Primer aval a la investigación de las cuentas bancarias de la presunta trama de blanqueo de capitales de los narcos del Puerto de València. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados (Francisco H. V.) contra el auto del juez instructor del pasado 2 de enero que autorizaba a los agentes especializados en blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar, sobre el grueso de los presuntos narcos, ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria la vida laboral, las prestaciones, las declaraciones de la renta y las transmisiones patrimoniales o, ante las entidades bancarias, sus activos, ya sea en cuentas, tarjetas de crédito, depósitos, valores, préstamos, planes de pensiones, acciones e incluso cajas de seguridad.

La misma resolución autorizaba a los uniformados a obtener de las entidades financieras “cualquier otra información y documentación complementaria sin necesidad de nuevo auto”, de cara a llevar un “seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Lo cual resultaría una suerte de “carta blanca” otorgada por el juez instructor a la UDEF, amén de una “investigación prospectiva”, a juicio de la defensa de Francisco H. V.

Se trata de uno de los investigados que figuran como “facilitadores críticos” de la supuesta trama de importación de cocaína a gran escala desarticulada en el marco de la 'operación Spider', especialmente dedicado a “labores de intermediación” con dos presuntos narcos: el colombiano Adrián V. C. y el albanés Klodjan K. (prófugo de las autoridades belgas en un procedimiento por narcotráfico).

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional lo vinculan con la intervención de 80 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 6 de junio de 2025 (cantidad que formaba parte de un alijo mucho mayor, extraído con la modalidad del gancho ciego).

Paradójicamente, Francisco H. V. no es uno de los investigados señalados directamente por el auto del juez que autorizaba la investigación del presunto blanqueo. Así lo destaca la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera que “carece de legitimidad para recurrir” y que esgrime la máxima procesal “ampliamente establecida” en la jurisprudencia española de que “no hay recurso sin agravio”.

“Mayor agilidad” en la investigación

El tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, a diferencia del fiscal, en cuyo informe relativo al recurso explica que la resolución del juez instructor, lejos de pretender “ampliar el campo de investigación a cualquier información y actuación”, se centraba en la información derivada de la inicialmente obtenida con autorización judicial, sin que ello suponga vulneración alguna de la tutela judicial efectiva o del derecho a la intimidad. El representante del Ministerio Público ve la medida justificada y proporcional, por la “necesidad de aportar mayor agilidad” a la investigación y evitar dilaciones durante la instrucción del procedimiento.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de la representación jurídica de Castellón Renting SL contra el auto que autorizó el decomiso cautelar de un camión Man TGX y un semirremolque marca Kassbohrer propiedad de la empresa, además de un Audi Q8 usado “de forma directa y habitual” por el investigado Julio E. G., gerente de la mercantil imputado por supuestamente proporcionar camiones a la presunta organización criminal. El camión estuvo vinculado, según los investigadores, al alijo de 1.160 kilos de coca intervenido en el Puerto el 18 de julio de 2025.

El abogado de la empresa alega que Castellón Renting SL cuenta con “más de 40 años de antigüedad” y una “consolidada trayectoria profesional lícita y regular” y que ni la propia firma ni el gerente “tienen nada que ver” con los hechos investigados. Se trataría, por el contrario, de “meras conjeturas” policiales que contrastan con la “realidad fáctica y documentada” y que pretenden “criminalizar” una actividad “normal” y “propia del negocio” como es el arrendamiento de vehículos.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia recuerda que existen indicios de que la empresa, con “apariencia de una actividad lícita”, formalizaba contratos de arrendamiento, precedidos de importantes sumas de dinero, para “enmascarar” la “verdadera utilización de los vehículos al servicio de la organización criminal”.

“Intervención directa” del gerente de la firma de camiones

La investigación de la UDYCO ha acreditado la “intervención directa” del gerente de la empresa en la entrega de 40.000 euros en efectivo “sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”. La Audiencia de Valencia, por tanto, considera “adecuada a derecho” y a la legalidad la resolución que decomisó el camión (cuya venta anticipada fue autorizada recientemente por el juez).

La sección cuarta también ha desestimado un recurso similar de la representación jurídica Biovalsuro SL, propiedad del investigado José Francisco B. R., contra el decomiso cautelar y la autorización para uso policial de una motocicleta Benelli modelo TRK, mítica marca italiana, a nombre de la mercantil. El auto, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime los “sobrados indicios racionales y fundados” de la participación de José Francisco B. R. en presuntos “delitos de drogas de extrema gravedad”, además de la “procedencia ilícita” de la motocicleta.

“Los vehículos intervenidos han sido empleados de forma directa, como consta en las diligencias practicadas, para la realización de operaciones de narcotráfico, lo que implica que han sido verdaderos instrumentos de los delitos investigados”, asegura el tribunal.

Además, el auto también sostiene que la utilización provisional del vehículo por parte de la Policía “no es una pena anticipada, sino una medida cautelar de gestión patrimonial”, con el objetivo de conservar el valor de uso del bien intervenido y evitar costes al erario por los gastos de depósito (sin el objetivo de castigar al investigado, que goza de presunción de inocencia).

El Porsche a nombre de un testaferro

La Audiencia de Valencia también ha tumbado el recurso de Salvador S. A., presunto testaferro de Iván T. R. (considerado uno de los capos del narcotráfico en el Puerto), contra el auto del instructor que, el pasado 3 de febrero, denegó la devolución de un BMW y de un Porsche 911 GT3. “No podemos olvidar”, afirma el tribunal, que la póliza de seguros del BMW figuraba a nombre de Iván T. R. y que existen indicios de que el vehículo pudiera ser objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que “está justificado su comiso”. Así, la devolución anticipada de los vehículos “podría frustrar los fines del proceso penal”.

La situación del Porsche es aún más singular. El bólido ya fue incautado (y posteriormente devuelto a su propietario) en el marco de un sumario por narcotráfico del Juzgado de Instrucción número 1 de València. Lo cual “no es óbice” para que se intervenga de nuevo en las diligencias que actualmente instruye la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al haberse acreditado que, a pesar de que el vehículo figuraba a nombre de Salvador S. A., el titular real, usuario y pagador de la prima de seguro sería el presunto narco Iván T. R.

El hermano y la pareja de uno de los capos

La Audiencia de Valencia también ha desestimado sendos recursos de la defensa del presunto capo y de su hermano, Raúl T. R., y su pareja, María R. L. (ambos investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales) contra el decomiso y la autorización del uso policial de un Audi RS3 Sportback, de un BMW M2 Competition y de una Yamaha TMAX.

El auto ve indicios suficientes de que los vehículos eran, o bien instrumentos de la operativa de narcotráfico, o bien productos o ganancias de esa supuesta actividad ilícita, y concluye que la hipótesis no resulta “irrazonable, arbitraria o caprichosa”.

El fiscal de la causa describe al hermano del presunto narco como “elemento instrumental” del entramado societario diseñado para canalizar e integrar en el circuito económico legal los fondos de origen ilícito (especialmente con su participación en la empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL).

Sobre la pareja del presunto capo, el fiscal recuerda los indicios “sólidos y plurales” de su participación “activa” en la supuesta operativa de blanqueo como administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducción en el tráfico económico de fondos de origen ilícito, con mecanismos como la adquisición de deuda privada, la facturación ficticia y “otras prácticas típicas de integración delictiva”.

Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso del portuario Salvador Julio C. M., supuesto testaferro de Iván T. R. en relación con la embarcación que se intervino al presunto narco en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza). La Guardia Civil de las Islas Baleares ha reclamado la embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora, para usarla provisionalmente en aguas mediterráneas en operaciones contra el narcotráfico.

El auto considera suficientemente acreditado que el investigado “venía ejerciendo de forma efectiva y continuada el uso, posesión material y disponibilidad funcional de la embarcación intervenida”.

Primer aval a la investigació dels comptes bancaris de la presumpta trama de blanqueig de capitals dels narcos del Port de València. La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, en una interlocutòria a la qual ha tingut accés elDiario.es, ha desestimat el recurs d'apel·lació de la defensa d'un dels investigats (Francisco H. V.) contra la interlocutòria del jutge instructor del passat 2 de gener que autoritzava els agents especialitzats en blanqueig de capitals de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a recaptar, respecte del conjunt dels presumptes narcos, davant la Seguretat Social i l'Agència Tributària, la vida laboral, les prestacions, les declaracions de la renda i les transmissions patrimonials o, davant les entitats bancàries, informació sobre els seus actius, ja siga en comptes, targetes de crèdit, dipòsits, valors, préstecs, plans de pensions, accions o fins i tot caixes de seguretat.

La mateixa resolució autoritzava els agents a obtenir de les entitats financeres “qualsevol altra informació i documentació complementària sense necessitat d'una nova interlocutòria”, a fi de dur a terme un “seguiment de les operacions que es vagen coneixent i resulten d'interés per a la investigació”. Això suposaria una mena de “carta blanca” atorgada pel jutge instructor a la UDEF, a més d'una “investigació prospectiva”, segons la defensa de Francisco H. V.

Es tracta d'un dels investigats que figuren com a “facilitadors crítics” de la presumpta trama d'importació de cocaïna a gran escala desarticulada en el marc de l'operació Spider, especialment dedicat a “tasques d'intermediació” amb dos presumptes narcotraficants: el colombià Adrián V. C. i l'albanés Klodjan K. (pròfug de les autoritats belgues en un procediment per narcotràfic).

Les perquisicions de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional el vinculen amb la intervenció de 80 quilos de cocaïna a la terminal CSP del Port de València el 6 de juny de 2025, quantitat que formava part d'una partida molt més gran, extreta mitjançant la modalitat del ganxo cec.

Paradoxalment, Francisco H. V. no és un dels investigats assenyalats directament per la interlocutòria del jutge que autoritzava la investigació del presumpte blanqueig. Així ho destaca la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, que considera que “no té legitimació per a recórrer” i que esgrimeix la màxima processal “àmpliament establida” en la jurisprudència espanyola segons la qual “no hi ha recurs sense perjudici”.

“Major agilitat” en la investigació

El tribunal ni tan sols entra en el fons de l'assumpte, a diferència del fiscal, que en el seu informe relatiu al recurs explica que la resolució del jutge instructor, lluny de pretendre “ampliar el camp de la investigació a qualsevol informació i actuació”, se centrava en la informació derivada de la inicialment obtinguda amb autorització judicial, sense que això supose cap vulneració de la tutela judicial efectiva o del dret a la intimitat. El representant del Ministeri Públic considera la mesura justificada i proporcional per la “necessitat d'aportar més agilitat” a la investigació i evitar dilacions durant la instrucció del procediment.

D'altra banda, l'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs de la representació jurídica de Castellón Renting SL contra la interlocutòria que va autoritzar el decomís cautelar d'un camió Man TGX i un semiremolc marca Kassbohrer propietat de l'empresa, a més d'un Audi Q8 utilitzat “de manera directa i habitual” per l'investigat Julio E. G., gerent de la mercantil imputat per presumptament proporcionar camions a la presumpta organització criminal. El camió va estar vinculat, segons els investigadors, a la partida de 1.160 quilos de cocaïna intervinguda al Port el 18 de juliol de 2025.

L'advocat de l'empresa al·lega que Castellón Renting SL compta amb “més de 40 anys d'antiguitat” i una “consolidada trajectòria professional lícita i regular”, i que ni la mateixa firma ni el gerent “tenen res a veure” amb els fets investigats. Es tractaria, per contra, de “meres conjectures” policials que contrasten amb la “realitat fàctica i documentada” i que pretenen “criminalitzar” una activitat “normal” i “pròpia del negoci” com és l'arrendament de vehicles.

