La Guardia Civil ha detenido a cinco personas -cuatro varones y una mujer, de entre 40 y 68 años- por su presunta implicación en una red dedicada a la comisión de estafas online y al blanqueo de los beneficios obtenidos ilícitamente. A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una estructura organizada y jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas. Mientras unos se encargaban de captar a las víctimas mediante engaños relacionados con operaciones comerciales, otros gestionaban la recepción, distribución y ocultación de los fondos obtenidos fraudulentamente.

Para dificultar la acción policial, este entramado criminal creaba sociedades mercantiles instrumentales y utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceros, conocidos en el argot policial como “mulas”. A través de estas cuentas canalizaban y fraccionaban los fondos con el objetivo de impedir su trazabilidad. Asimismo, empleaban documentación falsa y suplantaban la identidad de personas y empresas para generar confianza entre las víctimas.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @, se inició tras la denuncia presentada por una empresa riojana que alertó de haber sido víctima de una estafa a través de Internet. La mercantil recibió una oferta comercial, supuestamente emitida por una operadora intermediaria en la venta de hidrocarburos, con la que llegó a formalizar un acuerdo para la adquisición de combustible por un importe de 65.431,96 euros, tras varios intercambios de correos electrónicos y una conversación telefónica.

Una vez realizada la transferencia bancaria, la empresa solicitó los códigos necesarios para retirar el combustible sin obtener respuesta. Al contactar directamente con la compañía, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación comercial ni eran titulares de la cuenta bancaria facilitada, quedando así evidenciado el engaño.

Las primeras actuaciones policiales permitieron bloquear de urgencia la cuenta bancaria receptora de los fondos defraudados, en la que, en ese momento, únicamente quedaban 1.666,25 euros.

Tras el rastreo de decenas de conexiones informáticas y cuentas bancarias, los agentes lograron identificar y detener a los primeros implicados, interviniendo sus dispositivos móviles. El posterior volcado de datos de estos terminales resultó determinante para los investigadores, ya que desveló que no se trataba de un hecho aislado, sino de una organización criminal perfectamente estructurada, con un alto nivel de especialización tecnológica y asentada de forma estable entre Vizcaya y Cantabria.

Finalmente, los agentes procedieron a la localización e identificación del resto de integrantes, ocultos en Bilbao y Castro Urdiales. En estas localidades, los investigadores llevaron a cabo su detención de forma simultánea, desmantelando por completo la estructura delictiva que operaba con total impunidad en todo el territorio nacional. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda a empresas y particulares la necesidad de extremar las precauciones ante ofertas comerciales recibidas por correo electrónico, especialmente cuando se trate de transacciones de elevado importe. Por ello, se recomienda verificar siempre, a través de canales independientes y de confianza, la identidad de los interlocutores y la titularidad de las cuentas bancarias antes de efectuar cualquier pago.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han intervingut sis tones de cocaïna, haixix i marihuana a les Balears al llarg del 2025, any que s'ha saldat amb més de 900 detencions i 15.000 denúncies.

Així es desprèn de l'Estadística Anual sobre Drogues referent a l'any passat elaborada pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco), organisme dependent del Ministeri de l'Interior.

La lluita contra el narcotràfic es va saldar el 2025 amb la detenció de 923 persones (+5,13%) i la interposició de 15.257 denúncies (+7,2%). En tots dos casos, Balears representa poc més d'un 4% del conjunt nacional.

La droga amb més quantitat aprestada va ser l'haixix, amb 4,65 tones, cosa que va suposar un increment interanual del 52,26%. Van seguir la cocaïna, amb 1,14 tones (+811,95%), i la marihuana, amb 211 quilos (+43,6%).

A aquestes quantitats se li sumen els 163 litres d'òxid nitros, més conegut com a gas del riure (+796,95%); les 133.183 unitats de metamfetamina (+868,89%); els 105 quilos d'èxtasi (+12.264,17%); les 79.113 unitats d'èxtasi (+316,67%), o els 11 quilos de ketamina (+92,38%).

També es van decomissar 8.158 unitats d'amfetamines (+573,66%); sis quilos de 2C-B (+343,14%); tres quilos de pol·len de cànnabis (+149,3%); 2.925 unitats de planes de cànnabis (+105,12%); o 8865 centímetres cúbics de GHB, també conegut com a èxtasi líquid (+62,49%).

Altres substàncies no criden l'atenció per les seves elevades quantitats, però sí per l'increment de les seves confiscacions respecte a l'any anterior. És el cas, per exemple, dels canàabics, amb cinc quilos i una pujada de l'1.368,76%; la pregabalina, amb 583 unitats i un increment del 7.187,5%; els cocaínics, amb 412 grams i un repunt de l'1.076,98%, o els al·lucinògens, amb 87 unitats i un augment del 8.600%.

