El Tribunal Supremo ha decidido avalar una información periodística basada en la conocida como 'lista Falciani' y relativa a una antigua alto cargo de los laboratorios Gilead. Los jueces de lo civil rechazan el último recurso de una ejecutiva de la empresa farmacéutica, a quien los tribunales llegaron a reconocer una indemnización de 120.000 euros por un reportaje emitido en La Sexta. En la información se hablaba de que la ejecutiva tenía una cuenta familiar en el banco suizo HSBC, conocida gracias a la lista de evasores fiscales entregada a las autoridades españolas por el informático Hervé Falciani y que, por la vía penal, ha sido aceptada como prueba varias veces.

El informático Hervé Falciani llegó en 2013 a España con datos de miles de clientes del banco HSBC, entre los que se encontraban potenciales evasores fiscales en España. La Justicia de nuestro país rechazó entregarle a las autoridades helvéticas y, mientras, las españolas empezaron a usar los datos de la 'lista Falciani' para perseguir en los tribunales a quienes durante años habían escondido sus fortunas en Suiza a espaldas de Hacienda.

Los nombres de esa lista terminaron por trascender y en febrero de 2015 los informativos de La Sexta emitieron un reportaje sobre una cuenta en Suiza con casi 2,7 millones de euros ligados a la familia de una ejecutiva de los laboratorios Gilead, comercializador del medicamento Sovaldi contra la Hepatitis C. Una información publicada en pleno polémica sobre la distribución de este medicamento por parte de las autoridades sanitarias en nuestro país.

La información de la cadena de televisión explicaba que María Coronado Galdós era 'senior product manager' en Gilead, encargada de los medicamentos relacionados con la Hepatitis. También señalaba que “ella, su padre y sus hermanos tuvieron 2,6 millones de euros en el HSBC a través de una sociedad panameña” que abrió su padre y que regularizó la ejecutiva con sus hermanos años antes. Finalmente, el reportaje destacó que en ese momento la empresa Gilead se negaba a bajar el precio del medicamento necesario para los enfermos de Hepatitis C.

La aludida llevó el caso hasta los tribunales alegando que la información emitida por la cadena no era veraz, que había relacionado su puesto en Gilead con ese dinero y esa cuenta bancaria suiza y que, finalmente, había revelado datos personales tanto de ella como de su familia. Y en un primer momento, el juzgado 35 de Madrid le dio la razón y condenó a la televisión del grupo AtresMedia a pagar una indemnización de 120.000 euros.

Ya en segunda instancia, la Audiencia Provincial de Madrid anuló esta condena económica. En junio de 2021, los jueces ya explicaron que la información procedente de la 'lista Falciani' era veraz y de interés público. “Nos encontramos ante unas informaciones que ostentaban relevancia pública”, dijo la Audiencia de Madrid. Entre otros factores, destaca, en ese momento había gran cantidad de noticias sobre los españoles que formaban parte de esa misma lista, su saldo en las cuentas, la polémica por si la regularización era o no una amnistía fiscal, o también las actuaciones judiciales al respecto.

Esa segunda sentencia no encontró tampoco que la información hubiera sido manipulada o que los titulares hubieran sido “desproporcionados”, así como que tampoco hubiera existido una invasión de la intimidad de la recurrente o sus familiares. Una decisión que acaba de confirmar la sala de lo civil del Tribunal Supremo tras rechazar, con el apoyo de la Fiscalía, el último recurso de Coronado, que todavía puede llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional.

La noticia que emitió La Sexta, ratifica el Supremo, era de interés general. “La información relacionada con la lista Falciani, con la titularidad de una cuenta con un elevado saldo en un banco suizo de la que era titular una empresa radicada en un paraíso fiscal y de la que la demandante y sus familiares eran beneficiarios, presenta interés general. La recurrente lo admite y la cuestión no precisa de explicaciones suplementarias, por su obviedad”, zanja la sala de lo civil con Rafael Sarazá como ponente.

Sobre su condición de ejecutiva o directiva de Gilead en ese momento, explica el Supremo que la cadena de televisión obtuvo su información profesional de LinkedIn y que esa información “se basa en los datos que esa persona ha incorporado a una web destinada justamente a informar sobre los aspectos profesionales de quienes en ella aparecen” por lo que “ha cumplido razonablemente su deber de diligencia”.

Prueba válida para juicios

Esta no es la primera ocasión en que la lista de potenciales evasores fiscales revelada por Hervé Falciani pasa por manos de distintas salas del Tribunal Supremo. La sala de lo penal, por ejemplo, avaló en su momento que esta información fuera considerada como prueba lícita en un juicio por fraude fiscal. Los jueces confirmaron en 2017 una condena de seis años de cárcel para un empresario español que ocultó más de 10 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza a espaldas del fisco español. La 'lista Falciani' facilitó que la Agencia Tributaria pusiera la lupa sobre sus cuentas y descubriera el fraude.

El Supremo reconoció en esta sentencia la ilicitud del origen de estos datos, obtenidos por Falciani de manera ilegal en Suiza mientras trabajaba en el HSBC, pero concluyó que eso no invalidaba su valor como prueba. Cuando el informático sacó todos esos archivos del banco, dijo la sentencia, “no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles”.

Esa decisión fue ratificada dos años más tarde por el Tribunal Constitucional mientras los jueces seguían confirmando sanciones y condenas a los evasores fiscales que salían en esa lista. Pero el documento traído a España por Hervé Falciani también había sido avalada desde el punto de vista de una de las ramificaciones de la información: el derecho al olvido. La misma sala de lo civil del Tribunal Supremo rechazó aplicar el derecho al olvido digital al exasesor fiscal de la familia Pujol por un delito de 1991, por el que fue indultado en 2009.

Esta sentencia, dictada en 2018, explicaba que el protagonista de estas informaciones que casi tres décadas después eran accesibles a través de una búsqueda en Google pero que no habían dejado de ser de interés público. Los jueces tuvieron en cuenta, por ejemplo, que había comparecido en una comisión de investigación sobre fraude fiscal en el Parlament de Catalunya, y que además su inclusión en la 'lista Falciani' “le puso nuevamente en el punto de vista público”.

Un evasor de San Vicent del Raspeig (Alicante) que tenía fondos en Suiza no declarados a la Hacienda española ha sido condenado a ocho meses de prisión tras haber abonado la cuota defraudada, que asciende a 378.619 euros. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (la instrucción y el enjuiciamiento se han alargado más de siete años) y de reparación del daño. La causa nació de una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción que la Audiencia Nacional derivó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Vicent del Raspeig.

El condenado, con antecedentes penales y residencia fiscal en España, mantenía fondos ocultos en la filial suiza del banco HSBC, por valor de 888.985 euros, como titular y beneficiario efectivo. La investigación localizó 16.178 euros en participaciones de dos instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales; 14.569 en cupones cobrados por intereses de deuda, considerados rendimientos de capital mobiliario, y 858.238 euros en rentas por ganancias de patrimonio no justificadas. Así, el evasor dejó de pagar a la Hacienda Pública una cuota por el IRPF que asciende a 378.619 euros.

La sentencia alude a la investigación de los archivos informáticos de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse, más conocida como lista Falciani. “Se ha acreditado la existencia de unos depósitos o inversiones bancarias de determinadas cantidades de dinero que figuran a nombre de distintos titulares, que han utilizado esas estructuras bancarias para ocultar fondos y patrimonios de personas físicas o jurídicas que tenían la obligación de consignarlas y declararlas en territorio nacional, procediendo a la defraudación al erario público”, señala el fallo.

La mecánica habitual, explican los magistrados de la Audiencia de Alicante, utiliza “gestores o intermediarios financieros” y, en ocasiones, los depósitos o inversiones “se realizan a través de sociedades interpuestas, que son las que aparecen formalmente como las titulares de los contratos con el banco, para ocultar la verdadera identidad del dueño real del dinero”.

El evasor ha sido condenado a una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial por el mismo periodo por un delito contra la Hacienda Pública y a otros cuatro meses de prisión e inhabilitación por un delito de blanqueo de capitales. Además, pierde la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales durante un periodo de dos años.

El condenado reconoció los hechos durante el juicio oral y se mostró conforme con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal. Además, el día antes de la celebración de la vista abonó la cantidad defraudada a Hacienda. La fase de ejecución de la sentencia fijará la cantidad a pagar correspondiente a intereses de demora.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, al entender que no hay motivos suficientes para mantener la acusación, según informa EFE.

En 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata inició una investigación sobre el presidente del Consejo de Administración de HSBC entre 2006 y 2007, Peter Widmer; los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister; y otros cuatro directivos, que posteriormente amplió a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas.

El magistrado trataba de aclarar si hubo movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al fisco, dentro de una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.

El pasado 17 de diciembre, los peritos designados por el Banco de España ratificaron en sede judicial sus informes, que desvelaban movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde el Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse, operaciones que se habrían ocultado al fisco español, señala Anticorrupción en una nota.

Entre las operativas destacadas figura una efectuada por el difunto presidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, que fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ocultar hasta mediados de 2010 una parte de sus acciones en Bankinter después de que la Audiencia Nacional anulara una primera sanción impuesta por el mismo motivo.

En su escrito, la Fiscalía constata que “los distintos obligados tributarios ocultaban sus patrimonios en la entidad bancaria suiza durante largos periodos, acumulándose las cuotas defraudadas año tras año a través de sus cuentas”.

Pero admite que la legislación vigente “ha mantenido expresamente la exclusión de responsabilidad por las falsedades documentales vinculadas a los fraudes fiscales regularizados”, como ha ocurrido en este caso.

Los fiscales que firman el documento, Carmen Launa -que participó en el juicio por la salida a bolsa de Bankia-, y Juan José Rosa, lamentan que se pretenda amparar “una organización de blanqueo sistemático por una regularización puntual a posteriori”.

Por todo ello, aunque en su opinión se ha cometido un delito, “no hay motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores”, razón por la cual piden el sobreseimiento.

Asimismo, instan a que se remita toda la documentación a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Empresarios de la famosa Lista Falciani de presuntos defraudadores fiscales y herederos de los pioneros de la sanidad privada en España se han sumado al goteo de grandes fortunas que han decidido sacar de circulación sus sicavs. En este caso, con destino a Luxemburgo. 

