Uno para todos y todos para uno, salvo en los nuevos barrios a las afueras. El Madrid incipiente lleva años en expansión, con más ímpetu si cabe desde que el pasado 2025 se rebasara una cifra histórica, los 3,5 millones de habitantes. Un dato que aterriza el crecimiento poblacional en la capital y al que acompaña una subida generalizada de precios, dado que también ha aumentado el número de turistas extranjeros y, en su mayoría, con bolsillo norteamericano. Para el auge de residentes se puso en marcha un plan de ampliación de los límites urbanos, con hasta 20 nuevos desarrollos y varios lotes de vivienda entre todos ellos. Sin embargo, la llegada de recursos comienza siendo dispar en algunos barrios y les marca una senda antes de nacer.

Mientras en el norte de Madrid se ultiman hasta cinco paradas de Metro para Valdebebas y otra pasado el límite con Barajas, que dará conexión directa con el aeropuerto, otros más al sur como El Cañaveral continúan sin tener una estación propia en la red del suburbano. Ambos barrios son de reciente construcción: el primero nació como área residencial y alberga la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y unos 30.000 censados; mientras que el segundo forma parte de los nuevos desarrollos del sureste y se adhirió al distrito de Vicálvaro hace ya casi una década, en 2017. Ronda los 25.000 habitantes.

Las conexiones de Metro y la accesibilidad en el transporte público, en general, son importantes alicientes para determinar el valor medio de un barrio o el precio de su vivienda. También permiten entrever a qué perfil poblacional tratan de dirigirse, y esto es algo para lo que ya existen datos reveladores. Según las últimas cifras del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre la renta bruta media en España, correspondientes a la declaración de la renta en 2023, algunas áreas de Los Berrocales se sitúan en 29.693 euros por hogar mientras que en Valdebebas hay secciones censales con medias de 102.088 o 125.596 euros. La diferencia llega a ser abismal.

Hogares con ingresos de 30.000 euros y otros con hasta 125.000

Hace años se planteó extender la red subterránea hasta El Cañaveral, pero la Comunidad de Madrid (que tiene competencias sobre el Consorcio Regional de Transportes) terminó descartando esa opción aludiendo a la calidad del terreno, que dificultaba una obra de ese calibre. En cambio, para los nuevos barrios del sureste se comenzó a asentar la opción de un Bus de Uso Prioritario o Bus Rapid Transit (BRT), similar al que ya funciona en Sanchinarro y depende del Ayuntamiento de Madrid. Conectaría con Los Cerros, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones.

Para estos dos últimos desarrollos, aún en construcción, ya hay prevista una estación de Metro que conectará con la línea 9 y dará servicio a ambos barrios en el tramo que circula hasta Rivas y Arganda. De hecho, el Ayuntamiento ripense ha vuelto a denunciar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya que el proyecto sugiere un segundo transbordo para los viajeros que se dirijan a uno de estos dos municipios, afectando a las personas que hacen el cambio del tren al suburbano en Vicálvaro.

Sin embargo, a finales de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estimó un presupuesto de 825.800 euros para el proyecto y un plazo de ejecución de 14 meses. La previsión es que la ruta esté operativa en 2029, pero por el camino ya acumula varios contratiempos: recientemente, la Comunidad de Madrid ha tenido que licitar por tercera vez el contrato para la futura estación de la L9 entre Paco de Lucía y Arganda del Rey para dar servicio en Los Berrocales y Los Ahijones. Como en las dos anteriores el proceso quedó vacío, también quedaron sin efecto las primeras denuncias desde Rivas.

El proyecto se tambaleó después de que la adjudicación quedara desierta en hasta dos ocasiones. La diferencia es que, ahora, el Gobierno regional dobla el presupuesto base con idea de volverlo más atractivo para las empresas. El nuevo expediente de contratación incorpora la aplicación de un reglamento de seguridad de la Comisión Europea, que establece un método común para la evaluación de cualquier modificación en la red. Este requisito debe integrarse desde la fase de diseño.

En la Comunidad de Madrid no existe un criterio único para decidir dónde instalar (o no) una boca de Metro. Pero el Consorcio Regional de Transportes establece la demanda de viajeros como el punto clave. Para calcularla, se analizan primero tanto la población actual de un núcleo como la que se prevé en los próximos años según los proyectos en marcha. También midiendo la concentración de viviendas o los focos generadores de viajes, como los hospitales, universidades, intercambiadores, zonas comerciales u oficinas que puedan conllevar un desplazamiento habitual.

La brecha norte-sur se expande a los nuevos barrios

En el sureste de Madrid se trabaja en otra conexión directa por carretera entre Los Ahijones y El Cañaveral, que fluirá a través de viaductos sobre la autopista radial R-3. Una solución a expensas de que quienes residan en El Cañaveral tengan vehículo propio y encuentren aparcamiento fácilmente en el barrio vecino, para desde ahí poder acceder a su futura estación de metro. Al otro lado de la ciudad, como ocurre con Valdebebas, el ambicioso plan urbanístico en Madrid Nuevo Norte ya ha dispuesto hasta tres paradas de Metro desde Chamartín, que unirán este futuro centro de negocios con las líneas 1 y 10 del suburbano.

El proyecto, más conocido como Operación Chamartín, se promocionó como un nuevo distrito financiero en torno a la estación de Adif, que incluiría 10.500 viviendas recién construidas, zonas verdes y 10 torres de oficinas con un rascacielos de 300 metros de altura, que promete convertirse en el más alto de España. Una obra gigantesca que ha pasado desde distintas empresas públicas a una sociedad privada conformada por BBVA, Merlin Properties y la constructora Grupo Sanjosé, y que en marzo del año pasado obtuvo el sí del Ayuntamiento para ocupar los 800.000 metros cuadrados que en adelante conformarán Madrid Nuevo Norte.

Del plan urbanístico original surgieron los bocetos para instalar tres nuevas estaciones de Metro, que provisionalmente han recibido los nombres de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Fuentes del sector inciden en que, la mayoría de las veces, que a una zona de Madrid le llegue o no una parada propia depende de los puntos de interés que haya instalados y sobre todo de una elección sobre el presupuesto. Por ejemplo, es habitual que estos anuncios se hagan en base a un presupuesto inicial estimado que, con el tiempo, puede variar considerablemente una vez comienzan los trabajos o se examina al detalle la calidad del suelo.

En los desarrollos del sureste ya ocurrió con El Cañaveral, donde se generaron expectativas en torno a una futura conexión de la línea 2 de Metro, las esperanzas cayeron cuando la Comunidad de Madrid lo consideró imposible después de recibir un informe geológico y geotécnico, que desaconsejaba la construcción de túneles por la inestabilidad del terreno. El Gobierno de Ayuso arrastra, además, la sombra del fiasco de Esperanza Aguirre en la planificación de la línea 7B, cuya inauguración se aceleró por la cercanía de elecciones y un error de cálculo acabó derivando en problemas de humedades que, con el tiempo, han acabado en el derribo de 73 viviendas y otras 600 afectadas en San Fernando de Henares, un municipio integrado en el área metropolitana.

Para no repetir errores y a la vez compensar a los barrios del sureste, Ayuso apostó por un sistema provisional de lanzaderas que conecten en cinco minutos con la estación de Metro más próxima, haciendo uso de nuevos modelos como el Bus de Uso Prioritario (BuP) o los buses rápidos. Es la promesa que también se ha hecho en Los Cerros (Vicálvaro), otro desarrollo en ciernes para el que se han aprobado 4,7 millones de metros cuadrados para la superficie total del terreno y la construcción in situ de 14.276 nuevas viviendas, la mitad operando desde el mercado y el otro 50% sujetas a algún tipo de protección oficial, según especificó hace unos días la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, después de aprobar la cesión de 13 parcelas municipales para desarrollar el plan.

Los conflictos derivados de la gran ampliación de la línea 11

Más allá de la estación que de la L9 que se abrirá entre Los Ahijones y Los Berrocales —que a su vez dará cobertura a otros barrios como Los Cerros—, la alternativa para moverse en estas zonas más modestas son los autobuses o el coche propio. Eso sí, en el primer caso serán vehículos especiales con prioridad que tendrán preferencia en semáforos o intersecciones. Sin embargo, que Valdebebas o Madrid Nuevo Norte tengan entre tres y cinco estaciones ya proyectadas cuando los desarrollos del sur compiten por ampliar sus conexiones ha hecho que algunos hayan puesto pie en pared.

Es lo que ocurrió en Las Águilas, en este caso un barrio de Latina con décadas de historia —se construyó entre los sesenta y los setenta— que, al arrancar el año, convocó una protesta ciudadana por el reparto determinado por la Comunidad de Madrid para la ampliación de la línea 11. Las organizaciones vecinales llamaron a concentrarse después de que, en octubre, saliera a información pública que este proyecto faraónico concluiría su enlace sur con Cuatro Vientos y no abrirá a corto o medio o plazo otras paradas alrededor. La ampliación de la L11 pretende conectar la ciudad en diagonal con un nuevo tramo de 33 kilómetros que llegará hasta Valdebebas, en el norte.

Pero en Las Águilas lamentan que no se haya atendido su demanda histórica de abrir una estación de Metro en la zona, donde en algunos puntos hay que caminar entre 15 y 20 minutos para bajar al suburbano más próximo. Solo tienen a mano dos conexiones de Cercanías y un par de autobuses, pero desde la asociación de vecinos de Las Águilas ya incidieron en los días previos a la protesta en que el colapso en los buses impedía una movilidad ordinaria. El Madrid de las próximas décadas echa a andar para abrir hueco a una población al alza, pero a su paso deja un halo de incomodidad por cómo los nuevos barrios se planifican tan dispares desde el inicio.

Tras 30 años de tiras y aflojas, Madrid Nuevo Norte, el proyecto conocido como Operación Chamartín, vendido como uno de los más grandes del país y de Europa, pondrá sus primeros ladrillos en 2026, según los últimos cálculos de la empresa promotora. Se construirán 700 viviendas y 120.000 m² de oficinas en Las Tablas Oeste, un área residencial del distrito de Fuencarral-El Pardo de la ciudad de Madrid, el primer ámbito de desarrollo de los cuatro que conforman este gigantesco plan urbanístico.

Sobre el papel, la obra contará con las técnicas más avanzadas en sostenibilidad del mercado: eficiencia energética, ahorro de agua, reutilización de materiales, confort térmico y corredores verdes, entre otras apuestas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Sin embargo, son muchos los arquitectos y urbanistas que aclaran que, en este caso, lo ‘verde’ del proyecto está muy alejado de la flexibilidad y resiliencia que necesitan las grandes ciudades para enfrentar los retos ambientales y sociales de las próximas décadas. “El proyecto más moderno nace viejo”, resume Miriam García, arquitecta paisajista y fundadora de un laboratorio de diseño urbano sostenible de Barcelona.

El primer tramo de la gigantesca y polémica obra –que ha pasado de distintas empresas públicas a una sociedad privada conformada por BBVA, Merlin Properties y la constructora Grupo Sanjosé– obtuvo en marzo la aprobación del Ayuntamiento de Madrid. Las cifras del proyecto son de una escala sin antecedentes en el país: más de 3,4 millones de metros cuadrados, cinco kilómetros de longitud, 10.500 viviendas y 10 torres de oficinas, incluido un rascacielos de 300 metros de altura -que será el más alto de España-, además de zonas verdes y equipamientos públicos.

El centro de negocio, un eje principal del proyecto, ocupará 800.000 metros cuadrados en pleno distrito de Chamartín, principal polo empresarial de la ciudad. El modelo de concentración de oficinas es la primera gran crítica de los expertos consultados para este reportaje. “Es un modelo que ya no es viable. Hay un rechazo a volver de forma masiva a estos centros, que en muchas ciudades están vacíos. Urge romper con la lógica del distrito financiero y apostar por otro tipo de urbanismo”, cuestiona Carmen Santana, arquitecta y premio de urbanismo español en 2021.