No obstant això, la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València recorda que existeixen indicis que l'empresa, amb “aparença d'una activitat lícita”, formalitzava contractes d'arrendament, precedits d'importants sumes de diners, per “emmascarar” la “vertadera utilització dels vehicles al servei de l'organització criminal”.

“Intervenció directa” del gerent de la firma de camions

La investigació de la UDYCO ha acreditat la “intervenció directa” del gerent de l'empresa en el lliurament de 40.000 euros en efectiu “sense cap justificant ni suport documental que acredite l'operació”. L'Audiència Provincial de València, per tant, considera “ajustada a dret” i a la legalitat la resolució que va autoritzar el decomís del camió (la venda anticipada del qual va ser autoritzada recentment pel jutge).

La Secció Quarta també ha desestimat un recurs similar de la representació jurídica de Biovalsuro SL, propietat de l'investigat José Francisco B. R., contra el decomís cautelar i l'autorització per a ús policial d'una motocicleta Benelli model TRK, mítica marca italiana, a nom de la mercantil. La interlocutòria, a la qual també ha tingut accés aquest diari, esgrimeix els “sobrats indicis racionals i fonamentats” de la participació de José Francisco B. R. en presumptes “delictes de drogues d'extrema gravetat”, a més de la “procedència il·lícita” de la motocicleta. “Els vehicles intervinguts han sigut emprats de manera directa, tal com consta en les diligències practicades, per a la realització d'operacions de narcotràfic, la qual cosa implica que han sigut vertaders instruments dels delictes investigats”, assegura el tribunal.

A més, la interlocutòria també sosté que la utilització provisional del vehicle per part de la Policia “no és una pena anticipada, sinó una mesura cautelar de gestió patrimonial”, amb l'objectiu de conservar el valor d'ús del bé intervingut i evitar despeses a l'erari derivades del depòsit, sense la finalitat de castigar l'investigat, que gaudeix de la presumpció d'innocència.

El Porsche a nom d'un testaferro

L'Audiència Provincial de València també ha desestimat el recurs de Salvador S. A., presumpte testaferro d'Iván T. R. —considerat un dels capitostos del narcotràfic al Port—, contra la interlocutòria de l'instructor que, el passat 3 de febrer, va denegar la devolució d'un BMW i d'un Porsche 911 GT3. “No podem oblidar”, afirma el tribunal, que la pòlissa d'assegurança del BMW figurava a nom d'Iván T. R. i que existeixen indicis que el vehicle podria ser objecte d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals, per la qual cosa “està justificat el seu decomís”. Així, la devolució anticipada dels vehicles “podria frustrar les finalitats del procés penal”.

La situació del Porsche és encara més singular. El vehicle esportiu ja va ser intervingut —i posteriorment retornat al seu propietari— en el marc d'un sumari per narcotràfic del Jutjat d'Instrucció número 1 de València. La qual cosa “no és obstacle” perquè torne a ser intervingut en les diligències que actualment instrueix la plaça número 15 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, després d'haver-se acreditat que, malgrat que el vehicle figurava a nom de Salvador S. A., el titular real, usuari i pagador de la prima de l'assegurança seria el presumpte narco Iván T. R.

El germà i la parella d'un dels caps

L'Audiència Provincial de València també ha desestimat sengles recursos de la defensa del presumpte capitost i del seu germà, Raúl T. R., i de la seua parella, María R. L. —tots dos investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals— contra el decomís i l'autorització de l'ús policial d'un Audi RS3 Sportback, d'un BMW M2 Competition i d'una Yamaha TMAX.

La interlocutòria aprecia indicis suficients que els vehicles eren, bé instruments de l'operativa de narcotràfic, bé productes o beneficis d'aquesta presumpta activitat il·lícita, i conclou que la hipòtesi no resulta “irracional, arbitrària o capritxosa”.

El fiscal de la causa descriu el germà del presumpte narco com un “element instrumental” de l'entramat societari dissenyat per canalitzar i integrar en el circuit econòmic legal els fons d'origen il·lícit, especialment mitjançant la seua participació en l'empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL.

Sobre la parella del presumpte capitost, el fiscal recorda els indicis “sòlids i plurals” de la seua participació “activa” en la presumpta operativa de blanqueig com a administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducció en el tràfic econòmic de fons d'origen il·lícit, amb mecanismes com l'adquisició de deute privat, la facturació fictícia i “altres pràctiques típiques d'integració delictiva”.

D'altra banda, la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs del portuari Salvador Julio C. M., presumpte testaferro d'Iván T. R., en relació amb l'embarcació que es va intervenir al presumpte narco al Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Eivissa). La Guàrdia Civil de les Illes Balears ha reclamat l'embarcació Axe (model Axopar 37), d'uns 11 metres d'eslora, per utilitzar-la provisionalment en aigües mediterrànies en operacions contra el narcotràfic.

La interlocutòria considera suficientment acreditat que l'investigat “venia exercint de manera efectiva i continuada l'ús, la possessió material i la disponibilitat funcional de l'embarcació intervinguda”.

El origen de la investigación que ha acabado con José Luis Rodríguez Zapatero imputado en la Audiencia Nacional es una denuncia que, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó la Fiscalía Anticorrupción española en octubre de 2024 contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.

La denuncia de la Fiscalía española instaba la incoación de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción “al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen”.

El escrito del Ministerio Público recogía que Verhoeven, al que se atribuía un “presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza”, había utilizado tres sociedades para canalizar otros tantos contratos de préstamo a Plus Ultra, rescatada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por aquel entonces [octubre de 2024] Plus Ultra ya había devuelto esos préstamos a Verhoeven, según había declarado por aquellas fechas el financiero holandés a la Fiscalía Suiza, pero “sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones”.

Entre los denunciados por el Ministerio Público español figuraban, además del citado Verhoeven, entonces afincado en Mallorca, los peruanos Luis Felipe Baca y Enrique Martín Baca, el empresario venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados y el español Miguel Palomero, abogado de confianza del venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y al que la denuncia vinculaba con funciones operativas para los Baca y Díazgranados a través de sociedades en España, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.

La denuncia mencionaba expresamente a Reyes. Recogía las sospechas de las autoridades francesas sobre el empresario venezolano “como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea”, Coyne Airways, “hacia Dubái”.

La Fiscalía española presentó esa denuncia al apreciar indicios de la existencia de una organización criminal internacional conectada “con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados C. L. A. P. (Comités Locales de Abastecimiento) así como la venta de oro del Banco venezolano” a través de una sociedad de Emiratos Árabes “utilizando sociedades interpuestas”.

La documentación del caso recogida en el sumario refleja que el origen de la investigación se remonta a 2021. En concreto, el 1 de octubre de ese año, la policía suiza elabora un primer informe tras recibir tres avisos sobre otras tantas transacciones sospechosas realizadas ese mismo año que involucraban al holandés Verhoeven.

El informe advertía textualmente de que este financiero había estado “involucrado tanto en el caso de corrupción español 'caso Lezo', que involucró a dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del gobierno autonómico, como en las irregularidades que llevaron en 2019 a la retirada de la licencia bancaria del Banco del Orinoco, de Curazao, que pertenecía a Víctor Vargas, el ”banquero de Chávez“.

Ya entonces, los hermanos Baca habían aparecido en artículos en prensa con prácticas corruptas relacionadas con Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela.

La denuncia de la Fiscalía española se basaba en las conexiones de la organización criminal a través de una “probable filial” española de una sociedad de Islas Mauricio, Adamas Capital, que, según las autoridades francesas tenía un rol “preponderante en el blanqueo de capitales” a través de una “probable filial” constituida en 2019 por el abogado español Miguel Palomero.

Adamas tenía entre sus clientes a Gilberto Morales, alias “Morales”, venezolano nacionalizado español que, como señalaba la denuncia de la Fiscalía, había comprado un inmueble en España a través de una sociedad administrada también por Palomero tras recibir al menos 2,6 millones a través de una sociedad panameña, y que “está incluido en investigaciones de FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos”.

El empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea Plus Ultra, se revela en el sumario como una suerte de alfa y omega del caso Zapatero. Reyes constituye la pista que originó el caso y a él atribuye la Fiscalía Anticorrupción el destino final de una parte del rescate a la compañía aérea. La fiscal Elena Lorente y el juez José Luis Calama sospechan que el empresario venezolano tiene escondido en paraísos fiscales de medio mundo parte de los 53 millones de dinero público. Reyes se encuentra fugado desde 2024.

“Según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio' [la ayuda de 53 millones], que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho”. Así consta en la Orden Internacional de Detención librada el 27 de febrero de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Una comisión rogatoria procedente de Suiza solicitó a la Fiscalía Anticorrupción española en el verano de 2024 información sobre una lista de individuos que estaban siendo investigados por una red internacional de blanqueo de capitales y que tenían parte de su residencia en España. El origen del caso era el desvío de fondos para un plan de ayuda alimentaria a sectores desfavorecidos en Venezuela, así como de un gran negocio de oro. Resultó que Rodolfo Reyes aparecía como “cliente” de esa red de blanqueo de capitales y que había transferido “grandes cantidades de dinero a Panamá Puerto Rico y la República Dominicana”.

La Audiencia Nacional cree que Reyes aprovechó sus “vínculos con la organización” para ordenar presuntamente que “algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente tras haber sido recibidas en cuentas bancarias de Plus Ultra en España”. El destino de esos fondos serían tres sociedades instrumentales de Simon Leendert Verhoeven, miembro de la red de blanqueo que también está en busca y captura.

Las tres sociedades de Verhoeven (Valerian Corporation Sa. Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd) tenían abiertas, a su vez, “cuentas bancarias opacas” en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La Audiencia Nacional reúne indicios de que una de las tres sociedades ha participado en la venta de oro “de origen desconocido a una sociedad en Dubái” y también de que Rodolfo Reyes ha participado en negocios con el metal precioso.

“Al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de las sociedades instrumentales de la organización criminal se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero”, argumenta la Fiscalía Anticorrupción.

La Administración estadounidense interceptó a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En 2024, y en el intento de intercambiar información, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes.

El 22 de julio de 2020, Reyes reenvía un mensaje de directivos de la compañía en el que cuentan el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (...)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”.

Reyes salió del consejo de administración de Plus Ultra en octubre de 2025 en representación de Snip Nation, que tiene el 52,8% de la compañía. Plus Ultra informó de los cambios en su consejo con normalidad, ajena a la investigación secreta que llevaba la Audiencia Nacional contra Rodolfo Reyes y otros empresarios vinculados a la compañía.

Sospechas de dinero negro para sobornos

Hace dos meses, la Fiscalía Anticorrupción reiteró esos indicios e insistió en la solicitud de que Reyes y los otros tres investigados en la causa de Plus Ultra sean objeto de una orden internacional de detención cursada por Interpol. La organización policial había exigido más precisión en los hechos que se atribuyen a los imputados y Anticorrupción contestó que la causa estaba todavía secreta.

Aún así, la fiscal Lorente se extendió algo en las alegaciones presentadas dos años antes y deslizó que uno de los requeridos, Luis Felipe Baca Arbulu, pudo entregar dinero en efectivo a Rodolfo Reyes para sobornos relacionados con el rescate de Plus Ultra. En concreto, Lorente escribe 12 de marzo pasado: “Hay indicios de que Baca facilitó a Rodolfo Reyes cantidades en efectivo de las que éste pudo haber dispuesto con espurios fines en fechas coincidentes con los trámites para obtener la ayuda pública solicitada”.

El peruano Luis Felipe Baca Arbulu, el holandés Simon Leendert Verhoeven y el venezolano Rodolfo Reyes son investigados por la Audiencia Nacional junto a la esposa de este último, María Aurora López. Todos ellos están en paradero desconocido. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Un teniente coronel de la Guardia Civil figura como investigado en una causa de la Audiencia Nacional contra la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales que vuelve a tener el prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, entre los principales objetivos de las pesquisas. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron la pasada semana a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel, y el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.

