Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a la exalcaldesa de Orihuela y otros tres concejales por una de las piezas del 'caso Brugal'. La Audiencia condena a nueve de las 33 personas que estaban acusadas en la causa matriz de la trama, pieza relativa a las irregularidades en la tramitación de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad de Orihuela, según informa el TSJ en un comunicado.

Esta es la segunda sentencia por esta causa que dicta la misma Sala, después de que la primera, emitida en 2020, fuera revocada por el Tribunal Supremo en 2024, al estimar el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y validar diferentes diligencias de investigación practicadas durante la instrucción como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, que habían sido declaradas nulas inicialmente.

Los nueve condenados ahora son la que fuera alcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente; los concejales de ese periodo Antonio Rodríguez Murcia, Manuel Abadía, Ginés Sánchez ; el interventor accidental del Consistorio entre 1979 y 2005, José Manuel Espinosa; el propietario de las mercantiles Colsur SL y Proambiente SL., Ángel Fenoll; su hijo, Antonio Ángel; y dos colaboradores del empresario: Francisco Javier Bru y Ángel Luis B.P. 

A todos ellos la Sección Séptima de la Audiencia alicantina les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La Sala impone a la exalcaldesa y al concejal sendas penas de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso de normas con un delito de fraude. Manuel Abadía ha sido condenado a una multa y a cinco meses de cárcel por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público y por un delito de revelación de secretos, mientras que el también exedil Ginés Sánchez ha sido condenado a un año de cárcel y a multa por prevaricación en concurso con fraude y cohecho pasivo. Por este último delito se condena igualmente a ocho meses de privación de libertad al interventor. 

Por su parte, la Sala ha impuesto a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Para su hijo, Antonio Ángel, la pena asciende a un año de prisión por cohecho y uso de información privilegiada, mientras que para Francisco Javier Bru se ha fijado en ocho meses por extorsión y prevaricación en concurso con fraude y para Ángel Luis B.P. en cuatro meses por un delito de uso de información privilegiada.

El fallo de la sentencia obliga también a cinco de los nueve condenados a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Orihuela con casi 600.000 euros, así como en la cuantía que fije definitivamente en otro procedimiento judicial un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche. Los 24 encausados restantes, entre ellos el también exalcalde oriolano José Manuel Medina y otros antiguos ediles, han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados.

El juicio oral por la causa original del ‘caso Brugal’ se celebró entre el 5 de marzo y el 19 de diciembre de 2019 a lo largo de 58 sesiones. Los hechos sucedieron entre 2000 y 2008, año este último en que fue adjudicado, en el mes de septiembre, el contrato de basuras por parte de la corporación municipal, gobernada por el PP, a la UTE integrada por Sufi SL, Liasur SL y Gobancast SL, que pasaría a denominarse UTE Orihuela Capital de la Vega Baja.

Los dos magistrados que integran el Tribunal han declarado probado que el Pleno del Ayuntamiento declaró previamente, en noviembre de 2007, desierto el concurso anterior para este servicio. Según la Sala, esa decisión, adoptada por la entonces alcaldesa y sus concejales “fue tomada siendo plenamente conscientes de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública”.

“De esta forma se dio cumplimiento a la ejecución del concierto delictivo alcanzado entre” esos políticos con el empresario, que permitió así al dueño de Colsur SL y Proambiente SL “continuar prestando el servicio de recogida de basura sin contrato que lo amparase”, con lo que causó “un perjuicio patrimonial y reputacional” al Ayuntamiento, precisa el Tribunal. La sentencia, que consta de más de 500 páginas, también detalla cómo se facilitó información reservada sobre los contratos por parte de responsables políticos al principal condenado, Ángel Fenoll, y a sus colaboradores, así como las dádivas realizadas por ese empresario a diferentes concejales como contraprestación, entre las que figuran entregas de dinero en efectivo.

Els camins de l’Audiència Provincial d’Alacant són inescrutables. L’última sentència de la macrocausa de Brugal, la que va absoldre els 13 acusats per presumptament haver- trucat el contracte d’escombraries del Pla Zonal de la Vega Baixa, evidencia que hi ha decisions dels tribunals alacantins que, davant casos similars, apliquen barems diferents, segons la secció que dicte sentència. La secció tercera de l’Audiència alacantina va condemnar l’empresari Enrique Ortiz, condemnat confés també pel finançament il·legal del PP valencià, per regalar a l’exalcaldessa d’Alacant una jaqueta Carolina Herrera, mentre que la secció setena de la mateixa Audiència va absoldre el mateix patró corruptor per regalar viatges en el seu iot privat a l’expresident de la Diputació d’Alacant, José Joaquín Ripoll, i la seua família. En el cas de Ripoll, no va considerar delicte la conducta de tots dos per l’obsequi per “la seua relació d’amistat”, mentre que en la decisió ratificada pel Tribunal Suprem contra Castedo, la coneguda amistat entre empresari i política no va ser prou i va costar a Enrique Ortiz una condemna perquè “excedeix del socialment admés”. I tan amic d’Ortiz era Ripoll com Castedo, segons s’ha vist en els diferents judicis.

La secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant reconeix en la sentència que, “durant la tramitació de l’expedient, el 2008, aprofitant que estavenaven en la fira de Sevilla, Enrique Ortiz va convidar José Joaquín Ripoll i la seua dona juntament amb un altre grup de persones conegudes a prendre alguna cosa en el seu vaixell”. És a dir, l’empresari adjudicador convidava al seu vaixell una de les persones clau en l’adjudicació i la seua família. Però els obsequis no van acabar durant el període d’adjudicació. “Així mateix”, relata la sentència, “entre els dies 6 a 9 d’agost de 2008 Enrique Ortiz i José Joaquín Ripoll van coincidir en l’embarcació Elena, propietat d’Enrique Ortiz en una estada per les illes Balears. A aquesta embarcació, on ja estava la família d’Enrique Ortiz, així com la del seu germà, van acudir Rafael G. i la seua dona i José Joaquín Ripoll amb la dona i les filles”.

L’any següent, les vacacions ja van ser sense Ortiz, però en el seu iot. “Posteriorment, entre els dies 27 a 30 d’agost de 2009, José Joaquín Ripoll i la dona, Rafael G. i la dona i un tercer matrimoni van estar també per les illes Balears en una embarcació propietat d’Enrique Ortiz que aquest els va cedir, i l’única despesa per a Enrique Ortiz va ser el combustible i els amarraments”. Oblida l’Audiència comptabilitzar el cost de llogar una embarcació valorada en milions d’euros que li hauria suposat a l’expresident de la Diputació d’Alacant en altre temps.

Després de relatar els fets provats, el tribunal conclou en la sentència que “no ha quedat acreditat que aquests viatges es feren amb la intenció d’influir en la conducta de José Joaquin R. en la tramitació de l’expedient del Pla Zonal, sinó que les invitacions es feien sobre la base de la relació d’amistat entre les famílies de Ripoll, Ortiz I G.”.

Per contra, el regal de la jaqueta de la marca Carolina Herrera a Castedo va costar a Enrique Ortiz la seua segona condemna ferma. Va ser el Nadal del 2008 (la mateixa d’un primer viatge al Principat d’Andorra), “amb motiu de les relacions establides entre ell, com a empresari urbanístic i una part de les autoritats locals”, segons els fets provats de la sentència confirmada pel TS. El recurs de cassació de la defensa d’Ortiz al·legava que va ser condemnat per un delicte de suborn actiu impropi, a pesar que entre el donant i la destinatària de l’obsequi (i entre les famílies de tots dos) “hi havia una estreta i antiga relació d’amistat”. També sostenia que la jaqueta de Carolina Herrera es va donar en Nadal, però coincidint amb l’aniversari de Sonia Castedo, el 23 de desembre. Ni a la secció tercera ni al Tribunal Suprem els va servir aquesta relació d’amistat entre famílies per a condemnar l’empresari.