Para Miriam García, directora del departamento de planificación, paisaje y cambio climático de Landlab, el urbanismo contemporáneo está, justamente, cuestionando la viabilidad de distritos financieros “autistas, sin ecobeneficios y plagados de externalidades”, como el aumento del tráfico, la expulsión de vecinos y el encarecimiento de todas las zonas aledañas.

La tendencia de estos tiempos, explica, es de oficinas con espacios reducidos y flexibles en donde las sillas y los ordenadores van rotando, “con escritorios que no le pertenecen a nadie”. “Es decir, es un proyecto que no responde a lo que está pasando ahora mismo en las ciudades. Es un gran activo de venta, pero no un elemento de urbanidad”, critica.

Coincide Aurora Justo, socióloga urbanística y participante de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, una de las autoras del libro Operación Chamartín: una losa para Madrid, publicado en 2023. “¿Cómo puede ser un proyecto sostenible cuando se planifica una ciudad a 25 años sabiendo que las demandas urbanísticas son absolutamente cambiantes?”, se pregunta.

A su juicio, “Madrid no necesita un nuevo centro de negocios, ya sobran oficinas”. Tampoco concentrar “más coches y más trabajadores” en un distrito, la zona norte, ya saturada. “Con este proyecto, Madrid confirma que está fuera de todo lo que pueden ser las tendencias urbanísticas ligadas al medio ambiente, al urbanismo de los cuidados a la ciudadanía, al urbanismo de cercanía y a ciudades realmente verdes y habitables”, plantea.

Santana, arquitecta nacida en Chile que trabajó en muchos proyectos urbanos de París, agrega el “problema de obsolescencia” de estas enormes moles de cemento, que por la manera en la que se construyen no permiten “retrabajar otro tipo de usos” y son imposibles de “reconvertir”. “Muy pocas corporaciones compran hoy una torre para meter a sus empleados. Y cuando lo hacen, muchas oficinas no se ocupan. Por eso es tan necesario repensar las tipologías en proyectos de esta envergadura y tener siempre en cuenta que cada metro cuadrado que se construye tiene que poder ser reutilizado”, dice.

Félix Arias, arquitecto y urbanista, portavoz de la Plataforma Zona Norte, sostiene que los promotores son muy conscientes “de que no hay una demanda efectiva de concentración de oficinas de lujo en Madrid”, una foto panorámica que alcanza a muchas grandes ciudades, como París, Londres o Nueva York. No es descabellado –analiza– que este proyecto, más allá de sus avances, muera en su fase especulativa, en la venta de participaciones y en el reparto de los terrenos.

En lo que respecta a la escala, diseño y concepto de la obra, la arquitecta García plantea dos preguntas como punto de partida: ¿Es un proyecto necesario? ¿Es lo que Madrid necesita en estos momentos? “Si ambas respuestas son negativas, da igual que sea muy verde y sostenible. Es innecesario y punto, no hay más que hablar”.

Qué pasa en otras ciudades con las torres de oficinas

Si bien España y Europa experimentaron en 2024 un repunte en el mercado de oficinas -en Madrid el incremento anual fue del 23%-, las cifras todavía están lejos del mundo prepandémico, cuando el teletrabajo era bastante minoritario. Según las últimas cifras publicadas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en España el 15,4% de la población trabajadora lo hace desde su casa. El porcentaje se traduce en 3,2 millones de personas trabajando en remoto, según el sindicato UGT.

El promedio de la UE es del 23%. En Países Bajos, por ejemplo, hay un 52% de empleados que desarrollan parte de su jornada laboral desde sus hogares. Esta nueva forma de trabajar está dejando postales urbanas que parecían impensables, como la del distrito de negocios de La Défense, en el oeste de París, con torres de oficinas desocupadas y proyectos paralizados.

En Estados Unidos, la desocupación de las oficinas alcanza el 19,6%, según el informe de Moody ‘s Investor Services de 2024. La tendencia apunta a que en 2026 una cuarta parte de las oficinas estarán vacías. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó el año pasado un plan para transformar los edificios de oficinas vacíos en 20.000 viviendas. “Estamos reinventando los distritos como comunidades vibrantes de uso mixto que fomentan tanto la vida residencial como las oportunidades económicas”, dijo el vicealcalde para vivienda y desarrollo económico, Adolfo Carrión, al anunciar el plan.

En Londres, el porcentaje de oficinas vacías de su city –icono mundial de negocios y finanzas– superó el 10% en 2024, el doble que antes de la pandemia. “París, por ejemplo, responde a esta nueva realidad con un modelo de ciudad bien claro, más verde y biodiverso, y todas las decisiones urbanísticas son consistentes con ese modelo. Pero Madrid no tiene un modelo de ciudad, son todos fuegos artificiales que encandilan, pero no resuelven problemas, todo lo contrario, los agrava”, insiste García.

Cuando la apuesta de sostenibilidad no es suficiente

La sostenibilidad del proyecto tiene un espacio muy relevante en la página web de Madrid Nuevo Norte. La empresa promotora destaca que el plan pivota sobre cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: la gestión del agua y del saneamiento, el uso de energías no contaminantes, la creación de un entorno urbano sostenible y acciones por el clima.

Al combinar estos cuatro ejes, la obra posicionará a Madrid “como referente en la descarbonización urbana”. Se explica que el centro de negocios tendrá una Área Demostradora de Acción Climática (ADAC), un espacio que pondrá en práctica “las técnicas y estrategias urbanas más avanzadas en sostenibilidad, gestión energética e hídrica y movilidad, superando importantes retos técnicos y normativos y sirviendo como modelo para otras ciudades europeas”.

También se especifica que con Madrid Nuevo Norte, Chamartín será un distrito libre de gases de efecto invernadero, gracias a “las más avanzadas medidas energéticas, de ahorro de agua, a las formas de desplazarse por los barrios y los materiales empleados en el proceso de construcción”, con la economía circular como bandera de la obra.

El proyecto apostará por “la naturalización del espacio público para crear sumideros naturales de carbono, creando una red interconectada de zonas verdes e incorporando vegetación en superficies como fachadas y cubiertas de los edificios, o incluso en los puentes”. En cuanto a la movilidad, todo el entorno de la obra está diseñado para “ser caminado y recorrido en bici”. “Daremos respuestas a los retos sociales, económicos y ambientales de Madrid de las próximas décadas”, se alardea en el bosquejo de la obra.

Sobre este listado, García señala que la cuestión no es el “cuánto”, sino el “cómo” y el “para qué”. “¿Es sostenible porque los edificios van a estar aislados térmicamente? ¿Es sostenible porque tendrá áreas verdes? ¿Esas infraestructuras verdes van a estar puestas al servicio de ejes cívicos? ¿Los trabajadores llegarán caminando al poder vivir cerca o llegarán en sus coches por estar obligados a vivir en zonas más baratas? Más preguntas que no se responden”, plantea la arquitecta.

“La sensación es que se pensó un gran distrito financiero, con su edificabilidad y sus metros cuadrados, y que al final alguien dijo ahora vamos a hacer el proyecto más sostenible. Así no funciona el urbanismo”, subraya.

Santana, especializada en ecología urbana, reafirma que proyectos de este calibre, con concentración de torres financieras, por más verdes que se presenten, van en contra de “las bases del urbanismo del siglo XXI pospandemia, humanista, inclusivo y construido entre administraciones, empresarios, vecinos y trabajadores. De poco sirven, explica, ”corredores ecológicos“ con poca sombra o edificios muy intensivos que en un apagón, como el que ocurrió en abril, pasan a ser ”inútiles“. ”Tenemos que pensar en edificios que puedan, de alguna manera, funcionar sin tanta energía. No podemos apostar todo a la tecnología. El urbanismo necesita más sentido común y más componentes humanos y analógicos, no más distritos financieros“, apunta.

La ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid por el barrio de Valdebebas acaba de recibir una significativa alegación por parte de siete asociaciones vecinales del distrito de Fuencarral-El Pardo, que han aprovechado el periodo de información pública de su Estudio Informativo para intentar que se reconsidere el proyecto de prolongación.

Los vecinos cuestionan la justificación del trazado hacia Valdebebas, un barrio con unos 30.000 habitantes, en comparación con el itinerario originalmente propuesto, “que daría servicio a más de 120.000 vecinos, además de a toda la población flotante que acude cada día al distrito de Fuencarral-El Pardo por motivos laborales, sanitarios o educativos”, explican en un comunicado.

Este itinerario, que fue elaborado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en 2006, planteaba un recorrido semicircular desde Plaza Elíptica hasta Avenida de la Ilustración, pasando por Atocha, Conde de Casal, Ciudad Lineal, Arturo Soria y la estación de Chamartín.

Las alegaciones, impulsadsa por la asociación vecinal Islas de Peñagrande, ha contado con el apoyo de otras entidades similares como AV La Flor, AV Begoña, AV Ur – Poblado Dirigido de Fuencarral, AV Montecarmelo y AV Barrio de Montecarmelo y AV Las Tablas, que también han remitido sus quejas a la Comunidad de Madrid. 

Las entidades vecinales advierten de que la reorientación de la línea aprobada en 2019 reduce su alcance metropolitano y deja fuera de cobertura directa amplias zonas del norte de la capital, con decenas de miles de habitantes y grandes polos de empleo y servicios como los hospitales Ramón y Cajal y La Paz, el área de las Cuatro Torres o el futuro desarrollo Madrid Nuevo Norte.

En su alegación, los colectivos plantean dos alternativas: que se cancele la prolongación hacia Valdebebas y se destine la inversión a una nueva línea específica para dicho barrio, más ajustada a sus necesidades de movilidad; o bien que se amplíe la línea 11 más allá de Valdebebas, prolongándola hacia el oeste para conectar Sanchinarro, Las Tablas, el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte, el Hospital Ramón y Cajal, Herrera Oria y Avenida de la Ilustración.

En marzo, el pleno del distrito de Fuencarral-El Pardo respaldó por unanimidad de todos los grupos políticos —incluido el PP, que gobierna en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid— una propuesta de la Asociación Vecinal Islas de Peñagrande para ampliar la Línea 11 de Metro desde Valdebebas hasta Avenida de la Ilustración, con el objetivo de reforzar la conectividad entre los barrios del norte de la ciudad. 

Ahora, las asociaciones reclaman a la Comunidad de Madrid “que reevalúe el proyecto a la luz de los datos demográficos y de movilidad actuales, con el objetivo de avanzar hacia una red de Metro más equilibrada, eficiente y coherente con las necesidades reales de la ciudad”.

Giro en la Operación Chamartín. BBVA pondrá a la venta parte de su participación en la empresa promotora, Crea Madrid Nuevo Norte, de la que controla el 75,54%. La entidad bancaria lleva vinculada a Madrid Nuevo Norte desde su concepción en 1993, cuando ganó el concurso para urbanizar los terrenos adyacentes a la estación de Chamartín.

Ahora, con la iniciativa urbanística ya aprobada por las autoridades madrileñas, BBVA ha contratado a la multinacional de la banca inmobiliaria Rothschild para desprenderse de parte de sus acciones y dar con un socio estratégico, según avanza Cinco Días.

BBVA posee tres cuartas partes de la sociedad Crea Madrid Nuevo Norte, presidida por Álvaro Aresti. Las otras acciones están distribuidas entre Merlin Properties (14,46%) y la constructora Grupo San José, con un 10%. En diciembre, esta sociedad ejecutó una opción de compra sobre los terrenos de Madrid Nuevo Norte, un proceso urbanístico que llevaba 30 años en espera, pactando un pago de 1.245 millones de euros a Adif. El costo del terreno, ubicado al norte de la capital, se pagará a Adif en un plazo de 20 años. El primer pago, que requirió a BBVA, Merlin y San José cubrir una ampliación de capital, ascendió a unos 215 millones.

Ahora Crea Madrid Nuevo Norte afronta los pagos anuales por los terrenos y los costos asociados a la urbanización y construcción en este macroproyecto. La sociedad gestiona el 49,9% de los 2,3 millones de metros cuadrados en esos terrenos, seguido de otros propietarios públicos como el Ayuntamiento de Madrid y diferentes entidades estatales.

