La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha preguntado al PP regional si su Comité de Dirección de este martes se ha celebrado en relación “a lo que se les avecina” a unos días de que se celebre el juicio sobre el caso Kitchen.

Abengózar ha ironizado así sobre el hecho de que en el banquillo de los acusados se sentará Andrés Gómez Gordo, número dos y mano derecha de María Dolores de Cospedal durante su etapa de gobierno en la región, y nexo que une a la expresidenta castellanomanchega con el operativo ilegal de espionaje al extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa, la portavoz socialista ha preguntado en rueda de prensa al PP si, en el caso de que Gómez Gordo entre en prisión, “va a expulsar el PP regional a Cospedal por responsabilidad política” o, de lo contrario, va a seguir “mudo”.

Haciendo mención al Comité de Dirección que celebran este martes los 'populares', Abengózar ha cuestionado si esta cita tiene que ver “con lo que se les avecina”, pero en cualquier caso ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, “que se pronuncien”.

“Se quedan mudos ante estas noticias”

“El PP habla de ocurrencias todos los días, pero ante noticias como esta se quedan mudos. Y el señor Gómez Gordo, para el que la fiscalía pide 15 años de prisión, era la mano derecha de Cospedal. Algo tendrán que decir ante esta noticia tan importante. ¿Qué responsabilidad política tenía Cospedal?”, ha aseverado, en relación a la que es la presidenta de honor actual del PP regional.

Un PP, ha afirmado Abengózar, que, ante la llamada de Génova “ya sabemos lo que hace y esta vez no será una excepción”, continuarán “en silencio del mismo modo que permanecen callados cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de sus siglas”, ha apuntado.

Denuncia para cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura

Por último, Abengózar también ha preguntado a los 'populares' si serían capaces de interponer una demanda contra un Ministerio de su propio signo político, tal y como ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha en el día de hoy para que el Ministerio de Transición Ecológica cambie las reglas del trasvase del Tajo.

La portavoz ha asegurado que con este recurso se pide que el Gobierno central modifique, de una vez por todas, las reglas de explotación del trasvase, “porque es justo para Castilla-La Mancha que se respete la normativa europea y las distintas sentencias”, ha añadido.

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo. En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas, elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas.

En el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular destaca la detención de Martínez en junio del pasado año acusado de integrar una organización criminal que lideraría un joven hacker que penetró en las bases de datos de la Administración central. A eso habría que sumar su imputación en la causa que sigue el juzgado de Santiago Pedraz por las maniobras policiales contra Podemos. Además, argumenta el PSOE, Francisco Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza continuos viajes a ese país, por lo que se eleva el riesgo de fuga.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Francisco Martínez, dice el PSOE, ejerce como letrado de las Cortes, si bien en estos momentos se encuentra en excedencia y trabaja de abogado. Los socialistas argumentan que una condena le haría perder su condición de funcionario. La pérdida de esa fuente de ingresos, añade, “incrementa de forma significativa el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, en la medida en que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional”.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizagos pagos de los fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingrear en la Policía y monitorizar al chófer.

Andrés Gómez Gordo, recuerda el escrito del PSOE, ha sido condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada a 3 años y 6 meses de cárcel, estando a la espera de sentencia firme. La responsabilidad civil impuesta en la condena, a pagar entre todos los detenidos, es de más de 40 millones de euros. Esto, añade el PSOE, “consolida un horizonte penal concreto y especialmente gravoso” para Gómez Gordo.

“Resulta difícil explicar cómo el procesado puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad, ejercida por un despacho de reconocido prestigio y elevada minuta profesional, con los ingresos propio de su condicion de funcionario público, ya más aún en el caso de que se encontrara, como cabría presumir, en situación de suspensión de empleo y sueldo”, recoge el escrito. Y añade: “Esta circunstancia permite inferir, al menos indiciariamente, la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas”. El PSOE se refiere a que Gómez Gordo está representado por el despacho de José Antonio Choclán, abogado de, entre otros, Julio Iglesias. Los socialistas se quejan de que el tribunal no haya ordenado un “análisis patrimonial” de los investigados para esclarecer esta situacion.

En el banquillo de Kitchen se sentarán once acusados. La solicitud de penas más altas por parte de Anticorrupción son para los dos citados, Gómez Gordo y Martínez, y para otros dos procesados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el antiguo director operativo de la Policía Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Pino fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos en el caso del pendrive de los Pujol.

El riesgo de fuga ya fue apreciado por el Tribunal Supremo como motivo para dictar la prisión provisional contra José Luis Ábalos y Koldo García en el caso mascarillas. Ambos ingresaron en prisión el pasado 28 de noviembre con el argumento de Anticorrupción de que el juicio se celebraría en pocos meses y eso, sumado a las altas penas de prisión solicitadas contra ellos, elevaba el riesgo de que se sustrajeran a la acción de la justicia, pese a no haberlo hecho hasta ese momento y desde que arrancó la investigación contra ellos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que “cualquier cosa es posible” tras conocerse que la Audiencia Nacional ha citado para testificar como testigo a la expresidenta del Ejecutivo regional, María Dolores de Cospedal, junto al expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el marco del caso Kitchen.

En declaraciones a los medios, García-Page ha manifestado que “muchos tienen la sensación en España de que hay cosas que no se han investigado como debieran y que no han aflorado judicialmente como debieran”. “Tengan en cuenta que el número dos de Villarejo, al que le piden además 15 años de prisión, era director general, pared con pared con Cospedal”, ha añadido el presidente castellanomanchego en referencia a Andrés Gómez Gordo, “el número dos de Villarejo”.

Page ha recordado que Gómez Gordo, al que “le piden 15 años de prisión”, era “director general en la presidencia de Castilla-La Mancha, siendo la presidenta y secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Así que cualquier cosa es posible”.

Sobre el proceso judicial en el que está implicado el entorno de su predecesora en el cargo en el Palacio de Fuensalida, García-Page ha dicho que “en lo personal, no le puedo desear nada mal a nadie, y ni siquiera a Cospedal”. “En mi tierra se cebó, hizo muchísimo daño, durante cuatro años vivimos en un permanente Viernes de Dolores”.

“Hacen falta muchas explicaciones”

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, también ha valorado esta noticia, lamentando que “un día más”, Cospedal esté en las portadas de los periódicos y el Partido Popular de Castilla La Mancha callado. Así, Padilla ha asegurado que “duele” ver que mientras Cospedal era la presidenta de Castilla-La Mancha “y acometía los mayores recortes que se han producido en esta región”, su “única preocupación” era “este tipo de prácticas”.

“Hacen falta muchas explicaciones todavía por parte de ella, pero también explicaciones por parte del PP de Castilla-La Mancha, de Paco Núñez, que se esconde, como siempre, cada vez que sale este tema a relucir”, ha concluido la portavoz.

La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre ellos su exconsejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces imponen siete años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le obliga a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto con varios acusados. Los otros cuatro son condenados a penas de tres años y medio de presidio.

Junto con Prada son condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos miembros del equipo que participó en el desarrollo del proyecto. Es absuelto uno de los acusados, Mariano José Sanz, entonces subdirector general técnico del proyecto. Las condenas son ligeramente más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada es condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata el descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para poner marcha el proyecto. Existió una “intensa actividad de contratación” en la que los acusados, encabezados por el hombre de confianza de Aguirre, “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y adjudicaron contrato tras contrato que “se alejaron cada vez más del objeto social”.

La sentencia cuantifica el agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre: 40,4 millones de euros. Una cuantía que, según los jueces, es de “suma gravedad”. Fue ella quien, según el juicio, afirmó que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso costó “más de 13 millones de euros”, destacan los jueces. En total, más de 40 millones que forman parte de la malversación. “Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público”.

Ninguno de los contratos que suman 40 millones de euros sirvieron “al interés público” y generaron un “evidente perjuicio”. El fracaso del proyecto, analiza la Audiencia Nacional, “se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes”. Estos gastos, zanja la sentencia, “esquilmaron” la Ciudad de la Justicia.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en caso de ser considerada firme implicaría la entrada en prisión obligatoria de todos los condenados, al superar sus sanciones por un único delito los dos años de prisión, aunque ninguno tiene antecedentes penales. Los jueces otorgar a Prada, entonces hombre de confianza de Aguirre hasta su caída en desgracia en Madrid por apoyar a Mariano Rajoy en la pugna interna por el poder del PP, un papel protagonista. Y denuncian que la Comunidad de Madrid gastó más dinero en promocionar el proyecto que en asegurar su viabilidad.