Alperi sí que va ser condemnat pels regals

Menys sort amb l’Audiència va tindre l’exalcalde d’Alacant Luis Díaz Alperi, que també en la peça de la macrocausa Brugal va ser condemnat a una pena de multa de 6.000 euros, per delicte de suborn impropi, i Ortiz a una pena de multa de 18.000 euros. La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) va acceptar el recurs de l’exalcalde del PP absolent així Díaz Alperi per prescripció. No obstant això, l’alt tribunal va desestimar el recurs de l’empresari i va confirmar la multa.

La sentència, tal com ja va contar aquest diari, després d’analitzar la prova practicada, conclou que no ha quedat acreditada “l’existència d’un acord entre els acusats per a alterar o manipular els acords del consell, ni que cap dels acusats oferira o acceptara regals tendents a aconseguir una resolució del consorci que els afavorira”.

De la mateixa manera, els magistrats tampoc van trobar proves del fet que els acusats influïren o tractaren d’influir en membres del Consorci de Residus de la Vega Baixa “que els foren beneficiosos” ni que “revelaren dades de l’expedient que causaren cap perjudici al resultat del procediment”.

La cosa més cridanera d’aquesta interpretació de l’amistat és que, un polític que és responsable en un procés d’adjudicació pot rebre obsequis d’un empresari que participe en el concurs i a més acabe guanyant. Et poden pagar caps de setmana en iot o, fins i tot, prestar-te el teu vaixell per al teu gaudi personal. L’amistat ho pot tot.

Los caminos de la Audiencia Provincial de Alicante son inescrutables. La última sentencia de la macrocausa de Brugal, la que absolvió a los 13 acusados por presuntamente haber amañado el contrato de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, evidencia que hay decisiones de los tribunales alicantinos que, ante casos similares, aplican baremos diferentes, según la sección que dicte sentencia. La sección tercera de la Audiencia alicantina condenó al empresario Enrique Ortiz, condenado confeso también por la financiación ilegal del PP valenciano, por regalar a la exalcaldesa de Alicante una chaqueta Carolina Herrera, mientras que la sección séptima de la misma Audiencia absolvió al mismo patrono corruptor por regalar viajes en su yate privado al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a su familia. En el caso de Ripoll no consideró delito la conducta de ambos por la dádiva por “su relación de amistad”, mientras que en el fallo ratificado por el Tribunal Supremo contra Castedo, la conocida amistad entre empresario y política no fue suficiente y le costó a Enrique Ortiz una condena porque “excede de lo socialmente admitido”. Y tan amigo de Ortiz era Ripoll como Castedo, según se ha visto en los distintos juicios.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante reconoce en la sentencia que, “durante la tramitación del expediente, en 2008, aprovechando que se encontraban en la feria de Sevilla, Enrique Ortiz invitó a José Joaquín Ripoll y esposa junto a otro grupo de personas conocidas a tomar algo en su barco”. Es decir, el empresario adjudicador invitaba a su barco a una de las personas clave en la adjudicación y a su familia. Pero las dádivas no acabaron durante el período de adjudicación. “Asimismo”, relata la sentencia, “entre los días 6 a 9 de agosto de 2008 Enrique Ortiz y José Joaquín Ripoll coincidieron en la embarcación Elena, propiedad de Enrique Ortiz en una estancia por las Islas Baleares. A dicha embarcación, donde ya se encontraba la familia de Enrique Ortiz, así como la de su hermano, acudieron Rafael G. y esposa y José Joaquín Ripoll con su esposa e hijas”.

El año siguiente, las vacaciones ya fueron sin Ortiz, pero en su yate. “Posteriormente, entre los días 27 a 30 de agosto de 2009, José Joaquín Ripoll y esposa, Rafael G. y esposa y un tercer matrimonio, estuvieron también por las islas Baleares en una embarcación propiedad de Enrique Ortiuz que este les cedió, siendo el único gasto para Enrique Ortiz el combustible y los amarres”. Olvida la Audiencia contabilizar el coste de alquilar una embarcación valorada en millones de euros que le hubiera supuesto al otrora expresidente de la Diputación de Alicante.

Tras relatar los hechos probados, el tribunal concluye en la sentencia que “no ha quedado acreditado que estos viajes, se realizaran con la intención de influir en la conducta de José Joaquin R. en la tramitación del expediente del Plan Zonal, sino que las invitaciones se realizaban en base a la relación de amistad entre las familias de Ripoll, Ortiz Y G.”.

Por el contrario, el regalo de la chaqueta de la marca Carolina Herrera a Castedo le costó a Enrique Ortiz su segunda condena firme. Fue en la navidad de 2008 (la misma de un primer viaje al Principado de Andorra), “con motivo de las relaciones establecidas entre él, en su calidad de empresario urbanístico y una parte de las autoridades locales”, según los hechos probados de la sentencia confirmada por el TS. El recurso de casación de la defensa de Ortiz alegaba que fue condenado por un delito de cohecho activo impropio a pesar de que entre el donante y la destinataria de la dádiva (y entre las familias de ambos) “existía una estrecha y antigua relación de amistad”. También sostenía que la chaqueta de Carolina Herrera se entregó en navidad pero coincidiendo con el cumpleaños de Sonia Castedo, el 23 de diciembre. Ni a la sección tercera ni al Tribunal Supremo les sirvió esa relación de amistad entre familias para condenar al empresario.

Alperi sí que fue condenado por los regalos

Menos suerte con la Audiencia tuvo el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, quien también en la pieza de la macrocausa Brugal fue condenado a una pena de multa de 6.000 euros, por delito de cohecho impropio, y Ortiz a una pena de multa de 18.000 euros. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) aceptó el recurso del exalcalde del PP absolviendo así a Díaz Alperi por prescripción. Sin embargo, el alto tribunal desestimó el recurso del empresario y confirmó la multa.

La sentencia, tal y como ya contó este periódico, tras analizar la prueba practicada, concluye que no ha quedado acreditada “la existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los acuerdos del consejo, ni que ninguno de los acusados ofreciere o aceptase regalos tendentes a conseguir una resolución del consorcio que les favoreciere”.

Del mismo modo, los magistrados tampoco encontraron pruebas de que los acusados influyeran o trataran de influir en miembros del Consorcio de Residuos de la Vega Baja “que les fueran beneficiosos” ni que “revelasen datos del expediente que causaren perjuicio alguno al resultado del procedimiento”.

Lo llamativo de esta interpretación de la amistad es que, un político que es responsable en un proceso de adjudicación puede recibir dádivas de un empresario que participe en el concurso y encima acabe ganando. Te pueden pagar fines de semana en yate o, incluso, prestarte tu barco para tu disfrute personal. La amistad lo puede todo.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha absuelto a los 13 acusados en la pieza separada del denominado ‘Caso Brugal’ donde se juzgaban presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación, en 2008, del Plan de Residuos de la Zona XVII, correspondiente a la comarca de la Vega Baja.

Entre los encausados absueltos figuran el que fuera presidente de la Diputación alicantina José Joaquín Ripoll o la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, junto a empresarios y técnicos de la corporación provincial. El juicio por estos hechos se celebró entre el 2 de noviembre de 2021 y el 22 de junio de 2022 a lo largo de 42 sesiones diarias.

En la sentencia hecha pública este martes, el Tribunal, tras analizar la prueba practicada, ha concluido que no ha quedado acreditada “la existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los acuerdos del consejo, ni que ninguno de los acusados ofreciere o aceptase regalos tendentes a conseguir una resolución del consorcio que les favoreciere”.