Intereses cruzados de Merlin y BBVA

Fuentes cercanas al proceso indican a Cinco Días que lo más común sería que Rothschild encuentre compradores potenciales entre aseguradoras, grandes fondos inmobiliarios y fondos soberanos. Menos probable sería que Merlin optara por ampliar su participación. En 2019, la socimi estuvo cerca de adquirir una mayoría, pero las negociaciones no llegaron a buen término, y Merlin acabó comprando parte de las acciones de San José. Posteriormente, BBVA eliminó el derecho de tanteo y preferencia de Merlin para posibles compradores de sus acciones, un cambio que llevó a un arbitraje favorable al banco en 2022.

El laudo con el que se resolvió el arbitraje dio el visto bueno al cambio de estatutos ocurrido en mayo de 2021, cuando en una junta de accionistas convocada por la entidad bancaria se modificaron sus normas fundacionales para evitar un intento de Merlin de incrementar su control de la compañía en condiciones de igualdad, ante cualquier intento de compra desde el exterior.

Para entender los niveles económicos en los que se mueve esta operación urbanística, es reseñable que Merlin pagó 168 millones para adquirir sus acciones, antes en mano de San José. La compañía presidida por Ismael Clemente cuenta con varios proyectos de inversión en Madrid. Otro de los más importantes está en AZCA, donde posee varios edificios e impulsa desde el verano la privatización de este distrito financiero para su reforma y explotación durante los próximos 40 años.

Respecto a BBVA, la entidad trata de redirigir sus esfuerzos hacia el negocio bancario en España, lejos de este tipo de proyectos industriales. La compañía, que se encuentra inmersa en una opa hostil sobre el Banco Sabadell, prefiere centrar sus esfuerzos en recompensar a sus accionistas a través de recompras de acciones.

Además, el mercado inmobiliario ha experimentado importantes trasnformaciones desde la concepción de Madrid Nuevo Norte. Ideada en un contexto prepandémico, se compone mayoritariamente de edificios de oficinas ahora devaluados, mientras que la inversión en vivienda está en pleno auge.

La Justicia ha dado su aval a los cambios que la Comunidad de Madrid introdujo en la normativa urbanística para permitir el macroproyecto denominado Madrid Nuevo Norte, conocido como operación Chamartín. El Tribunal Superior de Justicia, en una decisión recurrible ante el Supremo, ha rechazado recursos de varias asociaciones, empresas y particulares y ha avalado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de marzo de 2020, que proyecta la construcción de 348 edificios de oficinas y 10.500 viviendas y equipamientos públicos en torno a la estación de Chamartín.

Este macroproyecto de desarrollo urbanístico fue diseñado hace casi tres décadas pero las obras no fueron inauguradas hasta noviembre del año pasado. Un total de 2,4 millones de metros cuadrados puestos a disposición del proyecto después de que el Convenio de Colaboración fuera firmado por el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad, Adif y Crea Madrid Nuevo Norte.

Esta última es una sociedad participada en su mayoría por el BBVA, la constructora San José y la inmobiliaria Merlin Properties, recientemente enfrentadas en un proceso de arbitraje que ha puesto en manos del banco la decisión de si vende o no parte de sus acciones sin respetar el derecho de tanteo de los otros dos socios. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, los archivos de la operación que mostraban los cambios que había sufrido a lo largo de los años en cuanto a la superficie afectada, el precio y hasta la adjudicataria, que pasó de ser el banco público Argentaria a ser el banco privado BBVA.

Asociaciones como Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) llevaron el acuerdo de 2020 que modificaba el Plan General de Ordenación Urbana en relación a la prolongación de la Castellana y a la colonia Campamento, unos recursos que acaba de rechazar la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid: “Se mantienen los objetivos de regeneración y rehabilitación urbana, de cosido urbano para cerrar la cicatriz generada por las infraestructuras en el tejido de la ciudad y, en definitiva, de integración de las infraestructuras ferroviarias en ésta”, dice sobre una de las alegaciones esta sentencia.

Tampoco hay irregularidades en cuanto a la intervención de Distrito Castellana Norte, hoy Crea Madrid, en los acuerdos alcanzados con Adif y el Ayuntamiento de Madrid. “No podemos deducir la existencia de desviación de poder o de actuación arbitraria en la aprobación de la modificación, porque basta con acudir a los antecedentes de planeamiento para advertir las razones de la necesaria y obligada colaboración de las administraciones en la ejecución y desarrollo del nuevo ámbito urbanístico, que no queda desdibujado por la integración de la empresa privada en la ejecución definitiva del mismo”.

El culebrón accionarial que desde hace más de un año tiene lugar en la sociedad que levantará Madrid Nuevo Norte (MNN) ha dado este miércoles un paso importante. Acaba de resolverse a favor del BBVA el arbitraje que tenía que decidir si la entidad bancaria podía vender o no parte de sus acciones sin respetar el derecho de tanteo de sus socios minoritarios, Merlin Properties y San José.

BBVA posee actualmente el 75,54% de la sociedad Crea MNN, propietaria de los derechos para la construcción de este desarrollo al norte de la estación de Chamartín. El laudo con el que se resuelve el arbitraje da el visto bueno al cambio de estatutos ocurrido en mayo de 2021, cuando en una junta de accionistas convocada por la entidad bancaria se modificaron sus normas fundacionales para evitar un intento de Merlin de aumentar su participación en la compañía en condiciones de igualdad ante cualquier intento de compra desde el exterior.

Merlin se había asegurado el derecho de tanteo y retracto adquiriendo el 14,46% de las acciones de Crea MNN en el año 2019, después de unas negociaciones previas con el BBVA que no concluyeron en acuerdo. Según los estatutos de entonces, la entidad bancaria debía respetar el derecho de igualar una oferta que tenían los accionistas de la compañía ante el interés de un tercero por adquirir acciones. Pero el banco usó su parte mayoritaria para forzar la modificación de estatutos y se abrió el arbitraje, que ahora concluye ratificando su decisión.

BBVA ha defendido todo este tiempo que la entrada de nuevos inversores podrá ser positivo para el proyecto y sus accionistas, mientras que Merlin Properties quiere aumentar su participación en uno de los focos de inversión más atractivos de la ciudad, donde se prevén construir más de 10.500 viviendas y miles de metros cuadrados de oficinas.

Para entender los niveles económicos en los que se mueve esta operación urbanística, cabe recordar que Merlin pagó 168 millones por las citadas 14,4% de las acciones de San José. La compañía presidida por Ismael Clemente cuenta con varios proyectos de inversión en Madrid, otro de los más importantes está en AZCA, donde posee varios edificios e impulsa desde el verano la privatización de este distrito financiero para su reforma y explotación durante los próximos 40 años.

El empresario y productor audiovisual Pedro Pérez ha abandonado el consejo de administración de Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de la Operación Chamartín. Pérez pertenecía a ese órgano desde 2010 en representación de la Constructora San José, socio de este megaproyecto inmobiliario en Madrid cuyo principal accionista (75,5%) es el BBVA.

Pérez era el representante de San José en el consejo de DCN a través de Desarrollos Urbanísticos Udra, la filial con la que la constructora del empresario gallego Jacinto Rey canaliza su actual participación (25,5%) en la promotora de este macrodesarrollo, que prevé obtener este año las licencias definitivas para desarrollar 10.500 viviendas y una nueva ciudad financiera al norte de la capital.

Pérez, que ha sido sustituido en el consejo de DCN por un directivo de San José (José Luis González), mantiene la vicepresidencia de Constructora San José, de la que es consejero desde hace más de quince años y accionista minoritario, con un paquete que no llega al 1% de las acciones.

Poco conocido para el gran público, este economista tiene una larga trayectoria vinculada a varios negocios, entre ellos, algunos de los medios de comunicación más importantes de España. En los 90, Pérez fue consejero fundador del diario El Mundo, alto directivo de la Telefónica de Juan Villalonga, presidente de la extinta Vía Digital y consejero de Antena 3 TV.

Ya en el presente siglo, fue durante 14 años presidente la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y a través de la sociedad GDavid Consultores, de la que es administrador solidario, es accionista de El Confidencial. Esa sociedad controla el 10% de la editora de ese diario digital.

La vinculación de Pérez con San José viene de atrás. Desde 2007 hasta junio de 2009 (un mes antes de la salida a bolsa del grupo, tras absorber la inmobiliaria vallisoletana Parquesol) fue consejero de su matriz, Grupo Empresarial San José, y desde hace más de una década es vicepresidente de Constructora San José, principal filial del grupo gallego. Este sienta en el consejo de su matriz a, entre otros, el abogado del Estado José Manuel Otero Novas, exministro de Presidencia y Educación con Adolfo Suárez, y el exministro argentino Guillermo Nielsen.

Entrada de Merlin

El cese de Pérez en DCN se inscribió, según el Registro Mercantil, el 4 de noviembre, aunque fuentes del sector explican que el relevo es previo al anuncio, el 31 de octubre, de la entrada en el accionariado de DCN de Merlin Properties, la mayor sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) de España.

Esta operación consiste en la venta de un 14,46% de las acciones de San José a la socimi a cambio de un pago en metálico de 168,89 millones de euros (lo que valora el 100% de DCN en más de 1.100 millones) y un préstamo de 129,1 millones del que el primer tramo, de 86,39 millones, tiene un vencimiento único a 20 años y un interés anual del 2%.

Cuando se cierre esa operación, la constructora que preside Jacinto Rey y a la que está vinculado Pérez mantendrá un 10% de DCN. Esta semana vence el plazo por el que BBVA podría ejercitar su derecho de tanteo ante la entrada de Merlin. Todo apunta a que el banco, que en septiembre reconoció “conversaciones preliminares” con la socimi para vender su paquete, no ejercerá su derecho de comprar esas acciones al precio pactado por Merlin y San José.

El proyecto ahora denominado Madrid Nuevo Norte ha estado marcado por la polémica por los continuos cambios en beneficio de las empresas que llevan intentando promoverlo desde hace 25 años. El macroplan, que prevé acometer en Madrid el mayor desarrollo urbanístico de Europa en una de las zonas más codiciadas de la capital, todavía afronta algunos obstáculos.

La Comunidad de Madrid tiene pendiente aprobar el proyecto urbanístico tras el visto bueno que le dio el Ayuntamiento de Madrid a finales de julio. En julio, representantes de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra responsables de la operación por supuestos delitos de “prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reconoce que “atendió la petición de DCN”, promotora privada del proyecto conocido como “Madrid Nuevo Norte”, más conocido como “Operación Chamartín”, cuando accedió a cambiar el contrato inicial para introducir una cláusula que permite transmitir sus derechos a terceros a los dueños de esa empresa, BBVA y San José, sin poner un solo ladrillo, frente a la obligación inicial de mantenerse en la operación mientras se desarrollara (se calcula que durante unas dos décadas).

La empresa estatal dice que esa modificación del contrato inicial “sobre la transmisibilidad de las acciones del promotor, se efectuó en 2015 y no en 2018 con la actual presidenta”, Isabel Pardo de Vera: “Adif atendió la petición de DCN y suprimió esa restricción del contrato al entender que sus intereses no se verían lesionados”, explica, en un escrito remitido a eldiario.es

Adif era el propietario de casi la mitad de los 2,65 millones de metros cuadrados de suelo sobre los que se levantará esta faraónica operación urbanística y es uno de los principales protagonistas de la Operación Chamartín. Esos suelos pasarán a pertenecer con un acuerdo con opción a compra a Distrito Castellana Norte (DCN), sociedad de BBVA (75%) y la constructora San José (25%).

Las múltiples modificaciones que han sufrido las condiciones de este proyecto desde que se firmó el primer contrato en 1994 están en el origen de la denuncia presentada recientemente por IU y Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción, que alega que, con las sucesivas variaciones de contrato, que fueron desveladas por este periódico, se ha ido beneficiando cada vez más a los operadores privados en detrimento de los intereses públicos.

Adif, que asegura que “no tiene conocimiento de la denuncia, dado que no se le ha dado traslado judicial”, ha respondido a eldiario.es por escrito a una serie de cuestiones que se suscitan en ella. De manera general, la entidad dependiente del Ministerio de Fomento sostiene que “todas las modificaciones del contrato han contado con el previo informe favorable de la Abogacía General del Estado, se han venido amparando en causas objetivas sobre venidas y no han alterado el equilibrio entre las mutuas contraprestaciones pactadas”.