Este lunes, seis sicavs comunicaban el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a su fusión en una institución de inversión colectiva autorizada en ese territorio en el Gran Ducado, Buy & Hold Luxembourg. La fusión fue aprobada por los consejos de administración de esas sicavs hace ya año y medio y en un mismo día (el 27 de marzo de 2019), pero el visto bueno del regulador no ha sido comunicado hasta ahora.

Entre esas sicavs, destacan por su patrimonio dos que tenían más de 22 millones de euros al cierre del primer semestre: Inversiones Lloner y Universal de Inversiones, administradas por distintas ramas de la familia Nebot, antiguos socios del grupo de hospitales privados valencianos Nisa.

Los Nebot son los herederos de los fundadores de ese grupo hospitalario creado hace más de medio siglo y que en 2017, en el frenético proceso de concentración que entonces vivía el sector de la sanidad privada en España, fue vendido al grupo Vithas, de los hermanos Gallardo, dueños de la farmacéutica Almirall que el año pasado también cerraron al menos tres de sus sicavs, incluyendo una de las mayores del país, Elitia, cuyo patrimonio superaba los 400 millones.

La operación de compra de Nisa, con la que se valoró el 100% de la empresa en unos 300 millones de euros, dio lugar a la segunda compañía de este sector en España, tras Quirónsalud (de la alemana Fresenius).

En marzo, con España recién confinada por el coronavirus, otra sicav también administrada por miembros de la familia Nebot, Rex Royal Blue, que tenía un patrimonio de 50,3 millones a cierre de 2019, ya logró el visto bueno de la CNMV a su fusión con ese vehículo luxemburgués. 

Al mismo instrumento en el Gran Ducado se han sumado ahora también, entre otras, las sicavs BMS Blue Chips y BMS Cartera. Ambas atesoraban un patrimonio de más de 16 millones a cierre del primer semestre y están administradas por las herederas del fallecido cofundador de la histórica empresa de agroalimentación Frudesa y también ex accionista de la chocolatera valenciana Natra, el químico y empresario Bernardo Lafuente.

Lafuente, que hasta su muerte en 2013 presidió esas dos sicavs (le sucedieron primero su viuda y luego, una de sus hijas), estuvo vinculado junto a sus descendientes y los otros tres fundadores de Frudesa hasta al menos 2007 a una estructura de sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas que disponían de cuentas en la filial suiza del banco HSBC, según avanzó en 2015 El Confidencial.

Esa estructura, en la que los creadores de Frudesa llegaron a acumular más de 15 millones de euros, se montó coincidiendo con la venta de la empresa de congelados (que hoy ya no existe como tal) a varias multinacionales.

Promesa enterrada

El número de sicavs lleva años en retroceso, tras las repetidas promesas de incrementar los controles sobre ellas. La última está recogida en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que ambas formaciones encuadraban en el capítulo de iniciativas contra el fraude fiscal. 

Tras anunciarse esa medida, que ha quedado enterrada por la emergencia económica derivada de la crisis del coronavirus, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, dijo que “sería una pena” que el Gobierno llevase a cabo medidas que puedan poner fin a las sicavs, porque llevaría a la deslocalización de empleos de la banca privada y disminuiría el interés en invertir en activos españoles.

Y la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, reconocía en enero que la entidad estaba aconsejando a sus clientes que poseen sociedades de este tipo que se las llevasen a Luxemburgo para evitar la incertidumbre. 

Salvo en abril, cuando hubo un parón total por la gran reclusión, el goteo de cierres de sicavs este año ha sido continuo y se aceleró con la desescalada. En lo que va de año, se han aprobado 66 operaciones de disolución, conversión en sociedad limitada o anónima o fusión transfronteriza, según los registros de la CNMV, que no recogen todas las operaciones porque muchas se comunican con meses de retraso.

Entre los últimos nombres conocidos figuran las sicavs de ex banqueros y familiares de políticos en activo como el senador de Vox y ex asesor financiero de la formación ultraderechista, Jacobo González-Robatto.

¿Es legal que se juzgue a alguien mediante pruebas obtenidas de forma ilícita? Depende de las particularidades de cada caso. En el de la lista Falciani, la sentencia emitida este martes por el Tribunal Constitucional responde de forma afirmativa, pero sus numerosas peculiaridades siembran dudas entre los expertos sobre la jurisprudencia que establece para otras denuncias de fraude en las que se haya obtenido información por canales irregulares. Eso sí, el periplo judicial de este listado de defraudadores fiscales que escondían su dinero en suiza ha concluido ya, después de más de una década en los tribunales.

Los inicios de esta historia se remontan hace más de 10 años, cuando Hervé Falciani era un ingeniero informático con nacionalidad italofrancesa que trabajaba en la sede banco HSBC en Suiza. Allí aprovechó su posición para, entre 2006 y 2008, extraer los datos de cerca de 120.000 clientes de todo el mundo que tenían cuentas opacas en el país helvético y cuyo fraude podría alcanzar los 300.000 millones de euros. Según su versión, expuesta durante su vista en la Audiencia Nacional en 2013, Falciani acudió a Líbano con una colaboradora para visitar, con un nombre falso (Ruben Al-Chidiak), la sede de una filial del HSBC en el país y “crear una alerta que pusiera en marcha en Suiza una investigación sobre un posible riesgo del secreto bancario”.

Así fue. Se generó una alerta y las autoridades suizas no tardaron en descubrir que era este informático el que estaba detrás de aquel suceso. Además, le acusaron de haber intentado vender esos datos, algo que el que fuera trabajador del HSBC siempre ha negado y que no se ha podido demostrar ante la justicia de Suiza. Falciani huyó a Francia al día siguiente de su detención -y posterior liberación- en el país helvético, que desde entonces -diciembre de 2008- ha emitido varias órdenes de extradición contra él.

El ingeniero llegó a la localidad francesa de Niza (sur), donde fue detenido apenas un mes más tarde por la Policía de este país, en colaboración con la suiza. Allí, en un pendrive, las autoridades encontraron lo que hoy se conoce como lista Falciani, que contenía entre otros los nombres de 3.000 franceses con cuentas opacas en el HSBC, y deciden investigar a los defraudadores.

Un año después, y tras la petición de Suiza, Francia devuelve el archivo sustraído por el informático, pero antes hace copias y las envía a las autoridades judiciales de países afectados. Uno de ellos es España, que recibe la lista a través de un CD en mayo de 2010 y encuentra más de 600 nombres de españoles -con unas tres mil cuentas- que habrían estado defraudando a Hacienda al ocultar su patrimonio en Suiza.

La Agencia Tributaria ofreció la regularización de su situación fiscal a todos los afectados para evitar la vía penal, pero solo aceptaron la mitad, lo que supuso el ingreso de facto de cerca de 300 millones de euros en el erario público. Era 2012 y Falciani ya colaboraba con las autoridades judiciales de distintos países, incluido España, donde se entregó a la Justicia y fue a prisión preventiva durante seis meses. Aunque pesaba sobre él la petición de extradición solicitada por Suiza, la Audiencia Nacional decide dejarle en libertad, alegando la inexistencia del secreto bancario en España, por un lado, y su colaboración con casos de fraude y blanqueo, incluyendo el caso Gürtel, por otro. “España se ha beneficiado de esa colaboración de una forma histórica”, llegó a afirmar durante la vista la entonces fiscal Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, que cifró el fraude revelado en una cantidad que oscilaría “entre el 2 y el 2,5% del PIB de la Unión Europea”.

También hubo quien prefirió iniciar la batalla judicial para declarar la nulidad de las pruebas por su obtención ilegal. Uno de ellos fue el ingeniero –ya jubilado- y bodeguero canario Sixto Delgado de la Coba, que fue de los primeros condenados por la Justicia española gracias a la información de la lista Falciani.

En abril de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso una pena de seis años de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo por dos delitos contra la Hacienda Pública. Consideraban probado el fraude en la declaración del IRPF en los años 2005 y 2006, pues “no declaró ser titular de diversas cuentas bancarias y activos financieros de los que disponía en Suiza en la entidad bancaria HSBC”. A esto se sumaba la responsabilidad civil con Hacienda de 2,8 millones de euros y una multa de 11,37 millones de euros (prácticamente el cuádruple de lo defraudado).

El bodeguero recurrió ante el Supremo, aludiendo a una presunta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Sin éxito en el Alto Tribunal, interpuso un recurso de amparo al Constitucional, pues entendía que lo aparecido en la lista Falciani “había sido obtenida ilegítimamente y de forma no autorizada”, lo que se conoce como la “regla de la exclusión”. Entre medias de los dos fallos, en abril del pasado año, Falciani fue detenido de nuevo a petición de Suiza debido a que ese país le había juzgado y condenado en ausencia por el robo de los datos. La Audiencia Nacional volvió a denegar su extradición.

En la sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, se establece que hay que tener en cuenta “las circunstancias e intereses en juego en cada caso” ya que no tiene una “validez general”. Respecto a la lista Falciani, se destaca que el ingeniero no tenía “vinculación alguna” con las autoridades españolas cuando sustrajo la información en cuestión, que “más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría”. “No existe una obligación de proteger instrumentalmente un sistema de este tipo, aunque pueda existir en otros Estados”, dice el Constitucional sobre el secreto bancario suizo.

“Una vuelta a los orígenes históricos de la prueba ilícita”

Para Javier Zaragoza Tejada, fiscal adscrito a la Unión Progresista de Fiscales y especialista en cibercrimen, la decisión del Constitucional “es relevante porque supone una vuelta a los orígenes históricos que la prueba ilícita tiene en nuestro ordenamiento jurídico, establecidos por la sentencia 114/1984”. En conversación con eldiario.es, este fiscal -que ha estudiado y publicado varios artículos sobre la lista Falciani en los últimos años- aprecia que la sentencia del Constitucional se diferencia de la del Supremo en que no hace una distinción entre las pruebas obtenidas por particulares y organismos estatales mediante vulneración de derechos -“a efectos procesales, no cabe hacer una distinción entre unas y otras”-, aunque el resultado sea el mismo.