“La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y Campus empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, denuncia la Audiencia Nacional. En algunos de esos actos, revela la hemeroteca, participó la propia Aguirre para promocionar uno de los grandes proyectos de su primera etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid antes de empezar a encadenar mayorías absolutas.

Un “parque temático del autobombo”

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo con la Fiscalía haciendo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta ocho años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto él como el resto de acusados negaron las irregularidades mientras que el fiscal del caso fue claro al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para poner en marcha un fallido “parque temático del autobombo”.

“Firmé lo que me pidieron”, dijo Prada a lo largo de su declaración. Fue una alegación constante entre antiguos altos cargos y responsables del Campus de la Justicia, negando irregularidades o descargando en sus superiores las decisiones controvertidas. Una de ellas fue Esperanza Aguirre, que también compareció como testigo para defender desde la primera hasta la última piedra del proyecto fallido que ahora intenta resucitar Isabel Díaz Ayuso con una nueva inversión millonaria.

“No, en absoluto”, dijo la expresidenta madrileña cuando le preguntaron por el rosario de irregularidades que, según los investigadores a lo largo del proyecto. Los imputados, dijo, no tenían ninguna obligación de darle información pormenorizada sobre cómo iba la construcción. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, afirmó.

A nadie en Castilla-La Mancha se nos escapa que el Partido Popular presidido por Paco Núñez es mimético al de Cospedal. De hecho -a pesar de perder dos veces las elecciones por su política de recortes y por sus acciones no ejemplares en directo o en diferido- todos los dirigentes del partido que formaban la cúpula de Cospedal siguen estando en puestos de responsabilidad, y los pocos que faltaban tras el Congreso de la sucesión han sido llamados a filas como miembros del hipotético “gobierno en la sombra” de Núñez a principios de septiembre.

Es verdad que con Cospedal hacen cosas extrañas, de amagar y no dar, de me gusta todo de ti pero tú no, o de todo contigo pero sin ti... Cosas que le hacen afirmar al señor Núñez un día que es la Presidenta de honor del PP regional porque “contigo empezó todo María Dolores”, al día siguiente ni confirmar ni desmentir, para llegar al fin de semana afirmando que “fue una presidenta ejemplar y que siempre tendrá las puertas abiertas del PP (entendemos de la dirección porque del partido nunca le echaron)”; pero en esto María Dolores de Cospedal ya conoce a quien dejó de sucesor y no debe sorprenderle lo que al resto nos extraña: su infinita capacidad de contradecirse todos los días.

Pero Cospedal no puede reprocharle nada, al fin y al cabo, el mayor problema que tiene hoy el PP de Núñez sigue siendo su larga sombra de recortes y de supuestas tramas de corruptelas en las que altos miembros del Gobierno regional del PP estuvieron directamente implicados según los autos judiciales. Incluso la fiscalía anticorrupción o las más de 100 grabaciones de Villarejo les señalan a Cospedal y a su marido como responsables directos del caso Kitchen (sobornos, espionajes y destrucción de pruebas para sabotear la investigación del caso Gürtel).

A pesar de que Núñez afirme lo contrario, Cospedal no fue una buena presidenta. Sus recortes fueron los más crueles de toda Europa planteando un cambio de modelo radical hacia la gestión privada de los servicios públicos, un modelo donde el beneficio social es secundario y en el que al sólo buscar la rentabilidad o la justificación económica de los servicios, te hace llegar a la conclusión de que te sobran la mitad de los hospitales, y casi todos los colegios o consultorios de municipios de menos de 5.000 habitantes. Rompieron con fuerza el artículo 14 de la Constitución que nos garantiza los mismos derechos y obligaciones con independencia, también, de si vivíamos en las zonas rurales o en las zonas urbanas.

Fueron cambios estructurales, a largo plazo, que justificaron con coyunturas económicas, pero, ¿en qué coyuntura pueden justificar todo lo que hoy conocemos de la cara oculta de la gestión de Cospedal? ¿Cómo pueden explicar que la sede de la presidencia de la Junta se convierte era en un epicentro oscuro de la agenda de los Bárcenas o Villarejos de turno? ¿Cómo podemos perdonar que el señor Gordo, hombre de confianza de Cospedal en la presidencia regional, se encargara supuestamente de espiar, chantajear o usar fondos reservados para sobornar al chofer de Bárcenas?

Debe haber responsabilidades políticas de calado por los hechos que sucedieron durante su mandato

No sabemos cuál será la responsabilidad penal que determinen los tribunales sobre la actuación de Cospedal a pesar de las peticiones de la fiscalía anticorrupción de sentarle en el banquillo de los acusados, pero sí tenemos claro que debe haber responsabilidades políticas de calado por los hechos que sucedieron durante su mandato.

Andrés Gómez Gordo no era de Castilla-La Mancha, de hecho, era un comisario de la policía nacional residente en Madrid que fue fichado como Director General por Cospedal para encargase de documentación y análisis. ¿Qué hacía un comisario de Madrid en el Palacio de Fuensalida y cuáles eran sus funciones? Es la tapadera de mayor rango de la historia de nuestra democracia.

Dice el juez de instrucción que el director general de Cospedal era el enlace entre el ex Ministro del Interior (expulsado del PP y sentado en el banquillo) y el chófer de Bárcenas que, a su vez, era el encargado de robarle la documentación y de dar información de sus movimientos a la dirección del PP.

Es difícil pensar que todas esas acciones, quedadas y reuniones realizadas muchas veces en horario laboral, pasaran desapercibidas por los dirigentes del PP regional, que nadie de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha se preguntara: ¿dónde está hoy el señor Gordo? O, simplemente, ¿a qué se dedica?

Y es ahí donde entra de lleno la responsabilidad política de la presidenta Cospedal y de los dirigentes del Partido Popular de esa época que, lamentablemente, siguen siendo sus actuales dirigentes.

Paco Núñez parecía en verano estar aliviado por el pequeño balón de oxígeno que la instrucción del caso Kitchen le dio a Cospedal, pero su problema es Gordo, Andrés Gómez Gordo, que se ha convertido en un verdadero cordón umbilical entre las corruptelas de la Gürtel y la Kitchen, el Palacio de Fuensalida y el PP de Castilla-La Mancha.

La responsabilidad penal de Cospedal y de Gómez Gordo la tienen que tomar los jueces, faltaría más, pero la responsabilidad política de los que hicieron, permitieron, callaron o no vigilaron a los cargos públicos durante la etapa más oscura de la historia de nuestra Región está todavía por determinar. No se puede estar engañando todo el tiempo a todo el mundo, señor Núñez, porque de Gordo trata el juego.

En el catálogo de estampas ocultas que han aflorado con el caso Villarejo hay una sección entera dedicada a los reservados de los restaurantes caros de Madrid y la inquietante pregunta de qué hacía siempre un policía allí. Podía ser el propio Villarejo o cualquiera de los mandos que integran la lista de imputados, ávidos de tomar el ascensor social y olvidarse de atestados, trienios y la dichosa vocación de servicio público. El uniforme y la placa como oportunidad de negocio. Que le pregunten al comisario Andrés Gómez Gordo, al servicio del Partido Popular y de lo que el señor López del Hierro y su esposa, María Dolores de Cospedal, tuvieran oportuno requerir. 

El comisario Andrés Gómez Gordo transitó por el poder del PP en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha disfrutando de excedencias, y en el Gobierno central, de uniforme y en primera línea de la brigada política. La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel por los amaños de los contratos de seguridad en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, otra serie de obras faraónicas que dilapidaron millones y se quedaron en casi nada. En el caso Villarejo está imputado como “controlador” del chófer el extesorero, al que pagaba de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sabotear la investigación de la caja B del PP. 

Entre un periodo y otro, el por entonces inspector jefe Gómez Gordo fue fichado por María Dolores de Cospedal como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un subterfugio para ejercer otras funciones al servicio de la entonces presidenta autonómica, de las que solo era visible la organización de su escolta. Aunque en mayo de 2015 nada hacía prever que Cospedal perdería el Gobierno castellano-manchego en las dos semanas siguientes, Gómez Gordo regresó al servicio activo de la Policía. El porqué tardaría tres años en descubrirse. 