Encara que en la majoria de les substàncies les xifres d'aprehensions han anat a l'alça, hi ha altres que han registrat descensos. D'heroïna es van trobar 425 grams (-36,41%), de metamfetamina en pols o roca dos quilos (-56,23%) i de crack quatre grams (-49,31%).

Dades nacionals

En el conjunt d'Espanya, sempre d'acord amb l'Estadística Anual sobre Drogues, les forces i cossos de seguretat van decomissar 370 tones de cocaïna, haixix, marihuana i heroïna al llarg de l'any passat.

A això se li sumen 875.000 plantes de cànnabis, 658.000 pastilles d'èxtasi, 679 quilos de cristall i quantitats menors d'altres drogues detectades en el mercat clandestí com a fàrmacs, anabolitzants o derivats de l'haixix.

L'informe revela una caiguda del 37% en les confiscacions de cocaïna, cosa que Interior ha vinculat al fet que “la pressió policial ha colpejat amb força les xarxes de narcotr àfic a gran escala, especialment en les rutes marítimes des de l'Atlàntic”.

L'haixix, per contra, lidera el rànquing de drogues requisades amb 257 tones, un augment del 29% respecte al 2024, però que segueix lluny dels registres del 2023 (357 tones), 2022 (318 tones) o 2021 (672 tones).

També en aquest camp el Citco ha constatat l'efecte de la pressió policial contra les màfies, que han alternat els tradicionals desembarcaments a peu a la plaça amb l'ús de camions i altres vehicles.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido seis toneladas de cocaína, hachís y marihuana en Balears a lo largo de 2025, año que se ha saldado más de 900 detenciones y 15.000 denuncias.

Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas referente al año pasado elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La lucha contra el narcotráfico se saldó en 2025 con la detención de 923 personas (+5,13%) y la interposición de 15.257 denuncias (+7,2%). En ambos casos, Balears representa poco más de un 4% del conjunto nacional.

La droga con más cantidad aprehendida fue el hachís, con 4,65 toneladas, lo que supuso un incremento interanual del 52,26%. Le siguieron la cocaína, con 1,14 toneladas (+811,95%), y la marihuana, con 211 kilos (+43,6%).

A estas cantidades se le suman los 163 litros de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa (+796,95%); las 133.183 unidades de metanfetamina (+868,89%); los 105 kilos de éxtasis (+12.264,17%); las 79.113 unidades de éxtasis (+316,67%), o los 11 kilos de ketamina (+92,38%).

También se decomisaron 8.158 unidades de anfetaminas (+573,66%); seis kilos de 2C-B (+343,14%); tres kilos de polen de cannabis (+149,3%); 2.925 unidades de planas de cannabis (+105,12%); o 8865 centímetros cúbicos de GHB, también conocido como éxtasis líquido (+62,49%).

Otras sustancias no llaman la atención por sus elevadas cantidades, pero si por el incremento de sus incautaciones respecto al año anterior. Es el caso, por ejemplo, de los cannábicos, con cinco kilos y una subida del 1.368,76%; la pregabalina, con 583 unidades y un incremento del 7.187,5%; los cocaínicos, con 412 gramos y un repunte del 1.076,98%, o los alucinógenos, con 87 unidades y un aumento del 8.600%.

Aunque en la mayoría de sustancias las cifras de aprehensiones han ido al alza, hay otras que han registrado descensos. De heroína se encontraron 425 gramos (-36,41%), de metanfetamina en polvo o roca dos kilos (-56,23%) y de crack cuatro gramos (-49,31%).

Datos nacionales

En el conjunto de España, siempre de acuerdo con la Estadística Anual sobre Drogas, las fuerzas y cuerpos de seguridad decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína a lo largo del año pasado.

A ello se le suman 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, algo que Interior ha vinculado a que “la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico”.

El hachís, por contra, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, un aumento de 29% en respecto a 2024 pero que sigue lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

También en este campo el Citco ha constatado el efecto de la presión policial contra las mafias, que han alternado los tradicionales desembarcos a pie en la plaza con el uso de camiones y otros vehículos.

Un hijo de la alcaldesa de Marbella, Alexander John Broberg, batalla en la Audiencia Nacional por no perder la casa donde vive como consecuencia del decomiso dictado por el tribunal en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Se trata de la misma sentencia que condena a su hermanastro Joakim a nueve años de cárcel y considera probado que el padre de ambos y marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, participó en una operativa de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís y marihuana.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de Alexander John Broberg Muñoz solicita estar personado en el procedimiento y tener acceso a las actuaciones. El hijo de Ángeles Muñoz alega ser “gravemente perjudicado” por la sentencia del tribunal especializado porque en la finca está el “domicilio familiar” que comparte con su pareja.

