La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Vigo, en ejecución de una orden europea de detención (OEI), y en el marco de un operativo simultáneo realizado en Italia, España y Portugal, sobre una organización vinculada con la Cosa Nostra, la mafia italiana, por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

Los detenidos son un matrimonio de nacionalidad italiana, que vivían en un domicilio de una calle céntrica de Vigo, junto a un niño menor de edad y otro familiar. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han explicado que, en el registro del domicilio, se han intervenido más de 100.000 euros en efectivo, joyas y relojes de lujo.

El matrimonio, que tiene antecedentes delictivos, no ofreció resistencia en el momento del arresto. Fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, para resolver la OEI tramitada por Italia. Comparecieron por videoconferencia desde el juzgado de Instrucción 4 de Vigo, en funciones de guardia. El juzgado central de Instrucción número 2 acordó su ingreso en prisión.

Al mismo tiempo que las detenciones, la policía realizaba varias entradas y registros en empresas, dos de ellos en Vigo, y también en Barcelona. El juzgado de instrucción de la ciudad olívica se encargó de ejecutar la OEI y de coordinar los registros.

En Italia, los registros realizados por la Guardia di Finanza permitieron confiscar más de 3 millones de euros en efectivo, así como relojes y automóviles de alta gama en Génova y Palermo. Además, están en curso las operaciones para la confiscación preventiva de otros tres millones, en este caso, en entidades bancarias. La operación afecta a los tres países e incluye un centenar de cuentas financieras -54 ubicadas en Italia, 26 en España y 20 en Portugal- así como participaciones en el capital social de 15 empresas: 7 con sede en el país transalpino y las otras ocho repartidas a partes iguales en la Península, entre los dos lados de la frontera.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres ha emitido ya la euroorden para solicitar a las autoridades croatas la extradición de la pareja, presunta autora del robo de 45 botellas de vino valoradas en 1,7 millones de euros al hotel restaurante Atrio de Cáceres, según han informado a elDiario.es fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tal y como informaron ayer, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y agentes implicados en el operativo policial, los presuntos autores fueron detenidos el pasado lunes en Croacia, donde permanecen en dependencias policiales a la espera de ser extraditados.

Según pusieron de manifiesto, se espera que el proceso no se alargue más allá de unos 10 días, dado que Croacia forma parte de la UE y se tratan de actuaciones basadas en la mutua confianza.

Hay que recordar que se trata de un hombre, de 47 años de edad, de doble nacionalidad, de Rumanía y de Países Bajos, que ya contaba con antecedentes policiales y penales por hechos similares. Su compañera en robos de “alto standing” tiene 29 años y es de nacionalidad mejicana, sobre ella no constan antecedentes penales.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021. Primero se alojó la mujer, avisó que iría a cenar con un acompañante, y después de la cena, pidieron visitar la bodega, como hacen muchos de los comensales de Atrio. Una vez que cenaron subieron a la habitación, pero sobre la 1,30 hora de la madrugada pidieron al servicio de habitaciones que les subieran comida. Les dijeron que la cocina estaba cerrada, insistieron y entonces les subieron una ensalada.

Aprovecharon la distracción del personal del hotel en esos momentos para abrir la bodega con una llave maestra y sustraer las botellas que, cuidadosamente, debieron envolver para que no se rompieran ni hicieran ruido con unas toallas del hotel, que después se percataron de que habían desaparecido. La huida del hotel con el botín se produjo en torno a las 5,30 horas de la mañana y a pie.

En tanto, son entregado los presuntos autores a las autoridades judiciales españolas, la policía sigue investigando para averiguar el paradero de las 45 botellas robadas, una de ellas, con un valor superior a los 300.000 euros, y saber si hay más personas implicadas en el robo.

El expresident Carles Puigdemont ha llegado este domingo por la mañana al Alguer, en Cerdeña, para asistir a la vista de este lunes en el Tribunal de Apelación de Sassari que deberá decidir sobre la euroorden dictada por del Tribunal Supremo. El líder de Junts ha aterrizado a las nueve de la mañana acompañado del exsenador Josep Maria Matamala y del eurodiputado Toni Comín.

Varios agentes italianos esperaban en la terminal y han parado al exconseller, que vive también en Bélgica, durante unos minutos, pero no le han retenido tras comprobar su documentación. Puigdemont ha pasado sin problemas e incluso un agente le ha saludado efusivamente, según informa la ACN.

En el aeropuerto le esperaba su abogado, Gonzalo Boye. También la eurodiputada Clara Ponsatí se ha desplazado a la isla italiana. El expresidente tiene previsto reunirse este domingo con su equipo jurídico para preparar la comparecencia ante el Tribunal de Apelación que debe decidir si activa el procedimiento de extradición contra él, como pide el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

La defensa de Puigdemont confía en que la justicia italiana archive el caso. Boye, está “convencido” de que el tribunal no entrará en el fondo de la euroorden y el procedimiento se cerrará. En una entrevista en 'El Suplement de Catalunya Ràdio', el abogado del expresident ha recordado que este el lunes “se debe decidir si el procedimiento tiene alguna base” para que en Cerdeña, “igual que en el resto de Europa, se les reconozca la inmunidad que se les niega en España ”.

Boye ha insistido en que los tres eurodiputados de Junts deberían poder viajar libremente a España sin riesgo de ser detenidos. “El Estado, lo que no está haciendo, es cumplir con las normas europeas”, ha afirmado, señalando que se debería abrir a España un procedimiento de infracción como el que tienen Polonia o Hungría.

Carles Puigdemont ya ha presentado la petición de medidas cautelares ante la Justicia europea tras su detención en Cerdeña para recuperar su inmunidad. Los abogados del expresident de Catalunya han presentado el escrito ante el Tribunal de Justicia, que a finales de julio había dado por suspendidas las euroórdenes en tanto se decidía sobre las cuestiones prejudiciales solicitadas por el Tribunal Supremo en relación con el caso del ex conseller de Cultura Lluís Puig.

En aquel fallo del Tribunal General de la UE de finales de julio, Luxemburgo decidió mantener el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, cosa que había decidido en marzo el pleno del Parlamento Europeo. Contra aquella decisión de la Eurocámara, aprobada por el 57% de los votos, Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron sendos recursos ante la Justicia europea. Inicialmente, el tribunal con sede en Luxemburgo concedió una suspensión cautelar de la decisión del Parlamento Europeo y les devolvió la inmunidad.

Sin embargo, en el fallo sobre las cautelares, el vicepresidente del Tribunal General concluyó, en la línea de lo argumentado por la Abogacía del Estado en sus alegaciones, que había que mantener levantada la inmunidad, en tanto que daba por suspendidas las euroórdenes por las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor, el juez Pablo Llarena, y descartaba que los eurodiputados pudieran ser detenidos.

Pero todo eso saltó por los aires hace una semana, cuando Puigdemont fue detenido en Cerdeña por la policía italiana como consecuencia de que el Supremo mantenía activas las euroórdenes y en contra de lo alegado por la Abogacía del Estado y de lo previsto por el TGUE en su fallo de julio.

Y, precisamente en esa contradicción entre lo alegado por la Abogacía del Estado en nombre del Reino de España, lo fallado por la Justicia europea en la misma línea y las actuaciones contrarias del Supremo y su instructor, el juez Llarena, que este jueves presentaba un escrito ante la Justicia italiana en el que insistía en que la orden europea de detención que pesa sobre él no estaba suspendida por la existencia de una cuestión prejudicial pendiente de resolver.

Llarena recuerda que él en ningún momento ha puesto freno a esta orden de detención. “Tras la presentación de la Cuestión Prejudicial, este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, recuerda en esta comunicación. Entiende también que el expresident catalán no está protegido por ninguna inmunidad parlamentaria: “El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Carles Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021”, recuerda.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicaba este viernes en Twitter: “Tal cual anunciamos el sábado 25, y una vez comprobado que no existe voluntad por parte del juez Llarena de garantizar los derechos de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí, hoy [por este viernes] hemos presentado una solicitud de medidas cautelares, que no cautelarisimas. Esta petición, por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto. En la anterior ocasión en que solicitamos tales medidas, el Reino de España indicó que no existía riesgo de detención lo que se ha demostrado incierto a la luz de lo sucedido la semana pasada en Alghero y de la comunicación emitida en el día de ayer [por el jueves] por parte del juez Llarena”.

Como explica Boye, la solicitud es de cautelares, no de cautelarísimas, lo cual afecta a la urgencia de la resolución. Es decir, las cautelares llevan más tiempo, por lo que el fallo de Luxemburgo al respecto de ellas debería llegar más tarde que el de la Justicia italiana sobre la euroorden.