Del mismo modo, los magistrados tampoco encuentran pruebas de que los acusados influyeran o trataran de influir en miembros del Consorcio de Residuos de la Vega Baja “que les fueran beneficiosos” ni que “revelasen datos del expediente que causaren perjuicio alguno al resultado del procedimiento”.

Por tanto, absuelve a todos los encausados de los delitos que les atribuía el Ministerio Fiscal: cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y fraude.

Desestimadas las peticiones de nulidad

La Sala desestima las peticiones de nulidad de diferentes diligencias de prueba practicadas y resoluciones dictadas durante la instrucción de la causa, como registros domiciliarios, las intervenciones telefónicas o la incorporación de las grabaciones realizadas por uno de los acusados, el empresario Ángel Fenoll, que dieron origen a la investigación.

Cita, en este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de julio de este año, que valida esas pruebas en el marco del recurso de casación por otra pieza del caso Brugal, la relativa a la contrata de recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Orihuela.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que los acusados se habían confabulado para amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y la ubicación de la planta de tratamiento de residuos a través de un acuerdo entre dos empresarios, Enrique Ortiz y el citado Ángel Fenoll, a cambio en algunos casos de diferentes dádivas.

No obstante, el Tribunal considera que todas las decisiones adoptadas por la comisión y la junta de gobierno del Consorcio de Residuos creado por la Diputación de Alicante para tramitar el contrato “fueron colegiadas” y sus miembros “votaron libremente”.

Los magistrados tampoco entienden probado que los viajes a la feria de Sevilla o a las Islas Baleares en un yate de Enrique Ortiz de los que disfrutaron junto a otras personas José Joaquín Ripoll y su esposa entre 2008 y 2009 se realizaran “con la intención de influir en la conducta” del entonces presidente de la Diputación.

Por otro lado, respecto al cambio de ubicación para la instalación del vertedero, la Sección Séptima de la Audiencia señala que fue motivada “por la respuesta social” y el Consorcio lo aprobó por mayoría “en aras del interés general”, ya que era la mejor oferta y no supuso “un aumento en el canon” a pagar por la Administración ni, “consecuentemente, un perjuicio para el erario público”.

La sentencia, que consta de 258 páginas, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El 'caso Gürtel' supone un lastre y una auténtica maldición para el PP. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante que tumbó las escuchas telefónicas del 'caso Brugal' y propició la absolución de 34 procesados, entre ellos los exalcaldes populares de Orihuela (Alicante) Mónica Lorente y José Manuel Medina. Y lo ha hecho en una sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Ana María Ferrer, que se escuda en la jurisprudencia del 'caso Gürtel' y, en concreto, aludiendo al aval por parte del alto tribunal de las grabaciones del exedil José Luís Peñas que propiciaron las pesquisas por las que el PP, en última instancia, fue condenado en 2020 por lucrarse de la trama corrupta.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, dictada poco antes del histórico fallo del 'caso Gürtel', declaró la “ilicitud” de las intervenciones telefónicas y de las pruebas documentales de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al contrato de basuras de Orihuela, “al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”.

La causa nació originalmente gracias a las grabaciones que, en septiembre de 2005, el empresario Ángel Fenoll hizo de sus conversaciones con Jesús Fernández Peñalver, entonces concejal en el Ayuntamiento de Orihuela, de las que se deducía que el contrato municipal de las basuras —con un precio de licitación de 8,5 millones de euros durante una década— estaba amañado mediante el pago de comisiones. Ni corto ni perezoso, Fenoll entregó las grabaciones a la Fiscalía Anticorrupción, destapando de paso la caja de los truenos de lo que sería la macrocausa del 'caso Brugal', con múltiples piezas separadas. De hecho, recientemente, la misma Sala de lo Penal del TS condenó al empresario Enrique Ortiz —financiador confeso del PP y autodenominado “la polla insaciable” del urbanismo de Alicante— en el marco de la pieza separada relativa a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La macrocausa de 'Brugal' empezó hace casi dos décadas. El 30 de noviembre de 2006, el fiscal Felipe Briones abrió diligencias de investigación. Un detective privado contratado por Ángel Fenoll confirmó que, “a distancia y en el ejercicio de su profesión”, registró en video la escena mientas su cliente grababa la conversación con el edil con un dispositivo que “alojaba en su ropa”. El juez instructor dictó un auto el 8 de marzo de 2007 que autorizaba la primera tanda de escuchas telefónicas.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia de Alicante declaró la “nulidad radical” de las escuchas al cuestionar el “interés legítimo” de Fenoll para captar grabaciones “subrepticias” de sus conversaciones con el concejal de Orihuela. Por el contrario, el TS alega la “consolidada doctrina sobre la validez constitucional de las grabaciones de una conversación cuando son obtenidas por alguno de sus interlocutores, aunque la captación se haya efectuado de manera subrepticia”.

El alto tribunal cita siete páginas de su sentencia, del 14 de octubre de 2020, sobre el 'caso Gürtel', en la que avala las grabaciones de José Luis Peñas y que “condensa” la doctrina de la Sala de lo Penal del TS sobre la cuestión. La utilización de la grabación de Peñas se puede considerar “inapropiada o cuestionada éticamente” pero “no supone una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones”. Hay que tener en cuenta que la sentencia de la Audiencia de Alicante del 'caso Brugal' fue dictada el 3 de junio de 2020, apenas tres meses antes del fallo sobre 'Gürtel' al que alude el Supremo.

Las reuniones con Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, “fueron libres y espontáneas” y la decisión de Peñas de grabarlas, abunda el TS, “no fue provocada por la Policía u otra institución pública de investigación, por lo que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derechos a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante basó su decisión de anular las escuchas en la “falta de originalidad” de las grabaciones aportadas a Anticorrupción por Fenoll (eran copias). Aunque no concluyó que los audios estaban manipulados, la sentencia absolutoria enfatizaba que se trataba de “cintas editadas” que no fueron objeto de un análisis pericial. También adjudicó al empresario la finalidad de “engañar y dañar” al aportar los audios.

Por el contrario, el TS no ve “ningún inconveniente” desde la óptica constitucional en el hecho de que las grabaciones se obtuvieran de manera subrepticia por uno de los intervinientes en la conversación. “No se aprecia compromiso de derecho fundamental alguno”, afirma tajante el fallo, que recuerda que el Tribunal Constitucional exige “indicios racionales” o “sospechas fundadas” de cara al procesamiento y excluye las investigaciones “meramente prospectivas”.

“En este caso, la legitimidad constitucional de las grabaciones que nos ocupan queda fuera de duda. Ningún derecho fundamental se vio afectado por su obtención y aportación a la Fiscalía, por lo que la nulidad acordada carece de sustento”, afirma el TS en un sucinto párrafo que tumba de plano la absolución de los 34 procesados.

Anticorrupción “realizó comprobaciones razonables”

La sentencia recuerda que la Fiscalía Anticorrupción “realizó comprobaciones razonables” para confirmar la “solvencia del hallazgo” y Fenoll admitió su autoría. Las grabaciones, añade, aportaban “sólidos indicios” de la supuesta actividad criminal que Anticorrupción pretendía investigar. Además, también considera que el hecho de que no se aportaran las grabaciones originales y que los audios en manos del fiscal estuvieran editados no implica necesariamente una manipulación, un extremo que ni siquiera la sentencia absolutoria “afirma tajantemente”.

Sobre las razones del empresario para aportar tan comprometedoras grabaciones, el TS sostiene que “no parece razonable excluir el interés empresarial que el mismo adujo como detonante de su actuación”, de cara a “perpetuar” la adjudicación que sus empresas obtuvieron del Ayuntamiento de Orihuela.