En este sentido, destaca que lo establecido por el TC viene a afirmar “que no toda vulneración de un derecho fundamental conlleva la nulidad de la prueba, siendo necesario que produzca un efecto en el derecho a la tutela judicial efectiva”. Este experto señala, además, que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo suponía “una aproximación a la jurisprudencia norteamericana, donde la razón de ser de la prueba ilícita es disuadir a los organismos estatales de realizar de realizar actos ilícitos en la investigación de hechos delictivos, a diferencia del sistema europeo-continental, en el que la finalidad es la protección de los derechos fundamentales”.

Zaragoza Tejada también reseña que se haga “explícita referencia al principio de ponderación”, que alude a que se valore “el interés social existente en la persecución de la conducta y la gravedad de la injerencia producida en el derecho fundamental”. Ahí se explica que la regla general es la exclusión, pero también que el órgano judicial puede valorar “casos excepcionales” –como el de Falciani- en los que “la injerencia en el derecho fundamental es mínima”. “Los datos a los que se accedió eran meros datos económicos que no reflejaban aspectos esenciales de la privacidad del defraudador, por lo que prevalecía el interés social”, apunta.

El fiscal recuerda que, de hecho, esta fue la solución adoptada por el Tribunal Constitucional Alemán en un caso similar, el de Global Trust Liechenstein, donde se siguió la teoría de las esferas enarbolada por ese mismo órgano judicial. Según esta, hay distintas capas alrededor de cada derecho fundamental. Un núcleo central “que comprende lo más secreto del individuo”; una segunda esfera, “que estaría integrada por la vida personal y las relaciones personales y familiares”; y una tercera y última esfera más externa “que estaría compuesta por determinados aspectos del individuo asociados al derecho a la intimidad, pero también al derecho al honor y a la propia imagen”.

Para la jurisprudencia alemana, la exclusión de pruebas “no se daría cuando la invasión en el derecho a la intimidad no afectará al núcleo esencial sino a aspectos comprendidos, más bien, en la segunda y tercera esfera”, casos en los que explica Zaragoza Tejada, “se exigiría una resolución judicial habilitante que ponderara adecuadamente la gravedad del delito, el interés social en la persecución de la conducta y la gravedad de la injerencia, no siendo ni siquiera necesaria autorización judicial cuando la conducta intromisiva afectase a la esfera más externa”. Sobre esta última, subraya que “es donde se produce el conflicto entre lo público y lo privado en lo que al individuo se refiere”.

En cualquier caso, Zaragoza Tejada prefiere no valorar si va a sentar jurisprudencia para futuros caso ya que “hay que atender a las particularidades de cada caso concreto para determinar si existe un nexo jurídico entre la vulneración del derecho fundamental en cuestión y la posible afectación del principio de igualdad de partes”. Eso sí, destaca que con esta sentencia del TC, “se está reconociendo explícitamente la validez procesal de pruebas obtenidas violentando directamente derechos fundamentales”. Por último recuerda que, hasta ahora y salvo un precedente del TC en 2003, “las excepciones a la regla de exclusión probatoria se limitaban, exclusivamente, a la prueba derivada de la ilícitamente obtenida”.

“La opacidad institucional obliga a abrir canales alternativos”

En la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) prefieren no entrar en el análisis jurídico de la sentencia, de la que destacan que “reconocer la validez probatoria de la lista Falciani demuestra el interés público de la información desvelada y el derecho de la ciudadanía a conocerla”. En declaraciones a este periódico, su portavoz Yolanda Quintana, afea “la opacidad de las instituciones, que con frecuencia roza el amparo de comportamientos irregulares, y obliga a establecer canales alternativos, como los buzones seguros para filtraciones, para que este derecho sea realmente efectivo”.

Esta periodista resalta la importancia de “proteger a quien filtra documentos a fin de evitar posibles represalias”, recordando la detención de Falciani hace un año, “y cualquier acción posterior de sanción, ya sea en el ámbito público o privado”. Es más, recuerda que tanto los filtradores como los periodistas y medios de comunicación que trabajen con su material, se siguen enfrentando “a serias amenazas legales”. En España no existe una ley que aluda directamente a los filtradores. Ciudadanos presentó una proposición hace ya tres años y, desde entonces, Moncloa la ha dejado en un cajón. Para esta plataforma, el texto presentado es insuficiente: consideran que “excluye” casos de denunciantes como Falciani, Edward Snowden o Bradley Manning, pues estarían “fuera de los supuestos que contemplaba ese proyecto”.

Unas razones que llevan a la PDLI a insistir en su propuesta de protección y amparo de los denunciantes que “revelan información de interés público”, donde estarían también, “con las cautelas oportunas”, los datos “sobre irregularidades o comportamientos ilícitos, mediante el acceso a sistemas informáticos o a dispositivos”. De hecho, defienden que sería un paso que acercaría España “a los países más garantes del derecho a la libertad de información que ya cuentan con ella y en línea con la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses”.

La lista Falciani, que incluye los datos de más de 100.000 clientes de todo el mundo con cuentas opacas en el banco HSBC, podrá ser utilizada en procesos judiciales. Así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, que ha desestimado la demanda de amparo interpuesta por el ingeniero –ya jubilado- y bodeguero canario Sixto Delgado de la Coba. En concreto, aludía a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.

El Tribunal ha concluido que “los datos que son utilizados por la Hacienda Pública española se refieren a aspectos periféricos e inocuos de la llamada ‘intimidad económica’”, por lo que esta no se vulnera. La violación de los derechos de los clientes ya queda protegida por los procesos penales iniciados por Suiza, que pidió sin éxito la extradición de Falciani, sostiene el Constitucional.

Delgado fue uno de los primeros condenados por la Justicia española haciendo uso de la lista Falciani. El documento recibe este nombre por el ingeniero italofrancés Hervé Falciani, que sustrajo la información sobre los clientes del HSBC cuando trabajaba para la propia entidad financiera. Tras un registro policial en su domicilio en Niza (Francia), las autoridades fiscales francesas recogieron la documentación sobre cuentas opacas que, en mayo de 2010, fue entregado a las autoridades fiscales españolas, ya que en ella aparecían medio millar de personas de esta nacionalidad.

Uno de los nombres que aparecía era el de Delgado de la Coba, que “no declaró ser titular de diversas cuentas bancarias y activos financieros de los que disponía en Suiza en la entidad bancaria HSBC”. En abril de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a seis años de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo por dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que consideraban probado el fraude en la declaración del IRPF en los años 2005 y 2006.

A esto se sumaba la responsabilidad civil con Hacienda de 2,8 millones de euros -cantidad que devengará los intereses (…) desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta su completa satisfacción- y una multa de 11,37 millones de euros. Es decir, prácticamente el cuádruple de lo defraudado. Y, por último, “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas e, igualmente, del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cinco años”.

Delgado de la Coba recurrió primero al Supremo y después al Constitucional, pues entendía que lo aparecido en la lista Falciani “había sido obtenida ilegítimamente y de forma no autorizada”, lo que se conoce como la “regla de la exclusión”. En la sentencia del TC, firmada por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, se continúa con la línea del TS: se tienen que tener en cuenta “las circunstancias e intereses en juego en cada caso” ya que no tiene una “validez general”.

Respecto a la lista Falciani, se destaca que el ingeniero no tenía “vinculación alguna” con las autoridades españolas cuando sustrajo la información en cuestión, que “más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría”, algo que “no puede equipararse, en cuanto a sus consecuencias jurídicas, con la acción vulneradora del agente de la autoridad que personifica el interés del Estado en el castigo de las infracciones criminales”. Es más, agregan que “solo se verían afectadas por la regla de exclusión aquellas vulneraciones que se hubieran producido en el desarrollo de la actividad probatoria en el marco de un proceso penal” a la par que aclaran que “la conducta de un particular dirigida a hacer acopio de fuentes de prueba que van a ser posteriormente utilizadas en un proceso penal no queda exceptuada per se de la regla de exclusión probatoria”.

En su recurso al Supremo, Delgado de la Coba aseguraba que no había pruebas de la “desconexión de la conducta del particular con la posterior persecución estatal por delito fiscal”. A ello, sumaba que “las excepciones admitidas por la jurisprudencia constitucional se refieren a la prueba derivada, esto es, la obtenida a partir de conocimiento adquirido con el acto ilícito, pero no pueden ser extendidas a la prueba directa”. Así, y dado que esta fue la “la prueba determinante de su condena”, argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia, motivo por el que pedía la nulidad de la sentencia.

Pero sobre el caso de la lista Falciani recalcan que es “una intromisión en el derecho a la intimidad que carece de cualquier conexión instrumental, objetiva o subjetiva, con actuaciones investigadoras llevadas a cabo por las autoridades”. Así, continúan, se trata de “un informático aprovechó el acceso que, por razones laborales, tenía a datos de clientes del banco HSBC para elaborar sus propios ficheros, cruzando los datos bancarios, hasta realizar perfiles específicos, que pretendía vender a terceros para lucrarse”.

Con ello, “la tutela de la intimidad de los clientes de la entidad bancaria frente a la violación cometida por un empleado de ésta queda plenamente colmada con los procedimientos penales o civiles que puedan desplegarse en” Suiza “sin que se observe ninguna conexión instrumental con el proceso penal español”.

Además, la sentencia del TC destaca que “los datos que son utilizados por la Hacienda Pública española se refieren a aspectos periféricos e inocuos de la llamada ‘intimidad económica’. No se han introducido dentro del proceso penal datos, como podrían ser los concretos movimientos de cuentas, que puedan revelar o que permitan deducir los comportamientos o hábitos de vida del interesado”. De hecho, apunta que “los datos controvertidos son, exclusivamente, la existencia de la cuenta bancaria y el importe ingresado en la misma”.

Otro hecho reseñado por el Constitucional es que “la intromisión en la intimidad se ha producido fuera del territorio donde rige la soberanía española”, así como que no “existe un riesgo cierto de propiciar (…) prácticas que comprometan pro futuro la efectividad del derecho fundamental en juego en el ordenamiento jurídico español, ya que (…) en España no existen prácticas de opacidad bancaria amparadas por el poder público que puedan dar lugar a la proliferación de comportamientos de intromisión ilícita entre particulares”. A esto añaden que “no existe, obviamente, dentro del ordenamiento español de derechos fundamentales, una obligación de proteger instrumentalmente un sistema de este tipo, aunque pueda existir en otros Estados”.