Cuatro años después de la apertura de la investigación judicial al procés, el juez Pablo Llarena se vuelve a enfrentar a otra situación comprometida en Europa. Los tribunales italianos decidirán en las próximas semanas si ponen en marcha el proceso de extradición de Carles Puigdemont o si hay que esperar, como mínimo, a que sus homólogos europeos decidan si eso es posible. Por lo pronto, el expresident de Catalunya ha quedado en libertad con un auto que apunta a que goza de la inmunidad que le da el cargo de parlamentario europeo y que dice que la euroorden, en contra de lo que sostiene el juez del Supremo, está suspendida.

Puigdemont, que en un inicio se había comprometido a no abandonar la isla de Cerdeña, ha anunciado este sábado que viajará a Bruselas y volverá a Italia cuando tenga que comparecer de nuevo ante los jueces de ese país, el 4 de octubre. Ese día sabremos si la justicia española suma una nueva derrota en su estrategia para lograr la extradición de Puigdemont o si, por el contrario, logra el primer éxito fuera de nuestras fronteras.

Cuatro años después de que algunos miembros del antiguo Govern huyeran de las consecuencias judiciales del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia, el Supremo ha chocado con los tribunales de Alemania, en Bélgica y en Reino Unido. La justicia española mantiene a cero la cuenta de fugados detenidos: la única en pasar por el despacho de Llarena ha sido Meritxell Serret y porque ella decidió volver.

Primer tropiezo: las órdenes de detención

El 30 de octubre de 2017 trascendía que Carles Puigdemont y varios miembros de su Govern destituido estaban en Bélgica. Ese día la Fiscalía interpuso una querella ya anunciada por rebelión contra él y sus consellers, y sólo unos cuantos volvieron a España para responder primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo. Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig se quedaron en el extranjero y fueron puestos en búsqueda y captura por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Unas órdenes internacionales y europeas de detención que asumió el juez Llarena y que supusieron el primer gran escollo internacional de la causa.

El 5 de diciembre de 2017, dos meses después de la apertura de la causa, Llarena daba un giro inesperado y retiraba las órdenes europeas de detención. Dijo entonces que los fugados tenían intención de “retornar a España” y reveló un temor que acabaría confirmándose: quería evitar que la Justicia belga denegara “parcialmente” la “ejecución” de las órdenes de detención y que la causa se convirtiese en un cubo de Rubik.

Segundo tropiezo: Alemania

La suerte internacional del magistrado cambió por sorpresa un fin de semana de 2018. El 25 de marzo de ese año Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca, ingresaba en la cárcel germana de Neumünster y se enfrentaba a lo que se consideró un implacable Código Penal alemán plagado de primos lejanos de la rebelión. Un globo que también se desinfló: trece días después el expresident abandonaba la prisión de Schleswig-Holstein y tres meses después los jueces germanos decidían que Llarena tendría a Puigdemont pero acusado sólo de malversación, no de rebelión.

Una decisión que cayó como un mazazo en la Fiscalía y el Tribunal Supremo. “Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania no parece muy factible que todo se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica”, dijo, por ejemplo, la sala de apelaciones del Supremo. El 19 de julio de ese año Llarena renunció a la entrega criticando la “falta de compromiso” de sus colegas alemanes con la cooperación internacional.

Tercer tropiezo: acta e inmunidad

Dentro de nuestras fronteras la consigna estaba clara: seguían acusados de rebelión y podían ser detenidos en cualquier momento. Pero un nuevo giro de guion pondría la ficha de la inmunidad parlamentaria encima de la mesa: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí conseguían escaños en las elecciones europeas de 2019. También lo consiguió Oriol Junqueras pero nunca pudo salir de prisión para tomar posesión, aunque su caso supuso una severa derrota para el Tribunal Supremo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2019 que tendría que haber podido tomar posesión sin necesidad de jurar o prometer el cargo, y eso abrió la puerta a que unos días después Puigdemont, Comín y Ponsatí estuvieran recogiendo sus acreditaciones en el Parlamento Europeo.

Este reconocimiento introdujo una nueva variable: la inmunidad de los eurodiputados. El Tribunal General de la Unión Europea tardó más de dos años en avalar la retirada de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí en un terremoto que todavía hoy tiene eco: la jueza italiana explica en su auto de este viernes que entiende que el expresident está protegido por la inmunidad parlamentaria para ir a la Eurocámara si así lo necesita. Y es aquí donde entra en juego la gran barricada de los líderes independentistas: el caso de Lluís Puig.

El gran tropiezo: Lluís Puig

El 8 de enero de 2021 la Justicia belga asestaba un nuevo mazazo a la rama internacional de la causa del procés. Ese día la Fiscalía renunciaba a recurrir su negativa a entregar al exconseller de Cultura: los jueces belgas entraron hasta la cocina del razonamiento y entendieron que el Tribunal Supremo no era el competente para enjuiciar a Puig, sino los tribunales catalanes. Después de ese varapalo, Llarena movía una nueva ficha: el 9 de marzo lanzaba una cuestión prejudicial con siete preguntas para que los tribunales europeos se pronunciaran sobre las órdenes europeas de detención y su alcance. De la respuesta dependían sus próximos pasos hasta la detención de Puigdemont en Italia.

El TJUE tendrá que dictar sentencia y esa resolución puede dar la vuelta a la tortilla pero, mientras tanto, supone un nuevo obstáculo para el Supremo. La jueza italiana, en un primer auto, entiende que la existencia de esta cuestión prejudicial mantiene en suspenso la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont, que no tendrá que volver al juzgado en Cerdeña hasta el 4 de octubre. Este sábado anunció en una rueda de prensa que volverá este lunes a Bruselas y regresará el 4 de octubre a la isla italiana para comparecer ante el tribunal de Sassari. “No le vamos a fallar a nuestra estrategia ni a la justicia italiana. El día 4 compareceremos juntos, en persona, y nos llevaremos el resultado que todos sabemos que nos vamos a llevar”, afirmó su abogado, Gonzalo Boye.

Además, su defensa también pedirá la próxima semana —el lunes o el martes— al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que restituya las medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín. Aunque en una primera instancia, el tribunal con sede en Luxemburgo accedió a una paralización provisional de esa medida, en un auto del pasado 30 de julio las desestimó al considerar que no corrían riesgo de ser detenidos en otros países de la UE, salvo España, mientras se decide la cuestión prejudicial presentada por el Supremo. 

“Creemos que es muy importante la resolución que dictó ayer [por el viernes] el tribunal de puesta en libertad porque marca el camino hacia donde va esto. Pero, evidentemente, una cosa es que resolvamos el problema aquí y otra es que estemos tranquilos para que los eurodiputados puedan seguir circulando libremente. Eso implica que, necesariamente, el TGUE va a tener que restituir las medidas cautelarísimas que en su día planteamos y que en su día acordaron”, dijo el abogado del expresident. 

El balance del periplo internacional de la causa del procés es profundamente negativo para el Supremo, al menos hasta la fecha. Ninguna orden de detención ha prosperado por el momento y la única persona fugada que ha terminado en el Alto Tribunal es Meritxell Serret: la exconsellera de Agricultura apareció por su sede el 11 de marzo de este año para sorpresa del gran público sin necesidad de detención y cuando su horizonte penal parecía bastante más despejado que hace tres años.

Carles Puigdemont ha asegurado este sábado en una rueda de prensa desde Cerdeña, donde fue detenido el jueves por la noche y puesto en libertad el viernes sin medidas cautelares, que el próximo lunes volará a Bruselas para proseguir con su trabajo como eurodiputado y regresará a la isla italiana el 4 de octubre para comparecer presencialmente ante el tribunal de Sassari. “No le vamos a fallar a nuestra estrategia ni a la justicia italiana. El día 4 compareceremos juntos, en persona, y nos llevaremos el resultado que todos sabemos que nos vamos a llevar”, ha añadido su abogado, Gonzalo Boye, también presente en la comparecencia ante los medios. 

“Estoy contento del resultado final. Nuestra argumentación política y jurídica se ha demostrado. Los argumentos eran muy sólidos. La justicia italiana ha tardado unas pocas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar”, ha afirmado Puigemont, que ha reconocido haber pasado “horas difíciles” aunque “no impensables” dado el recorrido que España ha hecho estos los últimos cuatro años para “impedir” su “libertad de movimiento, de palabra, de acción y compromiso político”.

