles cambios de regidores) se verán reflejadas en la estadística de 2026.

En toda España, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona fueron los tres regidores mejor pagados de España en 2024, cobrando más de 100.000 euros anuales cada uno. José Luis Martínez-Almeida encabeza la lista, con 110.600 euros, seguido de Juan Maria Aburto con 105.000 y Jaume Collboni con 104.000.

Le siguen los alcaldes de Donostia, Vitoria, Sevilla, Málaga y Marbella, que ya superan la barrera de los 95.000 euros; y los de Burgos, Valencia, Getxo, Tenerife y Almería, que están por encima de los 90.000.

A unos días para entrar en 2026, se aglutinan las dudas sobre los cambios que llegan con el nuevo año. De la subida de las pensiones o del ingreso mínimo vital a cómo queda la edad de jubilación. El paso de año también supondrá un ligero incremento de lo que aportan los salarios para sostener el sistema público de pensiones a través del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional). En la mayoría de casos supondrá unos céntimos más al mes respecto a lo que se pagaba en 2025, hasta un total de dos a ocho euros mensuales según el sueldo, aproximadamente. Las remuneraciones más elevadas lo notarán algo más, por el progresivo avance de la cuota de “solidaridad” que comenzaron a abonar este año.

En las últimas reformas de pensiones, los ingresos del sistema público se reforzaron a través de varias vías. Por un lado, la de los impuestos, garantizando transferencias del Estado a la Seguridad Social para ciertos gastos que antes se pagaban con cotizaciones (como las prestaciones por nacimiento de hijo, entre otras). Por otro lado, mediante el aumento de las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores para financiar las pensiones, sobre todo a través de los salarios más altos.

Así, se aprobó una nueva aportación que alcanza a todos los trabajadores, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que va destinado directamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la también llamada 'hucha de las pensiones'. Se trata de una aportación pequeña, que va aumentando poco a poco hasta el objetivo del 1,2% en 2030.

Por otro lado, se pactó incrementar progresivamente lo que cotizan los salarios más altos, aumentando la base máxima de cotización. En 2026, esta base máxima alcanzará los 5.101 euros al mes. Además, se creó una cuota de “solidaridad” para las remuneraciones más elevadas (por encima de la base máxima), que hasta ahora no cotizaban nada, y que también se va incrementando poco a poco.

Todas estas medidas se incluyeron en las últimas reformas de pensiones con el objetivo de reforzar el sistema de cara a la jubilación de la numerosa generación del baby boom, que va a suponer durante varias décadas un reto, por disparar el número de pensionista por cada trabajador en activo. La AIReF estima que tasa de dependencia –definida como la proporción de la población menor de 16 años y mayor de 66 sobre la población en edad de trabajar– pasará del 47,8% en 2024 al 69,8% en 2050.

El MEI en 2026: de dos a ocho euros al mes

Este año, el MEI avanza una décima: del 0,8% de 2025 al 0,9% de 2026. No obstante, la mayor parte del porcentaje lo abona el empleador (0,75%) y un 0,15% sale del sueldo de las personas asalariadas. Los trabajadores autónomos pagan todo el porcentaje, aplicado a su base de cotización.

¿Cuánto supone el MEI en euros en la nómina de 2026? ¿Y cuánto aumenta esa cuantía respecto a 2025? La respuesta depende del salario.

Para el salario mínimo (aún vigente el de 2025), este año el MEI ha supuesto restar unos 1,8 euros al mes en la nómina del trabajador, que resulta de aplicar un 0,13% a su base de cotización. En 2026, de momento con el mismo salario mínimo, a la espera de su subida tras las navidades, el MEI alcanzaría los 2,1 euros al mes, aplicando el nuevo 0,15% a esta misma base. Es decir, en 2026 estas remuneraciones pagarían 30 céntimos más al mes de lo que lo han hecho en 2025.

En caso de que el salario mínimo aumentara un 3,1%, la banda baja que plantean los expertos del Ministerio de Trabajo, la aportación del MEI seguiría situada también en los 2,1 euros al mes.

Para los sueldos más altos, a partir de la base máxima (4.909,5 euros al mes), el MEI ha supuesto en 2025 unos 6,4 euros al mes menos en su nómina. En 2026, dado que la base máxima sube a unos 5.100 euros al mes, el MEI supondrá unos 7,7 euros al mes, es decir, casi ocho euros mensuales. En este caso, un aumento de algo más de un euro respecto a lo que pagaban estos empleados en 2025.