El teniente coronel, que responde a las iniciales de J.L.G.M., no fue arrestado y ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que mantiene secretas las actuaciones. Tras la declaración, el juez ha impuesto al oficial la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La causa se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próxima al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja, una mujer de nacionalidad búlgara y socia del dueño de Vive Madrid. El juez De Jorge dictó el pasado viernes prisión incondicional para los cuatro detenidos, entre ellos la pareja del teniente coronel y el dueño de Vive Madrid.

Los registros y las detenciones de la semana pasada se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

El teniente coronel investigado tiene su destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Su imputación provocará la apertura de una información reservada, previa al expediente. La normativa interna indica que la instrucción de ese pendiente se detendrá a la espera de una resolución judicial firme.

Los agentes de Asuntos Internos han detectado consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También han quedado en libertad con cargos y sin pasaporte.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne, sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

Rosario Jiménez Rubio (Granada, 1977), decana del Colegio de Registradores de España desde diciembre, recibe a elDiario.es en la moderna sede de la entidad en Madrid, la misma a la que acude a diario desde hace semanas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en marzo logró el traslado desde el Registro Mercantil 5 de la capital a su nuevo destino, Bienes Muebles Central I.

En esta entrevista, realizada el martes, Jiménez defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros en febrero. La norma está en un momento muy inicial y hay dudas de que llegue a aprobarse, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero ha provocado un nuevo choque con otro colectivo de altos funcionarios, los notarios, que autorizan documentos como escrituras (de hipotecas, sociedades...) y asesoran a las partes (mientras, los registradores califican esos documentos y deciden si se inscriben o no). La norma también suscita el rechazo del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El anteproyecto propone un cambio de gran calado: obliga a inscribir las participaciones de una sociedad limitada (las más pequeñas) en el Registro Mercantil, y exige presentar en formato electrónico el registro de socios actualizado. Con ello, todo el tráfico societario deberá pasar por los registros mercantiles. Jiménez defiende la propuesta y cree que España no puede quedar “como caso excepcional” desoyendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dedicado a desarrollar políticas antiblanqueo.

Los notarios dicen que el anteproyecto de ley debilita el sistema antiblanqueo. ¿Lo comparte?

En absoluto. El anteproyecto pone el acento en lo que verdaderamente interesa: que las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitadas puedan ser conocidas por todo el mundo y tener efectos frente a terceros y frente a las administraciones, permitiendo que se inscriban en un registro público, el Registro Mercantil. No solo van a ser conocidas por todos. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los acreedores van a poder utilizar esa publicidad para conocer y poder embargar las participaciones de aquellos socios con algún tipo de deuda con la Administración pública.

Los notarios dicen que la reforma abre la puerta a que la transmisión de participaciones se haga con documentos privados, sin firma digital y sin intervención notarial, que nadie verifica.

El anteproyecto incluye como forma de documentación el documento electrónico, siempre que reúna los requisitos estandarizados y verificados por el Reglamento Europeo eIDAS. Tiene la autenticidad, verificabilidad y trazabilidad propia de un documento electrónico con firma electrónica avanzada y cualificada, como cualquiera que el ciudadano utiliza para hacer la declaración de la Renta frente a Hacienda o pedir cita ante un centro de salud. 

Muy pocas sociedades de responsabilidad limitada comunican su accionariado en el Registro mercantil. ¿Por qué?

Actualmente, el sistema de transmisión de participaciones sociales en la responsabilidad limitada se anota en el llamado libro registro de socios, que es interno, de uso de cada sociedad. Solo lo legaliza un 8% de las sociedades, que lo traen al Registro Mercantil. La publicidad depende siempre del administrador, de la propia sociedad. La transmisión de participaciones se lleva a cabo a través de escritura pública o documento privado, indistintamente del sistema que actualmente está en vigor.

Consideran que las bases de datos de participaciones de los notarios no son fiables.

Las bases de datos notariales relativas a las transmisiones de participaciones se basan en las actas de manifestaciones que sus titulares efectúan cuando van a la notaría. Esa base de datos se puede utilizar y es útil a la hora de conocer los titulares de participaciones que lo son por documento público notarial. Pero es incompleta porque no recoge el resto: las participaciones sociales que se adquieren en notario extranjero, las que se adquieren por documento privado, que son perfectamente válidas, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones; las que se adquieren en subasta pública o las que se adquieren a través de un convenio de divorcio.

Menciona las que se adquieren mediante documento privado. Es el caso famoso de Santos Cerdán y Servinabar.

Efectivamente. Actualmente, el sistema permite que, tanto se otorgue un documento público como se transmitan en documento privado, la transmisión de participaciones pueda ser ocultada. La única llave que permitiría la transparencia de todas esas transmisiones sería la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil. De esta manera aflorarían esas transmisiones, se conocería quiénes son los verdaderos titulares de esas participaciones, por parte de los ciudadanos, las administraciones, pero también los socios, que evitarían la cantidad de pleitos que actualmente existen en cuanto, por ejemplo, a la legalidad de la celebración de las juntas de accionistas en este tipo de sociedades, que siempre crean muchísimo conflicto.

Detrás de todas estas quejas de los notarios, ¿puede haber un interés económico de este colectivo? Su base de datos la gestiona una empresa, Ancert, que factura cifras muy relevantes.

La base de datos notariales es privada. Se alimenta de los datos que efectivamente se contienen en los documentos públicos, fundamentalmente de las escrituras que ellos autorizan. Datos que también son privados. Y además no puede ser conocida por los ciudadanos, porque el único registro es el Registro Público de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España.

¿Y cree que puede haber un interés económico detrás de esta polémica?

Puede haber intereses corporativos, claro, en las quejas en este sentido. Las corporaciones tenemos que orientarnos siempre hacia la colaboración interadministrativa, hacia la crítica constructiva y hacia la mejora del servicio público y del interés público y del interés general.

Este choque con los notarios es otro de una larga lista de fricciones entre estos dos colectivos de altos funcionarios.

Nosotros preferimos no visibilizar un conflicto. Entendemos que lo que hay es una diferencia en la interpretación de las normas. Y en este caso, claramente el anteproyecto no solamente pone el acento en la clave de la transparencia, porque la única llave de la transparencia es la inscripción en el Registro Mercantil, en el registro que puede ser conocido por todos los ciudadanos. Además, se obedece a unas recomendaciones internacionales del organismo internacional GAFI, que ha realizado recientemente, en diciembre, y que pone a España como un caso anómalo frente al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no podemos quedar a la cola ni como caso excepcional en un ámbito tan importante como la transparencia o la prevención de delitos de blanqueo de capitales.

La CNMC valora el anteproyecto por su efecto en la lucha contra la corrupción, pero pide reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de la competencia.

Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones. Nuestro registro es público y está conectado con todas las Administraciones. Las consultas que, por ejemplo, recibimos del registro de titularidades reales de las administraciones superaron el año pasado los 60 millones. En cuanto a la CNMC, compartimos la valoración positiva que realiza del anteproyecto.

Los registradores también tienen un relevante negocio con el acceso a la información del Registro Mercantil, como las cuentas de las empresas. Choca que en otros países como Luxemburgo o Reino Unido esta información sea de libre acceso. ¿Por qué aquí no?

Nosotros tenemos Open Data, un servicio absolutamente gratuito y de libre acceso para todo el mundo. Y existe otro tipo de información sometida a una verificación del propio registrador para evitar que esos datos puedan ser conocidos por cualquiera. Pueden ser conocidos teniendo en consideración el concepto de interés legítimo, de acuerdo a los parámetros del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El acceso es público pero no puede ser indiscriminado. Hay intereses en juego: la privacidad de algunos datos. En el ámbito mercantil, con una relajación respecto del Registro de la Propiedad, donde el celo es mayor porque hay gran cantidad de datos sensibles, de datos personales. Pero aun así hay que valorar el interés justificado de la persona que accede.

Luxemburgo, miembro de la UE, tiene una web que permite acceder a todas las cuentas de una sociedad domiciliada allí. Eso no lo tenemos en España.

Aquí cumplimos la ley. Tenemos no solamente el reglamento de protección de datos, sino abundante jurisprudencia en ese sentido. Hay datos que se pueden ofrecer y hay que extremar las cautelas para no invadir los derechos de terceros. De hecho, una de las quejas más significativas al anteproyecto es que abriría la veda de lo que llaman la privacidad. Pero no hay que confundir privacidad con transparencia. Son diferentes. El derecho a la privacidad, que hay que controlar y verificar, se maneja por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento, la jurisprudencia del TJUE, por eso está el profesional que tiene que hacerlo. Y la transparencia es absolutamente necesaria para que aflore el dinero negro, con lo que supone dentro del PIB de la Unión Europea y de España, y que va in crescendo.

El año pasado entró en vigor el registro único de alquiler turístico. ¿Qué tal está funcionando?

La UE mostró su preocupación hace tiempo por la proliferación de alojamientos turísticos, a veces sin excesivo control. Para permitirles la posibilidad de publicarse en las plataformas online, se dictó un reglamento que en España adoptó el Ministerio de Vivienda de forma pionera y que atribuía a los registradores de la propiedad esta obligación de conceder un número de registro a cada alojamiento. Tras trabajar intensamente durante el verano pasado, otorgamos prácticamente 400.000 números de alojamiento turístico. Posteriormente, la normativa establece la obligación de cada uno de los anfitriones de informar a través de unos modelos estandarizados de la actividad realizada en los últimos meses. Estos modelos se han depositado en los registros de la propiedad. En el mes de febrero se han incorporado 320.000 aproximadamente. Los números de alojamiento cuyo depósito no se ha efectuado, quedan fuera, no podrán seguir publicitándose dentro de las plataformas online.

¿El efecto es inmediato para esos 80.000 que se quedan fuera? 

Se ha comunicado a estos números de alojamiento y ya no pueden volver a publicarse en plataformas online. Sí en cualquier otro medio de difusión. Publicitarse, anunciar su servicio y por supuesto, seguir activos. Incluso pueden reactivar su número de alojamiento turístico. 

¿Cuáles son las razones para no cumplir los requisitos?

Los registradores han tenido que calificar la veracidad de las manifestaciones de los usos turísticos y no turísticos que se han ido declarando; que los arrendamientos o los alojamientos obedecían a fincas realmente existentes; que se publicitaban por aquella persona que tenía derecho a hacerlo como propietario o representante; que no existían prohibiciones dentro de la comunidad de propietarios; que no se trataba de viviendas de protección oficial; y que se cumplía la normativa exigida por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, las preceptivas licencias de actividad.

Ustedes conocen de primera mano el funcionamiento del mercado inmobiliario. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Qué recetas se les ocurren para tratar de reconducir esta situación?

Es un problema muy complejo, no solo en España, también afecta al resto de la UE. Existe un proyecto, European Affordable Housing [de la Comisión Europea], que trata de abordarlo de manera global y sería, creo, la mejor opción. No solamente en España, a través de un Pacto de Estado donde todos los grupos políticos cedieran en beneficio del interés común, aportando medidas que verdaderamente tuvieran efectividad, sino también a nivel europeo. Desde este punto, el Colegio de Registradores está colaborando intensamente con el Ministerio de Vivienda para ofrecer los datos que les permitan un adecuado planeamiento del problema, una buena gestión en materia de vivienda y la posibilidad de abordarlo desde una perspectiva rigurosa, técnica y jurídica. 

Hay cierta tradición de registradores que se han pasado la política. Rajoy, evidentemente, también Beatriz Corredor y otros ministros. ¿No le ha tentado la política?