Hervé Falciani (Montecarlo, 1972) recuerda, diez años después de recopilar más de 100.000 casos de fraude fiscal, que pudo enfrentarse a “gigantes de las finanzas” y “poderes enormes” gracias “al poder de la colaboración”. Fue en 2008 cuando el ingeniero informático franco-italiano decidió fugarse de Suiza con los datos de miles evasores que había recopilado desde 2006 en la filial suiza del banco Hong Kong Shanghai Bank (HSBC), donde trabajaba. Su revelación recibió la denominación de lista Falciani, gracias a la cual 28 países han iniciado investigaciones judiciales en contra del fraude fiscal, entre ellos España.

Una década después reside en España, donde vive desde 2012. A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones por las autoridades nacionales tras la petición suiza de extraditarlo, la conclusión de la Audiencia Nacional ha sido la misma: el rechazo a entregar a Falciani a las autoridades del país helvético. Ahora, tras otra victoria judicial, considera “lógico” que el Tribunal Constitucional haya avalado la utilización de la lista contra el fraude fiscal, al denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza después de que su nombre apareciera en la documentación de Falciani. “Es un ejemplo de cómo en España se ha conseguido lo que ha costado mucho más esfuerzo en otros países a todos los niveles”, ha comentado.

Este jueves 29 de noviembre, Falciani ha impartido una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria enmarcada en unas jornadas sobre economía colaborativa organizadas por el Cabildo. Durante una entrevista con Canarias Ahora reitera constantemente el valor del trabajo colectivo, una de las principales enseñanzas de su “aventura”, como él mismo la llama. Y es que ahora, además de seguir asesorando a administraciones, colabora estrechamente con la asociación Tactical Whistlebower, que promociona Taboow, un proyecto con el que busca democratizar las finanzas a través de la tecnología Blockchain.

Hace ya diez años desde que decidiera revelar el fraude fiscal de más de 100.000 evasores y seis desde que viajara a Barcelona. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

Mi vida ahora, obviamente, es diferente a la que tenía antes. Es una nueva vida. Pero sigue bajo los mismos intereses. Yo en el HSBC tenía interés por la innovación, por lo que tenía que servir más al cliente, a la persona. Y en el banco no encontré el modo de cumplir con mis valores o principios. Pero el objetivo que persigo ahora sigue siendo el mismo que tenía entonces. Y siempre ha sido un recorrido colaborativo, tanto con administraciones como con asociaciones. Sin la colaboración con varios estados no se podría haber llegado a ningún sitio contra el fraude fiscal. En el ámbito asociativo se concreta aún más con experiencias que ofrecen alternativas a los obstáculos.

¿Qué ha aprendido de este recorrido?

Sobre todo la capacidad que ofrece la colaboración. Un pequeño grupo de personas consiguió equilibrar la relación con gigantes de las finanzas. Poder enfrentarse a poderes enormes fue posible gracias al poder de la colaboración.

¿Considera que merece la pena seguir luchando después de todo lo que ha pasado?

Yo no considero que esto sea una lucha. No lo he vivido así. Esta es la ventaja de la colaboración. Lo he vivido como una experiencia común, como una aventura, un reto, un desafío con sus riesgos. Pero así es la vida. Y si tengo que reconocer algo es que tengo suerte, mucha suerte, de poder haber contribuido en lo que se hizo y de poder continuar estando en varios proyectos muy interesantes.

¿Qué sintió cuando, a punto de participar en debate en la Universidad Potificia de Comillas, fue detenido por segunda vez en España?

Nada especial. Fue un elemento más que se ha incorporado en nuestros proyectos. Parece difícil de entender y es posible que lo sea, pero cuando tenemos objetivos, podemos incorporar todo lo que se presente. Y es lo que hemos hecho: incorporamos el tirón mediático para nuestros proyectos.

Dentro de las grandes diferencias, existen algunos paralelismos con Julian Assange ¿Qué opinión tiene de este caso?

Ese caso se puede tratar desde infinidad de puntos de vista. Como activista, lo que ha sido, lo que ha hecho, su compromiso, su dedicación, su forma de comunicarse; todo lo ha puesto en una situación muy difícil. Si vamos concretamente a lo que hizo, se tiene que matizar; su estrategia tiene algunos fallos a mi juicio pero, quizá, porque no podemos hacer nada perfecto. Pero él ha demostrado que una persona puede tener muchas oportunidades de actuación en el ámbito del activismo. Si se hizo bien o mal, eso es otro tema. 

Su charla en Gran Canaria ha tratado sobre la democratización de las finanzas con tecnología Blockchain, ¿qué es la tecnología Blockchain?

Es como explicar una tecnología bancaria o contable. Es una tecnología de almacenamiento de información. Los bancos, presuntamente, están capacitados para almacenar datos de modo fiable. Es decir, si yo tengo una cantidad de dinero determinada en un banco, espero que no desaparezca mañana sin motivo. Un banco es una herramienta tecnológica de preservación de información y en la que tenemos confianza, porque almacenamos información de manera leal. El blockchain es parecido, solo que no se fía de una entidad: se fía de una comunidad. Es como si un banco deja de ser un banco y pasa a ser una comunidad de bancos que gestionan una misma cuenta. El blockchain tiene la capacidad de que una información se ejecute en todos los bancos al mismo tiempo. Y haciendo esto se permite que un banco no pueda actuar de forma aislada, bajo sus intereses. Blockchain es la buena práctica a nivel de gestión de la información para disminuir el riesgo del conflicto de intereses.

¿Cómo nace la idea de aprovechar el blockchain para democratizar las finanzas?

Ha sido mi dedicación y mi carrera profesional: encontrar las innovaciones tecnológicas que permitían un servicio financiero nuevo, mejorado. Se ha producido muy naturalmente desde el principio, desde los primeros meses. La he seguido personalmente y he encontrado una comunidad a la que me he unido, que es Tactical Whistleblower, con la que proponemos disminuir los riesgos que vemos en el Big Data o en la banca privada.

¿Qué es Taboow?Taboow

El tabú es una invitación a ser conscientes de cuáles son nuestros límites sociales que nos impiden evolucionar al ritmo de nuestra realidad. El proyecto, en sí, tiene que poner el foco en la criptomoneda, pero no como está siendo utilizada hoy en día, que es una barbaridad. El tabú mira y dice que esto es peligroso y, al mismo tiempo, dice: este riesgo es una oportunidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de aprovecharlo? Si encontramos ese modo, entramos en una nueva era y los que lo consigan serán los primeros.

¿Qué le parece que se realicen eventos como Gran Canaria Colaborativa?

Fantástico. Tiene un potencial tremendo y es una oportunidad que se tiene que aprovechar. El planteamiento y la posición estratégica que tienen las islas expone a todos el hecho de que no es un territorio aislado, sino cercano a varios continentes. Y eso para mí es lo que resulta más contundente.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado por blanqueo de capitales y organización criminal a la antigua cúpula suiza del banco HSBC. Cita a los directivos que ocuparon los más altos cargos de responsabilidad entre 2006 y 2007 por los datos desprendidos de la lista Falciani, que desveló una operativa para ayudar a grandes fortunas a esconder y blanquear su patrimonio.

La decisión del juez llega un día después de que decidiese imputar por blanqueo a siete directivos del Banco Santander y a otros tres del BNP Paribas, entidades españolas que habrían ayudado a HSBC a ocultar a los verdaderos titulares de las cuentas bancarias.

Los imputados recibirán ahora las citaciones a través de una comisión rogatoria que se ha enviado a Suiza. El juez explica en su auto que esta pieza separada del caso Falciani, que hasta ahora permanecía bajo secreto de sumario, amplía la investigación a la responsabilidad de las entidades bancarias HSBC, Banco Santander y BNP Paribas por un delito continuado de blanqueo de capitales.

Estás entidades “habrían colaborado en la salida y sobre todo en la repatriación de los fondos depositados en la entidad helvética, con la intención de ocultarlos al erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública”. Esa repatriación de capitales, dice el juez, “podría aparentemente haberse ocultado en España a los organismos supervisores de las transacciones de exteriores y a la propia Hacienda Pública”.

En el escrito de citaciones a la antigua cúpula del HSBC, el magistrado detalla que la entidad suiza tenía la conocida como “cuenta Nostro” en el Santander, con la que hacía llegar a España los fondos de sus clientes, a través de transferencias sin el nombre del ordenante ni el beneficiario. “Los abonos que se realizaron en dicha cuenta implican cargos en la cuenta de los clientes en el HSBC y equivale a repatriar fondos desde Suiza a España”, escribe el juez.

El titular de esa cuenta “Nostro” del HSBC en el Santander se identificaba “en muchas ocasiones” tan solo con un código numérico. “Igualmente, cuando los clientes del banco suizo eran beneficiarios de transferencias, en la cuenta Nostro con el Banco de Santander aparecen códigos de operaciones que no permiten identificar ni al ordenante ni al beneficiario”, señala el auto.

No todos los clientes optaban por repatriar su dinero a través de transferencias. El auto asegura que hay “algún caso identificado en el que el gestor advierte al cliente de los riesgos de cruzar la frontera con importantes sumas en efectivo”. En otros casos las transferencias se hacían a través de Andorra.

Los informes de los peritos concluyen que esta forma de actuar, detectada entre los años 2005 y 2008 gracias a los datos aportados por Hervé Falciani, “podría continuar en los años posteriores”. Esos informes elaborados por expertos del Banco de España señalan también que el HSBC ofrecía “la creación de sociedades pantalla facilitadas activamente por los gestores del banco”.

El juez destaca el papel fundamental de esos gestores e intermediarios financieros, que “facilitaban tanto el movimiento de capitales como su ocultación”. Considera que hay indicios de que el grupo HSBC actuaba como banca privada en España sin necesidad de recurrir a su propia sucursal.

De la Mata imputó ayer a directivos del Banco Santander y el BNP por estas prácticas. La investigación ha detectado que en tres años se canalizaron a través del Santander 1.070 operaciones por importe de 74 millones de euros euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España.

