La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.

Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.

Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.

Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.

Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.

Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.

Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.

Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.

Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.

Acusaciones de racismo

Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.

La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.

Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los 'sin partido' tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.

Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.

Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.

Una reprobación salvada: “No soy el artífice”

La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.

La mayoría socialista del pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la modificación del Reglamento del Parlamento regional con el fin de que los fondos de los partidos se dediquen exclusivamente actividades vinculadas a la política regional. Es decir, los partidos con representación parlamentaria ya no podrán desviar fondos, por ejemplo, a sus partidos nacionales. La propuesta ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.

En concreto, la modificación afecta al artículo 29.7 del Reglamento de las Cortes, que ahora estipula que los grupos parlamentarios requerirán de los partidos políticos a los que se encuentren vinculados la justificación documental del destino dado a los fondos que, para la realización de toda actividad vinculada exclusivamente a la actividad política regional, les hubieren sido transferidos.

Con este cambio, las Cortes de Castilla-La Mancha intentan evitar que se reproduzcan situaciones como la protagonizada por Vox, cuya dirección nacional tendrá que devolver a las Cortes regionales 34.345,64 euros que habían sido transferidos “indebidamente” desde el Grupo Parlamentario que la formación ultra tiene en la institución regional hacia la sede nacional en Madrid.

Vox justificó esta cantidad como supuestos servicios que el aparato nacional del partido habría prestado a su rama castellanomanchega, como por ejemplo, “asesoramiento estratégico” o “posicionamientos políticos o material informativo”.

Este cambio es exclusivo para el citado artículo 29.7 del Reglamento de las Cortes castellanomanchegas y no contempla más modificaciones. Sigue estando pendiente, por tanto, la modificación más profunda que se anunció en junio de 2024 tras un acuerdo entre PSOE y PP. Como ya se explicó, dicho cambio queda postergado hasta que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Durante el debate del pleno de hoy, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha comenzado el debate señalando que su partido ha presentado esta modificación con el fin de que haya una mejor justificación de los fondos que reciben los partidos políticos y que esa justificación vaya “única y exclusivamente” vinculada a los grupos parlamentarios que reciben dinero de Castilla-La Mancha.

“Hasta ahora hemos visto que este año, con la justificación de uno de los grupos políticos, los fondos públicos de Castilla-La Mancha acaban financiando estructuras nacionales, campañas nacionales, aparatos nacionales y dinámicas que nada tienen que ver con los problemas, con las necesidades y con las prioridades de esta Cámara”, ha lamentado en referencia a Vox.

Por ello ha dicho que esta reforma dice “claro” que los partidos vinculados a Castilla-La Mancha deberán justificar documentalmente “el destino exacto” de cualquier fondo transferido. “Nada podrá ser opaco y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes. Cada euro debe estar trazado, cada gasto debe ser demostrable y cada transferencia ser transparente”, ha añadido.

Una “prohibición explícita”

A ello ha agregado que hay “una prohibición explícita” del uso de fondos fuera del ámbito regional ya que, para Godoy, la financiación de los grupos parlamentarios no puede depender de decisiones nacionales ni estar sometida a directrices externas “porque si un partido depende financieramente de Madrid, también dependerá políticamente de Madrid”.

“La experiencia nos dice que cada vez que las decisiones que se toman sobre Castilla-La Mancha se toman fuera de Castilla-La Mancha, la región ha salido perdiendo”, ha sostenido, para señalar que hay un grupo político que ha enviado fondos públicos asignados a esta región a la matriz. “En este caso, el partido de Vox”.

Ha concluido indicado que es una reforma que no quiere atacar a ningún partido político sino defender a Castilla-La Mancha. “No es una reforma grande por su tamaño, pero sí es grande por su significado porque protegemos la autonomía política de Castilla-La Mancha, fortalecemos la transparencia de esta Cámara y defendemos a los ciudadanos castellanomanchegos”.

“Reforma política, interesada y dirigida”

Desde Vox, el diputado Luis Blázquez ha comenzado su turno de palabra lamentado que esta reforma “no nace para mejorar la transparencia”, sino para proteger a los “partidos del sistema” y “castigar” a quien no se somete a su modelo. “No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una reforma política, interesada y dirigida”.

También ha afirmado que se trata de una “reforma innecesaria” puesto que el Reglamento de las Cortes ya prevé “mecanismos suficientes” de control y de fiscalización de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios. “Los grupos presentan contabilidad, justifican gastos y se someten al control de la Mesa”.

En este punto, se ha referido a las cuentas de su partido para indicar que fueron aprobadas por el anterior interventor y que ha sido el nuevo el que ha planteado “una serie de objeciones”. “Si nuestras cuentas estuviesen mal, ¿cómo es posible que ustedes, señorías socialistas, las hayan aprobado en dos ocasiones?”, ha preguntado, para incididr en que “no hay nada”.

Ha avanzado también el voto en contra de Vox a esta reforma por considerarla un procedimiento que “está viciado” ya que cuando se anunció, mediante Proposición de Ley, el Grupo Parlamentario de Vox registró tres enmiendas y, “en un uso totalmente arbitrario por parte de la Mesa, se inadmitieron”.

“La tramitación en lectura única, a pesar de lo que opine la Mesa, no impide que los grupos parlamentarios presenten enmiendas, sobre todo si dichos grupos se oponen a esa lectura única. Sin embargo, la Mesa, desde nuestro punto de vista, de modo totalmente arbitrario y torticero, las ha rechazado para que el Grupo Parlamentario de Vox no las pueda defender hoy en este pleno”, ha argumentado.

También ha afirmado que es “ilegal” porque contraviene la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, por lo que ha agregado que es “jurídicamente peligrosa” y la ha calificado como una “chapuza normativa” por el supuesto control del gasto que argumenta el PSOE, al que ha recriminado que sea el “partido más corrupto de la historia de España”.

Tapar casos de corrupción

El diputado del PP Santiago Serrano ha echado en cara al PSOE que lleven los 'populares' toda esta legislatura negociando con ellos la modificación del Reglamento y que, “en ni una sola ocasión” los socialistas hayan planteado una modificación de estas características, “lo cual quiere decir que lo que se persigue no es una reforma que aumente la transparencia y aumente el control sino que tape de forma descarada todos los casos de corrupción que estamos viendo”.

Por tanto, ha indicado que el PP va a defender “lo que ha defendido siempre” como es “el respeto a la ley, la neutralidad institucional y las garantías democráticas”. “No vamos a alinearnos con Vox, que critica las subvenciones de los partidos políticos de las que vive pero tampoco vamos a comulgar con un control indebido, que es lo que pretende el PSOE, a destiempo, y para tapar su propia debilidad a nivel nacional”.

Es por ello por lo que el PP ha abogado por abordar esta reforma desde el punto de vista de todo el ordenamiento jurídico del Estado y también de la competencia normativa que tiene cada uno de los escalones del mismo porque la modificación socialista “pretende invadir competencias que son exclusivas del Tribunal de Cuentas, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución española y afecta a materias reservadas de la ley orgánica”.

El 3 de julio, la diputada Emilia Almodóvar, del Partido Socialista, se reunió con los representantes de las Bodegas Viñatigo, que producen una denominación de origen protegida en Canarias. El encuentro fue organizado por la Asociación de Viticultores y Bodegueros de las islas. La información es pública, figura en la agenda de la parlamentaria en la web del Congreso, pero para llegar a ella cualquier ciudadano tiene que hacer un recorrido tortuoso por las pestañas de esa página.

Todos los diputados cuentan con un perfil en el Congreso en el que deben colgar una serie de informaciones. Su declaración de actividades, de bienes y rentas, y también de intereses económicos, pero además cuentan con una agenda en la que pueden incluir toda su actividad parlamentaria y también sus reuniones, los actos a los que asisten o incluso las entrevistas que brindan a los medios de comunicación. Pero hasta ahora es muy poco manejable a la hora de saber qué tipo de encuentros mantienen los parlamentarios.

La relación de los diputados con las empresas y otros agentes económicos ha estado muy en boga durante los últimos meses entre otros asuntos porque el Gobierno y el Congreso han dado pasos para regular por fin la figura de los grupos de interés o lobbies, una tarea pendiente desde hace muchos años en el sistema político español. Pero ha cobrado mucho más interés si cabe tras el estallido del caso del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, imputado en una causa por favorecer ilegalmente a empresas gasísticas durante su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez de Tarragona que investiga la causa da detalles sobre cómo funcionaba el Ministerio con Montoro, que había fundado y dirigido hasta 2008 una empresa llamada Equipo Económico, con una cartera de clientes que se vieron beneficiados por algunas de las normas que firmó cuando entró al Ejecutivo. El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificaciones alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Los organismos internacionales sobre transparencia exigen desde hace tiempo a España que mejore la regulación sobre transparencia. Y los mecanismos que tanto el Gobierno como el Congreso han puesto en marcha este año apuntan precisamente a la mejora de la información sobre la relación entre las empresas y la administración, con la limitación de las llamadas puertas giratorias o la creación de un registro oficial de grupos de interés, para que las reuniones de los representantes sean públicas, de un modo similar a lo que ocurre por ejemplo en el Parlamento Europeo.

Más allá de la ley que impulsó el Gobierno, el Congreso aprobó recientemente un plan de Parlamento Abierto que entre otras cosas busca mejorar la accesibilidad de la información, para que sea mucho más sencillo localizar las reuniones que mantienen los diputados con empresas, organismos o representantes de la sociedad civil.

La Cámara aprobó hace unos años un código de conducta que obligaba a los diputados a publicar sus reuniones, pero sin un mecanismo sancionador la medida apenas ha dado resultados. El último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, publicado en febrero, revela que en diciembre de 2024 apenas 46 diputados publicaban detalles de su agenda más allá de su actividad parlamentaria diaria. Todos los parlamentarios incluyen de forma automática sus días de pleno o sus participaciones en comisiones o incluso las reuniones de ponencia.

“Pero son minoría en ambas Cámaras, a pesar de las recomendaciones que en este sentido se han hecho en todos los informes anteriores, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios, publican otro tipo de actividades y reuniones mantenidas”, reza el informe la oficina.

“Además, se observa que en muchos casos estas anotaciones se realizan de forma ocasional y no regular y se refieren frecuentemente a asistencia a actos, pero rara vez se refieren a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés conforme al artículo 6 del Código de Conducta”, dice sobre las reuniones con personas o entidades que intenten modificar o influir “sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas. ”Como ya se señaló en el Informe de esta Oficina de 2022, se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que estos datos reflejan cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras“, añade el informe.

La inmensa mayoría de los diputados que durante este año han publicado detalles de sus agendas fuera de la actividad parlamentaria son del PSOE. Hay algún caso aislado en el PP, pero ninguno en Vox o en Sumar ni en los partidos más pequeños, que quizás cuentan con menos asesores para rellenar este tipo de cuestiones en la agenda. El portavoz socialista, Patxi López, incluye en su perfil las entrevistas a medios y también otro tipo de reuniones. Por ejemplo, según figura en la web, el 26 de mayo tuvo una intensa actividad en Granada, donde lo recibió el decano de la universidad, tuvo un acto y después comió con estudiantes de la asociación DEMOS.

En una búsqueda realizada por elDiario.es, varios diputados socialistas incluyen reuniones con sindicatos como UGT, con fundaciones o asociaciones. Un parlamentario informó de una reunión hace poco con APSITAL y especificó que lo hacía como parte de su trabajo en el proyecto de Ley de Función Pública. El problema es que para llegar hasta cada una de estas reuniones es necesario entrar a la ficha del diputado y buscar día por día, en lugar de acceder a un listado con la información.

La publicidad de estas reuniones difícilmente puede evitar casos como el de Montoro, pero sí ayuda a rastrear los pasos de los diputados y también la influencia que las empresas y asociaciones tratan de ejercer en la redacción de las leyes. Las compañías dedican millones de euros al año en consultoras o personal especializado en relaciones institucionales para tratar de promover enmiendas específicas o cambios legislativos favorables.

Como parte del Plan Parlamento Abierto, el Congreso está trabajando en una fórmula para facilitar el acceso a estas agendas. Uno de los puntos de ese texto, aprobado en febrero, insta a desarrollar una guía informativa sobre la publicidad de las agendas. “La Secretaría General de la Cámara, como órgano responsable de la gestión administrativa, elaborará una guía informativa que detallará los procedimientos para la publicación de las agendas de los diputados y diputadas. Esta guía garantizará que la ciudadanía pueda acceder a información actualizada y detallada sobre las actividades y compromisos legislativos, incluyendo las reuniones mantenidas con representantes de entidades que tengan la condición de grupo de interés, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del Código de Conducta de las Cortes Generales”, establece.