A mí me interesa mucho el servicio público. Tengo una vocación como funcionaria y dedicada al servicio público. Me interesa mucho el interés general. Puede ser que por eso, en esta línea sí que he tenido actividad corporativa, siempre dentro de la corporación. Nunca en ningún partido político ni militando. Pero siempre he procurado aportar mi granito de arena en beneficio de la comunidad. Ahí sí me encuentro muy identificada con todos estos compañeros.

Se hicieron con las claves bancarias, se transfirieron varias cantidades de dinero y las utilizaron para comprar monedas virtuales. Sucedió en noviembre de 2020: la cuenta bancaria del Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’, considerado el más antiguo de España y de régimen concertado, sufrió un revés inesperado. Varias personas consiguieron hacerse con las claves del centro docente y, sin el conocimiento y ni la autorización del colegio, realizaron tres transferencias para después invertir el dinero en criptomonedas. Es decir, un ‘criptorrobo’ en toda regla.

Los tres presuntos autores de los hechos fueron identificados y detenidos y esta semana son juzgados en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía pide dos años de prisión para dos de los acusados, y nueve meses para el tercero de ellos.

La suma total de las tres transferencias fraudulentas alcanzó un valor de 31.555 euros que fue restituido un año después al colegio afectado.

Según el escrito de la Fiscalía, consultado por este medio, los tres acusados, una vez recibidas las transferencias en las respectivas cuentas corrientes de su titularidad, obraron “con afán de lucro”: procedieron a seguir las instrucciones que “personas desconocidas” les iban confiriendo en torno al destino que habían de dar al dinero recibido, quedándose los acusados con una “suculenta comisión”.

Transferencias para comprar monedas virtuales

Concretamente, una de las acusadas recibió 13.600 euros en su cuenta a través de una empresa de compraventa de criptomonedas y procedió a la compra de moneda virtual, en dos operaciones, por importes de 5.000 y 1.000 euros respectivamente. Posteriormente, a través de otra empresa del mismo calibre procedió a la compra de criptomonedas por importe de 4.500 euros.

Para dichas operaciones de compra la acusada no dudó en facilitar todas sus claves bancarias, su propia imagen, a través de selfies que le pedían desde las empresas de criptomonedas para corroborar su identidad, y sus datos identificativos.

Similares operaciones fueron efectuadas por el segundo de los acusados, el cual tras recepcionar en su cuenta casi 14.000 euros, facilitó igualmente todos sus datos identificativos, de imagen y bancarios, para comprar moneda virtual, en dos operaciones por importe de 4.800 y 3.100 euros, la compra de 3.000 euros en criptomonedas, apropiándose, en concepto de comisión, de otra parte del dinero recibido.

El último de los acusados recibió una cantidad en su cuenta sensiblemente menor, de 3.985 euros, y realizó cuatro reintegros en cajeros por importe de 1.600, 400, 500 y 300 euros; y otro reintegro por 1.170 euros, hasta disponer de la totalidad del efectivo, “fraudulentamente transferido”.

Los hechos descritos fueron denunciados ante la Policía Nacional por el Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes en diciembre de 2020.

El Ministerio Público considera que los hechos narrados son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales, y por ello procede imponer a una de las personas acusadas la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 40.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, así como el abono de las costas procesales.

Para el segundo de los acusados, por el mismo delito, pide igualmente la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 41.900 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión, y abono de las costas procesales.

Finalmente, para el tercer implicado, propone la pena de nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11.955 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de prisión, y abono de las costas procesales.

El Colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ es un centro concertado y diocesano. Pertenece a la Archidiócesis de Toledo, pero recibe financiación pública. Es considerado uno de los colegios más antiguo de España, fundado en el siglo VI, consolidándose como institución educativa en 1552 por el Cardenal Silíceo. Actualmente, imparte educación desde Infantil hasta Bachillerato y se le considera uno de los centros más prestigiosos de la ciudad.

La Guardia Civil de Navarra ha conseguido recuperar 87.000 euros sustraídos ilícitamente mediante la técnica de 'smishing' a una empresa con sede en Corella. Según han informado en un comunicado, la investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero por pertenencia a grupo criminal, logrando que la empresa afectada recuperase todo el dinero estafado. Hay dos personas identificadas y otras dos con orden de busca y captura.

El fraude se ejecutó por los ciberdelincuentes mediante el método de 'smishing', después de que uno de los administradores de la sociedad recibiera un mensaje de texto (SMS) que suplantaba la identidad bancaria, solicitándole actualizar un 'token' de acceso a través de un enlace malicioso qué facilito a los estafadores el control de sus claves.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir denuncia en la oficina de Atención al ciudadano del puesto de Corella, donde continuó con la investigación el grupo especializado equipo @ de Navarra. La “celeridad en la respuesta operativa” resultó “determinante” para “el éxito” de la operación. Los agentes establecieron contacto directo con los responsables de seguridad de las entidades bancarias, logrando el bloqueo provisional de los 87.000 euros en unas horas.

Durante las indagaciones en la web, efectivos del Equipo @Navarra detectaron a los presuntos ciberdelincuentes alojados por diferentes localidades de la geografía nacional. De esta forma, se desplazaron a Madrid y Tarragona para proceder a la identificación de dos de los integrantes del grupo criminal. Además, se localizó a dos personas más, sobre las que la autoridad judicial ha dictado órdenes de búsqueda, detención y personación.

Se puso en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, donde se obtuvieron los mandamientos judiciales necesarios para el bloqueo definitivo de las cantidades y la identificación de los titulares de las cuentas beneficiarias, donde se dilucidó que formaban parte de una estructura organizada.

En total se han esclarecido tres hechos delictivos: estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, además de lograr el resarcimiento económico de 87.000 euros a la empresa corellana.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

Un equipo integrado por varias ONG en defensa de los derechos humanos ha presentado una querella en los juzgados de instrucción de Madrid contra la multinacional de viajes eDreams, con sede en España, por “promover y facilitar reservas turísticas en los asentamientos israelíes ilegales situados en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y en el Golán sirio ocupado, y lucrarse con esta actividad”. La empresa se beneficia así de crímenes de guerra, denuncian. eDreams anunció en septiembre que había cesado toda actividad comercial en los territorios, pero los querellantes detectaron anuncios de alojamientos tras el anuncio. eDreams lo achaca a una “integración técnica externa específica” y “discrepancias técnicas aisladas”.

La querella, presentada por las asociaciones SUDS, Novact y Comité de Solidaridad con la Causa Árabe —con el apoyo del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), con sede en Países Bajos, y Al-Haq, con sede en Cisjordania— entiende que la actuación de las plataformas de viaje en línea pueden encuadrarse en el artículo 301 del Código Penal, que tipifica como delito la integración en el sistema financiero de beneficios derivados de delitos, incluidos los crímenes de guerra. La querella sostiene que, al promover, facilitar y monetizar el turismo en los asentamientos, las plataformas de viajes en línea se habrían beneficiado presuntamente de esos crímenes de guerra.

eDreams, que gestiona marcas como Opodo, GoVoyages, Travellink, y Liligo, opera en este contexto como una especie de intermediario hotelero que depende del inventario de otras plataformas, entre las que las ONG señalan a Booking.com y Expedia, también cuestionadas por sus negocios en los territorios ocupados en el informe de 2025 de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Los querellantes sospechan que aún obtiene beneficios por “comisiones, comisiones por recomendación, publicidad y servicios de posicionamiento”.

La querella se basa en pruebas recogidas por SOMO y el Centro Guernica G37 entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, antes y después de que eDreams anunciase públicamente, el pasado 3 de septiembre, que había dejado de operar en los territorios ocupados por Israel. Una página web de reservas hoteleras asociada a la plataforma quedó entonces fuera de servicio, pero un segundo sitio web se mantuvo operativo, según denuncian las ONG.

Esta segunda web “tiene toda la apariencia de ser un sitio de eDreams, ya que está presentada bajo la marca eDreams y muestra el logotipo de la empresa”, señalan las asociaciones en un comunicado donde advierten que, no obstante, “está operada por una compañía distinta, Travelscape LLC (filial de Expedia), utilizando la marca eDreams”.

El recuento de las ONG apunta que, en septiembre de 2025, 35 anuncios en asentamientos permanecían activos. También indican que en octubre pudieron completar cuatro reservas, a modo de prueba. “La querella sostiene que eDreams, aunque no tiene la titularidad de esta web, recibía comisiones por las reservas realizadas a través de la misma”, añade la nota.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sacó a eDreams del listado de empresas que desarrollan actividades económicas en los Territorios Ocupados —de forma prematura, según las ONG denunciantes— el 26 de septiembre de 2025.

El escrito apunta que los ingresos generados por el turismo en los asentamientos, incluidas las comisiones de las plataformas, las tasas de reserva y los ingresos por referidos, deben tratarse como un producto de crímenes de guerra. “El derecho penal español, en el artículo 611.5 del Código Penal, también considera crímenes de guerra los actos relacionados con los asentamientos, incluida la explotación de las tierras ocupadas. Además, el artículo 614 del Código Penal español castiga a toda persona que haya contribuido a infringir el Derecho Internacional Humanitario, incluido el artículo 49 del IV Convención de Ginebra, que prohíbe la creación de asentamientos en territorio ocupado por la potencia ocupante”, sostienen las ONG.

El razonamiento va en contra de la decisión de la Fiscalía de Madrid de archivar una denuncia de julio de 2025 contra la empresa por entender, según las organizaciones, “que no existía en España ni en la UE una prohibición explícita de hacer negocios en asentamientos ilegales”.

La empresa alega “discrepancias técnicas”

eDreams respondió a SOMO en enero que tiene la “posición corporativa firme” de no “generar negocio o ingresos de alojamientos situados en los territorios palestinos ocupados o en el Golán sirio ocupado” y que los anuncios que aparecían en la segunda web señalada por los investigadores a finales de 2025 “podrían estar vinculados a una integración técnica externa específica” y eran “discrepancias técnicas aisladas”. También aseguró que la empresa estaba llevando a cabo una investigación interna para determinar cómo aparecieron tales anuncios en su inventario.

Booking.com, que afronta una querella en Países Bajos —donde tiene su sede— por sus actividades en los asentamientos, aseguró a SOMO que ya no tiene “ningún tipo de relación comercial o técnica con eDreams” y viene alegando que actúa conforme a la legalidad.

Los querellantes señalan que, aunque eDreams haya renunciado a esta práctica, todavía debe responder por el lucro previo. En ese sentido, señalan que entre septiembre de 2024 y julio de 2025 documentaron 43 anuncios de alojamientos en zonas vedadas. “Sin transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas, la retirada corre el riesgo de funcionar como una medida de relaciones públicas”, plantean los querellantes.

La Fiscalía Financiera francesa ha anunciado este lunes que está llevando a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”. El nombre de Lang y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe se producen el mismo día en el que Lang se despedía oficialmente de la fundación tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, está previsto que se celebre el Consejo de administración en el que se elegirá a su sucesor o sucesora.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por el Estado francés por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

Un grupo de jueces investiga las ramificaciones del caso Epstein en Francia

Este sábado, medios franceses informaron del nombramiento por parte de la Fiscalía francesa de un grupo de magistrados para analizar “eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses” en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía indicó que trabaja “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones”.

'Le Parisien' aseguró hace dos días que la Fiscalía ya ha dado pasos concreto al proceder a “un nuevo análisis integral del dosier de instrucción” del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores y el caso decayó tras su muerte en prisión.

El objetivo de esta reapertura es la de “poder sacar cualquier elemento susceptible” que tenga una utilidad en “un nuevo contexto de investigación”.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein tenía un vínculo especial con Francia, donde poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch de París.