El TS avala varios de los autos que autorizaron las escuchas telefónicas a Fenoll, además de sus respectivas prórrogas, por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Alicante. Las resoluciones, según estima el alto tribunal, contaban con “suficiente motivación y justificación” y exponían los hechos y presuntos delitos investigados, además de los indicios más relevantes.

La sentencia, por otro lado, también descarta la nulidad de los registros practicados —“carece de asidero”, afirma— y de la obtención por parte de los investigadores policiales de los números asociados a las tarjetas prepago a partir de información suministrada por operadores de servicios de comunicaciones.

Mientras que la Audiencia Provincial de Alicante consideraba que la Policía no contaba con la preceptiva autorización judicial para obtener esos números de teléfono (siendo, por tanto, una actuación supuestamente ilegal), el TS concluye que ese “simple dato” no interfiere en el secreto de las comunicaciones. “Simplemente se trata de un dato desvinculado de los procesos de comunicación, y esa es la clave”, indica el fallo.

En definitiva, el Supremo estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, retrotrayendo las actuaciones al momento de la deliberación y redacción del fallo, para que el mismo tribunal (la sección séptima) proceda, esta vez analizando la totalidad de la prueba (incluyendo las demoledoras escuchas telefónicas) y con “libertad de criterio”, a dictar el pronunciamiento “que estime adecuado”.

Els tribunals d'Alacant han de repetir la sentència sobre el 'cas Brugal' de corrupció lligada al Partit Popular a Oriola però amb un canvi fonamental: les escoltes telefòniques que van fonamentar la investigació no es poden considerar nul·les. El Tribunal Suprem ha estimat el recurs de la Fiscalia i ha ordenat repetir la sentència, anul·lant la resolució que va absoldre 34 acusats per irregularitats en l'adjudicació del contracte de recollida de fem a la ciutat alacantina d'Oriola.

El cas va acabar en absolució després que l'Audiència d'Alacant determinara que les escoltes fetes a través del sistema SITEL van ser nul·les. El Suprem retrau ara que aquesta autenticitat “es va qüestionar de manera extemporània, sense que es practiquara una prova que desvirtuara la presumpció d'autenticitat dels enregistraments”. Entre els acusats hi havia els exalcaldes del PP Mónica Lorente i José Manuel Medina, així com l'empresari Ángel Fenoll, al qual la Fiscalia atribuïa la màxima responsabilitat. Lorente va protagonitzar el juny del 2022 la inauguració de la seu del PP juntament amb Carlos Mazón, actual president de la Generalitat.

L'Audiència d'Alacant va signar el 2020 l'absolució dels 34 encausats en una de les 17 peces separades que formen el 'cas Brugal' de corrupció a la província d'Alacant. En aquest cas, que gira al voltant de l'adjudicació irregular del contracte de recollida de fem per part del consistori d'Oriola, la Fiscalia va arribar a demanar fins a 12 anys de presó per a l'exalcalde pel PP, José Manuel Medina. Fins a 15 dels acusats van tindre al seu moment la condició d'autoritat o de funcionari públic, incloent-hi dos alcaldes i set regidors de la localitat.

L'absolució va arribar després que els jutges alacantins decretaren que la prova clau del cas era nul·la: les escoltes telefòniques als acusats. Començant pels enregistraments que l'empresari Fenoll va lliurar i seguint per les punxades telefòniques acordades per la Justícia ja el 2008, cosa que segons l'Audiència d'Alacant van vulnerar els drets fonamentals dels processats.

Ara és el Tribunal Suprem el que ordena repetir aquesta sentència però en un escenari diferent al donar validesa a les escoltes telefòniques. “Es declaren vàlides les intervencions telefòniques acordades a la causa des del seu origen i els registres que la sentència recorreguda va considerar nuls”, explica el Suprem. Els jutges de la Sala Penal no consideren que els polítics encausats “patiren indefensió”. No obstant, sí que es va vulnerar el dret de l'acusació pública a la tutela judicial efectiva en excloure aquests enregistraments del cas.

El judici no s'haurà de repetir i els acusats no hauran de tornar a la banqueta perquè el Suprem ha ordenat al mateix tribunal repetir la sentència. “És cert que ha transcorregut molt de temps”, reconeix el Suprem, però els enregistraments del judici i l'“abundant suport documental” ajudaran, diu, a pal·liar “els efectes del voltant”.

Los tribunales de Alicante tendrán que repetir la sentencia sobre el 'caso Brugal' de corrupción ligada al Partido Popular en Orihuela pero con un cambio fundamental: las escuchas telefónicas que cimentaron la investigación no pueden considerarse nulas. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado repetir la sentencia, anulando la resolución que absolvió a 34 acusados por irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la ciudad alicantina de Orihuela.

El caso terminó en absolución después de que la Audiencia de Alicante determinara que las escuchas hechas a través del sistema SITEL fueron nulas. El Supremo reprocha ahora que esta autenticidad “se cuestionó de manera extemporánea, sin que se practicara una prueba que desvirtuara la presunción de autenticidad de las grabaciones”. Entre los acusados estaban los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, así como el empresario Ángel Fenoll, a quien la Fiscalía atribuía la máxima responsabilidad. Lorente protagonizó en junio de 2022 la inauguración de la sede del PP junto con Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat.

La Audiencia de Alicante firmó en 2020 la absolución de los 34 encausados en una de las 17 piezas separadas que forman el 'caso Brugal' de corrupción en la provincia de Alicante. En este caso, que gira en torno a la adjudicación irregular del contrato de recogida de basuras por parte del consistorio de Orihuela, la Fiscalía llegó a pedir hasta 12 años de cárcel para el exalcalde por el PP, José Manuel Medina. Hasta 15 de los acusados tuvieron en su momento la condición de autoridad o de funcionario público, incluyendo dos alcaldes y siete concejales de la localidad.

La absolución llegó después de que los jueces alicantinos decretaran que la prueba clave del caso era nula: las escuchas telefónicas a los acusados. Empezando por las grabaciones que el empresario Fenoll entregó y siguiendo por los pinchazos telefónicos acordados por la Justicia ya en 2008, lo que según la Audiencia de Alicante vulneraron los derechos fundamentales de los procesados.

Ahora es el Tribunal Supremo el que ordena repetir esta sentencia pero en un escenario distinto al dar validez a las escuchas telefónicas. “Se declaran válidas las intervenciones telefónicas acordadas en la causa desde su origen y los registros que la sentencia recurrida consideró nulos”, explica el Supremo. Los jueces de la Sala de lo Penal no consideran que los políticos encausados “sufrieran indefensión”. Sin embargo, sí se vulneró el derecho de la acusación pública a la tutela judicial efectiva al excluir estas grabaciones del caso.

El juicio no tendrá que repetirse y los acusados no tendrán que volver al banquillo porque el Supremo ha ordenado al mismo tribunal repetir la sentencia. “Es cierto que ha transcurrido mucho tiempo”, reconoce el Supremo, pero las grabaciones del juicio y el “abundante soporte documental” ayudarán, dice, a paliar “los efectos de la inmediación”.

El empresario Ángel Fenoll, uno de los principales protagonistas del 'caso Brugal', ha sido condenado en una de las 20 piezas separadas de la marcocausa de corrupción. Fenoll, absuelto en la pieza de la basura en Orihuela al haberse anulado las grabaciones que él mismo hizo, se conchabó en otra localidad de la costa alicantina para untar a base de comisiones al exalcalde de Calp, el popular Javier Morató, y dos exediles y establecer un servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos sin ningún control. Los 120 millones de pesetas en comisiones incluso sirvieron para financiar al equipo de fútbol local. Como la facturación se quedaba corta para abonar las mordidas incluyeron el tratamiento de las algas de las playas de Calp.