Tanto el Santander como el BNP habrían participado en “una serie de operativas puestas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español”.

El magistrado José de la Mata tuvo que pedir hasta cinco informes al Banco Santander ante los errores “sistemáticos” en el suministro de los datos que le pedía la Audiencia Nacional para esclarecer el caso Falciani. En el auto en el que imputa por presunto blanqueo de capitales a directivos del banco rojo y de BNP Paribas, explica también el tortuoso proceso que ha seguido para recabar las pruebas.

De la Mata recuerda que los peritos del Banco de España elaboraron un primer informe en abril de 2016 que tuvo que ser completado con requerimientos del juez al Banco Santander para que completara datos.

De la Mata es profuso al explicar las fechas y el número de veces que tuvo que hacer peticiones a la entidad: hasta cinco veces. El magistrado enumera las causas para hacer estas sucesivas demandas de esta forma: “Las razones que motivaron esta consecutiva serie de Informes complementarios fue:

- El envío sistemático por parte del Grupo Santander de transferencias con el campo de ordenantes y/o beneficiarios en blanco;

-El error de no enviar las transferencias entre 2013 y 2015;

-Falta de explicación del contenido de campos;

-Mezcla de operativas que han dificultado el análisis;

-Campos con datos adicionales en valores sin relacionar con los datos generales, etc...“

De la Mata redunda en esta dificultad para hallar a los beneficiarios de las cuentas ocultas de HSBC en Suiza por parte de la entidad presidida hasta 2014 por Emilio Botín. Explica que “los peritos han analizado cientos de operaciones de valores, registradas en las cuentas de valores de HSBC Private Bank Suisse, con el propósito de identificar a sus propietarios reales utilizando la información proporcionada por los custodios Santander Investment y BNP Paribas con sucursal en España, con un resultado casi totalmente infructuoso”.

En este sentido, De la Mata subraya también que los “propietarios reales permanecen ocultos bajo el registro de titularidad de HSBC Private Bank Suisse y de otros bancos, custodios, nominees y entidades similares”. Solo logró tener acceso a estos nombres gracias “a la base de datos DB2, construida con los datos facilitados por Hervé Falciani”.

Falciani ha estado colaborando durante años, incluso desde la cárcel, con la Fiscalía Anticorrupción para componer una base de datos en la que gracias a los datos que había extraído del banco suizo se pudiera consultar los nombres de los beneficiarios.

En unas declaraciones en 2014 al diario francés Le Monde aseguraba que había creado un software con ayuda de las autoridades españolas con el que había logrado cruzar los miles de datos de los españoles que aparecen en la lista. Según el periodista que le entrevista, con un solo click se puede acceder en segundos a miles de nombres, de números de cuentas y de sociedades offshore que están en el listado español.

“He creado este programa con las autoridades judiciales españolas. Permite analizar todas las informaciones contenidas en las bases de HSBC. Espero poder hacer lo mismo con la Justicia francesa”, aclaró Falciani.

Recientemente el Tribunal Supremo avaló el uso de la lista Falciani pese a que su origen fuera una extracción del banco sin permiso.

Según el auto del juez, entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas.

En el auto se indica también que Emilio Botín, presidente del Banco Santander en aquel momento, operaba con una Fundación Panameña para mover acciones de Bankinter de forma oculta al fisco español. El juez dice que la sociedad panameña North Stat Overseas Enter operó entre 2007 y 2010 con títulos de Bankinter.

Los Botín regularizaron en 2010 su situación con el fisco cuando llegó la lista Falciani a España y tras una “invitación” a hacerlo por parte de la Agencia Tributaria lo cual les eximió de ser juzgados por delito fiscal. Pero se desconocían datos de la fortuna y movimientos de Emilio Botín con HSBC. Sí eran públicos los datos de su hermano Jaime, presidente de Bankinter en la época, que llegó a tener una multa de la CNMV por la ocultación de esta participación.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados -antes imputados- a directivos del Banco Santander y el BNP Paribas. Les atribuye delitos de blanqueo de capitales en la pieza separada sobre la lista Falciani, después de analizar la documentación que requirió en 2016 a las dos entidades, y tras estudiar los informes emitidos por el Banco de España.

Así, ante el juez tendrán que comparecer a mediados de junio siete directivos del Santander y tres del BNP. Los informes en poder del magistrado reflejan “una operativa de movimientos de fondos entre Santander, Santander investments y BNP Paribas, y HSBC Prívate Bank Suisse”, el banco suizo que ayudaba a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes.

En el auto del juez señala también que los informes de los peritos del Banco de España describen “una serie de operativas puestas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades”. Esas conductas pueden suponer un delito de blanqueo de capitales, según De la Mata.

El escrito por el que se cita a estos directivos explica que el HSBC tenía en estos dos bancos cuentas conocidas como “ómnibus” o cuentas globales, en las que el propietario real de los valores era desconocido. Si se ha podido identificar a sus titulares ha sido gracias a los datos facilitados por el exinformático del banco suizo Hervé Falciani, cuya lista ha revelado que el HSBC no era el titular de las cuentas, sino que todas eran operaciones de sus clientes.

El juez insiste en este punto en la importancia de la lista Falciani -el listado con los nombres de más de 106.000 clientes con cuentas por valor de más de 78.000 millones de euros- para identificar a los titulares de las cuentas. Porque con la información proporcionada por el Santander y el BNP el resultado ha sido “casi infructuoso”.

“Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. Desde que se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad existente, las operaciones de HSBC disminuyeron considerablemente, siendo 8 en 2009 y desaparecieron a partir de 2010”, señala el juez

Botín ocultaba sus acciones de Bankinter

El juez explica en el auto de citaciones que Santander Investment obtuvo la custodia de los valores de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter Inc. “Estos valores no solo se ocultaban bajo la sociedad panameña, sino que en los registros de la entidad española figuraba la supuesta titularidad del HSBC, bajo la que se ocultaba finalmente la titularidad real de las acciones de Bankinter, poseídas por Emilio Botín y Jaime Botín.

La propiedad de las acciones del expresidente del Santander y su hermano, expresidente de Bankinter, “se mantuvo oculta al Erario Público hasta que fue revelada por la comunicación que las autoridades francesas hicieron a la Agencia Tributaria, dice el juez. Todo después de que Falciani se hiciese con los datos de los clientes del banco suizo.

Los Botín ocultaron la titularidad de las acciones a la CNMV y a los propios accionistas de Bankinter. La CNMV sancionó en 2016 con 500.000 a Jaime Botín “por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter”.

El juez recuerda, tras exponer esta operativa de blanqueo, que la Audiencia Nacional archivó en 2012 la causa contra los Botín por sus cuentas en Suiza. El tribunal alegó que habían regularizado ya su situación con Hacienda, después de que la Agencia Tributaria enviase una carta a más de 600 contribuyentes con dinero en el extranjero, en la que les invitaba a regularizar su situación fiscal.

Los directivos imputados

El juez ha imputado a siete directivos del Banco Santander y tres del BNP. En el auto se reflejan sus nombres y los cargos que ocupaban hasta, al menos, 2014.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que la lista Falciani, que contiene datos sobre miles de clientes con cuentas en Suiza, sirve como prueba de cargo en un juicio. Es decir, que los datos obtenidos por el informático Hervé Falciani pueden usarse para condenar a un acusado por fraude fiscal.

Esa lista incluye los nombres de más de 106.000 clientes con cuentas por valor de más de 78.000 millones de euros en bancos suizos. La justicia española ha abierto decenas de investigaciones con la información que Falciani suministró durante su estancia en España.

En una sentencia publicada este viernes, el Supremo confirma la condena a seis años de cárcel a un contribuyente español cuyo nombre figura en esa lista, y que escondió en Suiza más de cinco millones de euros. Según el Tribunal, esta se obtuvo de forma ilegítima, pero este hecho no la invalida. La razón es que los datos fueron obtenidos “por un particular sin ninguna conexión con aparatos del Estado”.

“Se trataba de información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales”, señala el Supremo.

Otro caso distinto sería que la obtención ilegal la hubiese llevado a cabo la Policía, en cuyo caso la lista sí que quedaría invalidada como prueba para un juicio. Falciani, inicialmente, no se hizo con los datos para usarlos en un proceso judicial, si no como “una lucrativa fuente de negociación”.

Para el Supremo, si un particular “desborda el marco jurídico” sobre los datos bancarios, ya sea “para lograr un provecho económico”, o con el objetivo de “fomentar el debate sobre los límites del secreto bancario, no lo hace en nombre del Estado”.

El tribunal aclara que la exclusión de un proceso de pruebas obtenidas ilegalmente sirve como “mecanismo de contención de los excesos policiales”.“ No persigue sobreproteger al delincuente”, cuando este es juzgado en base a pruebas que, cuando se consiguieron por parte de un particular, no pensaba utilizarlas en un proceso penal.

Los tres magistrados que firman la sentencia, entre los que está el presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, señalan que lo determinante es que Falciani “nunca haya actuado como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal”.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acudido este martes a la sede del BNP Paribas España, ubicada en Madrid, por orden de la Audiencia Nacional. Los investigadores buscan información de la relación de la entidad con el banco HSBC, al que investiga por blanqueo el juez José de la Mata. 

Como ocurrió el pasado viernes con Banco Santander, los agentes de la UCO portan un requerimiento de información, subsidiario de registro, esto es, la autorización del juez para que, en caso de que la entidad no colabore, buscar ellos mismos los datos.

El juez De la Mata mantiene abierta una pieza, declarada secreta, sobre las actividades del HSBC. Esta era la entidad donde trabajó el informático Hervé Falciani, y de la que extrajo miles de datos de cuentas bancarias donde personas de todo el mundo guardaban su dinero para no pagar impuestos. 

Con la información que afecta a España, el juez De la Mata ha abierto 40 diligencias por fraude a Hacienda contra otras tantas personas o familias españolas con cuentas en el HSBC. La Audiencia Nacional anunció el pasado viernes que el juez se ha inhibido en favor de juzgados de 12 comunidades autónomas, por encontrarse allí el domicilio fiscal de las personas que tenían abiertas cuentas en el HSBC en 2008.