Alexander John es propietario y administrador único de Leslie Company INC y dicha compañía es la propietaria de la finca. La propiedad ha sido decomisada, vía sentencia, “hasta la cantidad de 230.000 euros, al tiempo que se declara la nulidad de la transmisión de acciones de dicha sociedad realizada en diciembre de 2019 en favor” del propio Alexander John que hizo su padre, Lars Broberg, según el escrito de su representación legal.

El fallo condenó a 21 de los 24 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel, todos ellos pertenecientes o relacionados con una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, fue condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales. El pasado miércoles, Joakim fue puesto en libertad, en contra del criterio de Antidroga, que pedía que todos los condenados aguardaran la sentencia del Tribunal Supremo en la cárcel, informan fuentes jurídicas. Solo dos de los condenados han ingresado en la cárcel por decisión del tribunal.

La casa de Alexander John está relacionada con una de las operaciones de blanqueo de capitales de la droga recogidas en la sentencia. Lesley Company Inc. es una sociedad panameña que Lars Broberg, el marido de Muñoz creó hace décadas en Panamá, cuando ya estaba casado con la actual alcaldesa de Marbella y ella emergía en política. La sociedad de Lars Broberg declaró que el beneficiario de la finca en cuestión era su hijo Joakim.

El 8 de octubre de 2010, Lesley Company hipotecó la propiedad, recibiendo un préstamo de una sociedad radicada en Liechtenstein. Joakim canceló la hipoteca siete años después, el 26 de julio de 2017, en un acto en el que él mismo representó a la sociedad panameña y a la de Liechtenstein, según documentos hallados en los registros de la operación policial. 

El condenado por narcotráfico canceló así la hipoteca en un único pago mientras su organización de narcotráfico trabajaba a pleno rendimiento. Según destacaron los investigadores durante el juicio, no hay constancia de dónde procedió el dinero para cancelar de una vez la hipoteca.

“Tales circunstancias, unido a lugar de residencia de las entidades (Panamá y Liechtenstein), a que el préstamo tenía unas condiciones que distaban de las ordinarias, y que Joakim Broberg no ha acreditado de donde provine el supuesto dinero para hacer frente al mismo, nos conduce a una operación de blanqueo de 230.000 euros”, resolvió el tribunal.

Posteriormente, en 2019 hubo una transmisión de acciones mediante un cambio de administrador de Lesley Company, que pasa de Joakim a Alexander John Broberg por decisión de Lars Broberg, el marido de Ángeles Muñoz y padre de ambos. Se trata de la transmisión de un bien a título gratuito, tal y como reconoció en el juicio Alexander y que ha constituido previamente una operación de blanqueo por valor de 230.000 euros, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La fiscal: “No le ha dado la gana personarse pese al decomiso”

Durante su declaración en el juicio como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz. Sin embargo, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”.

En el escrito que acaba de presentar Alexander John dice que está en peligro la casa donde recibe junto a su pareja y que él es, en consecuencia, “gravemente perjudicado” por el fallo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, durante el juicio, la fiscal María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

Este punto de la sentencia muestra cómo la operación de narcotráfico y blanqueo circundó a la alcaldesa de Marbella durante años. Su marido, Lars Broberg, nunca fue juzgado porque su procesamiento se suspendió por motivos de salud, tres años antes de que falleciera. Pero su nombre fue sacado a colación en el juicio por la Fiscalía Antidroga y la Unida contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía por el interés que tenían en recuperar el dinero de esa operación de blanqueo en la que consta participó el marido de la alcaldesa y su hijastro. Y del que luego se ha beneficiado su propio hijo, John Alexander.

Ángeles Muñoz, que cortó toda relación con Joakim Broberg tras la muerte de su padre, no puede desembarazarse del condenado por narcotráfico ni de las consecuencias de la sentencia. Recientemente, un juzgado de Marbella ha resuelto que la alcaldesa tendrá que acudir a su sede a dirimir la herencia de su marido, implicado en el blanqueo del narcotráfico, después de que hayan pasado tres años sin que hiciera un solo trámite para que los hijastros recibieran su parte.

Els coneguts narcotraficants Carlos Cortés Radó 'El Charly' i Tamara Campos Maya 'La Tamara', juntament amb sis acusats més, seran jutjats a l'Audiència Provincial de les Balears per suposadament blanquejar 250.000 euros d'un bitllet de loteria comprat al seu guanyador.