El servicio de las basuras de la localidad, puesto en marcha el 1 de enero de 1999 por un periodo de 25 años, fijó el precio por tonelada de residuos tratados en 4.972 pesetas. Antes de la firma del contrato, según el apartado de actos probados de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, el exalcalde Javier Morató y los exediles Fernando Penella y Juan Roselló “se propusieron obtener un beneficio ilícito”.

Los cargos municipales del PP se pusieron en contacto con el empresario Ángel Fenoll, a través del cuñado del exedil Juan Roselló, y le pidieron que “les entregase dinero” para que el Ayuntamiento de Calp adjudicara a su firma Colsur (en la actualidad Sirem SL) la concesión y “la posterior agilización de los trámites para el inicio del servicio”. La jugada consistía en dejar de controlar el monto de las cantidades facturadas por la empresa de Fenoll sin comprobar que que correspondieran con los servicios realmente prestados.

La sentencia cifra en 100 millones de pesetas (601.012 euros) la principal mordida “para retribuir” a Morató, Panella y Roselló, además de a “otras personas no identificadas”. Adicionalmente, los condenados obtuvieron 20 millones de pesetas (120.202 euros) destinados al Calp Club de Fútbol. Francisco Artacho, condenado a dos años de cárcel y diez años de inhabilitación como cooperador necesario del delito de cohecho e inductor del delito de prevaricación, cobró al menos cuatro millones de pesetas (24.040 euros) por sus “servicios de intermediación”.

Las mordidas —abonadas en “varios plazos”— ascendieron en total a 745.254 euros, sin que el fallo haya podido acreditar las cantidades concretas cobradas por cada uno de los cargos municipales del PP condenados. Unos meses después de la firma de la concesión, la trama tuvo un grave problema. La facturación “no resultaba suficiente para hacer frente a las cantidades que se comprometió a pagar” Ángel Fenoll.

Hincharon las comisiones con el tratamiento de algas

Así, se planteó ampliar las toneladas de residuos que entraban en la planta del empresario en Abanilla, situada estratégicamente justo en el límite entre la Comunitat Valenciana y Murcia, mediante la inclusión de la recogida y tratamiento de las algas que quedaran depositadas por la acción de la naturaleza en las playas del municipio.

La ampliación del contrato se hizo “sin cumplir trámites exigidos legalmente”. El entonces alcalde propuso la ampliación a la Comisión de Gobierno, una propuesta acordada verbalmente, “sin solicitar informe técnico al ingeniero municipal ni a ningún otro técnico del ayuntamiento” y sin que se acreditara el interés público ni la necesidad.

El exalcalde y los dos exediles aprobaron las certificaciones de la facturación de recogida de algas “siendo conscientes de la ilegalidad” de la ampliación del contrato y a pesar de los “elevados costes económicos” que suponía para el consistorio.

Dos años de cárcel y 100.000 euros de multa para Fenoll

La sentencia, que no es firme, impone una multa de 360.610 euros para Morató, Panella y Roselló, además de sendas penas de dos años, seis meses y un día de prisión, así como 13 años de inhabilitación especial como autores de un delito continuado de cohecho, un delito de prevaricación y un delito de fraude a la Administración.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante también impone una multa de 100.000 euros al empresario Ángel Fenoll, además de una pena de dos años y un día de cárcel, a ocho años de inhabilitación como autor del delito continuado de cohecho, inductor del delito de prevaricación y cooperador necesario del delito de fraude.

La sentencia condena a Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, a dos años de cárcel y diez de inhabilitación como cooperador necesario del delito de cohecho e inductor del delito de prevaricación.

Los otros tres acusados (la mujer de Juan Roselló, Amparo Femenía; el exdirector de la concesión del servicio, Juan Cervantes, y el hijo del empresario condenado, Antonio Ángel Fenoll) han resultado absueltos por falta de pruebas de los delitos que les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en esta causa. El fallo establece que no consta que el hijo del empresario realizara funciones de administrador de la firma “ni que tomara decisiones relevantes”.

La Audiencia de Alicante juzgará a partir del próximo 30 de junio a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz -que en su día reconoció en la Audiencia Nacional haber financiado irregularmente al PP valenciano-, quien también se sentará en el banquillo de los acusados.

Se trata de la causa derivada de una de las veinte líneas de investigación que se destaparon en el llamado 'caso Brugal', a partir de las anomalías en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio alicantino de Orihuela.

Junto a Díaz Alperi, Castedo y Ortiz, también se sentarán en el banquillo de los acusados un hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo; el socio de este en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez, y el empresario ilicitano Ramón Salvador. La relación de procesados se completa, además, con tres empleados o directivos de las empresas de Ortiz.

Los nueve acusados serán juzgados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en función del distinto grado de participación que pudieron tener en los hechos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2008 y 2010, los dos expolíticos recibieron presuntamente diversas dádivas por parte del conocido constructor a cambio de facilitarle información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la capital alicantina cuando esos datos todavía no eran públicos.

El acusador público solicita inicialmente sendas penas de 10 años de prisión para Díaz Alperi y Castedo como presuntos autores de los delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso de Ortiz, pide una condena de 8 años de privación de libertad por un delito continuado tráfico de influencias y cohecho.

En un auto fechado el pasado 23 de diciembre, la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante fija el inicio de la vista oral para el 30 de junio de 2020 con el propósito de que en esa fecha las partes del proceso puedan plantear las cuestiones previas que estimen oportunas.

Después se ha previsto una segunda sesión para el 7 de julio en la que, previsiblemente, podrían resolverse las peticiones que pudiesen haberse formulado.

Tras esa jornada, el juicio quedará aplazado hasta el 23 de septiembre, cuando se retomará el resto de sesiones hasta la conclusión del juicio, prevista para el 12 de noviembre.

Las declaraciones de los acusados se han previsto para los días 23, 24 y 29 de septiembre.

A sus comparecencias le seguirán a partir del 30 de septiembre las de alrededor de cincuenta testigos.

El juez responsable de las diligencias, Manrique Tejada, dictó el auto de apertura de juicio contra los nueve procesados en febrero de 2018, tras una instrucción de casi ocho años en las que se registraron múltiples recursos por parte de las defensas.

Los recursos se han mantenido después de que la causa llegase a la Audiencia Provincial, cuando se produjo la recusación de los magistrados que formarán parte del tribunal juzgador, con el argumento de que prácticamente todos ellos habían participado en la resolución de algunos de esos recursos previos.

A juicio de las defensas de los procesados, esa circunstancia pudo haber propiciado que perdiesen la imparcialidad necesaria para enjuiciar los hechos.

El supuesto amaño del urbanismo de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz sentará en el banquillo a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP, por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter, ha informado de que el juez encargado del procedimiento ha abierto juicio oral.

Junto a Díaz Alperi y Castedo, también serán juzgados por cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos el empresario Enrique Ortiz, uno de los que han confesado en el juicio del caso GÚrtel haber financiado ilegalmente al PP valenciano, y otras seis personas más.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.

Revalorizaciones de hasta el 4.600% es lo que conseguía el constructor Enrique Ortiz con el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante de 2010. Esto suponía un pelotazo de 42,1 millones, al pasar el valor del total de sus 31 parcelas de 8.407.677,69 a 50.508.589,36 millones, según el informe municipal solicitado por el Juzgado de Instrucción n.5 de la capital que investiga el caso 'Brugal'.