No solo eso, el plan busca que la publicidad de las reuniones sea realmente una obligación para los partidos, con una regulación específica de los grupos de interés con una definición concreta y una delimitación del tipo de actividades que se consideran parte de la influencia de esos grupos en los diputados. Y proponen la creación de un registro de grupos de interés similar al que funciona en el Europarlamento. En él deberán inscribirse aquellas organizaciones, entidades y personas que realicen esta actividad de influencia.

“La inscripción será obligatoria, pública y de acceso gratuito, y estará condicionada al cumplimiento del Código de Conducta. Además, se garantizará la accesibilidad en el proceso de registro y en la publicación de información sobre los grupos inscritos”, explica el plan, que detalla que se incorporará un sistema de publicidad de estas visitas para hacer públicas las agendas de las reuniones. “Se incluirá la identidad de las partes intervinientes, la fecha del encuentro y el contenido general de las cuestiones tratadas y se publicará una guía para la gestión de las agendas de acuerdo con la medida siguiente del presente Plan”, expone.

Es difícil oír en el Congreso a una diputada del PP salir en defensa y apoyo de una parlamentaria de Podemos. Pero el pasado 28 de noviembre ocurrió. La jornada, que ya había estado bastante agitada al debatirse ese día, a petición de la extrema derecha, una iniciativa sobre la derogación de la Memoria Democrática, la enturbió definitivamente Pedro Fernández, diputado por Badajoz, de Vox, quien desde su escaño increpó a Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntándole si se había “tomado la pastilla”. Cuando le llegó su turno de intervención, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, se llevó la mano al pecho y le dijo: “Martina, mi apoyo, mi consideración, y a todas las mujeres: No vamos a tolerarlo”. Velarde le respondió con un “gracias” desde su escaño.  

El comentario machista había sido denunciado por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que fue uno de los que lo oyó, mientras Podemos exigía de inmediato a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que tomara “cuantas medidas sean de aplicación para reprobar y sancionar estas conductas”. “Este comportamiento, machista y absolutamente inaceptable, es completamente contrario a las previsiones reglamentarias que imponen el decoro parlamentario y son una manifiesta muestra de la violencia política a la que se enfrentan las mujeres que realizan actividades públicas y todas las instituciones del Estado tienen la obligación de desterrarlas del recinto parlamentario”, se quejaron. Armengol tomó nota del recado.

Este episodio no es un hecho aislado sino una muestra más de las formas y maneras que tiene Vox de ejercer la oposición. Desde que empezó la legislatura –y también en la pasada– los parlamentarios de la extrema derecha hacen gala de un estilo descalificativo y ofensivo hacia el resto de los diputados, especialmente contra los de los grupos de izquierdas, nacionalistas e independentistas. Sus diatribas no se quedan en meros ataques a la gestión de sus rivales políticos, sino que en muchas ocasiones se adentran en la descalificación personal, traspasando las líneas rojas de la que debería ser el 'decoro' parlamentario.

El propio Santiago Abascal ha marcado la senda y proferido desde la tribuna de oradores graves insultos contra Pedro Sánchez hasta límites hasta ahora infranqueables. El líder de Vox ha llegado a tildar al presidente del Gobierno no solo de “corrupto” y “autócrata” sino de “sádico” y “criminal”. Sus incendiarias intervenciones en los Plenos del Congreso contra el presidente, el Gobierno y sus socios ya no sorprenden a nadie.

Los demás grupos de la Cámara manifiestan su hartazgo por el hecho de que a los parlamentarios de Vox nunca o casi nunca les pase nada y que no haya sanción ni expulsión cuando se niegan a retractarse de sus comentarios hirientes. En el partido están crecidos porque saben además que esta estrategia les está dando frutos y suben en las encuestas. Desde que rompieron con el PP de Feijóo en los gobiernos autonómicos en los que mantenían pactos, tienen en sus manos la aprobación de los presupuestos. La semana pasada ya advirtieron de que si aceptaban el reparto de los menores no acompañados tumbarían las cuentas abocando a algunas comunidades a nuevas elecciones. En Balears ya han cumplido sus amenazas. Y, mientras tanto, el PP se ve impotente para distanciarse de Vox.

Ante la escalada de tensión que se respira en el Congreso la presidente de la Cámara, Francina Armengol, en declaraciones a elDiario.es, asegura que su “obligación” y su “convicción” es “pedir una y otra vez a los representantes de los grupos en la Junta de Portavoces y en el propio Pleno que no recurran al insulto ni a las descalificaciones personales y que guarden el decoro”. “Creo que aporta muy poco al debate público y a la aportación de ideas y soluciones a los problemas de la gente, que es lo que nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos y a quienes representamos, nos piden. No me cansaré de decirlo hasta que sean conscientes de esto”, advierte.

A renglón seguido, admite que la reforma del reglamento de la Cámara para castigar con mayor dureza estos comportamientos no le corresponde a ella en solitario. “La reforma depende de los grupos parlamentarios. Yo no puedo entrar en si debe modificarse o no, pero sí en aplicar lo que ahora mismo contempla, que es llamar al orden y retirar según qué expresiones del Diario de Sesiones, si bien ya saben que retirar significa poner en cursiva la intervención y referir que ha sido amonestada, no eliminarlas para que no sean borradas de la historia”.

Pese a las diferentes reformas que ha sufrido ese reglamento a lo largo de todos estos años, en la actualidad no queda muy claro dónde está el límite entre el derecho a la libertad de expresión de los diputados y el agravio y el insulto personal. El artículo 103 establece que “los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”.

Si se cae en esta mala praxis y los discursos interfieren en “la buena marcha de las deliberaciones” o cuando “con interrupciones o de cualquier otra forma alteraren el orden de las sesiones”, la potestad para decidir si se expulsa o no al diputado en cuestión, tras amonestarlo previamente, recae en la Presidencia de la Cámara. El artículo 32 del reglamento dicta que “corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”. Algunos diputados creen que Armengol debería ser mucho más “contundente” contra los parlamentarios que ofenden y los grupos que, como Vox, boicotean a veces los debates.

Precedentes de expulsiones

Los únicos precedentes que se recuerdan de expulsiones recientes datan de la anterior legislatura siendo presidenta al Congreso Meritxell Batet. Uno de esos castigos afectó a la diputada de Vox Patricia Rueda por llamar “filoetarras” a los representantes de EH Bildu desde de la tribuna de oradores, después de acusar a los socialistas de “gastarse el dinero de los parados en prostitutas y en cocaína” durante el debate de una de las partidas presupuestarias.

La Presidencia del Congreso, que ejercía en ese momento el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le pidió que retirara el calificativo de “filoetarras'” y le llamó al orden por primera vez. Ante la negativa de la diputada, Gómez de Celis volvió a llamarla al orden mientras desde la bancada de Vox la aplaudían. Tras la tercera amonestación le retiró el uso de la palabra pidiéndole que abandonara la tribuna. La reacción de Vox fue abandonar el salón de Plenos lanzando protestas, ya que alegan que a ellos les han insultado muchas veces llamándoles “fascistas” y “fachas” sin que “pase nada”. Batet exigió luego a todas sus señorías “autorregulación” y “autocontrol” en el uso de la palabra y advirtió de que iba a ser “inflexible” con los que no acataran el reglamento. Su reprimenda no cuajó.

La otra expulsión es anterior a esa. Ocurrió cuando el parlamentario de Vox por Alicante José María Sánchez García llamó “bruja” a la diputada del PSOE Laura Berja, durante el debate de una proposición de ley sobre el derecho al aborto. Batet había sido sustituida en ese momento también por Gómez de Celis, que le ordenó pedir disculpas y retirar sus palabras. Pero Sánchez se negó y después de tres llamadas al orden fue expulsado. Para sorpresa del hemiciclo, el diputado de extrema derecha también se negó a irse y el Pleno tuvo que ser suspendido varios minutos hasta que finalmente accedió a retractarse y dijo con socarronería: “Retiro que le he llamado bruja”. El artículo 101 del reglamento contempla “la suspensión temporal en la condición de Diputado, tras haber sido expulsado del salón de sesiones, se negara a abandonarlo” o cuando “el Diputado persistiere en su actitud”. A Sánchez no se le aplicó ese artículo y eso que tenía antecedentes.

De hecho, el mismo diputado de Vox ya había insultado anteriormente a la representante del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez, a la que se refirió como “la chillona gallega”, cuando esta ni siquiera estaba presente en el salón de Plenos.

También es reincidente su compañero de grupo Pedro Fernández. Hace cuatro años, cuando era concejal de Madrid y brazo derecho de Javier Ortega Smith, el diputado ya llamó la atención al calificar a los ediles de la bancada de Más Madrid como “enfermos”. “Aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo y pierda toda esperanza de adoctrinarlos para convertirlos en enfermos como ustedes”, les dijo.

La realidad es que la violencia verbal –principalmente por parte de Vox, aunque no en exclusiva– ha ido aumentando alarmantemente en esta legislatura. En el debate celebrado en mayo sobre la ley de amnistía, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello tuvo que escuchar de la bancada de la ultraderecha 'lindezas' como '“tucumano” y “sudaca”, “tonto” “hipócrita” y “vendido”, además de “traidor”, “corrupto” o “cobarde”. Los diputados ultraderechistas, entre ellos José María Figaredo, le recomendaron que “se lavara la boca” antes de hablar. Ante la trifulca que se armó, Armengol les recriminó su actitud reprochándoles su “mala educación”. Pero de ahí no pasó.

Los improperios no son exclusivos de los hombres de Vox. Hace justo dos años, también en la pasada legislatura, la diputada de este grupo, Carla Toscano, azote de las feministas, no ahorró descalificativos contra la exministra de Igualdad y en la actualidad eurodiputada, Irene Montero, en uno de los debates sobre la ley conocida como la del 'sí es sí'. La llamó “libertadora de violadores”, la acusó de “promocionar la pederastia” y de “corromper menores”, frases que aderezó con un vejatorio comentario al asegurar que “el único mérito” que tenía Montero era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”.

Al ver el revuelo que se organizó, desde la bancada de la extrema derecha corearon “¡Li-ber-tad, Li-ber-tad!”, mientras diputados de otros grupos les rectificaban: “Libertad para insultar”. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de su entonces ministra, con la que ya mantenía ciertas tensiones. “Estamos juntos contra la violencia machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable”, dejó escrito en X.

Los portavoces coinciden: hay que poner más remedios

Gabriel Rufián no tiene duda de que los parlamentarios de la extrema derecha “están envalentonados como nunca”. “Si no ponemos pie en pared, nos van a comer”, alertó aquel día desde su escaño. Ante la pregunta de qué debería de hacerse para atajar esta escalada de tensión protagonizada por Vox, el portavoz de ERC, en declaraciones a esta redacción, reconoce que “es una cuestión complicada. Primero porque forma parte de una estrategia porque a nadie se le escapa que no son calentones que de repente suelten una burrada, esto viene pasando hace años”.

Rufián recuerda que “cuando el bipartidismo del PSOE y el PP tenían más peso en la Cámara”, lo habitual era que hubiera “ruidos, golpes desde el escaño y algún insulto”, como aquel “que se jodan”, del PP, en referencia a los parados en plena crisis financiera. “Pero es que ahora es todo un plan de la extrema derecha que empieza en un plató o en un canal de Youtube, financiado o pagado en algunas ocasiones por gobiernos autonómicos y luego trasladan al escaño. Evidentemente, lo que buscan es deshumanizar al político de izquierdas”, añade.

Rufián incluye también en esta estrategia a “ciertos periodistas que están acreditados en el Congreso que son fascistas con acreditación y que intentan hacer ver que son valientes y que están siendo perseguidos porque dicen la verdad y son políticamente incorrectos”. El portavoz de ERC cree que para enfrentarse a esto “hace falta echarle ironía, sarcasmo y cabeza fría e intentar hablar con un lenguaje que se entienda”. Ante la impunidad de la que siguen gozando, ve bien que desde la Mesa “se les señale para que al menos pasen un poquito de vergüenza”. Lo que le parece mal es que haya medios de comunicación que minimicen estos insultos y los rebajen a meros “rifirrafes”, o los califiquen de “tensión” o “enganchada”. “Son insultos fascistas y hay que escribirlo así, no pasa nada”, concluye.

Desde el PSOE, su homólogo Patxi López, incide en conversación con elDiario.es en que la escalada verbal no es solo de Vox, “también del PP en algunas cuestiones”. “Lo que pasa es que Vox va un paso más allá y hace apología del franquismo”, como hizo el diputado por Toledo, Manuel Mariscal, que dijo en el Congreso que la dictadura había sido una “etapa de progreso y reconciliación”.