La Secció Segona ha celebrat el matí d'aquest dimecres la vista prèvia del procediment, que ha finalitzat sense que les parts hagin arribat a un acord de conformitat.

La Sala hi haurà ara de fixar una data per a la celebració del judici oral, en el qual cadascun dels vuit condemnats s'enfronta a set anys de presó, 56 en total, i al pagament d'una multa d'1,5 milions d'euros com a suposats autors d'un delicte de blanqueig de capitals i un altre de pertinença a organització criminal.

Una de les defenses ha al·legat l'existència d'un frau de llei en haver-se incomplert els terminis previstos per la legislació durant la fase d'instrucció, una qüestió que el tribunal resoldrà en el judici.

Una trama per blanquejar 250.000 euros

Els fets, segons exposa el fiscal en el seu escrit d'acusació, es remunten a l'activitat delictiva que duien a terme 'La Tamara', germana del també conegut narcotraficant 'El Pablo', i el seu marit.

Ambdós dirigien un punt de venda d'estupefaents ubicat a Palma des d'almenys el 2014. Quatre anys després, quan el marit estava a càrrec i amb la col·laboració d'una altra de les acusades, que va actuar com a testaferro, van comprar un bitllet de l'ONCE premiat amb 250.000 euros al seu posseïdor inicial, una persona desconeguda.

D'aquesta manera, van cobrar el premi, distribuït durant una dècada a raó de 25.000 euros anuals, i van aconseguir ocultar l'origen il·lícit del seu patrimoni.

Ja el 2020, sempre segons el relat del representant del Ministeri Públic, 'El Charly', la seva filla i la seva dona van signar un contracte d'opció de compra sobre un xalet ubicat a Marratxí de la seva propietat amb la testaferro de 'La Tamara'.

La narcotraficant i el seu marit els van pagar 250.000 euros per l'immoble, dels quals 100.000 van ser al comptat i la resta s'abonaria en un termini màxim de vuit anys, que sabien que 'El Charly' i la seva família sabien que procedien del narcotràfic.

Uns dies després, altres dos acusats van registrar una declaració d'obra nova valorada en 120.000 euros a l'indicat xalet, amb la qual cosa els 131 metres originalment construïts van passar a ser més de 600, als quals calia sumar una piscina de grans dimensions.

Aquestes obres van ser en realitat pagades per 'La Tamara' i el seu espòs emprant els diners procedents del tràfic d'estupefaents, cosa de la qual també eren coneixedors 'El Charly' i la seva família.

Entre març i maig del 2023, i sempre amb l'objectiu d'ocultar l'origen il·lícit dels seus diners, l'últim dels vuit acusats va realitzar 15 transferències per import de 280.300 euros a un compte lituà a nom de Tamara Campos Amaya “sota l'aparença d'un préstec fictici”.

El maig del 2025, des del mateix compte bancari, l'acusada va transferir 119.962 euros al compte comú de la dona i la filla 'd'El Charly' com a pagament pel xalet de Marratxí, els quals havien estat blanquejats prèviament mitjançant el suposat préstec.

Los conocidos narcotraficantes Carlos Cortés Radó 'El Charly' y Tamara Campos Maya 'La Tamara', junto a otros seis acusados, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Balears por supuestamente te blanquear 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador.

La Sección Segunda ha celebrado la mañana de este miércoles la vista previa del procedimiento, que ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

La Sala deberá ahora fijar una fecha para la celebración del juicio oral, en el que cada uno de los ocho condenados se enfrenta a siete años de prisión, 56 en total, y al pago de una multa de 1,5 millones de euros como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

Una de las defensas ha alegado la existencia de un fraude de ley al haberse incumplido los plazos previstos por la legislación durante la fase de instrucción, una cuestión que el tribunal resolverá en el juicio.

Una trama para blanquear 250.000 euros

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la actividad delictiva que llevaban a cabo 'La Tamara', hermana del también conocido narcotraficante 'El Pablo', y su marido.

Ambos dirigían un punto de venta de estupefacientes ubicado en Palma desde al menos 2014. Cuatro años después, cuando el marido estaba a cargo y con la colaboración de otra de las acusadas, que actuó como testaferro, compraron un billete de la ONCE premiado con 250.000 euros a su poseedor inicial, una persona desconocida.

De este modo, cobraron el premio, distribuido durante una década a razón de 25.000 euros anuales, y consiguieron ocultar el origen ilícito de su patrimonio.

Ya en 2020, siempre según el relato del representante del Ministerio Público, 'El Charly', su hija y su mujer celebraron un contrato de opción de compra sobre un chalé ubicado en Marratxí de su propiedad con la testaferro de 'La Tamara'.