En total, con la parte que paga la empresa y los empleados (o los autónomos), el Gobierno ha estimado que la recaudación del MEI de todos los trabajadores supondrá unos 5.300 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social.

La cuota de “solidaridad” para los que ganan más de 5.100 euros al mes

Además, los salarios más altos empezaron a pagar en 2025 una cuota de “solidaridad” en la parte de sus ganancias que supera la base máxima de cotización. En 2026, se aplicará esta cuota a la parte de las remuneraciones por encima de los 5.101 euros al mes. De momento, esta aportación no se le aplica a los trabajadores autónomos con altas ganancias.

Hay tres tramos de cuota de solidaridad, que van avanzando poco a poco hasta el 5,5%, 6% y 7%. Estas metas está previsto que se alcancen en 2045.

En 2026, las cuotas de solidaridad serán las siguientes:

Es decir, que un empleado con un salario de 5.500 euros al mes vería en su nómina una cuota de solidaridad de 0,8 euros al mes en 2026 (teniendo en cuenta la parte que se carga al trabajador).

Es decir, que un empleado con un salario de 6.000 euros al mes vería en su nómina mensual una cuota de solidaridad de 1,8 euros: casi un euro por el primer tramo y 0,8 euros por el segundo tramo.

Es decir, que un empleado con un salario de 8.000 euros al mes vería en su nómina mensual una cuota de solidaridad de unos seis euros al mes: casi un euro por el primer tramo, 4,2 euros por el segundo y otros 0,8 euros por el tercero.

Dado que los trabajadores con estas altas remuneraciones son una minoría en el mercado laboral, la suma total que prevé recaudar el Gobierno con la cuota de solidaridad es muy inferior a la del MEI. En 2026, el Ejecutivo estima que alcanzará los 567 millones de euros.

El aguinaldo navideño no nació envuelto en celofán ni con una botella de brandy industrial presidiendo la caja. Tampoco tenía un catálogo previo ni una fecha fija de entrega. Fue, durante siglos, un intercambio mucho más directo, casi crudo: comida a cambio de servicios, regalos comestibles para saldar deudas morales y sociales antes de que acabara el año.

En la Navidad en España, especialmente a partir del siglo XVIII, la comida se convirtió en moneda simbólica. Pavos, capones, chorizos, vinos o mazapanes no solo llenaban mesas, también reforzaban vínculos. Y ahí es donde el aguinaldo empieza a tomar forma.

El origen del aguinaldo: cuando la comida era el regalo

El origen del aguinaldo está estrechamente ligado a la vida cotidiana y a los oficios. Durante las semanas previas a Navidad, barrenderos, serenos, panaderas o costureras enviaban tarjetas sencillas —mucho más prácticas que sentimentales— para felicitar las Pascuas y, de paso, recordar que tocaba el aguinaldo. Podía ser dinero, pero lo habitual era que fuera en especie.

En una época en la que el pavo ya se había consolidado como plato central del 25 de diciembre, estas aves se convertían en un regalo habitual. Se compraban vivas en ferias y mercados —como San Tomás en el País Vasco o la Fira de Capons de Valls— y no era raro verlas atadas junto al fregadero de casa, picoteando ajenas a su destino final.

El regalo gastronómico funcionaba como un lenguaje común. Así lo describe Ramón de Mesonero Romanos al relatar la Navidad madrileña de 1832: barriles de vino, pavos, capones o mazapanes de Toledo circulaban entre la burguesía como forma de agradecimiento. No hacían falta cartas elaboradas. El mensaje lo daba el producto.

Del aguinaldo a la cesta de Navidad

Con el tiempo, el aguinaldo navideño se institucionalizó. Los empresarios lo entregaban a los empleados, los señores a los criados y los tenderos a los clientes fieles. A principios del siglo XX, en ciudades como Bilbao, los ultramarinos regalaban auténticos lotes: turrones, jaleas de fruta, anís, ron, melocotón en almíbar. Si el cliente era especialmente bueno, el contenido crecía.

Ahí está el germen de la cesta de Navidad moderna. La transición fue casi natural. De regalar productos sueltos a agruparlos en un lote había solo un paso. Y muchos de los elementos siguen siendo sorprendentemente reconocibles hoy: conservas dulces, fruta en almíbar, alcohol y algún dulce navideño.