“Con sus discursos alimentan el odio de esa gente que luego los multiplican en las calles, con antorchas encendidas, amenazando todo lo que se pone por delante”. “Creo que debemos de ser mucho más prudentes en las expresiones que se utilizan en la Cámara”, sostiene. El portavoz socialista insiste luego en que “para cualquier cambio en el reglamento se necesitan consensos y hay algunos grupos que le viene bien vivir en esa forma de hacer discursos basados en la descalificación en el insulto y en la bronca permanente”.

A su juicio, no solo es cuestión de que no aparezcan en el Diario de sesiones esos exabruptos, “es no permitir esas palabras y sancionar a los que las pronuncian”. Pero recuerda que para eso previamente hay que llamar tres veces al orden al diputado o diputada y ser expulsado para que luego la Mesa pueda llegar a valorar una sanción. “Es difícil”, dice López. “La presidenta [Francina Armengol] se ha hartado y no para de hacer llamamientos a la responsabilidad, pero es que algunos viven de la bronca y alimentan a su gente con el insulto… igual es que eso es lo que buscan”, opina. El portavoz del PSOE pone como ejemplo al 'periodista' de medios ultraderechistas Vito Quiles -al que también se refería veladamente Rufián-, que asiste a las ruedas de prensa y se pasea por los pasillos del Congreso abordando a los políticos con preguntas supuestamente incisivas. “Cada vez que tenemos una bronca sube en seguidores”, lamenta Patxi López. “Yo sí que soy partidario de sancionar este tipo de comportamientos si pudiéramos cambiar el reglamento, pero al ser una ley orgánica hay que cambiarlo con mayorías absolutas”.  

Por su parte, Verónica Martínez, portavoz de Sumar, asegura que le parece “penosa” pero “poco sorprendente” la estrategia de la extrema derecha en los Plenos porque es “parte de su firma”. “Su búsqueda por desdemocratizar las instituciones comienza en la degradación de las mismas a través del ataque verbal. Cuando elevas el tono, ocultas la falta de propuestas serias y capacidad de trabajo”.

A su juicio, y en eso coincide con Patxi López, “lo preocupante” es que no solo esos comportamientos salen de Vox, “también dirigentes del PP han usado calificativos como ”jeta, mafioso, autoritario o estalinista“ en la tribuna del Congreso y en los Parlamentos autonómicos. ”Isabel Díaz Ayuso utiliza a diario este tipo de lenguaje para referirse al Gobierno de España“, dice la portavoz de Sumar, que además añade: ”Entendemos como insoportable la deriva machista que se ha colado en el atril del hemiciclo y en el trato que recibimos muchas diputadas en nuestro día a día en Comisiones y Plenos“. ”La inmunidad que siente la extrema derecha está estrechamente vinculada a la cobertura mediática de la que disfrutan, especialmente preocupante la viralidad del odio en redes sociales, y, por supuesto, al constante blanqueo que les brinda el PP“.

Martínez cree que todo eso “no se puede combatir con reglamentos”. “Para nosotras la clave sigue estando en demostrar que no todos los grupos se comportan de la misma forma”. “A la extrema derecha la vamos a combatir con políticas públicas”, zanja. “Y, por supuesto, más allá del tono y las palabras dirigidas al Presidente del Gobierno, que son de extrema gravedad, entendemos como insoportable la deriva machista que se ha colado en el atril del hemiciclo y en el trato que recibimos muchas diputadas en nuestro día a día en Comisiones y Pleno”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, es categórico y afirma a elDiario.es que “la Mesa del Congreso es quien debería arreglar este caos. Aunque no tengo la menor esperanza de que lo haga”, puntualiza. “Nosotros ya hemos advertido demasiadas veces de que se ha rebasado lo tolerable en un debate parlamentario. Nuestro grupo fue de los primeros que lo sufrió. Es una situación grotesca: el insulto por el insulto y la hipérbole de la mentira. Y es una situación que no solo provoca Vox y que no solo se da en el Congreso”, reflexiona Esteban, en consonancia con sus homólogos.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, cree que “la extrema derecha utiliza las garantías del Estado de derecho y las bondades de la democracia para tumbarla”. A su juicio, “el conflicto va más allá del decoro a la cámara o del uso de un lenguaje exaltado por parte de Vox. Es una estrategia subvencionada por la internacional del odio que cuenta con el apoyo de una parte importante de la magistratura, medios de comunicación y sectas como el Opus Dei”. Y añade: “La gente demócrata, más allá de la militancia en unas siglas, debemos compartir estrategias comunes, de batalla cultural y seguridad material, para combatir al fascismo del siglo XXI”. Su conclusión es que no cree que estas situaciones “se vayan a resolver reglamentariamente, sino con una cultura política que defienda la democracia de los fascistas”. “De hecho –añade– no comparto que se eliminen parte de las intervenciones de nadie por asco que me produzcan. Lo que hay que hacer es que el resto de la cámara les combata y desnude sus mentiras, falacias y odio”.

Sumar trabaja en la reestructuración del grupo parlamentario tras la salida de su portavoz Íñigo Errejón envuelto en un escándalo por las denuncias de acoso y agresión sexual contra él que han aparecido en los últimas semanas. La coalición se ha dado unos días para elegir a la persona que ocupará ese cargo a partir de ahora y también para un nuevo reparto de los puestos en las comisiones. 

La sustitución de Errejón no será una medida quirúrgica como ocurrió tras la salida de Marta Lois. Aquel relevo se efectuó de manera orgánica, porque la marcha de la dirigente tenía una fecha clara: el inicio de la campaña electoral de las gallegas. Varios días antes Yolanda Díaz ya había decidido poner al entonces diputado al frente del grupo parlamentario. 

También entonces, la elección del portavoz fue fruto de la decisión de la vicepresidenta segunda. No hubo un debate dentro del grupo parlamentario con varios candidatos sobre la mesa, sino más bien, una instancia de ratificación. Buena parte de los partidos, no obstante, se decantaban por el exlíder de Más País y Más Madrid. 

Esta vez parece más difícil que la elección de una nueva portavoz (todas las fuerzas coinciden en su deseo de que sea una mujer) pueda darse de manera vertical. Si bien el acuerdo de coalición contempla que Movimiento Sumar cuenta con la prerrogativa de elegir al portavoz principal del grupo, los problemas internos tras el 23J han debilitado la posición hegemónica del partido de la vicepresidenta segunda.

Es por eso que este lunes, poco antes de la reunión del grupo parlamentario, Izquierda Unida consideró que no se daban las condiciones para elegir ese día a la persona para sustituir a Errejón. “Antes de hablar de la portavocía, hablemos del método, de una reorganización del grupo parlamentario”, dijo su coordinador general, Antonio Maíllo, en paralelo a la reunión que en aquel momento celebraban los secretarios de Organización de los diferentes partidos que forman la coalición.

Desde que asumiera el liderazgo de IU, Maíllo ha apostado por dotar a Sumar de mecanismos democráticos de decisión, tras las repetidas quejas sobre un funcionamiento basado “hiperliderazgos”. “Desde que tomamos posesión la nueva dirección de IU, planteamos que Sumar como paraguas se había superado, que era necesaria otra reorganización, y habíamos pedido una reorganización del grupo, donde tomemos decisiones de manera democrática y consensuada y eso no se ha hecho”, dijo. 

IU fue uno de los principales perjudicados en el reparto de las tareas parlamentarias que hizo Sumar en el inicio de la legislatura. Entonces todavía estaba Podemos en el grupo parlamentario y el núcleo dirigente repartió portavocías adjuntas entre los comuns, Compromís y una rotatorio entre Més y CHA. Las fuerzas de carácter estatal, IU además de Podemos, se quedaron sin firma.

Con la llegada de Errejón, IU negoció para conseguir que Enrique Santiago fuese portavoz sustituto. Un cargo de poca relevancia pública pero que permitía a la federación impulsar iniciativas legislativas sin la necesidad de que fueran rubricadas por el portavoz principal. 

Ahora IU quiere que todo este proceso se haga de manera más democrática y que la reestructuración afecte además al resto de cargos del grupo parlamentario. Esto es, a los portavoces en las comisiones que tienen asignados los partidos. Hay cambios que Sumar debe hacer por fuerza. Errejón era portavoz titular en la comisión constitucional y también vocal en la diputación permanente (el órgano que rige el Congreso en periodos extraordinarios), así como miembro de la comisión de gastos reservados. Su sustituta en el escaño, Alda Recas, de Más Madrid, tiene un extenso currículum como enfermera y activista sanitaria, por lo que sus tareas parlamentarias seguramente vayan dedicadas a comisiones que tengan más que ver con la sanidad o los derechos sociales. 

Fuentes del grupo reconocían esta semana que esa negociación iba a requerir un poco más de tiempo del previsto inicialmente ante las peticiones de varios grupos, no solo de IU, de establecer un mecanismo más democrático de decisión. La semana que viene no hay pleno, aunque seguramente sí haya junta de portavoces, a la que acudirá, si no hay elección previa, Txema Guijarro, como portavoz sustituto y secretario general del grupo. Ya lo hizo esta semana en la primera rueda de prensa sin Errejón. 

Movimiento Sumar debatirá posponer la asamblea a 2025

Otra de las cuestiones que está sobre la mesa es la recomposición de Movimiento Sumar tras la salida de Errejón, que estaba al frente de la secretaría de Análisis Político y Discurso en la ejecutiva y tenía el encargo de elaborar la ponencia política de ese congreso. Guijarro avanzó el martes pasado que había un debate sobre posponer a 2025 el congreso, programado inicialmente para el 14 y el 15 de diciembre. Una idea que fuentes de la dirección sostienen que ya manejaban antes de la dimisión de Errejón y que tendrá que debatirse en el Grupo Coordinador que está previsto para el 9 de noviembre. 

No obstante, parece bastante claro, según trasladan varios miembros de esa dirección ampliada, que esa asamblea quedará finalmente pospuesta. La formación que fundó Yolanda Díaz tendrá más tiempo así no solo para la redacción de ese documento político –cuyos trabajos ya había iniciado Errejón– sino para el debate sobre el despliegue orgánico que quiere desarrollar en los territorios. 

En esa cita Movimiento Sumar actualizará también su documento orgánico para adaptarlo a la nueva realidad de la formación tras las elecciones europeas. En la asamblea fundacional de marzo salió un esquema de funcionamiento mixto en el que el proyecto de Yolanda Díaz era una estructura híbrida que incorporaba a militancia propia y al mismo tiempo a los partidos. Su dirección reservaba un 30% a dirigentes de las formaciones políticas que componen en este momento la coalición.

Esa tesis, no obstante, quedó enterrada tras los problemas internos a raíz de las negociaciones para las listas de las europeas. Después del 9 de junio, Yolanda Díaz renunció al liderazgo orgánico y se impuso la tesis de que Movimiento Sumar debía ser un partido más dentro de la coalición de partidos. El próximo congreso busca aterrizar eso en un nuevo documento para la nueva etapa de la izquierda.

La primera jornada de huelga de los trabajadores de Saint Gobain para mostrar su rechazo ante el anuncio de cierre de Sekurit, la división de fabricación de parabrisas para coches de la multinacional francesa, ubicada en Avilés, está siendo secundada masivamente.

Desde primera hora de la mañana se han sucedido los actos de protesta con una concentración ante la Junta General del Principado donde se celebraba un pleno ordinario, paros de dos horas por turno y cortes de carretera en la Avenida de Lugo, enfrente de las instalaciones de la empresa.

Las protestas se enmarcan dentro del calendario de movilizaciones acordado en las asambleas de trabajadores a la vista de que la empresa se ha negado a retirar el anuncio de cierre que pesa sobre las instalaciones de Avilés.

El comité de empresa de Saint-Gobain decidió seguir adelante con el calendario de paros previsto hasta el próximo 18 de diciembre al constatar que los portavoces de la multinacional francesa no se avenían a retirar esa amenaza de cierre.

La plantilla está integrada por unos 160 trabajadores y las previsiones empresariales se dirigen hacia la aplicación de un ERE de extinción de empleo para 125 trabajadores y el resto se haría a través de otras medidas de incentivación, como prejubilaciones o incluso traslados. El cierre afectaría además a casi 200 puestos de trabajo indirectos de empresas auxiliares, según calculan fuentes sindicales.

Sin acuerdo en el SASEC

La convocatoria de huelga se ponía en marcha apenas 24 horas después de que los representantes sindicales y la empresa escenificaran la falta de acuerdos entre las partes en la reunión que ayer lunes mantuvieron en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Apenas unas horas después, el diputado nacional de Sumar Rafael Cofiño se reunía con miembros del comité de empresa, a los que trasladó su apoyo, rechazó la política de deslocalizaciones de empresas como la de Sekurit y se comprometió a llevar su caso a los ministerios de Industria y Empleo, según confirmaron a elDiario.es Asturias fuentes sindicales.