Transmisión de derechos a terceros

Según la empresa estatal, la nueva cláusula que abrió la puerta a una posible reventa de los terrenos se introdujo porque la disposición que impedía a los adjudicatarios desvincularse del desarrollo ya no era necesaria, una vez que la retribución para la empresa estatal dejó de ser variable, en función de los beneficios obtenidos, y se cambió por un canon fijo.

“Actualmente está establecido que los pagos aplazados se garantizarán con hipotecas (con garantías reales y desligados del devenir del desarrollo urbanístico), por lo que ya no resulta tan relevante la capacidad y solvencia financiera del comprador de los aprovechamientos de Adif”, apunta.

Según publicó El Confidencial, BBVA ya estaría buscando comprador para sus derechos en esta operación. Fuentes de DCN y de BBVA consultadas responden al respecto: “No comentamos rumores”.

Adif dice que esta modificación sobre las opciones de transmisión de las acciones de DCN se efectuó en 2015 y no en 2018 con la actual presidenta, como afirma la denuncia planteada en Anticorrupción.

En todo caso, especifican que si se produjera un “incumplimiento grave” del contrato por parte de DCN “cualesquiera que sean sus accionistas”, el mismo se resolvería y los terrenos y aprovechamientos transmitidos volverían a ser propiedad de Adif y de las demás entidades ferroviarias que participan en la operación, “que los podrían volver a licitar”.

Fórmula de pago “compleja” y “de difícil control”

En cuanto al motivo por el que se cambió la retribución variable en función de beneficios por una retribución fija, Adif afirma que de este modo “evitaban los riesgos asociados a una operación inmobiliaria a desarrollar en 20-25 años”.

Según la entidad, el sistema de pago que se estableció en el concurso que se celebró en 1993, cuando el socialista Josep Borrell era ministro de Fomento, estipulaba una forma de pago “ciertamente compleja” y “de difícil control” que además hacía participar a Renfe (actualmente Adif) “en el riesgo de un desarrollo urbanístico de ejecución muy dilatada”.

Sobre el precio que se ha puesto a los terrenos, y que según la denuncia es de la mitad del de mercado, Adif hace un cálculo distinto que lo sitúa, contrariamente, por encima. A los 984 millones que constan en el contrato, y que arrojan un precio por metro cuadrado de 769 euros, añaden el 3% de intereses que abonarán los compradores durante 20 años, “un tipo que se consideró razonable y suficiente”, lo que supone un precio de 1.245 millones. También suman el presupuesto de urbanización de la parcela e incluso la cesión de suelo a la que por ley está obligada la promotora: 100.000 metros cuadrados para vivienda pública que Adif cifra en 67,4 millones. “Esto arroja un coste medio real de 1.667 euros/m2”, alegan.

Otro de los detalles que critican los denunciantes es la ampliación de cinco a veinte años del plazo de pago. Adif explica al respecto que se acordó en 2015 “a raíz de de las consecuencias de la crisis inmobiliaria”.

“Las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital han motivado la reducción tanto de los metros cuadrados a transmitir como de la edificabilidad, lo que podría haber restado atractivo a los promotores o inversores, pero a pesar de todo, el proyecto ha conseguido salir adelante con el esfuerzo de todas las partes implicadas”, defienden.

Solicitudes de reversión: “riesgo inexistente”

Sobre el motivo por el que se ha eliminado la cláusula que responsabilizaba a las concesionarias del posible pago de indemnizaciones a los afectados por las expropiaciones de terrenos, cuyos derechos han sido parcialmente adquiridos por el empresario Trinitario Casanova, Adif responde que “la regulación del contrato relativa a las reversiones ha desaparecido por considerarse que actualmente el riesgo de que prosperen es inexistente”.

Al respecto, recuerdan las distintas sentencias, incluida la del Tribunal Supremo, que han desestimado los recursos de los afectados, que alegan que se les expropiaron terrenos y después fueron desafectados, es decir, se determinó que se les diera un uso residencial y terciario.

Asunción de riesgos de sobrecostes

Además, Adif admite que dado que “los costes de Madrid Nuevo Norte son muy superiores a los que se contemplan ordinariamente en actuaciones de urbanización”, las administraciones implicadas han decidido asumir “voluntariamente” el riesgo de algunos posibles sobrecostes.

En concreto, lo han hecho con el eventual sobreprecio del cubrimiento de las vías de tren sin suspender el tráfico ferroviario, que en principio se calcula en 547,4 millones de euros. “No obstante, se confía en que la estimación de costes realizada por el Ayuntamiento de Madrid está bien realizada y que finalmente no haya sobrecostes”, aseguran.

Este organismo insiste en que el contrato entre Adif y DCN es “un contrato patrimonial de compraventa de derechos urbanísticos futuros, regido por el derecho privado. El papel de Adif se circunscribe por lo tanto a la transmisión onerosa de terrenos de su propiedad y todas las modificaciones del contrato han estado avaladas por informes de la Abogacía del Estado”.

La conocida como Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Nuevo Norte, ha experimentado cinco renegociaciones desde su concepción y diseño original hace 25 años. Cambios de cláusulas que han trasladado la responsabilidad de las expropiaciones a la administración o que permiten la venta de los terrenos a las empresas adjudicatarias sin tener que llegar a construir nada.

Según algunas informaciones, BBVA ya estaría buscando comprador para su parte (posee un 75% de Distrito Castellana Norte, el 25% restante, la constructora San José). Una operación que no podría llevar a cabo sin la reformulación del contrato que abrió la puerta a esta posibilidad en 2009, de manera parcial, y en 2018 de forma completa, ya que inicialmente las adjudicatarias estaban obligadas a quedarse hasta el final de unas obras que, se calcula, durarán décadas.

Estas sucesivas renegociaciones de contrato que han beneficiado a las empresas adjudicatarias se mantuvieron en secreto hasta que fueron publicadas por eldiario.es en enero pasado.

Unas revelaciones que se han incluido, de manera más detallada, en la denuncia presentada esta semana en la Fiscalía Anticorrupción por IU y el grupo parlamentario de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid contra 28 cargos y excargos políticos y empresariales que han tenido o tienen responsabilidad en esta operación. El escrito, que habla del supuesto quebranto de 2.780 millones de fondos públicos, se registró tras aprobarse el proyecto por unanimidad en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una reformulación del proyecto que firmó el gobierno de Manuela Carmena y que han aprobado también los demás grupos ya con el PP gobernando para que salga adelante cuanto antes tras varias décadas de parálisis.

La exalcaldesa y su equipo, que no aparecen en la denuncia, alegan que han mejorado sustancialmente el último proyecto, con más vivienda social y menos espacio a edificar. Madrid Nuevo Norte, según el proyecto aprobado provisionalmente, afectará a un espacio de 3 millones de metros cuadrados donde se edificarán 10.500 viviendas, 4.000 de ellas públicas, un nuevo distrito financiero con la torre más alta de España –70 alturas– y la reforma de la estación de Chamartín.

Carmena logró rebajar de 3,37 millones de metros cuadrados edificables a 2,65 millones, y consiguió que la vivienda pública fuera un 20% del total, en vez del 10% que es el mínimo legal. También que oficinas, comercios y hoteles se sitúen cerca de la estación de Chamartín, en lugar del entorno de la M-30, como estaba planeado, para evitar mayores problemas de movilidad.

Pero el ala más izquierdista del equipo de gobierno municipal nunca estuvo de acuerdo con el proyecto, ni siquiera con estas modificaciones respecto a los planes anteriores de Ana Botella. De hecho, uno de los exconcejales del Gobierno de Carmena, Carlos Sánchez Mato, ahora responsable de Economía en IU, es uno de los firmantes del escrito presentado ante la Fiscalía, junto a las diputadas regionales Sol Sánchez e Isabel Serra. No han incluido a Carmena ni a su sucesor, José Luis Martínez-Almeida, en la denuncia, aunque advierten de que podría ampliarse.

Los nombres que sí están en la denuncia son los de dos ministros socialistas, José Luis Ábalos y Josep Borrell, este último titular de Fomento hace 25 años cuando se lanzó el concurso. Esto ha provocado “indignación” en el Gobierno y en el PSOE, máxime cuando están abiertas las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en septiembre. Ábalos ha afirmado que su responsabilidad en este proyecto es muy limitada, ya que él solo apoyó “políticamente” a Carmena y se ha preguntado públicamente si el escrito podría ser un “ajuste de cuentas” dentro de Unidas Podemos e IU.

Fuentes vinculadas a la denuncia admiten que aunque el ministro Borrell no protagonizó ninguno de los reiterados cambios, ya que fue el titular de la cartera de Fomento que firma el primer acuerdo del proyecto hace ya 25 años. Sin embargo, puntualizan que está justificada su aparición en la demanda porque todo el proceso de adjudicación estuvo envuelto en una oscuridad “total y absoluta”.

Los hechos que relata la denuncia: 5 renegociaciones

Según el escrito presentado ante Anticorrupción, que ahora debe decidir si presenta un escrito ante el juez o archiva el caso, “el contrato inicial ha ido transformándose en las sucesivas renovaciones del contrato hasta la última en el pasado mes de diciembre de 2018 y es evidente que la operación que se contempló inicialmente nunca se hizo”. Pero en lugar de anularse el concurso y convocar uno nuevo, al que se pudieran presentar otras empresas con otros planes, la Administración lo renegoció hasta en cinco ocasiones.

BBV fue una de las empresas que se presentó al concurso pero su oferta fue desestimada al pretender desentenderse de las expropiaciones. Argentaria y la constructora San José ganaron la licitación y conformaron la sociedad Desarrollos Urbanos de Chamartín (DUCH), llamada después Distrito Castellana Norte (DCN). Cuando Argentaria se integró en 1999 en el BBV, esta entidad resultante acabó haciéndose con el proyecto para el que había sido rechazada pese a presentar la solicitud más solvente técnicamente, según la demanda.

Los tres elementos básicos en la adjudicación fueron desapareciendo en las consecutivas renovaciones del contrato. “Y lo realmente llamativo es que las condiciones a las que se llegó son tremendamente parecidas a las que el BBV ofertó en el año 1993 y que Renfe no consideró adecuadas”, afirma la denuncia.

Estos tres elementos básicos eran que la prioridad era ampliar y renovar la Estación de Chamartín; que el pago se efectuaría con un canon fijo y uno variable en función de las plusvalías que Distrito Castellana Norte (DCN) obtuviera. Es decir, sobre el beneficio que DCN obtuviera le abonaría a Renfe el 53%. Y que DCN asumía los riesgos económicos que podía conllevar una recalificación del suelo al pasar de suelo ferroviario a urbanizable. Sobre todo hacía referencia a los derechos de reversión, es decir, a las posibles reclamaciones que pudieran hacer los antiguos propietarios del suelo por cambiar su uso.

El derecho a vender los terrenos

El primer contrato de la Operación Chamartín se firma el 29 de julio de 1994. Recoge la cesión de suelo público de un total de 625.000 metros cuadrados. La adjudicataria se comprometía a conseguir un Plan General, que debía aprobar el Ayuntamiento de Madrid, en el que se fijase una edificabilidad, capacidad de urbanización del suelo, de 825.000 metros cuadrados.

Por esta concesión administrativa se determinó un pago fijo y otro variable. El canon fijo eran obras que DUCH, ahora Distrito Castellana Norte, tenía que realizar y respondía al sentido original de la operación: remodelar las instalaciones ferroviarias. En concreto, se estableció que Adif percibiría en especie 17.120 millones de pesetas (102 millones de euros) de infraestructuras de urbanización y mejoras del servicio ferroviario; un edificio de oficinas valorado en 2.640 millones de pesetas (15,9 millones de euros) y la mejora de la estación de Chamartín, por otros 15 millones de euros.