La cesta no nace como gesto corporativo frío, sino como prolongación de una costumbre social muy arraigada, ligada al agradecimiento y al cierre simbólico del año.

Tradiciones navideñas y desigualdad en la mesa

No todos vivían la Navidad igual. Mientras el pueblo intercambiaba aguinaldo navideño en forma de comida básica o dulces sencillos, las élites celebraban banquetes de otro nivel. El cocinero real Francisco Martínez Montiño describía en 1611 menús navideños de más de treinta platos para la corte, con pavos, capones, perdices, lechones, empanadas y dulces sin fin.

Para la mayoría, el postre se reducía al llamado “cascajo”: frutos secos, uvas, pasas u orejones. Aun así, el gesto del aguinaldo permitía, al menos por unos días, enriquecer la despensa y compartir mesa con algo especial. Esa función social explica por qué la tradición se mantuvo durante siglos.

Una costumbre que sigue viva, aunque haya cambiado

Hoy el aguinaldo navideño ha perdido su dimensión personal, pero no su significado. La cesta de Navidad sigue cumpliendo la misma función simbólica: cerrar el año, agradecer el trabajo y reforzar la idea de comunidad, aunque ahora llegue en una caja estándar y no de manos del tendero de confianza.

Entender el origen del aguinaldo ayuda a mirar con otros ojos esas cestas que aparecen cada diciembre. Detrás de la lata de melocotón, el turrón y la botella de licor hay siglos de tradiciones navideñas hechas de comida, favores y relaciones humanas.

Porque, al final, la Navidad en España siempre se ha explicado mejor desde la mesa. Y el aguinaldo, antes que un regalo, fue una forma muy concreta de decir gracias.

La junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) presidida por su nuevo presidente, Vicente Lafuente, se reunió este jueves con diversos temas a tratar sobre la mesa, entre ellos, designaciones en órganos de participación institucional o el avance de cuentas del cierre de año, según informaron fuentes de la entidad a preguntas de elDiario.es.

Otro de los puntos aprobados tuvo que ver con la activación de una compensación económica para Lafuente de 65.000 euros brutos anuales, una asignación que desde la CEV han explicado que se aprobó en virtud de una modificación de los estatutos impulsada en el mandato del anterior presidente, Salvador Navarro, quien sin embargo renunció a su cobro.

Lafuente, elegido por aclamación presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) el pasado 6 de noviembre, ya advirtió de su idea de activar de esta retribución, cada vez más usual entre los dirigentes empresariales para compensar su dedicación como representantes de las patronales. Mientras fue responsable la del metal Femeval, percibió cada año una retribución de 50.000 euros. Otro ejemplo es el actual máximo dirigente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien en 2024 percibió 391.000 euros.

Precisamente, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Lorca, recibió este jueves a los máximos representantes de la Junta Directiva de la Patronal CEV y destacó el compromiso de la Generalitat por “mantener un contacto permanente y fluido con esta organización empresarial, al igual que con todos los agentes sociales y empresariales que buscan el beneficio y el bienestar de toda la sociedad valenciana”.

Al encuentro, el primero con esta entidad como Jefe del Consell, asistieron, entre otros directivos, el presidente autonómico de CEV, Vicente Lafuente, la presidenta de CEV-Valencia, Eva Blasco, el presidente de CEV-Alicante, César Quintanilla Rosell, y el presidente de CEV-Castelllón, Luís Martí Bordera.

Lafuente pidió a Pérez Llorca que baje la crispación política y le sugirió un pacto con el PSPV para la reconstrucción tras la DANA, además de ofrecerse para mediar y que ese pacto se pueda llevar a cabo: “Ayudamos en lo que haga falta. Todo el mundo dice que hay demasiada crispación política y que no se puede hacer nada. Yo creo que sí y desde la CEV tenemos ese camino. Hemos planteado de una manera muy clara la necesidad de reducir la polarización política”.

A lo que añadió: “En este punto sería importante conseguir que, por primera vez en mucho tiempo, en este país hubiera acuerdos entre los dos partidos mayoritarios en temas que afectan directamente a la sociedad. La dana, precisamente, es uno de ellos, un claro ejemplo de temas en los que pueden llegar acuerdos y en los que les vamos a ayudar a ello”.