“La industria es fundamental en nuestra comunidad autónoma; no sólo vamos a vivir del turismo, ni mucho menos, sino que vamos a necesitar industrias clave como la que estamos defendiendo hoy aquí, en Avilés”, declaró Rafael Cofiño.

Concentración ante la Junta General del Principado

A primera hora de esta mañana, un grupo de trabajadores se concentraba en la calle Fruela, en Oviedo, delante de la puerta principal de la Junta General del Principado y desplegaba una pancarta con el lema: “- cierres, + futuro, empleo, inversiones”.

En el interior, los diputados y diputadas participaban en un pleno ordinario donde el presidente del ejecutivo regional, Adrián Barbón, respondía a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios. Su intervención fue seguida por un grupo de trabajadores de Sekurit y otro de Duro Felguera.

En su intervención, el presidente del Principado ha hecho un llamamiento a la Unión Europea (UE) para que endurezca el control y las sanciones frente a las deslocalizaciones de las multinacionales.

Ha expresado su deseo de que Saint Gobain “se atienda a negociar” la solución menos traumática y ha reconocido que un Ejecutivo autonómico “no es capaz de doblarle el brazo” a una multinacional, ya que sólo puede hacer un papel de intermediación “sin capacidad de intervenir en el mercado”.

El guiño de Covadonga Tomé a los trabajadores

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé mostró su apoyo a los trabajadores no sólo de forma testimonial, sino que fue incluso más allá y se enfundó un chaleco con el logotipo de la multinacional francesa. Desde la tribuna, se refirió al “fracaso estrepitoso” de la reconversión tras el cierre de las minas de carbón, así como situaciones de cierres, como el de Alcoa en 2019 y Sekurit, y la indefinición de Arcelor en sus inversiones de descarbonización.

La red social X recogía algunos testimonios gráficos donde se hacía referencia a las interpelaciones de la diputada al presidente regional sobre la defensa que desde Asturias se iba a realizar para el mantenimiento, tanto los puestos directos como los indirectos, que están afectados por este anuncio de cierre que, a juicio de los sindicatos, encubre una deslocalización.

Desde que el pasado 8 de abril los trabajadores conocieron las intenciones de cierre de la empresa, se han sucedido los mensajes de apoyo. A las reuniones mantenidas con el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y los secretarios generales de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, y del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, se suman las rondas de conversaciones que los representantes sindicales están manteniendo con los distintos responsables de los grupos políticos.

Además de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, han mantenido encuentros con la diputada nacional del PP Esther Llamazares y el senador popular Pablo González. Este martes, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha intervenido en el pleno ordinario portando un chaleco de Saint-Gobain, mostrando así su respaldo públicamente.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha abogado este miércoles por un “ejercicio de reajuste” en el papel que juegan los diputados y diputadas en el actual modelo parlamentario español para “combinar la lealtad” a sus respectivos partidos políticos con las funciones que tienen reservadas como parlamentarios.

Lo decía durante el acto de inauguración de las XV Jornadas de Derecho Parlamentario ‘Debates constitucionales, el Estatuto del Parlamentario’, que se celebran hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, organizadas por la institución junto a la Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto de Derecho Parlamentario, el Instituto de Derecho Comparado y Centros de Estudios de Partidos Políticos y el Departamento de Derecho Político de la UNED.

Bellido ha criticado que el papel del diputado o diputada en el actual modelo haya quedado reducido al “papel de palomas mensajeras de las sedes de los partidos” y en su opinión “hay que hacer un ejercicio de exploración, de reajuste para combinar la lógica y necesaria lealtad a los partidos políticos” con la función como parlamentarios. “Hay que explorar esa vía”, reclamaba.

En esa apreciación ha coincidido con el secretario general de la Fundación Manuel Giménez Abad. “Reivindico la disciplina de grupo y de partido, pero eso no puede ahogar al diputado individual. Hay que encontrar su espacio”, decía José Tudela Aranda, quien ha apostado por aclarar “cómo y qué funciones le corresponde ejercer”.

Tanto Bellido como Tudela han coincidido también en apostar por el diálogo entre diputados de distintos partidos políticos. “Hay que elevar el nivel y no me refiero solo a la oratoria sino a la escucha activa. Tenemos que escucharnos”, señalaba el presidente del Parlamento castellanomanchego. 

“Uno tiene la sensación de que hay demasiado ruido y poco provecho” porque, reconocía, “las hostilidades son excesivas”. 

Para Tudela, es necesario “apelar al rigor, al diálogo y a la discrepancia racionalizada” porque, lamentaba “muchas de estas cosas no se dan actualmente en la vida pública”. Ha pedido también “excluir blancos y negros y reivindicar los matices. Hay que escuchar lo que dice el otro. Eso es el Parlamento, aunque hoy en demasiadas ocasiones eso parece el pasado”.

Las Cortes de Castilla-La Mancha son el primer parlamento autonómico en acoger estas jornadas que cuentan con quince años de trayectoria. En la jornada se hablará del ejercicio de las funciones parlamentarias en una mesa redonda protagonizada por Bárbara Cosculluela Martínez, letrada de las Cortes Generales y Yolanda Fernández Vivas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, moderada por Piedad García Escudero-Márquez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. 

También se analizará la suspensión y pérdida de la condición de parlamentario a cargo de Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla la Mancha y Lidia García Fernández, letrada de las Cortes Generales, en una mesa moderada por Elviro Aranda Álvarez, director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III.

Seis de cada diez euros de dinero público que reciben los partidos para financiar su presencia en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos acaban engrosando las arcas de esos mismos partidos. Es lo que el Tribunal de Cuentas define como “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal de aumentar sus recursos pero a la que el órgano fiscalizador lleva años pidiendo poner límites. 

Lo hace también en el último informe sobre la financiación de las formaciones políticas de los ejercicios de 2018 y 2019, hecho público recientemente. En ese documento reclama reformas reglamentarias y de la ley del régimen local que establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento. 

Estas aportaciones, que las diferentes instituciones otorgan a los grupos políticos en función de la representación obtenida, quedan además fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas. También están excluidas de la ley de subvenciones y son fiscalizadas, en todo caso, por las instituciones que las otorgan. Es un vacío legal sobre el que se ha pronunciado incluso el Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 1990 afirmó que “resulta evidente” que la finalidad de las subvenciones establecidas en beneficio de los grupos parlamentarios “no es otra que la de facilitar la participación de sus miembros en el ejercicio de las funciones institucionales de la Cámara a la que pertenecen”. 

En este último informe, el Tribunal de Cuentas vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que “una parte muy significativa de la financiación pública de los partidos políticos” proceda de esas aportaciones. Y, en consecuencia, pide que se establezcan “convenios” en los que se recojan los servicios que el partido se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios. 

Según sus datos, en los citados ejercicios fueron transferidos a los partidos 139,61 millones de euros —70,81 en 2018 y a 68,68 en 2019— de las subvenciones recibidas para la financiación de los grupos parlamentarios en el Congreso, el Senado y las asambleas autonómicas, lo que representa un porcentaje del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas a dichos grupos. Además, los grupos municipales aportaron a sus respectivos partidos 33,90 millones de euros en 2018 y 42,36 en 2019.

Las cifras dan cuenta de que se trata de un registro a la baja: en 2016 el porcentaje de fondos de los grupos parlamentarios que acabaron en las cajas de los partidos fue del 72% y en 2017 del 63%. Pero, en todo caso, lo que reflejan estos datos es que de forma muy significativa unas aportaciones destinadas a apoyar la actividad legislativa terminan financiando el funcionamiento ordinario de las agrupaciones políticas.

No obstante, existen disparidades en las cuantías derivadas a los partidos y también en las justificaciones que ofrecen las diferentes formaciones políticas. Según datos del Tribunal de Cuentas, Podemos, PNV, Bloque Nacionalista Galego, EH Bildu o Más País desviaron en 2019 a las huchas de sus partidos más del 95% de las subvenciones que recibieron sus grupos parlamentarios. El PP y el PSOE hicieron lo mismo con el 57% de los ingresos obtenidos por esta vía y Vox, que en esos años empezaba a tener representación en instituciones públicas, con apenas el 6%. 

En el caso del PNV ese porcentaje es del 100%. Este año, en las cuentas anuales de 2022 presentadas al Senado, la formación de Andoni Ortuzar afirma que su grupo en el Senado no dispone de personal a su cargo y que el partido asume la “práctica totalidad” de sus gastos de funcionamiento, incluyendo de “forma destacada” el asesoramiento técnico, por lo que aporta mensualmente al partido una cantidad “fija”. Esa cantidad se corresponde, en total, con el grueso de la subvención recibida por la Cámara Alta.  

En otros partidos, la práctica es la contraria: parte de las subvenciones a los grupos parlamentarios se dedican a complementar los salarios de los miembros de su dirección. Así ocurre, por ejemplo, en el Partido Popular, tal y como han dejado al descubierto las últimas declaraciones de bienes presentadas al Congreso por los diputados que son, a su vez, miembros de la cúpula de la formación. 

El que más cobra por esta vía es el propio Alberto Núñez Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, percibió al margen de su sueldo de senador y de 39.260 euros brutos por su cargo en el PP otros 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario con cargo a la asignación que la Cámara Alta concede al PP. La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró un sobresueldo de 28.759 al margen de su salario público del Congreso y con cargo a esa misma partida. 

En Vox también parte del salario de su presidente, Santiago Abascal, es abonado con la subvención que recibe el partido por parte del Congreso. Según su declaración de bienes, el líder del partido de extrema derecha ingresa 37.357,80 euros como sueldo del partido y otros 18.000 como presidente del grupo parlamentario que salen de la citada subvención. Aparte de eso, cobra 4.085,65 euros mensuales brutos por su condición de diputado. 

“Reconsiderar” las subvenciones para seguridad

Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas pone en cuestión las subvenciones que reciben los partidos políticos para sufragar gastos de seguridad ya sean personales o materiales. Esto es, tanto agentes de seguridad privada o escoltas, como todos los elementos que sirven para proteger las sedes y a los propios representantes políticos: persianas y cristales de seguridad, sistemas de videovigilancia, vehículos blindados, inhibidores de señales o auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos, entre otros gastos. 

El órgano fiscalizador afirma que “en el actual contexto social y político” sería “conveniente reconsiderar la conveniencia material y económica” de mantener en las “condiciones actuales” estas subvenciones. Además, recuerda que los partidos deben reintegrar subvenciones por gastos de seguridad por un total de 120.026,61 euros en el ejercicio 2018 y de 182.901,85 euros en el ejercicio 2019. En total, 302.928,46.

El partido que más dinero tiene que devolver es Podemos: un total de 112.531,73 euros. Según este documento, la formación que ahora lidera Ione Belarra trató de subvencionar a través de esta partida 131.339,16 euros invertidos en las obras de acondicionamiento de su sede central. En el trámite de alegaciones, el partido afirmó que los servicios se contrataron con empresas especializadas en el ámbito de la seguridad. Pero el Tribunal de Cuentas considera que los servicios facturados a la formación política no corresponden propiamente a costes de contratación de personal de seguridad sino a “servicios auxiliares para dar respuesta a cualquier eventualidad” y le obliga a reintegrar ese dinero, parte del cual ya ha devuelto.

El PP contemporiza el Senado en el arranque de la negociación de Alberto Núñez Feijóo para intentar ser investido presidente del Gobierno y deja en el aire la formación de los grupos del PNV y de Junts, dos de los partidos que Feijóo quiere atraer para lograr una mayoría suficiente en el Congreso. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha solicitado un informe a los letrados sobre el préstamo de senador del PSOE para que estos partidos, junto a otros, cumplan los requisitos del Reglamento, que exige sumar 10 como mínimo. Hasta que no llegue dicho informe, la Mesa, que domina el PP, no se pronunciará.

El órgano de gobierno del Senado se ha reunido este martes por primera vez en la legislatura y ha dado su visto bueno a la creación de tres grupos: el del PP, el del PSOE y el conjunto de ERC y EH Bildu. El resto de solicitudes venían acompañadas del préstamo de senadores socialistas ya que el Reglamento del Senado exige a los grupos tener un mínimo de 10 integrantes.

Una práctica, la del préstamo, habitual en el pasado, tal y como ha recordado el vicepresidente de la Cámara, Javier Maroto, en una rueda de prensa. Pero lo que en otras legislaturas fue aceptado, el propio PP cedió en 2019 un senador a Ciudadanos para permitirle tener grupo, ahora está en duda.

Maroto ha explicado que la diferencia con los precedentes es que esta vez se constituirán grupos con más diputados prestados que propios. Pero este problema no aplica al caso de Junts ni del PNV.