La narcotraficante y su marido les pagaron 250.000 euros por el inmueble, de los cuales 100.000 fueron al contado y el resto se abonaría en un plazo máximo de ochos años, que sabían que 'El Charly' y su familia sabían que procedían del narcotráfico.

Unos días después, otros dos acusados registraron una declaración de obra nueva valorada en 120.000 euros en el indicado chalé, con lo que los 131 metros originalmente construidos pasaron a ser más de 600, a los que había que sumar una piscina de grandes dimensiones.

Estas obras fueron en realidad pagadas por 'La Tamara' y su esposo empleando el dinero procedente del tráfico de estupefacientes, algo de lo que también eran conocedores 'El Charly' y su familia.

Entre marzo y mayo de 2023, y siempre con el objetivo de ocultar el origen ilícito de su dinero, el último de los ocho acusados realizó 15 transferencias por importe de 280.300 euros a una cuenta lituana a nombre de Tamara Campos Amaya “bajo la apariencia de un préstamo ficticio”.

En mayo de 2025, desde la misma cuenta bancaria, la acusada transfirió 119.962 euros a la cuenta común de la mujer y la hija de 'El Charly' como pago por el chalé de Marratxí, los cuales habían sido blanqueados previamente mediante el supuesto préstamo.

La Guàrdia Civil i el servei de Vigilància Duanera han detingut vuit persones en una operació duta a terme aquest dilluns a diversos municipis de Mallorca.

Es tracta de la segona fase de l'operació batejada com 'Joker Bal/Yayo', que de moment s'ha saldat amb un registre a Palma i nou més a Alcúdia.

En ells, segons han informat fonts coneixedores de l'operació, s'han detingut vuit persones relacionades amb delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

En l'operatiu participen agents de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil tant de Palma com de Barcelona.

Per al moment es desconeixen els detalls sobre les suposades activitats il·lícites que duia a terme l'entramat criminal. Tampoc van transcendir en el seu moment les actuacions dutes a terme en la primera fase de l'operació.

La Guardia Civil y el servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a ocho personas en una operación llevada a cabo este lunes en varios municipios de Mallorca.

Se trata de la segunda fase de la operación bautizada como 'Joker Bal/Yayo', que por el momento se ha saldado con un registro en Palma y otros nueve en Alcúdia.

En ellos, según han informado fuentes conocedoras de la operación, se han detenido a ocho personas relacionadas con delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En el operativo participan agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil tanto de Palma como de Barcelona.

Por el momento se desconocen los detalles acerca de las supuestas actividades ilícitas que llevaba a cabo el entramado criminal. Tampoco trascendieron en su momento las actuaciones llevadas a cabo en la primera fase de la operación.

La Ertzaintza no ha llevado a cabo “en los últimos cinco años” ninguna investigación por fraude fiscal, según ha admitido al Parlamento Vasco en un escrito el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Meses atrás ya trascendió también que la unidad especializada en delitos económicos o de corrupción de la Policía autonómica, el equivalente a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional, solamente tiene seis efectivos.

En concreto, Zupiria indica que no ha habido ninguna operación relacionada “directamente” con las conductas descritas en el artículo 305 del Código Penal, que según recuerda él mismo regula el fraude a Hacienda -sea estatal, foral o local- y “castiga a quienes defraudan a la Administración eludiendo el pago de impuestos, disfrutando de beneficios fiscales indebidos o evitando ingresos a cuenta”. Sostiene el consejero de Seguridad que es “clave” para interpretar los datos que hay un “umbral” que hace que solamente sea delito cuando el fraude supera los 120.000 euros “por año o período impositivo”, aunque no precisa si se han descartado actuaciones porque las cuantías eran inferiores.

Planteaba Ortiz de Guinea en su iniciativa que la Ertzaintza es una “Policía integral” y que, por ello, “tiene capacidad para investigar delitos fiscales”. La puesta en valor de las capacidades de la Ertzaintza es algo que se repite constantemente también en los mensajes que lanza el Gobierno.

Fue el propio representante de EH Bildu el que pidió, en primavera, los datos de dotación de personal de varias unidades especializadas. En el caso de la sección central de delitos económicos, como recogió este periódico en abril, son solamente seis los ertzainas disponibles y ahora, además, han asumido algunas tareas de apoyo en la investigación de tramas con criptomonedas y ciberdelitos. El grupo está encabezado por un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. La UCO de la Guardia Civil disponía en 2025 de una plantilla de entre 500 y 600 efectivos.

Precisamente, eclipsado en buena medida por otros puntos, esta semana los Gobiernos central y vasco han tratado en la junta de seguridad un asunto relevante sobre los delitos económicos. El Estado va a garantizar acceso de la Ertzaintza al denominado SEPBLAC, el organismo estatal para el combate del blanqueo de capitales.