De este modo tanto la última alcaldesa de la ciudad del PP, Sonia Castedo, como su antecesor, Luis Díaz Alperi, habrían beneficiado quintuplicando el valor de los terrenos de Ortiz, empresario que reconoció ante el juez haber financiado ilegalmente al PP. No obstante este PGOU al final no se llevó a cabo y las sospechas han acabado con la imputación de ambos exalcaldes.

El plan diseñado por el equipo de gobierno del PP recalificaba los terrenos rústicos no urbanizables del constructor, que en el PGOU de 1987 tenían un valor de 8,4 millones, a ser urbanizables y disparar su valor hasta los 50,5 millones, en el plan diseñado en 2010.

En total Enrique Ortiz tenía 31 parcelas en diferentes zonas que disparaban su valor. Las que porcentualmente más se revalorizaban eran las parcelas de la Lomas del Garbinet, con una revalorización del 4.600%, pasando de valer 87.439,39 euros a 4.036.025,73 euros. Estas estaban seguidas por las de Fontcalent, que llegaban al 2.000% pasando de valer 1.396.213,44 euros a 24.251.436,27 euros. Mas 'discreto' era el encarecimiento de los terrenos de la Condomina que aún así triplicaba su valor, pasando de valer 6.723.684 euros a 21.325.624 euros. Por último las del Saladar crecían de valor pasando de 200.300,88 euros a 808.023,99 euros. Las parcelas del Fondo de Piqueres no estan valoradas en el informe con ninguna cantidad ni ningún incremento.

Pese a librarse recientemente del caso Rabasa, en el que se acusaba a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) de arreglar el Plan General Urbanístico (PGOU) de la ciudad para que Ikea se asentara en terrenos del constructor Enrique Ortiz, la justicia vuelve a reclamar a Castedo que se siente en el banquillo. Será otra vez a razón del PGOU, otra vez por favorecer a Ortiz y también acompañada por su antecesor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi.

Según adelanta el diario El Mundo, el juez instructor del caso Brugal, Manrique Tejada, apunta que tanto Castedo como Díaz Alperi y Ortiz habrían utilizado el PGOU de Alicante para enriquecer al constructor, empresario que a cambio financiaba al PP, según confesó, y daba regalos a los políticos benefactores, reconocidos por ellos mismos.

Las acusaciones son por cohecho, tráfico de influencia y por revelación de información privilegiada de cuando Díaz Alperi y Castedo eran alcaldes (y cuando la segunda fue edil de urbanismo del primero), por haber favorecido a Ortiz.

Un caso de ida y vuelta

El caso Brugal empezó a instruirse en 2010 en el Juzgado n.5 de Alicante, pero después de que Tejada informara de que detectaba indicios de delito en el papel de Castedo y Díaz Alperi, fue el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) el que asumió el caso en septiembre 2012 por la condición de aforados de ambos al ser diputados del PP en las Corts.

Desde entonces el nuevo magistrado encargado fue Juan Climent que siguió las tesis del juez instructor de Alicante y acabó imputado a los ex alcaldes de la ciudad. Pero en abril de 2014 Díaz Alperi renunció a su acta de diputado autonómico -argumentando problemas de salud-, gesto que repitió Castedo semanas después. Consecuencia: los tiempos del juicio se dilataban porque el caso tenía que volver a Alicante.

Ahora, casi siete años después del inicio de la instrucción del caso -y casi tres desde que volviera a Alicante- el magistrado llama a los principales encausados que deberán responder de sus prácticas urbanísticas en el consistorio.

Un tribunal ha archivado la investigación por supuesta corrupción en torno al denominado Plan Rabasa, en el que figuraban como investigados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz, entre otros. Las autoridades no han podido apreciar indicios de delito.

Esta era una de las dos piezas del caso Brugal, en el que figuraba como investigada (antes imputada) Castedo. La exalcaldesa sigue en esa condición en la rama que investiga las supuestas irregularidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde también figura como encausado su antecesor en la alcaldía, el popular Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz.

Fuentes judiciales han informado de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado así el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de sobreseimiento de la causa, decretado en mayo pasado por el juez César Martínez.

El magistrado consideró entonces que este plan urbanístico (Rabasa), que preveía la construcción de unas 13.000 viviendas junto a una futura área comercial donde se implantaría la multinacional sueca del mueble Ikea, no constituía en sí mismo “una actividad delictiva”.

Por consiguiente, según el responsable del juzgado de Instrucción 6 de Alicante, las gestiones encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no podían “ser definidas al inicio como una trama”.

En esta investigación llegaron a declarar Castedo, Ortiz y varios técnicos municipales por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Consulta aquí más noticias de Alicante.

Ante el cierre en falso del 'caso Rabassa' por parte del juez César Martínez sin esperar a terminar la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción ha reaccionado. El fiscal Felipe Briones ha presentado un recurso en el que reclama la reapertura de la causa judicial que investiga el presunto 'pelotazo' del empresario Enrique Ortiz en los terrenos de la zona de Rabassa (Alicante) con la construcción de un megaproyecto urbanístico y después con la instalación de un complejo de ocio con la firma de muebles Ikea como estandarte.

El ministerio público recurre la decisión adoptada hace unas semanas por el juez Martínez, y le acusa en su escrito de “extralimitarse” al dar carpetazo a la investigación sin esperar a los informes policiales pendientes. En ellos, se desentrañaba, entre otras cosas, el suculento negocio de 7,5 millones de euros que, según los pinchazos policiales, le ofreció la técnico de urbanismo Isabel Campos a Ortiz.

Si para el juez resultaba “indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y sus empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase”, para el fiscal realizar esa afirmación es “omitir la relación íntima, familiar que mantenían en la época investigada Ortiz y la alcaldesa del PP”.

El fiscal, en un duro escrito contra el instructor, critica que la causa “ha sido archivada sin estar acabada la Instrucción”. Y censura que el juez “no analice la compleja investigación que se sigue en esta caso” y que reduzca la investigación “a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales”.

Anticorrupción considera que “se extralimita en su función e inunda la del juzgador” al hacer una valoración de las pruebas llevadas a cabo. Y afea al tercer instructor que ha tenido este caso de que “no merezcan en el auto ni un renglón” la conversaciones interceptadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional y que describen el modus operandi de Ortiz y la complicidad de técnicos y de los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo -imputada hasta ahora en el caso- en este proyecto.

Con la petición de que cite a dos directivos de Ikea y a un alto cargo de la sección de carreteras del Ministerio de Fomento concluye el fiscal su escrito. A la solicitud del ministerio público se suma la de las acusaciones particulares, PSPV-PSOE y Esquerra Unida, que ya habían anunciado que recurrirían el cierre de la investigación.

De forma sorprendente y sin terminar si quiera la instrucción, el juez César Martínez ha decidido dar carpetazo a la investigación del 'pelotazo' del constructor Enrique Ortiz en el Plan Rabassa de Alicante. La operación urbanística se convirtió durante años en la auténtica obsesión, según revelan los pinchazos policiales, del presunto cabecilla de 'Brugal' por los pingues beneficios que iba obtener. Y por ello, como hizo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), echó mano de regalos y contactos políticos para poder llevar adelante su plan.

La actuación urbanística bajo sospecha tiene su origen en las intenciones de Ortiz de construir una macrourbanización de 12.500 viviendas cerca de las lagunas de Rabassa. Un proyecto faraónico al que pronto se sumará el interés de Ikea por instalarse allí. Y al que añadirá 1.000 viviendas más. La multinacional sueca que firma en 2007 un primer convenio de compraventa de unos terrenos en otros sector por 35 millones de euros con Ortiz pronto lo cambia por otro. Quiere instalarse en Rabassa. Y de esa querencia, surge un nuevo contrato entre el promotor y la tienda de muebles en 2008. Pero esta vez por una cantidad mayor: 67 millones de euros. Por esa operación se embolsa 31 millones de euros.