Según fuentes parlamentarias, Junts presentó un escrito en el que sumaba a sus tres representantes el de Coalición Canaria, el de la Asociación Herreña Independiente (coaligada con CC en la isla de El Hierro) y el del BNG. En total, seis. El resto, hasta 10, serían un préstamo del PSOE.

En el caso del PNV, el partido que lidera Andoni Ortuzar tiene cinco senadores, y precisaría de otros tantos, también del PSOE, para constituirse como grupo.

Fuentes del PSOE en el Senado han señalado a elDiario.es que creen que el PP terminará aceptando los grupos porque no tienen más remedio ya que se trata de la práctica habitual en la Cámara Alta desde hace muchos años, con diferentes mayorías. Las mismas fuentes señalan que lo único que busca el PP es poner días de por medio con la decisión del Congreso, que ayer mismo sí permitió constituirse los grupos de ERC y Junts. El PP protestó y, señalan desde el PSOE, quedaría mal que hoy sí lo aceptaran en el Senado.

Así, el motivo esgrimido por el PP solo cristaliza en el último grupo en el aire, el de la Izquierda Confederal, donde se encuentran partidos integrantes de Sumar (Compromís y Más Madrid), el senador de la coalición PSOE-Sumar en Ibiza/Formentera, la Asociación Socialista Gomera (ASG) y uno que le corresponde a Geroa Bai por representación del Parlamento de Navarra, pero que todavía no ha asumido el cargo. La idea es que la primera portavoz sea la exsocialista Carla Antonelli, según Europa Press.

Obtener grupo parlamentario es una ventaja para los partidos ya que permite tener mayor visibilidad, presencia propia constante en la Junta de Portavoces, recursos económicos, humanos y materiales, así como más dinero para la gestión interna, además de capacidad de proponer iniciativas. Los senadores que no recaen en ningún grupo van al cajón de sastre del Mixto, donde suelen quedar muy diluidos.

El plan del PP para buscar los apoyos para que su líder, Alberto Núñez Feijóo, sea elegido presidente todavía no tiene fechas. Una semana después de ser designado por el jefe del Estado, el gallego no solo no se ha reunido con ninguno de los partidos que tendrían que pasar del 'no' al 'sí' o a la abstención para hacer posible una investidura que se antoja muy difícil hasta para él mismo, sino que ni siquiera se ha fijado un calendario para hacerlo. Mientras, el Congreso ha dado luz verde a los grupos de ERC y Junts. Y las negociaciones para la reelección de Pedro Sánchez avanzan, ante la impotencia de la derecha.

El PP juega, a la vez, la carta del presidenciable Feijóo y la crítica propia del primer partido de la oposición. Este lunes, el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, anunciaba que su jefe de filas convocará al líder del PSOE a una reunión bilateral y al margen de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Esa cita tendrá lugar este miércoles a las diez de la mañana en el Congreso de los Diputados, después de que el líder de los populares contactara con el presidente del Gobierno este lunes por la tarde.

La intención del líder del PP es que Pedro Sánchez se avenga a hacer presidente a Feijóo. El dirigente gallego quiere “convencer” al candidato del PSOE de que “no es bueno” que logre la reelección con el apoyo expreso de los partidos independentistas. También le planteará, según Sémper, “fórmulas para dar estabilidad” al país, y para que “el que ha ganado pueda formar Gobierno” y que “los intereses de los españoles sean prioritarios”.

La cita se ha cerrado de forma exprés, de un día para otro. Pero para lo que no hay fecha es para la ronda de contactos del PP con los grupos parlamentarios. En la dirección de Feijóo han insistido en los últimos días en que hasta esta semana no se podía iniciar, ya que la Mesa del Congreso aprobó su composición este lunes por la tarde. Pero Feijóo ya negoció la semana pasada los 'síes' de UPN y Coalición Canaria, además de los de Vox. De hecho, tuvo estos apoyos antes de reunirse con el jefe del Estado, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela y, por lo tanto, antes de ser mandatado por él para intentar la investidura. Las prisas de agosto se han convertido así en un proceso que no ha avanzado ni un milímetro en siete días.

Un proceso sin calendario, pero con nuevos hitos. Sémper anunció este lunes que Feijóo quiere reunirse con todos los presidentes autonómicos para hablar sobre su investidura. Un hecho inédito en España y para el que tampoco hay fechas ni formato. Fuentes del PP no supieron explicar cómo ni dónde serían estos encuentros. Salvo los presidentes socialistas de Asturias, Adrián Barbón, Navarra, María Chivite, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el lehendakari, Iñigo Urkullu; y el presidente catalán, Pere Aragonés, el resto de Ejecutivos autonómicos regionales son del PP o de sus aliados.

PSOE y Sumar avanzan en sus conversaciones con Junts y ERC

Mientras, en el PSOE y en Sumar siguen a lo suyo. Con todas las miradas puestas en cómo rellena Feijóo el largo mes hacia la investidura fallida, los socios de coalición aprovechan la falta de foco para entablar conversaciones discretas de cara a la reelección de Pedro Sánchez. Esas negociaciones van concretando ya algunos hitos que quedaron enfilados con el acuerdo para la composición de la Mesa del Congreso, que precisamente este lunes dio luz verde a que ERC y Junts puedan conformar grupos parlamentarios propios gracias al préstamo de las fuerzas progresistas. 

Sobre el encuentro con el líder del PP, los socialistas afirman que Pedro Sánchez acudirá si Feijóo lo llama, pero reclaman disculpas públicas tras meses de ataques. “No puede ser que un día seamos partido de estado y otro nos pongan a parir. Los que han perdido la institucionalidad son ellos dando incluso pábulo a bulos”, lamentan en Ferraz. 

En una comparecencia ante los medios, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, llegó a exigir este lunes unas disculpas públicas. “Antes de formular esta llamada le pediría que se disculpara. Ha estado insultando al PSOE constantemente y le pediría que rectificara esas continuas llamadas al transfuguismo. No sé qué se cree Feijóo que es el PSOE, pero es una organización seria”, dijo Alegría. 

Los socialistas están convencidos de que, de cara al intento de investidura, a Feijóo “se le va a hacer muy largo” el próximo mes. “Esto es una farsa y nos hace perder un mes. Es muy fuerte escucharles ahora hablar de Junts”, apuntan fuentes de la Ejecutiva que se muestran convencidas de que las conversaciones con los independentistas catalanes llegarán a buen puerto aunque, por el momento, renieguen detallar los límites de una posible ley de amnistía.

El largo mes de Feijóo

Feijóo intenta dar contenido al mes que falta para la sesión de investidura tras negociar las fechas con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Apenas 24 horas después de ser designado por el rey, el líder del PP se dio de bruces con la realidad de que todos los partidos del bloque que la pasada legislatura armaron el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso rechazan apoyarle. Incluido su añorado PNV.

Al PP solo le queda una remota opción: una abstención de Junts. Y lo va a intentar, según confirmó el propio Feijóo este fin de semana en una entrevista en El Mundo en la que dijo que el partido de Carles Puigdemont no es su “rival”. Una frase que le valió la reacción del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien sí definió a Junts como “rival”. 

En la entrevista Feijóo reconoce antes de iniciar ningún contacto parlamentario que su investidura es casi imposible. “Yo no veo la investidura en base a la variante fracaso-éxito. Para mí la variante es deber-responsabilidad”, dijo. “Yo quiero dejar claro que si yo estuviera dispuesto a ceder lo que Pedro Sánchez va a ceder, el presidente del Gobierno sería yo”, añadió.

Una idea en la que abundó Sémper este lunes. “Es un proceso extraordinariamente complicado, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo”, dijo. Su intención, añadió, es “aprovechar para evidenciar que hay dos modelos”, el suyo y el de Sánchez. El PP asume así una posición perdedora y da por hecho que el líder socialista tendrá su oportunidad de intentar la investidura, para lo que la de Feijóo tiene que ser fallida. Porque mientras el PP mantiene congelada su negociación, el PSOE y Sumar avanzan con sus potenciales socios. Este lunes por la tarde, ambos aprobaron en la Mesa del Congreso los grupos de ERC y Junts, condición para continuar las conversaciones.

En el PP daban por hecho que iba a ocurrir. Ya por la mañana Sémper tachó la decisión de “fraude de ley” ya que los partidos catalanes no cumplen con los requisitos que plantea el Reglamento del Congreso y los partidos de Sánchez y Yolanda Díaz les han tenido que 'prestar' diputados, algo habitual en ambas cámaras de las Cortes Generales desde hace décadas, pero que esta vez el PP ha denunciado como parte de las contraprestaciones para la investidura del líder del PSOE.

“No se puede negociar con los derechos de los diputados”, se lamentaban desde el PP tras la decisión del órgano de gobierno del Congreso. Las mismas fuentes criticaban además la distribución de diputados en el Pleno planteada por el PSOE y Sumar. Una cuestión a priori baladí, pero que tiene su importancia ante las cámaras de televisión.

“Una imagen vale más que mil palabras”, aseguran desde el PP, que se revolvió en la Mesa ante la propuesta de los grupos mayoritarios porque, en su opinión, se diluía la presencia del grupo popular y, por tanto, su peso como “oposición” al bloque del futuro y todavía hipotético Gobierno.

Por dos veces consecutivas, en las legislaturas que arrancaron en 2015 y 2019 en la Asamblea de Extremadura, el PP regional se ha opuesto a una ampliación de la Mesa rectora del Parlamento autonómico que diera cabida a todas las fuerzas políticas, algo a lo que ahora se apunta forzado por su acuerdo con Vox que, de forma imprevista, se quedó fuera días atrás por el enfrentamiento respecto a la composición del futuro Gobierno extremeño.

La negativa de la actual presidenta regional del PP, María Guardiola, a romper su promesa electoral de que no haría sitio en su Ejecutivo a nadie del partido de Abascal, desembocó el pasado 20 de junio, cuando se constituyó la Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 28 de mayo, en un fracaso estratégico, inverosímil e inesperado de las derechas que pese a contar con mayoría absoluta, 33 diputados de 65, consiguieron solo dos de los seis puestos de la Mesa, y se quedaron sin la guinda de la presidencia, que Guardiola ofrecía a Vox pero acabó recayendo en la socialista Blanca Martín.

Pese a contar con el 50,7% de los diputados, las derechas extremeñas salieron de la sesión con un raquítico 33% de la representación en la Mesa, y perdida de forma holgada la mayoría de la misma que quedó formada por tres miembros del PSOE, dos del PP y uno de Unidas por Extremadura: de los seis, cuatro para la izquierda.

El rizo de lo contrario, la unidad estratégica en las izquierdas, fue la votación de las tres secretarías en la que los socialistas prestaron dos votos a Unidas, seis en total fueron, que dejaron en la mayor de las esterilidades los cinco de otros tantos diputados de Vox.

Aquel fracaso viene ahora a ser remediado por un acuerdo PP-Vox para reformar el reglamento de la Asamblea e incrementar el número de miembros de la Mesa (son seis) para incluir a alguien de la extrema derecha, según se recoge en el punto cuarto del acuerdo para la “gobernabilidad y el cambio político en Extremadura”.

El acuerdo firmado por Guardiola y el líder extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo, recoge el “modificar el Reglamento de la Asamblea de Extremadura para garantizar que la composición de la Mesa de la Cámara sea proporcional al número de integrantes de cada grupo parlamentario”. Tienen fuerza política suficiente para hacerlo, 33 diputados.

Dos veces 'no'

No será la primera vez que se modifica, tampoco la segunda. En 2015, cuando Fernández Vara doblegó al Gobierno de Monago, entraron en la Asamblea dos nuevos grupos políticos, Unidas por Extremadura y Ciudadanos, y para que este último, con un solo escaño, estuviera también representado en el órgano rector de la Cámara, se cambió el reglamento para ampliarla de cinco a seis integrantes, una modificación que se aprobó con los votos a favor de PSOE, Unidas y Cs, y en contra del PP que alegó entonces razones formales, el no haber hecho el trámite por una comisión de estudio.

La segunda ocasión fue hace cuatro años, en 2019, cuando el reparto de escaños y la disposición de solo seis asientos en la Mesa amenazaba con dejar fuera a Unidas. PSOE sacó 34 diputados, 20 el PP, 7 Ciudadanos y 4 Unidas; en teoría serían tres puestos en la Mesa para los socialistas, dos para los populares y el restante para Cs.

El acuerdo en la izquierda permitió cambiar nuevamente el reglamento y ampliar sillones, de seis a ocho, uno de ellos para Unidas, algo que Ciudadanos, que había sido agraciado cuatro años antes, no apoyó y se abstuvo. Los populares volvieron a negarse como la vez anterior y votaron en contra; era un cambio con fecha de caducidad, vigente solo hasta este año.