Gómez Gordo conocía desde hace años al empresario Ignacio López del Hierro, donante de la caja B del PP, mencionado en varios sumarios, imputado en ninguno. En 2009 logró el puesto de jefe de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en pleno estallido del caso Gürtel. Su cometido era trasladar a los periodistas la actividad del Cuerpo en la Comunidad de Madrid, informar de los sucesos… pero eso no parecía interesarle mucho. Él se las ingeniaba para mercadear con la información, dedicado a conseguir las claves de la plataforma que daban acceso al sumario del caso Gürtel y alertar a López del Hierro si algún periodista intentaba meter las narices en sus negocios. 

Hasta que en 2012 dejó la Policía para ir a Castilla-La Mancha a servir a la esposa del empresario, María Dolores de Cospedal, junto a la que permaneció tres años antes de su regreso triunfal a la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy. De vuelta al Cuerpo, el puesto asignado volvía a ser un pretexto: jefe de la sección de Vigilancias de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su cometido real: integrar el grupo de policías que el director adjunto operativo Eugenio Pino había reunido para atacar a la oposición y sabotear el caso de la caja B que se instruía contra el Partido Popular. Otro comisario imputado, Enrique García Castaño, ha acusado a Gómez Gordo, primero ante el juez y hace unos días en el Congreso, de participar en la confección del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el documento apócrifo con el que la brigada política intentó socavar a Podemos, que difundieron varios medios de comunicación y que encalló en los tribunales. 

En el sumario de Kitchen hay evidencias de que participó también en la maniobra de Interior para torpedear el caso de la doctora Pinto y lograr que Villarejo no fuera imputado por apuñalar a la dermatóloga que trataba a personalidades de la élite madrileña. Gómez Gordo firmaba el informe por el que la Dirección de la Policía defenestró profesionalmente al comisario que comenzó a investigar a Villarejo como agresor de la médico a sueldo del empresario Javier López Madrid. De su participación en la maniobra apareció constancia en el teléfono incautado al número dos de Interior Francisco Martínez. “El 16 de julio reconocimiento fotográfico de Pp [Villarejo} en el caso de la loca, llegó el jueves la citación, lo habíamos parado, pero alguien lo ha reactivado… Ya me dices algo. Un saludo”, le dice en un mensaje Gómez Gordo al secretario de Estado de Interior en la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

6.000 euros de sueldo, 100.000 de indemnización

Pero como ha desvelado la pieza 7 del caso Villarejo, el regreso de Gómez Gordo a la Policía escondía otro motivo aún más relevante. Sergio Ríos Esgueva, el chófer que el Partido Popular había puesto a Luis Bárcenas no encajaba con los comisarios que el Ministerio del Interior había puesto a “manipularle”. El chófer prefería a un antiguo amigo suyo, de la época en la que era conductor de Granados. Después de fracasar la Ciudad de la Justicia, donde el policía cobró 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización como director de seguridad de un proyecto que Esperanza Aguirre presentó en medio mundo pero que no se llegó a inaugurar, Francisco Granados lo había acogido como asesor en la Comunidad de Madrid. Ríos Esgueva era entonces el chófer de Granados y con el policía pasaba los ratos muertos. Era el momento de que Andrés Gómez Gordo entrara en la Operación Kitchen.

A su regreso a Madrid, el policía puso sus habilidades sociales a trabajar. Como ha desvelado el teléfono móvil del entonces número dos de Interior, el policía contó en poco tiempo con el favor de Francisco Martínez. El 22 de julio ambos se intercambian mensajes de Whatsapp. El entonces inspector jefe no repara en atenciones. El inspector jefe invita a comer a Martínez “al Villamagna”, uno de los cinco entrellas más lujosos de Madrid, en el Paseo de La Castellana. “En todo caso invito yo”, le contesta el secretario de Estado. El 30 de agosto vuelven a hablar. Lo hacen con familiaridad sobre una noticia aparecida en los medios. El siempre correcto secretario de Estado, licenciado por la elitista universidad privada de ICADE, comenta al policía sobre una periodista que firma una información: “A ésta te la has ligado… Los uniformes le ponen a las progres también”. En esa época, sus colegas de la brigada política le apodaban “Cospedín”.

No habían pasado seis meses de su regreso procedente de Castilla-La Mancha cuando Gómez Gordo recibió una medalla pensionada en el cuerpo. La Dirección de la Policía nunca informa de los motivos de las condecoraciones, pero el caso Kitchen ha desvelado que el policía tenía en sus manos al confidente más importante para el ministro del Interior en ese momento: el chófer que podía acceder al material escondido por Bárcenas tras entrar en prisión y que podía comprometer a la cúpula del partido y al propio presidente del Gobierno. 

En Gómez Gordo reside uno de los grandes interrogantes de la Operación Kitchen: ¿Robó la brigada política un disco duro con grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy? Los policías se acusan entre ellos. Ninguno reconoce haberlo tenido. En los papeles que el chófer robó a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas había escrito: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”.

“¿Quién le paga el abogado?”

El miércoles pasado, ante la comisión del Congreso que investiga Kitchen, Gómez Gordo apareció con una mascarilla que le tapaba el rostro hasta las pestañas y gafas de leer. Titubeando, el policía se disculpó una y otra vez por no poder contestar a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado. La portavoz de Vox, Macarena Olona, reparó en un detalle. El letrado pertenece al despacho del ex juez José Antonio Choclán, letrado de Ronaldo o Corinna Larsen. “Quién le paga el abogado”, preguntó la diputada al policía sin obtener respuesta. Al terminar la comparecencia, Gómez Gordo recuperó repentinamente su desparpajo. Se dirigió uno por uno a los portavoces para chocar puños y dar un toque en el brazo de pretendida familiaridad a alguno de ellos. 

Andrés Gómez Gordo ascendió a comisario en la última etapa del PP en el Gobierno y juró el cargo ya con Grande-Marlaska en el Ministerio. Tiene un hermano policía que ha sido dos veces juzgado y absuelto por sus tratos con la mafia china, a la que estaba encargado de investigar. Ambos siguen en activo. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo es jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas.

La portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández, ha pedido hoy, en relación a las investigaciones judiciales que solicitan la citación como investigada de la que fuera presidenta regional y número 2 del PP por el espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas, que “se aclare cuanto antes cuál es la implicación de Cospedal y si se utilizó algún medio público pagado por la ciudadanía de Castilla-La Mancha para fines tan turbios como son los de hacer desaparecer pruebas”.

En la valoración hoy del caso, Fernández señala que el Ejecutivo autonómico lamenta que las investigaciones apunten a “dos altos cargos como Cospedal y un director general”, en alusión, sin citar su nombre, al comisario. Andrés Gómez Gordo, que fuera nombrado director general de Documentación y Análisis en octubre de 2011, durante el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha y que, según fuentes del actual Ejecutivo regional ejercía “en teoría como jefe de Seguridad”.

“No nos gusta que el nombre de Castilla-La Mancha esté ni rodando por los juzgados ni vinculado a operaciones oscuras como la Kitchen”, ha dicho la consejera quien confía en que la Justicia “actúe cuanto antes de manera eficaz y transparente”. 

Más de tres años después de la operación orquestada en el Ministerio del Interior para sabotear cualquier posibilidad de que Podemos llegara al poder, uno de los mandos policiales de confianza de aquel departamento despeja la X de la autoría de PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el informe sobre la supuesta financiación irregular del partido morado que los tribunales han rechazado investigar. Ante el juez del caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, imputado en cinco piezas de la causa, ha señalado este martes al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal, como autor del documento, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. El informe PISA fue desmenuzado por varios medios de comunicación y el Gobierno del PP lo utilizó como arma arrojadiza contra la formación morada antes y después de que los tribunales despreciaran el documento.

De forma contundente, García Castaño ha dicho que Gómez Gordo confeccionó el informe PISA durante su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a la que había llegado procedente de Castilla-La Mancha. La respuesta ha sido a preguntas de la representación letrada de Podemos sobre el origen del informe PISA en el marco de la pieza principal del caso Villarejo.