También propuso un refuerzo del “diálogo social” que conlleve “unos presupuestos participativos en los que podamos participar tanto organizaciones empresariales como sindicales”.

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes, ha acordado plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF.

Según han defendido los empresarios a través de un comunicado, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza y reducir la brecha salarial de género.

“Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores”, han señalado desde la patronal.

Frente a esta propuesta de los empresarios, hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT plantearon un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, cobra un salario bruto anual de 72.978,98 euros; una cantidad que traducida a la nómina mensual representa un total de 5.212,78 euros. Estos datos, oficiales al mes de octubre de este año, le sitúa en la pirámide de sueldos de los presidentes y presidentas de las comunidades autonómicas en el penúltimo puesto de los que menos cobran.

El año que viene, su sueldo experimentará un incremento, al figurar en la relación de los responsables de los gobiernos regionales que se subirán el salario.

¿Cuánto cobra un presidente?

Adrián Barbón se remite al portal de transparencia, donde figuran los sueldos que perciben en cada comunidad autonómica para comparar, en cifras, quién son los que más ganan y quiénes los que menos. Y él está entre estos últimos.

El presidente del Gobierno asturiano ha difundido estos datos en su perfil de la red social X a través de un post donde dice responder a aquellas personas que le preguntan por el sueldo que percibe en función de su cargo y en relación con el resto de sus homólogos. Una relación que reproducimos a continuación.

La pirámide

En esta relación se puede constatar que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular (PP), es quien menos cobra de todos los presidentes, al percibir un salario bruto anual de 71.484,75 euros.

Por el contrario, el presidente de Catalunya Salvador Illa es el mejor pagado de todos, al llevarse a casa un salario bruto anual de 140.256,96 euros. A distancia le sigue en segundo lugar el del País Vasco, Imanol Pradales, con 116.671,24 euros.

De Ayuso a Imbroda

En el listón de los cien mil euros también se sitúa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que percibe anualmente un sueldo de 103.090,32 euros brutos.

Entre los 90.000 y los 97.348,09 euros se encuentran los presidentes de Extremadura (María Guardiola), Aragón (Jorge Azcón), Galicia (Alfonso Rueda), Comunidad Valenciana (Juan Francisco Pérez Llorca) y Melilla (Juan José Imbroda).

Los que menos cobran

Los presidentes de La Rioja (Gonzalo Capellán), Navarra (María Chivite), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Andalucía (Juanma Moreno) y Ceuta (Jesús Juan Vivas) están en la franja comprendida entre los 82.756,45 y los 89.294,11 euros anuales brutos.

Por debajo y ya cerrando la lista se encuentran aquellos presidentes que no llegan a los 80.000 euros y entre los que está Adrián Barbón. Son los presidentes que cobran entre los 71.484,75 y los 79.499,44 euros. Se trata de Cantabria (María José Sáenz de Buruaga), Asturias (Adrián Barbón), Canarias (Fernando Clavijo), Baleares (Marga Prohens), Región de Murcia (Fernando López Miras) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco).

Despidió de manera improcedente a una trabajadora de limpieza y ahora no podrá percibir ningún sueldo. Es la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Ciudad Real que ha embargado el sueldo a Patricia Saldaña, vicepresidenta quinta de la Diputación provincial, de Vox, que gobierna junto al PP en esta institución.

La sentencia, adelantada por la Tribuna de Ciudad Real, es del pasado mes de enero pero es ahora cuando se decreta el embargo de cualquier tipo de prestación económica que perciba o pueda percibir Saldaña de la Diputación. En el decreto de ejecuión, se falla como despido improcedente el cese laboral de una trabajadora en un negocio que regentaba la también concejala de Vox en la localidad de Poblete.

Según esta información, el juzgado motivó el despido como improcedente por los retrasos en las nóminas y condenaba a la ahora diputada a abonar el coste del mismo.

En el decreto de ejecución, emitido el pasado viernes, se indica a la Diputación que las cantidades reclamadas son de 28.959,12 euros, correspondientes a la indemnización por despido, al considerar que hubo un “incumplimiento grave” de las obligaciones de la empleadora, como es el retraso en el pago de los salarios de su trabajadora. A esa cuantía se suman 4.343,86 euros procedentes de los intereses y costas provisionales. 