En la sesión donde se votó aquello, el 18 de julio de 2019, el portavoz del PP Fernando Manzano argumentó que la Mesa necesitaba estabilidad, abogó por volver al número original de cinco, una cifra impar que impide empates, y calificó la ampliación a ocho de “despropósito” y “ocurrencia”.

Ahora, cuatro años después, lo que resultaba “despropósito”, se ha puesto la piel de necesario para el “cambio político” y la “gobernabilidad” de Extremadura.

Está por ver además en qué se concreta el punto del acuerdo PP-Vox, si se conformarán con incorporar a un diputado de ese último en la Mesa o, en orden a “garantizar que la composición sea proporcional al número de integrantes de cada grupo parlamentario”, se pretende ampliar a cuatro en vez de a dos la representación de las derechas, la misma que tienen las izquierdas, aunque la presidencia socialista resolvería el empate con su voto de calidad.

El PSOE ya ha advertido que cualquier cambio tiene que respetar la mayoría derivada de la elección hecha el pasado 20 de junio.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha escenificado este lunes su apoyo al exvicepresidente del Principado, el socialista Juan Cofiño, al otorgarle su voto para presidir la Mesa de la Junta General del Principado, obteniendo así la mayoría absoluta en la primera ronda de votaciones al sumarse a los 19 sufragios de los diputados socialistas y los tres de Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS).

El PSOE había asegurado previamente la presidencia al amarrar de antemano 22 votos gracias al acuerdo pactado con Convocatoria por Asturias que obtenía a cambio representatividad en la Mesa y evitando así cualquier atisbo de acuerdo de la derecha si sumaban esfuerzos PP y Vox.

Tras la votación nominal y secreta se procedió al recuento y las cuentas favorecieron al socialista Cofiño, al sumar Pumares su voto al de los parlamentarios socialistas y de Convocatoria por Asturias. Un voto que el parlamentario forista justificaba ante los periodistas al término de la sesión y que, según sus palabras, ya había anticipado a los socialistas en las conversaciones mantenidas hasta el momento.

“Creo sinceramente que Juan Cofiño puede realizar un buen papel en la presidencia de la Junta General. El PSOE ya estaba al tanto de mi voto para evitar que no hubiese esa mayoría absoluta y que, por tanto, hubiera que hacer una segunda vuelta en las votaciones”, ha argumentado.

Pumares ha indicado que empieza esta legislatura con más ilusión si cabe que la anterior, aunque es consciente de que Foro Asturias no va a ser tan decisivo como les gustaría. Ha afirmado que “se va a dejar la piel” para influir en cada ley, en cada política y en cada proyecto de presupuestos que salga adelante en la Junta General y es en lo que va a trabajar “desde ya y hasta que finalice la legislatura”.

Pumares confía en que esta legislatura sea “más productiva en términos de leyes que la pasada” ya que, según ha explicado, fue el parlamento autonómico que menos leyes elaboró y espera que los parlamentarios que inician esta duodécima legislatura dejen dentro de cuatro años una Asturias que sea mejor que la actual.

Pumares no ha tenido ambages para confirmar que la aspiración de su partido es “ser decisivo e influyente” en esta legislatura y hacia ese camino se va a dirigir. La opción de entrar en el gobierno está ya “absolutamente descartada” porque en su opinión hay suficientes discrepancias con el PSOE y con sus socios preferentes, pero seguirá adelante con su compromiso electoral para que su voz también sea escuchada y tenida en cuenta.

La previsión de Foro Asturias es no votar a favor ni de Diego Canga, candidato del PP, con el que no hubo ningún contacto, ni tampoco con el del PSOE, Adrián Barbón, según ha avanzado, debido a las discrepancias políticas con ambos.

El “logro” de dejar fuera a la ultraderecha

Por su parte, el presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón, ha reconocido su ilusión y emoción por la elección de Juan Cofiño, al que ha elogiado por ser una persona “excepcional” que, entre sus cualidades, tiene el de ser una persona de consensos. A su juicio, el recién elegido presidente de la Junta General puede aportar en un clima de gran tensión y polarización el sosiego, sensatez y rigor necesario.

“Está claro que no lo podíamos perder para la política activa”, ha expresado Adrián Barbón, una vez que Juan Cofiño le había planteado que quería pasar a un segundo plano por cuestiones personales y logrando con su cargo actual ser la segunda autoridad de la región.

Su locuacidad a la hora de alabar a su exvicepresidente se ha convertido en prudencia a la hora de adelantar algún aspecto relacionado con el desarrollo de las negociaciones con los grupos parlamentarios para la formación de gobierno de cara a su investidura como presidente del Principado. A la pregunta sobre cómo van a ser esas negociaciones, él ha respondido que serán “discretas”.

“No avanzamos más porque yo soy muy de hitos -ha manifestado- primero era constituir los ayuntamientos y asegurar la gobernabilidad y las cosas quedaron claras con 42 ayuntamientos con alcaldes y alcaldesas del PSOE frente a 16 del PP, en segundo lugar era la constitución y gobernanza de la Junta General y el resultado ha quedado claro con una mayoría en la Mesa progresista y la tercera y de lo que más orgulloso me siento -ha añadido- es haber trasladado al PP y convencerle por la presión política que hicimos de que no cediera uno de los dos puestos a Vox”.

Una exclusión que aunque ha admitido que ha generado “algunas disfunciones”, ya que Vox ha presentado a su propio candidato, ha permitido que la formación quedara fuera de la Mesa de la Cámara, un objetivo que Barbón le ha agradecido especialmente al PP.

Dejar fuera a la extrema derecha ha sido, para el presidente del Principado en funciones, un gran logro especialmente frente a una amenaza de involución global que está teniendo lugar en España. Por eso ha comparado a Cofiño con otros presidentes y presidentas en Parlamentos de otras autonomías y ha comentado literalmente que en esos otros casos “es para echarse las manos a la cabeza”. Una comparativa tanto de nivel, de calidad humana, de compromiso social y de respeto hacia el que piensa diferente que, según Adrián Barbón, es “abismal”, porque mientras los otros se dedican a insultar a otros políticos a través de Twitter, jamás se verá a Juan Cofiño insultar a un adversario.

Aunque el forista Adrián Pumares ha reconocido que adelantó su voto favorable a Juan Cofiño al PSOE, Adrián Barbón ha asegurado desconocer este extremo, aunque le ha agradecido su apoyo porque ha indicado que por encima de debates ideológicos está el carácter ecuánime, riguroso y serio del nuevo presidente de la Junta, lo que podría justificar su voto, al igual que ha agradecido el apoyo de Convocatoria por Asturias.

Adrián Barbón sí ha querido aclarar que la delegación de la comisión negociadora de la Federación Socialista Asturiana (FSA), de la que forman parte Gimena Llamedo, el propio Juan Cofiño y Dolores Carcedo, convocó una reunión para la formación de gobierno a la que estaba invitada la diputada de Podemos, Covadonga Tomé y ella disculpó su asistencia porque, según ha comentado el presidente en funciones, estaban sus compañeros de dirección política con los que es público que mantiene una abierta discrepancia.

“Lamento que no viniera. Supongo que se seguirá repitiendo la invitación y negociando con todos. Pero dependerá de la propia diputada si quiere o no participar en las reuniones”, ha afirmado Adrián Barbón.

Satisfacción del PP frente a la crítica de Vox

Diego Canga reconocía sentirse emocionado por estrenarse como diputado del PP y satisfecho por haber logrado que su partido contara con dos representantes en la Mesa -el vicepresidente José Agustín Cuervas-Mons y Pilar Fernández-Pardo en una secretaría- y al aumentar el número de diputados al pasar de 10 -en la anterior legislatura- a 17 diputados en la actual.

La diputada de Vox, Carolina López, ha criticado al PP por dejar fuera de la Mesa a su formación. “Ha sido una falta de voluntad política por parte del PP. Se intentó, pero no ha querido. Nos correspondería por representatividad, como ha ocurrido con Convocatoria por Asturias”, ha corroborado.

Preguntada por el voto del diputado forista Adrián Pumares al socialista Juan Cofiño, cuando su partido tiene un acuerdo con Foro en Gijón, la diputada de Vox ha dicho que tendrá que ser el propio Pumares el que dé las explicaciones. “Ya nos tienen acostumbrados a decir una cosa y luego hacer otra”, ha aseverado.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha seguido la sesión constituyente desde la tribuna reservada al público, donde se refirió a los parlamentarios de su formación como “los cuatro magníficos”. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre las coaliciones de su partido en otras comunidades autónomas como Extremadura o Murcia. Una presencia que, según el presidente Adrián Barbón, pudo deberse a que tiene casa en Asturias e incluso ha ironizado con la importancia de que “los turistas vengan a visitar y conocer la región”.

Posiciones cara a la investidura

El portavoz de Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS), Ovidio Zapico, ha reiterado este lunes que su coalición votará a favor de la candidatura de Adrián Barbón para repetir al frente de la presidencia del Principado. “Vamos a votar a su favor sin ningún tipo de contraprestación a cambio”, ha puntualizado.

La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, sí ha votado en el pleno de este lunes a favor de Delia Campomanes, de IU, para la secretaría de la Mesa, pero se ha abstenido en la votación para elegir al presidente. Asegura que el resultado de la Mesa podría ser un ensayo del futuro Gobierno.

“Es claro que Foro ha votado a favor de la presidencia del PSOE y éste probablemente quiera apoyarse en Foro a lo largo de estos cuatro años”, ha vaticinado.

La semana que acabamos de vivir nos ha proporcionado ya muchas interesantes reflexiones, pero también muchos exabruptos, insultos, descalificaciones y desinformación. Yo haré mi reflexión, tratando de poner luz en mi propia cabeza, que para esto al menos debería servir este ejercicio.

Se estaba tramitando estos días una proposición de ley de reforma del Código Penal sobre determinadas materias -particularmente, la desaparición del delito de sedición y su sustitución por otro de desórdenes públicos agravados- impulsada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (Grupo de UP, en adelante). Como es sabido, en el curso de esta tramitación algunos grupos parlamentarios han introducido diversas enmiendas.

Algunas de dichas enmiendas -ya aprobadas el pasado jueves en el Congreso-, como la negociada entre el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Republicano -ERC, para entendernos ahora- para rebajar las penas previstas para el delito de malversación en algunos supuestos, en íntima relación con la materia abordada por la proposición de ley a debate. Con independencia de la opinión que al respecto se tenga, lo que ahora no suscito.

Otras enmiendas, sin embargo, como la planteada por los Grupos Socialista y de UP, referente a la modificación del artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- para rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para proponer el nombramiento de magistrada/os del Tribunal Constitucional de los 3/5 hasta ahora previstos a una mayoría simple. Lo que, sin duda, facilitará la renovación de las dos plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, habida cuenta de las dificultades que, por el claro desinterés o mala fe -lo dejo así, por ahora, por no enturbiar más el debate- de un número de vocales suficiente para impedir tal renovación en el plazo fijado por la reforma operada en la LOPJ este pasado verano, plazo que finalizó el 12 de septiembre. Enmienda planteada el 8 de diciembre y ya votada y aprobada el día 15 de este mismo mes, lo que, en términos temporales, resulta muy ilustrativo de la (in)capacidad de debate parlamentario real y eficaz.

Y ahora nos encontramos con otra vuelta más de tuerca dentro de este auténtico lío legislativo e institucional. Así, el Grupo Parlamentario Popular, como también es ya archiconocido, ha planteado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la interposición, debate y decisión de algunas de las enmiendas introducidas en la tramitación de la proposición de ley antedicha.

Recurso de amparo que se presentó el miércoles, esto es, la víspera del debate y votación de las enmiendas en cuestión. Recurso acerca de cuya legitimación no hay dudas legales, pero que ha incorporado una solicitud de medidas cautelarísimas, esto es, a dictar sin oír a las restantes partes interesadas, apelando a la urgencia de la cuestión, dado que se iba a votar al día siguiente. Solicitud que más tarde, dado que las enmiendas ya fueron efectivamente votadas, han extendido a la tramitación en el Senado que se producirá esta misma semana.

Ya sabemos también que el TC se ha dado un tiempo de reflexión, justo hasta el día de hoy, en el que, es de esperar, se tomará alguna decisión sobre la solicitud de tales medidas cautelares. Sin contar con el cruce con la recusación por el Grupo de UP de los dos magistrados –uno de ellos, su presidente– que, precisamente, han de ser sustituidos por los que proponga el CGPJ.

Hay algunas reflexiones que me resultan obvias.