Gómez Gordo regresó a la Policía después de disfrutar de una excedencia para trabajar al lado de la entonces presidenta de esa comunidad autónoma y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades. A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos.

Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro terminó costando la carrera política a la exsecretaria general del PP una vez desvelados unos audios de esos vínculos por moncloa.com.

Gómez Gordo regresó a Madrid para encargarse de captar al chófer de Luis Bárcenas, al que conocía porque ambos habían trabajado antes a las órdenes de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid, según han desvelado los imputados en la pieza 7 del caso Villarejo. El comisario había dejado la Policía en otra ocasión con anterioridad para ser director de seguridad del frustrado proyecto de la Ciudad de la Justicia y luego pasó a asesor directo de Granados. En esa época, Sergio Ríos Esgueva era el chófer del entonces consejero de Justicia.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz escondió el verdadero propósito del regreso al Cuerpo de Gómez Gordo destinándolo como jefe de sección en la UDEF. Eugenio Pino pronto reclamó al policía para su brigada política en la Dirección Adjunta Operativa. Fue en el marco de esa actividad en la que se encargó de controlar al chófer-confidente y de redactar el informe PISA, según ha dicho esta mañana García Castaño ante el juez. A los seis meses de reincorporarse, Fernández Díaz condecoró a Gómez Gordo con una medalla pensionada.

El comisario Eugenio Pino, creador y jefe de la policía política, también ha declarado como investigado esta mañana en el marco del caso Kitchen. Es la tercera vez que lo hace y, al término, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se aumenten las medidas cautelares contra él: de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país al pago de una fianza de 50.000 euros para evitar la prisión provisional. El juez García Castellón resolverá la petición previsiblemente mañana miércoles. Gómez Gordo, al igual que Pino, García Castaño, José Manuel Villarejo y el resto de los mandos de la brigada política, está imputado en la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas.

Operación contra Podemos

El 12 de enero de 2016, cuando restaban apenas 24 horas para que se constituyeran las Cortes, varios medios de comunicación abrían sus portadas con un informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juego de las alianzas para formar Gobierno estaba en una fase incipiente y se producían los primeros acercamientos públicos entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. En los días y semanas siguientes, el supuesto informe de la “inteligencia” policial sería desgranado por varios medios de comunicación. El Gobierno del PP reclamaba a Podemos que colaborara con la justicia cuando no había ninguna causa abierta por el informe.

Tras varios retrasos, el informe policial fue incorporado a una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por el pseudosindicato Manos Limpias, una organización criminal según ha quedado acreditado posteriormente. Interior dijo que la UDEF se iba a encargar de investigar su contenido, pero todo lo que hizo esa unidad fue remitirlo al Tribunal de Cuentas. Y ahí se perdió su pista. Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo se negaron a investigar el documento en resoluciones en las que despreciaban su contenido.

Cinco agentes en activo y uno en segunda actividad han sido expedientados después de que la Audiencia Nacional comunicara a la Dirección General de la Policía su imputación en el caso Villarejo. De esos cinco mandos, solo uno ha visto cómo la apertura del expediente ha derivado en la suspensión inmediata de sus funciones. Los otros cuatro continúan acudiendo a trabajar a diario en puestos alejados de aquellos que les permitieron participar en las maniobras contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016.

La referencia que ha utilizado la Dirección General de la Policía para apartar del servicio son el tipo de medidas cautelares impuestas por el juez cuando han declarado como investigados. Aquellos a los que se les ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país o impuesto comparecencias mensuales en el juzgado, quedan fuera de la suspensión por no ser medidas “suficientemente gravosas”, aseguran fuentes oficiales del Cuerpo. De acuerdo a esta interpretación de la Ley de Régimen Disciplinario, la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado sí es motivo suficiente para que el agente no vuelva a trabajar hasta que se resuelva su expediente.

Esta aplicación del texto legal permite, por ejemplo, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago acuda todos los días a la Jefatura Superior de Madrid, también después de que haya sido publicada la grabación en la que ofrece en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un exministro de Hugo Chávez para perjudicar a Podemos. Como el resto de los expedientados no apartados, Fuentes Gago conserva su placa y su pistola. 

Fuentes Gago fue cesado de su puesto anterior de libre designación, el de agregado de Interior en La Haya, por el actual equipo de Interior y enviado a las labores burocráticas que desempeña en la actualidad. El inspector jefe cobraba 10.000 brutos mensuales, una cifra muy similar al sueldo de su esposa, también policía e igualmente destinada en tiempos del PP en esa ciudad europea. Ella fue igualmente cesada. El mes pasado, el juez Manuel García Castellón interrogó a Fuentes Gago como investigado por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. La Dirección de la Policía le abrió expediente al ser informada, lo que no le ha impedido iniciar los trámites para optar al ascenso a comisario.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía establece, en su punto primero, que la suspensión provisional podrá acordarse por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal”.

Se trataría de una “medida cautelar” en el plano disciplinario cuya adopción, según el artículo 33 de esa Ley, corresponde acordar al director general de la Policía, Francisco Pardo. Las fuentes de la Dirección de la Policía consultadas alegan, sin embargo, que “jurisprudencia” del Tribunal Supremo obliga a que las medidas cautelares que conlleven la suspensión tengan una gravedad suficiente, como comparecencias quincenales, y que no sirven otras como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse en el juzgado todos los meses. 

Todos los expedientes policiales abiertos raíz de una imputación se paralizan hasta que haya una sentencia firme. En el caso de que los agentes recurran hasta el Tribunal Supremo, el expediente administrativo puede estar detenido años. Los cambios en su situación penal, como ser condenados en primera instancia, pueden provocar que sean apartados del servicio si no lo habían sido antes.

El Régimen Disciplinario de la Policía responde a una Ley Orgánica aprobada en 2010, durante el mandato de Zapatero. Su última reforma, de 2015, es consecuencia de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y no afectó a las suspensiones provisionales. La principal consecuencia de no ser suspendido de funciones es que el policía sigue cobrando su sueldo íntegro. El punto 5 del  artículo 65 establece que el funcionario suspendido “tendrá derecho a percibir el cien por cien de las retribuciones básicas”, en las que no entran los complementos.

El único imputado en el marco del caso Villarejo que ha sido suspendido provisionalmente es el comisario Carlos Salamanca y no está investigado en la pieza del espionaje a Bárcenas, en la que coinciden los principales protagonistas de la brigada política. Salamanca fue detenido el mismo día que José Manuel Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, y enviado a prisión provisional por la jueza Carmen Lamela. Arrestado en su despacho de jefe de Seguridad Central de Fronteras, pasó en la cárcel más de diez meses. Una semana después de su detención fue dictada su suspensión de funciones.

Carlos Salamanca está acusado de recibir cohechos a cambio de introducir ilegalmente ciudadanos guineanos en España y de colaborar con Villarejo en el informe King, la pieza principal del caso sobre un dosier para una de las facciones del entorno del dictador guineano Obiang. El juez De Egea le rebajó a mediados de septiembre la fianza a 100.000 euros, lo que facilitó su libertad provisional. Y le impuso comparecencias quincenales en el juzgado, además de la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Esa imposición de comparecencias quincenales hizo que no se levantara la decisión de retirada provisional del servicio.

Gómez Gordo, imputado y recién ascendido a comisario

La laxa normativa interna para la suspensión de funciones provoca también que otro de los imputados en el caso Villarejo y miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, haya estrenado ascenso y destino en las últimas semanas. Gómez Gordo, sospechoso de haber captado al topo de los Bárcenas, se encontraba en excedencia cuando contactó presuntamente con el chófer. Trabajaba como director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, para la que actuaba como jefe de escolta, entre otros cometidos. Regresó a la Policía apenas un mes antes de que la exdirigente del PP perdiera el Gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada.

Gómez Gordo volvió a la Policía con su rango de inspector jefe. Intentó ascender a comisario cuando ya había aflorado la actividad de la policía política y fue suspendido. Sin embargo, la inclusión de un miembro de la cúpula del Cuerpo en el tribunal de acceso le despejó el camino al ascenso. Juan Carlos Ortiz, máximo responsable de Información y de la Policía Judicial con el ministro Zoido, había sido jefe de la Policía en Castilla-La Mancha mientras Cospedal era presidenta y Gómez Gordo su asesor.