El Ministerio de Economía ha multado con más de medio millón, 551.952 euros, al operador de juego online 888 por dos “infracciones graves” de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

En concreto, el departamento dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo ha decidido imponer, por una parte, una sanción consistente en una multa de 275.976 euros y amonestación pública derivada de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.

Asimismo, Economía ha optado, en segundo caso, por establecer otra sanción consistente en una multa de la misma cantidad –275.976 euros– y una amonestación pública derivada de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de examen especial.

Ya el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó con más de tres millones de euros a 26 operadores de juego 'online', entre los que figuraba también 888 por infracciones graves de la normativa vigente.

El departamento capitaneado por Pablo Bustinduy publicó una tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España, con multas que superaban en total los 33 millones de euros.

De esas 32 infracciones --que dicta la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)--, seis fueron muy graves, y estaban dirigidas a operadores extranjeros de juego 'online' que funcionaban sin licencia en España. Estas sanciones catalogadas como muy graves supusieron una multa de cinco millones por operador, así como el bloqueo de sus páginas.

Las otras 26, que son de carácter grave, se impusieron a operadores que aunque sí tienen la licencia en orden, incurren en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

Entre los operadores multados por infracciones graves se encontraban, entre otras, 888 Online, que tuvo que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación, y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados.

La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

Una operación con 14 detenidos, uno de ellos en Menorca, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) ha permitido intervenir 700.000 euros en efectivo y 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros a la red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.

Los agentes han intervenido casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloquear cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros en los 18 registros realizados en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) y Málaga (1) se logró intervenir, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Se ha detenido a 14 personas en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1) en una investigación iniciada en abril de 2023 por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.

Fuentes de la investigación han señalado que entre los 14 detenidos hay dos policías nacionales. En la operación intervinieron otras unidades como Asuntos Internos y la Udyco, debido a la extensa red de blanqueo de capitales que tenía como cliente a Ignacio Torán, ya investigado en la causa que afecta al exjefe de la UDEF con más de 20 millones de euros en su casa proveniente presuntamente del narcotráfico.

Prestación de cajas de seguridad

Según la Policía Nacional, el líder del entramado desarticulado en esta última operación utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios económicos, “haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales”.

Este entramado empresarial había elegido como base logística la ciudad de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo.

Posteriormente, lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.

Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos tipo USDT en el periodo comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024. Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

Huidos de España

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros.

Avanzadas las pesquisas se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Después de meses de investigación se constató que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios, les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 de euros, siendo el valor real de mercado bastante superior al valor de adquisición.

La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias nacionales e internacionales recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

Los 14 detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos y “monederos fríos muy sofisticados” y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.

Una operació amb 14 detinguts, un d'ells a Menorca, de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF Central) ha permès intervenir 700.000 euros en efectiu i 100 quilos de plata valorats en més de 115.000 euros a la xarxa de blanqueig de capitals provinent del narcotràfic vinculada amb Ignacio Torán, el presumpte líder de la xarxa per a la qual treballava l'excap de la UDEF a Madrid que va ocultar 20 milions d'euros entre les parets de casa seva.

Els agents han intervingut gairebé 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, criptoactius per valor de 187.000 USDT, sis rellotges de luxe valorats en més de 160.000 euros, tres vehicles i bloquejar quatre immobles valorats en gairebé 1.500.000 euros en els 18 registres realitzats a Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) i Màlaga (1) es va aconseguir intervenir, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

S'ha detingut 14 persones a Madrid (10), Màlaga (2), Barcelona (1) i Menorca (1) en una investigació iniciada l'abril de 2023 per la Plaça Judicial 1 de la Secció d'Instrucció del Tribunal Central d'Instància de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga. Se'ls imputa els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn.

Fonts de la investigació han assenyalat que entre els 14 detinguts hi ha dos policies nacionals. En l'operació van intervenir altres unitats com Assumptes Interns i la Udyco, degut a l'extensa xarxa de blanqueig de capitals que tenia com a client Ignacio Torán, ja investigat en la causa que afecta l'excap de la UDEF amb més de 20 milions d'euros a casa seva provinent presumptament del narcotràfic.

Prestació de caixes de seguretat

Segons la Policia Nacional, el líder de l'entramat desarticulat en aquesta última operació utilitzava una societat dedicada a la prestació de serveis de caixes de seguretat per guardar grans quantitats d'efectiu i realitzar intercanvis econòmics, “fent-ho de forma segura i sense haver de coincidir en temps i lloc, podent rebre i ocultar els fons vinculats a les seves activitats criminals”.