Además del exministro socialista Jack Lang, en Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el pasado miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse “consternado” e “indignado” por descubrir la presunta implicación de este alto cargo de su departamento, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: “No puedo descartarlo”. “Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión”, matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

Hay toda una familia en el banquillo, pero el juicio a los Pujol sigue centrándose en el primogénito. El primer mes de juicio se dedicó a repasar las hazañas empresariales de Jordi Pujol Ferrusola —está por ver si delictivas, pero solo posibles por su apellido. Febrero ha sido el mes para la cara B de muchos negocios lucrativos: el delito de blanqueo de capitales.

Durante toda la semana, el tribunal de la Audiencia Nacional se ha acostumbrado a escuchar “no sé quién es”. Ha sido la respuesta que han dado una veintena de hombres y mujeres a la pregunta de si conocían a Júnior. Como casi todo en el juicio a los Pujol, para encontrar el motivo de la comparecencia de estos testigos hay que retroceder décadas en el tiempo... y viajar hasta Andorra. En concreto, a la Banca Reig —más tarde Andbank— del principado.

Los nombres de estos testigos figuran en el sumario por las transferencias entre sus cuentas en Andorra a otras vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironès entre 1991 y 1996. Según la Fiscalía, se trata de operaciones simuladas que tenían como única finalidad ocultar la procedencia o el origen de las cantidades que ingresaba Júnior. La defensa lo niega.

Un solo ejemplo recogido en el sumario: entre marzo y julio de 1992, de la cuenta Anbank que compartía un matrimonio, salieron cuatro transferencias de 4,2, 5,2 y 7,2 millones y 300.000 pesetas a la de Júnior.

Más allá de desconocer al primogénito, las explicaciones que han dado los testigos han vuelto a poner de manifiesto que no todos somos iguales, y que en las fiestas de los ricos se vive muy por encima de las posibilidades de los pobres. La mera posesión de cuentas en Andorra por parte de ciudadanos catalanes acaudalados, que se ha llegado a presentar casi como una tradición por parte de sus beneficiarios, era impensable para una gran mayoría del país.

El testigo Josep Maria Montserrat dio cuenta al tribunal de la fiesta bancaria andorrana. “Los saldos no se controlaban, se pedía hora, subías [a Andorra] y te decían algo, pero nunca te llevabas ningún papel por razones obvias y te tenías que creer un poco lo que te decían”, explicó.

Hubo más. “Hicieron cosas extrañas con mi cuenta, chanchullos que no me gustaron nada”, apostilló. Eso sí, de la fiesta salió contento: “Tenía inversiones en fondos que fueron bastante bien, aunque la información que daban era muy parca y había que ser discretos, entre comillas”.

Para intentar desentrañar el misterio de la multiplicación de las transferencias andorranas, resultará clave un testigo que está en la lista propuesta por la Fiscalía pero que todavía no ha sido citado: Josep Maria Pallerola, el gestor en la banca andorrana de Jordi Pujol Ferrusola. Fue Pallerola quien, en un solo boleto de orden de transferencia, ordenó de golpe seis de las transferencias bajo sospecha.

Durante ese periodo Catalunya estaba gobernada por Jordi Pujol, acusado en el juicio pero cuyo nombre no aparece por ningún lado, por ahora. La disonancia entre las prédicas basadas en la honestidad y la austeridad que hacía Pujol en la Generalitat y lo que pasaba en su casa con su primogénito no tiene relevancia penal. Solo es el gran punto ciego —o el lugar donde se prefiere no mirar— en la operación de rehabilitación política del expresident en la que ha participado hasta Salvador Illa.

Aunque difícilmente termine con la imposición de las altas penas solicitadas por la Fiscalía, el juicio está siendo una atalaya privilegiada —con el permiso del paso del tiempo— para observar la cara B del pujolismo.

Esta semana, algunos testigos han abordado las sospechas de la Fiscalía de que Convergència —que no está acusada en el juicio— se pudo financiar irregularmente a través de créditos a empresas que trabajaban para sus campañas electorales, avalados por las cuentas en Andorra del hijo mayor del expresident. En su mayoría, han mantenido el silencio y la desmemoria.

El más relevante fue Manuel Giménez-Salinas, administrador de la empresa de publicidad Altraforma y que fue condenado por facilitar el pago de comisiones ilegales a Convergència en el caso Palau. Dijo no saber nada del préstamo de 50 millones que Altraforma firmó en 1999 con una banca andorrana, aunque admitió que el partido de Pujol les “echó una mano en algún momento” para obtener financiación cuando la empresa necesitaba dinero para pagar sus servicios en campañas electorales.

En cualquier caso, Giménez-Salinas dijo que los detalles sobre esas operaciones los podría dar la que fuera directora financiera Altraforma. Solo hay un pequeño problema: la exdirectiva falleció hace años. Un clásico en los juicios por corrupción.

La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín por sospechar blanqueo de dinero, apenas un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.

La Fiscalía de Frankfurt ha informado este miércoles de que se acusa a responsables y empleados desconocidos, una línea que ya fue adelantada por el semanario “Spiegel”. Un portavoz de Deutsche Bank ha confirmado a EFE el registro de las oficinas y ha asegurado que cooperan completamente con la Fiscalía.

“Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Frankfurt”, ha asegurado el portavoz del banco alemán. A pesar de esto, la entidad ha rehusado dar más información.

La publicación de la noticia sobre la investigación por parte de la Fiscalía de Frankfurt y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt) ha provocado un desplome de las acciones de Deutsche Bank, que a mediodía caían un 3%.

En concreto, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras sospechosas de haber sido creadas para blanquear dinero y que serían propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según “Spiegel”, que está sancionado por la Unión Europea desde la primavera de 2022.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de las 10 de la mañana para incautarse de pruebas, añade el semanario.

Una parella alemanya s'asseu aquests dies a la banqueta de l'Audiència Provincial de les Balears acusada de muntar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centre de cria clandestí de tortugues protegides la desarticulació del qual va derivar en una de les majors operacions contra el tràfic il·legal d'aquests rèptils a nivell internacional. La investigació -batejada com a operació Coahuila- es va saldar amb la confiscació de més de 1.100 exemplars de diferents espècies i més de 750 ous, així com amb el desmantellament del que la Guàrdia Civil va considerar el major criador il·legal de tortugues d'Europa.

El Ministeri Públic els atribueix tres delictes -contra la fauna, contraban i blanqueig de capitals- i demana per a ells cinc anys i mig de presó, a més d'indemnitzacions que superen els 200.000 euros, mentre que per a un tercer acusat, propietari d'una botiga de rèptils de Barcelona, sol·licita dos anys de presó per la seva presumpta implicació en la venda dels animals. La parella acusada criava tortugues aquàtiques, terrestres i de bosc, així com tortugues de les Galápagos, moltes d'elles espècies protegides i amenaçades, en unes instal·lacions que, segons la investigació, incloïen diverses files de piscines de plàstic, terraris i dues habitacions de la vivenda habilitades amb neveres i incubadores per als ous i les cries.

Els acusats, que declararan la setmana vinent, en la recta final del judici, a petició de les seves defenses, venien els exemplars a través del propietari de la botiga.

Durant la vista oral per aquests fets, diversos agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de l'Institut Armat van declarar aquest dijous com un dels acusats estava “molt nerviós” quan els funcionaris van registrar la finca. “O no entenia o no volia entendre”, va assenyalar un d'ells en referència al company sentimental de la dona.

En la sessió d'aquest divendres, l'encarregat d'una empresa transportista ha assenyalat que els acusats rebien “de tant en tant” palets amb ratolins congelats, situació que els resultava “xocant”. El transportista ha explicat que creia que els ratolins congelats es demanaven per donar menjar a animals, perquè havia sentit -encara que no ho sabia amb certesa- que “es dedicaven a aquesta activitat”. A preguntes de la defensa dels acusats, el testimoni ha assenyalat que mai va transportar animals vius i que per a això es necessiten “uns permisos especials”. L'encarregat ha incidit que una vegada va haver de “tramitar l'enviament d'una caseta o un petit viver per al qual va ser necessari un camió grua”.

També va declarar com a testimoni un responsable del centre de conservació animal on van ser dipositats els animals intervinguts a la botiga de rèptils de Barcelona. “Només queda una tortuga i dues salamandres”, va manifestar, evidenciant que la majoria han mort.

Una “important logística”

Juntament amb dos inspectors de l'autoritat administrativa CITES (Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres), els agents del Seprona van registrar la finca el 27 de juny de 2018. In situ, van comprovar que els propietaris tenien un criador il·legal de tortugues.

“Disposaven d’una important logística destinada a la cria i reproducció dels exemplars de tortugues tant aquàtiques com terrestres i de bosc que posseïen, així com tortugues d'estany, consistent en diverses fileres de piscines de plàstic, així com diversos terraris”, detalla l’escrit. Els acusats destinaven dues habitacions de la casa “a la ubicació de neveres i incubadores on incubar els ous, així com a les cries que anaven naixent”, segons es desprèn de la investigació.

Els processats destinaven dues habitacions de la casa per a la ubicació de neveres i incubadores d'ous i de les cries que anaven naixent. 

En total, es van interceptar 800 tortugues de 71 espècies diferents, exclusivament en aquest operatiu. Segons consta en la investigació, els agents del Seprona van practicar noves entrades i registres a la mateixa finca els dies 2, 4 i 12 de juliol d’aquell any. En aquestes inspeccions van localitzar, entre altres elements, 119 tortugues femelles que es trobaven en període d’ovulació, així com nombrosos ous dipositats en incubadores que els acusats tenien a l’habitatge.

Durant aquestes noves actuacions, els agents també van procedir a la confiscació de divers material destinat tant a l’alimentació com a la cria i reproducció dels quelonis. El Ministeri Públic subratlla que, sumant els exemplars intervinguts en tots els registres i aquells que van néixer posteriorment a partir dels ous decomissats, el nombre total d’espècimens confiscats va ascendir a 1.063.

Un negoci de mig milió d'euros

D'acord a la valoració econòmica recollida en l’escrit d’acusació, el conjunt dels exemplars decomissats —l’origen i l’adquisició legal dels quals no ha quedat acreditada—, juntament amb els nascuts a les instal·lacions a partir dels ous confiscats, assoleix un valor total de 545.712 euros

La Fiscalia assenyala, a més, que tots els animals intervinguts, així com els ous procedents d'aquests, van ser dipositats a les instal·lacions de la Fundació Natura Parc (entitat gestora de diversos departaments encarregats de la conservació i recuperació animal i mediambiental). Aquesta entitat ha anat informant periòdicament, mitjançant factures, de les despeses derivades del manteniment dels exemplars. D’acord amb les actuacions, el Ministeri de Justícia havia abonat fins al maig de 2021 gairebé 188.000 euros en concepte d’aquestes despeses, una quantitat que el Ministeri Públic reclama ara als acusats.

En el seu escrit, la Fiscalia conclou que els acusats, “amb la realització de l’activitat desenvolupada i atenent el volum d’exemplars, les característiques dels mateixos i les nombroses transaccions realitzades”, van posar en risc la biodiversitat de les espècies afectades.

El judici encararà la seva recta final la setmana vinent amb les declaracions dels acusats i els informes de les parts.

Una pareja alemana se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears acusada de montar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centro de cría clandestino de tortugas protegidas cuya desarticulación se convirtió en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal de estos reptiles a nivel internacional. La investigación -bautizada como operación Coahuila- se saldó con la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos, así como con el desmantelamiento del que la Guardia Civil consideró el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa.

El Ministerio Público les atribuye tres delitos -contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales- y pide para ellos cinco años y medio de prisión, además de indemnizaciones que superan los 200.000 euros, mientras que para un tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, solicita dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales. La pareja acusada criaba tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas especies protegidas y amenazadas, en unas instalaciones que, según la investigación, incluían varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.