El cambio de Gobierno sorprendió a Andrés Gómez Gordo realizando ya el curso de comisario y el 20 de diciembre juró el cargo en un acto presidido por el director general. En el discurso central, Francisco Pardo dijo a los nuevos comisarios: “La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución”. eldiario.es adelantó el 21 de febrero la imputación de Gómez Gordo por participar presuntamente en la operación “parapolicial” de espionaje a Bárcenas para beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, según sospecha el juez.

'Boni': dos expedientes, al borde del banquillo y activo

Otro de los mandos beneficiados ha sido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', integrante de la primera línea de la brigada política que se sentará en el banquillo junto al jefe de la misma, Eugenio Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. El juez dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ellos por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Ni el expediente que ha motivado ese procesamiento, ni su imputación por el espionaje a Bárcenas han motivado su suspensión cautelar de funciones.

El actual Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano de su puesto en la Embajada de México (11.000 euros brutos mensuales) el pasado diciembre. Sin embargo, el proceso de relevo se ha extendido durante meses y su declaración por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional le sorprendió todavía con pasaporte diplomático. El hecho de que anduviera a caballo entre México y España llevó a la Fiscalía a evitar solicitar para él medidas cautelares. Sin medidas cautelares contra él, la Dirección de la Policía le ha mantenido en su nuevo destino en la Jefatura Superior de Madrid a pesar de los dos expedientes abiertos.

Igualmente imputado por el caso Villarejo está Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de los Bárcenas que actuó como topo y que fue recompensado con fondos reservados y el ingreso en la Policía. Ríos Esgueva está destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, considerado en el Cuerpo como un destino privilegiado. Y allí sigue después de su imputación el pasado mes de enero por robo, prevaricación y malversación de fondos públicos. El anterior juez del caso Villarejo, Diego de Egea, tan solo le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país.

El artículo 2 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía excluye a los agentes jubilados de su “ámbito de aplicación”, por lo que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, el propio Villarejo, Marcelino Martín-Blas y Enrique García Castaño son algunos de los que no han recibido expedientes. Por el momento hay más de una docena de policías, en activo y jubilados, imputados en las distintas piezas del caso Villarejo.

El Régimen Disciplinario afecta, sin embargo, a los que se encuentren en segunda actividad sin destino, motivo por el que hay un sexto expediente, abierto contra el inspector jefe Antonio Bonilla, imputado en el caso Villarejo por la obtención y difusión de datos confidenciales. Bonilla trabaja fuera de la Policía.

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos “parapoliciales”, Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”. Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.

El juez tomará declaración como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel y la caja B del PP a las órdenes de la Audiencia Nacional. García Castellón quiere preguntar al policía si los resultados de la de la Operación Kitchen fueron puestos en su conocimiento, como responsable policial de la investigación en el juzgado.

Los comisarios imputados defienden que el espionaje a Bárcenas tenía por fin descubrir sus testaferros y dinero escondido y que, en parte, lo consiguieron. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que el instructor policial de las diligencias, el policía Morocho, nunca participó en la Operación Kitchen ni fue informado de nada referente con la misma. Junto a Morocho declara hoy el excomisario general de Información, Enrique Barón, quien tampoco habría sido informado del uso de funcionarios de su estructura para el espionaje al extesorero.

Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo agregado de Interior en Andorra y quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.

El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

El comisario Andrés Gómez Gordo aseguró en su declaración ante el juez del caso Villarejo que su participación en el espionaje a Luis Bárcenas se limitó a poner en contacto al chófer de la familia, con el que había coincidido trabajando para Francisco Granados, con el comisario José Manuel Villarejo. También declaró que ni María Dolores de Cospedal, para la que trabajaba entonces en Castilla-La Mancha, ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, están vinculados a su participación en la Operación Kitchen, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

Al término de su declaración, el juez Manuel García-Castellón mantuvo la imputación de Gómez Gordo y, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le impuso la prohibición de salir de España y la obligación de entregar su pasaporte.

La declaración de Gómez Gordo se produjo 24 horas después de la del chófer Sergio Ríos Esgueva. Éste había confesado su participación en la denominada Operación Kitchen y que había sido captado en 2013 por el entonces inspector jefe en excedencia Andrés Gómez Gordo. Esa excedencia era utilizada por el policía para trabajar para la entonces presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal.

Ambos coincidieron en admitir su contacto en el marco de la Operación Kitchen aunque sus testimonios arrojan una discrepancia sobre quién se dirigió a quién. En lo que sí coinciden sus testimonios es en que el primer mando que se dirigió al chófer fue el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, responsable de la captación de fuentes, entre otros cometidos.

Ríos Esgueva receló de aquel acercamiento y ahí se produce la contradicción, consistente en si fue él quien acudió a Gómez Gordo, al que conocía de su etapa como chófer de Bárcenas, o si después del contacto infructuoso de García Castaño alguien ordenó a Gómez Gordo que captara a su antiguo compañero en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Fue a partir de entonces cuando entró en escena Villarejo, en aquel entonces un policía sin atribuciones específicas destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino. Precisamente, Pino declara este jueves ante García-Castellón, al igual que Enrique García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo. En poder de Villarejo se encontraron recibís de los 2.000 euros mensuales que cobró como confidente Sergio Ríos durante dos años. Cuando acabó la operación, el chófer ingresó en la Policía y le fue asignado un destino privilegado por un método excepcional.

En el transcurso de la declaración de Gómez Gordo han surgido los nombres de María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro. Gómez Gordo mantiene relación con el empresario desde hace años, según fuentes policiales. Gómez Gordo aseguró que ninguno de los dos tienen relación con su participación en la Operación Kitchen, según las fuentes consultadas.

Después de su participación en la Operación Kitchen, Gómez Gordo regresó a la Policía. Se le asignó un destino relevante: jefe de vigilancias de la UDEF, la unidad contra la corrupción, pero compaginó ese puesto con trabajos para la DAO de Pino, en una situación anormal dentro del Cuerpo. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que lleva aparejada una asignación del 10% del sueldo de por vida.

El que fuera chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, confesó este martes durante tres horas en la Audiencia Nacional su participación en la operación de espionaje al que fue sometido en 2013 el extesorero del PP por parte del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. Según han informado a eldiario.es fuentes del caso, Ríos Esgueva explicó en su declaración que fue captado por el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, por aquel entonces en excedencia, para trabajar a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

Ríos Esgueva había comparecido como imputado en diciembre y el pasado lunes, pero en ambas ocasiones se había acogido a su derecho a no declarar. Su confesión del martes da un giro al caso y se produce en un momento clave. Este mismo miércoles comparecen ante el juez del caso Villarejo las víctimas del espionaje, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.

Gómez Gordo ha comparecido este miércoles a primera hora ante el juez Manuel García-Castellón. Al término de su comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga la medida cautelar de comparecencias periódicas en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Se trata de ls mismas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para el chófer. Finalmente, el juez ha decidido que se les prohíba abandonar el país y que se les retire el pasaporte y para el chófer, ademas, comparecencias mensuales en el juzgado.

Antes de que acabe la semana, desfilarán también ante el juez magistrado los comisarios que pilotaron la operación, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; y el máximo responsable operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, director adjunto del Cuerpo que solo respondía ante la cúpula política del Ministerio. Todos ellos lo harán en calidad de investigados en la pieza separada 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el nombre que los policías dieron al espionaje a Bárcenas.

La confesión de Ríos Esgueva sobre la participación de Gómez Gordo en la Operación Kitchen acrecienta además el foco sobre María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Este conoce a Gómez Gordo desde hace años, según fuentes policiales. Por su parte, la relación de López del Hierro con Villarejo ha quedado acreditada por las conversaciones grabadas por el comisario en 2009 en las que la secretaria general del PP y su marido le piden que boicotee la investigación policial del caso Gürtel.

Gómez Gordo ha dejado dos veces la Policía de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que también investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

Andrés Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se desarrolló la Operación Kitchen. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Cuando se conocieron, Ríos trabajaba como conductor de Granados, entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.

Una vez captado por Gómez Gordo, el control de Ríos Esgueva habría corrido a cargo de Villarejo y del comisario García Castaño, El Gordo. Recibís de los pagos al chófer aparecieron en los registros a Villarejo de noviembre de 2017, así como audios de conversaciones con el topo. Ríos Esgueva estuvo cobrando 2.000 euros al mes por su trabajo secreto, una cantidad desmesurada para un confidente, y cuando finalizó su misión ingresó en la Policía.