El expresident ha recordado que la semana pasada se reunió en la Asamblea Nacional de Francia con varios políticos de ese país sin ningún incidente y ha asegurado que seguirá viajando por Europa. “Seguiremos con la lucha para alcanzar nuestro objetivo. No nos rendiremos”, ha aseverado en una comparecencia en la que, además de por su abogado, ha estado acompañado por el jefe de su Oficina, Josep Lluís Alay, y el Síndico del municipio italiano, Mario Conoci.

A preguntas de los periodistas, Puigdemont ha mostrado sus sospechas de que, en el momento de su detención en Cerdeña en la noche del jueves, había policías españoles. Esta versión fue negada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aseguró haber tenido conocimiento del arresto cuando fue informado por las autoridades italianas. El expresident se ha referido concretamente a una persona que “no formaba parte del equipo de la policía italiana” y que estaba grabando desde un cristal que daba a las escaleras por donde bajó del avión. “No me pareció que fuera de la policía italiana, francamente”, ha asegurado. 

El eurodiputado ha agradecido el respaldo del president de la Generalitat, Pere Aragonès, con el que ha mantenido este sábado en Cerdeña una reunión “cálida, empática, emocionada” en la que —ha asegurado— no ha habido lugar para hablar de la “política interna” de Catalunya. No obstante, preguntado por la mesa de diálogo y sobre cómo puede influir el incidente de su detención, Puigdemont ha insistido en que “es de diálogo, no de negociación” y ha afirmado que sólo está sentada una parte del independentismo —la que “garantiza la estabilidad parlamentaria”— porque “no se quiere a la otra”. 

Sin medidas cautelares

La justicia italiana decidió dejar en libertad a Puigdemont sin medidas cautelares este viernes al asumir la interpretación del Tribunal General de la Unión Europea de que la orden europea de detención contra él estaría inactiva. “La suspensión de dicho procedimiento conlleva la suspensión de la ejecución de dichas órdenes”, dice la resolución de la magistrada Plinia Azzena en relación a la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acerca de los motivos por los que se puede rechazar una extradición y la orden europea de detención que el Alto Tribunal dictó contra el expresident en octubre de 2019. 

La Fiscalía no pidió su ingreso en prisión y el auto argumenta que cualquier restricción a su movilidad “pondría en grave peligro” su derecho a desplazarse al Parlamento Europeo, donde es diputado. De hecho, el auto resalta que el expresident goza de “inmunidad” para participar en reuniones de la Eurocámara. El mismo tribunal escuchará a Puigdemont el 4 de octubre y, a partir de ahí, deberá decidir si el proceso de extradición sigue o no adelante.

La defensa de Puigdemont alega que los tribunales europeos todavía tienen que dictar una resolución sobre su inmunidad parlamentaria y sobre una cuestión prejudicial planteada por el propio juez Pablo Llarena y que, por tanto, hay que esperar a que ese asunto quede zanjado. El magistrado del Tribunal Supremo no opina lo mismo. Este mismo viernes se dirigió a sus colegas italianos para asegurar que su orden de detención no se ve afectada por esos procesos. “El procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía”, aseguró en un oficio. 

El letrado de Puigdemont ha confirmado que la próxima semana —el lunes o el martes— pedirá al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que restituya las medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Puigdemont y sus ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín. Aunque en una primera instancia, el tribunal con sede en Luxemburgo accedió a una paralización provisional de esa medida, en un auto del pasado 30 de julio las desestimó al considerar que no corrían riesgo de ser detenidos en otros países de la UE, salvo España, mientras se deciden la cuestión prejudicial presentada por el Supremo. 

“Creemos que es muy importante la resolución que dictó ayer [por el viernes] el tribunal de puesta en libertad porque marca el camino hacia donde va esto. Pero, evidentemente, una cosa es que resolvamos el problema aquí y otra es que estemos tranquilos para que los eurodiputados puedan seguir circulando libremente. Eso implica que, necesariamente, el TGUE va a tener que restituir las medidas cautelarísimas que en su día planteamos y que en su día acordaron”, ha declarado Boye. 

El Parlamento Europeo pide una reforma de la euroorden. Así lo ha expresado su pleno este miércoles por la tarde, después del visto bueno de la comisión de LIbertades e Interior en diciembre pasado, al apoyar mayoritariamente –444 votos a favor, 139 en contra y 106 abstenciones– el informe del eurodiputado popular Javier Zarzalejos, que incluye la ampliación del listado de delitos, entre ellos “el ataque a la integridad constitucional de un Estado que implique el uso de la violencia”.

La reforma, impulsada por el PP español y Ciudadanos en Bruselas desde el salida de España de Carles Puigdemont y la mitad de su Gobierno hace algo más de tres años tras el 1-O, ha logrado el apoyo de los socialistas, mientras UP y ERC han votado en contra y Vox se ha abstenido. La reforma, a partir de ahora, está en manos de los Gobiernos de los 27 y de que la Comisión Europea haga una propuesta.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha mostrado receptivo a la reforma en el debate de la Eurocámara este lunes, en el que ha defendido que la euroorden es el instrumento “más eficaz” de justicia penal de la UE.

“La lista actual cubre la mayoría de los delitos que los Estados miembro consideran graves en la Unión Europea”, ha dicho Reynders, además de anunciar que la Comisión va a llevar a cabo un “análisis de deficiencias” para ver si es necesario “añadir” otros delitos “o si sería necesario precisar la definición de los ya mencionados”. Y ha añadido: “Aunque su funcionamiento puede mejorarse aún más, este instrumento es el más eficaz para los profesionales de la Unión Europea, al tiempo que la legislación de la UE garantiza el respeto de los derechos fundamentales”.

“La entrega es el principio general y el rechazo a la ejecución de una orden deber ser la excepción. El informe propone incorporar 10 nuevas categorías delictivas, como determinados tipos de evasión fiscal, violencia contra la mujer o delitos específicos en la web”, ha dicho Zarzalejos en el pleno.

“La orden de detención europea necesitaba ser revisada para evitar la impunidad en el espacio Schengen, para proteger mejor a las víctimas en la UE y para mejorar las garantías de los sospechosos”, ha defendido Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles e Interior y eurodiputada de Ciudadanos.

También el presidente de esta comisión parlamentaria, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha intervenido en el debate para avalar la ampliación de la lista de delitos para la entrega automática: “El tiempo ha transcurrido y necesitamos impulsar una actualización que contemple un código de cooperación judicial penal europeo”.

Los cinco eurodiputados de Unidas Podemos han votado en contra. Entienden que “es una reforma ad hoc por un caso español para hacer política en España y sin ningún tipo de incidencia real en la legislación europea. Además, sería un instrumento que abriría una puerta peligrosa: la extradición automática sólo puede darse, como hasta ahora, en casos muy determinados en los que el delito concreto aparece tipificado de forma concreta en los códigos penales del país emisor y el país receptor de la orden”. 

La exconsellera sobre la que pesa una euroorden emitida por el Tribunal Supremo y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, y cuyo suplicatorio se está tramitando en la Eurocámara, ha dicho que la propuesta responde a la “frustración” por la negativa de la justicia alemana y belga a ejecutar las euroórdenes de Carles Puigdemont y sus ex consellers.

En contra se han expresado la eurodiputada de ERC Diana Riba, quien ha criticado que se confunda “confianza mutua” con “confianza ciega”. Y añadido: “No facilitará las detenciones de los líderes catalanes sino que abrirá la puerta a extradiciones injustas”.

Vox, por su parte, se ha abstenido en la votación. La formación de extrema derecha considera “tibia” la propuesta de reforma.

Nuevo varapalo judicial a las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo contra varios exmiembros del Govern catalán que se encuentran en Bélgica. Un segundo tribunal, en este caso la Sala de Apelaciones de Bruselas, ha confirmado el rechazo de la petición de extradición contra el exconseller de Cultura, Lluis Puig. Esta decisión, que es recurrible ante el Supremo del país, reafirma la decisión del primer juzgado, que en agosto pasado ya consideró que el Tribunal Supremo español no era competente para pedir la euroorden contra el exconseller.

Aquella sentencia abrió un nuevo camino en la defensa de la estrategia de Puigdemont contra su extradición, pues por primera vez un tribunal europeo hacía suya la argumentación sobre la competencia que la defensa de los presos del 'procés' habían esgrimido durante el juicio. En concreto, los independentistas alegan que tanto el juez instructor, Pablo Llarena, como el presidente de la sala, Manuel Marchena, vulneraron su derecho a ser juzgados por el juez natural predeterminado por ley, que según consideran sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuestión que vulneraría sus derechos de defensa.