Aquest entramat empresarial havia triat com a base logística la ciutat de Madrid i Barcelona com a centre d'intercanvi de criptoactius. Era dirigit i coordinat pel líder de l'organització i la seva parella a través de testaferros que els permetien bancaritzar ingents quantitats d'efectiu en un període curt de temps.

Posteriorment, ho convertien en criptoactius a través d'un proveïdor, aconseguint transferir i transformar més de 53 milions d'euros en un any.

Les primeres indagacions van permetre confirmar que en una sola adreça pública es van arribar a transferir gairebé 30 milions de dòlars en criptoactius tipus USDT en el període comprès entre juliol del 2023 a novembre del 2024. A més, fruit de les investigacions realitzades es va poder comprovar que havien finançat la compra d'un vaixell que va ser interceptat amb 400 quilos de cocaïna per les autoritats franceses.

Fugits d'Espanya

Els investigadors van constatar que el líder i la seva parella havien fugit d'Espanya l'any 2024 deixant paralitzada l'activitat empresarial de les caixes de seguretat i traspassant-la a altres inversors, si bé continuaven controlant algunes d'aquestes caixes que estaven al seu nom i al de tercers.

Avançades les indagacions es va comprovar que el passat mes de febrer aquestes dues persones van tornar al nostre país reactivant la seva activitat a través de nous treballadors.

Després de mesos d'investigació es va constatar que aquests negocis jurídics que simulaven per justificar els beneficis, els van permetre des de l'any 2023 incorporar al seu patrimoni quatre immobles per un valor de gairebé 1.500.000 euros, sent el valor real de mercat força superior al valor d'adquisició.

La font principal de finançament en la compra d'aquestes propietats havien estat els ingressos en efectiu o transferències nacionals i internacionals rebudes des de mercantils controlades per l'organització, simulant-se negocis jurídics per justificar aquestes aportacions de fons.

Els 14 detinguts van passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, receptació, falsedat documental i suborn. Actualment, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions i confiscacions.

A més s'han bloquejat quatre immobles valorats en aproximadament 1.500.000 euros i intervingut una granja de mineria de criptoactius i “moneders freds molt sofisticats” i targetes NFC amb doble sistema de seguretat per a l'emmagatzematge de criptos.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

Un juzgado de Marbella ha citado a su alcaldesa a una comparecencia para “practicar la formación de inventario” previo al reparto de la herencia de Lars Broberg, el marido de la regidora fallecido hace ya más de tres años. La citación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se produce en el marco de la denuncia presentada por dos de sus hijastros, cansados de esperar que Ángeles Muñoz no entregara la parte que consideran que les corresponde de los bienes de su padre, un empresario inmobiliario que fue procesado por blanqueo del narcotráfico en 2022 y cuya causa quedó archivada por su estado de salud.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de 30 años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

Muñoz estaba citada para el próximo lunes a las 10.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella, pero la imposibilidad de citar a alguno de los implicados en el reparto ha obligado a postergar la comparecencia, explican fuentes jurídicas. Antes de que eso ocurriera, Muñoz había pedido no desplazarse de su domicilio al juzgado de Marbella e intervenir por videoconferencia. El juzgado no llegó a pronunciarse sobre esta petición antes de anular la citación.

Los intentos de los hijastros por llegar a un acuerdo con Muñoz recibieron la callada por respuesta de la alcaldesa de Marbella, que no tuvo más remedio que personarse en el procedimiento el pasado noviembre 25 de noviembre. En septiembre del pasado año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg.

El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico de hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio de 2025. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se mencionaba en el auto de admisión de la demanda. De ahí que el Juzgado deba reunir a la viuda, a los hijos y los hijastros.

En la resolución, el juzgado ordenaba notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informara de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es intentó sin éxito en aquel momento recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca.

La ostentosa vida de la pareja

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

La Guardia Civil ha investigado a siete personas -tres hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años - como presuntas autoras, en distintos grados de participación, de delitos de estafa y blanqueo de capitales. Los implicados residen en las provincias de Ávila, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

La investigación, desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Tecnológicos y del Equipo de la Guardia Civil en La Rioja, se inició tras la denuncia presentada por una empresa y una entidad religiosa, ambas víctimas de una estafa mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC). El BEC se basa en el acceso no autorizado a cuentas de correo corporativas de empresas, proveedores o directivos. Mediante esta intrusión, los ciberdelincuentes rastrean de forma silenciosa las comunicaciones para estudiar los procesos de facturación y los calendarios de pago.