Los acusados, quienes declararán la próxima semana, en la recta final del juicio, a petición de sus defensas, vendían los ejemplares a través del propietario de una tienda de reptiles de Barcelona.

Durante la vista oral por estos hechos, varios agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado declararon este jueves cómo uno de los acusados estaba “muy nervioso” cuando los funcionarios registraron la finca. “O no entendía o no quería entender”, señaló uno de ellos en referencia al compañero sentimental de la mujer.

En la sesión de este viernes, el encargado de una empresa transportista ha señalado que los acusados recibían “de vez en cuando” palets con ratones congelados, situación que les resultaba “chocante”. El transportista ha explicado que creía que los ratones congelados se pedían para dar de comer a animales, porque había escuchado -aunque no lo sabía con certeza- que “se dedicaban a esta actividad”. A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo ha señalado que nunca transportó animales vivos y que para ello se necesitan “unos permisos especiales”. El encargado ha incidido en que una vez tuvo que “tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero para el que fue necesario un camión grúa”.

También ha declarado como testigo un responsable del centro de conservación animal en el que fueron depositados los animales intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona. “Solo quedan una tortuga y dos salamandras”, ha manifestado, evidenciando que la mayoría de ellos han fallecido.

Una “importante logística”

Junto a dos inspectores de la autoridad administrativa CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), los agentes del Seprona registraron la finca el 27 de junio de 2018. In situ, comprobaron que los propietarios tenían un criadero ilegal de tortugas. “Poseían una importante logística destinada a la cría y reproducción de los ejemplares de tortugas tanto acuáticas, como terrestres y de bosque que poseían así como galápagos, consistiendo dichas instalaciones en varias filas de piscinas de plástico, así como varios terrarios”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía. Los procesados destinaban dos habitaciones de la casa para la ubicación de neveras e incubadoras de huevos y de las crías que iban naciendo. 

En total, se interceptaron 800 tortugas de 71 especies distintas, exclusivamente en ese operativo. Según consta en la investigación, los agentes del Seprona practicaron nuevas entradas y registros en la misma finca los días 2, 4 y 12 de julio de ese año. En estas inspecciones localizaron, entre otros elementos, 119 tortugas hembras que se encontraban en período de ovulación, así como numerosos huevos depositados en incubadoras que los acusados tenían en la vivienda.

Durante estas nuevas actuaciones, los agentes procedieron también a la incautación de diverso material destinado tanto a la alimentación como a la cría y reproducción de los quelonios. El Ministerio Público subraya que, sumando los ejemplares intervenidos en todos los registros y aquellos que nacieron con posterioridad a partir de los huevos decomisados, el número total de especímenes incautados ascendió a 1.063.

Un negocio de medio millón de euros

De acuerdo a la valoración económica recogida en el escrito de acusación, el conjunto de los ejemplares decomisados -cuyo origen y adquisición legal no ha quedado acreditado-, junto con los nacidos en las instalaciones a partir de los huevos incautados, alcanza un valor total de 545.712 euros.

La Fiscalía señala además que todos los animales intervenidos, así como los huevos procedentes de los mismos, fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc (entidad gestora de diversos departamentos encargados de la conservación y recuperación animal y medioambiental). Esta entidad ha ido informando periódicamente, mediante facturas, de los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares. De acuerdo con las actuaciones, el Ministerio de Justicia había abonado hasta mayo de 2021 casi 188.000 euros en concepto de estos gastos, una cantidad que el Ministerio Público reclama ahora a los acusados.

En su escrito, la Fiscalía concluye que los acusados, “con la realización de la actividad desempeñada y atendiendo al volumen de ejemplares, las características de los mismos y las numerosas transacciones realizadas”, pusieron en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.

El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.

Cualquier esperanza de asunción de responsabilidades del rey Juan Carlos I, no ya una disculpa, ha quedado sepultada bajo las 505 páginas de Reconciliación, el sorprendente título de las memorias que el rey emérito ha publicado guiado por la pluma de una escritora francesa. “Errores a nivel personal” es cómo denomina el monarca las polémicas que han emergido en los últimos años sobre su reinado. El emérito no entra a detallar a qué errores se refiere, pero dos investigaciones judiciales, una en España y otra en Suiza, revelaron las actividades delictivas de Juan Carlos I, de cuyo castigo escapó por la interpretación que hizo la Fiscalía respecto de la aplicación de los criterios de inviolabilidad y prescripción. Esta misma semana, en una entrevista a France 2, el monarca ha asegurado que no se arrepiente de nada.

El 2 de marzo de 2022 quedaron arruinadas para siempre las esperanzas de que “el primero de los ciudadanos españoles”, según el mito construido en la Transición, rindiera cuentas ante la justicia por sus desmanes. Ese día la Fiscalía española dio a conocer el decreto de archivo de la investigación que había mantenido durante cuatro años en secreto, a salvo de cualquier fiscalización exterior. 

El Ministerio Público admitía que el emérito pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos que recibió en una fundación llamada Lucum, con una cuenta en Ginebra, pero concluía que la mayoría estaban prescritos y el último de ellos, el de 2011, tampoco podría ser juzgado porque el rey era inviolable hasta su abdicación tres años después.

En esa cuenta en Suiza de la fundación Lucum Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. En contra de la tesis inicial, concluyó la Fiscalía, no se trataba de una comisión por las obras del AVE a La Meca que realizó la empresa española Renfe, sino de “un regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”, rezaba el escrito fiscal. 

En Reconciliación trasciende por primera vez la versión de Juan Carlos I, quien al no resultar imputado ni siquiera tuvo que prestarla ante un juez. Cuenta el monarca que él estaba de visita en Riad en 2009 cuando transitando en coche “por una de esas autopistas anchas y medio vacías” se percató de “una gran carpa con el logo de Siemens y con imágenes de trenes”. Preguntó entonces a un miembro de la familia real saudí, quien le informó de los planes de llevar un tren de alta velocidad a La Meca y mejorar así el flujo de peregrinos. “Pensé inmediatamente en posicionar a España para el proyecto. Ensalcé las virtudes de Talgo y de nuestros trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla y Barcelona”, cuenta el rey emérito.

A continuación, explica Juan Carlos I, llamó al director de Talgo, que le envió abundante documentación por correo electrónico difícil de descargar. “El jefe de Seguridad que me acompañaba (…) pasó la noche descargándolos para imprimirlos”, añade. En una cena con el rey Abdallah, Juan Carlos insistió en las virtudes de los trenes españoles. Con el tiempo, Renfe se haría con el proyecto. 

El ingreso de 100 millones de dólares en la cuenta en Suiza del rey Juan Carlos, jamás declarados a la Hacienda española, se produjo en el verano de 2008, antes del episodio que cuenta el emérito. La Fiscalía resolvió que los delitos fiscales consecuencia de haberle hurtado a Hacienda ese ingreso estaban prescritos. Además, no pudo encontrar “vinculación alguna entre el referido ingreso y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril”. En el caso de que hubiera sido un cohecho, aclaraba la Fiscalía, el rey estaba cubierto por la inviolabilidad tanto en sus actos públicos como privados. 

“Ni siquiera las acusaciones infundadas que han dominado la prensa española disminuirán mi satisfacción por haber participado. Las especulaciones sobre supuestas comisiones han eclipsado un resultado increíble: España se ha proclamado campeona europea de la alta velocidad (…) Después de eso fui objeto de difamación por parte de la prensa y del Gobierno, con declaraciones extravagantes cuyo objetivo era mi ruina”, relata el rey en Reconciliación.

Un regalo de 100 millones

Falta explicar por qué recibió un obsequio de 100 millones de dólares. Aquí el rey emérito regala una explicación de las costumbres árabes que entrelaza con una advertencia velada: “Muchas coronas se benefician de la generosidad de las familias reales árabes, por no hablar de los políticos europeos, lo cual no me exime de responsabilidad, pero sí contextualiza este obsequio. Rechazar un regalo se percibiría como una ofensa”. Ni palabra del engaño a la Hacienda pública española. 

En el libro hay varios pasajes dedicados a lo que se podría llamar “amistades peligrosas”, a las que responsabiliza de parte de sus errores. “Me rodeé de hombres de negocios poco escrupulosos que actuaron en mi nombre, pero sobre todo para su beneficio personal. Se presentaron como mis intermediarios para enriquecerse. Traicionaron mi amistad y mi confianza ciega…”. “Es inútil enumerarlos. Algunos han pagado más que otros, llegando incluso a acabar en prisión”.

Más que inútil resulta una labor ardua: confeccionar la lista de amigos del rey emérito que han tenido problemas con la justicia. Pero quizá ese criterio, el de la entrada en prisión, permita acotar el rastreo o, al menos, ubicar algunos ejemplos. Considerado histórico testaferro del rey, Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal ingresó en prisión el 26 de abril de 2004 por un delito de apropiación indebida en la operación Wardbase. Aquel caso investigó el pago al embajador en 1992 de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras, del que Javier de la Rosa era entonces máximo responsable. Se trataba de una pieza separada del caso KIO. 

Prado y Colón de Carvajal fue uno de los grandes amigos del rey. Apenas se conocerán los negocios de ambos en el pasado, pero el aristócrata y diplomático aparece en una de las tres líneas que abrió la Fiscalía española para luego archivar. En el paraíso fiscal de las Islas del Canal, el consejero del rey Joaquín Romero Maura constituyó un trust con unos fondos iniciales de casi 15 millones de euros, procedentes de la liquidación de otras dos estructuras financieras del mismo tipo que había creado en Jersey anteriormente Prado y Colón de Carvajal.

El testaferro del rey había depositado ese dinero en Jersey por si Juan Carlos I sufría “un golpe de Estado inconstitucional o una situación similar”, según el relato de la Fiscalía. En algún momento, Juan Carlos I trasladó a su amigo que ya no era necesario tener ese fondo de reserva porque el peligro se había desvanecido y que si trascendía su existencia tendría un problema, por lo que el dinero pasó al trust de las Islas del Canal. Aunque Juan Carlos I es el único beneficiario, según la Fiscalía nadie ha utilizado esos fondos desde entonces. 

Zagatka, Lucum y otros nombres exóticos

Juan Carlos I y las fundaciones. Otro nombre que se volvió familiar para los españoles fue Zagatka. El fiscal suizo Yves Bertossa interrogó como testigo a Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, quien había convertido la fundación, constituida en Liechtenstein en 2003, en un “instrumento” para costear durante una década más de ocho millones de euros en vuelos de Juan Carlos I en jet privados. Esos viajes de placer en vuelos chárter —muchos de ellos, en compañía de Corinna Larsen y que se prolongaron hasta 2018— son considerados pagos en especie que el rey nunca declaró a Hacienda y que el monarca regularizó abonando 4,4 millones de euros a la Agencia Tributaria para evitar una nueva investigación penal. 

Las sospechas de posibles irregularidades se remontan casi a la constitución de Zagatka. El primer ingreso relevante en una de sus cuentas, de 1,9 millones, aparece asociado a una supuesta comisión por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en 2003. Alberto Cortina y Alberto Alcocer, amigos del rey, eran sus máximos accionistas cuando se produjo esa venta, con la que lograron unos beneficios de 457 millones. The Telegraph contribuyó a agravar la sospecha con otra información en la que vinculó a Orleans con esta transacción, considerada uno de los grandes pelotazos de la época.

En febrero de 2020 publicó que el aristócrata cobró 39 millones de libras (más de 40 millones de euros) por ejercer como mediador en esa venta. El primo del rey emérito no negó esta información al diario británico, pero sí lo desmintió posteriormente en una entrevista en El País en la que rechazó tener cualquier relación con los empresarios españoles ni con esa supuesta comisión. Los primos Alcocer, los amigos del rey, también fueron condenados por estafa. El Constitucional revirtió esa condena del Supremo por prescripción, pero finalmente tuvieron que pagar 11 millones de euros a los damnificados. 