El tribunal que vio la causa de Puig en primera instancia no llegó a entrar en el fondo de la cuestión, ni determinaba si Puig malversó fondos públicos para realizar el 1-O. En cambio concluía que, tal y como defienden los independentistas, el Tribunal Supremo no podía pedir la extradición. La Fiscalía belga recurrió esta sentencia y la Sala de Apelaciones ha venido a confirmarla, prácticamente con los mismos argumentos, y también refiriéndose al dictamen del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a quien concede autoridad para pronunciarse sobre la cuestión de la competencia.

Pero, además de la argumentación que hace suya del primer titular, esta segunda sentencia suma una cuestión añadida para rechazar la extradición, al considerar que esta vulneración al juez natural ocurrida en España podría incurrir también en una vulneración de la presunción de inocencia de Lluis Puig, si fuera entregado a las autoridades españolas.

En su momento, la sentencia del primer tribunal sobre Puig se convirtió en un antecedente de valor para la defensa de Carles Puigdemont, en la medida que el expresident podría utilizar la misma argumentación que su compañero en el caso de que, como se se espera, el Parlamento Europeo vote en el futuro a favor de retirarle la inmunidad. Si Puigdemont quedase desprovisto de su inviolabilidad parlamentaria, quedaría en la misma situación de Puig, es decir, a la espera de una sentencia de la justicia belga. Por esta razón, el camino recorrido por el exconseller abre vía para Puigdemont.

La Eurocámara pide que se modifique la euroorden. La reforma, impulsada por el PP español y Ciudadanos en Bruselas desde el salida de España de Carles Puigdemont y la mitad de su gobierno hace exactamente tres años tras el 1-O, ha dado un nuevo paso con el respaldo en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo de una propuesta redactada por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos. El documento ha logrado 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. Populares, socialistas y Ciudadanos han respaldado la reforma, mientras UP y ERC han votado en contra y Vox se ha abstenido. El informe podría someterse a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre –en todo caso, está en manos de los Gobiernos de los 27 que se acometa esa reforma y de la Comisión Europea que haga su propuesta–.

“El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión”, ha señalado Zarzalejos.

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, ha afirmado: “En este texto, en el que hemos trabajado desde hace más de un año, proponemos una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas que incluye incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos transnacionales, deben estar incluidas como son los delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia”.

En efecto, propuesta incluye la extradición automática para los “delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos con violencia”. En la redacción inicial de Zarzalejos, que recibió el respaldo de Vox –no así la definitiva, en la que se ha abstenido– se hablaba de “la integridad constitucional de los Estados miembros”, sin mencionar la “violencia”, con la mirada puesta en Puigdemont.

El comisario europeo de Justicia Reynders, en su intervención en la comisión en septiembre admitió: “No hay que evaluar la situación de casos individuales, pero estamos evaluando el carácter concreto en Bélgica y Alemania, ya que se han mencionado estos casos. Y un último comentario: estamos debatiendo sobre derechos fundamentales, la protección de los ciudadanos, pero como han dicho, también hay que tener presentes a las víctimas. Es importante tener en cuenta su situación. Si consiguen la mayoría para cambios o enmiendas, estudiaremos las propuestas. Pero hay que ver si hay mayoría en su comisión y en el pleno del Parlamento”.

Entre las principales medidas incluidas en el informe elaborado por Zarzalejos aprobado este martes en comisión, se encuentra la ampliación de la lista de delitos –actualmente es de 32– en los que la entrega de un acusado por parte de un Estado miembro a otro se produce de manera automática. La Comisión de Libertades Civiles ha establecido que se incluyan delitos como el ataque a la integridad constitucional de los Estados miembros o contra el orden público con violencia; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.

La propuesta de reforma también establece que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. Actualmente, el principio de doble tipificación supone que la entrega del acusado puede hacerse depender de que el acto cometido constituya delito en el estado miembro que ejecuta la euroorden.

En este sentido, el informe pide que cuando un estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, éste Estado tendrá que justificar con argumentos objetivos ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.

Los eurodiputados también piden reducir para determinados delitos –como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil– el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden. Además, reclaman que se Incremente la capacidad sancionadora de la Comisión Europea para abrir procedimientos de infracción a los Estados miembros que no cumplan las normas de aplicación de la euroorden“.

El juzgado belga de primera instancia que examina la euroorden de las autoridades españolas contra el exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1 de octubre, ha celebrado este martes una nueva vista del proceso y ha fijado el 7 de agosto como la fecha en la que dictar una resolución: podría desestimar la euroorden, aceptarla o plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Es la segunda parte de una vista que se empezó a celebrar el 24 de febrero y en la que se trataron aspectos como los derechos fundamentales y la doble incriminación, pero que no dio tiempo a concluir en aquella fecha, por lo que se acordó un receso hasta el 30 de marzo, cuando fue aplazada de nuevo por la covid-19 hasta este 23 de junio, que ha durado dos horas.

Técnicamente, el juez belga podría haber dictado sentencia el mismo 23 de junio tras la vista, pero los letrados de Puig lo veían muy improbable y consideraban que el magistrado anunciaría la fecha de su decisión definitiva, ante la que cabe recurso en Apelación y después en Casación.

Así, este martes se ha debatido en la sala, fundamentalmente, sobre la competencia del Tribunal Supremo para pedir la euroorden, en tanto que Puig no era aforado cuando se cursó. “El juez natural es el que debe prevalecer, en este caso serían los tribunales catalanes”, ha explicado Gonzalo Boye, uno de sus abogados.

En paralelo, las euroórdenes cursadas al expresident Carles Puigdemont y sus exconsejero Toni Comín están suspendidas en Bélgica hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español ha enviado a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, también aplazado por las restricciones impuestas por el coronavirus.

En situación similar se encuentra la ex consellera Clara Ponsatí, también eurodiputada y pendiente de que el Parlamento Europeo resuelva sobre su suplicatorio.

Puig, sin embargo, no es eurodiputado y no disfruta de inmunidad, por lo que su euroorden sigue adelante en los tribunales belgas.

“Era hacer un ejercicio de pedagogía para explicarle a los colegas asiáticos de qué iba eso pero, a la vista de cómo se toman las cosas, la pedagogía la haré con mis nietos”. Así ha intentado zanjar Josep Borrell este miércoles, según informa Efe, la polémica desatada por él mismo el pasado lunes en una rueda de prensa como jefe de la diplomacia europea con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.

En aquella comparecencia ante los medios coincidente con la vista en Bruselas para la euroorden de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Borrell dijo: “Hay cosas que no son de hoy: en Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra [Natividad Jáuregui] a la que se reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas”.

Pero la Comisión Europea se ha desmarcado este miércoles públicamente: “Son opiniones personales suyas, no de la Comisión. Nosotros respetamos la independencia de las autoridades judiciales y no comentamos casos concretos”. 

¿Ha hablado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con Josep Borrell sobre el asunto? “Todo el colegio de comisarios está en Estrasbrugo, se ha reunido, y habrán hablado de todos los asuntos de actualidad”, ha respondido la portavoz de la Comisión, Dana Spinant.

En un encuentro con periodistas en la sede del Parlamento Europeo recogido por Efe, Borrell ha afirmado este miércoles que de lo que habló el lunes fue de “la necesidad de una mayor colaboración entre las organizaciones judiciales. Yo no he cuestionado para nada la independencia judicial de un sistema judicial. Tienen mi respeto y cualquiera que sean las resoluciones que dicten habrá que aceptarlas y abstenerse de comentarlas, desde luego, desde mi función de vicepresidente de la Comisión”.

En todo caso, los tres líderes independentistas han hecho llegar las declaraciones de Borrell al juez de Bruselas que lleva la causa de la euroorden. “Las manifestaciones del señor Borrell se han puesto en conocimiento de la Cámara del Consejo, porque es de ellos de quienes se está dudando, para que se tengan en consideración a efectos de presunción de inocencia y de la falta absoluta de garantías que tendríamos en caso de ser entregados a una justicia más dócil a los deseos del señor Borrell”, dice el comunicado firmado por Puigdemont, Comín y Puig.

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, también ha dirigido una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea sobre las declaraciones de Borrell.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el próximo jueves sobre si Oriol Junqueras llegó a ser eurodiputado y si por tanto fue juzgado pese a disfrutar de inmunidad. La decisión puede tener importantes consecuencias para el líder de ERC y en la justicia española pero, de rebote, tendrá efectos sobre Carles Puigdemont, que también está a la espera de que la justicia europea resuelva si puede acceder a la condición de eurodiputado. La defensa del expresident cree que varias de las causas judiciales que tiene abiertas quedarán encaminadas con la primera decisión del TJUE.