De un lado, la de la manifiesta inconstitucionalidad de la tramitación de las enmiendas presentadas por los Grupos Socialista y UP para modificar el modo de propuesta de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional por el CGPJ, pues es clara la doctrina del Constitucional sobre la imprescindible conexión entre la enmienda presentada y la ley que se está tramitando. Como muy bien saben los grupos parlamentarios, las Mesas del Congreso y del Senado y la asistencia jurídica de las cámaras. Y como muy particular y sobradamente conoce el Grupo Socialista en el Senado, que obtuvo del Tribunal Constitucional en el año 2011 el amparo solicitado en 2003 en relación con la admisión a trámite por la Mesa del Senado de dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular para modificar el Código Penal en el marco de la tramitación de una ley orgánica complementaria a la Ley de Arbitraje, con la que aquellas enmiendas no guardaban relación alguna, declarando el Tribunal Constitucional que esta tramitación es contraria a la Constitución por restringir las posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto acerca de una problemática política totalmente ajena a la que se estaba debatiendo hasta entonces, vulnerando el derecho de los senadores entonces recurrentes del artículo 23.2 de la Constitución a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad con los requisitos que determinan las leyes.

O sea, que es de cajón -y nadie lo duda- que la impugnación de la tramitación de las enmiendas presentadas y ya aprobadas en el Congreso sobre la modificación del método para renovar el Tribunal Constitucional merecerá en su día el amparo solicitado por el Grupo Popular -y los que se puedan presentar por otros grupos-, cuando el Tribunal Constitucional se digne a estudiar la cuestión, o sea, en principio, dentro de varios años, en los mismos términos del caso que acabo de comentar.

A diferencia de la prisa que se dio en resolver los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Presidencia del Gobierno frente a las leyes del Parlament de Catalunya 19/2017, de 6 de septiembre –Ley del Referéndum de autodeterminación– y 20/2017, de 8 de septiembre –Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la República-. Ocasiones en las que su Pleno –esto es, los que se autocalifican de “progresistas” y “conservadores”, pues incluso se reúnen ahora, al parecer, en grupos así divididos, para mi perplejidad-, resolvió declarar su inconstitucionalidad ensSentencias de los 17 de octubre y 16 de noviembre siguientes, o sea, como un rayo. Lo que viene a demostrar que, cuando se quiere -o interesa -, se puede. Y, desde luego, claro que en alguna ocasión se ha suspendido el ejercicio de la representación del pueblo, porque ¿qué otra cosa fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y todos sus efectos en las instituciones catalanas? De modo que, sobre la representación del pueblo y las “interferencias” ajenas, poco nos van a ilustrar ahora ni “los unos” ni “los otros” -utilizo el masculino por referirme, no a personas, sino a los grupos parlamentarios-. Y, sobre la posibilidad de resolver “en tiempo”, tampoco.

Sin olvidar que, iniciando un camino muy peligroso y que ahora puede apreciarse en toda su dimensión, se resolvió entonces un recurso del PSC por el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad –o sea, una vez más, por todos sus miembros, “progresistas” o “conservadores”-, suspendiendo cautelarmente el acuerdo de convocatoria de un Pleno del Parlament para el 9 de octubre de 2017 en el que comparecería el president Puigdemont para valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre anterior, suspensión que se decidió invocando el artículo 56.6 LOTC, esto es, precepto también invocado ahora por el Grupo Popular.

La siguiente reflexión es sobre si, pese a lo dicho, ello significa que el Tribunal Constitucional deba estimar ahora la medida cautelar solicitada y suspender la votación de dichas enmiendas el próximo jueves en el Senado. Y es aquí donde radica la extraordinaria novedad de la cuestión, pues, ciertamente, sobre esto no tenemos más precedente que el antedicho. Y, en este tema, aunque la LOTC contempla, como se ha expresado ya, la posibilidad de adoptar medidas cautelares en su artículo 56, lo cierto es que ello lo es “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad”, pero “siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido”“

Pues, por estas previsiones, y dada la situación generada, se entendería prudente que el Tribunal Constitucional no suspendiera la votación en el Senado –la que queda pendiente-. Y ello, porque, de una parte, la propia posición del Tribunal Constitucional quedaría muy cuestionada –más aún, si cabe– por largo tiempo y, de otra parte, porque resulta más seguro dejar hacer, dejar votarse las enmiendas y aprobarse las reformas y declarar, en su caso –casi seguro-, después, su no adecuación a la Constitución, según lo antedicho.

Reflexión a la que tengo que añadir que, en definitiva, las reformas en cuestión podrían ser aprobadas mediante una tramitación perfectamente constitucional, incluso mediante una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, en un tiempo breve, con el mismo contenido, sin el más mínimo reproche jurídico –otra cosa es el reproche político que, en su caso, pudiera hacérsele-.

Una última y no deseada reflexión: todos lo hacen mal, a sabiendas, por interés. Como dice mi amiga Elisa: ¿para qué vas a hacerlo bien pudiendo hacerlo mal? -en expresión que la gente, inocentemente, me corrige-. Lo verdaderamente importante ahora es cómo desmontar la situación así generada, desde hace tiempo, desde luego. No quiero ser “equidistante”, pues no existe tal condición, realmente. Pero, la única alternativa sería ser ser “vomidistante”, ya que todas las posiciones hasta ahora manifestadas me generan, inevitablemente, vómito.

Y no creo que, para solucionar la enorme avería institucional generada –que, desde luego, se ha producido-, hayamos de remontarnos al Génesis, al “pecado original”, pues no sabremos dónde situar este momento ni saldremos de los reproches recíprocos –otro día hablaré de esto-. Entiendo ahora más útil y eficaz ir desmontando el entuerto pieza a pieza, desde este momento hacia atrás, de modo que cada parte guarde su ficha y se pueda recomponer el tablero poco a poco.

Aunque, qué quieren, no tengo la más mínima esperanza. Se ve que se juegan algo distinto a lo que yo entiendo que está en riesgo. Y bien que lo lamento. A ver si los próximos días, entre langostino, cava, turrón y mazapán, alguien ve la luz y se dispone a desmontar este monstruo “comeinstituciones”.

Nota: me ha salido un artículo largo y farragoso, pero, para evitarlo, solo me cabía la alternativa de la desinformación y el insulto. Y eso, ni ustedes lo merecen ni yo soy, todavía hoy, afortunadamente, capaz de hacerlo. 

Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura ya han marcado sus posiciones ante los Presupuestos Generales de Extremadura para el año que viene, que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles.

El Grupo Parlamentario Socialista ha destacado que las cuentas para 2022 harán “una región más igualitaria y cohesionada”, al tiempo que ha añadido que son las cuentas que necesita Extremadura para afrontar “una recuperación justa y acompañar a los autónomos y empresas por la senda del crecimiento”.

Para el diputado socialista Jorge Amado, los presupuestos demuestran la “profunda coordinación” entre la Junta y el Gobierno de España, y son “el claro ejemplo de que a los extremeños nos va mucho mejor cuando gobiernan los socialistas” en la comunidad y en el país.

Además, ha remarcado que “siete de cada diez euros van a políticas sociales”, lo que es “una gran noticia”, y se refuerzan las políticas económicas para afianzar el desarrollo de la región. 

Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha calificado de “falta de respeto” hacia la Asamblea de Extremadura y las instituciones que el Gobierno regional haya presentado los primeros datos del proyecto de presupuestos para 2022, los de “la deuda pública”, en un día en el que se está desarrollando una sesión plenaria. A su juicio, viene a significar que la Junta de Extremadura va a seguir gobernando aplicando su “mayoría absolutísima” sin oír las propuestas de los grupos parlamentarios.

Para Hernández Carrón, los presupuestos autonómicos son los de la “deuda pública” y hay que recordar que en el segundo trimestre de este ejercicio Extremadura es la sexta comunidad autónoma más endeudada de España, por encima de los 5.300 millones de euros. Por lo tanto, más deuda se traducirá en tener que destinar más dinero de los presupuestos a pagar a los bancos, ha apuntado.

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura José María Casares ha indicado que el incremento del montante del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura del ejercicio 2022 es para deuda y con ello “hipotecar el futuro de nuestros hijos”.

A la formación naranja le resulta “difícil” ofrecer un análisis de las cuentas porque el gobierno no le ha presentado todavía los datos y solo conoce la información general que ha avanzado a los medios la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. Por ello, Casares ha explicado que lo que puede valorar es que las cuentas se han incrementado en 500 millones respecto al ejercicio anterior “y todo ha sido a deuda, es decir, a costa de hipotecar el futuro de nuestros hijos”, recoge el partido en nota de prensa.

Por su parte, la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado como “previsible” el aumento del 7% del presupuesto dado el esfuerzo inversor del Gobierno estatal de coalición, que “está apostando por una salida de esta crisis, con inversión en gasto social, en servicios públicos”, algo con lo que Unidas por Extremadura está “muy de acuerdo”.

Ahora hay que analizar “la letra pequeña” de las cuentas regionales, que se detallarán el próximo martes, y comprobar “si realmente la senda que está marcando el Gobierno de coalición se ha seguido en Extremadura”.

“Si se siguen fortaleciendo los servicios públicos, sobre todo sanidad, educación y dependencia, y si se sigue poniendo en marcha un modelo productivo que no solo beneficie a las grades empresas sino que mire también a los autónomos y pymes de esta tierra”, ha concluido. 

Izquierda y derechas unidos en Extremadura.  Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Unidas por Extremadura han presentado conjuntamente un proyecto de ley para frenar “el pucherazo”, han explicado, de la Junta en el seno de la representatividad en las Cámaras de Comercio.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, y el coordinador de Ciudadanos, David Salazar, han explicado que la reciente modificación de la Ley de Cámaras de Comercio de Extremadura, incluida “de rondón” en un Decreto ley, busca “una sobrerrepresentación” de la patronal en las entidades camerales para “controlarlas” en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, ha dicho Monago.

“La paz social no se compra con el dinero de los extremos ni con un decreto ley”, ha afirmado el dirigente del PP, quien ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a “sacar sus manos” de las Cámaras de Comercio.

“La mayorías absolutas necesitan un contrapeso y, en este caso, es necesario para revocar un error que da una ventaja de partida” a los grandes empresarios, ha subrayado Salazar, quien ha recordado que el 99 % del tejido empresarial extremeño son las pequeñas y medias empresas y los autónomos.

Salazar y Monago, que no descartan acudir a los tribunales, han explicado que el acuerdo bilateral entre el Estado y las Comunidad autónomos otorga dos vocalías a las asociaciones empresariales más representativas, mientras que la Junta de Extremadura propone ocho.

La modificación de la Ley 3/2018 de Cámaras Oficiales de Comercio de Extremadura recoge “ocho vocalías en representación de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de Extremadura dentro de la circunscripción de cada Cámara” a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la correspondiente Cámara, lo que se traducirá en una “ventaja” para la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), entienden todos los grupos parlamentarios.

Por lo tanto, la unión de PP, Cs y UPE no es sólo contra el PSOE, sino que también es una ofensiva contra la CREEX, una entidad que se nutre de fondos públicos (alrededor de un millón de euros) pero “sin control y sin rendir cuentas”.

La modificación de la ley fue incluida en un Decreto Ley 5/2021 que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 9 de junio y llevado al pleno de la Asamblea del pasado 15 de julio, el cual fue aprobado con el voto mayoritario del PSOE, mientras que el resto de grupos votaron en contra.

Dicho decreto incluía ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España, las bases reguladoras de ayudas urgentes para el refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, ayudas financieras a autónomos y empresas, medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y la modificación de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio. 

Los tres grupos con representación en las Cortes regionales, PSOE, PP y Cs, han logrado consensuar una declaración conjunta en la que reconocen la importancia del sector agroalimentario en la economía regional, piden al Gobierno regional una serie de acciones para la mejora del sector y para que inste al Ejecutivo nacional a llevar a cabo una serie de acciones en defensa del sector primario regional.

En el texto de la resolución las Cortes de Castilla-La Mancha piden al Ejecutivo Regional que se dirija al Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores y ganaderos en la negociación de la PAC  y en ella los intereses de las explotaciones familiares, de los profesionales de la agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha, así como del sector agroalimentario en la región.

Asimismo le pide que trabaje porque existan instrumentos de mercado de autorregulación para el sector agroalimentario; además, que exija la aplicación de la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea para que se respeten precios de entrada, contingentes de importación, así como certificación y control fitosanitario.