Pero al mismo tiempo, De la Mata se ha declarado competente para seguir investigando al HSBC por blanqueo. Y es en el marco de esa investigación en el que aparecen las reclamaciones de información a Banco Santander y BNP de cuentas abiertas en esas entidades por el HSBC y el flujo de fondos entre ellas. 

600 titulares

En noviembre pasado, el diario ‘Expansión’ adelantó que el juez De la Mata estaba investigando las actividades del banco HSBC en España respecto a la 'lista Falciani', que agrupa a 600 titulares españoles de cuentas opacas en la sede suiza del banco británico con un valor de cerca de 6.000 millones de euros. Falciani, en busca y captura en Suiza por robo de información al banco, recaló en 2012 en España, que decidió no extraditarlo, y se ofreció a colaborar con la Justicia y aportó nuevos datos.

En junio de 2010, la Agencia Tributaria envió cartas de advertencia a los titulares de cuentas en las que les instaba a regularizar la situación. Algunos lo hicieron y la AEAT recuperó 260 millones de euros, pero otros clientes no regularizaron. La información se la había proporcionado a Hacienda el Fisco francés, quien recibió los datos sustraídos por Falciani.

En febrero de 2015, El Confidencial publicó la lista mundial, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entonces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que estudiaba emprender acciones legales contra HSBC por su posible participación en fraude fiscal. EEUU, Francia, Reino Unido y Bélgica también investigan a HSBC.

Hervé Falciani, autor de la Lista Falciani, ha participado este lunes en Tenerife en la charla Contra la evasión fiscal y la corrupción organizada por Podemos Canarias con motivo del debate en el Parlamento regional de la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, que defiende la portavoz de la formación morada en las islas, Noemí Santana.

Ella y Miguel Ongil, diputado en la Asamblea de Madrid, han sido los encargados de presentar y acompañar a Falciani durante el encuentro con simpatizantes y ciudadanos organizado en el TEA.

Antes de que comenzara la conferencia, Falciani lamentó ante los medios de comunicación que la “falta de voluntad política” impide en ocasiones que las instituciones públicas luchen contra el fraude fiscal porque las herramientas para destapar este tipo de evasiones existen. Una carencia que, según dijo, deja de resultar tan compleja en los periodos electorales. El experto no desmintió haber colaborado con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y solo se refirió a la entidad como “una organización más que tenemos que aprovechar”.

Ya en la conferencia, Falciani aseguró que en España se han conseguido “locuras” en solo dos años, en alusión al éxito de la formación morada desde su nacimiento hasta la actualidad. “Podemos ha hecho lo que nadie”, afirmó, “proponer cambios, y todo ello hecho por personas, por ciudadanos”. Por eso, afirmó confiar en este partido al cien por cien.

Respecto a las propuestas de Podemos sobre transparencia y lucha contra la corrupción, Falciani subrayó que no hay precedentes en Europa ni ningún otro partido con iniciativas similares. “Europa es muy corrupta”, destacó, y las propuestas de Podemos en esta materia convierten a España en un “laboratorio”. “¿Dónde se puede esperar más éxito que en España?”, preguntó. “Estamos esperando resultados” afirmó.

Sobre este asunto, Miguel Ongil añadió que “hay miles de ojos” mirando qué va a pasar en España, y que hay que crear un “contrapeso dentro de la Unión Europea para que otros países nos sigan”.

El ex empleado del HNBC añadió que en cuestión de horas se hará pública “un montón de información” sobre más casos de corrupción que afectan a numerosas personas y empresas. En su opinión, la corrupción es “una enfermedad que daña la economía y contra la que hay que luchar”. Según sus palabras, “muchos de los sufrimientos de este planeta se podrían acabar gracias a los recursos que ya tenemos y a los que se encuentran en paraísos fiscales”. Y añadió que cuando “los poderosos” comprenden que existen herramientas para compartir “los pequeños secretos” en la vida de cualquiera, empiezan a cambiar los modelos.

Según su discurso, la alternativa es que haya transparencia sobre los recursos, no estar tanto en cómo crear nuevos recursos sino en cómo mejorarlos y compartirlos. “Ese es el secreto más grande y contundente que hemos acercado hoy aquí, que no es un problema de recursos, sino de reparto”, concluyó.

El juez José de la Mata ha levantado el secreto de las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional a raíz de la información suministrada por el exempleado del HSBC Hervé Falciani. En total, han sido 40 diligencias previas a otras tantas personas o grupos familiares que habrían defraudado a Hacienda a través de la sede en Suiza del banco citado. Sus casos están ya en distintos juzgados repartidos por España.

De la Mata se ha inhibido en favor de esos 40 juzgados después de comprobar que las personas o familias investigadas no tienen vínculos entre sí, por lo que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar, ya que el daño a la economía nacional de cada uno de ellos por separado no alcanza a lo que establece la ley.

Los juzgados que han recibido las diligencias se corresponden con el domicilio fiscal de los investigados en el momento de la “consumación de los delitos, junio de 2008”, informan fuentes de la Audiencia Nacional. Los juzgados se reparten por 12 comunidades autónomas. Solo se salvan Aragon, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.

La presente investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción con la información que Falciani suministró durante su estancia en España. Suiza reclamó al informático para juzgarle por robar los datos, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

Investigación al HSBC

El envío a esos 40 juzgados no significa que la Audiencia Nacional deje de investigar información suministrada por Falciani. Así lo pone de manifiesto el requerimiento que este mismo martes ha hecho el juez De la Mata al Banco Santander en demanda de información sobre distintas cuentas bancarias.

Este requerimiento se enmarca en una investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, competente para investigar delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y del que es objeto la propia entidad bancaria que habría consentido o fomentado esa práctica, el HSBC.

Hervé Falciani, el exinformático del banco HSBC que extrajo la lista de evasores fiscales que los principales medios del mundo difundieron, estará presente este sábado en un acto con Podemos. Falciani, cuya colaboración con el partido de Pablo Iglesias se anunció en febrero de 2015 para elaborar un informe sobre cómo combatir el fraude y la evasión fiscal desde la legislación y la regulación gubernamental, reaparece desde entonces para hablar sobre “evasión fiscal y corrupción”.

En el acto, en la sede europea de Podemos en Madrid (Calle de Embajadores, 35), intervendrán el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán; la denunciante del caso Gürtel Ana Garrido; y el diputado en la Asamblea de Madrid Miguel Ongil.

Falciani colaboró en el pasado con el Partido X, con el que empezó a trabajar también en 2013. El informático monegasco ofreció su nombre para encabezar la lista electoral en las elecciones europeas con este partido, que finalmente no obtuvo representación parlamentaria. Esta formación acalaró entonces que su colaboración con Falciani seguiría vigente.

El franco-italiano ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción española para desenmarañar la red de evasión fiscal que desde España han tejido importantes personalidades y tramas de corrupción.

La relación entre Falciani y Podemos se inició en 2015 después de que se empezaran a conocer, a través de una filtración internacional coordinada por el ICIJ, los nombres de los clientes de las cuentas opacas de HSBC en Suiza. En aquel momento, Podemos afirmó que Falciani era una “persona extremadamente valiosa para los intereses de este país” y que el partido tenía “la mano tendida” para cualquier forma en la que Falciani quisiera involucrarse: “Contaremos con Falciani tanto como él quiera colaborar con el cambio”, ha dicho, porque “encontrará con Podemos un Gobierno con verdadera voluntad política contra la evasión fiscal”.

El acto de este sábado será el primero de Podemos en el que está prevista la presencia de Falciani físicamente.

La Audiencia de Madrid ha condenado a seis años de prisión y a una multa superior a los 11 millones de euros al empresario jubilado Sixto Delgado Coba, uno de los españoles que aparecían en la lista Falciani, un documento que -según los jueces- llegó legalmente a las autoridades fiscales españolas.

La Audiencia condena al empresario por dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos en los años 2005 y 2006, períodos en los que habría defraudado 2,8 millones de euros.

Cabe recordar que Delgado de la Coba, ingeniero industrial retirado nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1944, había trabajado para la petrolera Repsol, empresa que dejó en el año 2000 tras haber estado 30 años en la multinacional. Tras dejar este empleo estuvo cobrando dos años el paro y en el año 2006 su hija le contrató en un negocio de turismo rural, en el que se jubiló en marzo de 2009.

Los jueces rechazan la pretensión del acusado de que el proceso fuese anulado por la exclusión de la prueba de la que partía, la lista Falciani sobre los titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra (Suiza), entre los que se encontraba el acusado, al considerar que el origen de la misma es ilegal.

El tribunal desestima esa petición -que se apoyaba en la doctrina del árbol envenenado que establece que la nulidad de la prueba base invalida todo el proceso- al entender que los documentos llegaron a España al amparo de la normativa internacional, es decir, entregadas por las autoridades francesas a las españolas, sin que se rompiera la cadena de custodia.

La Audiencia toma esa decisión de acuerdo con el criterio del fiscal y del abogado del Estado -que pedían para el acusado ocho años de prisión- y de resoluciones judiciales previas.

Una vez rechazada esa petición, los jueces consideran probado que el acusado -un ingeniero industrial canario jubilado en el año 2000- utilizaba tres sociedades pantalla para ocultar sus activos.

El procesado declaró ingresos de 15.054,89 euros en 2005 y 41.297,54 euros en 2006, debiendo ingresar a Hacienda 722,28 euros en el primer caso y 3.460,20 en el segundo.

Pero al tiempo era titular, individualmente o con otras personas, de varias cuentas en el HSBC en Suiza cuyo único objetivo era mantener sus fondos ocultos al fisco. Su saldo conjunto era de 4,9 millones de euros a finales de 2005 y de 5,2 millones a finales de 2006.

La Audiencia recalca que Sixto Delgado jamás declaró ese dinero ni pagó impuestos por ello, ni en España ni en Suiza.

Según la Agencia Tributaria, el acusado debería haber pagado 2,2 millones de euros correspondientes al año 2005 y 576.811 euros al año 2006.

Por ello, además de la pena de prisión, la Audiencia de Madrid condena al procesado al pago de una multa del cuádruplo de la cantidad defraudada, es decir 11,3 millones de euros.