La tercera pata de la investigación de la Fiscalía fue el dinero que un empresario mexicano estuvo entregando al rey durante años para que este costeara sus gastos y los de su familia a espaldas de Hacienda. En total fueron 516.000 euros procedentes de los bolsillos de Allen Sanginés-Krause. En este caso, la Fiscalía concluyó que “la cuota de cada una de las donaciones fue notablemente inferior a los 120.000 euros” así que, una vez dada por buena la regularización que hizo el monarca, no había delito fiscal. 

El empresario mexicano está imputado desde el pasado año en un juzgado de Barcelona por colaborar presuntamente con un fraude fiscal de 1,3 millones de euros que el magistrado atribuye a un médico de la capital catalana que tiene al rey emérito entre sus pacientes habituales, Manuel Sánchez.

Hay otros “hombres de negocio” que no han tenido problemas con la justicia y que sirvieron bien al monarca. Es paradigmático el caso del misterioso Arturo Fasana, el gestor que manejaba una cartera de clientes españoles con alergia a pagar impuestos. Una cartera a la que llamó 'Soleado', en honor a España, y que tuvo como cliente más destacado, otra vez, al “primero de los españoles”. 

Fasana declaró como testigo en la causa del fiscal suizo Bertossa. Ante él, el gestor contó cómo el monarca, siendo todavía jefe del Estado, le entregó un maletín con 1,7 millones de euros, regalo del sultán de Baréin que debía poner a buen recaudo. Según declaró Fasana al fiscal suizo, la Banca Mirabaud tampoco puso mayores pegas y el dinero acabó en una de sus cuentas. Cuando el fiscal Bertossa preguntó al responsable de la entidad entonces, Yves de Mirabaud, por qué accedió a ingresar ese dinero en metálico sin mayor control, este dijo que su departamento de control conoce desde hace tiempo a Arturo Fasana y confía en él. La causa en Suiza acabó archivada. 

“No soy un hombre de dinero”

En sus memorias, el rey Juan Carlos I de España afirma: “No soy un hombre de dinero, al contrario de lo que algunos dicen”. La investigación en Suiza ofrece un dato que podría rebatir esta afirmación. El rey retiró dinero efectivo de forma habitual entre 2008 y 2012 de la cuenta a nombre de la Fundación Lucum abierta en el banco suizo Mirabaud. Sus retiradas de dinero en ventanilla arrojan una media de 100.000 euros en efectivo. 

elDiario.es desveló en noviembre de 2020 que Anticorrupción mantenía abierta una investigación contra Juan Carlos I por el uso de fondos de procedencia incierta con tarjetas bancarias de los que se habrían beneficiado varios miembros de la familia real. El dinero procedía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Tras la revelación de este periódico, la Fiscalía reconoció las tres líneas de investigación abiertas. Y a eso le siguió que el rey comenzara a pagar a Hacienda para evitar problemas mayores. Las tarjetas opacas, usadas entre 2016 y 2018, supusieron un ingreso de 678.393,72 euros a la Hacienda Pública. El pago se realizó un mes después de la revelación periodística y siempre después de que la Fiscalía le avisara de que estaba siendo investigado. 

El eje de la investigación siempre fue el posible delito fiscal y el Código Penal permite evitar una causa penal por fraude si la regularización ha llegado antes que las diligencias de la Fiscalía. La duda era si los avisos del Ministerio Público, anteriores a los pagos a Hacienda, eran suficiente para interrumpir estos plazos y evitar la impunidad.

Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando su defensa abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó en marzo al juez del caso de corrupción en la Diputación de Almería la intervención de las comunicaciones del entonces presidente de la institución, Javier Aureliano García, según consta en un atestado policial al que ha tenido acceso elDiario.es. Las prórrogas sucesivas constatan que la solicitud fue autorizada, así como la colocación de micrófonos en una cita entre el presidente del PP almeriense y de la Diputación y su número dos en el órgano supramunicipal, el también investigado Fernando Giménez, días después, quien también ha tenido el teléfono intervenido.

Nueve meses después, ambos políticos han sido detenidos en el marco de una causa por corrupción que se inició en 2020 y en cuya primera fase, desarrollada en 2021, había resultado detenido Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.

Pese al secreto de las actuaciones decretado por el magistrado en esta segunda fase de la investigación, los oficios policiales recogen indicios de que Javier Aurelio García, el líder del PP local, se sabía investigado. Cuando los agentes entraron sorpresivamente en su despacho de la Diputación de Almería “numerosa documentación en papel con información obrante en la causa, principalmente conversaciones de Whatsapp extraídas del teléfono móvil de Óscar Liria (grupo denominado Naranjito...), escritos e informes policiales, así como información relacionada con el contrato de material sanitario [con el que se originó la investigación]”.

Pero lo que más llamó la atención a los agentes fue algo encontrado “en el cajón principal de su mesa”: un documento con el encabezado “Ingresos declarados y cobrados en efectivo”. Se da la circunstancia de que uno de los indicios que manejan los investigadores contra el presidente de la Diputación es la cantidad de dinero en efectivo que manejaba, destinado a pagar operaciones inmobiliarias, cuotas de hipoteca o viajes de placer.

Este documento, según describen los propios investigadores, es “una tabla donde se hace un análisis por ejercicio de los fondos que habría manejado [García] en efectivo”. “Aparentemente el interés de esta tabla podría ser el dar soporte a un eventual manejo de dinero en efectivo por parte de Javier Aureliano, de tal manera que podría quedar justificado con dos orígenes: por un lado, ingresos de las rentas obtenidas de alquileres de inmuebles de su propiedad (reflejados en la tabla como pisos) y, por otro, los percibidos por el reparto de beneficios que le correspondería por su participación (25%) en García Molina CB (reflejados en la tabla como FINCA)”, escribe la UCO. García Molina es una sociedad familiar de gestión de las rentas inmobiliarias de los cuatro hermanos.

Esto, respecto a la justificación que preparaba el presidente de la Diputación. Sin embargo, el análisis de los agentes no se queda ahí. La UCO dice que, de su análisis, se evidencia que “al menos dos de los montantes recogidos en esta tabla no habrían sido cobrados en efectivo, en tanto en cuanto se habían localizado en los productos bancarios de Javier Aureliano”. Se trata de un importe de 8.817,46 euros del año 2023 y otro de 11.701,88 del año 2024 y provendrían de la citada sociedad García Molina CB.

El registro en casa de la hermana del ya expresidente de la Diputación permitió el hallazgo de una caja fuerte con dinero en metálico, ubicada en la despensa de la casa. Había 7.260 euros y una nota en tinta roja: “Este dinero es de Javier Aureliano”. Los guardias civiles escriben en su atestado que el detenido declaraba ingresos por rentas de alquiler de varios inmuebles de su propiedad, dos de ellos por transferencia bancaria y otros en efectivo, que explicarían el hallazgo.

Junto a los cinco detenidos hay 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. La mayoría de los investigados se negaron a declarar en sede policial, también los hermanos del expresidente de la Diputación. Con un matiz, después de rechazar contestar a las preguntas de los agentes por la acusación de blanqueo de capitales, la hermana dijo que sí quería “manifestar alguna cosa”. Y entonces, María del Rosario dio una explicación sobre los ingresos en efectivo acerca de que ella recauda los alquileres en metálico desde que su madre falleció en 2019 y que con ellos se paga una hipoteca a nombre de Javier Aureliano o él coge dinero cuando lo necesita.

Ocurrió de forma idéntica con el hermano de Javier Aureliano. Como Rosario, Juan Carlos se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes pero hizo una afirmación voluntaria y espontánea sobre el dinero en efectivo. Como ella, afirmó que aunque los cobros de los alquileres se realicen en metálico todos son declarados a Hacienda. Incluyó en el reparto entre los hermanos la gestión de tres invernaderos. Añadió que él suele entregar dinero en efectivo a sus hermanos procedente de ese negocio y que la parte del expresidente de la Diputación, como ocurría con los alquileres, se la queda su hermana.

Además del dinero en metálico que manejaba el expresidente de la Diputación, el juez considera clave las conversaciones en clave de Javier Aureliano con sus colaboradores, aludiendo al dentista mientras discutían de adjudicaciones. En la adjudicación del contrato de material sanitario que originó la investigación, una vez consumada, el presidente de la Diputación escribió el emoticono de una muela. El juez considera que se trata de un indicio “demoledor”, después de que en otra conversación trasladara a Liria que necesitaba ir al dentista y este le contestara: “Te vas a poder poner la piñata entera”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reunido en estos años una serie de indicios sobre el presidente de la Diputación de Almería y líder del PP en la región, Javier Aureliano García, que motivaron que un juez de la capital almeriense decretara la pasada semana su detención. Entre esos indicios está el descubrimiento por los investigadores de abultados y frecuentes pagos en metálico por parte de García quien, sospecha la UCO, podría tratarse de dinero procedente de mordidas por adjudicaciones de contratos de la institución que presidía.

El informe de la UCO que Javier Aureliano García compró un inmueble con el dinero de una cuenta que se nutría de ingresos en metálico. En total, 19.750 euros en cuotas hipotecarias de una cuenta a nombre de su hermana, María del Rosario, quien está también investigada en el marco de la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

El expresidente de la Diputación también entregó 20.000 euros adicionales por una parcela en la localidad de Rodalquilar a su hermana y a una tercera en abril de 2021. “Resulta llamativo porque se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza don Javier para tales transacciones, siendo que el mismo es un empleado público”, afirma el magistrado Eduardo Martínez Gamero.

La UCO ha rastreado si para pagar las cuotas hipotecarias o la entrega en efectivo, Javier Aurelio García retiró dinero de sus cuentas, pero el resultado ha sido negativo. El exlíder del PP en Almería también se hizo con las participaciones de sus hermanos en una herencia familiar –le correspondía el 25%– y la Guardia Civil destaca el hecho de que no se hayan localizado movimientos bancarios que justifiquen la compra del otro 75%.

Con indicaciones de la Guardia Civil, el juez considera a la hermana de García posible conocedora y colaboradora del presunto delito de blanqueo de capitales, “pues se estaría reincorporando al tráfico dinero cuyo origen podría ser ilícito”, escribe en el auto de entradas, registros y detenciones. Junto a la hermana de García está imputado también otro hermano del expresidente de la Diputación.

De hecho, la UCO sospecha que la familia de Javier Aureliano García era clave para el blanqueamiento del dinero procedente de la corrupción. “Valiéndose de la comunidad de bienes familiar realizarían una serie de operaciones que les permitiesen integran los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal del dinero para poder disfrutar de los mismos”, escribe el juez del caso.

En este sentido, los investigadores describen una operación consistente en vender un garaje propiedad de los cuatro hermanos por 18.875 euros acabando, sin embargo, el monto de la operación integrado en el “patrimonio personal” y exclusivo del expresidente del PP almeriense, a través de una cuenta de la que es único titular.

Otra muestra importante del manejo en efectivo de García son los viajes que realiza a Ibiza y a Madrid en compañía del primer imputado en la causa, el vicepresidente tercero de la Diputación hasta su detención en 2021, Óscar Liria. Viajaron a la capital madrileña y a la isla en 2016 y 2017. “No existen apuntes bancarios en las cuentas tituladas individualmente por los investigados que, además, utilizaban terminología propia del manejo de dinero en efectivo”, según consta en las conversaciones intervenidas, probablemente en el teléfono incautado a Liria al ser arrestado.

Los viajes, muy caros según la Guardia Civil, fueron sufragados en efectivo “en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico ilícito”, recoge el auto.