En este momento Puigdemont tiene dos grandes patatas calientes judiciales en Europa. La primera es sobre si tiene derecho a ocupar su escaño de eurodiputado, una cuestión que el Parlamento Europeo le negó el pasado mes de junio alegando que debía guiarse por la legislación española y que, según esta, Puigdemont no había adquirido la condición plena de diputado por no haber pasado por Madrid a jurar la Constitución.

El líder de JxCat demandó entonces a la Eurocámara ante el TJUE por esa decisión, primero reclamando medidas cautelares, que fueron rechazadas. Ahora por tanto está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre su caso.

La segunda cuestión abierta en este momento es sobre la euroorden que el Tribunal Supremo volvió a enviar a Bélgica poco después de que se dictara la sentencia del procés. En esta ocasión el juez Pablo Llarena requiere al dirigente independentista por sedición y malversación. Tras aplazarla en noviembre, la justicia belga celebrará este lunes la primera vista sobre la euroorden, que también se dirige contra Toni Comín.

La defensa de ambos ya ha avanzado que reclamará al juez belga esperar para ver cómo se pronuncia el TJUE, situado en la ciudad de Luxemburgo, sobre la demanda de Puigdemont al Europarlamento antes de decir sobre la euroorden.

Un pie en la Eurocámara o blindar el portazo

Según las tesis de la defensa de Puigdemont, todas las anteriores cuestiones quedarán previsiblemente atravesadas por la decisión que el alto tribunal europeo emitirá este mismo jueves. Eso es así porque, de reconocer que Junqueras tenía derecho a acceder a su acta de diputado pese a no haber acudido a jurar la Constitución, estarán a la vez reconociéndolo para Puigdemont. Y, de ocurrir eso, estaría también infiriendo que el expresident está protegido por la inmunidad aparejada al cargo, por lo que la euroorden, siempre según la opinión de su defensa, quedaría en papel mojado hasta que no se reclamara un suplicatorio al Parlamento Europeo.

Es por todo eso que desde el equipo jurídico del expresident tienen confianza en que la resolución que dicte el TJUE la semana que viene pueda ser el principio de una cadena de victorias judiciales. Con todo, prefieren no cantar victoria antes de tiempo.

El tribunal puede también optar por varias decisiones que no les beneficiarían. Este jueves Puigdemont puede verse ya tanto con un pie en la Eurocámara como con su exclusión avalada en los tribunales.

Entre los escenarios negativos para Puigdemont cabe que Luxemburgo acabe rechazando la argumentación de Junqueras y que fije que España tiene derecho a exigir jurar la Constitución en Madrid para acceder al acta. También cabría la posibilidad de que evitara pronunciarse ahora sobre el caso concreto del expresident, sobre todo teniendo en cuenta que de todas formas deberá acabar tomando una decisión sobre su toma de posesión como diputado más adelante. Estas opciones son posibles, pero el equipo del líder de JxCat las considera poco probables después de haber escuchado al abogado general de la UE el mes pasado.

El informe del abogado general, clave

Si la defensa del líder independentista se muestra moderadamente optimista es sobre todo por el informe que el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, hizo sobre el caso. A lo largo de las 28 páginas de que consta el documento, que no es vinculante pero sí muy influyente para el tribunal, el jurista argumenta que, en su situación, Junqueras debía haber adquirido el mandato parlamentario y, con él, la inmunidad vinculada al cargo. Y, para concluir esto, Szpunar hizo suyos varios de los argumentos expuestos por Puigdemont en las alegaciones presentadas en su proceso contra el Parlamento Europeo.

En concreto, el abogado general citó uno de los razonamientos centrales de la defensa de Puigdemont en su intento por convertirse en diputado europeo: que, aunque el procedimiento electoral en las elecciones europeas se rige mediante la ley de cada estado miembro (como dispone el Acta de 1976), el estatuto de los diputados solo puede regirse por el Derecho de la Unión.

Esto es así, según Szpunar, porque permitir que sea el derecho nacional quien regule una cuestión como la adquisición de la condición de diputado o la inmunidad afectaría “a la independencia del Parlamento respecto de los Estados miembros”, además de a “la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión en su conjunto”.

Así pues, para el abogado general, el Acta de 1976 no permite a los estados suspender el mandato de un miembro del Parlamento ni la inmunidad que lleva aparejada. Por ello, en opinión del letrado, el Tribunal de Justicia comunitario debía declarar que una persona que ha sido oficialmente proclamada como electa adquiere desde ese momento la condición de miembro del Parlamento, sin importar que no cumpla otros requisitos, como sería el juramente de la Constitución que impone la ley española.

Varias oportunidades para Puigdemont

¿Mantendrá el tribunal de Luxemburgo este mismo criterio? Todo puede pasar. Sobre todo porque la primera vez que podría hacerlo es este jueves, y entonces se pronunciará sobre unas preguntas concretas enviadas por el magistrado Marchena y relacionadas con el proceso judicial del Supremo contra los líderes independentistas, que ya tiene sentencia. Por eso fuentes jurídicas consultadas ni siquiera descartan que el TJUE pueda acabar considerando que su respuesta ya ha perdido el objeto.

Pero no será esta la última vez que Luxemburgo se pronuncie sobre esta cuestión. La demanda interpuesta por el expresident también debe resolverse en los próximos meses, y en esta ocasión no habrá pérdida de objeto de no ser que Puigdemont ya sea diputado europeo. En estos momentos todas las aspiraciones políticas del líder de JxCat pasan por convertirse en representante europeo, pero su entorno no oculta que, una vez llegado allí y adquirida la inmunidad, que de entrada le permitiría libertad de movimientos por toda Europa incluyendo España, su papel político también podría cambiar.

La euroorden no se cambia porque lo pida un Gobierno. Y si se decidiera su reforma, tampoco sería automática. Pero, ante la posibilidad de que el próximo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique las tesis del abogado general sobre la inmunidad de Oriol Junqueras –y, por analogía, de Carles Puigdemont y Toni Comín–, Partido Popular y Ciudadanos ya preparan el terreno para culpar a Pedro Sánchez de la situación que puede crearse a partir de entonces.

No se sabe qué puede decidir el tribunal, pero los partidos se están reubicando para usar el fallo contra el Gobierno en funciones ante la posibilidad de que la justicia europea reconozca la inmunidad de los líderes independentistas. Es decir, que son eurodiputados de pleno derecho, en contra de lo argumentado por España, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Es decir, que si uno puede ir en una papeleta y es elegido en las urnas, no hacen falta más procedimientos burocráticos para sentarse en Estrasburgo y gozar de la inmunidad parlamentaria.

Si eso es así, habrá una paradoja en el caso de Junqueras, que ya ha sido condenado a 13 años de cárcel por malversación y sedición. Pero, en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí (a partir, esta última, del 1 de febrero cuando se produzca el Brexit y la salida de los eurodiputados británicos) es mucho más claro: se convertirían en ese momento en eurodiputados de pleno derecho, tendrían inmunidad y sería necesario aprobar un suplicatorio en el Parlamento Europeo para poderlos juzgar.

Pero los suplicatorios en Bruselas no son como en España, casi automáticos. Hay un proceso interno cuyo desenlace es imprevisible.

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, el presidente del Parlamento comunicará en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remitirá a la comisión parlamentaria competente para el fondo, que es la comisión de Asuntos Jurídicos.

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y el diputado en cuestión tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad del diputado en cuestión.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión al diputado interesado, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión.

Y, ante la posibilidad real de que Puigdemont y Comín puedan entrar en el Parlamento Europeo, Partido Popular y Ciudadanos ya han comenzado a disparar contra el presidente del Gobierno en funciones.

La complicada reforma de la euroorden

“Habíamos escuchado su promesa de traer a Puigdemont a España, pero no sabíamos que era para negociar una investidura”, ha acusado Pablo Casado en Bruselas a Sánchez. “Sánchez debería haber traído a las instituciones comunitarias la modificación de la euroorden, que fue uno de mis compromisos en campaña electoral. Se veía venir y tienen nuestro apoyo para actuar. Tienen el apoyo para hacer algo en Europa y que no estemos al albur de un tribunal belga que puede condicionar luego otras cuestiones”.

La reforma de la euroorden, bandera del PP y Ciudadanos en las últimas campañas electorales europeas y nacionales, es un proceloso proceso institucional que implica a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, en último lugar, al Consejo de la UE –los Estados miembros–. Es decir, no se reforma automáticamente porque lo pida un Gobierno. Y hasta la fecha no lo ha pedido ningún Estado miembro –el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco lo impulsó– ni ningún comisario europeo.