La prestación monetaria la fijaba el canon variable: Renfe se llevaría el 53% de todos los beneficios antes de impuestos que originara la operación. Para ello, Renfe obligaba a la empresa privada a no revender los suelos a terceros y terminar todas las obras que se estimaba durarían 15 años; a constituir una empresa con un único orden social; a presentar un Plan de Actuación y ordenación que determinara el suelo a construir y a nombrar a un auditor externo para controlar el canon variable.

En el año 2009, con José Blanco como ministro de Fomento, se sustituyó la obligación de permanecer hasta el final en el proyecto por la opción de mantener un 75% de la propiedad hasta la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización y, a partir de entonces, el 50% hasta finalizar la urbanización. En 2018 se va más allá: deja de haber limitación porcentual, de modo que puede revender todos los terrenos y derechos adquiridos desde el primer día, sin necesidad de mantener cuotas de participación ni en la fase de urbanización ni en la de edificación. Según El Confidencial, BBVA planea deshacerse de su participación y ya ha hablado con varios fondos internacionales.

Los reversionistas y Trinitario Casanova

Otra de las cláusulas que han cambiado, explica la demanda, es la referida al pago de los posibles derechos de los reversionistas, los antiguos dueños de las parcelas que fueron expropiadas supuestamente para construir un ferrocarril. Posteriormente Renfe cambió el uso de estos terrenos y ahora son edificables. En el primer contrato –el que se ganó por concurso– eran los contratistas quienes asumían esos posibles pagos a los reversionistas en caso de que ganaran en los tribunales, algo que no ha llegado a ocurrir. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo en 2012 determinó que no procedía la reversión de los terrenos.

A pesar de ello, en mayo de 2018, el empresario Trinitario Casanova adquirió a los reversionistas sus derechos, con la idea de que su empresa, el Grupo Baraka, sea quien urbanice los terrenos en el futuro. Casanova es conocido, entre otras cosas, por sus operaciones con el Edificio España. El grupo de Casanova compró el inmueble el 1 de junio de 2018 a la empresa china Delian Wanda por 272 millones de euros y se la vendió a la cadena hotelera Riu ese mismo día. Posteriormente comenzó a pleitear con estos últimos.

El BBV se cayó del concurso en 1993, porque proponía que de las eventuales reversiones e indemnizaciones se encargara la Administración. En el último acuerdo, un cuarto de siglo después, es Adif quien tendrá que pagar. Precisamente la presidenta de este ente público administrador de infraestructuras ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, también denunciada en el escrito presentado en Anticorrupción, ha anunciado a varios medios este jueves que ya está buscando una fórmula legal para licitar junto a DCN la reforma de la estación de Chamartín el próximo mes de octubre.

“Como si fuera una maldición —o una premonición—, la especulación acompañó a la nueva capital desde el primer momento”. La casualidad ha querido que la aprobación de la Operación Chamartín, ahora conocida como Madrid Nuevo Norte, me pille leyendo Barcelona – Madrid. Decadencia y auge (ED Libros, 2019), de Josep Maria Martí Font. El libro, que es como una extensión de otro del mismo autor, La España de las ciudades (ED Libros, 2017), pero con una mirada más en detalle a las dos grandes urbes nacionales, relata los porqués de la caída de Barcelona y el auge de Madrid. Como cuenta Martí Font, Madrid creció en época de Franco engullendo pueblos y convirtiéndolos en barrios con la intención de ponerla como ciudad hegemónica de la Península. Con la Transición y, sobre todo, con el primer gobierno socialista, la pugna entre ambas localidades se igualó. Con Aznar, volvió el desequilibrio.

“Aznar diseñó el Madrid actual con la idea de que fuera la Miami europea; una capital de cómo mínimo diez millones de habitantes”. Para ello, explica el autor, se crearon las infraestructuras convenientes —como la red radial de alta velocidad, que no sólo conecta lugares lejanos sino que absorbe poblaciones cercanas (Toledo, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real) para extender la mancha urbana, y la ampliación de Barajas y su pretensión de ser hub internacional, sobre todo para conexiones americanas—, se culminó la privatización de grandes empresas públicas como Telefónica, Repsol y Endesa y se hizo del ladrillo el eje de la productividad española. Todo ello alimentaba unos capitales instalados en el centro, bien cerca del poder que tan bien les complacía, y perfectamente conectados para recibir inversiones de todo el mundo y redistribuirlas, si eso y comisiones aparte, por el resto de un país cada vez más dependiente de su capital. Pero el desequilibrio territorial consecuente no sólo lo padecía el estado, la propia ciudad veía cómo ese crecimiento se quedaba cada vez en menos manos y la desigualdad crecía. Madrid es hoy la segunda gran ciudad con más desigualdad social de Europa y la capital más segregada del continente, una urbe rota en dos por una diagonal de suroeste a noreste que deja la riqueza para la parte de arriba.

El Madrid Nuevo Norte ahora aprobado por unanimidad por todos los grupos del Ayuntamiento y aplaudido por la mayoría de los medios de comunicación es un ciclo de esteroides para esta situación. Por mucho que se repita que la operación responde a la necesidad de “cerrar una herida urbana” —la abierta por las vías de la estación—, el plan es, desde el principio, un negocio inmobiliario. La cosa nace en 1993 con González de presidente y Borrell como ministro de Fomento y responsable por eso de Renfe, que adjudica a Argentaria (ahora BBVA) suelo público, previamente expropiado, para un desarrollo urbanístico. La operación va engordando pero también va siendo frenada por diversas circunstancias hasta que, justo cuando llega al poder de la ciudad la confluencia municipalista que prometió preocuparse por vigilar el desequilibrio territorial y los movimientos especulativos, se acelera.

Aunque se haya aprobado en uno de los primeros plenos presididos por Martínez-Almeida y su gobierno uno y trino, la medalla hay que ponérsela a la exalcaldesa Manuela Carmena, a su coordinador general, Luis Cueto, y al exconcejal de Urbanismo, José Manuel Calvo. De hecho, se la ponen ellos mismos en textos como éste publicado esta semana en El País, en el que avisan de que van a dar razones de su defensa de la operación pero no terminan de razonar gran cosa. Que su proyecto tenga menos edificabilidad, un poco más de vivienda pública y algo más de atención al transporte público que el de Ana Botella no parece responder a las grandes preguntas que plantea el también conocido como “mayor desarrollo urbanístico de España”. ¿Tiene sentido usar suelo público para desarrollos privados y no aprovecharlo totalmente para vivienda social cuando por aquí no pasamos del 1% de la misma? ¿Por qué sumar poderío al norte de una ciudad segregada territorialmente en la que el sur es siempre el que pierde? En un país en estado de burbuja inmobiliaria permanente y en un mundo asolado ya por el cambio climático, ¿qué inversión de futuro es apostar por el ladrillazo de siempre?

Madrid quiere ser Londres

En realidad, la idea de Aznar de convertir Madrid en Miami ha ido mucho más allá y ahora la capital parece que quiere ser Londres. Madrid está haciendo todo lo posible por lucirse como una de esas ciudades globales hechas por y para los inversores y no por y para sus habitantes. Lo de la participación público-privada, otro hito del que se presume sonoramente en esta operación, no tiene por qué ser una mala idea siempre que lo privado esté supeditado al servicio de los intereses comunes. Lo de construir vivienda tampoco suena mal siempre que no se haga según el modelo especulativo que imponen los mercados internacionales y que nos está hundiendo en esta emergencia habitacional en la que vivimos.

Madrid Nuevo Norte recuerda a esos desarrollos londinenses que, a partir de la privatización del suelo público, se convierten en un jugoso negocio para los que manejan el tablero de juego económico del mundo y ponen a toda la región en el foco de nuevas y rentables inversiones, como explica Javier Gil aquí. Según cuenta El Confidencial, BBVA ya tiene preparada la venta del negocio a un fondo, parece que de Oriente Medio —aunque seguramente la subasta sólo acaba de empezar con la aprobación del Ayuntamiento—. Da igual que esto ocurra justo cuando el banco y la división con la que opera en este proyecto estén manchados por imputaciones judiciales; quizá tampoco importe la denuncia de Podemos e IU a 28 de los responsables de este asunto. Probablemente el tema no vaya mucho más allá. Los grandes medios de comunicación tienen como accionistas a esta y otras entidades bancarias y a un buen montón de fondos buitre. Las conexiones de los poderes privados financieros e inmobiliarios con los poderes públicos son tantas que, más que conexiones, son el mismo poder.

Tiene razón Martí Font, la especulación que hizo de Madrid la capital del reino era una premonición. Entonces fue el Duque de Lerma, que convenció a Felipe III, de quien era valido, para mover primero la capital a Valladolid y luego a Madrid después de haber comprado fincas en ambos lugares y lograr así dos pelotazos en uno. Hoy, los ganadores son los bancos y los fondos internacionales pero el asunto es el mismo. El nuevo norte de Madrid es el de siempre: más especulación, más desigualdad.

(Es justo decir que, en Barcelona - Madrid. Decadencia y auge, Josep Maria Martí Font tiene una visión de la Operación Chamartín distinta de la mía. Dedica dos o tres párrafos a elogiar el proyecto corregido por el equipo de Carmena que, sostiene, posiciona a la ciudad para continuar un crecimiento que, para él, es acertado. Aunque también menciona la alarmante desigualdad de Madrid, no termina de relacionarla con este modelo de crecimiento. En general, defiende la evolución de la capital, sobre todo frente a la decadencia que, en su opinión, está sumida Barcelona. Quizá sea por la decepción que esto último le supone o quizá por lo bien que se ve todo con un poco de distancia, aunque de cerca las cosas sean de otra manera).

La conocida como “Operación Chamartín”, ahora bautizada como Madrid Nuevo Norte, ha sido aprobada provisionalmente este lunes por unanimidad dentro el pleno del Ayuntamiento pero con la oposición en la calle de movimientos vecinales, ecologistas y políticos que denuncian lo que consideran un nuevo “pelotazo” al norte de Madrid.

Tras un cuarto de siglo de vaivenes, este proyecto público–privado con el que se edificará en los aledaños de la estación ferroviaria y sobre las vías del tren que van hacia el norte del país, entre otros terrenos, recibe el plácet de los grupos municipales solo tres días después del cese del presidente de Distrito Castellana Norte, la promotora del proyecto.

Antonio Béjar, que dirigió el Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, figura como investigado en el caso Villarejo. La Fiscalía ha pedido al juez que impute al segundo banco del país después de acreditar encargos secretos al comisario desde hace al menos quince años a cambio de millones de euros.

DCN mandó destruir en junio pasado dos discos duros y 19 CD, como publicó El País. Según la empresa contenían información interna de la compañía y del consejo tras la exclusiva de eldiario.es de un acta de 2015. Según la misma, Béjar certificó ante sus consejeros las “incuestionables ventajas” que había logrado la empresa a costa del Estado.

Béjar compareció el viernes pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Parte de su declaración estuvo centrada en la supuesta orden que dio Distrito Castellana Norte para destruir una documentación que podría estar relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco.

El expediente más alegado del Ayuntamiento

El expediente ha sido el más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid, con 3.500 escritos, una cifra que pone de manifiesto que la operación no tiene el consenso de todos los sectores. Así lo demostrarán entidades vecinales y ecologistas este lunes, donde darán su visión del plan en el Pleno de Cibeles.

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, ya han avanzado que denunciarán en tribunales y con movilizaciones el “atentado urbanístico” que supone la Operación Chamartín, informa EP.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite en diciembre de 2018 un recurso de Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra el plan, informa Efe.

Estas asociaciones definen esta operación como “un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad”.

Para Mario Espinoza, coordinador del Instituto para la Democracia y el Municipalismo, este proyecto “especulativo” va a desequilibrar más la ciudad: “Lo que va a pasar con la movilidad va a ser devastador, va a suponer un aumento del 23% de entradas a la capital y además como consecuencia la saturación de las infraestructuras diarias y las redes de transporte público”.

En cuanto al carácter social de una parte de las viviendas (se prevé la construcción de 10.500 viviendas, 4.000 de ellas públicas, y un nuevo distrito financiero en el norte de la capital, además de la reforma de la estación ferroviaria de Chamartín), Espinoza explica que “decir que las viviendas tienen algún tipo de protección no implica nada, vamos a ver si son de alquiler social o de otro tipo”.