Se refiere a los 16 contratos públicos que se adjudicó una sociedad, Pulconal, en cuya propiedad participa el empresario que dio origen a la investigación primera, la del contrato de material sanitario en pandemia. En esa sociedad participaría Óscar Liria a través de “terceras personas interpuestas”.

El juicio contra tres acusados de blanquear capitales obtenidos mediante estafa continuada se ha saldado con conformidad, retirando la acusación contra F.J.A. por haber cesado en las funciones administrativas de la sociedad mercantil, mientras que los otros dos, J.B.A. ha aceptado dos años de prisión, y J.A.G. con medio año de cárcel, según ha informado el TSJR.

Además, el primero debe pagar una multa de 5 millones de euros, y el otro 3 millones, ambos por un delito de blanqueo de Capitales. El Fiscal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal concederá la suspensión de la condena si acreditan documentalmente la insolvencia de los dos acusados, tal y como han declarado ante la Sala.

El Ministerio Fiscal pedía un total de ocho años y medio de cárcel y multas que alcanzan los 12 millones de euros para las tres personas, un dinero que uno de ellos había obtenido previamente mediante un delito de estafa continuada.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, existen unos antecedentes, el delito continuado de estafa cometido entre marzo y octubre del año 2005, por el que uno de los tres acusados, J.B.A., había sido ya condenado, pero del que se especifica que “le reportaron unas importantes ganancias provenientes de la actividad delictiva”.

Así, “de manera simultánea a la comisión de los hechos”, el acusado dispuso de 3,17 millones de euros “que había obtenido mediante el engaño”, tras lo que se planteó “la finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero, dificultar su descubrimiento e incorporarlo al tráfico jurídico en condiciones de legalidad aparente”.

Para ello, “aprovechó la articulación mercantil y bancaria de la empresa Nalcon Consulting SL”, en la que “compartía intereses” con los otros dos acusados, J.A.G. y F.J.A., “realizando diversas disposiciones y transferencias de dinero”.

Operaciones, prosigue el escrito de la Fiscalía, llevadas a cabo “sin más causa ni motivo que la pura dispersión del dinero contaminado por ilícito entre diferentes destinatarios, quienes, en ocasiones, le volvían a entregar el dinero que habían recibido”.

La acusación recuerda en su texto el antecedente, el delito continuado de estafa, relatando que el acusado conoció “a través de terceras personas” a M.J.P., quien “ya en ese momento estaba afectada por un trastorno bipolar de la personalidad y por el consumo excesivo de alcohol y tenía la necesidad compulsiva de conseguir dinero para gastarlo en actividades diversas de ocio”.

Así, el acusado J.B.A. “tuvo conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de la madre de M.J.P.” y, “para conseguir un notable beneficio económico”, aprovechando además “el deterioro” de la mujer, le propuso “un plan para hacerse con el dinero” mediante el uso de los inmuebles “para conseguir efectivo con el que financiar supuestos negocios” del acusado, que “no existían, ni pensaba poner en marcha ninguno”.

A ello se sumó que el acusado logró que la mujer consiguiera un apoderamietno general de los bienes de su madre -que padecía una enfermedad neurodegenerativa “que anulaba completamente sus facultades para entender cualquier operación intelectual mínimamente compleja”-, “para luego transmirtirselo a él mismo”.

Una vez en posesión de este poder, J.B.A. llevó adelante una serie de operaciones inmobiliarias, por las que pidió varios préstamos hipotecarios de cantidades elevadas, que nunca se devolvieron. Estos hechos fueron juzgados en el año 2005, y, tras ser declarado culpable, se impuso por ellos una condena a J.B.A, de cuatro años y seis meses de prisión, además de diversas cantidades en concepto de indemnización.

Sobre estos antecedentes, surge el delito que se va a juzgar mañana, con “maniobras concretas de blanqueo de capitales”. En este sentido, la acusación indica que “Nalcon Consulting SL es una sociedad con sede en Madrid dedicada a la consultoría jurídica, económica, financiera, informática, telecomunicaciones, inmobiliaria, de recursos humanos y medioambiental”.

La firma contaba con tres apoderados, los tres ahora acusados -J.B.A., F.J.A. y J.A.G.-. “Bajo el conocimiento común y los intereses mercantiles compartidos, con las capacidades jurídicas otorgadas de los negocios anteriores, J.B.A., en plena comisión del delito -3 de octubre de 2005- por el que luego fue condenado”, abrió dos cuentas corrientes a nombre de Nalcon en una sucursal de una entidad bancaria de Logroño.

Cuentas, continúa el escrito, “con la finalidad de recepcionar y establecer el dinero ilícito obtenido”, y desde donde realizó una serie de movimientos “que no tenían más causa ni finalidad que la distribución de sus ganancias entre personas diferentes, simulando que obedecían a reales y variadas relaciones mercantiles, cuando en realidad no eran más que la manera de articularlas e introducirlas con apariencia de legalidad en el circuito financiero, ocultando su procedencia ilícita”.

De este modo, en una de estas cuentas se señalan dos únicos ingresos por importes de 137.000 euros y 40.000 euros, mientras que hay once reintegros por 80.100 euros, dos emisiones de cheques por casi 43.400 euros, cinco órdenes de movimientos de fondos (transferencias urgentes) por 48.500 euros y cuatro movimientos por un total de 2.000 euros con conceptos señalados a nombre de una persona.

Además, en la segunda cuenta, figura que el acusado J.B.A. recibió nueve cheques “en el momento de la compraventa fraudulenta”, por un total de 2,85 millones de euros. De esta cuenta, posteriormente, se extraerían entre el 3 de octubre -día de su apertura- y el 9 de noviembre de 2005 un total de 2,99 millones de euros.

Según el desglose que se realiza, entre estas extracciones se llevan a cabo diversas transferencias, entre las que aparecen 450.000 euros a dos cuentas de Nalcon, 100.000 euros a otra cuenta “de la que son apoderados los tres acusados”, 350.000 euros a otra cuenta diferente con J.B.A. como único apoderado.

Todos estos hechos son, para la acusación, constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, del que son autores los tres acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

El Ministerio Fiscal pide un total de ocho años y medio de cárcel y multas que alcanzan los 12 millones de euros para tres personas acusadas de un delito de blanqueo de capitales, un dinero que uno de ellos había obtenido previamente mediante un delito de estafa continuada. El juicio está previsto que se celebre este lunes, a partir de las 10,30 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, existen unos antecedentes, el delito continuado de estafa cometido entre marzo y octubre del año 2005, por el que uno de los tres acusados, J.B.A., había sido ya condenado, pero del que se especifica que “le reportaron unas importantes ganancias provenientes de la actividad delictiva”.

Así, “de manera simultánea a la comisión de los hechos”, el acusado dispuso de 3,17 millones de euros “que había obtenido mediante el engaño”, tras lo que se planteó “la finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero, dificultar su descubrimiento e incorporarlo al tráfico jurídico en condiciones de legalidad aparente”.

Para ello, “aprovechó la articulación mercantil y bancaria de la empresa Nalcon Consulting SL”, en la que “compartía intereses” con los otros dos acusados, J.A.G. y F.J.A., “realizando diversas disposiciones y transferencias de dinero”. Operaciones, prosigue el escrito de la Fiscalía, llevadas a cabo “sin más causa ni motivo que la pura dispersión del dinero contaminado por ilícito entre diferentes destinatarios, quienes, en ocasiones, le volvían a entregar el dinero que habían recibido”.

La acusación recuerda en su texto el antecedente, el delito continuado de estafa, relatando que el acusado conoció “a través de terceras personas” a M.J.P., quien “ya en ese momento estaba afectada por un trastorno bipolar de la personalidad y por el consumo excesivo de alcohol y tenía la necesidad compulsiva de conseguir dinero para gastarlo en actividades diversas de ocio”.

Así, el acusado J.B.A. “tuvo conocimiento del importante patrimonio inmobiliario de la madre de M.J.P.” y, “para conseguir un notable beneficio económico”, aprovechando además “el deterioro” de la mujer, le propuso “un plan para hacerse con el dinero” mediante el uso de los inmuebles “para conseguir efectivo con el que financiar supuestos negocios” del acusado, que “no existían, ni pensaba poner en marcha ninguno”.

A ello se sumó que el acusado logró que la mujer consiguiera un apoderamietno general de los bienes de su madre -que padecía una enfermedad neurodegenerativa “que anulaba completamente sus facultades para entender cualquier operación intelectual mínimamente compleja”-, “para luego transmirtirselo a él mismo”.

Una vez en posesión de este poder, J.B.A. llevó adelante una serie de operaciones inmobiliarias, por las que pidió varios préstamos hipotecarios de cantidades elevadas, que nunca se devolvieron. Estos hechos fueron juzgados en el año 2005, y, tras ser declarado culpable, se impuso por ellos una condena a J.B.A, de cuatro años y seis meses de prisión, además de diversas cantidades en concepto de indemnización.

Sobre estos antecedentes, surge el delito que se va a juzgar mañana, con “maniobras concretas de blanqueo de capitales”. En este sentido, la acusación indica que “Nalcon Consulting SL es una sociedad con sede en Madrid dedicada a la consultoría jurídica, económica, financiera, informática, telecomunicaciones, inmobiliaria, de recursos humanos y medioambiental”.

La firma contaba con tres apoderados, los tres ahora acusados -J.B.A., F.J.A. y J.A.G.-. “Bajo el conocimiento común y los intereses mercantiles compartidos, con las capacidades jurídicas otorgadas de los negocios anteriores, J.B.A., en plena comisión del delito -3 de octubre de 2005- por el que luego fue condenado”, abrió dos cuentas corrientes a nombre de Nalcon en una sucursal de una entidad bancaria de Logroño.

Cuentas, continúa el escrito, “con la finalidad de recepcionar y establecer el dinero ilícito obtenido”, y desde donde realizó una serie de movimientos “que no tenían más causa ni finalidad que la distribución de sus ganancias entre personas diferentes, simulando que obedecían a reales y variadas relaciones mercantiles, cuando en realidad no eran más que la manera de articularlas e introducirlas con apariencia de legalidad en el circuito financiero, ocultando su procedencia ilícita”.

De este modo, en una de estas cuentas se señalan dos únicos ingresos por importes de 137.000 euros y 40.000 euros, mientras que hay once reintegros por 80.100 euros, dos emisiones de cheques por casi 43.400 euros, cinco órdenes de movimientos de fondos (transferencias urgentes) por 48.500 euros y cuatro movimientos por un total de 2.000 euros con conceptos señalados a nombre de una persona.

Además, en la segunda cuenta, figura que el acusado J.B.A. recibió nueve cheques “en el momento de la compraventa fraudulenta”, por un total de 2,85 millones de euros. De esta cuenta, posteriormente, se extraerían entre el 3 de octubre -día de su apertura- y el 9 de noviembre de 2005 un total de 2,99 millones de euros.

Según el desglose que se realiza, entre estas extracciones se llevan a cabo diversas transferencias, entre las que aparecen 450.000 euros a dos cuentas de Nalcon, 100.000 euros a otra cuenta “de la que son apoderados los tres acusados”, 350.000 euros a otra cuenta diferente con J.B.A. como único apoderado.

Todos estos hechos son, para la acusación, constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, del que son autores los tres acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Por ello, el fiscal considera que procede imponer a J.B.A. pena de tres años y seis meses de prisión y 5 millones de euros de multa; y a cada uno de los otros dos acusados, F.J.A. y J.A.G., penas de dos años y seis meses de prisión y multas de 3,5 millones de euros. Además, se indica que “procede el comiso de todas las ganancias obtenidas -movimientos financieros por importe de 3,17 millones desde las cuentas de la mercantil- y comiso de la propia empresa Nalcon Consulting SL.