En esta operación, los autores comprometieron las credenciales de acceso para infiltrarse en el flujo de correos entre las víctimas y sus proveedores habituales. Tras analizar discretamente el intercambio de mensajes, detectaron el envío de una factura legítima; en ese momento, interceptaron el documento y sustituyeron el número de cuenta bancaria original por uno controlado por la organización.

Mediante este engaño, lograron que las víctimas transfirieran un total de 243.718 euros -repartidos en dos pagos de 124.868 y 118.850 euros- a cuentas gestionadas por la red criminal, creyendo que cumplían con sus obligaciones comerciales habituales. Las diversas actuaciones permitieron a los agentes analizar la huella digital de los autores -incluidos accesos, direcciones IP y patrones de comportamiento-, así como realizar un exhaustivo seguimiento del dinero.

Este trabajo facilitó la identificación de una compleja red de cuentas bancarias utilizadas para canalizar y blanquear los fondos estafados. La combinación de análisis técnico avanzado, inteligencia financiera y la estrecha colaboración con las entidades bancarias afectadas resultó determinante para bloquear los movimientos y lograr la recuperación íntegra del dinero estafado, evitando un grave perjuicio económico a las víctimas.

Las actuaciones, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

CONSEJOS PARA PREVENIR ESTAFAS 'BEC'

Verificar siempre cualquier cambio en los datos bancarios mediante una llamada telefónica a un contacto conocido.

Revisar con atención las direcciones de correo electrónico, especialmente pequeñas variaciones en dominios o letras.

Activar sistemas de doble verificación en cuentas de correo corporativas.

Limitar la información sensible compartida por correo electrónico.

Establecer protocolos internos de validación para transferencias de elevado importe.

Formar al personal en la detección de correos fraudulentos y ciberamenazas.

Ante cualquier sospecha, contactar de inmediato con la entidad bancaria y denunciar los hechos.

En plena resaca de la condena del exministro José Luis Ábalos y su mano derecha Koldo García, el PSOE vivía este martes un nuevo golpe que cree 'dirigido'. El registro del Ayuntamiento de Soria, uno de los feudos del PSOE de Castilla y León comenzaba a primeras horas de la mañana y no apuntaba a nada bueno. Se prolongó doce horas. La Guardia Civil a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

[Actualización: Dimite de sus cargos y abandona el PSOE la concejala de Medio Ambiente de Soria investigada por seis delitos]

A pesar de la escasa información que se proporciona durante un registro, se pudo saber qué estaban buscando los agentes: todo lo que estuviese relacionado con la concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos Grande, y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Registros también en Madrid

Al final de la mañana del martes, se informó de dos registros domiciliarios y de la detención de seis personas, dos en Madrid y cuatro en Soria, una de ellas era Yolanda Santos. Nada se sabe hasta ahora las identidades del resto. A media tarde, Santos estaba declarando en dependencias de la Guardia Civil. Tanto ella como los otros cinco detenidos pasaran a disposición judicial cuando acaben las diligencias policiales. Fuentes de la investigación indicaron que la denuncia llegó a la Fiscalía de Soria hace poco más de medio año. Este miércoles se detuvo a una séptima persona.

En ese momento, el actual líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez era aún alcalde de Soria, pero ya se sabía que era el candidato a presidir la Junta. “Han ido a por él”, aseguran en las filas socialistas. De haber ido más rápida la investigación, se habría conocido el caso con las elecciones autonómicas en ciernes, y esa es la motivación que se maneja en el PSOE, la política. En la cúpula socialista de Castilla y León cunde la desolación, porque haya caso o no, el descrédito puede ser difícil de superar en uno de los peores momentos del partido.

Martínez: “total tranquilidad”

Para acabar de rematar la confusión y la incertidumbre que se produce con una investigación con secreto de sumario y, por tanto, con una información muy escueta, la operación se desarrolló el día en el que Carlos Martínez se encontraba fuera de España, en concreto en Tánger, en un Foro de Ciudades Intermedias organizado por United Cities.

Tras finalizar el registro, pasadas las 20.30 horas, el Ayuntamiento comunicó que apartaba a Santos de sus funciones, que abrirá “un expediente informativo interno con el objetivo de recopilar la información necesaria y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para esclarecer lo ocurrido” respetando los tiempos judiciales y el secreto de sumario. Además, valorará personarse en el caso.

Poco después, el PSOE de Castilla y León remitió otro comunicado destacando la “total tranquilidad” de Carlos Martínez, ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo. Martínez está al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento por la mañana cuando arrancó el registro, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación. Martínez sostiene que a la vuelta de su viaje de Tánger tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces. Mientras tanto, reclama respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.

Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.

La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.

El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.

El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.

De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.

El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).

El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.