El grupo San José subía más de un 2% en Bolsa en las primeras horas de la sesión de este lunes, después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara por unanimidad poner en marcha Madrid Nuevo Norte, la denominada, el considerado como mayor proyecto urbanístico del país. San José cuenta con una participación del 24% en Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad promotora del proyecto, controlada por BBVA.

La aprobación provisional del proyecto Madrid Nuevo Norte -conocido como Operación Chamartín- ha recibido luz verde este lunes en el Pleno municipal 25 años después de ponerse sobre la mesa. Llega a Cibeles después de haber obtenido el dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Urbano gracias al 'sí' de PP, Más Madrid y Ciudadanos. PSOE y Vox se reservaron el sentido del voto para hacerlo público en el hemiciclo.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana se enviará para su aprobación definitiva a la Comunidad de Madrid. Fueron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), quienes anunciaban el pasado 11 de julio que llevarían el proyecto de la Operación Chamartín al Pleno de julio para “desbloquear” la operación de “manera inmediata”.

Almeida mantendrá el proyecto

Martínez-Almeida explicó que van a mantener el proyecto que dejó acordado el Ministerio de Fomento, la sociedad privada impulsora de la operación -Distrito Castellana Norte, DCN- y el Ayuntamiento de Madrid capitaneado por Manuela Carmena, que “ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comunidad”. “Hay aspectos que se pueden mejorar, pero hay que primar un acuerdo tras 25 años” de parón, apostilló.

Más Madrid no tardó en reaccionar. El portavoz de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, afeó a Almeida y Villacís que se atribuyesen el desbloqueo porque es “de todos conocido” que este proyecto forma parte del “legado” de la exalcaldesa Manuela Carmena.

El concejal argumentaba que la ciudadanía “entiende que un expediente de 48.000 folios de un ámbito de 3 millones de metros cuadrados no se resuelve ni se desbloquea en tres semanas”, un expediente “que recibió el informe de evaluación ambiental justo antes de las elecciones y que ahora los técnicos municipales han incorporado las determinaciones que establece ese informe para terminar de conformar el expediente”

Almeida avanzó que el inicio de las obras podría producirse “en 2020 o 2021” y generar 200.000 empleos directos. “Somos el gobierno del desbloqueo”, añadía Villacís.

Reconocía el alcalde, a su vez, que la idea del Ejecutivo municipal no es modificar el proyecto anterior porque no son “un gobierno sectario”. “El anterior Gobierno (de Ahora Madrid) estuvo en la misma situación que éste, con un plan parcial para desarrollar la operación Chamartín, y podían haberlo llevado al primer pleno, de modo que ahora mismo ya habría oficinas y vivienda. Este equipo ha optado por otra solución, que es la de la responsabilidad institucional. No podemos alargarlo cuatro ellos como ellos y optamos por desbloquearlo”, indicaba Almeida.

Oposición vecinal y ecologista

El expediente ha sido el más alegado de la historia del Ayuntamiento de Madrid, con 3.500 escritos, una cifra que pone de manifiesto que la operación no tiene el consenso de todos los sectores. Así lo demostrarán entidades vecinales y ecologistas este lunes, donde darán su visión del plan en el Pleno de Cibeles.

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, ya han avanzado que denunciarán en tribunales y con movilizaciones el “atentado urbanístico” que supone la Operación Chamartín.

Definen la Operación Chamartín como “un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad”.

La operación no está en la palestra en los últimos días solamente por su presumible aprobación inicial en el Ayuntamiento sino por el cese de Antonio Béjar como presidente de Distrito Castellana Norte.

El nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Madrid formado por PP y Ciudadanos ha anunciado este jueves que la Operación Chamartín será aprobada en el próximo pleno de julio. Este mismo miércoles, Almeida señalaba que confiaba en llevar la aprobación del proyecto al pleno de septiembre dado que no daba tiempo a hacerlo durante este mes de julio.

Han sido el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, los que han salido este jueves a hacer el anuncio. Ambos se han felicitado por “desbloquear” un proyecto que ha desarrollado en su totalidad el anterior equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

“Se pueden desbloquear las cosas si te pones a trabajar en ellas”, ha manifestado Villacís que ha explicado que han tenido que cerrar “muchos flecos” durante este mes de Gobierno, sin especificar cuáles y reconociendo que el proyecto es el mismo que dejó cerrado en anterior equipo.

Almeida ha explicado que se va a mantener integramente el proyecto que dejaron cerrado el Ministerio de Fomento, los propietarios de DCN y el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que “ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comunidad”. “Hay aspectos que se pueden mejorar pero hay que primar un acuerdo tras 25 años” de parón, ha manifestado el regidor.

El Gobierno municipal desconoce aún si contarán con la mayoría suficiente para sacarlo adelante porque todavía no ha hablado con el resto de grupos, aunque entiende que el proyecto de Ahora Madrid es de “consenso” y podrá aprobarse con el apoyo de todos los grupos: Más Madrid, PSOE y Vox. Más Madrid confirma que sus ediles votarán a favor del proyecto.

El portavoz de Urbanismo de Más Madrid y anterior delegado del ramo, José Manuel Calvo, ha asegurado que la formación “se alegra por la noticia” y ha querido reivindicar “la autoría” del proyecto por parte del equipo de Gobierno de Carmena que ha defendido que “por coherencia” la formación apoyará la aprobación el plan parcial dado que se trata de su proyecto.

Almeida ha avanzado que el inicio de las obras podría producirse “en 2020 o 2021” y generar 200.000 empleos directos. La Operación Chamartín, que prevé la construcción de 10.500 viviendas y un gran centro de negocios en el norte de la capital, llevaba bloqueada 25 años.

El equipo de Gobierno de Carmena decidió paralizar el proyecto de Ana Botella y hacer uno de nuevo que finalmente no pudo aprobar por la falta del informe medioambiental de la Conunidad de Madrid, que lo remitió cuatro días antes de las elecciones.

Después de que salga adelante la aprobación inicial en el Pleno municipal de julio, será la Comunidad la que tendrá que dar el último visto bueno. Almeida ha asegurado que confía en “un ok lo más rápido posible por colaboración institucional”.

Izquierda Unida da un paso al margen del Ayuntamiento de Madrid para que se abandone la Operación Chamartín. IU pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que Adif rompa el acuerdo con Distrito Castellana Norte para negociar un nuevo proyecto desde las administraciones públicas.

El partido presentará una Proposición No de Ley (PNL) ante el Congreso en el que se insta a no renovar el contrato entre ADIF y DCN, que finaliza el próximo 31 de agosto. De esta manera, se acabaría con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Manuela Carmena, Adif y DCN (formada por BBVA y la constructora San José) el pasado mes de marzo. La alcaldesa ha sido tajante con la propuesta: “No va a tener ninguna transcendencia”.

IU pide rescindir el acuerdo entre ADIF y DCN porque “deja en manos privadas el futuro de nuestra ciudad”. Y reclama “conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales” y priorizan “la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno”.

En su lugar, propone abrir negociaciones con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para tramitar un nuevo acuerdo “conforme a las necesidades reales del distrito y de la ciudad”. “De este modo se conseguirá avanzar hacia un plan centrado en el reequilibrio territorial, el urbanismo sostenible y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler”, destacan en un comunicado.

Tres ediles del equipo de Manuela Carmena son de IU: Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez. Los tres concejales se han mostrado en contra del acuerdo entre el Gobierno de Ahora Madrid, DCN y Adif, que han intentado cambiar la posición del Ejecutivo sobre la Operación sin éxito. El partido liderado por Alberto Garzón ahora quiere que sea la Cámara la que se pronuncie.

Su propósito, según el comunicado, es “combatir la burbuja inmobiliaria construyendo mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles; equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas; desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, en línea con las propuestas vecinales, y trasladar el modelo al resto de la ciudad, abandonando el modelo insostenible de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas”.

“El gobierno estatal del PP ha levantado muros para impedir que los ayuntamientos del cambio tuvieran éxito. Su caída abre la puerta a revertir esta situación y situar las políticas públicas, incluido el urbanismo, al servicio de la mayoría social y de sus necesidades”, apunta IU.

Después de 25 años, parece que esta vez sí que va a arrancar la aún llamada popularmente “Operación Chamartín”, firmada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la promotora privada Distrito Castellana Norte (BBVA y San José). A lo largo de estas dos décadas ha cambiado varias veces de nombre y ahora va a ver la luz como “Madrid, nuevo norte”.

El hecho de que tras tantos años de tiras y aflojas quien finalmente haya rubricado la operación sea un “gobierno del cambio” ha levantado ampollas en determinados colectivos que no pueden entender lo que consideran una “cesión” a los intereses de los especuladores. Otras opiniones apuntan en sentido contrario: todo el proyecto supone ganar para la ciudad, para los vecinos y para el desarrollo económico un terreno que en la actualidad está desaprovechado por vías de tren en desuso.

Según el acuerdo adoptado, se edificarán 10.500 viviendas en el norte de la ciudad, frente a las 17.000 previstas inicialmente. Un 20% de las viviendas (un total de 2.100) serán de protección oficial, más otras 2.000 que pondrá a disposición el ayuntamiento para este fin. Además, 1.480.000 metros cuadrados se dedicarán a la “edificabilidad lucrativa” mientras que la residencial será de 1.050.700 metros cuadrados.

“Uno de los mayores pelotazos de las últimas décadas”

El doctor en Sociología Urbana Daniel Sorando, cree que la operación tiene un “carácter especulativo”. “Hay un intento de aprovechar el terreno público por parte de operadores privados” en el que “se calcula la edificabilidad para satisfacer una rentabilidad por parte de determinados operadores privados, y también de Adif, que cubrirá en parte los pufos del AVE, en lugar de estudiar cuáles son las necesidades reales y después decidir la edificación”. En cuanto al requerimiento del Ayuntamiento de que un porcentaje mayor al inicial se destine a vivienda de protección oficial opina que “están intentado suavizar una operación auspiciada por el bloque más poderoso, el inmobiliario–financiero”.

Añade Sorando que el proyecto “consolida un metabolismo urbano descompensado”, aquel que segrega el sur y el este de la ciudad, más desfavorecidos, del norte y el oeste, donde se concentran además la mayoría de las empresas.

Para el sociólogo e investigador Javier Gil esta operación “va a ser uno de los mayores pelotazos urbanísticos que haya sufrido Madrid en las últimas décadas” y “sin lugar a duda va a dar un enorme empujón a la burbuja inmobiliaria que sufre la ciudad”. A pesar de que se desconoce cuánto tardará exactamente en comenzar la construcción real de edificios, y menos cuándo terminará, según Gil “la consecuencia sobre el mercado de vivienda va ser inmediato: revalorización del suelo y de los activos inmobiliarios”.

Si este efecto sobre las expectativas funciona, se producirá “una revalorización que va a ampliar el efecto burbuja: subida de los precios de la vivienda, de los desahucios por impago de alquiler, crecimiento de los desahucios invisibles y de las expulsiones de la población y aumento de la desigualdad social en Madrid”.

Su criterio es que “en el contexto de la burbuja inmobiliaria y la crisis de habitabilidad, las consecuencias sobre la población van a ser desastrosas. En cambio, los efectos sobre la vivienda como inversión son ideales: ampliar los beneficios del mercado para especuladores sin que se dé una recuperación del mercado de vivienda”.

No se muestra mucho más optimista Mario Espinoza, miembro del “Instituto para la Democracia y el Municipalismo” y autor, junto a Raquel Rodríguez, del libro “De la especulación al derecho a la vivienda”. Mantiene que la operación solo va a beneficiar a “agentes especulativos, socimis y fondos buitre”. “Edificar 26 torres cuando hay parte de las cuatro torres de la Castellana que están vacías es, nunca mejor dicho, perder el norte”, afirma. Espinoza cree que la reducción de edificabilidad del nuevo proyecto (queda en 2,6 millones de metros cuadrados) apenas supone frenar “la burbuja” que se avecina. “Estamos ante un nuevo ciclo de burbuja, que va explotando de manera intensiva la ciudad”.