Ortiz, por esas fechas, se muestra nervioso. Teme que su proyecto no se ejecute. Y por eso, llama al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Este le tranquiliza: “Ya he hablado con Sonia [en referencia a Castedo, entonces concejal de urbanismo y después alcaldesa] y le he dicho que espabile”. Castedo, de hecho, aconseja, según los informes policiales, que no se incluya la tramitación de Ikea en el PGOU, ya que a través de un plan parcial sería mucho más rápida. Es en esas fechas cuando Alperi -ya exalcalde- y Castedo -como primera edil- viajan a Oporto a reunirse con los dirigentes de Ikea, después del atasco de las negociaciones entre Ortiz y la firma de muebles.

Según la policía, Ortiz maniobró con Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y socio en el negocio de las residencias, para fletar un jet privado para que tanto Castedo, por haber nacido allí, como Alperi -“que le apetecía ir”, según dice en los audios de 'Brugal'- pasen por Galicia a la vuelta. Todo, sin que nadie supiera nada de la predisposición del Ayuntamiento de Alicante para acoger Ikea y representado en la reunión a la ciudad. En ese encuentro, Ikea pide más suelo para desarrollar su actuación. No solo quiere instalar una tiendas de muebles, sino que proyecta un centro comercial adyacente de 120.000 metros.

Es en 2009, un año después de las vacaciones en Andorra entre Ortiz y Castedo, cuando la alcaldesa del PP expresa su interés oficial porque la multinacional se instale en Alicante. Un convenio a tres entre Ortiz, Ayuntamiento e Ikea eleva la operación a 97 millones de euros, tras aceptar el consistorio las alegaciones a la carta para incrementar el beneficio que obtendría de la operación el constructor, según se desprende de los pinchazos policiales.

Por ese contrato de compraventa entre la promotora Deproinmed (integrada por Banco de Valencia, Bancaja, la inmobiliaria de Juan Miguel Villar Mir y Ortiz), el agente urbanizador que es Ortiz e Ikea -el comprador-, el empresario se embolsa 66,3 millones de euros. Paralelamente, por la compra de Bancaja de acciones de la sociedad promotora a Ortiz obtuvo entre 2010 y 2011 241 millones de euros, según un informe de la consultora KPGM.

Con varias sentencias de los tribunales que tumban el proyecto por deficiencias medioambientales, Ortiz, según la policía, se vale de su hombre en el PSPV-PSOE, Ángel Franco, para evitar que los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) frustren el proyecto. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional apunta en un informe que Ortiz regaló al exportavoz municipal socialista Blas Bernal un velero por su “apoyo constante” en el Plan Rabassa.

La investigación archivada incluía la entrega de tarjetas 'VIP' de aparcamientos propiedad de Ortiz a exconsellers como Miguel Peralta o José Ramón García (clave para aprobar la operación de Rabassa), exconcejales como Juan Seva o funcionarios del área de urbanismo como Isabel Campos. Campos le ofreció a Ortiz un sucoso negocio de 7,5 millones y este le regaló un bolso valorado en 200 euros.

Sus contactos con los dirigentes de la multinacional sueca también fueron extensos. “Te gustó tener un amigo mafioso, ¿eh?”, pronuncia Ortiz a un responsable de Ikea en una de las conversaciones interceptadas por la policía. Las grabaciones que sacaban la miseria del PP valenciano mostraban la implicación total de Ortiz en este plan, ya que en uno de los audios el dueño de la mayoría del suelo edificable de Alicante se presta a hacer de mediador entre la firma de muebles y el entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.

El promotor, ante los continuos varapalos de la justicia, sacrificó en 2013 la intención de edificar 13.500 viviendas. Lo fió todo a Ikea. A través de la mercantil Alicante Avanza, creada exprofeso para solicitar la Actuación Territorial Estratégica (ATE), una figura jurídica para acelerar varias actuaciones urbanísticas, Ortiz ha intentado llevar a cabo un proyecto en el que se juega 97 millones de euros. La Caixa (tras la absorción del Banco de Valencia) y Bankia (la antigua Bancaja) han abandonado el proyecto.

Pese a que el bipartito conformado por PSPV-PSOE y Compromís que gobierna la Generalitat Valenciana ha paralizado el ATE de Ikea, la multinacional insiste en el macrocentro de ocio en Rabassa. Una llegada salpicada por las irregularidades que el juzgado número seis de Alicante ha archivado. Sin esperar a recibir todos los informes encargados a la policía nacional. Castedo y Ortiz reducen, por ahora, sus imputaciones judiciales.

Nuevo problema judicial para el dueño de las basuras en la Vega Baja, Ángel Fenoll. Pese a que la Audiencia Provincial de Alicante lo había librado de 35 años de cárcel por un presunto fraude a las arcas públicas de 4,5 millones de euros, su implicación en el 'caso Brugal' puede enviarlo a la prisión. El fiscal Pablo Romero, en un extenso escrito, pide 44 años de cárcel para el empresario por un presunto amaño en la contrata de recogida de la basura en Orihuela.

El Ministerio Público reclama 12 años y 8 años de prisión para el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y la exprimer edil, Mónica Lorente, ambos del PP, respectivamente. El escrito sitúa a Fenoll como el supuesto jefe de la trama alrededor del negocio de las basuras, pero señala a una treintena de responsables en la manipulación de la adjudicación. La Fiscalía encuentra siete delitos para los principales investigados en la pieza originaria del 'caso Brugal'. Estos van desde el fraude, el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias a la extorsión, la asociación ilícita y el delito electoral.

La concesión fue dada a Urbaser después que Medina, condenado por prevaricación en 2013 y distanciado de Fenoll, decidiera sacar a concurso la contrata. Antes de resolverse la licitación, Fenoll se habría reunido con un concejal del Centro Liberal, el cual le habría revelado que la empresa que iba a ganar sería Urbaser, filial de la empresa propiedad de Florentino Pérez ACS. ¿La razón? Habría sobornado al alcalde y a los concejales con tres millones de euros. Fenoll que había acudido a la reunión con una grabadora, entregó la cinta a la Fiscalía Anticorrupción. Es el nacimiento del 'caso Brugal'.

Más tarde, el concurso quedó paralizado. Y fue Lorente quien lo reactivó. El fiscal entiende que en la nueva adjudicación salió beneficiado Fenoll, ya que se hizo con la contrata a través de testaferros con diversas empresas tapadera que participan en la licitación. Concurso que, según el escrito, estuvo amañado.

El fiscal, además, solicita penas de prisión para ediles como Ginés Sánchez, que se enfrenta a 17 años de prisión; Jesús Fernández a 16 años; Antonio Rodríguez Murcia a 11 años; Manuel Abadía a siete; Antonio Lidón a cuatro. Para la mayoría de políticos se fijas penas elevadas de inhabilitación y se reclaman indemnizaciones millonarias -que superan los 6 millones de euros- para aquellos que aprobaron el pago de las facturas a las mercantiles que conformaban el entramado de Fenoll.

A Javier Bru, uno de los más estrechos colaboradores del 'capo' de las basuras, el fiscal le pide nueve años de cárcel. Para Colsur y Proambiente, sociedades actualmente sin actividad, se les fija una responsabilidad subsidaria civil. Un nuevo síntoma de la caída a los infiernos de quien dominó a placer la parte más sur del País Valenciano.

Aunque el urbanismo y las grandes contratas fueron un nido de sospechas en el Ayuntamiento de Alicante, el área de Atención Urbana no se quedó atrás. Con cinco causas planeando sobre la gestión que desempeñó Andrés Llorens, que fue la mano derecha de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el exvicealcalde ha sido imputado por las irregularidades que se cometieron en la adjudicación del servicio de infraestructuras para actos culturales y festivos de la ciudad a la firma Isjoma -que da nombre al caso-, según adelanta Información.