Ríos Esgueva Tenía 42 años y juró el cargo rodeado de veinteañeros. Fue destinado a Lleida, pero al poco tiempo regresó a Madrid a través del procedimiento excepcional de la comisión de servicios. Interior le ha abierto un expediente, pero a día de hoy sigue destinado en la Brigada de Transportes, un lugar privilegiado, según se considera en la Policía.

El captador del exchófer, Gómez Gordo, ya había trabajado con el PP con anterioridad a su puesto a la sombra de Cospedal. Había llegado a cobrar 6.000 euros mensuales de la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el faraónico plan del PP en Madrid que supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar entonces como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior, donde conoció a Sergio Ríos Esgueva.

Ascendido a comisario en la última etapa de Zoido

Se da la circunstancia de que Gómez Gordo juró como comisario del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 20 de diciembre, tras haber completado el curso de ascenso, según desveló eldiario.es. Las pruebas habían sido superadas por el policía, sin embargo, en las últimas semanas de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio. En el tribunal que lo examinó y aprobó estaba uno de los dos máximos responsables operativos de la Policía en ese momento, el jefe de la Brigada Central de Información e Investigación, Juan Carlos Ortiz. Este comisario principal fue antiguo jefe superior de Castilla-La Mancha y es otro policía próximo a María Dolores de Cospedal.

Las declaraciones de esta semana en el caso Villarejo suponen un salto cualitativo en la investigación de la utilización política de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de aquellas maniobras del Ministerio del Interior con Fernández Díaz.

Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso. O para fabricar el informe de la falsa financiación irregular de Podemos.

El artífice de esa brigada política fue el comisario Eugenio Pino, el comisario que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía. Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.

Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.

Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.

Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.

Entre los trabajos de esa brigada política también figura el infome PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.

Fondos reservados, materia secreta

El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.

Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.

Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.

El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.

Como una gran operación antiterrorista

En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.

La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.

Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.

El policía Andrés Gómez Gordo ha jurado este jueves como comisario mientras aguarda la decisión de la Audiencia Nacional sobre su posible imputación en el caso Villarejo. El policía de cabecera de María Dolores de Cospedal alcanza el segundo rango más alto en el Cuerpo once días después de que eldiario.es revelara que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Diego de Egea que lo cite a declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas y su familia con fondos reservados.

Gómez Gordo integra el medio centenar de agentes que ha protagonizado la jura y entrega de actas de la XVIII promoción de comisarios del Cuerpo Nacional de Policía en el complejo policial de Carabanchel, donde se ha desarrollado el curso de ascenso. El acceso a ese curso supone en la práctica el ascenso posterior a comisario y a él llegó Gómez Gordo por una decisión de la última cúpula policial del PP, después de haber suspendido la anterior convocatoria.

En el tribunal que examinó y aprobó a Gómez Gordo estaba uno de los dos máximos responsables operativos de la Policía en tiempos de Juan Ignacio Zoido, el jefe de la Brigada Central de Información e Investigación Juan Carlos Ortiz. Este comisario principal fue antiguo jefe superior de Castilla-La Mancha y es otro policía próximo a María Dolores de Cospedal.

Además de a Gómez Gordo, Anticorrupción ha solicitado la imputación de otros cuatro mandos y del policía Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas durante la Operación Kitchen. Andrés Gómez Gordo habría sido el encargado de contactar con el chófer, al que conocía de su paso por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

A la jura solo han tenido acceso los mandos policiales y las familias y amigos de los nuevos comisarios. El acto ha estado presidido por el actual director del Cuerpo, Francisco Pardo, quien ha conminado a los nuevos comisarios a mantener “un elevado sentido de la ética”. “La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución”, ha dicho el director de la Policía.

El juez De Egea espera a tener en su poder el dosier del Ministerio del Interior sobre la Operación Kitchen para decidir sobre las solicitudes de imputación de Gómez Gordo y el resto de policías que le presentó la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes jurídicas, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido este mismo jueves a la Audiencia Nacional la documentación que le solicitó el magistrado, después de que el Consejo de Ministras accediera el pasado 7 de diciembre a levantar el secreto de una operación sufragada con fondos reservad

Los plazos apuntan a que podría ser el próximo instructor, Manuel García Castellón, quien decida sobre la imputación de Andrés Gómez Gordo y de los también comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, y el antiguo director adjunto operativo de la Policía en el Gobierno del PP, Eugenio Pino. El juez De Egea ha renunciado a la posibilidad de seguir en comisión de servicios que le mantenía en la Audiencia Nacional desde el verano de 2017 y que finaliza el próximo 31 de diciembre. De Egea ya ha citado como imputado al policía Sergio Ríos, pero el exchófer de Bárcenas se negó a declarar el pasado 12 de diciembre.

El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información a sus superiores sobre los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.   

Gómez Gordo estaba en ese momento fuera de la Policía con una excedencia. Era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva para esa labor de espionaje de la brigada política. En realidad, Gómez Gordo era el jefe de escolta de Cospedal y el hombre para todo de la presidenta autonómica. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. 

Gómez Gordo coincidió con el chófer durante la etapa en la que ejerció de asesor del exvicepresiente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, imputado por graves delitos en la Operación Púnica. Ríos era el chófer de Granados en su etapa de consejero de Justicia.

El anterior trabajo de Gómez Gordo también había sido fuera de la Policía. El entonces inspector jefe se había empleado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. 

El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de que la entonces secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. En ese periodo, y a los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio equivalente al 10% de su salario mensual. 

Interior ha decidido que el primer destino de Gómez Gordo como comisario sea el de jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la provincia de Alicante, han informado a eldiario.es fuentes policiales. En el caso de que fuera imputado, la Dirección de la Policía debería abrir un expediente disciplinario que quedaría paralizado hasta que hubiera sentencia firme. Previsiblemente, el comisario seguiría entre tanto destinado en su puesto.

La diputada del PP de Castilla-La Mancha Lola Merino se ha pronunciado tras conocerse la citación como investigado del exalto cargo del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, por su presunta relación con el espionaje a Luis Bárcenas dentro de la operación 'Kitchen', asegurando que su partido “ya ha asumido todas las responsabilidades políticas” toda vez que Cospedal abandonó la primera línea.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que “no se pueden tomar más” responsabilidades, “no sólo en el seno del PP, sino también en el Congreso de los Diputados”. “Cospedal ya no está en política”, ha zanjado.

En este punto, ha criticado que haya una “distinta vara de medir” al hablar de presunta corrupción en el PP con respeto a otros partidos.

“Tenemos una ministra de Justicia socialista que ha hecho acciones más imputables que Cospedal y no ha habido ninguna responsabilidad. Ya está bien. Ella ya ha asumido su responsabilidad. Más no podemos hacer”, ha abundado.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de un quinto mando policial en la pieza secreta del caso Villarejo que investiga el espionaje del Ministerio del Interior a Luis Bárcenas a través del chófer de la familia. Según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas, se trata del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado dos veces el Cuerpo de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que ahora investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando la brigada política de la Policía captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Ríos era el chófer del entonces consejero de Justicia.

El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información de los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Los policías bautizaron esas maniobras como Operación Kitchen.

La solicitud de imputación de Gómez Gordo se produce en el marco de la pieza separada 7 del caso Villarejo, que investiga el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. Otro juez de la Audiencia Nacional, el que instruye el caso de la caja B, ha solicitado toda la información de esa Operación Kitchen al Ministerio del Interior. El Consejo de Ministras acordó el pasado viernes levantar el secreto que pesa sobre el operativo policial sufragado con fondos reservados.

Con la Operación Kitchen, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz buscaba documentos que pudiera guardar el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular y la implicación en la misma de sus dirigentes. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.

A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro y los encargos que éstos le realizaron para obstaculizar la investigación del caso Gürtel ha quedado acreditada en otras grabaciones del comisario, publicadas por moncloa.com.

La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.

En una etapa anteriro, el inspector jefe había trabajado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior. Fue allí donde tuvo más trato con Sergio Ríos, por entonces chófer de Granados.