La información que resistió al borrado del teléfono de Javier López Madrid permite reconstruir algunos de los contactos del empresario madrileño con buena parte de la aristocracia empresarial española e internacional a lo largo de 2014. Entre ellos hay nombres vinculados a la lista 'Falciani', a los negocios del cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y a la trama Púnica, uno de los casos de corrupción por los que el consejero delegado del Grupo Villar Mir está imputado.

El yerno del marqués y exministro Juan Miguel Villar Mir no sólo fue arropado por los reyes de España tras salir a la luz los gastos de López Madrid y el resto de exconsejeros de Caja Madrid y Bankia con su tarjeta 'black'. Entre las muestras de aliento figura el cariñoso mensaje que le envió el 13 de octubre de 2014, tres días después de estallar el escándalo, María Soledad Luca de Tena, conocida como Petisa.

“Querido Javier. No sabes cuánto me solidarizo contigo. Este escarnio público está resultando un espectáculo lamentable. Te mando un abrazo fuerte. Petisa”, se lee en uno de los pocos mensajes que logró recuperar la Guardia Civil después de que López Madrid intentase borrar toda la información contenida en su teléfono móvil antes de entregarlo al Juzgado número 26 de Madrid, el que investiga la denuncia que el empresario interpuso contra la mujer que antes le había denunciado por acoso.

“Gracias Peti. Estoy asqueado de que me hayan metido en un lío semejante, pero en fin, una experiencia de crecimiento personal... muchas gracias por tu cariño y apoyo”, contestó López Madrid, que en esos días estaba de viaje por la Costa Oeste de Estados Unidos, y que en los días previos había mantenido numerosos contactos telefónicos con otro imputado por las ‘black’, el economista Juan Iranzo, todavía hoy consejero de Fertiberia, filial del Grupo Villar Mir.

Perteneciente a la familia fundadora de ABC y consejera del grupo Vocento (propietaria de esa cabecera), Petisa Luca de Tena figuraba en la lista 'Falciani' como titular, junto a varios miembros de su familia, de una cuenta en el banco HSBC de Ginebra (Suiza) en la que llegó a acumular 1,33 millones de dólares entre 2006 y 2007. También figuraba en esa célebre lista el financiero colombiano afincado en España Andrés Piedrahita, ex mano derecha de Bernard Madoff con el que López Madrid mantuvo frecuentes contactos telefónicos antes y después del escándalo de las ‘black’: hablaron en septiembre de 2014 (en dos ocasiones), en noviembre de ese año y en enero y febrero de 2015, según el puñado de mensajes rescatados por la Benemérita.

El nexo con la Púnica

Uno de los números que más se repiten en el registro de llamadas que se conserva de López Madrid en esos meses corresponde al nombre “Dnto Glz”. Según el sumario de la Púnica, se trata del móvil de su amigo Donato González, responsable del banco Société Générale (SG) en España. El registro recoge más de una treintena de llamadas entre ambos. Más de una docena de ellas se concentra en los días previos al 27 de octubre de 2014, día de la detención de Francisco Granados y David Marjaliza, otro habitual en la agenda del yerno de Villar Mir. Ese mismo día, López Madrid realizó o recibió más de 70 llamadas en su teléfono móvil. Entre las personas que le llamaron esa tarde está José María Aznar junior, hijo del expresidente del Gobierno. La conversación duró poco más de dos minutos.

Donato González, que rescató del paro al ex número dos del PP de Madrid tras la salida de Granados de la política, es un financiero próximo a Ignacio López del Hierro, asesor de Société en España y marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Otro habitual en la agenda de López Madrid, Florentino Pérez, señaló en abril de 2015 a Donato González como la persona que le puso en contacto con Alejando de Pedro, uno de los conseguidores de la trama Púnica a través de la empresa EICO, cuyos servicios fueron contratados por el Real Madrid para mejorar el posicionamiento del club en Internet.

Entre el círculo de amistades más próximo a López Madrid también destacan los contactos con destacados empresarios como el entonces presidente de Indra, Javier Monzón, y uno de sus socios en la gestora de valores que preside, Tressis, el financiero Borja Prado, con el que el yerno de Villar Mir mantuvo numerosos contactos telefónicos en noviembre de 2014 y enero de 2015. Prado, presidente de Endesa y del banco de inversión Mediobanca en España, es otra persona muy cercana a la familia real. Su familia también ha sido relacionada con la lista 'Falciani'. Su madre, su hermana y su cuñado tuvieron tres cuentas en Suiza que aparecían en esa lista, según publicó hace un año El Confidencial. Entonces, Prado negó tajantemente haber tenido cuentas en ese país.

En el registro de llamadas de López Madrid el teléfono más habitual es, tras el de su esposa, Silvia Villar Mir, el contacto JM TRVÑO PT. Corresponde al empresario José María Treviño Zunzunegui, ex socio y amigo íntimo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina con el que López Madrid se asoció en esas fechas para la puesta en marcha de una empresa de proyectos fotovoltaicos, Aurinka International. Treviño tuvo que declarar en abril de 2012 en el marco de una investigación sobre las cuentas del cuñado del rey Felipe VI en Suiza.

El vínculo andorrano

También fueron muy habituales en esas fechas (especialmente junio, octubre y diciembre de 2014 y enero de 2015) los contactos de López Madrid con Pedro González Grau, consejero delegado del grupo andorrano MoraBanc, mientras ambos negociaban la venta de Tressis a esa entidad, abortada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la intervención del grupo Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid, por blanqueo de capitales.

En la extensísima y selecta agenda de contactos de López Madrid también figuran nombres como el del abogado Domingo Plazas, que presentó la declaración de Rodrigo Rato cuando se acogió a la amnistía fiscal; el propio ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia; Jordi Comas, consejero delegado de Andbank, el banco andorrano que ayudó a Jordi Pujol a esconder su fortuna del Fisco, y Joaquín de Arespacochaga, hijo del exalcalde de Madrid y ex senador con Alianza Popular Juan de Arespacochaga.

Arespacochaga junior fue detenido en junio de 2013 por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz. Es accionista y fundador de Star Petroleum, petrolera radicada en luxemburgo con capital español cuyos negocios en Sudán ha denunciado la ONG internacional Global Witness y que tiene entre sus principales socios al empresario Javier Merino, marido de la exmodelo Mar Flores. Merino, otro de los contactos de la agenda de López Madrid, figuraba en la lista de morosos a Hacienda con una deuda conjunta de 10,8 millones a través de diversas sociedades, entre ellas, las filiales de Star Petroleum en España.

El frustrado asalto a Repsol

El teléfono de López Madrid también revela un contacto habitual con Arturo Henríquez Autrey, que en 2014 era directivo de la petrolera mexicana Pemex y fue consejero de Repsol en representación de esa compañía estatal hasta junio de ese año. Las llamadas son especialmente frecuentes en septiembre y noviembre de 2014, cuando Pemex ya había salido de Repsol, y meses después de que Juan Miguel Villar Mir se ofreciera a entrar en el capital de la empresa española aprovechando que entonces estaba inmersa en una guerra accionarial azuzada por la mexicana, su entonces accionista.

La Guardia Civil logró recuperar del teléfono de López Madrid un correo electrónico sin fecha ni remitente que resumía las bondades de ese acuerdo “beneficioso para España” que arreglaría “de inmediato” el problema abierto con Argentina tras la expropiación de YPF en 2012. “Tenemos que elegir entre lo magnífico o mantener a alguien que tiene secuestrado a la compañía con efectos devastadores”, decía, en alusión al todavía hoy presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que Pemex intentó descabalgar sin éxito.

“El esfuerzo va dirigido a mejorar” Repsol, compañía en la que “no hay gobierno corporativo”, y España “tendría primer asiento en la última frontera del sector energético en los próximos 10 años” con negocios para “contratistas, astilleros, industrias auxiliares, bancos”. De no cerrarse la operación, “se rompen relaciones entre dos países”, aseguraba sobre un desembarco que no fructificó. OHL no entró en Repsol; Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya, ex consejero de OHL México destituido de Pemex el mes pasado, acabó saliendo de la petrolera española; y Henríquez Autrey fue destituido en septiembre de 2015, acusado por la oposición mexicana de haber favorecido a OHL en ese país, convertido en un quebradero de cabeza para Villar Mir por los escándalos de corrupción.

Las tres Haciendas vascas han recaudado algo más de 9 millones de euros de unos 140 contribuyentes -la mayor parte en Gipuzkoa- de los tres territorios con cuentas en la filial suiza del BSCH incluidas en la 'lista Falciani'. Lo recaudado incluye también las multas que cada Hacienda ha impuesto a sus respectivos evasores fiscales. Pero las Juntas Generales de Gipuzcoa quieren ir más allá. En mayo del pasado año el parlamento provincial, a iniciativa de los socialistas, aprobó por unanimidad estudiar la posibilidad de publicar la lista de los “grandes defraudadores” en ese territorio. Algo que ahora está de nuevo de plena vigencia después de que estallara el 'caso Rato' y varios partidos de la oposición en el Congreso -entre ellos PSOE e IU- hayan exigido al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, la publicación de la “lista de la vergüenza” de los 705 contribuyentes que están siendo investigados por supuesta corrupción.

Esas 705 “personas expuestas políticamente”, en palabras del ministro de Justicia, surgen de los cerca de 40.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal aproba por el Gobierno del Partido Popular. De hecho, cuando empezaron a publicarse las personas de la 'lista Falciani' en España, Cristóbal Montoro ya avisó de que aquello era “un aperitivo” de lo que estaba por aflorar.

Pero la pretensión de las Juntas Gipuzcoanas o de la oposición en el Congreso no es sencilla, salvo que se produzcan modificaciones legislativas como la que ahora parece querer tramitar el Ejecutivo de Rajoy. La Ley General Tributaria, de 2003, es clara al respecto. En su artículo 95.1 considera reservados “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones”, sin que puedan ser cedidos a terceros salvo los casos y supuestos regulados como numerus clausus en ese mismo artículo. Hay que tener en cuenta que la publicación de defraudadores no se contempla ya que en la ley se habla solo de colaboración con juzgados y tribunales, otras administraciones públicas, Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo. Solo los propios afectados pueden autorizar de facto la publicación de sus datos tributarios.