En estos momentos, hay una evaluación abierta sobre su funcionamiento, iniciada por la Comisión Europea anterior, de Jean-Claude Juncker, que podría servir para una hipotética reforma futura.

El portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha expresado en Bruselas un razonamiento similar al de Casado: “Lo que ha estado haciendo Ciudadanos y lo que tiene que seguir haciendo es luchar por que la euroorden funcione, luchar por que los perseguidos por la Justicia rindan cuentas y no hagan turismo judicial. Si la euroorden hubiera funcionado como debería y como Ciudadanos está impulsando en Europa, no estaríamos en esta situación en la que estamos ahora. Seguiremos luchando para que la euroorden funcione, para que los perseguidos por la justicia rindan cuentas y no hagan turismo judicial”.

Ciudadanos está reclamando una reforma de la euroorden desde el verano de 2018, cuando el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) decidió no aceptar la euroorden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y dijo que extraditaría a Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos, no por rebelión o sedición.

Según Ciudadanos, se debería ampliar la lista de delitos que no requieren el control de doble tipificación por parte del Estado miembro de ejecución de la euroorden: sedición, rebelión, traición, alta traición y los equivalentes de delitos contra el Estado en las diferentes jurisdicciones nacionales.

La extradición de Carles Puigdemont, en manos de la justicia belga, como elemento de una negociación política en España. Es la conexión que ha hecho este jueves el presidente del PP, Pablo Casado, a su llegada en Bruselas a la reunión de los populares europeos. “Habíamos escuchado su promesa de traer a Puigdemont a España, pero no sabíamos que era para negociar una investidura”, ha acusado Casado.

El próximo lunes hay una vista en la justicia belga sobre las órdenes europeas de extradición de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Y el próximo jueves el tribunal europeo de Luxemburgo falla sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo, fallo que, si sigue la línea del abogado general, sería un revés para España con consecuencias en las inmunidades de Puigdemont y Comín.

Ante esa perspectiva, Casado señala: “Sánchez debería haber traído a las instituciones comunitarias la modificación de la euroorden, que fue uno de mis compromisos en campaña electoral. Se veía venir y tienen nuestro apoyo para actuar. Tienen el apoyo para hacer algo en Europa y que no estemos al albur de un tribunal belga que puede condicionar luego otras cuestiones”.

La reforma de la euroorden, bandera del PP y Ciudadanos en las últimas campañas electorales europeas y nacionales, es un proceloso proceso institucional que implica a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, en último lugar, al Consejo de la UE –los Estados miembros–. Es decir, no se reforma automáticamente porque lo pida un Gobierno, y hasta la fecha no lo ha pedido ningún Estado miembro –el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco lo impulsó– ni ningún comisario europeo.

En estos momentos, hay una evaluación abierta sobre su funcionamiento, iniciada por la Comisión Europea anterior, de Jean-Claude Juncker, que podría servir para una hipotética reforma futura.

En cuanto a una futura reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra, el president de la Generalitat, en La Moncloa, Casado ha afirmado: “Yo no quiero volver a ver el escarnio de un señor en la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, y ya le aviso. Pero Sánchez no puede permitir que alguien entre con un emblema que insulta a la democracia española, porque lo que representa es la existencia supuesta de presos políticos, que es absolutamente falso. Debería exigir que el señor Torra no entrara con ese emblema, con esa enseña en La Moncloa, y espero que no acaben paseando por las fuentes de Machado mientras está insultando a la legalidad en España y rompiendo la concordia y la prosperidad de Catalunya”.

Casado entiende que la negociación política sobre la crisis catalana es un agravio al resto de presidentes autonómicos: “Pedro Sánchez anunció algo que a mí me dio francamente vergüenza ajena escuchar, y es convertir en comparsas a los presidentes autonómicos para vestir algo que claramente sigue quedando al desnudo. Y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en La Moncloa. Y eso es francamente triste, pero sobre todo muy poco respetuoso con los presidentes autonómicos a los que les está tratando de atrezzo”.

El presidente del PP, además, invitó a Ciudadanos y partidos regionalistas a facilitar la investidura de Sánchez, si bien él se mantuvo en el no: Sánchez está eligiendo libremente su negociación con sus socios. Y el PSOE lleva intentando plantearlo 16 años. Hay otras vías que yo ya expuse, que no dependen de Esquerra Republicana: que intente el pacto del abrazo con Ciudadanos y a Podemos, o incluso que negocie la abstención de Ciudadanos y un voto afirmativo de Navarra Suma. Sánchez tiene alternativas, y si elige a Esquerra es porque quiere: la responsabilidad exclusiva de lo que pase a partir de ahora es de Pedro Sánchez“.

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí ha solicitado al juez escocés la citación como testigos del expresidente Mariano Rajoy, el actual presidente en funciones Pedro Sánchez en la vista que se celebrará en los próximos meses para decidir su extradición a España. El magistrado ha convocado a las partes a una nueva vista el 23 de enero, en la que decidirá el calendario del juicio y los testigos y las pruebas admitidas.

Tras una vista preparatoria del juicio celebrada este jueves en la corte del Sheriff de Edimburgo, el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha anunciado los testigos que ha propuesto al juez. Además de Rajoy y Sánchez, figuran la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el extitular de Exteriores y actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; el titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Previsiblemente la vista para decidir la extradición de Ponsatí se celebrará la próxima primavera. La defensa de la exconsellera ha solicitado al juez que el juicio dure seis semanas para incluir a todos sus testigos y pruebas.

Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. Los jueces belgas dejaron en libertad a Puigdemont, Comín y Puig mientras deciden sobre su extradición, al igual que su homólogo escocés hizo con Ponsatí el pasado mes de noviembre.

A Ponsatí el juez Llarena la reclama únicamente por un delito de sedición en base a la sentencia del procés y no por rebelión ni malversación, delitos por los que procesó a la exconsellera en marzo de 2018. La malversación cayó de la nueva euroorden porque la sentencia del procés no ha considerado que el cálculo del alquiler de los colegios para celebrar el 1-O pueda sustentar este delito, tal y como sostenía la Fiscalía.

Según ha explicado la defensa de Ponsatí, la Fiscalía escocesa, que actúa en representación del Supremo en el procedimiento de extradición, reclamará la entrega de la exconsellera a España por traición, el delito que ve equivalente a la sedición en la legislación escocesa. La defensa ha reiterado que se opondrá a la extradición tanto por la falta de equivalencia del delito como por la “persecución política” que, a su juicio, supone la petición de euroorden enviada por el Supremo.

El juez escocés ha dejado en libertad a la exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí tras una primera vista preliminar sobre su extradición a España que reclama el Tribunal Supremo, ha informado el abogado de la exdirigente catalana, Aamer Anwar. El magistrado no ha retirado el pasaporte a Ponsatí al no apreciar riesgo de fuga en la exconsellera, que es profesora de la universidad escocesa de Saint Andrews.

Ponsatí se ha entregado este jueves a la Policía de Edimburgo (Escocia) acompañada de su abogado, donde ha sido detenida y transferida al Tribunal del Sheriff de Edimburgo tras la reactivación de la orden europea de detención y entrega por un presunto delito de sedición. En este tribunal se ha celebrado una vista preliminar en la que la defensa de Ponsatí ha solicitado su la libertad bajo fianza.

Se trata de una vista preliminar, no sobre el fondo de la euroorden y este jueves no se tomará ninguna decisión sobre su entrega a España. La próxima vista en el procedimiento de extradición se celebrará dentro de un mes, el próximo 12 de diciembre, y la audiencia definitiva sobre el caso, según la defensa, tendrá lugar en la primavera del año que viene.

El abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha denunciado en declaraciones a los medios que España “abusa del proceso de extradición”, y ha anunciado que se opondrá a su extradición porque en Escocia no existe el delito de sedición por el que la reclama la justicia española. “La sedición era delito en Escocia en el siglo XVI pero se abolió hace tiempo”, ha sentenciado Anwar para argumentar que no se da el requisito de doble incriminación –que un mismo hecho sea delito en ambos países– necesario para extraditar a Ponsatí.

Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. Los jueces belgas dejaron en libertad a Puigdemont, Comín y Puig mientras deciden sobre su extradición, al igual que su homólogo escocés con Ponsatí este jueves.