Por todo ello, “estamos ante una cesión clara de Ahora Madrid, que se presentó a las elecciones con un programa para frenar esta operación” y que ni siquiera ha mantenido los parámetros del anterior diseño de la operación, el de “Madrid, Puerta Norte”, más restrictivo que el actual. “No sé si se está midiendo políticamente lo que significa”, dice Espinoza.

“Un proyecto que cierra una herida”

Del lado de los defensores del proyecto, la directora del Congreso Ciudades Inteligentes, la arquitecta Inés Leal, recalca que “no hay que tener miedo a actuar en la ciudad, la ciudad necesita evolucionar y adaptarse a los retos futuros, con responsabilidad y pensando siempre en las personas”. Compara las reticencias que despierta esta operación con Madrid Río, la regeneración que se acometió en el sur de la ciudad, en una zona que también estaba degradada. “A los vecinos les ha mejorado la calidad de vida y están encantados, además de que sus viviendas se han revalorizado”. Su criterio es que “Madrid necesita este proyecto” ya que “no se puede dejar gran parte de la ciudad muerta”.

Por la cantidad de kilómetros sobre los que se actúa, Leal cree que nos encontramos además ante “el reto de generar un nuevo urbanismo para Madrid” que sitúe a la ciudad en el mapa internacional. “Si las cosas se hacen bien, va a ser una gran oportunidad”. Recuerda además que a partir de 2020 los edificios construidos en la UE deben tener un muy bajo consumo de energía, una “nueva forma de edificar”.

Otro arquitecto, el ex decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) José Antonio Granero, enfatiza que se trata de “un proyecto absolutamente necesario para Madrid y hasta urgente”, y que “trasciende Madrid y la comunidad, es internacional”. A su juicio esta “regeneración urbana” va a cerrar “una herida tremenda en el norte de Madrid”. Sobre las críticas al carácter especulativo de la operación, sostiene que el beneficio urbano y para los vecinos y la rentabilidad económica deben ir unidas. “Si no, no sería viable”, añade.

A su entender, se trata de una operación de “recuperación urbana y social” que debe mirarse en el espejo de otras actuaciones similares en las inmediaciones de vías de tren en ciudades como Londres, Ámsterdam, Milán y Berlín.

También glosa las ventajas del proyecto la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima). Su director gerente, Daniel Cuervo, explica que se trata de “una buena noticia para los vecinos de Madrid y para el mercado inmobiliario. ”Habrá viviendas, comercios, oficinas y zonas verdes donde ahora solo hay escombros“, asegura. De este modo ”generará una cantidad importante de riqueza para la ciudad“ y ”resolverá una demanda importante de vivienda, que se demuestra con los precios al alza“. Frente a quienes opinan que servirá para elevar los precios inmobiliarios por las expectativas de revalorización, Cuervo cree que ”al haber más oferta probablemente se relajarán los incrementos de precios“.

Aún en el caso de que no haya más sorpresas en el devenir de esta operación lanzada en el pasado siglo (es posible que aún puedan dictarse nuevas sentencias como la que anuló parte del desarrollo previsto en 2011), seguramente pasarán años antes de que se pueda comprobar en la práctica quién está en lo cierto. Se trata de una operación a veinte años en la que los primeros edificios no estarían construidos hasta dentro de, por lo menos, un lustro.

Para las asociaciones de vecinos y Ecologistas en Acción, el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN) para la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, “roza la ilegalidad”. Se basan en la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que prohíbe los acuerdos sobre urbanismo.

El artículo 245 de dicha ley establece que “son nulos de pleno derecho los convenios urbanísticos de planeamiento, así como cualquier convenio o acuerdo, cualquiera que sea su denominación, que tenga por objeto definir los criterios de ordenación del futuro planeamiento urbanístico mediante estipulaciones que establezcan la obligación de hacer efectivos antes de la aprobación definitiva, los deberes legales de cesión y, en su caso, los convenidos entre las partes que establezcan obligaciones o prestaciones adicionales más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados”.

A criterio de la federación regional de asociaciones de vecinos de Madrid (FRAMV) y Ecologistas en Acción, el convenio firmado el pasado mes de julio entre Manuela Carmena, Fomento y DCN incumple este artículo de la ley y no descartan “cuando se apruebe” llevarlo a los tribunales. “En este momento no hay todavía un acuerdo administrativo que se pueda recurrir, pero cuando se apruebe se estudiará si hay base legal para ello”, asegura a eldiario.es Vicente Pérez Quintana, portavoz de la FRAMV y la coordinadora del Norte. El Ayuntamiento de Madrid no ha querido responder a estas aseveraciones.

Primera reunión con los colectivos sociales

De cumplirse los plazos previstos en julio, el proyecto iniciará su tramitación administrativa a principios del último trimestre de 2017 y su aprobación inicial se producirá en enero de 2018. El visto bueno definitivo se daría a finales de 2018. Pero antes de que acabe 2017, se está desarrollando un proceso específico de participación con las asociaciones ciudadanas articulado por el Ayuntamiento de Madrid.

El pasado viernes tuvo lugar la primera reunión, a la que acudieron las asociaciones vecinales, ecologistas, DCN (formada por BBVA y la constructora San José), el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento. A la salida del encuentro, la FRAVM emitió un comunicado muy crítico con el proyecto y acusó al Ayuntamiento de Madrid de haberse “plegado completamente a los interese del BBVA”.

“Estamos bastante decepcionados”, se queja Pérez Quintana. “El Ayuntamiento se ha hecho una enmienda a la totalidad a su propia protesta, incumpliendo también su programa electoral”. Además, lamentan que estas negociaciones con los colectivos sociales parten del acuerdo ya cerrado con Fomento.

“Nos están utilizando para legitimar un acuerdo ya pactado y cerrado”, lamenta Ángeles Nieto de Ecologistas en Acción“. ”Nos preguntan para decidir qué calles van a ser peatonales, dónde van a estar los rascacielos, pero el plan importante, los números gruesos, están ya pactados y no se pueden tocar“.

“Se incrementan los problemas de la zona”

'Madrid Nuevo Norte', antes 'Madrid Puerta Norte', antes 'Operación Chamartín', puede poner fin a 24 años de avatares en torno al desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital. Pero, tanto para la FRAVM como para Ecologistas en acción, el convenio firmado no es “sostenible” y no resuelve los problemas que presenta actualmente la zona, sino que “los agrava”.

Manuela Carmena ha enterrado los planes de edificar 16.000 viviendas de su predecesora, Ana Botella, pero también se ha quedado lejos de lo que prometió al hacerse con el expediente. Finalmente las viviendas que se construirán serán 11.000, más del doble de la apuesta inicial de Ahora Madrid cuando planteó que fueran 4.600. También los metros cuadrados del suelo edificable se alejan de este planteamiento inicial del consistorio.

En cuanto a la edificabilidad total del espacio, excluyendo el ámbito de la estación de Chamartín, será de 2.680.000 m, un 20,5% menos con respecto al plan anterior, cuando el proyecto anterior del Ayuntamiento quería reducirlo en un 50%. De éstos, se destinarán 1.100.000 m para edificabilidad residencial y el resto al uso terciario, es decir, a oficinas.

“El enorme número de viviendas y unidades de terciario auguran la congestión de la zona, es decir, atascos, problemas graves de movilidad, así como un incremento de la contaminación atmosférica y acústica”, consideran desde la FRAMV. A estos problemas hay que añadirles, consideran, los que ya sufre la zona que tiene “deficiencias importantes en cuanto a infraestructuras como son centros deportivos, escuelas o centros sanitarios que este plan no contempla solucionar”. Critican también que “el proyecto compute como zona verde la losa de hormigón que servirá para cubrir las vías de tren”.

También críticas internas

Pero estas críticas no vienen solo de los colectivos sociales, también las hay internas. Anticapitalistas, Izquierda Unida y Ganemos se han posicionado también en contra del acuerdo evidenciando los delicados equilibrios que ha de mantener la coalición de Ahora Madrid.

Algunos miembros del Gobierno consideran que la alcaldesa solo atiende a las presiones cuando provienen del exterior. Ponen de ejemplo lo ocurrido con la marcha atrás en la peatonalización de setenta metros de calle en Galileo. Lo que para Carmena es una prueba de buena gestión porque demuestra que Ahora Madrid no representa un peligro, volverá a abrir ampollas y a escenificar las diferencias dentro del Gobierno.

Pontevedra es una ciudad que en menos de 15 años ha conseguido que el 70% de los desplazamientos se hagan a pie o en bicicleta. En 1999 empezaron con una filosofía de la que Madrid tiene aún mucho que aprender: diseñar y actuar en las ciudades para las personas y no para los coches. Al principio, muchas de las medidas fueron contestadas pero, al igual que en Londres, los mismos que se oponían en un principio a la recuperación de espacios para los ciudadanos son ahora sus más firmes defensores.

En los últimos 30 años, la Comunidad de Madrid ha descuidado el modelo de movilidad y apostado de manera inequívoca por el vehículo privado. Los datos en este sentido son incontestables, tanto de evolución de la motorización (pasando de 42% al 70,1% desde el año 81) como del uso del transporte privado (que pasa del 31% a casi el 60% en el mismo periodo). 

El Paseo de la Castellana vertebra la ciudad de norte a sur siendo, quizás, la arteria más importante de la ciudad. A día de hoy, en el entorno de la misma se concentran más de 240.000 empleos a lo largo de todo su eje y se generan aproximadamente unos 575.000 viajes diarios. 

Tras el acuerdo de las diferentes administraciones sobre el proyecto que definirá la extensión norte de Madrid, se estima que en los nuevos desarrollos se podrán albergar unos 125.000 empleos más, incrementando notablemente el número de viajes en la zona de Chamartín ya de por sí muy concurrida. El desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte tiene muchos riesgos pero también muchas oportunidades.

El riesgo más evidente es que el diseño de transporte público no sea lo suficientemente atractivo como para que la gente prefiera ir en sus vehículos, ya que ninguna infraestructura que pudiéramos imaginar admitiría un incremento de más del 50% en el número de viajes actuales.

Entre las oportunidades, que iremos viendo según avance el plan, destacaría tres: la primera es que por fin la movilidad es una prioridad fundamental del proyecto en el que, además, una parte de las plusvalías esperadas serán destinadas al pago de las infraestructuras diseñadas ex-ante. La segunda es que el barrio de Fuencarral, que ha tenido un crecimiento exponencial durante la última década, va a poder integrarse adecuadamente en la ciudad y por último puede, con una adecuada planificación y mejora de nuestros transportes públicos mejorar la saturada circulación en el nudo de Manoteras.

Como parece evidente, la percepción que muchos tenemos respecto a la movilidad ha ido variando en estos últimos años con los efectos de la contaminación, los atascos y una nueva generación más concienciada con el medio ambiente, pero estamos aún muy lejos de lo que podríamos considerar el óptimo en movilidad.

La Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes tienen un papel fundamental en este nuevo desarrollo y es vital que desde el Gobierno se tome con la seriedad correspondiente para asumir los retos que vienen, ya que debemos lograr que nuestro transporte público sea tan eficiente que coger el coche nos parezca de otra época. 

La semana pasada, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el Ministro de Fomento y el presidente de la empresa Distrito Castellana Norte (DCN) presentaron «Madrid Nuevo Norte». Tras el anuncio, y al tratarse de una actuación tan relevante y que tanta expectación ha generado, se han ido sucediendo todo tipo de comentarios, análisis y valoraciones. Estas reacciones, aunque quizá demasiado precipitadas en algún caso, ponen de manifiesto una serie de cuestiones importantes que conviene aclarar.

Hay que recordar primero que lo que se ha presentado no es el proyecto sino las líneas estratégicas que van a definirlo. Podría decirse que hemos pactado las reglas del juego y ahora toca echar la partida. A la vuelta del verano, iniciaremos los trabajos para aterrizar el acuerdo en una propuesta concreta de ordenación que recoja los objetivos estratégicos fijados.