La norma foral tributaria en Gipuzcoa, algo que se repite en las otras dos haciendas, fija en su artículo 92 el caracter reservado de esos datos. “La Administración tributaria adoptara las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria”, se señala. Además, la Agencia Vasca de Protección de Datos ha dejado claro, tras ser consultada precisamente por la Diputación de Gipuzkoa después de que las Juntas aprobaran la publicación de la lista de grandes defraudadores, que no existe norma que “habilite para la publicación de la lista pretendida”. Para Protección de Datos esa reclamación carecería “por tanto de amparo legal en el marco juridico” actual. En Bizkaia, las Juntas instaron a que se solicite a la agencia un dictamen sobre el tema y en Álava también se pidió un dictamen.

El director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Iñaki Pariente de Prada, autor de los tres dictámenes, ha explicado a eldiarionorte.es que aunque se apruebe una norma por el Congreso para hacer públicas esas listas “no se podría aplicar retroactivamente a unas personas sancionadas, porque supondría una doble sanción, y esto es jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que de manera reiterada ha puesto en negro sobre blanco”, refiere Pariente.

“Látigo” contra la corrupción

El debate sobre la fiscalidad está muy presente dado que los partidos desgranan sus propuestas en relación a este tema justo antes de las elecciones forales del 24-M, a la espera de posibles modificaciones de la norma. Los tres candidatos del PP a diputados generales -Javier de Andrés, Juan Carlos Cano y Javier Ruiz- han defendido este lunes en un desayuno de trabajo en el foro Nueva Economía una modificación a la baja de los impuestos en sus respectivos territorios. El diputado general y candidato a la reelección en Álava, Javier de Andrés, ha reclamado un “giro en la fiscalidad: defiendo un ajuste a la baja de los impuestos” y Javier Ruiz, candidato por Bizkaia, ha asegurado que empleará el “látigo” para “luchar contra la corrupción”, aunque ninguno ha apuntado nada sobre la difusión de las listas de los grandes defraudadores.

El pasado mes de marzo, la Diputación de Gipuzkoa ya desveló los resultados en la lucha contra el fraude de los contribuyentes de ese territorio que estaban incluidos en la 'lista falciani'. Lo hizo el director de la Hacienda foral guipuzcoana, Xabier Olano, en una comparecencia que tuvo lugar en Juntas Generales sobre el fraude fiscal. El fisco guipuzcoano logró recuperar un total de 7,5 millones de euros de casi un centenar de contribuyentes de este territorio incluidos entre los titulares de cuentas abiertas en la filial suiza del banco HSBC, muchas de ellas con el objetivo de ocultar su patrimonio. La investigación sobre esos evasores fiscales se inició en 2010 tras las pesquisas abiertas por el anterior equipo del Gobierno foral. Hacienda culminó en 2012 la investigación tras citar a más de 100 personas implicadas con las cuentas sospechosas de la lista Falciani. Las pesquisas desvelaron a los evasores, cuya lista completa se desconoce. El fisco guipuzcoano consiguió ingresar un total de 7,5 millones, cifra que suma las deudas contraídas por los afectados, junto a las multas impuestas por los servicios de Inspección.

Un total de diez defraudadores en Álava

En el caso de Bizkaia, el dinero recuperado es mucho menor. La Dirección General del Departamento de Hacienda de la Diputación recibió el 15 de junio de 2010 la información remitida por la Agencia Tributaria relativa a determinadas cuentas bancarias abiertas por contribuyentes de este territorio en la entidad bancaria HSBC en Ginebra. La información se refería a los años 2005, 2006 y parte de 2007, según la información oficial.

En concreto, la información recibida por la Hacienda de Bizkaia hacía referencia a 38 cuentas abiertas en esa entidad por parte de 62 personas físicas y 2 personas jurídicas. La deuda tributaria correspondiente a 32 de esos contribuyentes fue liquidada en vía administrativa e incluidas las multas el importe recuperado se acerca a 1,2 millones de euros, según reveló la Ser. Los otros dos contribuyentes, la Diputación presentó en el mes de junio de 2011 denuncia ante el Ministerio Fiscal por presunto delito contra la Hacienda Pública. En Álava, se abrió expediente sancionador 10 personas incluidas en la citada lista -la undécima había fallecido- y se les obligó a regularizar su situación. Fruto de la regularización y las diversas sanciones por evasión impuestos el fisco alavés recaudó más de 330.000 euros.

El expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez aparece vinculado a una cuenta corriente en Suiza abierta en 2001, año clave en la operación de compraventa del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife, Las Teresitas, un caso catalogado por la Fiscalía Anticorrupción como “un pelotazo de libro” con la participación del exalcalde y exsenador Miguel Zerolo (CC) y dos de los grandes empresarios de la isla, Antonio Plasencia e Ignacio González, y en el que se involucró el mandatario de la caja tinerfeña por conceder un préstamo de alto riesgo a un peón, testaferro de la operación.

Rodolfo Núñez, quien también presidió la aerolínea Binter Canarias y es uno de sus principales accionistas a través de Ilsamar Tenerife y en nombre propio, figura en una nueva remesa de la Lista Falciani dada a conocer este domingo por El Confidencial. Su nombre está relacionado con una cuenta de la filial suiza del banco londinense HSBC para la que trabajó el informático Hervé Falciani, y en la que han aparecido otros canarios como el bodeguero Sixto de la Coba o el médico Eufemiano Fuentes.

Los datos sobre presuntos evasores fiscales destapados por Falciani se ciñen a 2006 y 2007. La cuenta a la que se vincula a Núñez Ruano desde 2001 contenía en 2007 solo 4.300 dólares, ya con el escándalo de Las Teresitas en plena efervescencia desde diciembre de 2006, cuando la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez se querelló contra Zerolo, Plasencia, González y otros políticos y funcionarios del Consistorio tinerfeño. Fue en ese mismo 2001 cuando la empresa Inversiones Las Teresitas SL vendió al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el frente de playa por 8.750 millones de pesetas, cuando lo había adquirido en 1998 por 5.500 millones de pesetas con un préstamo de CajaCanarias.

La operación de compraventa de Las Teresitas, aún pendiente de juzgarse tras ser remitida al Tribunal Supremo por el nombramiento de Miguel Zerolo como senador por la Comunidad Autónoma en 2011, y de nuevo camino de los juzgados tinerfeños por su renuncia al cargo el pasado 31 de diciembre, está cifrada a lo largo de la instrucción como “un pelotazo” de 120 millones de euros por la adquisición por parte de los empresarios Plasencia y González del frente de playa momentos antes de que el Supremo permitiera urbanizar la zona por medio de una sentencia de 1998 aparentemente filtrada a los compradores.

Justo un día antes del señalado por el Tribunal Supremo para la votación de la sentencia, el 16 de junio de 1998, la Junta de Compensación Playa de Las Teresitas se comprometió a vender por 5.500 millones de pesetas un conjunto de 101 parcelas a una sociedad inexistente llamada Inversiones Las Teresitas SL. La mercantil aún en trámite de constitución abrió al día siguiente, el de la votación judicial, una cuenta en CajaCanarias. El día 18 pidió un préstamo de 5.500 millones de pesetas siendo uno de los solicitantes un peón de uno de los dos empresarios, González, consejero de la caja cuya participación en el préstamo hubiera sido imposible. El día 23 el Consejo de CajaCanarias, con el voto de González, aprobó el préstamo, sin constituirse la empresa, que lo hizo el 24. El 29 se dictó la sentencia.

En este primer enjuague de la constitución de una empresa a través de un testaferro cuyo sueldo en 1998 era de 120.000 pesetas, y al que se le permitió participar en un préstamo de 5.500 millones de pesetas, la Policía Nacional encargada de la investigación da un papel de máxima importancia a Rodolfo Núñez, sospechoso de recibir la información privilegiada del sentido de la votación del Supremo favorable a urbanizar el frente de playa, y diseñar en la sombra el “pelotazo de libro”, aunque la Fiscalía nunca obtuvo pruebas consistentes como para demostrar que era el “cerebro” del caso. Cuando declaró ante la juez del Tribunal Superior de Justicia canario Carla Bellini lo hizo como testigo.

Aún así, las investigaciones del caso de corrupción más sonado de Tenerife, cuya instrucción ha marcado la vida política de la isla y en gran parte la del Archipiélago por el peso y poder de la figura política de Miguel Zerolo y sus seguidores dentro de Coalición Canaria, ligaban antes de 2001 a Rodolfo Núñez Ruano con otro de los empresarios de Las Teresitas, Antonio Plasencia. Al menos durante los cuatro años que abarcan de 1998 a 2002, Núñez recibió de Plasencia casi 4 millones de euros “injustificados”, según la Policía.

Los datos cotejados por la Unidad Central de Delicuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Policía Judicial arrojaron que entre 1998 y junio de 2002 desde el entorno de Plasencia “se ha transferido la cantidad de de 3.974.916,6 euros, a Ilsamar Tenerife y Binter Canarias a cuentas del entorno de D. Rodolfo Núñez, sin que dichos traspasos se puedan justificar”. La Policía incluso calificó la mercantil Ilsamar como una sociedad instrumental, creada en julio de 1998, “un mes después de la concesión del préstamo a Inversiones Las Teresitas”.

Ilsamar Tenerife no tuvo prácticamente actividad durante esos primeros cuatro años que van desde la compra de las parcelas del frente de playa por los empresarios hasta su venta al Ayuntamiento, por lo que los investigadores apreciaron “una clara conexión temporal entre los hechos objetos de investigación y las presuntas irregularidades detectadas”, sobre todo los trasvases de dinero de cuentas de Antonio Plasencia a Ilsamar y Binter Canarias “durante un periodo de tiempo en el que no existía ni vinculación societaria ni relación comercial que pudiera justificar dichas transferencias”.

Según la ficha que publica este domingo El Confidencial, Rodolfo Núñez ha asegurado al digital español que tiene en su poder la Lista Falciani “desconocer la existencia de la cuenta y ha añadido no haber tenido nunca ninguna relación con esa entidad bancaria”. En la ficha del HSBC de Ginebra en la que ha aparecido, Núñez figura domiciliado en una dirección de Santa Cruz de Tenerife.