Retrasos en el pago de nóminas

Los hechos se remontan a cuando la concejala y vicepresidenta provincial regentaba un negocio de limpieza Ciudad Real capital. Una de sus trabajadoras denunció retrasos en el pago de varias de las nóminas ante los juzgados, señalando que desde la nómina de diciembre de 2023 y hasta la de junio de 2024 hubo retrasos de varias semanas en el abono del sueldo y que se vio incrementado en agosto, cuando el pago se abonó en octubre. Esto hizo que la empleada solicitara el cese del contrato laboral que mantenía con la empresa de Saldaña.

Se da la circunstancia de que la vicepresidenta de la Diputación no compareció al juicio, motivo por el que el tribunal considera probado el razonamiento de la trabajadora y de los retrasos. Contra este decreto cabe recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días desde su notificación.

Patricia Saldaña tan solo lleva poco más de dos meses en el cargo y tomó posesión como nueva diputada provincial en la Diputación de Ciudad Real en sustitución de Luis Alberto Marín, quien presentó recientemente su renuncia al acta por “motivos personales”.

El presidente de la Diputación, “sorprendido”

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, del PP, se ha mostrado “sorprendido” tras conocerse esta información y ha dicho que desconoce si los servicios de personal de la Diputación tenían ya constancia de la directriz judicial para ordenar algún embargo sobre los emolumentos de la diputada.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una situación anterior al desempeño de Saldaña como diputada provincial y vinculada a su actividad privada antes de acceder al cargo.

También ha señalado que si existe alguna instrucción judicial que obligue a aplicar medidas sobre la nómina de la vicepresidenta, la institución actuará conforme a la ley, como hace con otros casos que llegan al departamento de Recursos Humanos y afectan a trabajadores que puedan verse envueltos en situaciones similares.

Alrededor de 200 personas se han manifestado desde la Puerta de Bisagra en Toledo hasta la sede de FEDETO, ubicada en el Paseo de Recaredo de la capital toledana para pedir un incremento en el salario de los trabajadores y trabajadoras.

El secretario general de CCOO en Toledo, Federico Pérez, señala que Castilla-La Mancha es “la tercera comunidad con los salarios más bajos de toda España. En Toledo, sin ir más lejos, en los últimos cinco años, los trabajadores y trabajadoras han tenido una pérdida de poder adquisitivo de nueve puntos”. Asegura que “la productividad de las empresas ha aumentado más de un 51%, mientras que los salarios solo han subido un 20%”. Pérez considera “absolutamente inasumible” que en el momento en el que nos encontramos “donde las empresas están facturando más que nunca, se excusen en ideas tan banales como el absentismo para plantear incrementos insuficientes”.

Federico Pérez ha explicado que para el año 2026, desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha van a plantear una mesa de negociación “con incrementos salariales superiores a la media nacional, para intentar recuperar el poder adquisitivo perdido”. Apunta que en la región “trabajamos una media de 21 horas más al año que el resto que la media de trabajadores de España, es decir, tres días más al año que el resto y cobrando menos”.

“Desde CCOO éste será un primer paso para visualizar la problemática en los convenios pendientes para el año que viene. Algunos como hostelería y comercio general, que dan trabajo a mas de 25.000 personas, serán la punta de lanza para conseguir incrementos que repercutan en el resto de convenios sectoriales” ha aseverado el dirigente sindical.

“Estamos hartos de escuchar a la patronal que no encuentra mano de obra en algunos sectores” ha lamentado. “Hay trabajadores de sobra. El problema es que la gente está harta de los salarios de miseria que se pagan en esta comunidad”. El motivo, dice, es que esas personas trabajadoras prefieren irse a otros sectores o a otras comunidades limítrofes donde se cobra hasta un 25% más que en Toledo.

Los datos de la negociación colectiva en la provincia de Toledo

Desde CCOO informan que los salarios en la provincia de Toledo “han subido desde el año 2020 un 11,5%, mientras que el IPC acumulado es del 20,1% (el más alto de la región), lo que supone una pérdida de un 8,7% de poder adquisitivo, la mayor de toda la comunidad autónoma”.

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos de ámbito sectorial en la provincia de Toledo en lo que llevamos de año “es del 2,91%, por debajo de la media de la región (2,97%), y por debajo de la media del país (3,53%)”.