Según El Español, Interior encargó a Andrés Gómez Gordo que le captara para ser el topo en casa de los Bárcenas. Gómez Gordo dijo al citado diario que fue contactado para esa misión pero que se negó a llevarla a cabo. Entre los papeles robados por Sergio Ríos a la familia Bárcenas aparece un documento que hace referencia al contacto del chófer con un alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha. En uno de los documentos manuscritos de Rosalía Iglesias, se puede leer: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”. Estos papeles están ya en poder del juez de la caja B, José de la Mata, que se los reclamó a El Mundo cuando los publicó.

El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de la secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. Según él mismo ha reconocido, fue el director operativo, Eugenio Pino, quien le ordenó que tuviera un pie en cada destino. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual.

Pino ocupó el cargo más alto de entre los mandos para los que Anticorrupción ha solicitado la imputación por su participación en la Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados. Completan la lista los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos ya investigados por la organización criminal dirigida presuntamente por el primero de ellos, y Sergio Ríos, al que el juez ya ha citado para que declare el próximo miércoles.

La anómala situación de Gómez Gordo a su regreso a la Policía salió a relucir en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en el caso de presunto acoso de Javier López Madrid a la doctora Pinto. Gómez Gordo había firmado el informe por el que la Policía de Pino defenestraba al comisario de Chamartín, Jaime Barrado, que se había atrevido a investigar a Villarejo como posible autor de la agresión con arma blanca a la mujer.

Durante esa declaración (ver vídeo al final del párrafo), Gómez Gordo reconoce que fue Pino quien le llamó a la DAO y que, a pesar de estar destinado en la UDEF, pasaba “unas horas” al día en la Dirección Adjunta Operativa, sin concretar a qué se dedicaba. Esas afirmaciones se producen a preguntas de la abogada de Elisa Pinto. La defensa de la doctora ha denunciado un montaje policial para salvar al comisario Villarejo. Esa misma acusación, un montaje de Interior y la cúpula policial para proteger a Villarejo, fue la conclusión a la que también llegó la comisión judicial del caso del Pequeño Nicolás.

Gómez Gordo era habitual de una oficina considerada en el Cuerpo como el centro físico de la brigada política, donde tuvieron su mesa los jefes de gabinete de Pino, tanto José Ángel Fuentes Gago, como después Bonifacio Díaz. Este último va camino de sentarse en el banquillo, junto a Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. En otro hecho absolutamente inusual, esa oficina se hizo cargo de la denuncia de dos abogados de las empresas de Villarejo contra el comisario que impulsó el caso de la doctora Pinto. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, suspendió de sus funciones al comisario Barrado, después de haberle desterrado a Carabanchel, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frenó esa persecución a Barrado anulando la decisión administrativa y devolviéndolo al servicio activo.

Estos días, Gómez Gordo completa el curso de ascenso a comisario, después de que aprobara la oposición durante los últimos días del anterior equipo de Interior, el del Partido Popular y Juan Ignacio Zoido como ministro. Gómez Gordo no había logrado ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto más alto del que sigue ocupando en la UDEF una vez le llegara el ascenso.

El policía Andrés Gómez Gordo acaba de superar las pruebas para convertirse en comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Gómez Gordo ha dejado dos veces la Policía de forma temporal: la primera para ser director de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto ruinoso del Gobierno de Esperanza Aguirre; y después para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. El tribunal que ha ascendido a Gómez Gordo estaba compuesto por la última cúpula policial nombrada por Juan Ignacio Zoido, varios de cuyos miembros pasan sus últimos días en el cargo.

El proceso de ascenso a comisario no está exento de arbitrariedad en las pruebas del supuesto práctico y la entrevista personal, según está extendido en el seno de la Policía. A la lectura del caso habían llegado 52 candidatos, de los que finalmente han quedado 27 aptos para el ascenso, entre ellos Gómez Gordo. 

Los dos tribunales que se han repartido las pruebas y un tercero, suplente, estaban presididos por los comisarios principales Manuel Javier Peña Echeverría, José Antonio de la Rosa y Juan Carlos Ortiz. Los tres llegaron a la cúpula de la Policía en noviembre pasado.

De la Rosa trabajó en el Ayuntamiento de Sevilla, en situación de excedencia, con el propio Zoido. Ortiz fue jefe superior de Castilla-La Mancha, nombrado por el Gobierno del PSOE, pero desarrollando la mayor parte de su mandato allí con María Dolores de Cospedal como presidenta autonómica. 

El nuevo ministro del Interior se plantea suprimir las brigadas centrales que dirigen estos comisarios y volver a la figura de un director adjunto operativo, uniformado, que estuviera por debajo de un director general, un político. Todos los comisarios mencionados por presidir estos tribunales del ascenso a comisarios están considerados muy próximos al PP. 

Regreso triunfal

El nuevo comisario Gómez Gordo regresó a la Policía semanas antes de que la hoy secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía.

Eugenio Pino, el director adjunto operativo que puso en marcha la policía política, amplió sus cometidos y lo integró en un reducido grupo de encargos especiales, dentro de su Dirección Adjunta Operativa. Esta es responsable, entre otros, del pseudo informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, bautizado como PISA, cuyo contenido despreciaron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual. 

Entre los encargos a Gómez Gordo que han dejado constancia oficial están los expedientes contra el comisario Jaime Barrado, el policía que se atrevió a enfrentarse al agente José Manuel Villarejo cuando éste todavía era protegido por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. La Justicia hizo rectificar la decisión de apartar a Barrado, dictado por Ignacio Cosidó de acuerdo con los informes citados, y repuso en su puesto al comisario.

En la Ciudad de la Justicia de Aguirre

A pesar de que el proyecto de la Ciudad de la Justicia, investigado ahora por los tribunales, nunca llegó a ponerse en marcha, Gómez Gordo recibía una atribución de 6.000 euros netos mensuales. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla y León, pero en la práctica era su jefe de escolta y hombre para todo, según se podía comprobar en los desplazamientos de la entonces presidenta autonómica y en actos oficiales.

A aquel reducido grupo de agentes a los que Pino encargó los trabajos de la policía política pertenecían también el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el comisario José Manuel Villarejo. El primero disfruta todavía de un destino privilegiado en La Haya y el segundo se encuentra en la cárcel de forma provisional acusado de liderar una organización criminal. Gómez Gordo está considerado en la Policía miembro del entorno de Villarejo y ambos son próximos al empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Gómez Gordo no logró ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto destacado en la UDEF una vez le llegara el ascenso. Enemistades en el seno de la cúpula policial frenaron el ascenso que se consumó este miércoles.

Tres años han transcurrido entre la primera maniobra conocida para implicar a la Policía en la tarea de frenar el proceso rupturista en Cataluña y la confección de un informe sobre la presunta financiación irregular de Podemos, el primer partido a la izquierda del PSOE que tiene en democracia posibilidades de integrar el Gobierno de España.

Aquellos primeros meses de la pasada legislatura y estos coinciden en la proliferación de documentos presuntamente policiales en los medios de comunicación y en dos aspectos más: los informes perjudican a la oposición política y no están incorporados a proceso judicial alguno.

Este es un recorrido entre el informe “apócrifo” sobre la corrupción de responsables de Convergencia, divulgado en noviembre de 2012, y el “informe fantasma” que vincula al partido de Pablo Iglesias con Irán y Venezuela, redactado el mismo mes de 2015.

Dos comisarios viajan a Barcelona

Las elecciones autonómicas en Cataluña del 25 noviembre de 2012 se presentaban como un hito en el proceso soberanista, espoleado desde la Diada del año anterior. El 29 de octubre, los fiscales Anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled accedieron a reunirse con dos comisarios de Policía llegados de Madrid, a petición de uno de ellos, viejo conocido de investigaciones sobre corrupción.

Los comisarios plantearon a los fiscales la necesidad de desplegar una investigación contra Convergencia en el marco del caso Palau, que investiga la financiación irregular del partido de Mas. Los policías querían registrar la sede del partido en plena campaña electoral.

El contenido de la reunión motivó una queja formal y pública del Consejo Fiscal que, en una nota, trasladó: “El Consejo rechaza la irregular actuación de los funcionarios de Policía que realizaron una visita a dichos fiscales, sin pertenecer a las unidades policiales encargadas de los concretos procedimientos. El Consejo Fiscal considera que en todo caso no hubo una efectiva puesta a disposición de material que justificara una nueva línea de investigación de la Fiscalía”.