A Ponsatí el juez Llarena la reclama únicamente por un delito de sedición en base a la sentencia del procés y no por rebelión ni malversación, delitos por los que procesó a la exconsellera en marzo de 2018. La malversación ha caído de la nueva euroorden porque la sentencia del procés no ha considerado que el cálculo del alquiler de los colegios para celebrar el 1-O pueda sustentar este delito, tal y como sostenía la Fiscalía.

La euroorden del Tribunal Supremo contra la exconsellera Clara Ponsatí sí se tramitará en el Reino Unido una vez la Justicia española haga llegar a las autoridades británicas la “información esencial” sobre el delito de sedición por el que el Tribunal Supremo reclama a la extitular de Enseñanza. Así lo ha comunicado la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido al Ministerio del Interior tras rechazar en un primer momento tramitar la euroorden por “desproporcionada”.

En la nueva comunicación, la policía británica precisa que la euroorden no es “desproporcionada” sino que “le falta información esencial”, y pide disculpas por la “falta de comunicación”. En concreto, la policía británica apunta que la euroorden contra Ponsatí no proporciona “suficientes detalles sobre la naturaleza del delito” de sedición. Indica además que en la petición de extradición cursada por el juez Llarena “falta una descripción del lugar y sitio donde se cometió el delito”, y agrega que la euroorden debe mostrar “una clara conexión entre el delito” y la persona reclamada, en este caso Ponsatí.

Por ello, la policía británica pide a España que le envíe todos estos detalles. Una vez esto ocurra, agrega, sí se tramitará la euroorden, dando curso a la policía británica para detener a Ponsatí y ponerla a disposición del juez escocés.

El cambio de criterio de las autoridades británicas se produce al final de una jornada en la que al Gobierno español se le estaba atragantando todo lo relativo con la iniciativa para traer a España a los políticos que no han sido juzgados por su relación con el procés al no encontrarse en territorio nacional.

La primera polémica se produjo a primera hora de la mañana con la reacción de las asociaciones de fiscales a las palabras del presidente en funciones insinuando que de él dependían las instrucciones que impulsaron la euroorden contra Carles Puigdemont. A primera hora de la tarde se conoció que la primera de esas euroórdenes contra la exconsellera Clara Ponsatí era rechazada por Reino Unido al considerarse “desproporcionada”. Esa es la decisión que el Gobierno ha conseguido revertir en parte al obtener una segunda comunicación de las autoridades del Reino Unido dejando la puerta entreabierta a la tramitación de la posible detención de Ponsatí, siempre y cuando España ofrezca aclaraciones que justifiquen su reclamación.

Fuentes de Moncloa han confirmado que entre el primer y el segundo comunicado del Reino Unido ha mediado un trabajo de interlocución en el que habría intervenido la embajada de España en Londres.

Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. En el caso de la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, la euroorden de Llarena por un delito de sedición queda ahora pendiente del primer filtro que realiza la oficina de Sirene, que se encarga de validar las descripciones de las personas reclamadas por las autoridades judiciales de los estados europeos para su detención y puesta a disposición judicial en los procesos de extradición.

El juez Llarena cursó la euroorden tanto a la Justicia escocesa como al sistema Sirene, en este último caso para que la policía escocesa detuviera y pusiera a disposición del juez a la exconsellera. Se desconoce por ahora si la Justicia escocesa ha tomado una decisión similar a la de Sirene o si, por contra, la euroorden en los tribunales de Edimburgo sigue su curso. Con todo, según la web de información del Gobierno británico, el segundo de los pasos a seguir en un proceso de extradición desde el Reino Unido es precisamente el certificado de Sirene.

A primera hora de la tarde, la defensa de Ponsatí había informado que retrasaba su entrega a la justicia escocesa para una vista preliminar sobre la euroorden –prevista para este jueves– hasta la semana que viene ya que las autoridades británicas habían pedido “aclaraciones” a sus homólogas españolas en relación con la petición de extradición cursada por el juez Llarena.

En un comunicado, la defensa de la exconsellera de Enseñanza ha apuntado a la existencia de “contradicciones” y “divagaciones” en el documento de 59 páginas enviado por Llarena –por ejemplo, que el magistrado empezara el relato de hechos en 2012 cuando Ponsatí asumió el cargo en 2017– como los motivos de las aclaraciones solicitadas.

A continuación, el primer documento que emitieron las autoridades británicas.

La euroorden del Tribunal Supremo contra la exconsellera Clara Ponsatí se ha encontrado con su primer revés. La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido ha rechazado tramitar la orden de detención europea contra la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí por resultar “desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido”, según consta en una documentación remitida al Ministerio del Interior español por las autoridades británicas.

Tras la sentencia del procés, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó de nuevo euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en el extranjero –Toni Comín y Lluís Puig en Bélgica; Ponsatí en Escocia. En el caso de la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, la euroorden de Llarena por un delito de sedición no ha superado siquiera el primer filtro que realiza la oficina de Sirene, que se encarga de validar las descripciones de las personas reclamadas por las autoridades judiciales de los estados europeos para su detención y puesta a disposición judicial en los procesos de extradición.

En la documentación enviada al Ministerio del Interior, las autoridades policiales británicas informan que la euroorden del Supremo no ha sido “certificada” por Sirene, y que, en consecuencia, el Reino Unido “no tomará ninguna otra medida en relación” con la euroorden contra Ponsatí.

La oficina Sirene de Reino Unido también indica a las autoridades españolas que si tienen “información sobre el historial delictivo previo” de Ponsatí “o cualquier otra información adicional relativa a la gravedad de la infracción” de la exconsellera la faciliten mediante los formularios correspondientes. Una vez se reciba la nueva información, las autoridades británicas se comprometen a “evaluar la decisión de no certificar esta orden de detención europea”.

El juez Llarena cursó la euroorden tanto a la Justicia escocesa como al sistema Sirene, en este último caso para que la policía escocesa detuviera y pusiera a disposición del juez a la exconsellera. Se desconoce por ahora si la Justicia escocesa ha tomado una decisión similar a la de Sirene o si, por contra, la euroorden en los tribunales de Edimburgo sigue su curso. Con todo, según la web de información del Gobierno británico, el segundo de los pasos a seguir en un proceso de extradición desde el Reino Unido es precisamente el certificado de Sirene denegado este jueves.

A primera hora de la tarde, la defensa de Ponsatí había informado que retrasaba su entrega a la justicia escocesa para una vista preliminar sobre la euroorden –prevista para este jueves– hasta la semana que viene ya que las autoridades británicas habían pedido “aclaraciones” a sus homólogas españolas en relación con la petición de extradición cursada por el juez Llarena.

En un comunicado, la defensa de la exconsellera de Enseñanza ha apuntado a la existencia de “contradicciones” y “divagaciones” en el documento de 59 páginas enviado por Llarena –por ejemplo, que el magistrado empezara el relato de hechos en 2012 cuando Ponsatí asumió el cargo en 2017– como los motivos de las aclaraciones solicitadas.

Vuelta a empezar. El ex presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha vuelto a pasar por los juzgados belgas este martes. ¿El motivo? La vista sobre la petición de entrega europea emitida por el juez Pablo Llarena el mismo día que se conoció la sentencia del procés, el pasado 14 de octubre. Es la tercera euroorden, y esta recoge los motivos de la sentencia: es decir, sedición y malversación, pero no la rebelión de las anteriores. Sin embargo, el juez Llarena, en la orden de arresto y extradición, incluye como argumentos en los que se basa su petición, la sentencia del procés y el auto de procesamiento de marzo de 2018, que era por rebelión.

Ahora, además, la justicia belga ya sabe lo que le puede esperar a Puigdemont si lo entregan a España: al menos los 13 años de cárcel con los que ha sido condenado su exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Y lo que ha decidido este martes, a petición de la defensa, es conceder un aplazamiento hasta el 16 de diciembre, a partir de las 14.00.

“Hemos comparecido tal como se nos pidió, la vista ha durado muy poco porque el tribunal ha aceptado nuestra petición de posponer la vista, hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí y tenemos mucha confianza en la justicia belga”, ha dicho Carles Puigdemont a la salida del Palacio de Justicia.

Gonzalo Boye, Paul y Simon Bekaert, abogados de Puigdemont, han explicado que la Fiscalía belga asume los argumentos españoles para la extradición “y vamos a combatirlo, tenemos un plazo para las observaciones escritas hasta la nueva vista. Invocaremos la inmunidad, y los mismos argumentos de hace dos años. Antes del 16 de diciembre no habrá ninguna decisión del juez”.