“El salario medio bruto anual en la región es de 24.886 euros, 3.164 euros menos que la media nacional. El salario mediano, es decir, el más común y que afecta a 289.000 personas es de 21.071 euros. Existe una diferencia salarial con comunidades limítrofes como Madrid de más de 7.300 euros/año”, explican desde CCOO.

En la provincia de Toledo la negociación colectiva está regulada en 17 convenios colectivos que afectan a 122.768 personas trabajadoras. En estos momentos todos los convenios colectivos sectoriales de la provincia están acordados y en plena vigencia; y de cara al próximo año hay que negociar 9 convenios que afectan a 43.900 personas trabajadoras: campo, vinícolas, aceites, panaderías, madera, comercio, hostelería, transporte de viajeros y aguas.

CCOO Toledo tomará como referencia los convenios que afectan a un mayor número de personas trabajadoras, en este caso comercio en general (14.700) y hostelería (10.700) para que estos ejerzan su poder de arrastre para subir al alza las condiciones laborales y salarios en el resto de convenios.

Paros parciales en la planta de Schreiber Foods Talavera de la Reina

A finales del mes de noviembre, UGT anunciaba paros parciales durante el mes de diciembre en la planta de Schreiber Foods de Talavera de la Reina -la plantilla de esta empresa en Noblejas ya se encontraba en huelga-.

Pérez ha señalado que por el momento “la empresa está intentando negociar”, pero el próximo miércoles 3 de diciembre está convocado el paro parcial. “Los compañeros de Noblejas llevan ya dos semanas de paros parciales, de hecho están aquí presentes en la manifestación para visibilizar su problemática, y hablamos del caso de Talavera, una planta que ha dado 35 millones de euros de beneficio en el último año y que a día de hoy no plantea unos incrementos salariales ni una mejora del convenio equiparable a los beneficios que ha tenido”.

FEDETO denuncia malas formas de CCOO y exige disculpas

Estas movilizaciones han sido respondidas por la Federación de Empresarios de la provincia de Toledo (Fedeto). Su secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha asegurado que no entiende este tipo de manifestaciones “en un momento en el que las mesas de negociaciones se han cerrado sin mayor problema” y las partes se encuentran esperando a las mesas de 2026. “Parece algo más preventivo que real”, ha asegurado Madruga, que ha añadido que los empresarios están dispuestos a “hablar de salarios”, pero también quieren hablar de productividad y de absentismo fraudulento, cuestiones que, asegura, los sindicatos “no quieren” tratar.

El portavoz de los empresarios también ha criticado lo que a su juicio son “malas formas” por parte de CCOO en las mesas de negociaciones. Una se produjo el pasado viernes, donde, según Madruga, se insultó en dos ocasiones a la directora del departamento jurídico de Fedeto en una reunión que se inició “tirando los papeles sobre la mesa” y continuó con voces “que se oían fuera”. Un incidente que se sumaría a otro registrado en Ciudad Real en el marco de la negociación del metal.

Madruga ha señalado que “a lo mejor la negociación colectiva no empieza” hasta no recibir una disculpa “inmediata” por estos acontecimientos y la promesa de que esto no se va a volver a producir.

Bajo el lema 'Trabajamos más, pero ganamos menos', CCOO Albacete ha celebrado este sábado una concentración que ha reunido a más de 400 personas procedentes de toda la provincia, y en la que han intervenido el secretario regional del sindicato, Javier Ortega, el secretario provincial de CCOO, Paco Gómez, y la responsable de la Federación de Servicios en Albacete, Carmen Olivas.

Ortega ha puntualizado que “estas movilizaciones no son, como dice la patronal, manifestaciones preventivas. Estas movilizaciones forman parte y son el inicio de la negociación colectiva de 2026. Porque la negociación no es sentarse a negociar con la patronal y firmar un convenio”.

“La negociación es escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, acudir a sus centros de trabajo y recoger sus opiniones y propuestas y defenderlas en las plataformas, en movilizaciones y en conflictos si es necesario. Desde CCOO queremos que sean las personas trabajadoras quienes lideren los procesos de negociación”, ha señalado.

Ortega ha vuelto a pedir a la patronal que afronte la negociación en Castilla-La Mancha “con seriedad y deje de contar cuentos” diciendo que la culpa de la falta de productividad de las empresas es del absentismo. “El absentismo es la ausencia injustificada en el trabajo, pero ni las vacaciones, ni estar enfermo, ni tener que cuidar a un hijo o a una persona mayor es absentismo”.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que “tras una decena de asambleas hechas por toda la provincia, pretendemos que esta movilización sea el lanzamiento de la negociación colectiva para el año 2026.