En relación al reparto de fondos europeos, le piden que se tenga en consideración los proyectos presentados por las industrias agroalimentarias, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además, en lo que se refiere a las competencias del Gobierno regional, las Cortes le piden que apoyen a la industria agroalimentaria, a las cooperativas y a los particulares en el marco del futuro Programa de Desarrollo Rural; fomenten el cooperativismo y a las Agrupaciones de Productores; defiendan los intereses de las explotaciones familiares de los agricultores y ganaderos profesionales de Castilla- La Mancha en la negociación de una nueva PAC; y apoyen las figuras de calidad de la región.

Además, le instan a trabajar con el sector vitivinícola para consensuar la nueva Ley del Vino y con el sector agroalimentario para consensuar la futura Ley de Calidad Diferenciada.

En otro punto de la resolución, las Cortes piden que se trabaje en fortalecer la posición de los productores y transformadores de la cadena alimentaria, con especial atención a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos; y que impulsen mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios de nuestra región y establecer la obligación de su trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta la mesa.

Por último, piden al Gobierno regional que impulsen medidas para dotar de más y mejores herramientas tecnológicas que incrementen la competitividad del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, en general, y del mundo cooperativo en particular.

Este acuerdo unánime se toma después de que los representantes de la organización ASAJA en Castilla-La Mancha se reuniesen el miércoles con el presidente de las Cortes regionales y con los tres grupos parlamentarios para pedirles una defensa unánime del sector.

El secretario general de ASAJA en la región, José María Fresneda, tras conocer durante una rueda de prensa en Toledo, que se había llegado a esta unanimidad ha manifestado su satisfacción “aunque les está costando ponerse de acuerdo”. 

El Parlament está a medio gas desde el 14 de febrero pasado, cuando se celebraron las elecciones. A la espera de que se logre una investidura, la Cámara catalana no ha celebrado hasta ahora ningún pleno ni ha constituido ninguna de sus comisiones, pese a las peticiones de varios grupos de la oposición, y las sesiones ordinarias comenzarán la semana que viene, tras dos meses en parálisis. Lo que sí que ha hecho en cambio el Legislativo catalán es comenzar a contratar a los asesores de los grupos parlamentarios. Hasta el momento son 51 personas, según se han publicado en los últimos días en el Diario Oficial del Parlament, aunque podrían acabar siendo algunas más, y que en esta legislatura contarán como personal eventual junto a otros 24 cargos dependientes de la Mesa y la presidencia.

Durante las legislaturas anteriores el sistema para nombrar asesores era diferente. Este personal era contratado directamente por los grupos o por los partidos políticos, utilizando la subvención proporcional a sus resultados destinada para ello. Sin embargo, esta fórmula generaba controversia, pues la Cámara no tenía herramientas para controlar que efectivamente los fondos se destinaran a la contratación de personal de trabajo parlamentario ni había forma de fiscalizar cómo se les contrataba.

El pasado mes de diciembre, en una de las últimas reuniones de la Mesa presidida por Roger Torrent, el Parlament optó por cambiar el sistema y contratar a todos los asesores de los grupos desde la propia Cámara. Para ello establecieron un sistema de módulos proporcionales a los resultados de cada partido, asignando un presupuestos a cada uno de los grupos y permitiéndoles decidir si quieren tener más asesores con sueldos básicos, de 29.032 euros anuales como mínimo, o prefieren subir estos salarios a costa de tener menos personal.

Hasta el momento, todos los grupos han designado a sus coordinadores, los eventuales con más asignación económica y que en la pasada legislatura ya corrían a cargo del Parlament. Además de estos, los tres partidos más grandes, PSC, ERC y Junts, que quedaron empatados los dos primeros y un escaño por detrás los segundos, son quienes se reparten más asesores. Los republicanos han designado hasta el momento 13, aunque solo uno en los máximos escalafones. Mientras, PSC y Junts han nombrado ambos a 11 eventuales. En el caso de los socialistas, uno de ellos del tipo 5, el máximo, mientras que el grupo de JxCat ha optado por colocar dos como tipo 4.

Entre los grupos pequeños también hay quien ha preferido nombrar a más trabajadores con sueldos más modestos, como la CUP o los 'comuns, que han contratado ambos a cuatro asesores, siempre sin contar los respectivos coordinadores. En cambio, Vox se han decantado por colocar únicamente a dos eventuales, pero en su caso son de tipo 4, por lo que cobrarían más de 50.000 euros anuales cada uno. Finalmente, Ciudadanos coloca a tres eventuales que van desde el salario mínimo hasta el penúltimo más alto, y el PP, que elige quedarse con uno de la máxima categoría, un sueldo que en su caso llega a los 58.064 euros totales.

En total, le presupuesto de la Cámara para estos trabajadores de los grupos asciende a algo más de 2,6 millones de euros anuales. Aunque actualmente el total de contratados que ha aparecido en el Diario Oficial son 51 asesores, esta cifra podría ascender, ya que varios partidos no han agotado sus módulos.

14 puestos para la Presidencia y la Mesa

A los trabajadores eventuales a disposición de los grupos hay que añadir otros catorce cargos que por el momento han nombrado los miembros que forman parte de la dirección de la Cámara, de los 15 disponibles. La presidenta Laura Borràs ya ha elegido a los siete miembros de su equipo, que son un jefe de gabinete, un adjunto y dos técnicos, además de un responsable de la secretaría y otros dos técnicos para ese área. Las vicepresidentas también disponen de dos asesores, que ya han nombrado, y los secretarios de mesa tienen la potestad de colocar a un asesor cada una. Por el momento, únicamente la secretaría segunda, vacante tras la destitución de Jaume Alonso Cuevillas, está a la espera de nombrar a su técnico.

Restan otros dos puestos eventuales que corresponden, si los acepta, al jefe de la oposición. Un cargo, dotado con despacho, coche oficial y plus salarial, que no siempre ha sido ocupado por el diputado que ha ejercido como tal. En el año 2015, Inés Arrimadas renunció a todo ello, considerándolo un “gasto extra” para los contribuyentes catalanes. Sin embargo, en 2019, el líder de Ciudadanos Carlos Carrizosa sí reclamó el despacho y los dos asesores que le correspondían. En este momento, a falta que se forme un Govern, tampoco existe aún líder de la oposición, por lo que esos dos cargos están sin nombrar.

Cuatro meses sin comisiones ni sesiones de control

El Parlament se disolvió automáticamente el 21 de diciembre, al llevar tres meses sin haber elegido a un nuevo president de la Generalitat. Como es habitual, desde entonces hasta la constitución de la nueva Cámara, el Parlament se quedó en periodo de hibernación mediante su Diputación Permanente. El 12 de marzo se eligieron a los órganos de dirección del nuevo legislativo, con Borràs como presidenta y, tal y como marca la ley, a los 10 días se intentó la primera investidura de Pere Aragonès, que resultó fallida. Desde entonces los partidos independentistas negocian.

Estas circunstancias han supuesto que el Parlament lleve cuatro meses sin comisiones activas y sin someter al Govern en funciones a una sesión de control. Dos cuestiones que la Cámara podía haber evitado, tal como le han reclamado grupos como el PSC, que en las últimas semanas han insistido en la necesidad de que Borràs activase todas las comisiones no legislativas y que convocase un pleno ordinario, que comienza con la sesión de control. De hecho, todos los grupos menos los dos que forman el Govern han registrado preguntas y solicitudes de comparecencia, ante comisiones pero también ante el pleno, a las que la Cámara debe dar traslado.

En la última sesión de la Mesa, celebrado el pasado jueves, se acordó que la semana que viene comenzara la actividad parlamentaria mediante un primer pleno no dedicado a la investidura. Una sesión en la que, además de resolver las peticiones de los grupos, deberán también elegir al sustituto del secretario tercero, Jaume Alonso Cuevillas, y en el que se podría celebrar también una sesión de control al Govern saliente, en plena fase de desescalada de las restricciones por la pandemia.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha confirmado que el diputado regional por la provincia de Ciudad Real Iván Rodrigo votó alineándose con PP y Cs y en contra de la disciplina de voto socialista en un paquete de 73 enmiendas a los presupuestos que incluía una propuesta para instalar una UCI en Tomelloso, localidad donde el parlamentario es teniente de alcalde.

Ha explicado que en la reunión previa del Grupo Parlamentario para preparar el pleno de presupuestos “en ningún momento dijo a nadie de la dirección que pensaba votar a favor de esa enmienda del PP”. “Si decidió hacerlo sin consultarlo, obviamente, el grupo tendrá que tomar algún tipo de medida. Abrirá expediente dentro de la normalidad, sin aspavientos, y tendrá que establecer la sanción que corresponda, algo que ocurre en cualquier Parlamento y en cualquier grupo parlamentario”, ha afirmado. “No se nos informó, no se nos dijo que la intención fuera esa y responderemos en ese sentido”, ha abundado, indicando que la sanción a estudiar será pecuniaria.

Preguntado sobre si es la primera vez en la historia que un diputado socialista se salta la disciplina de voto en el Parlamento de Castilla-La Mancha, ha recordado un episodio ocurrido en 1989 con José Bono como presidente, cuando el diputado regional del PSOE de Castilla-La Mancha Anastasio López Ramírez, también alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), fue trasladado en ambulancia desde Madrid hasta la sede del Parlamento para que su partido no perdiera la votación en la que se debatía el Plan de Desarrollo regional. López Ramírez estaba internado en el hospital Clínico, convaleciente de una operación en una pierna. A pesar de que el PSOE contaba con mayoría en el Parlamento castellanomanchego, los socialistas pudieron haber perdido la votación al no acudir al pleno algunos diputados toledanos considerados sector crítico que alegaron enfermedad.

“Se pusieron enfermos para no votar el PDR y usarlo como elemento de presión política por cuestiones internas de partido. López Ramírez vino en ambulancia, votó y salvó aquella circunstancia a pesar de que tres o cuatro diputados de Toledo no acudieron al pleno alegando enfermedad, cosa que estuvo en duda. Es la única vez de la que yo tengo constancia”, ha señalado.

Pablo Bellido: el Parlamento no lo cuestiona

También el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha referido a esta cuestión. Según ha dicho, se trata de una “decisión individual” que el Parlamento no cuestiona. “Es un tema interno de disciplina de grupo parlamentario. El grupo tendrá que establecer cuáles son las medidas que toma, y el presidente del Parlamento no tiene ninguna necesidad ni es conveniente que aperciba ni cuestione las decisiones individuales ni colectivas de los diputados y diputadas”, ha dicho.

No obstante, sí ha manifestado que tras hablar en numerosas ocasiones con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha podido comprobar su “preocupación permanente y dedicación por la sanidad en la región”, algo que en el caso de Tomelloso “ha sido más que evidente”. Según ha referido, hoy hay muchos más profesionales sanitarios que hace un año y el Hospital está mejor equipado, con una inversión adicional de 5 millones de euros para la mejora de la Atención Primaria en la localidad. “Desde mi conocimiento personal por las conversaciones que he tenido, hoy la dedicación hacia Tomelloso y sus necesidades es absoluta”, ha concluido.

Por último, ha entrado igualmente en el debate el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien ha señalado que el hecho de que el diputado socialista Iván Rodrigo decidiera votar junto a los 'populares' es “la representación más gráfica” de que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, gobierna “de espaldas” a Castilla-La Mancha.

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha planteado la congelación de los salarios de todos los altos cargos del Gobierno autonómico así como de los 33 diputados autonómicos; al tiempo que ha propuesto reducir en un 20% la asignación de los partidos políticos con representación en la Cámara castellanomanchega: PSOE, PP y Ciudadanos.

En cuanto a la propuesta de congelar el salario de altos cargos, así se desprende de una de las once enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma presentada por los socialistas en plazo -terminaba este el lunes-, por lo cual será una propuesta que será sometida a debate para su inclusión en el texto.

Al respecto de la congelación de sueldos de diputados y reducción de la quinta parte de lo que perciben los grupos de la Cámara autonómica, según apuntan fuentes socialistas a Europa Press, se trata de una proposición planteada por escrito al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en la que plantean acordar esta medida durante todo 2021 de forma excepcional ante la situación de crisis económica derivada de la sanitaria.

Unidos Podemos ofrece una plaza de economista para asesorar al grupo parlamentario en el Congreso. Es un proceso ordinario para sustituir a un técnico que se fue hace unas semanas.

El o la elegida, que “deberá aunar capacidad técnica y visión política” formará parte de un equipo, junto a otros tres economistas. Su labor será asesorar al grupo, sobre todo en las comisiones de Economía, Presupuestos, Hacienda e Industria.

Según consta en el formulario de presentación de candidaturas, abierto hasta el próximo viernes, deberá encargarse de tareas de investigación, análisis y redacción de informes; proponer iniciativas parlamentarias; y elaborar argumentarios y artículos, entre otras tareas.

Se trata de una plaza a jornada completa, cuya retribución asciende a 27.551,44 euros brutos anuales.