Interior se excusó en que el verdadero propósito de los comisarios era informar a los fiscales de la creación de un nuevo grupo policial dedicado a recuperar casos que la Policía había perdido. Uno de los policías que viajó, José Luis Olivera, conocía a los fiscales porque había sido jefe de la UDEF con el Gobierno socialista. Hoy es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el policía que más información acumula encima de su mesa. Junto a él viajó Marcelino Martín-Blas, por aquel entonces recién nombrado jefe de Asuntos Internos, la unidad encargada de perseguir la corrupción policial, y agente muy próximo al Partido Popular. Martín-Blas corrió peor suerte y un enfrentamiento con el también comisario José Manuel Villarejo motivó su cese. 

El informe “apócrifo” de la UDEF

El 16 de noviembre, en plena campaña electoral, el diario El Mundo -dirigido entonces por Pedro J. Ramírez- publicó un supuesto “borrador” que atribuía a la UDEF y que vinculaba al candidato a aquellas elecciones Artur Mas y su familia con el pago de comisiones por parte de empresarios a CDC. El documento llevaba el sello de la UDEF, pero no iba formado por ningún funcionario.

El Ministerio del Interior abrió una investigación interna para conocer su origen, pero la cerró asegurando no haberlo encontrado. Un juez de Barcelona llegó a interrogar al comisario Manuel Vázquez, el entonces jefe de la UDEF. Se trata del policía que se ofreció a fiscales y jueces del Tribunal Supremo para interpretarles el informe PISA sobre Podemos que Manos Limpias había incluido en su querella, según reveló El Español. Las gestiones ante el Alto Tribunal fueron de las últimas que Vázquez ha realizado antes de ser destinado a Galicia como jefe superior, su deseo desde hace años.

El desvío del dinero de la financiación irregular de CDC a cuentas de Mas y otros, decía el borrador, estaba “en fase de verificación”. Tres años después, el entonces candidato Mas sigue sin estar imputado en proceso judicial alguno. En octubre de 2015, sin embargo, el tesorero de CDC fue detenido y registrada su sede. Ni la UDEF, ni ninguna otra unidad de la Policía participaron en esa operación. Fue la Guardia Civil a las órdenes de un juez de El Vendrell, que había abierto una causa a raíz de una denuncia de un concejal de ERC.

El borrador del borrador y la bruja de Pujol

La polémica por el borrador de la UDEF no evitó que algunos medios de comunicación comenzaran a recibir unos denominados “informes de situación” que iban más lejos aún que el citado documento apócrifo. En estos se relataban desde reuniones con Hervé Falciani en la cárcel a alusiones a la bruja que supuestamente Jordi Pujol consultaba mientras era president de la Generalitat. “Sindicalistas Mossos, servicios policiales extranjeros, algunos imputados que quieren negociar, sector empresarial, sector judicial no nacionalista” aparecían bajo el epígrafe “fuentes”. En el encabezado: “Sumario Palau. Análisis de situación”.

Desde entonces, y otra vez coincidiendo con hitos del proces, continuaron apareciendo en los mismos medios informes de “inteligencia” que el CNI rechaza haber realizado. Tres días antes de la Diada de 2014, elconfidencial.com publicó uno de ellos, en el que se afirmaba que Artur Mas supervisaba personalmente las comisiones que recibía Convergencia de empresarios adjudicatarios de obra pública.

La unidad secreta

El 30 de noviembre de 2014, eldiario.es publicó la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado en aquel entonces, casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción. El grupo usurpaba las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad no consta en organigrama alguno de la Policía.

El grupo se nutría de agentes de Asuntos Internos, que eran desplazados a Cataluña para rastrear información sobre el terreno. Con la información obtenida, otros funcionarios, adscritos a la Unidad de Planificación Estrategia y Coordinación (UPEC), elaboraban documentos de “inteligencia”. El resultado acababa en determinados medios de comunicación, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. En algunas ocasiones, ese resultado era blanqueado a través de la UDEF, la unidad competente para presentarla ante la Fiscalía o un juez.

PISA: misma estrategia, distinto objetivo

Esta dinámica puesta en práctica en Cataluña en 2012 es la que tres años después se ha repetido con el informe PISA sobre Podemos, calificado de “informe fantasma” por la formación morada. El informe comenzó a publicarse en los medios de comunicación a 24 horas de que se constituyeran las nuevas Cortes. Según reveló después elconfidencial.com, el informe fue remitido el 9 de noviembre desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la Comisaría General de Policía Judicial, a la que pertenece la UDEF.

Cinco meses después, la Policía sigue sin dirigirse a Anticorrupción. Entre medias, el informe llegó de alguna manera a Manos Limpias, que presentó con él una querella ante el Supremo. La Fiscalía ha despreciado duramente su contenido y ha adelantado un previsible rechazo por la Sala de lo Penal.

El Gobierno llegó a pedir explicaciones de su contenido a Podemos refiriéndose a un “procedimiento judicial” que hoy sigue sin existir. Su remisión al Tribunal de Cuentas por parte de la UDEF permitirá que, aunque el Supremo rechace la querella de Manos Limpias, el Ejecutivo pueda decir que aún queda el dictamen del órgano fiscalizador.

Los tiempos del Tribunal de Cuentas permiten adivinar que un pronunciamento sobre el documento PISA se retrasará mucho más allá de las negociaciones sobre la formación de Gobierno, incluso de la cita electoral de junio, en el caso de que finalmente se produzca. La remisión de un informe de la Policía al Tribunal de Cuentas es un hecho inédito.

El comisario al mando y el agente Villarejo

La unidad secreta de la Policía ha estado alojada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El Ministerio del Interior negó su existencia y envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que en aquel entonces le preguntaron por ella. Para el informe de Podemos, Interior ha admitido que se trata de un informe de “inteligencia” redactado en el seno de la DAO, sin más detalles.

El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”. Los informes de Interior sobre la oposición política tienen un rápido recorrido hacia los medios de comunicación, pero no en dirección a los juzgados.

eldiario.es publicó en marzo de 2015 que el comisario José Manuel Villarejo había sido condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial un año antes y que lo había sido por sus investigaciones sobre políticos catalanes. Un socio de Villarejo fue a recoger a Victoria Álvarez a la estación de Atocha cuando se desplazó a Madrid para declarar sobre los presuntos delitos cometidos por Jordi Pujol Ferrusola cuando ambos eran pareja. Victoria Álvarez había sido disuadida antes por el mismo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy para que tirara de la manta ante la Policía, según los SMS publicados por este medio.

El comisario Villarejo, que se califica a sí mismo como “agente encubierto” ha sido noticia por el patrimonio millonario que acumula, y que reveló El País; por las acusación de una doctora que le señala como el hombre que la apuñaló en una estrategia de acoso por parte del empresario Javier López Madrid; y por su supuesta relación con el 'Pequeño Nicolás'. El policía niega tajantemente todas las acusaciones que han aflorado en esas informaciones.

En las dos estructuras policiales vinculadas a las citadas investigaciones contra la corrupción ha trabajado en los últimos meses el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, al que fuentes policiales señalan ya como futuro sucesor de Villarejo -se jubila en junio- en los trabajos delicados de la Policía. Gómez Gordo dejó el puesto de director de Análisis y Documentación en la Junta de Castilla-La Mancha poco antes de que María Dolores de Cospedal perdiera la Presidencia Autonómica. Para ella había trabajado en excedencia como policía de confianza y jefe de seguridad.

Reclamado por el jefe de la UDEF, Gómez Gordo volvió a la Policía y fue designado jefe de Vigilancias de la Unidad, pero antes pasó unos meses destinado provisionalmente en la DAO, de donde han salido todas las investigaciones sobre Cataluña y Podemos. A los cinco meses de llegar al cuerpo fue premiado con una medalla pensionada al valor. Hoy, continúa en la UDEF.

Por encima de todos ellos, Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para dirigir la Policía. El hombre del ministro en la Policía ha dirigido de facto el Cuerpo, con independencia de que por encima de él estuviera el director general, Ignacio Cosidó. El País escribió en noviembre de 2012 que las maniobras contra el proceso independentista habían nacido de una “conjura policial”.