Los precios han subido muy por encima de lo que han crecido los salarios y la situación para muchas personas trabajadoras es inasumible

Paco Gómez — Secretario general de CCOO Albacete

Una negociación que parte de un escenario de pérdida de poder adquisitivo en los últimos cinco años, “debido a que los precios han subido muy por encima de lo que han crecido los salarios y la situación para muchas personas trabajadoras es inasumible”. “De ahí que sea tan importante organizar, movilizar y motivar a las personas trabajadoras para que luchen y defiendan sus derechos en la negociación colectiva”.

Paco Gómez ha lamentado que mientras crece la productividad de las empresas y los márgenes empresariales baten récords, todavía tenemos salarios en las escalas más bajas que rondan los 1.200 euro. “A esto hay que sumarle que en Castilla-La Mancha tenemos las jornadas más altas por eso venimos a decir a las personas trabajadoras que hay que reivindicar subidas de salarios mayores que la media y que la lucha por nuestros derechos es también la lucha por nuestra dignidad”.

En Albacete hay cinco convenios sectoriales por negociar en 2026: Metal, Cuchillería, Vinícolas, Pastelerías y Hostelería, que afectan a un total de 16.500 personas trabajadoras. A esto hay que sumar los tres convenios que están bloqueados, uno de ellos el del Campo que afecta a más de 14.00 personas.

De los 68.530 euros que cobró el año pasado el alcalde de la capital de La Rioja, Conrado Escobar, a los cero que cobran los 118 alcaldes y alcaldesas de La Rioja, sin contar dietas por asistir a plenos u otros órganos. Así es la horquilla de los sueldos de 2024 alcaldes que ha publicado el Ministerio de Hacienda. Solo el 14,5% de los regidores de La Rioja tienen dedicación parcial o exclusiva.

Logroño agrupa la mitad de la población de La Rioja y su alcalde tiene el sueldo más alto, 68.530 euros en 2024, concretamente. No obstante, Logroño es una de las comunidades autónomas cuyo alcalde tiene el salario más bajo, solo por encima de Santiago de Compostela, también con dedicación exclusiva, que es de 26.189,72 euros. También recibieron menos sueldo en 2024 los alcaldes de Oviedo, con 30.000 euros, y de Valladolid, con 14.076 euros, aunque ambos sin dedicación exclusiva.

Otros once alcaldes riojanos tienen recibben dedicación exclusiva, entre los 50.330,86 que cobra la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, y los 27.586,30 euros del sueldo del alcalde de Navarrete, José María Pastor. El resto de dedicaciones exclusivas corresponden a los regidores de Alfaro (46.354,43 euros), Santo Domingo (44.800 euros), Pradejón (41.352,44 euros), Lardero (41.291,53 euros), Villamediana (41.000); Nájera (36.229,26 euros) y Nalda (34.270,59 euros). Todos ellos cabeceras de comerca, salvo Pradejón, que tiene 3.754 habitantes y Nalda, que tiene 1.307. Cervera del Río Alhama y Torrecilla en Cameros son las únicas cabeceras de comarca cuyos alcaldes no tienen dedicación y no cobran sueldo.

Otros trece alcaldes tienen dedicación parcial, en este caso con mayor variación. El que más es el alcalde de Arrúbal, un municipio de 565 habitantes, que cobra 36.076 euros, lo que supone un sueldo superior al de algunos regidores con dedicación parcial. El sueldo más bajo con dedicación parcial es el del alcalde de Santa Eulalia Bajera, José Miguel Cervel (111 habitantes) , que cobra 7.517,5 euros. También cobran por dedicación parcial los alcaldes de Arnedillo (34.847,96 euros), Nalda (34.270,59), Cenicero (29.357,04), Caperos (23.124,26), Anguciana (21.999,96), Auseo (18.000), Herce (16.527,14), Quel (16.302,54), Nieva de Cameros (14.000), Castroviejo (12.000) y Bergada (9.599,98).

Estos sueldos son solo una parte de La Rioja, ya que los alcaldes y alcaldesas de los 118 municipios restantes, el 85,5%.