1. Modelo sostenible e integrado 

Se toma como base la propuesta municipal presentada como alternativa al plan anterior: Madrid Puerta Norte. Al sur de la M30, predomina el uso terciario de oficinas y, al norte, el residencial con algo de actividad terciaria próxima a los nodos de transporte. También se fija como prioridad la remodelación de la estación y se garantiza una movilidad sostenible, basada en el transporte público, al ubicar en su entorno el centro de negocios.

2. Iniciativa pública

El plan anterior dejaba la iniciativa en manos de la empresa DCN, que se aseguraba la mayoría en el conjunto de la operación al definir un ámbito único. Ahora, el ámbito se divide en cinco sectores —Estación, Centro de Negocios, Malmea, Tres Olivos y Las Tablas— lo que facilita una gestión más eficaz y evita el control de uno de los propietarios sobre los demás. Además, se garantiza el control público del desarrollo de la zona sur, donde la mayoría del suelo es de titularidad pública, mediante la creación de un órgano participado por las administraciones implicadas.

3. Reducción de la edificabilidad

Si comparamos tanto con el planeamiento vigente como con el anterior plan parcial, se reduce sustancialmente la edificabilidad. Adif-DCN pasan de tener 1,85 millones de m2 a 1,31, aproximadamente un 30% menos. Esto sucede porque las vías del tren quedan excluidas de la operación, de forma que ya no generan aprovechamiento como sí ocurría anteriormente, lo que permite ajustar las edificabilidades a la capacidad real del territorio.

4. Reequilibrio territorial

Una de las principales dudas planteadas son los posibles desequilibrios territoriales que una actuación de estas características puede llegar a producir. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha exigido aumentar el porcentaje de vivienda protegida hasta el 20% —la ley establece un 10%— y que todas las cesiones al municipio sean en suelo residencial. De esta forma, dispondremos de unas 4.100 viviendas públicas, un 37% del total, para desarrollar políticas de vivienda también en el norte y no únicamente en el sureste, reduciendo con ello la brecha territorial.

5. Participación ciudadana

Como en otros casos similares, desde el Ayuntamiento impulsaremos un proceso de participación con todos los agentes implicados —grupos políticos, vecinos, comerciantes, propietarios, especialistas, etc.— para recoger e incorporar sus propuestas, necesidades y demandas. Igual que hemos hecho en Mahou-Calderón, Paseo de la Dirección o los Desarrollos del Sureste, por poner algunos ejemplos. Una actuación de estas características debe contar con un amplio respaldo social y político, y asumimos la obligación de conseguirlo.

Estos principios darán forma a Madrid Nuevo Norte. El acuerdo alcanzado demuestra que hay alternativas mucho mejores que la que pretendían imponernos. Que la responsabilidad y la firmeza no son incompatibles con el desarrollo de proyectos necesarios.

Porque siempre hemos sido conscientes de que los vecinos del entorno llevan mucho tiempo esperando soluciones. Solo hay que darse una vuelta por la zona para comprobarlo. Es imprescindible cerrar esa herida urbana con un proyecto que integre los distintos barrios y resuelva las conexiones transversales. Un proyecto que amplíe las zonas verdes, los equipamientos y los servicios, no solo para los futuros habitantes sino para los que ya viven en Begoña o Fuencarral y sufren a diario la falta de dotaciones. Un proyecto que facilite la accesibilidad a barrios como Las Tablas o Tres Olivos y contribuya a mejorar la movilidad en todo el norte. Estos son los principales retos que tenemos por delante. Todavía queda camino por recorrer pero, por primera vez en veinticuatro años, avanzamos en la dirección correcta.

Las asociaciones de comerciantes y vecinos de los barrios afectados por la nueva 'Operación Chamartín', ahora 'Madrid Nuevo Norte', han dado una respuesta desigual al que parece el impulso definitivo al desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Manuela Carmena, el Ministerio de Fomento, y la la sociedad Distrito Castellana Norte (formada por BBVA y la constructora San José) se califica como “esperanzador” por parte de la Asociación de pymes de Chamartín, pero es rechazado por la plataforma ciudadana Madrid Zona Norte.

Mucho ha cambiado Madrid desde que hace casi 24 años Renfe adjudicara a un consorcio liderado por el banco Argentaria (posteriormente integrado en BBVA) la concesión sobre los terrenos del Estado ubicados en el recinto ferroviario de Chamartín. Sin embargo, los alrededores de la estación se han quedado estancados, a la espera de un desarrollo que nunca llegaba, lo que ha afectado al comercio y a la hostelería y ha provocado un gran “sufrimiento social”, según asegura el vocal de la Asociación de comerciantes de la zona, Miguel Rodríguez.

“Es hora de cerrar la herida del tren, no se puede tolerar que las vías ferroviarias rompan la estructura urbana de la ciudad”, defiende. Afirma que los vecinos de la zona tienen que ir a abastecerse, como muy cerca, a Plaza de Castilla, y que la incertidumbre, unida a la crisis, ha llevado a clausurar multitud de establecimientos.

Frente a esta opinión esperanzada, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la plataforma ciudadana Madrid Zona Norte “lamentan que el Consistorio se haya plegado a los intereses” de BBVA, que por cierto tiene su sede en uno de los barrios afectados, Las Tablas. Además de éste, los ámbitos de actuación del plan serán el Centro de Negocios Chamartín, Fuencarral- Malmea (un polígono industrial), y Fuencarral-Tres Olivos. Alrededor de la estación, que pretenden remodelar por completo, se quiere construir un gran centro de negocios a imagen de la City londinense.

Según la plataforma vecinal, con el acuerdo se ha perdido “una oportunidad de oro para avanzar en el reequilibrio de la ciudad”.

Aunque reconocen como algo positivo la rebaja del número de viviendas respecto al plan inicial de Distrito Castellana Norte, siguen considerando excesiva la cifra de 11.000 viviendas que incluye el nuevo proyecto, de las cuales “solo un 20%, 2.200 pisos, serán de protección oficial”, dicen. Al respecto, el Ayuntamiento explica que dispondrá de otras 1.900 calificadas como libres, que podrían tener un uso para alquiler social a través de la EMVS. Esto se traduce en que el municipio tendrá en total de unas 4.100 viviendas adicionales para desarrollar políticas públicas de vivienda, según Carmena.

Pero para estas asociaciones “en el noreste sobran viviendas y oficinas vacías, como sobran en el resto de la ciudad, por lo que no es necesario construir más”. “Pero si se construyen lo que necesitamos son pisos públicos de alquiler económico, ya que apenas tenemos en nuestra zona”, indica Félix Arias, portavoz de la FRAVM y de la citada plataforma, que agrupa a colectivos del barrio del ámbito afectado por la operación.

Sin embargo, Antonio Díaz, miembro de la ejecutiva de la asociación de vecinos de Las Tablas asegura que están “muy contentos”, pues según asegura habían venido trabajando por el desbloqueo y la puesta en marcha de la operación, cuya ejecución se podría prolongar entre 2019 y 2039. “Esperamos que se resuelva el actual caos circulatorio y que las infraestructuras nos conecten con el resto del distrito”, explica. En este barrio residen unas 37.000 personas pero acuden cada día a trabajar en torno a 40.000 más en empresas como BBVA, Telefónica, Telecinco o Huawei, con los consiguientes problemas de tráfico.

Nudo de Fuencarral y Manoteras

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que entre otras medidas para resolver las dificultades circulatorias, que se podrían ver incrementadas con la construcción de nuevas viviendas, se quieren “tocar” los nudos de Manoteras y de Fuencarral. “Que una operación urbana lleve 24 años en un impasse ha generado muchos problemas a los vecinos y propietarios”, recalcan estas fuentes.

Sobre la posibilidad de que una vez más este plan resulte fallido en caso de cambio de gobierno, con todas las cautelas las fuentes consultadas creen que la aprobación definitiva del mismo a finales de 2018 evitaría posteriores modificaciones. Botella retiró del orden del día del último pleno de su mandato, en 2015, la aprobación del anterior proyecto, que suponía construir 19.000 viviendas.

Fuentes del PP explican que tomó esta decisión “por responsabilidad” y por no dejar cerrado un proyecto de tal envergadura al siguiente consistorio. Sobre el actual plan consideran prematuro opinar, ya que afirman que “apenas lo conocen aún”, aunque en principio lo consideran “positivo”. 

Si nada se cruza en el camino del nuevo proyecto debería empezar a andar en 2019, el mismo año en el que se celebran elecciones municipales y autonómicas. De ser así, con unas obras que se prolongarían dos décadas y una inversión prevista de 6.000 millones de euros, cambiará definitivamente la fisionomía del norte de Madrid.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, han sellado este jueves públicamente y con toda solemnidad su acuerdo sobre la nueva 'Operación Chamartín', ahora bautizada 'Madrid Nuevo Norte'. Es “un gran paso” para Madrid, han coincidido ambos gestores, que empezó a fraguarse hace casi un cuarto de siglo.

Las cifras que se manejan los administradores del plan para el “mayor proyecto urbanístico de España” y “de los más importantes de Europa”, en palabras de De la Serna, son de enorme magnitud: 6.000 millones de inversión, 200.000 puestos de trabajo, 11.000 viviendas, de las que unas 4.100 serán públicas, como adelantó eldiario.es. Una edificabilidad en todo caso un 20% inferior a la del anterior proyecto, rubricado por el ayuntamiento de Ana Botella.

También se han confirmado los plazos, que contemplan la aprobación definitiva del proyecto a finales de 2018, y el comienzo de las obras en 2019 (año de las elecciones autonómicas y municipales). Los trabajos podrían extenderse veinte años, según el antiguo proyecto, es decir, hasta 2039, aproximadamente.

Lo primero que se tocará será la Estación de Chamartín, junto a la cual se quiere construir un centro de negocio al que se espera atraer a empresas extranjeras en pleno éxodo de la City londinense debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit). “Nos hemos centrado mucho en la estación”, ha explicado la alcaldesa, que ha confiado que acabe siendo visitada por los turistas. “Será la mejor estación de España”, ha confirmado el ministro.

“Entre todos hemos construido la urdimbre, pero ahora faltan los colores, la lana, el volumen”, ha dicho Carmena, que ha dicho sentirse “muy orgullosa” de haber conseguido el pacto: “Es un día muy importante para Madrid. El Ayuntamiento se siente muy orgulloso de haber encontrado una puerta para negociar y haber encontrado interlocutores”. Carmena ha hecho especial hincapié en las 4.100 viviendas que serán de protección pública, y que “hacen falta”.

“Para que haya podido llevarse a buen puerto este proyecto no solo hacen falta voluntad, también habilidades”, ha dicho la alcaldesa, que en sus agradecimientos ha hecho especial referencia al grupo municipal socialista, y ha llamado a todos los grupos del Ayuntamiento a apoyar estos planes.

Sobre su proyecto anterior, 'Madrid Puerta Norte', que contemplaba la construcción de 4.600 viviendas, la mitad de las que finalmente se edificarán, Carmena ha afirmado que “fue la puerta que nos ha llevado a Madrid Nuevo Norte”.

El proyecto más importante de Europa

Por su parte, el ministro Íñigo de la Serna, ha destacado que 'Madrid Nuevo Norte' se trata de “probablemente el proyecto urbanístico más importante que se está planteando en Europa” y es “responsabilidad de las instituciones y de la sociedad civil sacarlo adelante”

El titular de Fomento ha recordado que “no ha sido un proceso fácil”, pero ha asegurado que el que ahora surge “del consenso” reúne “los intereses de todas las partes”. “De poco sirve hablar de proyectos anteriores”, ha zanjado. Para De la Serna “se ha alcanzado un equilibrio” entre los distintos usos del suelo.

Ha recalcado que la estación de Chamartín, que en la actualidad cuenta con seis vías de alta velocidad, pasará a tener 18, que se añadirán a las trece de Cercanías ya existentes.

Ha confirmado además que el Ministerio sigue contando con que de los aproximadamente 6.000 millones de euros de inversión, Fomento aportará 1.245.,

El presidente de Distrito Castellana Norte (BBVA y la constructora San José), Antonio Béjar, se ha referido al proyecto como una oportunidad para atraer inversión.