El magistrado también cita como investigado al exconcejal de Hacienda del PP, Juan Zaragoza. A ambos se les atribuyen delitos de prevaricación y fraude a la administración. A Llorens como vicepresidente de la mesa de contratación y a Zaragoza como presidente de la misma. Zaragoza, ubicado en la órbita zaplanista, y Llorens, cercano a los entonces partidarios del expresidente valenciano Francisco Camps, protagonizaron varios incidentes acusándose de corrupción mutuamente.

La investigación se centra en el presunto amaño de la contrata a cambio de supuestas prebendas para varios técnicos muncipales. El caso estalló tras la denuncia de la otra firma que aspiraba a la concesión, Alavés Montajes y Realización S.L. , que denunció que Isjoma ganara siendo su oferta casi un millón de euros más cara que la suya. La empresa aportó una grabación en la que el exedil de Hacienda ahora imputado, Juan Zaragoza, insinuaba al dueño de la firma perdedora que la contrata se amañó. La empresa prestó este servicio de forma ininterrumpida desde 2003 hasta 2009, con Castedo y Luis Díaz Alperi como alcaldes.

Con la implicación de políticos en una causa que hasta el momento solo afectaba a los técnicos municipales Diego Agulló y Víctor López -salpicados por otras investigaciones-, el instructor da una nuevo empujón a la investigación judicial tras un parón de varios años. El juez, de hecho, no solo ha imputado a los dos responsables de conceder la contrata, sino que añade a las pesquisas los contratos menores que se dieron a esta empresa durante los años 2007, 2008 y 2009, y por los que la adjudicataria se embolsó 850.000 euros al margen del más de un millón y medio que cobró por los servicios incluidos en la concesión.

En el auto se alude a un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en el que se destacan los “múltiples contratos reiterados en el tiempo como el suministro de sillas para la Explanada o de moquetas o faldones (...) cuya adjudicación como contrato menor merece ser investigada habida cuenta de la existencia de un contrato mucho más amplio”. De esos hechos, la policía entiende que podría darse un supuesto “fraccionamiento ilícito”. El informe de los agentes, además, incide en que las sillas que proveía Isjoma al Ayuntamiento se pagaban a un precio “superior al valor medio de adquisición de fabricantes y mayoristas”.

Este caso no es el primero que afecta directamente a Llorens. El exvicealcalde está procesado por la presunta adjudicación irregular de las obras de la Plaza de Magallanes después de que estas se hubiesen completado. Alcalde temporal desde la dimisión de Castedo hasta la llegada de Miguel Valor a la alcaldía en Alicante, sonó durante un tiempo como el sucesor de la exalcaldesa. Sus líos judiciales y su lealtad a la doble imputada en el 'caso Brugal' finiquitaron su carrera política.

El nuevo gerente de la adjudicataria del servicio de limpieza viaria de Alicante, Manuel Docampo, se ha mostrado “escandalizado” por las informaciones publicadas por eldiario.es/cv sobre la manera en que se gestionaba la contratación de personal por parte de Inusa y se ha comprometido ante el edil de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Víctor Domínguez, a investigar la situación de los empleados en fraude de ley al no reconocérseles su condición de fijos-discontínuos.

Domínguez solicitó a Docampo una reunión, que se ha celebrado este miércoles, a raíz de las informaciones publicadas por este medio el pasado fin de semana en que se escucha al empresario Enrique Ortiz y a su director, José Candel, contratar y despedir a personal en función de las necesidades políticas y de familiaridad.

Domínguez ha afirmado, a eldiario.es/cv, que Docampo le ha transmitido que “no ha podido entender” esas situaciones y le ha asegurado que “ahora no se está haciendo” y que “está intentando aplicar los procedimientos que él conocía en Ferrovial –una de las tres socias de la contrata--, a lo que es la UTE Alicante” ya que son “mucho más garantistas”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha indicado que se estará “encima”, “sobretodo ahora que van a hacerse los contratos para la temporada de verano porque lo que exigíamos era que hubiera una transparencia absoluta en ese tipo de contrataciones”.

Protocolo

De esa manera, Domínguez ha avanzado que se establecerá un protocolo para que exista “transparencia absoluta” de manera que “se pudieran justificar cada uno de esos contratos y sobre las personas a las que no se llamaba”.

En ese sentido, ha anunciado que ese protocolo “se hará público” y ha indicado que Docampo ha dicho desconocer la situación de las 15 personas en fraude de ley y se ha comprometido a estudiar los posibles casos.

El edil ha comprendido que la UTE arrastra “vicios adquiridos” que deben ser “depurados” y “modificados” y ha esperado que por la voluntad de la nueva gerencia “contamos que tendremos una contrata, lo más limpia y transparente posible rompiendo con el pasado”.

Antonio Amorós es un dirigente local del PSOE sin mucho peso a nivel nacional pero que se ha mantenido en el máximo órgano del PSOE desde 2012. Su presencia en el Comité Federal, un órgano de cerca de 300 miembros, desde hace cuatro años no tendría más importancia ya que es uno de los integrantes del mismo que le corresponden por cuota al PSPV. El problema es que lleva imputado casi seis años en el caso Brugal, que investiga la corrupción en la adjudicación de los contratos de basuras en varias localidades alicantinas. Ahora, después de que este miércoles la jueza del caso decidiera procesarle, Amorós ha anunciado que abandona por el momento su militancia en el partido y que deja temporalmente el Comité Federal.

La investigación sobre Amorós no evitó su ingreso en el Comité Federal en 2012. El papel de Amorós en Brugal entra dentro de la pieza separada de los residuos de la Vega Baja cuando era portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante. La jueza considera que él y otros 13 implicados pudieron cometer prevaricación, cohecho, fraude a la administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida. Amorós compareció en junio de 2011 ante el juez que entonces instruía esta pieza del caso Brugal por la que ahora se le procesa y en aquella ocasión afirmó que no había cometido delito alguno, según informa EFE.

La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE no supuso la caída de Amorós. Tanto que agotó su mandato y fue reelegido por la cuota que le corresponde al PSPV en el Federal en 2014. Y eso que en 2012 Ximo Puig impulsó su salida del comité ejecutivo del PSPV mientras esperaba que dejase además el Federal.

Estos indicios contra él no han provocado hasta ahora la caída del socialista del Comité Federal, al estar recogido en el Código Ético aprobado en octubre de 2014 que la dimisión ha de producirse cuando hay apertura de juicio oral contra un encausado. Si un cargo del PSOE es investigado (antes imputado) solo tiene que rendir cuentas ante la dirección.

Procesados por amañar contratos de un plan de residuos

El amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja ha motivado el proceso contra Amorós y otras 13 personas, la mayoría del PP. Según reza el auto del juez de esta pieza, “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada” en torno a cinco empresarios que contaron con “la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante”, para “obtener favores” de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada. Todo, “mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana”.

La jugada, según la investigación policial, se hizo a tres bandas. El expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll adjudicó a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, concesión pactada entre los empresarios Ortiz y Fenoll y él mismo. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el 'capo de las basuras' por 800.000 euros. Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Las dádivas para lograr el contrato millonario del basurero consistieron en dos viajes organizados por Ortiz y por el empresario Rafael Gregory -también imputado- a bordo de dos yates propiedad del empresario a las islas Baleares. Amorós fue imputado por aparecer en conversaciones entre Fenoll y Gregory en las que dicen de él, según la investigación, que “quería tocar más dinero”.