De aquí al 16 de diciembre, se sucederán tres fechas: el 5 de noviembre la defensa entregará sus alegaciones, que serán respondidas el 15 por la Fiscalía belga y el 25, de nuevo, por la defensa.

“Los argumentos de España son claros, un delito de malversación y de sedición, y ahora se inicia un intercambio de alegaciones por escrito. Nosotros invocaremos la inmunidad, la violación de derechos políticos, la presunción de inocencia...”, ha enumerado Boye: “Vamos a trabajar y estamos confiados. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que esto afectaría a las relaciones políticas entre Bélgica y España, un comentario que nos ayuda mucho”.

La petición de inmunidad como eurodiputado electo tiene varias consecuencias, que pasan por Luxemburgo. En el Tribunal de Justicia de la UE está pendiente el caso de Puigdemont sobre su reconocimiento como eurodiputado de pleno derecho, por lo que, explica la defensa, “la prudencia procedimental aconsejaría que el juez belga no descartara la inmunidad sin esperar a Luxemburgo o sin plantear él mismo una cuestión prejudicial a Luxemburgo”.

Y es que, si la justicia europea reconociera a Puigdemont el derecho a la inmunidad como eurodiputado, su caso entraría en una fase de bloqueo, por los antecedentes indican que los suplicatorios en el Parlamento Europeo no son fáciles, en tanto que se conceden con tipos penales homologables en los 28 países de la UE, cosa que no pasaría con los de malversación y sedición con penas de al menos 13 años de cárcel.

En esta travesía de la inmunidad hay otro asunto que se cruza por analogía: la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo y a quien no le dio el permiso penitenciario para recoger el acta. En efecto, el 12 de noviembre el abogado general lee su informe sobre el caso, cuya vista fue el 14 de octubre, y se espera el fallo del Tribunal de Justicia de la UE para diciembre.

Como estaba previsto, de acuerdo con las alegaciones escritas distribuidas a las partes, la Fiscalía belga ha aceptado los argumentos de España este martes ante el Tribunal de primera instancia de Bruselas, en el sentido de no oponerse a la ejecución de la orden europea de detención y entrega (OEDE) por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española, como había adelantado Europa Press. La defensa de Puigdemont recuerda que “ocurrió lo mismo en 2018, y después la Fiscalía pidió su inadmisión”.

“En relación con la sesión de Puigdemont”, ha comunicado la Fiscalía, “y la correcta calificación de los hechos bajo la ley belga [malversación y sedición], el asunto se discutirá durante el procedimiento ante el tribunal belga, por lo que es muy pronto para informar sobre ello”.

Comparecencia voluntaria

El pasado 17 de octubre, Puigdemont se presentó ante la policía belga, quien lo condujo ante la fiscalía y un juez que dictaminó su puesta en libertad sin fianza, pero con la condición de estar siempre localizable y no salir del país sin autorización.

El pasado 18 de octubre la Fiscalía de Bruselas explicó que “Puigdemont se presentó voluntariamente el 17 de octubre por la mañana ante la policía federal de Bruselas, y fue arrestado. En presencia de sus abogados, fue notificado oficialmente de la orden de arresto europeo. De acuerdo con el procedimiento belga, la oficina del fiscal preguntó a un juez instructor por la ejecución de la euroorden. Fue tomado declaración por el juez instructor del tribunal flamenco de Bruselas. La declaración de Puigdemont fue interrumpida al final de la tarde para hacer algunas verificaciones [sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado electo]”.

“Puigdemont no aceptó la extradición”, relató la Fiscalía, “y el juez decidió ponerlo en libertad con condiciones: que no pueda dejar el país sin autorización y esté siempre localizable”.

En 2017, recuerda Europa Press, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por los delitos que se le imputaban en España –incluyendo los de rebelión y sedición– salvo el de prevaricación. Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de “coalición de funcionarios” y “malversación por parte de funcionarios”.

Los plazos

En cualquier caso, las partes en el proceso --Fiscalía belga y defensa-- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso sobre la decisión que tome el juez, y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación. Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales. No obstante, estos plazos están previstos para personas con órdenes de extradición y detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en el caso de Puigdemont, que está en libertad, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo a su ordenamiento legal, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen “razones serias” para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

“A la luz de las evaluaciones sobre su funcionamiento, consideraré seriamente si hay que proponer una revisión de la euroorden”. Es la respuesta del comisario electo de Justicia, el belga Didier Reynders, a una pregunta formulada por Ciudadanos en el proceso previo a las audiencias de los candidatos a la Comisión Europea que se celebrarán entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

El futuro comisario también pide estándares europeos para la prisión preventiva, asunto reivindicado reiteradamente por los independentistas catalanes –el próximo 15 de octubre cumplirán dos años de prisión los jordis–.

La propia Comisión Europea ha reconocido recientemente que la aplicación de la euroorden “no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros”. Pero no dijo ni por qué no es satisfactoria ni en qué Estados miembros en una respuesta de la comisaria de Justicia, Vera Jourova, a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, publicada por El Mundo.

La carta de la eurodiputada de Ciudadanos fue enviada en julio pasado, y en ella se lamentaba de “la incorrecta aplicación de la euroorden, como recientemente señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un grave caso de terrorismo, o el Tribunal Supremo español en una cuestión prejudicial dirigida hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

La eurodiputada se refería a la condena de Estrasburgo a Bélgica por no cooperar en la extradición de una etarra y a las quejas del Supremo incluidas en la consulta a Luxemburgo sobre Oriol Junqueras.

Pagazaurtundúa no mencionaba en su carta a Carles Puigdemont y Toni Comín, como tampoco se mencionan en la pregunta de la delegación de Ciudadanos a Didier Reynders, si bien la reforma de la euroorden para incluir los delitos de rebelión para lograr la extradición automática de los líderes independentistas fue un eje de su campaña electoral en las últimas elecciones europeas. Hasta el punto de comprometerse el cabeza de lista, Luis Garicano, a no votar al próximo comisario de Justicia si no recibía un compromiso en este sentido, y de que el presidente del partido, Albert Rivera, prometiera recientemente lo mismo en la tribuna del Congreso de los Diputados.

“La euroorden es un fracaso europeo”, argumentaba Rivera, “es un fracaso colectivo de Europa y ustedes [el Gobierno de Pedro Sánchez] no han sido valientes, han ido a Europa y han callado. El grupo de Ciudadanos tiene un compromiso: no votar al próximo comisario de Justicia europeo si no se compromete a reformar la euroorden para que gente como [Carles] Puigdemont no pueda campar a sus anchas por Europa. La euroorden es un cachondeo. Sólo votaremos al comisario de Justicia si se compromete a una reforma de la euroorden”.

España ha perdido ante la justicia belga y la alemana la solicitud de extradición del expresident catalán. Y tanto Ciudadanos como el PP y Vox piensan que un cambio en la norma podría facilitar la entrega de los líderes independentistas en Bélgica.

No obstante, hace un año, Jourova, de la misma familia política europea que Ciudadanos, afirmó: “No vemos ninguna necesidad de cambiar el funcionamiento de la Orden de Detención Europea. La Comisión no comparte que la mejora implique una revisión o extender el catálogo de delitos de entrega automática”.

En su respuesta conocida hace unas semanas, Jurava reconoce deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros, si bien no los detalla. “En general, las evaluaciones de la implementación y las estadísticas muestran que, mientras que la orden europea de detención funciona bien en general, la implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros”, reconoce la comisaria.

La comisaria, eso sí, revela que la Comisión Europea está llevando a cabo una “detallada evaluación del cumplimiento de la trasposición de todos los legisladores nacionales de la decisión marco de la orden de detención europea. Sobre la base del resultado, podríamos iniciar procedimientos de infracción para garantizar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal”.

Además, señala que el Ejecutivo comunitario está revisando y actualizando el manual sobre cómo emitir y ejecutar una orden de detención europea, visto que han recibido varias peticiones para ello.

La vicepresidenta de la comisión LIBE, Maite Pagazaurtundúa, ha señalado que “es la primera vez que la Comisión Europea considera seriamente reformar la euroorden”. El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, por su parte, ha señalado que Reynders “apunta a que la revisión del mecanismo será una oportunidad para mejorar los aspectos que no funcionan”, y también para “afrontar las nuevas amenazas al espacio de libertad, seguridad y justicia” de la Unión Europea.

Ciudadanos espera “que el examen oral al candidato a Comisario, el próximo día 2 de octubre, confirme y profundice en la voluntad política del equipo entrante para asegurar el funcionamiento de este 'esencial', en palabras del propio aspirante a comisario, mecanismo de cooperación judicial”.